Segunda vuelta en Brasil: así queda el duelo entre Flávio Bolsonaro y Lula tras el 47% y el 45% de la primera vuelta

Alberto Ochoa
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Segunda vuelta en Brasil: así queda el duelo entre Flávio Bolsonaro y Lula tras el 47% y el 45% de la primera vuelta

Flávio Bolsonaro y Lula se disputarán la Presidencia de Brasil en la segunda vuelta del 25 de octubre tras la primera vuelta del 4 de octubre, según Reuters, AP y Euronews. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,05% de los votos, mientras que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se quedó en el 45,15%, sin que ninguno alcanzara la mayoría absoluta (más de la mitad de los votos válidos) que exige el sistema electoral brasileño para ganar en primera vuelta.

La autoridad electoral, con sede en Brasilia, cerró el recuento con el 99,8% de las papeletas escrutadas. Flávio Bolsonaro superó los 56 millones de sufragios; Lula se situó en torno a los 53,7 millones, según los datos publicados por el tribunal electoral. La diferencia supera los dos millones de votos y marca el inicio de tres semanas de campaña exprés antes de la cita definitiva.

Los números de la primera vuelta: 47% frente a 45% con más de 109 millones de votos

El resultado confirma un escenario ajustado, pero no resuelto. Ninguno de los dos candidatos reunió la mayoría absoluta, condición indispensable para evitar la prórroga electoral. El margen es estrecho. El próximo presidente tomará posesión el 5 de enero y, gobernará la mayor economía de Sudamérica, con una población de 214 millones de habitantes. Cuatro años atrás, Lula se impuso a Jair Bolsonaro por unos 2,1 millones de votos.

Lula, de 80 años, aspiraba a un cuarto mandato no consecutivo y afrontaba la cita tras un mandato de desgaste, marcado por una crisis de precios y por un escándalo de corrupción que ha puesto en el foco a Alexandre de Moraes, el magistrado del Supremo que instruyó la causa contra Jair Bolsonaro, según AP. Flávio Bolsonaro, de 45 años, senador y aliado declarado del presidente estadounidense Donald Trump, llega a la segunda vuelta con el mayor respaldo de la noche.

Quiénes son los dos candidatos y qué se juega cada uno

Flávio Bolsonaro compareció ante la prensa a las puertas de su casa en Brasilia, acompañado de un grupo reducido de seguidores. ‘Brasil quiere un cambio, esa es la lectura de lo que ha pasado hoy’, declaró, según recoge la agencia Reuters. ‘Es el fin de la era del Partido de los Trabajadores’, añadió, en referencia a la formación de Lula.

El presidente, por su parte, reconoció que el resultado fue ‘inesperado’ y se mostró combativo de cara a la segunda vuelta: ‘Mañana empezamos una nueva campaña. Soy muy bueno en la fase de eliminatorias. Veremos quién tiene el mejor plan’, dijo, en declaraciones difundidas por AP.

Ninguno reúne la mayoría absoluta: la Presidencia de Brasil se decidirá el 25 de octubre en una segunda vuelta sin favorito claro y con todo por jugar.

Los candidatos que quedan fuera y a quién pueden respaldar

El tercer puesto fue para el escritor Augusto Cury, con 3,4 millones de votos, que ya ha anunciado que no respaldará a ninguno de los dos finalistas. Ronaldo Caiado y Renan Santos, que sumaron alrededor de 5,3 millones de sufragios, mantienen la misma posición. Entre los tres concentran unos 8,73 millones de votos, el 7,5% del electorado. No habrá respaldo fácil.

La aritmética de esos apoyos será decisiva. Ambos finalistas tendrán tres semanas para cortejar al votante moderado que no les dio su apoyo en la primera vuelta, lo que puede obligarles a ceder en determinados puntos de programa a cambio de un respaldo explícito. La carrera empieza ya.

El impacto para España y Europa: la pugna entre Washington y Pekín

Para España y el resto de Europa, la segunda vuelta brasileña se sigue con atención porque el resultado inclina el equilibrio de influencia en Sudamérica hacia uno u otro bloque. Según el análisis de AP, una victoria de Flávio Bolsonaro estrecharía la órbita de Brasilia con Washington; un triunfo de Lula profundizaría la distancia con la Casa Blanca y el acercamiento a China.

Ese eje afecta de lleno a los intereses europeos en la región, con España entre los socios de la UE con mayores intereses económicos en el país y con las relaciones comerciales entre Bruselas y el Mercosur como telón de fondo. La composición del próximo Gobierno brasileño condicionará el tono de esas relaciones durante los próximos cuatro años.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Flávio Bolsonaro (47,05%) y Lula (45,15%) irán a una segunda vuelta en Brasil el 25 de octubre, según la autoridad electoral.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, y el presidente Lula, que busca su cuarto mandato.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Ambos candidatos tienen tres semanas de campaña hasta la votación definitiva del 25 de octubre.

Elecciones en Letonia: Unidad de Kulbergs gana con el 35,4% y los populistas irrumpen en el Parlamento

Alberto Ochoa
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Elecciones en Letonia: Unidad de Kulbergs gana con el 35,4% y los populistas irrumpen en el Parlamento

El partido Unidad, del primer ministro letón Andris Kulbergs, ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo en Letonia. El escrutinio, con más del 99,9% de los votos contados, otorga a la formación el 35,4% de los votos y 42 escaños, y confirma la continuidad del rumbo proeuropeo y pro-Ucrania del país, según los datos de la televisión estatal que recogen Reuters y Euronews.

Las claves del resultado: 42 escaños y una coalición que no se mantiene

Con 42 de los 100 escaños del Saeima (el Parlamento unicameral letón), Unidad firma el mejor resultado de un partido letón desde la independencia, en 1991, según los recuentos que recogen los medios locales. Kulbergs, que asumió el cargo de primer ministro en mayo, ha asegurado que la victoria es mejor de lo que esperaba y coincide con los sondeos a pie de urna.

La coalición de Gobierno no sobrevivirá en su forma actual. Uno de sus socios se queda fuera de la cámara y el resto ha obtenido menos apoyos de los que preveía. El primer ministro ha leído el resultado como una demanda de cambio: ‘Eso significa crecimiento económico y un futuro para los niños de Letonia’, ha declarado.

Por qué los populistas entran con fuerza: el voto rusoparlante y el coste de la vida

Dos asuntos han dominado la campaña: Rusia y el coste de la vida. Los partidos populistas han rentabilizado ambos y han crecido con el respaldo de la minoría rusoparlante, que representa alrededor de una tercera parte de la población, según la información publicada por Euronews.

Ese electorado votaba tradicionalmente a Armonía, la formación considerada prorrusa que llegó a ser la más votada del país. Su apoyo se hundió en los comicios celebrados después de la invasión a gran escala de Ucrania y perdió toda su representación parlamentaria. Ahora, esos votos alimentan a las opciones populistas.

  • Poder Soberano: apunta al tercer puesto y rechaza la ayuda militar a Ucrania y cualquier aumento del gasto en defensa. La mayoría de los partidos ha descartado gobernar con él.
  • Letonia Primero: se perfila como segunda fuerza. Es un partido conservador liderado por un magnate inmobiliario al que sus críticos comparan con Donald Trump.
  • Armonía: fue el partido más votado del país y ya no tiene escaños. Su electorado rusoparlante se ha dispersado entre las nuevas formaciones.

El debate no se ha limitado a la seguridad. Los salarios bajos, el encarecimiento de la vida, un sistema sanitario tensionado, y el declive demográfico de largo plazo han ocupado buena parte de la campaña, según las crónicas difundidas por Euronews.

Letonia mantiene su rumbo proeuropeo, pero la coalición que ha gobernado hasta ahora no sobrevive al escrutinio y los populistas llegan con fuerza al Parlamento.

El impacto para España y para el flanco este de la OTAN

Letonia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea desde 2004 y considera a Rusia su principal amenaza. El país ha elevado de forma notable su gasto en defensa tras la invasión de Ucrania y el resultado electoral confirma que mantendrá ese esfuerzo y la ayuda a Kiev. Es una posición que afecta directamente al flanco este de la Alianza, donde España tiene desplegados efectivos en los países bálticos.

Para el conjunto de la UE, la incógnita está ahora en quién entra en el Gobierno. Las decisiones sobre financiación militar y sanciones se adoptan por unanimidad entre los Estados miembros, y partidos críticos con la ayuda a Ucrania pueden alterar ese consenso. La mayoría de las formaciones letonas, sin embargo, mantiene el respaldo a Kiev y la apuesta por el gasto militar.

La próxima cita es la ronda de consultas para formar Gobierno, que el presidente de la República debe abrir en los próximos días. Kulbergs parte como candidato mejor situado por ser el líder de la fuerza más votada, de acuerdo con los resultados preliminares.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Unidad gana las elecciones de Letonia con el 35,4% de los votos y 42 escaños, según los resultados preliminares.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El primer ministro Andris Kulbergs y su partido Unidad, y los populistas Poder Soberano y Letonia Primero.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El presidente debe abrir las consultas para formar Gobierno; la coalición actual no continuará tal y como está.

Bessent afirma que las sanciones a Irán dejan a Teherán sin ingresos petroleros por primera vez

Jack Williams
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Bessent afirma que las sanciones a Irán dejan a Teherán sin ingresos petroleros por primera vez

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró el sábado que Irán afrontará esta semana cero ingresos petroleros, algo que, según su versión, no había ocurrido nunca desde que Teherán empezó a exportar crudo. El jueves, el Tesoro amplió las sanciones a Irán contra su industria automovilística y ferroviaria y contra sus proveedores extranjeros.
  • ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, el Tesoro de EE. UU. y el Pentágono, con el bloqueo naval del Estrecho de Ormuz y la operación bautizada como Economic Outcast.
  • ¿Qué impacto tiene? El crudo del Golfo ya circula a niveles previos a la guerra, lo que contiene el precio del barril. España no compra petróleo iraní, pero su factura energética depende de que el estrecho siga abierto.

Cero barriles en el agua. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostiene que las sanciones a Irán dejarán a Teherán sin un solo dólar procedente del petróleo esta semana, algo que, dice, no había ocurrido nunca desde que el país empezó a bombear crudo.

De la campaña de febrero al bloqueo naval: las tres fases que describe Bessent

La afirmación no está contrastada por ninguna fuente independiente y procede de una entrevista concedida el sábado. Según el relato de Bessent, todo responde a una campaña deliberada en tres fases: la ofensiva militar de unas seis semanas iniciada a finales de febrero, que según su versión destruyó la Armada y la Fuerza Aérea iraníes; el bloqueo naval que Donald Trump llama el ‘Muro de Hierro’; y la Operation Economic Outcast, con la que Washington quiere aislar económicamente a Teherán.

‘Ahora mismo, el marcador, en barriles que salen del Estrecho: Estados Unidos, unos 1.100 millones; Irán, cero’, resumió el responsable del Tesoro. Hace una semana quedaban alrededor de 15 millones de barriles cargados antes del bloqueo, con destino mayoritario a China. Bessent auguró entonces que a Teherán no le quedaría ‘nada que comerciar’. Siete días después, sostiene que ese momento ha llegado.

El aviso procede ahora de dentro del propio sistema iraní. Mohsen Rezaei, principal responsable de seguridad nacional, describió la situación como uno de los periodos más difíciles que ha atravesado el país, en una reunión con el presidente Masoud Pezeshkian, según la agencia estatal IRNA. El rial cotizaba a unos 2,69 millones por dólar tras perder más de la mitad de su valor en un año, y la inflación supera el 70%. El banco central ha ofrecido hasta 2.000 millones de dólares para sostener la divisa.

El Tesoro de EE. UU. amplió el jueves el cerco con sanciones contra la industria del automóvil y el ferrocarril iraníes y contra los proveedores extranjeros que las abastecen. El objetivo declarado es secar los recursos que alimentan los programas de misiles y drones, las operaciones cibernéticas y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés).

Washington no ha inventado nada en Ormuz: en 1987 ya envió a la Armada a escoltar petroleros por el mismo estrecho. Lo que cambia ahora es el objetivo.

El pulso diplomático, el precio del crudo y la lectura para España

El diseño del bloqueo incluye una pieza poco habitual: cerrar el grifo a Irán sin cerrar el estrecho. El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró el domingo que los suministros que cruzan Ormuz siguen subiendo, y los analistas de Goldman Sachs calcularon que las exportaciones del Golfo rondaron los 23,3 millones de barriles diarios la última semana, en niveles previos a la guerra.

petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, subrayó que el bloqueo puede mantenerse tanto tiempo como haga falta y rechazó la tesis iraní de que Teherán domina el paso. La vía negociadora sigue abierta con condiciones cruzadas: el presidente de la Cámara iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, exige que Washington acepte las siete condiciones del Memorando de Islamabad, el marco de junio que fijó un alto el fuego antes de romperse.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, sostuvo que ‘no hay solución militar ni solución basada en nuevas sanciones’, y advirtió de que, si sus adversarios vuelven a elegir la confrontación, la respuesta iraní será más fuerte que antes. El Ejército iraní anunció el domingo que amplía el alcance de sus misiles hasta los 1.000 kilómetros.

Para España, el dato relevante no es el crudo iraní, que no compra desde hace años, sino el precio del barril, y el coste del flete. El país importa prácticamente todo el petróleo que consume y lo refina en instalaciones como las de Repsol, cuyos márgenes se fijan con referencia al crudo del mar del Norte y a los fletes del Golfo. Un estrecho abierto pero militarizado contiene el precio y, a la vez, encarece los seguros marítimos: la diferencia entre una factura energética estable y un susto inflacionario justo antes de que el Banco Central Europeo mueva tipos.

El Gobierno español mantiene la línea de prudencia y de canalizar cualquier desescalada por vía europea, en sintonía con sus socios. Ni Madrid ni Bruselas pueden alterar el bloqueo, pero tienen un interés directo en que Ormuz siga abierto.

La Lógica de Washington

Lo que observamos es que Washington no improvisa. La secuencia que describe el Tesoro busca resolver un problema concreto: que Irán deje de financiar misiles, drones y milicias con el dinero del petróleo. La coalición que sostiene la medida es la del Partido Republicano que convirtió la presión máxima sobre Teherán en seña de identidad desde la salida del acuerdo nuclear en 2018, y que hoy dispone de un instrumento que entonces no existía.

El precedente americano es claro. En 1987, Ronald Reagan ordenó a la Armada escoltar petroleros kuwaitíes bajo bandera estadounidense en la operación Earnest Will, después de que Irán atacara el tráfico comercial en ese mismo estrecho. La diferencia es el objetivo: entonces se trataba de proteger el flujo; ahora, de protegerlo y negárselo a la vez a Teherán. Y la lógica se entiende mejor desde dentro: si el crudo del Golfo circula con normalidad, el precio mundial no se dispara y el votante estadounidense no paga la factura en la gasolinera.

La incógnita es qué hace un país acorralado. Una economía sin ingresos petroleros puede forzar una negociación o empujar a Teherán a la escalada. La Casa Blanca celebró el viernes una reunión en Camp David presidida por el vicepresidente, JD Vance, con el secretario de Estado, Marco Rubio, Hegseth, el responsable del Tesoro, el director de la CIA y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Donald Trump resumió la disyuntiva: ‘Será por las buenas o por las malas’.

La próxima ventana está en manos de Teherán. El gobierno iraní revisa la respuesta que Washington le hizo llegar a través de intermediarios a su última propuesta, que Trump ya rechazó por insuficiente. Si no hay acuerdo, el bloqueo seguirá y la pregunta será si la presión económica basta o si vuelve la vía militar. El riesgo de fondo es que un Irán sin crudo que vender sea también un Irán con menos que perder.

Ficha del Caso

  • El caso: El Tesoro de EE. UU. amplía las sanciones contra Irán y su titular afirma que Teherán se queda esta semana sin ingresos petroleros por primera vez, en pleno bloqueo naval del Estrecho de Ormuz.
  • Datos clave: Cero barriles iraníes salidos del estrecho frente a 1.100 millones estadounidenses, según Bessent; 23,3 millones de barriles diarios exportados por el resto del Golfo; rial a 2,69 millones por dólar; inflación por encima del 70%; misiles iraníes con 1.000 kilómetros de alcance.
  • Para España: sin compras directas de petróleo iraní, el impacto llega por el precio del barril, los fletes y los seguros marítimos, con efecto en la factura energética y en la senda de tipos del BCE.

Colombia revisa su acuerdo de paz ante el Consejo de Seguridad: la inversión española, en el aire

Amparo Soler
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Colombia revisa su acuerdo de paz ante el Consejo de Seguridad: la inversión española, en el aire

El acuerdo de paz de Colombia llega el 12 de octubre al Consejo de Seguridad y la inversión española mira con inquietud. Ese día, el Gobierno de Abelardo De La Espriella expondrá sus reparos al pacto firmado en el Teatro Colón de Bogotá ante los quince miembros del máximo órgano de la ONU.

No es un gesto menor. Será la segunda parada diplomática de alto calibre del nuevo Ejecutivo, después de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante la semana de alto nivel, el canciller Omar Bula ya comunicó al ministro de Exteriores del Reino Unido —país que actúa como penholder, el responsable de liderar el expediente colombiano en el Consejo— que la intención es ‘remoldear’ el acuerdo según las prioridades del presidente.

Y ahí está el primer problema. El pacto no es un documento cualquiera: está estructurado en seis puntos y desarrollado a través de 432 normas, entre actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones y documentos Conpes. Tres actos legislativos lo blindan: el 01 de 2016, conocido como fast track; el 01 de 2017, que elevó a rango constitucional los compromisos de justicia transicional; y el 02 de 2017, que fija los contenidos de derecho internacional humanitario como parámetros obligatorios para toda la normativa de implementación.

Qué puede cambiar el Gobierno de Colombia y qué no

Aquí conviene ser preciso. Los expertos consultados coinciden en que no hace falta una gran reforma constitucional para introducir ajustes en la implementación. Cambiar el espíritu del acuerdo exigiría una reforma estatutaria con dos vueltas en el Congreso. Otra cosa son los engranajes administrativos.

El exnegociador Humberto de la Calle lo resume con claridad: ‘Uno puede imaginarse elementos funcionales, operativos que sea necesario cambiar. Uno no puede decir que hasta la última coma es inamovible’. El analista Germán Darío Valencia apunta a entidades que no son ley y pueden reestructurarse, como la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) o el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

La revisión administrativa puede reordenar agencias y programas, pero la esencia del acuerdo está anclada en la Constitución colombiana.

La subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, ve en la revisión una ‘ventana de oro’ para evaluar los PDET y anticipa que la mayor tensión llegará en la reforma rural integral, por estar ‘muy en contravía’ de lo que propone el Gobierno.

Por qué la inversión española mira con lupa esta revisión

Colombia es una plaza histórica para la inversión española. Compañías de energía, telecomunicaciones, banca, seguros e infraestructuras llevan décadas operando en el país. Cualquier giro en la seguridad jurídica del acuerdo, y sobre todo en la gestión del territorio, incide en la percepción de riesgo de esas inversiones.

El motivo es sencillo. El pacto no solo ordena la desmovilización: también define el uso del suelo, la presencia del Estado en zonas rurales y el marco de la reforma agraria. Si la revisión debilita la capacidad del Estado para implementar lo pactado, la conflictividad en el campo podría repuntar y, con ella, la incertidumbre para quien invierte a largo plazo.

Los números dibujan un avance desigual. Hasta mediados de junio de 2026 se habían entregado cerca de 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas, de las que 114.000 contaban con títulos definitivos, frente a la meta de tres millones. En formalización se alcanzaron 4.091.252 hectáreas de un objetivo de siete millones. Según la ONU, los conflictos por la tenencia de la tierra persisten en el 40% del territorio rural.

De La Espriella

Y aquí es donde la pelota llega al tejido empresarial español. La reforma rural integral, la titulación de tierras y la presencia del Estado en las zonas más castigadas por el conflicto son las condiciones que sostienen la seguridad para invertir. Tocarlas de raíz, o dejar su implementación a medias, tiene un coste directo sobre la confianza.

El precedente que explica los límites de cualquier revisión

Conviene retroceder un momento. Cuando un acuerdo de paz se eleva a rango constitucional, como ocurrió en Colombia con los actos legislativos de 2016 y 2017, deja de ser un programa de Gobierno y pasa a ser un compromiso de Estado. Eso limita mucho el margen de maniobra.

Es un patrón que se repite en los procesos de posconflicto: la revisión administrativa se mueve en los márgenes. Reordena agencias, ajusta partidas, cambia titulares. El núcleo blindado solo se toca con mayorías reforzadas y dos vueltas legislativas.

En justicia transicional, la eficiencia sigue siendo el gran reproche. En ocho años, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha proferido solo cuatro sentencias en firme: tres contra miembros de la Fuerza Pública y una contra integrantes de las Farc.

La reincorporación tampoco escapa al balance. De los 11.000 excombatientes que dejaron las armas, 1.700 siguen en procesos de sometimiento. Se han creado 300 cooperativas y 6.206 proyectos productivos. Pero más de 500 firmantes han sido asesinados desde la firma, según el recuento oficial. La seguridad sigue siendo el talón de Aquiles.

El embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, defiende la revisión con un argumento de fondo: ‘el proceso de paz debe funcionar, es para los colombianos y no para quienes encuentran en él una idea romántica de paz’.

Lo que ocurra el 12 de octubre marcará el tono. El Gobierno quiere proyectar firmeza; los firmantes y las organizaciones sociales, certezas. Y en medio, la inversión extranjera —también la española— espera una señal clara sobre si el acuerdo se revisa o se desmonta. Esa respuesta no llegará de un discurso, sino de los decretos que vengan después.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Gobierno de Abelardo De La Espriella expondrá ante el Consejo de Seguridad de la ONU su intención de revisar el acuerdo de paz firmado en 2016, en plena tensión con la JEP.
  • Datos importantes: La cita es el 12 de octubre. El acuerdo se estructura en seis puntos y 432 normas, con tres actos legislativos que lo blindan a rango constitucional. La inversión española es un pilar tradicional en energía, banca y telecomunicaciones.
  • Resumen: Una revisión que debilite la implementación en los territorios golpearía la seguridad jurídica y la percepción de riesgo de los inversores, entre ellos las empresas españolas.

El Tribunal Supremo exige a la empresa negociar de verdad la adaptación de jornada por conciliación

Carlos V Vega
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El Tribunal Supremo exige a la empresa negociar de verdad la adaptación de jornada por conciliación

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo exige que la empresa negocie de verdad la adaptación de jornada por conciliación familiar, en la sentencia 687/2026, de 9 de septiembre, que desestima el recurso de Orovalle Minerals SL.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima el recurso de Orovalle Minerals SL y confirma la sentencia 1935/2024 del TSJ de Asturias.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a abrir un periodo negociador de quince días máximo; su omisión permite conceder la adaptación salvo que resulte manifiestamente irrazonable o desproporcionada.
  • ¿Qué impacto tiene? Consolida la doctrina del Supremo de 2025 y vincula a los juzgados de lo Social en todos los litigios por conciliación.

Antecedentes: de Oviedo a la Sala de lo Social

El litigio parte de la solicitud de un jefe de área de desarrollo y producción de Orovalle Minerals, con antigüedad desde febrero de 2010 y jornada de 8.00 a 17.00 horas de lunes a jueves —aunque contractualmente figuraba de 8.30 a 17.30— y de 8.00 a 14.00 los viernes. La conciliación familiar era el eje de su pretensión.

El 24 de abril de 2024 pidió acogerse al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores para sustituir la jornada partida por un horario continuado de 7.00 a 15.00 horas, manteniendo las 40 horas semanales. Alegó que su hijo menor de 12 años salía del colegio a las 14.00 y que los turnos rotatorios de la madre, auxiliar de enfermería, obligaban a recurrir a terceras personas para atenderlo.

El fallo: negociar no es un mero trámite

La empresa reclamó información adicional y, el 9 de mayo de 2024, consumó el rechazo empresarial por razones productivas y organizativas: coordinación de voladuras, relevo del turno de tarde y relación con clientes y proveedores, sobre un puesto con 55 a 60 trabajadores a su cargo.

El Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo desestimó la demanda, pero el TSJ de Asturias, en su sentencia 1935/2024, de 19 de noviembre, revocó el criterio y apreció vulneración del derecho de conciliación. La Sala asturiana concluyó que «en realidad no existió» negociación y fijó una indenmización de 7.501 euros por daños morales, frente a los 25.000 reclamados.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo convierte en doctrina vinculante que la omisión de la negociación previa permite conceder la adaptación de jornada solicitada.

Orovalle llevó el asunto al Supremo. Sostenía que la ausencia de negociación no podía implicar automáticamente la aceptación de la adaptación; el segundo motivo de su recurso, relativo a la existencia de la causa que justificaba la adaptación, fue inadmitido.

conciliación laboral

El Alto Tribunal confirma el criterio del TSJ de Asturias. El artículo 34.8 obliga a abrir un periodo negociador que debe desarrollarse con la máxima celeridad y durante un máximo de quince días. La empresa puede aceptar la petición, presentar una alternativa que atienda las necesidades de conciliación o rechazarla, pero en este último supuesto deberá explicar las razones objetivas de su decisión.

La resolución delimita qué debe entenderse por negociación a efectos del artículo 34.8: no basta con requerir información al empleado y rechazar después su propuesta. Debe existir un verdadero intercambio de posiciones, propuestas y contrapropuestas presidido por la buena fe, sin que el trámite pueda reducirse a una formalidad.

La Doctrina del Tribunal

La sentencia consolida la doctrina que el Tribunal Supremo fijó en 2025: si la empresa incumple su obligación de abrir la negociación, judicialmente debe acogerse la medida solicitada por el trabajador, salvo que el órgano judicial compruebe que es manifiestamente irrazonable o desproporcionada. La Sala aplica ese criterio a un supuesto en el que la necesidad familiar estaba acreditada y no resultaba incompatible de forma manifiesta con la organización empresarial.

La base jurídica es el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, interpretado conforme a la Ley Orgánica 3/2007 y a la normativa europea, que busca favorecer que los hombres asuman directamente las responsabilidades familiares. El precepto reconoce un derecho individual del trabajador y obliga a ponderar sus necesidades con las organizativas y productivas de la empresa. La ponencia corresponde a la magistrada Concepción Rosario Ureste García, junto con Juan Molins García-Atance, Juan Martínez Moya y Ana María Orellana Cano.

El pronunciamiento vincula a los juzgados de lo Social en la interpretación del artículo 34.8 y obliga a las empresas a documentar propuestas y contrapropuestas dentro del plazo legal de quince días. Una respuesta negativa, por muy razonada que parezca, no sustituye por sí sola el procedimiento que exige la ley.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Litigio por adaptación de jornada por conciliación familiar promovido por un jefe de área de Orovalle Minerals SL tras la negativa de la empresa a modificar su horario, resuelto en suplicación por el TSJ de Asturias y en casación por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
  • Datos importantes: Sentencia 687/2026 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo; artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores; indemnización de 7.501 euros por daños morales; fallo desestimatorio del recurso de la empresa.
  • Fecha de los juicios: Solicitud del trabajador el 24 de abril de 2024 y rechazo empresarial el 9 de mayo de 2024; sentencia del TSJ de Asturias 1935/2024, de 19 de noviembre; sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Se trata de un litigio laboral entre un trabajador y una empresa, sin acusados.

Prime Day octubre: Amazon adelanta sus ofertas con hasta 100 dólares en AirPods, iPad y MacBook

Sara Olmedo
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Prime Day octubre: Amazon adelanta sus ofertas con hasta 100 dólares en AirPods, iPad y MacBook

El Prime Day de octubre arranca mañana con hasta 200 dólares de descuento en productos Apple. Amazon ya ha publicado las primeras rebajas de su Prime Big Deal Days, la campaña que se celebra del 6 al 8 de octubre y que este año coloca el catálogo de la marca de Cupertino como principal reclamo comercial.

Claves de la operación

  • Descuentos de hasta el 57% en auriculares de Beats. Los Studio Pro pasan de 349,99 a 149,95 dólares y los Powerbeats Pro 2 recortan un 28%, hasta 179,95 dólares.
  • El iPad mini y el MacBook Air marcan el techo de la rebaja. El tablet de séptima generación baja 100 dólares y el portátil con chip M5 recorta 200 sobre el precio de tarifa.
  • El hardware propio de Amazon es el que más cede. Echo Dot, Fire TV Stick y los Kindle acumulan rebajas de entre el 40% y el 60%, orientadas a retener al usuario dentro de su ecosistema de servicios.

El descuento se adelanta dos meses: la pelea por el presupuesto navideño

El calendario no es casual. La compañía abre su escaparate de otoño con casi siete semanas de antelación respecto al Black Friday y captura así el gasto de quienes planifican las compras navideñas en octubre. La campaña empieza a las 9:00 hora peninsular y se cierra el jueves 8, con apenas 48 horas de ventana.

La lista de ofertas anticipadas mezcla producto propio y de terceros. La tableta Fire HD 8 cae un 38%, de 129,99 a 79,99 dólares, el Fire TV Stick 4K Plus se queda en 37,99 y el timbre Ring Battery Doorbell 2K cae un 60%, hasta 39,99 dólares. En robótica doméstica, el Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone pasa de 1.499,99 a 799 dólares.

Las rebajas de doble dígito alto solo aparecen tres veces al año: el Prime Day de julio, esta cita de octubre y el Black Friday. Fuera de esas ventanas, el sector recupera los precios de tarifa y el comprador vuelve a pagar la referencia completa.

Apple cede el control del precio y deja que otros liquiden su inventario

La paradoja del evento es que Apple casi nunca rebaja en su propia tienda oficial y, sin embargo, tolera que los distribuidores liquiden stock. El iPad mini de 2024 con chip A17 Pro baja de 599 a 499 dólares en Amazon, pero Best Buy lo deja en 449. Esa puja entre minoristas es la que tensa el precio de referencia del fabricante.

Amazon no vende descuentos: vende la costumbre de comprar antes. Y esa costumbre, una vez instalada, ningún rival puede replicarla a base de rebajas.

El MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5 se queda en 1.099 dólares desde 1.299, y la versión de 15 pulgadas repite el mismo recorte. Son precios de referencia del mercado estadounidense: el importe final en España depende del distribuidor y del IVA aplicado en cada caso.

Donde Amazon manda sin intermediarios es en su propio hardware. El Echo Dot se queda en 39,99 dólares, la mitad de su tarifa, y el Echo Show 11 cae de 249,99 a 149. La lógica es la de siempre: colocar el aparato con margen mínimo y recuperar la inversión en suscripciones, compras por voz y servicios asociados.

La batalla por el gasto digital en España: quién puede permitirse no bajar precios

El Prime Big Deal Days aterriza también en amazon.es, pero el terreno de juego español es otro. MediaMarkt, El Corte Inglés, Fnac, y PcComponentes sostienen campañas propias de otoño y ninguno puede asumir un recorte del 50% sobre electrónica de marca sin dañar su cuenta de resultados. Amazon compensa el margen cedido con comisiones de terceros y publicidad, sus dos divisiones más rentables según las cuentas que publica cada trimestre.

En el IBEX 35, Inditex defiende la estrategia inversa: precios estables, surtido corto y logística propia. Su canal online crece sin entrar en la guerra del descuento, una asimetría que explica por qué el comercio electrónico español convive con dos culturas de precio opuestas. El Prime Day nació en 2015 como aniversario de la compañía y hoy funciona como termómetro del consumo discrecional europeo.

El riesgo de esta carrera es conocido y, aun así, se repite cada temporada. Cada campaña anticipada educa al comprador para esperar y desplaza la decisión de compra hacia la siguiente rebaja. Amazon coloca hoy un iPad 100 dólares por debajo de la tarifa, pero también enseña a su cliente a no comprar en septiembre.

Quedan dos citas para medir el alcance real. La primera son los resultados del tercer trimestre, que la compañía presentará a finales de octubre y donde se verá si la campaña ha sumado ingresos o solo ha adelantado facturación que habría llegado igual en el Black Friday. La segunda es el Black Friday de finales de noviembre, la prueba de si el calendario partido aguanta sin solaparse. Observamos el movimiento con una duda razonable: que el consumidor español, acostumbrado a esperar, acabe premiando al que descuenta primero y castigue al que no lo hace nunca.

El Tribunal Constitucional delimita la función social de la vivienda ante el RDL 26/2026

Carlos V Vega
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El Tribunal Constitucional delimita la función social de la vivienda ante el RDL 26/2026

La función social de la vivienda vuelve al debate constitucional tras la derogación por el Congreso del Real Decreto-ley 26/2026. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre, publicada en el BOE el día 30 y en vigor desde el 1 de octubre, fue derogada el 2 de octubre conforme al artículo 86.2 de la Constitución. El episodio deja al descubierto la tensión entre el artículo 47 CE y la garantía de la propiedad privada del artículo 33 CE.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El Congreso derogó el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, sobre función social de la vivienda, en aplicación del artículo 86.2 CE.
  • ¿Qué base jurídica se debate? La ponderación entre el artículo 47 CE, el artículo 33 CE y el artículo 38 CE.
  • ¿Qué impacto tiene? Reabre la cuestión de hasta dónde puede llegar la función social de la propiedad sin vaciar el contenido esencial del dominio.

El RDL 26/2026 y su derogación parlamentaria

El Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, se dictó al amparo del artículo 86.1 CE como disposición legislativa provisional. El Consejo de Ministros lo aprobó el 29 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado lo publicó el día 30 y entró en vigor el 1 de octubre. El Congreso de los Diputados acordó su derogación el 2 de octubre, conforme al artículo 86.2 CE.

La norma constaba de 96 páginas articuladas en seis títulos y veinte artículos. Establecía hasta el 31 de diciembre de 2028 limitaciones a las adquisiciones de viviendas por entidades cuando el precio fuera inferior al 70 por ciento de su valor de tasación y modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley por el derecho a la vivienda y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Incorporaba incentivos fiscales, con reducciones de hasta el 100 por ciento en determinados rendimientos del capital inmobiliario.

Su preámbulo sostenía que el respaldo social a la norma era «incontestable» y que las XIV y XV Legislaturas habían producido un «inapelable número de avances en derechos sociales». La exposición de motivos declaraba subrayar «la función social de la vivienda frente a otras consideraciones».

La Constitución económica y los límites a la función social

propiedad privada

El artículo 47 CE reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes. Pero el mandato no opera en solitario. El artículo 33 CE reconoce la propiedad privada, admite que su función social delimitará su contenido y garantiza que nadie sea privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. El artículo 38 CE reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

La función social de la propiedad delimita el dominio, pero no convierte al propietario en prestador subsidiario de una política que la Constitución encomienda a los poderes públicos.

De ahí que el conflicto no sea propiamente entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad. La cuestión es hasta dónde puede llegar la función social de la vivienda antes de transformar al titular del dominio en instrumento obligado de una política cuya responsabilidad constitucional corresponde a los poderes públicos.

La doctrina constitucional admite que la función social no es un límite externo al dominio, sino que integra su configuración y permite imponer restricciones e incluso deberes positivos. Lo que no tolera es que esa carga anule la utilidad individual del derecho. La cláusula del artículo 33.2 CE no opera como un cheque en blanco a disposición del legislador ordinario.

La Doctrina del Tribunal

La doctrina viene de lejos. La STC 37/1987, de 26 de marzo, la resolución de referencia sobre la función social de la propiedad, fijó las dos caras de la garantía. La función social permite al legislador imponer restricciones y deberes positivos, pero no puede llegar a anular la utilidad meramente individual del derecho. La STC 89/1994, de 17 de marzo, dictada en materia de arrendamientos urbanos, formuló la cuestión en términos de equilibrio: la intervención no puede constreñir la propiedad hasta hacer desaparecer su contenido esencial.

Sobre la vivienda, la jurisprudencia reciente ha reconocido un margen amplio al legislador. La STC 26/2025 examinó la impugnación de las limitaciones de renta en zonas de mercado residencial tensionado frente al argumento de vulneración del artículo 33 CE. El Tribunal no declaró incompatible con la Constitución la política de intervención del mercado residencial en su conjunto.

De ahí que la derogación del RDL 26/2026 no resuelva el fondo del debate. El episodio es parlamentario, no constitucional: una norma no es constitucional por obtener mayoría ni deja de serlo por perderla. Entre la propiedad absoluta que la Constitución no reconoce y la disponibilidad absoluta de la propiedad por el legislador existe un espacio constitucional que los tribunales están llamados a preservar.

El impacto práctico alcanza a los operadores jurídicos que litigan en arrendamientos, recuperación posesoria y transmisiones inmobiliarias. La delimitación de la función social condiciona la interpretación del artículo 33 CE y obliga a ponderar cada medida con el principio de proporcionalidad. La proyección queda abierta: la derogación no cierra las impugnaciones ya planteadas ante el Tribunal Constitucional.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Análisis de los límites constitucionales al intervencionismo en materia de vivienda a propósito del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, sobre función social de la vivienda, derogado por el Congreso.
  • Datos importantes: Artículos 33, 38, 47 y 86.2 CE. Norma de 96 páginas y veinte artículos. Limitaciones a adquisiciones por debajo del 70 por ciento del valor de tasación hasta el 31 de diciembre de 2028. Doctrina de contraste: STC 37/1987 y STC 89/1994; referencia a la STC 26/2025.
  • Fecha de los juicios: RDL aprobado el 29 de septiembre de 2026, publicado el 30 y en vigor desde el 1 de octubre. Derogado por el Congreso el 2 de octubre de 2026. Sin vista oral.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. No hay proceso con acusados identificados; se trata de un análisis de constitucionalidad normativa y doctrina jurisprudencial.

El nuevo CEO de Apple convierte el diseño en su prioridad máxima y ya marca su era

Sara Olmedo
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El nuevo CEO de Apple convierte el diseño en su prioridad máxima y ya marca su era

El nuevo CEO de Apple, John Ternus, pisa el estudio de diseño varias veces por semana; Tim Cook, una hora al mes. La diferencia no es de estilo, sino de modelo de gestión, y ya define su mandato.

Claves de la operación

  • El diseño entra en la agenda diaria del CEO. Ternus visita los equipos de diseño industrial y de interfaz varias veces por semana y, en algunas jornadas, lo hace más de una vez al día, según Bloomberg.
  • Las finanzas y la cadena de suministro quedan delegadas. El consejero delegado deja las cuentas en manos del director financiero, Kevan Parekh, y las operaciones en las de Sabih Khan, para centrarse en ingeniería y producto.
  • Apple pasa de un experto en logística a un ingeniero de producto. Tim Cook construyó su reputación en la cadena de suministro; Ternus llega desde la dirección de la ingeniería de hardware de la compañía.

Del almacén al estudio de diseño: el giro que separa a Ternus de la era Cook

No es una conversión tardía. Como responsable de ingeniería de hardware, Ternus ya mantenía contacto con el estudio de diseño, porque ambas áreas trabajan coordinadas en cada producto. La novedad es el grado de implicación: desde que asumió el cargo el mes pasado, se ha sumergido en los equipos de diseño industrial y de interfaz humana, según el boletín Power On que firma Mark Gurman en Bloomberg.

El contraste con su antecesor es la parte que interesa al mercado. Cook visitaba el estudio aproximadamente una hora al mes como máximo, según la misma información. Ternus lo hace varias veces por semana, a veces más de una vez en la misma jornada. Una diferencia de método que, en una compañía que factura por producto y no por servicio, se traduce directamente en qué decisiones se toman y quién las toma.

La fórmula que emplea Gurman es explícita: el diseño es una ‘prioridad máxima’ para el nuevo consejero delegado. Se trata de una descripción de gestión, no de un anuncio de producto, y ahí está el valor de la información: revela cómo reparte el tiempo quien tiene la última palabra en Apple.

El diseño como arma competitiva frente a Samsung, Google y Huawei

John Ternus

En el segmento premium, las especificaciones se han convertido en un campo nivelado: pantallas, sensores, y procesadores llegan de las mismas cadenas de proveedores y se replican en cuestión de meses. El diseño es lo que sostiene el precio en ese tramo del mercado. Por eso la apuesta de Ternus tiene lectura competitiva: si el diseño gana peso en la cúpula, Apple intenta defender el margen por arriba mientras sus rivales atacan por abajo con precios más agresivos.

La facturación de Apple sigue colgando del iPhone y de su capacidad para justificar una prima de precio cada año. Un CEO que dedica su tiempo a la interfaz y al acabado del producto envía una señal clara a los equipos: el relato de la próxima generación se decide en el estudio, no en la mesa de compras. En España, como en el resto de Europa, la compañía compite con Samsung y Xiaomi en un mercado maduro donde crecer exige robar usuarios, no esperar a que lleguen.

Una hora al mes frente a varias visitas por semana: Ternus no ha cambiado la estrategia de Apple, ha cambiado a qué dedica su tiempo.

Lo que Apple se juega: menos máquina logística y más dependencia del producto

Hay un riesgo en el cambio de perfil y conviene decirlo sin adornos. La ventaja competitiva que Cook perfeccionó durante una década fue operativa: compras, inventario y márgenes ajustados al milímetro. Delegar las operaciones traslada el peso al acierto del producto, una variable menos controlable. Si el diseño acierta, se paga solo; si falla, no hay logística que lo compense.

La comparación con la propia historia de Apple resulta inevitable. En 2011, la compañía pasó de un fundador obsesionado con el producto a un ejecutivo de operaciones; Apple recorre ahora el camino inverso. La estructura de mando de Apple vuelve así a estar encabezada por un perfil técnico, con una diferencia de fondo: Ternus hereda una empresa mucho más grande, más vigilada por los reguladores europeos y más expuesta a la competencia china que la que dejó Steve Jobs.

El movimiento también admite una lectura interna. La salida de Jony Ive en 2019 dejó al estudio de diseño sin su figura más visible, y la compañía ha reconstruido ese liderazgo sin un nombre que lo capitalice. Que el nuevo consejero delegado se siente físicamente con los equipos es, en la práctica, una política de retención: la atención del CEO funciona como reclamo de talento en un sector donde los diseñadores de producto se disputan entre Google, Meta y las empresas emergentes de hardware.

Los próximos meses darán las primeras pistas verificables. Apple suele presentar los resultados de su cuarto trimestre fiscal a finales de octubre, la primera cita con los inversores desde el relevo, y la conferencia de desarrolladores de 2027 será el escaparate donde se vean las decisiones de diseño tomadas bajo el nuevo mando. Hasta entonces, el mercado observará algo tan poco financiero como cuántas veces cruza el CEO la puerta del estudio de Apple.

BlueNewables y Naturgy prueban en el Puerto de Valencia el primer demostrador de solar marina de España con 1 MW

Elena Ríos
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BlueNewables y Naturgy prueban en el Puerto de Valencia el primer demostrador de solar marina de España con 1 MW

BlueNewables y Naturgy han puesto en fase de pruebas en el Puerto de Valencia el primer demostrador precomercial de solar marina de España: 1 MW repartido en dos plataformas flotantes de 500 kW.

La instalación forma parte de Renmarinas Valenciaport, la iniciativa que financia el IDAE con fondos europeos NextGenerationEU para ensayar tecnologías renovables marinas y conectar su producción a la red del puerto.

Las dos unidades llevan los nombres de Paiporta y Catarroja, en recuerdo de los municipios valencianos golpeados por la DANA de 2024, y ya están siendo monitorizadas en aguas del recinto portuario.

Un megavatio sobre el agua: así se prueba la solar marina en condiciones reales

Las plataformas se construyeron en el astillero San Enrique, en Vigo. La primera se botó allí el pasado mes de mayo y ya ha llegado a Valencia para su ensayo, donde se medirá junto a la segunda frente a la salinidad, el oleaje y las corrientes del Mediterráneo.

La base tecnológica es PV-bos, una solución de fotovoltaica flotante pensada para emplazamientos donde el suelo escasea o resulta caro, así como para puertos, islas, y zonas con capacidad de red limitada. Su diseño modular permite adaptar la instalación a distintos emplazamientos y escalas de proyecto.

El mar no es un embalse: la salinidad, el oleaje y el mantenimiento marino son los que decidirán si esta tecnología escala o se queda en demostrador.

Dos años de datos: qué se mide y qué todavía no dice el proyecto

solar flotante marina

BlueNewables y Naturgy intercambiarán información técnica, operativa, económica y estratégica durante los dos años que durarán las pruebas y el seguimiento posterior. El análisis cubrirá el rendimiento del sistema, las incidencias técnicas y los costes de operación y mantenimiento. Los resultados de las pruebas se compartirán entre ambas compañías. Vamos a los datos.

Un demostrador no es una planta: existe para averiguar cuánto cuesta de verdad cada megavatio flotante en el mar.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Capacidad: 1 MW instalado en dos plataformas PV-bos de 500 kW cada una, en fase de ensayo en el Puerto de Valencia.
  • CO2 evitado: no cuantificado en la fuente oficial; al ser un demostrador precomercial, el proyecto aún no publica toneladas de CO2 evitadas.
  • Inversión: financiada por el IDAE con fondos NextGenerationEU dentro de Renmarinas Valenciaport; el importe no está detallado en la información disponible.
  • Equivalencia tangible: no detallada en la fuente oficial; la electricidad generada se inyectará a la red mediante la infraestructura habilitada por la Autoridad Portuaria de Valencia.

Y aquí está la letra pequeña. El proyecto no publica cifra de emisiones evitadas, ni coste por megavatio instalado, ni comparación con el precio de la fotovoltaica terrestre. Tampoco detalla el importe de la inversión. Para entendernos: hoy es un banco de pruebas, no una central en operación comercial.

La Autoridad Portuaria de Valencia ha habilitado una zona de ensayo con la infraestructura necesaria para conectar demostradores de renovables marinas e inyectar su electricidad a la red. Ese es el activo silencioso de la operación: no el megavatio, sino el ecosistema de ensayo que queda instalado y disponible para futuros proyectos.

El efecto dominó se extiende a la cadena de suministro. Un astillero de Vigo fabrica las plataformas, empresas de mantenimiento naval se especializan en operación fotovoltaica marina y los puertos que se dotan de conexión a red se convierten en candidatos naturales para la siguiente instalación. Lo que hoy es un demostrador de 1 MW puede funcionar como manual de operaciones de un segmento industrial nuevo.

Para la energética, entrar en un demostrador es una forma barata de conocer el comportamiento real de la tecnología antes de comprometer capital. Para BlueNewables, es la validación de un producto en el entorno donde quiere venderlo. Ambas partes comparten datos durante dos años, lo que convierte el ensayo en una auditoría mutua de rendimiento y costes.

Qué se juega España con la solar marina

La fotovoltaica flotante ya ha demostrado su viabilidad en láminas de agua interiores, donde se reduce la evaporación y el rendimiento mejora por la refrigeración del agua. El salto al entorno marino es otra cosa: exige plataformas resistentes a la corrosión, amarres capaces de aguantar oleaje y un mantenimiento naval que encarece cada visita técnica.

Ese coste es la variable que decide. Si el coste nivelado de la electricidad de una plataforma marina no se acerca al de un parque solar en suelo, la tecnología quedará recluida en nichos: puertos, islas y territorios sin suelo disponible o sin capacidad de evacuación en la red. Ahí sí compite, y ahí está su mercado real. La letra pequeña manda.

España parte con una ventaja que no se improvisa: cadena industrial naval, puertos con espacio y ayudas públicas canalizadas a través del IDAE. También con una advertencia. Sin datos públicos de coste y rendimiento, la solar marina se queda en escaparate. La transición se defiende con cifras verificables, no con prototipos fotogénicos.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 1 MW de generación fotovoltaica marina en pruebas, con datos sobre rendimiento, incidencias y costes de operación durante dos años.
  • Modelo que cambia: los puertos dejan de ser solo infraestructura logística y pasan a ser emplazamientos de generación, con zona de ensayo y conexión a red ya habilitadas en Valencia.
  • Para las próximas generaciones: si el coste por megavatio baja, la solar marina libera suelo para otros usos y añade generación limpia donde la red ya está saturada.

Cataluña eleva al Congreso una reforma del Código Penal para endurecer las penas por tenencia ilícita de armas

Roberto Fuentes
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Cataluña eleva al Congreso una reforma del Código Penal para endurecer las penas por tenencia ilícita de armas

El Parlament de Cataluña ha elevado al Congreso una proposición de ley para reformar el Código Penal y endurecer las penas por la tenencia ilícita y la exhibición de armas de fuego. La iniciativa llega después de un primer semestre de 2026 con 69 tiroteos registrados en Cataluña, un 45% más que en el mismo periodo de 2025.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El Parlament de Cataluña ha impulsado una proposición de ley para que el Congreso reforme el Código Penal y endurezca las penas por la tenencia ilícita y la exhibición de armas de fuego.
  • ¿Dónde y cuándo? La propuesta se cerró a finales de septiembre, después del homicidio ocurrido ante una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona el pasado mes de junio.
  • ¿Qué resultado? 69 tiroteos en Cataluña en el primer semestre, un 45% más que en 2025, y un texto penal pendiente de tramitación en la Cámara Baja.

Una reforma penal para frenar la proliferación de armas

La propuesta se formaliza como una proposición de ley, el instrumento del que dispone una cámara autonómica para trasladar al Congreso una iniciativa legislativa. Su contenido se concentra, por ahora, en un objetivo: elevar las penas previstas en el Código Penal para quienes porten o exhiban armas de fuego sin autorización. La Generalitat situó esa vía como respuesta directa al incremento de la violencia con armas registrado en la comunidad.

El texto no concreta todavía qué artículos del Código Penal se verán afectados ni la cuantía exacta del incremento de penas. La propuesta se limita, en este punto, a fijar la dirección: penas más altas para quien posee o exhibe un arma de fuego sin autorización.

Del tiroteo ante la comisaría a los 69 episodios del semestre

El detonante fue un homicidio. Un individuo murió tiroteado ante las puertas de una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona durante la visita del Papa a la ciudad, el pasado mes de junio. El suceso, por su violencia y por el lugar en el que se produjo, llevó a la Generalitat a plantear por primera vez un endurecimiento de las penas por la tenencia y la exhibición ilícita de armas de fuego.

La secuencia estadística terminó de empujar la reforma. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 69 tiroteos en Cataluña, un 45% más que en el mismo tramo de 2025. El último de esos episodios se saldó con dos agentes de la Guardia Civil heridos, un recordatorio de la exposición diaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las investigaciones sobre tráfico de armas y ajustes de cuentas entre organizaciones criminales.

El aumento del 45% en los tiroteos de Cataluña en el primer semestre sitúa la proliferación de armas ilegales entre las principales amenazas para la seguridad pública.

El texto catalán abre ahora un recorrido parlamentario en el Congreso, donde deberá superar el debate de toma en consideración y la posterior fase de ponencia antes de la votación definitiva. El calendario depende de la Mesa de la Cámara Baja y de la capacidad de los grupos impulsores para sostener la iniciativa hasta el final de la legislatura.

El Contexto Operativo

La proliferación de armas de fuego ilegales es una de las líneas de trabajo prioritarias para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El tráfico de armas se ha convertido en un fenómeno transversal, vinculado al narcotráfico, a los ajustes de cuentas entre grupos y a redes que reintroducen en el mercado armamento sustraído o desviado. Los 69 tiroteos del primer semestre de 2026 y el aumento del 45% respecto al año anterior dibujan una tendencia que la propia cámara catalana ha trasladado al Congreso como argumento central.

La respuesta operativa se sostiene sobre el trabajo diario de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ambas mantienen unidades especializadas en la persecución del tráfico de armas y de las estructuras criminales que lo alimentan. La UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en crimen organizado e investigación compleja) es una de las unidades que trabajan sobre estas redes, que mueven armamento a escala nacional y europea.

Cada arma intervenida en una operación es un episodio violento que no llega a producirse. La exhibición de armas en la vía pública es tambien una de las señales que las unidades policiales utilizan para detectar la presencia de grupos armados en un territorio, y es precisamente el comportamiento que la reforma pretende castigar con más dureza.

El texto que salga del Congreso determinará el alcance del endurecimiento penal y su impacto sobre el trabajo de las unidades que persiguen el tráfico de armas. La propuesta catalana abre un recorrido parlamentario en el que el apoyo de los grupos de la Cámara Baja resultará determinante para que la reforma acompañe, con instrumentos legales más contundentes, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Comunidad de Madrid despliega IA y un escudo digital frente a los 70.000 ciberataques anuales que recibe

Roberto Fuentes
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La Comunidad de Madrid despliega IA y un escudo digital frente a los 70.000 ciberataques anuales que recibe

La Comunidad de Madrid ha reforzado con inteligencia artificial su escudo digital frente a los 70.000 ciberataques anuales que reciben sus entes autonómicos. El plan de digitalización avanzada, detallado este octubre de 2026, aspira a situar a la región como referente tecnológico de la Unión Europea.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha activado un plan de digitalización avanzada que combina inteligencia artificial y un escudo de ciberseguridad reforzado.
  • ¿Dónde y cuándo? En la Comunidad de Madrid, a lo largo de la presente legislatura, con el objetivo de ser referente tecnológico de la UE.
  • ¿Qué resultado? Un escudo digital que protege a los entes autonómicos frente a los 70.000 ciberataques anuales, junto al primer superordenador cuántico y los gemelos digitales sanitarios.

Un escudo digital de última generación contra la ciberamenaza

El refuerzo del escudo de seguridad es uno de los ejes del programa. La Comunidad de Madrid registra una media de casi 200 ciberataques diarios contra sus entes autonómicos, hasta sumar 70.000 al año. El Gobierno regional ha convertido esa defensa digital en una prioridad estratégica de esta legislatura, con la inteligencia artificial como tecnología transversal del conjunto del plan.

El programa no se limita a la ciberseguridad. La Comunidad de Madrid trabaja en la puesta en marcha del primer superordenador cuántico de la región, en la construcción de nuevos centros de datos de última generación y en la aplicación de la inteligencia artificial a la sanidad publica. El objetivo declarado es que la región se consolide como polo tecnológico de referencia dentro de la Unión Europea.

Gemelos digitales sanitarios y superordenador cuántico

Uno de los proyectos más ambiciosos es la creación de gemelos digitales (réplicas virtuales de procesos clínicos que permiten simular tratamientos antes de aplicarlos) en la sanidad pública madrileña. Estas réplicas se utilizarán para mejorar la atención y afinar los tratamientos de los pacientes, según el planteamiento del Ejecutivo autonómico.

El superordenador cuántico y los nuevos centros de datos aportarán la capacidad de cálculo necesaria para procesar grandes volúmenes de información sanitaria y administrativa. Son infraestructuras que, en la estrategia regional, permitirán a Madrid competir con los grandes polos tecnológicos europeos en capacidad de innovación.

La iniciativa madrileña se suma al esfuerzo del conjunto del Estado en materia de ciberseguridad. El CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team), el equipo de respuesta ante incidentes dependiente del CNI que protege las infraestructuras críticas y las administraciones públicas, y el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), el organismo que vela por la seguridad digital de empresas y ciudadanos, coordinan la respuesta nacional ante las amenazas digitales.

La Comunidad de Madrid combina inteligencia artificial, supercomputación cuántica y un escudo digital reforzado para proteger a sus entes autonómicos frente a los 70.000 ciberataques anuales.

El Contexto Operativo

La ciberamenaza contra las administraciones públicas no deja de crecer. Los entes autonómicos y locales se han convertido en objetivo prioritario de grupos de cibercriminales y, en algunos casos, de actores que buscan desde el robo de datos hasta la interrupción de servicios esenciales. En ese escenario, la Comunidad de Madrid recibe 70.000 ciberataques anuales, una cifra que refleja la intensidad del riesgo sobre una administración plenamente digitalizada.

El refuerzo del escudo digital madrileño se apoya en la arquitectura nacional de ciberseguridad. El CCN-CERT y el INCIBE son los organismos de referencia que coordinan la respuesta ante incidentes en España, tanto en el ámbito público como en el privado. La incorporación de inteligencia artificial a la defensa digital ayuda a acelerar la detección de intrusiones y a reducir los tiempos de reacción, un factor clave frente a ataques cada vez más sofisticados.

La previsión es que la Comunidad de Madrid continúe ampliando sus capacidades tecnológicas durante los próximos años, con el superordenador cuántico y los gemelos digitales sanitarios como proyectos emblemáticos. La combinación de inteligencia artificial, supercomputación y ciberseguridad institucional dibuja un modelo que aspira a competir con los grandes polos tecnológicos de Europa. Un escudo digital reforzado, en definitiva, para que la innovación no vaya por detrás de la amenaza.

Francia descoloca a Bruselas: su ajuste fiscal reaviva el fantasma de una crisis de deuda en la eurozona

Angie Rivas
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Francia descoloca a Bruselas: su ajuste fiscal reaviva el fantasma de una crisis de deuda en la eurozona

La crisis de deuda en la eurozona vuelve al primer plano con Francia en el epicentro: su deuda pública toca ya el 119% del PIB y su déficit ronda el 5%.

No es una alarma menor. En 2010 fue Grecia la que sacudió los mercados globales; ahora la amenaza llega desde la segunda economía de la UE. No solo su ratio de deuda sobre PIB se acerca al que presentaba Grecia en vísperas del rescate: el volumen absoluto de pasivo francés es muy superior. Y llega en el peor momento posible, porque los rendimientos de los bonos en Estados Unidos, Japón y el Reino Unido cotizan en máximos de varias décadas. La advertencia la formula Desmond Lachman, investigador principal del American Enterprise Institute y ex alto cargo del FMI, en un análisis difundido por Project Syndicate: el ajuste que Francia necesita para ordenar sus cuentas puede terminar empujando al país a la recesión.

De Grecia 2010 a Francia 2026: la misma película con un actor más grande

La trayectoria francesa es la de un país que dejó correr el gasto durante década y media. En 2010, la deuda pública rondaba el 80% del PIB. Hoy supera el 119% del PIB. El déficit presupuestario se mantiene en el entorno del 5% del PIB y el gasto público alcanza el 58% del PIB, una cota sin parangón entre las grandes economías europeas. Ninguno de los seis primeros ministros que han pasado por el Gobierno de Emmanuel Macron en los últimos cinco años logró doblegar esa tendencia.

El problema no es solo económico. Es, sobre todo, político. La Asamblea Nacional está tan polarizada que ningún Ejecutivo ha conseguido cerrar un acuerdo duradero sobre cómo sanear las cuentas. Las metas de reducción del déficit se han relajado en repetidas ocasiones, las reformas de las pensiones se diluyeron, y los ahorros prometidos quedaron por debajo de lo anunciado. La consolidación fiscal es hoy, en Francia, una palabra maldita para cualquier candidato.

Los mercados ya han tomado nota. El diferencial entre el bono francés a diez años y el bund alemán se ha ensanchado hasta su nivel más alto desde la crisis de deuda soberana de 2010. Con una economía prácticamente estancada, golpeada por la crisis energética y con un crecimiento oficial previsto por debajo del 1%, Francia no puede confiar en que el crecimiento la saque del atolladero. El coste de financiación sube mientras el pasivo se acumula: el círculo vicioso que tanto teme Bruselas.

Y hay un factor que lo agrava todo. Francia no puede depreciar su moneda ni recortar los tipos de interés por su cuenta para amortiguar el efecto contractivo de la austeridad. El corsé del euro le deja una única vía: recortar gasto o subir impuestos. Cualquiera de las dos opciones empuja al país hacia la recesión; y una recesión elevaría el gasto social a la vez que reduciría los ingresos públicos.

Francia no está ante una crisis de mercado: está ante una crisis política a la que los mercados acaban de empezar a ponerle precio.

La cuadratura del círculo.

El euro no está diseñado para esto.

La red de seguridad del BCE y el veto que puede llegar de Berlín

deuda pública Francia

La buena noticia, si se puede llamar así, es que el Banco Central Europeo está mejor pertrechado que en 2010. Su Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI: un mecanismo que permite al BCE comprar cantidades ilimitadas de bonos de un Estado miembro en el mercado secundario) fue diseñado exactamente para escenarios como este. Eso sí, con una condición nada menor: el país beneficiario debe contar con un programa de ajuste creíble y pactado con Bruselas.

Ahí está el nudo. Depender del TPI implica aceptar una tutela fiscal que ningún Gobierno francés ha querido firmar y que la opinión pública alemana probablemente tampoco estaría dispuesta a financiar. El ascenso de Alternative für Deutschland (AfD) ha convertido cualquier rescate orquestado desde Fráncfort en un asunto políticamente tóxico en Berlín. Lo que en 2010 se aceptó como un mal necesario —rescatar a Grecia para salvar el euro— hoy se leería en Alemania como un rescate a un vecino fiscalmente irresponsable.

El calendario tampoco ayuda. Con las elecciones presidenciales francesas a la vuelta de la esquina, y las legislativas previstas semanas después, ningún candidato tiene incentivos para confrontar al electorado con decisiones dolorosas. Y no está garantizado que quien suceda a Macron logre una mayoría operativa en la Asamblea Nacional capaz de sacar adelante las reformas que la situación exige. Es la misma parálisis que ha ido posponiendo cada ajuste durante cinco años.

El Eje del Poder Europeo

El pulso franco-alemán vuelve a escenificarse en el terreno de siempre: las cuentas públicas. París necesita margen para no ahogar su economía. Berlín, y con él los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia—, no está dispuesto a abrir la mano. El nuevo marco fiscal europeo, que obliga a los Estados a presentar sendas de gasto neto a Bruselas, nació precisamente para blindar la disciplina. Francia es hoy su prueba más incómoda: si el país que impulsó la autonomía estratégica europea incumple su propia regla, el relato comunitario se agrieta.

Para España la lectura es doble. La prima de riesgo española se mueve históricamente en tándem con la francesa cuando el mercado ataca el núcleo de la eurozona: si París se descompone, el Tesoro español paga más por financiarse, aunque sus fundamentos sean hoy más sólidos. En paralelo, el desorden francés refuerza la posición negociadora de Madrid en Bruselas, que puede presentarse como el socio serio del eje sur. Sería un consuelo frágil: el déficit y la deuda españoles siguen por encima de los umbrales del Pacto de Estabilidad y cualquier episodio de volatilidad golpearía a una banca con exposición no menor a la deuda pública francesa.

La lectura a medio plazo es la de una UE que sigue sin resolver su arquitectura fiscal. La unión bancaria incompleta, la ausencia de una capacidad fiscal central y la dependencia del BCE como prestamista de último recurso son exactamente los mismos agujeros que quedaron al descubierto entre 2010 y 2012. Llevamos una década y media aplazando la respuesta política. Ahora el problema tiene el tamaño de la segunda economía del bloque. El guion es idéntico al griego, solo que a mayor escala y con menos red de seguridad política.

El próximo hito serán las previsiones de otoño de la Comisión Europea y la revisión de las sendas fiscales en el marco del semestre europeo, el ciclo anual en el que Bruselas evalúa los presupuestos nacionales. Ahí se verá si París presenta un plan creíble o si, por el contrario, vuelve a pedir tiempo. Y ahí se medirá también cuánto margen real tiene España para mantener su diferencial sin contagio.

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