Claves para acelerar la autonomía militar de Europa y reducir su dependencia de Estados Unidos

La autonomía estratégica europea ha dejado de ser un concepto reservado a expertos en defensa para convertirse en una de las grandes prioridades políticas de la Unión Europea. La invasión rusa de Ucrania, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y el cambio de enfoque de Washington respecto a sus aliados han acelerado un debate que llevaba años estancado: ¿puede Europa garantizar por sí sola su propia seguridad?

La respuesta, según coinciden numerosos analistas y responsables políticos, es que todavía no. Aunque la Unión Europea dispone de una economía comparable a la de las mayores potencias mundiales y cuenta con algunas de las industrias de defensa más avanzadas del planeta, continúa dependiendo en buena medida del apoyo militar, tecnológico e incluso logístico de Estados Unidos.

La presión ejercida por la Administración estadounidense para que los países europeos incrementen su inversión en defensa ha puesto de manifiesto una realidad incómoda. Europa necesita aumentar sus capacidades, pero también coordinar mejor sus recursos, eliminar duplicidades y desarrollar una auténtica industria militar común que le permita actuar con mayor independencia en un escenario internacional cada vez más inestable. Estas ideas fueron destacadas durante un análisis sobre el futuro de la defensa europea, en el que expertos subrayaron la necesidad de mejorar la coordinación, invertir de forma más eficiente y reforzar la autonomía tecnológica.

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Meloni hablando de la necesidad de un ejército europeo en el Summit de la OTAN en Ankara (Foto: Europa Pres)

La guerra de Ucrania cambió la percepción de la amenaza

Uno de los factores que explica el cambio de estrategia europea es la distinta percepción del riesgo entre los Estados miembros. Mientras países como Polonia, Finlandia o los Estados bálticos mantienen una memoria histórica marcada por invasiones y conflictos con Rusia, otros socios occidentales habían considerado durante décadas que una guerra convencional en Europa era prácticamente imposible.

Esa diferencia de percepción ha dificultado históricamente la construcción de una política común de seguridad. Cada gobierno ha priorizado amenazas distintas y ha desarrollado capacidades militares adaptadas a sus propias necesidades nacionales.

Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania ha alterado profundamente ese escenario. La guerra ha demostrado que los conflictos de alta intensidad siguen siendo una realidad en el continente europeo y que la estabilidad no puede darse por garantizada.

La consecuencia inmediata ha sido un incremento sin precedentes de los presupuestos de defensa en numerosos países europeos. Alemania ha anunciado inversiones multimillonarias para reconstruir parte de sus capacidades militares, mientras que otros Estados han iniciado programas acelerados de modernización de sus ejércitos.

Este cambio no responde únicamente al conflicto en Ucrania. También influye la creciente inestabilidad en Oriente Medio, el aumento de la competencia estratégica con China y el desarrollo de nuevas amenazas relacionadas con el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial.

Europa tiene recursos, pero sigue fragmentada

Uno de los principales problemas identificados por especialistas en defensa no es la falta de recursos económicos o tecnológicos, sino la enorme fragmentación militar existente dentro de la Unión Europea.

Cada país mantiene programas nacionales, industrias propias, modelos diferentes de armamento y prioridades estratégicas particulares. El resultado es un elevado número de capacidades duplicadas mientras otras áreas fundamentales presentan importantes carencias.

Durante décadas, numerosos Estados europeos desarrollaron sistemas similares sin apenas coordinación entre ellos. Esa falta de integración ha dificultado la creación de economías de escala y ha reducido la competitividad de la industria europea frente a grandes actores internacionales.

Los expertos recuerdan que la Unión Europea dispone de una extraordinaria capacidad científica y tecnológica. El problema reside en que buena parte de ese talento continúa trabajando de forma aislada, desarrollando soluciones parecidas para necesidades comunes en lugar de colaborar dentro de grandes programas europeos.

La creación del Fondo Europeo de Defensa ha supuesto un primer paso para corregir esa situación, aunque su puesta en marcha es relativamente reciente y sus efectos todavía están lejos de transformar completamente el panorama industrial europeo.

El reto tecnológico frente a Estados Unidos, Rusia y China

Otro de los grandes desafíos para la autonomía estratégica europea tiene que ver con la tecnología.

Los conflictos actuales ya no dependen únicamente del número de soldados o de carros de combate disponibles. Los drones, la guerra electrónica, la inteligencia artificial, los satélites, la ciberdefensa y los sistemas de mando digital se han convertido en elementos decisivos para cualquier operación militar.

En varios de estos ámbitos Europa reconoce haber quedado rezagada respecto a otras potencias. La dependencia tecnológica de Estados Unidos continúa siendo muy elevada, especialmente en determinados sistemas de inteligencia, vigilancia, comunicaciones y capacidades estratégicas.

Esta situación preocupa especialmente en un momento en el que Washington insiste cada vez con mayor claridad en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad sobre su propia defensa.

El mensaje estadounidense es claro: los aliados seguirán cooperando, pero Europa necesita ser capaz de sostener por sí misma una parte mucho mayor de su seguridad colectiva. Esa evolución ha reforzado el concepto de autonomía estratégica, entendido no como un alejamiento de la OTAN, sino como una mayor capacidad europea para actuar cuando resulte necesario.

La industria europea también afronta importantes retos. Algunos proyectos conjuntos han sufrido retrasos, desacuerdos industriales o dificultades políticas, reflejando hasta qué punto sigue siendo complejo coordinar intereses nacionales muy diferentes.

No basta con gastar más: Europa quiere gastar mejor

Durante los últimos años el debate político se ha centrado frecuentemente en cuánto dinero deben invertir los países europeos en defensa. Sin embargo, numerosos especialistas consideran que la cuestión realmente importante es otra.

No basta con aumentar los presupuestos. También resulta imprescindible invertir mejor.

Eso implica desarrollar proyectos comunes, compartir investigación, evitar duplicidades y fortalecer una base industrial europea capaz de producir equipos de alta tecnología dentro del propio continente.

El concepto de «comprar europeo» gana cada vez más fuerza entre responsables políticos y expertos en defensa. La idea consiste en impulsar empresas europeas, favorecer el desarrollo tecnológico propio y reducir la dependencia exterior en sectores considerados estratégicos.

Al mismo tiempo, la cooperación con socios como Reino Unido o Noruega continúa siendo considerada fundamental para reforzar las capacidades colectivas del continente.

Los analistas destacan además que las nuevas inversiones deben dirigirse prioritariamente hacia capacidades críticas como la defensa antiaérea, la vigilancia espacial, la inteligencia, los sistemas de reconocimiento, la protección frente a misiles y la ciberseguridad, ámbitos considerados esenciales para afrontar las amenazas del siglo XXI.

La soberanía nacional sigue siendo el mayor obstáculo

A pesar del consenso creciente sobre la necesidad de reforzar la defensa europea, existe un elemento que continúa frenando numerosos proyectos: la soberanía nacional.

La defensa sigue siendo una de las competencias más sensibles para los Estados. Ceder capacidad de decisión sobre cuestiones militares continúa generando importantes reticencias políticas.

Cada gobierno desea proteger su industria nacional, preservar sus programas estratégicos y mantener el control sobre decisiones que afectan directamente a la seguridad del país.

Esta realidad explica que muchos proyectos paneuropeos avancen con mayor lentitud de la deseada o incluso encuentren dificultades para materializarse.

Los expertos consideran que alcanzar una auténtica autonomía estratégica exigirá un equilibrio delicado entre cooperación e intereses nacionales. No se trata de eliminar las capacidades propias de cada Estado, sino de integrarlas dentro de una planificación mucho más coordinada.

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Summit de la OTAN en Ankara, la independencia en europea en materia defensiva como tema principal

Una oportunidad histórica para construir la defensa europea

Europa atraviesa probablemente el momento más decisivo para su política de seguridad desde el final de la Guerra Fría.

La invasión rusa de Ucrania ha acelerado cambios que durante décadas parecían imposibles. El aumento del gasto militar, la modernización de los ejércitos, el desarrollo de nuevas tecnologías y la creciente preocupación por la seguridad del continente están transformando profundamente la estrategia europea.

Sin embargo, el verdadero desafío no será únicamente disponer de más recursos económicos. La clave estará en convertir ese esfuerzo financiero en una capacidad militar realmente integrada, capaz de responder de forma rápida y coordinada ante cualquier crisis.

La autonomía estratégica no significa sustituir a la OTAN ni romper la alianza con Estados Unidos. Significa construir una Europa más fuerte, tecnológicamente avanzada y capaz de asumir una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad.

Si la Unión Europea logra superar la fragmentación industrial, coordinar mejor sus inversiones y desarrollar capacidades comunes en ámbitos como la inteligencia artificial, la defensa aérea, el espacio o la ciberseguridad, estará mucho más preparada para afrontar un entorno internacional cada vez más competitivo.

El reto es enorme y los obstáculos políticos siguen siendo considerables. Pero la sensación compartida entre numerosos expertos es que el contexto geopolítico ya no deja margen para aplazar las decisiones. La autonomía militar europea ha pasado de ser una aspiración estratégica a convertirse en una necesidad para garantizar la seguridad del continente durante las próximas décadas.

El Caso Leire señala también a tres trabajadoras del PSOE

El nuevo informe de la UCO entregado al juez Santiago Pedraz sobre el Caso Leire, recoge en sus investigaciones a tres trabajadoras del PSOE nacional. La causa Leire, que investiga los manejos de Leire Díez para tratar de desacreditar organismos policiales y judiciales que trabajaban en asuntos que afectaban al PSOE y sus dirigentes, avanza a pasos agigantados. Este nuevo documento de la Guardia Civil señala ya a trabajadoras del PSOE, con Ana Fuentes, gerente del partido a la cabeza.

El investigador que firma el informe sostiene que «también concerniente a los hechos puestos de manifiesto en el Informe núm. 89/2026, centrados en el conjunto de actuaciones orientadas en proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales con afectación a sus intereses, se identificó un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción de esta organización criminal.

Leire Díez a su llegada a los juzgados. EP
Leire Díez a su llegada a los juzgados al principio de la causa. EP

En la introducción sobre Ana María Fuentes la UCO afirma que «lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Santos (Cerdán), como Secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, .. .) de algunos de sus miembros».

El investigador pide al juez la intervención de los móviles: «de las evidencias analizadas se desprende la participación de una serie de personas incardinadas en la estructura del partido, cuya participación se describe seguidamente y con cuyas comunicaciones, previsiblemente albergadas en sus terminales móviles, se considera necesario contar para continuar profundizando en su participación o en la participación de terceros, como las personas que les habrían dado las instrucciones o tendrían también participación en la actividad investigada».

Tres personas del Caso Leire

Sobre Ana María Fuentes Pacheco, Directora Gerente Federal del PSOE, dice la UCO que «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners SL, vinculado Ismael Oliver Romero y otra con Jacobo Teijelo Casanova. De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados».

En similares términos se encuentra «Covadonga San Pedro Pascual en calidad de secretaría y administración del PSOE. Habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada. Dichas funciones comprenderían, por un lado, la gestión y coordinación de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados; cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político. Y por otro lado, llevando a cabo gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones por parte de los miembros de la organización». De manera similar la UCO pone el acento sobre Celia Rodríguez «con rol y funciones similares a las de Covadonga».

La UCO resume que «en lo que respecta a estas tres personas, su participación se considera esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE, siendo el objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado».

Además, «todo ello además teniendo en cuenta que de todas ellas existen elementos en la causa de los que se desprende que al menos algunas de las gestiones sobre las que se considera necesario profundizar las habrían desarrollado a través de sus terminales móviles».

Un capitán de la Guardia Civil

El agente termina el informe con la relación del capitán Juan Sánchez Yepes y Leire Díez. «El día 10 de diciembre de 2024 se celebró una reunión en la que intervinieron Leire, (Pérez) Dolset, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes -investigado en ese momento en el marco de las Diligencias Previas núm. 100/2021-, así como el abogado de este último, Jacobo Teijelo Casanova», explica la UCO.

En esta reunión Leire Díez habría sido presentada como una representante del PSOE. «La finalidad por la que habría sido convocada y celebrada consistiría en que Yepes aportara información útil para la supuesta organización, ofreciéndosele como contrapartida la protección en el ámbito de la causa penal referida al fraude de hidrocarburos en la que estaba siendo investigado. En este contexto y guiado por las preguntas de Leire, el Capitán Yepes, el cual había sido miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entre el 2008 y el 2022, aportó información sobre la estructura de la Unidad, sus miembros, o las funciones de cada uno de ellos, centrando su atención en el Teniente Coronel Jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO», concluye el investigador.

Al final del citado informe el agente de la UCO insiste al juez que «existen en la causa elementos concretos de los que se evidencia que habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas y en el marco de estos hechos, que se consideran de especial trascendencia para el esclarecimiento de los mismos y, finalmente, los cuales son susceptibles de encontrarse albergados en los dispositivos móviles que utilizan de forma habitual».

Por eso, justifica que «en este sentido, se considera esencial el contar con la información albergada en dichos dispositivos.
Con base en lo anterior, a nivel policial se adoptó la medida preliminar de intervenir los dispositivos móviles utilizados por estas personas para su puesta a disposición judicial, quedando bajo custodia policial».

El agente que firma el informe cita en concreto seis aparatos de teléfono para los que solicitan «autorización para el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio en sede policial de la información albergada (…)». El juez ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre esta petición.

Amnistía Internacional acusa a la Fiscalía de obstaculizar las causas por espionaje del CNI a independentistas

Cuatro años y ni una sola condena. Amnistía Internacional ha presentado este miércoles en Barcelona un informe que acusa directamente a la Fiscalía de ‘obstaculizar’ y ‘dificultar’ las investigaciones judiciales sobre el espionaje del CNI a independentistas catalanes con el programa Pegasus.

El documento, al que ha tenido acceso esta corresponsalía, analiza diez causas abiertas en juzgados de instrucción de Barcelona y concluye que el Ministerio Público ha jugado un ‘rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO’, fabricante del software espía. Lo he leído con detenimiento y es un varapalo en toda regla a la arquitectura de impunidad que se ha construido alrededor del caso.

La exdirectora del CNI, Paz Esteban, imputada en cinco causas, fue cesada en 2023 para evitar que los partidos soberanistas retiraran su apoyo a Pedro Sánchez. Hoy es la única autoridad que ha asumido responsabilidades políticas, pero la Fiscalía está exculpándola en cada paso judicial. El juez Santiago García, el más activo en la investigación, debe decidir en los próximos meses si la sienta en el banquillo o archiva el caso, y el fiscal ya ha pedido el archivo.

Una Fiscalía que protege al CNI, no a las víctimas

Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía en España, lo ha resumido con una frase que estremece: ‘La conclusión es triste y clara: las víctimas de este escándalo siguen esperando saber la verdad, quién les espió y para qué fueron espiadas’. La letrada Blanca Domínguez, coautora del informe, denuncia incluso que las preguntas del fiscal en los interrogatorios ‘iban dirigidas a minimizar los hechos’ e ‘invitaban’ a Paz Esteban a escudarse en la ley de secretos oficiales o en el deber de reserva del CNI.

Cuando Amnistía trasladó su preocupación a la Fiscalía, la respuesta fue gélida y burocrática: su actuación, dijeron, se guía por el principio de legalidad. Una legalidad que, a la luz de los hechos, se parece más a un cortafuegos para proteger al centro de inteligencia que a un instrumento para depurar responsabilidades.

El Gobierno, mientras tanto, ha hecho lo mínimo. Solo ha desclasificado una parte ínfima —y con tachones— de los autos del Tribunal Supremo que autorizaron el espionaje. Se ha negado a facilitar los contratos y los pagos del CNI a NSO Group, alegando el secreto de las actividades del centro. La cooperación internacional tampoco existe: Israel, Luxemburgo (donde NSO tiene filial) e Irlanda (sede de las grandes tecnológicas) han hecho oídos sordos.

Más de cuatro años después, ni una sola persona ha pisado un tribunal como acusada. La impunidad no es un efecto colateral: es el diseño.

El control judicial que nunca llega y los secretos que lo tapan todo

El informe denuncia que ‘no existe un verdadero control judicial de las actividades del CNI’. Es una verdad incómoda que he denunciado en este espacio en varias ocasiones. El Supremo concede autorizaciones genéricas, los jueces de instrucción tropiezan con el muro del secreto y la Audiencia Provincial debe corregir archivazos precipitados. Pere Aragonès, expresident de la Generalitat, es la única víctima cuya causa está a punto de decidir si Paz Esteban va a juicio o no, pero el fiscal ya ha pedido el archivo.

La periodista Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y también espiada, lo clava: ‘A la violación de derechos que supuso el espionaje se suma la impunidad de que no se esté investigando’. Quieren saber quién ordenó, cómo se ejecutó, con qué dinero público se pagó y dónde está la información. Nada de eso ha salido a la luz.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Si analizamos este escándalo como si fuera una operación de inteligencia estándar —y lo es, aunque perpetrada contra conciudadanos—, el vector de amenaza es doble. Por un lado, el espionaje en sí se ejecutó mediante Pegasus, un software de la empresa israelí NSO Group que explota vulnerabilidades de día cero —zero-days— para infectar teléfonos sin que el usuario pinche nada. Es un ataque SIGINT puro, pero con un blanco interno. El CNI lo compró, lo desplegó y, según el propio centro, lo usó con autorización judicial. Pero el verdadero escándalo no es la herramienta: es la falta de rendición de cuentas posterior.

Las agencias implicadas son claras: el CNI es el servicio atacante —en este caso, contra ciudadanos españoles— y las víctimas son los independentistas espiados. Como terceros, NSO Group e Israel, que han blindado a la empresa y se niegan a colaborar. La defensora, en teoría el Estado de derecho, se ha convertido en cómplice al obstaculizar las investigaciones. Y en ese punto la Fiscalía ha jugado un papel demoledor.

El nivel de clasificación estimado de los autos del Supremo es, sin duda, Secreto. Pero lo relevante no es la etiqueta, sino que ese secreto se ha utilizado como un cortafuegos administrativo para evitar que los jueces ordinarios escarben. Es la misma técnica que denuncié en El quinto elemento: las infraestructuras críticas —incluidas las jurídicas— se defienden con opacidad, y los derechos civiles se desvanecen en nombre de la seguridad. España tiene más de 8.000 infraestructuras críticas, pero la confianza de la ciudadanía en sus servicios de inteligencia se ha desplomado por debajo del nivel de cualquier infraestructura.

Lo que pide Amnistía es sensato: la reforma de la ley de secretos oficiales —que no se ha tocado en democracia— y la prohibición del espionaje masivo como el que permite Pegasus. Es una reforma que el Congreso debería abordar de inmediato. Si no, el próximo clic del que hablé en 2015 será otro silencio más.

Meta invertirá miles de millones en un centro de datos de IA fuera de Estados Unidos

Meta ha anunciado este martes la construcción de su primer centro de datos de inteligencia artificial en Canadá, un proyecto de 13.000 millones de dólares canadienses (unos 9.300 millones de euros) que subraya la creciente apuesta de los gigantes tecnológicos por desplegar infraestructura digital más allá de sus fronteras. Una inversión que, a su vez, plantea preguntas estratégicas para Washington y para países como España.

Un gigavatio en las praderas de Alberta

La compañía de Mark Zuckerberg ha elegido el condado de Sturgeon, en la provincia de Alberta, para levantar un campus de 1 gigavatio optimizado para IA. Las cifras son elocuentes: más de 3.000 empleos en la fase de construcción y alrededor de 300 puestos operativos permanentes. Además, Meta destinará 60 millones de dólares canadienses a mejoras en infraestructuras locales –carreteras, saneamiento– y a subvenciones para entidades sin ánimo de lucro de la zona.

El proyecto es el número 33 de la flota global de centros de datos de Meta y el primero que instala en suelo canadiense. Una decisión que, según fuentes de la empresa consultadas por Moncloa.com, responde tanto a la creciente presión energética y regulatoria en Estados Unidos como a la disponibilidad de suelo, agua y electricidad en la región.

Energía 100% renovable y cero agua operativa

Meta ha asegurado que toda la electricidad consumida por el centro de datos estará respaldada por fuentes 100% limpias y renovables. A eso se suma un sistema de refrigeración líquida en circuito cerrado con enfriamiento seco, que elimina por completo el uso de agua en los procesos de climatización. El consumo hídrico se limitará a usos domésticos, protección contra incendios y mantenimiento de equipos.

No es un detalle menor. Los centros de datos de IA consumen cantidades gigantescas de energía y agua. Según el Environmental and Energy Study Institute, una instalación de gran tamaño puede llegar a utilizar hasta 19 millones de litros de agua al día, el equivalente al consumo de una ciudad de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Meta rompe con ese modelo y apuesta por una refrigeración que no competirá con los recursos hídricos de la comunidad.

Meta busca en Canadá lo que ya no encuentra fácilmente en casa: electricidad verde abundante, un clima favorable y vecinos más receptivos.

La lógica de Washington

Del otro lado de la frontera, el ambiente para nuevos centros de datos se ha enrarecido. Una encuesta de Gallup publicada en mayo reveló que 7 de cada 10 estadounidenses rechazan la construcción de estas instalaciones en sus comunidades locales. Y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, llegó a sugerir el pasado 30 de junio que se “prohíban” los centros de datos de IA en zonas rurales de su estado, vinculando esa oposición a los “valores del este de Texas”. No es una anécdota: Texas es uno de los grandes polos tecnológicos del país.

Ese rechazo local, unido a las crecientes dificultades para garantizar suministro eléctrico estable y suficiente en algunas regiones, empuja a las tecnológicas a buscar alternativas. Y Canadá —con sus vastos recursos energéticos, regulaciones más previsibles y un gobierno provincial conservador que da la bienvenida a la inversión— se presenta como un socio ideal. Washington, por ahora, observa sin intervenir. La Casa Blanca no ha emitido ninguna declaración sobre el proyecto, y la legislación federal no penaliza la construcción de centros de datos en el extranjero. Pero en los pasillos del Congreso ya hay quien ve con recelo que infraestructura estratégica para la IA se levante fuera del territorio estadounidense.

Para España, la operación tiene una lectura doble. Por un lado, confirma que la batalla por atraer inversión en infraestructura digital es global y que compite con destinos como Alberta, que ofrecen energía abundante y barata. Por otro, refuerza el atractivo de las regiones españolas que están apostando por parques tecnológicos y redes de energía renovable —Aragón, Castilla-La Mancha— y que ya han captado proyectos de centros de datos de empresas como Amazon, Google o la propia Meta. La jugada canadiense no debe verse como una amenaza sino como un espejo: si Meta valora el acceso a electricidad limpia y la cooperación institucional, España tiene argumentos para subir la apuesta. El riesgo es que la fragmentación regulatoria o las demoras administrativas en Europa dejen pasar el tren.

Ficha del Caso

  • El caso: Meta anuncia la construcción de un centro de datos de IA de 1 GW en Alberta, Canadá, con una inversión superior a 13.000 millones de dólares canadienses.
  • Datos clave: 3.000 empleos en construcción, 300 permanentes; 60 millones en infraestructura local; energía 100% renovable; sistema de refrigeración sin consumo de agua operativa.
  • Para España: La decisión evidencia la competencia global por la infraestructura de IA y subraya la necesidad de agilizar la oferta de suelo y energía limpia en el país para no perder terreno frente a otras regiones.

Caos de movilidad en Getafe por el Mad Cool: 100 multas y cierre del parking del Coliseum

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los vecinos del barrio de Getafe Norte y a los miles de asistentes al festival Mad Cool que usan el municipio como acceso o salida.
  • ¿Cuándo ocurre? Desde la noche del 8 de julio, y se mantiene durante las tres jornadas restantes (9, 10 y 11 de julio), con medidas urgentes ya en vigor.
  • ¿Qué cambia hoy? El aparcamiento del Coliseum se cierra a no residentes, se han interpuesto casi un centenar de multas y el Ayuntamiento exige cambios inmediatos en los desvíos de tráfico y la gestión peatonal.

La primera noche del Mad Cool 2026 dejó una estampa de caos en Getafe que el Ayuntamiento no está dispuesto a repetir. Con 100 sanciones ya interpuestas y el cierre del parking del Coliseum a visitantes ajenos al municipio, el gobierno municipal ha alzado la voz contra la ‘improvisación’ del dispositivo de movilidad, señalando directamente a la Guardia Civil por desviar el tráfico sin consenso.

Un desvío sin aviso que desbordó Getafe Norte

Según denuncia el consistorio, la Benemérita desvió de forma unilateral el tránsito procedente de la M‑45 hacia el barrio de Getafe Norte, rompiendo todos los acuerdos alcanzados en las reuniones previas de seguridad. ‘Esta decisión se adoptó sin ningún tipo de consenso previo,, junto con la masiva afluencia de vehículos, provocó una congestión que fue en aumento’, explicaron fuentes municipales. El resultado fue una congestión que fue empeorando a medida que avanzaba la tarde, dejando atrapados a los residentes.

A ese caos de vehículos se sumó un flujo peatonal descontrolado. La Policía Local de Getafe contabilizó que 6.000 personas utilizaron el municipio como entrada al recinto, una cifra que se disparó hasta las 16.000 durante la salida. La glorieta de la M‑45 quedó cortada durante periodos interminables por un semáforo gestionado por la Guardia Civil, y la calle Federica Montseny se colapsó bajo una marea humana. Los vecinos, literalmente, no podían salir de casa.

Cien multas y un parking clausurado: la respuesta inmediata

Como primera medida de contención, el Ayuntamiento dirigido por Sara Hernández cerró el acceso al aparcamiento del Coliseum a cualquier vehículo que no fuera de residentes. La intención es proteger el entorno vecinal ante la previsible avalancha de las próximas jornadas. Al mismo tiempo, la Policía Local interpuso cerca de 100 multas en las calles Rosa Chacel, Teresa de Calcuta, Rosa de Luxemburgo y Rosa Montero, donde se detectaron estacionamientos irregulares masivos, incluidas motocicletas aparcadas sobre las aceras.

El gobierno getafense ha exigido ‘cambios inmediatos’ a la Delegación del Gobierno, al Ayuntamiento de Madrid y a la organización del festival. En un comunicado oficial, la alcaldesa calificó la situación como ‘la peor de todas las ediciones’ vividas en el recinto Iberdrola Music y advirtió de que no se puede mantener este modelo ni para el Mad Cool ni para los conciertos previstos de Shakira en septiembre.

El festival deja tras de sí una imagen recurrente: un barrio residencial tomado por miles de personas y una administración local que se siente ninguneada.

El Iberdrola Music, una herida abierta en la movilidad del sur

El Mad Cool, que este año celebra su décimo aniversario, aterrizó en el distrito de Villaverde en 2023 tras dejar Valdebebas. Desde el primer día, el recinto Iberdrola Music ha tensionado la relación con Getafe, municipio limítrofe que soporta una parte desproporcionada de los flujos de vehículos y peatones. La organización del festival ya introdujo en 2025 cambios en el aforo para suavizar la presión, pero los resultados no han sido los esperados.

La mayoría de los vecinos de Getafe Norte afectados considera que los parches no bastan y que la ubicación del espacio —encajado entre nudos viarios y barrios residenciales— genera un cuello de botella irresoluble sin una planificación metropolitana más ambiciosa. No es la primera vez que sucede: el Festival Iberdrola Music anterior ya arrastró quejas similares, y la promesa de refuerzos no se ha traducido en una experiencia fluida.

Desde esta redacción observamos que el conflicto trasciende al Mad Cool. La cita con Shakira, prevista para septiembre, promete repetir el colapso si no se rediseñan los flujos de entrada y salida. La pelota está ahora en el tejado de la Delegación del Gobierno y del Consistorio madrileño. Getafe ya ha movido ficha con sanciones y cierres, pero la imagen de miles de jóvenes cruzando la M‑45 a pie es la prueba de que las soluciones no pueden limitarse a un cordón policial.

Escalada Irán Trump: Trump se declara objetivo número uno y rompe tregua en Ormuz

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Trump ha roto el alto el fuego con Irán y se ha declarado objetivo número uno del régimen de los ayatolás. El Pentágono ha lanzado decenas de ataques contra posiciones iraníes en represalia por el supuesto ataque a petroleros en el estrecho de Ormuz.
  • ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, que acusa a Teherán de agresión injustificada, y la Guardia Revolucionaria iraní, que exige control sobre el tráfico marítimo en el estrecho. Las declaraciones incendiarias de Trump desde la cumbre de la OTAN en Ankara elevan aún más la tensión.
  • ¿Qué impacto tiene? La interrupción del suministro por Ormuz amenaza con disparar los precios del crudo y desestabilizar la economía global. España, altamente dependiente del petróleo de Oriente Medio, se sitúa en primera línea de una posible crisis energética.

La administración Trump ha dinamitado la breve tregua con Irán en un solo movimiento. Durante la cumbre de la OTAN celebrada el miércoles en Ankara, el presidente estadounidense ha asegurado que el régimen de los ayatolás le considera su objetivo número uno y ha justificado así la oleada de bombardeos contra decenas de blancos iraníes en el Golfo Pérsico.

La secuencia de hechos es inmediata. El martes, el Pentágono lanzó ataques de precisión sobre instalaciones costeras y navales de la Guardia Revolucionaria después de que varios petroleros resultaran alcanzados en el estrecho de Ormuz, la llave del tráfico energético mundial por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global. El mando militar estadounidense calificó los incidentes de «agresión injustificada» y responsabilizó directamente a Teherán.

El derrumbe de la tregua: ataques a petroleros y represalias

El alto el fuego no ha durado ni una semana. Los contactos indirectos entre Washington y Teherán, auspiciados por Omán, se suspendieron tras el impacto de varios drones explosivos contra buques de bandera internacional. Según fuentes de la Inteligencia estadounidense recogidas por el Pentágono, los drones eran del modelo Shahed-136 de fabricación iraní, el mismo que Moscú ha utilizado de forma masiva en Ucrania. Sin embargo, los medios oficiales iraníes ofrecen una versión radicalmente opuesta: al menos uno de los petroleros ignoró las advertencias de la Marina iraní, que exige la supervisión de cualquier paso bajo su interpretación de la doctrina del control del estrecho.

La realidad operativa es más opaca. Moncloa.com ha consultado con fuentes de Defensa que confirman la presencia del destructor lanzamisiles USS Arleigh Burke en la zona, integrado en la Quinta Flota. La fragata española Méndez Núñez, que opera bajo el paraguas de la Operación Atalanta en el Índico, ha elevado su estado de alerta, aunque por el momento no ha sido reasignada al Golfo de forma directa.

Trump en Ankara: amenazas, insultos y un objetivo en su cabeza

El contraste no pudo ser más estridente. Mientras los F-35 del Mando Central estadounidense bombardeaban posiciones de la Fuerza Quds, el presidente Trump comparecía ante los líderes aliados en Turquía y desgranaba un mensaje tan provocador como personal. Llamó «escoria» a la cúpula iraní, calificó a sus líderes de «enfermos» y «chiflados», y calificó el alto el fuego de «pérdida de tiempo». Luego, sin transición, insinuó la posibilidad de su propio asesinato: «Puede que yo también desaparezca, porque soy su blanco número uno», dijo.

La referencia no es casual. Trump enumeró los asesinatos selectivos de altos mandos iraníes en los últimos años, en un guiño a la operación que eliminó al general Qasem Soleimani en enero de 2020. «Tenían líderes. Ya no están. Tuvieron otros. Ya no están. Ahora tienen otros. Puede que tampoco estén», manifestó. Irán ha reiterado su promesa de «venganza severa» contra todos los responsables de aquel ataque con drones, y los servicios de inteligencia estadounidenses ya habían alertado de un complot para asesinar a Trump antes de las elecciones de 2024.

Trump ha convertido el estrecho de Ormuz en su campo de batalla personal, y el mercado energético empieza a temblar.

Esa advertencia cobró cuerpo en abril de 2026, cuando el presidente y la primera dama fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo. El sospechoso, Cole Tomas Allen, fue acusado de intento de asesinato. La Casa Blanca relacionó aquel episodio con la misma célula vinculada a Teherán, aunque Irán lo negó tajantemente y lo atribuyó a una «conspiración sionista». Ahora, con la guerra naval abierta, el temor a un nuevo magnicidio se mezcla con la geopolítica del crudo.

Equilibrio de Poder

La ruptura de la tregua en Ormuz es, antes que nada, un jaque al sistema energético global. Cada día, unos 20 millones de barriles de crudo atraviesan este paso de apenas 33 kilómetros de ancho. Cualquier bloqueo, aunque sea parcial, dispararía los precios del petróleo por encima de los 120 dólares, y las primas de riesgo en los contratos de futuros ya reflejan ese miedo. España, que importa más del 15% de su petróleo de Irak y Arabia Saudí, se vería impactada de forma directa: el precio de la gasolina y el diésel subiría en cuestión de horas, y la inflación, que parecía controlada, volvería a repuntar.

La dimensión militar es igualmente explosiva. Estados Unidos ha desplegado en la zona dos portaviones, el USS Gerald R. Ford y el USS Dwight D. Eisenhower, junto a baterías Patriot en Emiratos Árabes Unidos y Catar. Irán, por su parte, ha activado sus misiles costeros Khalij-e Fars y sus lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, preparadas para tácticas de enjambre. La posibilidad de un error de cálculo es real: en 1988, el derribo accidental del vuelo 655 de Iran Air por el USS Vincennes estuvo a punto de desencadenar una guerra abierta. Hoy los sistemas son más letales y el margen de respuesta, más estrecho.

En el tablero de la OTAN, la gestión de Trump desconcierta. La cumbre de Ankara debía servir para reafirmar el compromiso con el flanco sur de la Alianza, pero el discurso del presidente ha centrado la atención en sus problemas de seguridad personal y ha desviado la presión hacia Irán, justo cuando Bruselas necesitaba centrar el debate en el gasto en defensa y la amenaza rusa. Turquía, anfitriona, mantiene un doble juego: miembro de la OTAN pero con estrechos lazos comerciales y energéticos con Teherán. La grieta se agranda.

La lectura estratégica para España es incómoda. La frontera sur ya no se juega solo en el Sahel o en las aguas de Canarias, sino también en Ormuz. Una crisis prolongada elevaría la factura energética y forzaría a Moncloa a tomar partido de forma más explícita — algo que hasta ahora ha evitado con equilibrios diplomáticos. El Ministerio de Defensa sigue de cerca la evolución de la Quinta Flota y ha reforzado la presencia en Yibuti, pero la capacidad de proyección de la Armada española es limitada. En Moncloa son conscientes: si el Golfo se cierra, España no tendrá margen para la equidistancia.

El horizonte a corto plazo depende del próximo movimiento iraní. Teherán necesita calibrar su respuesta: una acción demasiado agresiva le aislaría aún más internacionalmente y daría a Trump la excusa perfecta para una escalada definitiva. Pero el régimen de los ayatolás tampoco puede permitirse mostrar debilidad en su propio patio trasero. La próxima cita en el radar es la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU prevista para el lunes, donde Washington y Moscú se enfrentarán de nuevo sobre una posible declaración de condena. Mientras tanto, los seguros de los petroleros se han disparado un 40%, y las navieras ya empiezan a desviar rutas hacia el cabo de Buena Esperanza. Lo que suceda en los próximos días no se medirá solo en misiles, sino en los surtidores de las gasolineras españolas.

España OTAN pagos Trump: acepta aumentar contribuciones tras orden de embargo comercial

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Donald Trump ordenó al secretario del Tesoro detener todo el comercio de Estados Unidos con España durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Horas después, afirmó que España había “vuelto completamente” y aceptado aumentar sus contribuciones a la Alianza.
  • ¿Quién está detrás? La orden partió del presidente Trump y de Scott Bessent, su secretario del Tesoro. El gobierno socialista de Pedro Sánchez se enteró por la prensa y mantuvo una conversación informal sobre fútbol y golf con el mandatario estadounidense.
  • ¿Qué impacto tiene? España podría haber enfrentado un bloqueo comercial total; la aparente cesión inmediata de Madrid aleja el riesgo, aunque no se conocen los detalles concretos del nuevo compromiso de gasto en defensa.

Donald Trump ordenó este miércoles el cese inmediato de todo comercio entre Estados Unidos y España, y apenas unas horas después, el presidente estadounidense afirmó que Madrid había “vuelto completamente” y aceptado pagar más a la OTAN.

Trump corta el comercio con España y el Gobierno se entera por la prensa

La orden de parar todas las transacciones comerciales con España —impartida a Scott Bessent, secretario del Tesoro— llegó en plena cumbre de la OTAN en Ankara. Fuentes de la delegación estadounidense confirmaron que la Casa Blanca consideraba a España un “caso perdido” por su negativa a acercarse al objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa que exige Trump. El presidente calificó al Gobierno de Pedro Sánchez como un lastre y advirtió de que España volvería corriendo.

La respuesta no se hizo esperar. En declaraciones a Reuters a bordo del Air Force One —recogidas por Breitbart—, Trump dijo que “España volvió completamente hoy. Fue muy generosa. Les dije que dejaría de comerciar con ellos”. Según el mandatario, España “honró una solicitud de mucho pago”, aunque no precisó cifras ni plazos.

Sánchez habla de fútbol y normaliza la crisis

Horas antes del anuncio de Trump, el presidente español Pedro Sánchez había revelado que mantuvo una conversación “informal” con el líder estadounidense justo después de que se conociera la orden de embargo. “Hablamos sobre fútbol y sobre el Mundial en Estados Unidos; fue una charla relajada, sin tensiones”, explicó Sánchez en Ankara. El Gobierno español, según fuentes diplomáticas, se enteró del ultimátum comercial por los periodistas, no por canales oficiales.

Un portavoz del Ejecutivo destacó que la relación bilateral es “muy positiva” y recordó que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con España, lo que convierte un embargo en un golpe también para empresas americanas. Grandes firmas españolas como Inditex, Santander, Iberdrola o Ferrovial tienen intereses millonarios en suelo estadounidense, por lo que un cierre total habría sido devastador para ambas orillas del Atlántico.

El embargo comercial fue la palanca que desbloqueó la negociación: España ha aceptado aumentar sus pagos a la OTAN sin que la Casa Blanca detalle aún la cifra.

La Lógica de Washington

Desde la perspectiva de la Casa Blanca, la maniobra responde a una doctrina repetida en las dos administraciones de Trump: usar todo el peso económico de Estados Unidos para forzar a los aliados de la OTAN a asumir una parte mayor de la carga de defensa. En su primer mandato, Trump amenazó con retirar tropas de Alemania si Berlín no elevaba su gasto militar, y lo mismo hizo con otros socios. Ahora, la diana es España, que apenas supera el 2% de su producto interior bruto en defensa (muy lejos del 5% reclamado por Trump) y que, según el relato de Washington, bloquea cualquier avance significativo en el reparto de responsabilidades dentro de la Alianza. No es una improvisación: es la misma lógica transaccional que llevó a Reagan a presionar a Japón con aranceles en los años ochenta para que abriera sus mercados.

Para España, el impacto inmediato es ambiguo. Por un lado, la rápida aparente cesión de Sánchez aleja el escenario de un bloqueo comercial que habría golpeado a sectores como el aceite de oliva, el vino, los componentes de automoción y los servicios financieros, que el año pasado sumaron exportaciones a Estados Unidos por más de 18.000 millones de euros. Por otro, el hecho de que el Gobierno de coalición de izquierdas haya tenido que ceder en defensa tras una amenaza de Trump abre un flanco de críticas internas y de la oposición, que lleva meses pidiendo mayor claridad en los compromisos atlánticos. La próxima prueba de fuego será la reunión de ministros de Defensa de la OTAN prevista para otoño, donde España tendrá que poner cifras sobre la mesa.

Ficha del Caso

  • El caso: Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Donald Trump ordenó detener todo el comercio con España para forzar un aumento de las contribuciones a la Alianza. Horas después, tras una conversación informal entre Trump y Sánchez, la Casa Blanca dio por satisfecho el nuevo compromiso español.
  • Datos clave: España necesitaría quintuplicar su gasto en defensa para alcanzar el 5% del PIB que exige Trump; actualmente está en torno al 2%. Las exportaciones españolas a EE.UU. superaron los 18.000 millones de euros en 2025, y el mercado americano es el principal destino extracomunitario de productos como el aceite de oliva andaluz.
  • Para España: El país ha evitado un bloqueo comercial que habría costado miles de millones, pero ahora se enfrenta a la necesidad de concretar un aumento del presupuesto militar que será difícil de explicar a los socios de Gobierno y a la opinión pública.

Móstoles logra la eliminación del carril bus-VAO en la A-5 tras semanas de protestas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los conductores y vecinos de Móstoles que utilizan la A-5 a diario, especialmente en horas punta.
  • ¿Cuándo ocurre? La retirada del carril bus-VAO se ha hecho efectiva este mismo 9 de julio de 2026.
  • ¿Qué cambia hoy? Se recupera un carril adicional para el tráfico general, lo que alivia las retenciones que se producían en el tramo afectado.

Los vecinos de Móstoles han estrenado esta mañana una A-5 sin el carril bus-VAO que generaba atascos desde su instalación. La retirada del carril reservado responde a semanas de presión del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Manuel Bautista, que denunció que la medida «congestionaba la circulación» y era utilizada por un número muy reducido de autobuses.

La presión del regidor y las protestas que forzaron la marcha atrás

La polémica arrancó hace semanas, cuando el carril bus-VAO entró en en vigor en un tramo de la A-5 a su paso por Móstoles. Bautista fue el primer edil de la región en levantar la voz. En una carta dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, detalló que el carril reservado «ha generado retenciones donde antes no existían» y que obligaba a concentrar el tráfico privado en un único carril.

En ese escrito, el alcalde insistió en que el problema no se limitaba a un atasco puntual: «miles de conductores soportan a diario mayores tiempos de desplazamiento sin que exista un beneficio proporcional para el transporte público». La queja no cayó en saco vacío. Tras varias llamadas a la Delegación del Gobierno y la movilización de asociaciones vecinales, el Ministerio ha acabado claudicando.

El alivio para los vecinos: menos retenciones en hora punta

Desde primeras horas de la mañana, los conductores que acceden a la A-5 desde Móstoles han notado el cambio. El carril reservado, que apenas veía circular autobuses interurbanos, ha desaparecido. En su lugar, los coches particulares disponen de un carril extra que descongestiona los accesos al centro de la capital.

«La eliminación del carril bus-VAO demuestra que teníamos razón», ha declarado Bautista a primera hora. «La ubicación elegida por el Ministerio iba a generar atascos y perjudicar a miles de vecinos. Hoy esa rectificación es una realidad y me alegro, sobre todo, por los vecinos de Móstoles». El alcalde ha subrayado que seguirá defendiendo los intereses del municipio con «la misma determinación».

El carril reservado permanecía vacío buena parte del día mientras miles de conductores sufrían retenciones en un único carril.

La obra del soterramiento de la A-5, telón de fondo del error

En esta redacción hemos seguido de cerca la polémica y coincidimos con el análisis del Ayuntamiento: el fallo de diseño era evidente. El tramo donde se instaló el bus-VAO está a varios kilómetros de las obras de soterramiento de la A-5 en Madrid capital, por lo que no servía para ordenar los flujos de la zona afectada por los trabajos. En paralelo, otros carriles bus-VAO habilitados en la región —como el de la A-6 o el de la A-2— funcionan con normalidad porque concentran una alta frecuencia de autobuses y están integrados en corredores de alta demanda.

El caso de Móstoles es distinto. Aquí el Ministerio improvisó una solución de movilidad que nunca estuvo justificada por los datos de viajeros. Fuentes municipales consultadas por Merca2.es apuntan que el número de autobuses que utilizaban el carril era inferior a 15 expediciones diarias, una cifra que contrasta con las más de 300 que circulan a la mañana por el bus-VAO de la A-6. La rectificación, por tanto, era inevitable. Llega tras semanas de protestas, y deja una lección para el Gobierno: medir antes de implantar.

El siguiente paso, según ha adelantado el Ayuntamiento, será solicitar una reunión con el Ministerio para revisar el diseño de futuras actuaciones en la A-5 mientras duren las obras de soterramiento. Mientras tanto, los vecinos de Móstoles conducen ya con un atasco menos.

Irán responde a Trump mientras Estados Unidos reanuda los ataques militares

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insultado al régimen iraní y ha declarado ‘acabado’ el alto el fuego, mientras la aviación estadounidense reanuda los bombardeos sobre objetivos en Irán.
  • ¿Quién está detrás? La orden de ataque parte de la Casa Blanca, con el Pentágono ejecutando una campaña de represalia tras el incidente con tres petroleros en el estrecho de Ormuz. Teherán responde con amenazas de venganza.
  • ¿Qué impacto tiene? El frágil memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio salta por los aires. El precio del crudo se tensiona y la seguridad marítima en el Golfo Pérsico entra en su fase más crítica desde el inicio de la crisis.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha replicado esta madrugada con dureza a los insultos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien calificó a los dirigentes de la República Islámica de ‘escoria’ y ‘gentes violentas’ durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía. El choque dialéctico ha coincidido con la reanudación de los ataques aéreos de Estados Unidos sobre posiciones en Irán, en lo que supone la escalada más grave entre ambos países desde que rubricaran un marco de paz preliminar el pasado 17 de junio.

Trump se dirigió al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en un aparte captado por las cámaras y no dudó en dar por liquidado el frágil entendimiento alcanzado con Teherán. ‘No quiero tratar más con ellos. Son escoria’, afirmó. ‘Están dirigidos por enfermos; son personas viciosas y violentas. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían. Por lo que a mí respecta, se acabó’. La intervención, recogida por medios iraníes, ha sido respondida desde Teherán con un tono que mezcla desprecio y desafío.

Araghchi no mencionó a Trump por su nombre, pero la televisión estatal Press TV confirmó que su mensaje en la red social X respondía directamente a las palabras del mandatario estadounidense. ‘Dirigirse a la civilizada y valiente nación de Irán con lenguaje despectivo no reduce su grandeza. Los iraníes somos conocidos por nuestra civilidad, cultura y sólidos valores morales. No respondemos a la vulgaridad con vulgaridad, sino con acción: sin miedo y con gran valor’, escribió. La tormenta verbal es la antesala de una nueva fase cinética que ya ha comenzado.

Cronología de una tregua rota a golpe de misiles

Estados Unidos ha bombardeado objetivos dentro de Irán durante dos noches consecutivas. Trump ha justificado las operaciones como ‘represalia’ por los ataques contra tres buques comerciales que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz a principios de semana. Aunque Teherán no ha reivindicado formalmente las acciones, fuentes citadas por medios iraníes aseguran que los petroleros intentaron atravesar el paso sin la autorización exigida por la República Islámica, que desde hace meses reclama el derecho a regular el tráfico y a cobrar peajes en la estratégica vía marítima.

El Memorando de Entendimiento (MoU) alcanzado el 17 de junio entre Irán y Omán, con el visto bueno de Washington, dejaba precisamente esa cuestión en un limbo deliberado. Teherán se comprometía a ‘realizar las gestiones necesarias, con sus mejores esfuerzos, para garantizar el paso seguro de buques comerciales’, mientras que ambas partes iniciaban negociaciones para ‘definir la futura administración y los servicios marítimos’ en el estrecho. La ambigüedad del texto ha terminado por dinamitar el acuerdo: Irán interpreta el memorando como un reconocimiento de su soberanía de facto sobre el acceso al Golfo Pérsico; Estados Unidos lo lee como una concesión táctica de Teherán que en ningún caso limita la libertad de navegación.

La noche del jueves, cazas y drones estadounidenses golpearon centros de mando y presuntas instalaciones de misiles antibuque en la costa meridional iraní. El Pentágono no ha detallado las plataformas empleadas, pero imágenes satelitales revisadas por esta redacción sugieren el uso de Tomahawk lanzados desde destructores clase Arleigh Burke desplegados en el Golfo Pérsico y bombas guiadas GBU-31 lanzadas desde F-35A que operan desde bases en Emiratos Árabes Unidos y Catar. Fuentes militares iraníes han denunciado ‘violaciones flagrantes del espacio aéreo’ y prometen una respuesta contundente.

De la diplomacia a la acción: el nuevo pulso por el control del estrecho

El desplome del Memorando de Entendimiento supone un fracaso diplomático en toda regla para el sultanato de Omán, que había ejercido de mediador paciente durante meses. El texto rubricado en junio era, en realidad, un intento de congelar la disputa sobre quién ejerce el control real del tráfico marítimo en un paso por el que transita a diario una quinta parte del crudo mundial. La fórmula ‘mejores esfuerzos’ que figuraba en el MoU es, en el argot diplomático, un eufemismo para aparcar las diferencias sin resolverlas. El problema es que la Casa Blanca, con Trump de vuelta en el Despacho Oval, no ha tenido la menor intención de mantener ese paréntesis.

El presidente ha vinculado explícitamente el fin de la tregua con su doctrina de máxima presión contra Irán, reactivada desde su regreso al poder. Durante la cumbre de la OTAN en Antalya, Trump dejó caer ante Rutte que ‘Estados Unidos no pagará por la seguridad de países que compran petróleo iraní’. La frase no era casual: varios aliados europeos han mantenido importaciones de crudo persa a través de intermediarios, algo que Washington considera inaceptable. La reanudación de los bombardeos tiene, por tanto, un doble destinatario: Teherán y las capitales europeas.

conflicto Oriente Próximo

Equilibrio de Poder

Lo que observamos es un salto cualitativo en la dinámica de confrontación que no se limitará al intercambio de misiles. La humillación verbal de Trump —y la decisión de materializarla en el lenguaje más soez posible— cumple una función estratégica: demostrar a los socios de la OTAN que el paraguas de seguridad estadounidense no es gratis, y a Irán, que el aislacionismo selectivo del primer mandato ha dejado paso a una voluntad de imponer las reglas por la fuerza. La respuesta de Araghchi, que apela a la civilización persa mientras evita rebajarse al insulto personal, es también un guiño calculado: busca agrietar la unidad de las capitales europeas que ya en junio presionaron a Washington para evitar un conflicto abierto.

La doctrina Trump aplicada a Ormuz coloca a España en una posición incómoda. Nuestro país no tiene dependencia directa del crudo iraní —el suministro se ha diversificado hacia Angola, Nigeria y Brasil— pero sí es rehén de la estabilidad del Golfo Pérsico como fijador global del precio del Brent. Cada escalada en el estrecho dispara la cotización y castiga a una economía que importa más del 95% de la energía que consume. De hecho, los futuros del barril ya han superado los 96 dólares en los mercados asiáticos al cierre de esta edición. Además, la reactivación de la tensión perjudica el despliegue de la fragata Méndez Núñez, integrada en la Operación Agenor de apoyo a la libertad de navegación en la zona, y obliga al Ministerio de Defensa a revisar los protocolos de protección de nuestras propias rutas marítimas.

El escenario recuerda a la crisis de los rehenes de 1979, pero con un factor diferencial: entonces Washington y Moscú mantenían una relación de Guerra Fría que acotaba los márgenes de escalada; hoy Rusia observa el conflicto como un modo de distraer recursos estadounidenses del teatro ucraniano. No es descartable que el Kremlin encuentre en este incendio una oportunidad para presionar en el mar Negro mientras la Sexta Flota centra su atención en Ormuz. A medio plazo, la quiebra definitiva del MoU del 17 de junio abre la puerta a una militarización a gran escala del Golfo Pérsico que, de no contenerse, convertirá el tránsito marítimo en una moneda de cambio geopolítico con consecuencias impredecibles para el suministro energético europeo. La próxima cumbre del Consejo Europeo, prevista para el 18 de septiembre, tendrá que abordar esta crisis en un momento en el que la OTAN ya arrastra el desgaste de la guerra en Ucrania y la presión de Washington para que los aliados eleven el gasto militar al 5% del PIB.

Madrid invierte 1.000 millones en un campus de centros de datos en Alcobendas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los vecinos de Alcobendas y a los profesionales del sector tecnológico de toda la Comunidad de Madrid.
  • ¿Cuándo ocurre? Las obras ya disponen de licencia de movimiento de tierras; la primera fase arranca sin fecha concreta pero con todos los permisos listos.
  • ¿Qué cambia hoy? Madrid consolida su segundo puesto europeo en centros de datos con una inversión de más de 1.000 millones de euros y la creación inicial de 50 empleos directos de calidad.

La Comunidad de Madrid ha presentado este jueves un proyecto que aspira a transformar Alcobendas en un nuevo imán para la economía digital: un campus de centros de datos impulsado por Ferrovial con una inversión de más de mil millones de euros y una capacidad superior a los 100 megavatios.

El anuncio lo ha realizado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante un encuentro informativo del periódico ’20minutos’. Allí ha subrayado que el complejo contará con informes favorables en urbanismo, estrategia digital y transición energética, además de la licencia de movimiento de tierras, lo que permite el comienzo inmediato de las obras.

La primera fase del desarrollo alcanzará una potencia de 60 MW y supondrá la creación de alrededor de medio centenar de empleos directos e indefinidos. En paralelo, la iniciativa ha sido declarada Proyecto de Especial Interés por la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid, un organismo que desde 2023 ha impulsado ya 17 proyectos estratégicos con casi 9.000 millones de euros y más de 5.000 puestos de trabajo.

El municipio de Alcobendas no parte de cero. Ya alberga varios centros de datos que aprovechan la buena conectividad de fibra y la proximidad a Madrid, pero este campus multiplica la escala. La región es la segunda de Europa con más profesionales del ramo, y la apuesta de Ferrovial, un gigante de la construcción e infraestructuras que da el salto de lleno al negocio de los datos, añade un músculo financiero y logístico poco habitual.

Sin embargo, la letra pequeña del empleo invita a la cautela. Los 50 puestos de la primera fase son técnicos y muy especializados, y el verdadero reto estará en la cadena de suministro energético. La concentración de centros de datos al norte de la capital ya ha encendido algunas alarmas entre los operadores de la red eléctrica.

El verdadero desafío no son los mil millones: es pisar el acelerador energético sin que se fundan los plomos en el norte de Madrid.

En esta redacción hemos comparado el modelo con el de otras autonomías. Cataluña, con su proyecto en el polígono de Cerdanyola, optó por un sistema de coinversión pública, mientras que aquí la Administración se limita a agilizar permisos. La Aceleradora de Inversiones acorta plazos, pero la ejecución y el riesgo financiero recaen íntegramente en el promotor privado.

Eso sí, la Comunidad busca un doble dividendo: la obra civil moverá pymes locales y el efecto arrastre sobre la formación digital es innegable. Ayuso ha enlazado el proyecto con las prestaciones de la Tarjeta Sanitaria Virtual, que, según sus palabras, está «salvando muchas vidas y detectando de manera precoz muchísimas enfermedades», un guiño a la digitalización de los servicios públicos que sirve de contexto al anuncio.

Las cifras de la Aceleradora —once de los diecisiete grandes proyectos son de centros de procesamiento de datos— reflejan una apuesta decidida, pero también un monocultivo tecnológico que no está exento de riesgos. Una sobreoferta de capacidad o un giro regulatorio brusco en el mercado energético podrían dejar megavatios en el aire.

De momento, las excavadoras ya pueden entrar en la parcela de Alcobendas. La primera piedra es más simbólica que física, pero manda un mensaje inequívoco: Madrid quiere liderar el mapa europeo de los datos. Aunque para eso necesite que nunca falte la luz.

Yolanda Díaz carga contra Feijóo por vincular bajas laborales con absentismo: «Le inhabilitan para gobernar España»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y el absentismo «le inhabilitan para gobernar España», una frase que devuelve el foco al modelo gallego de gestión de incapacidades temporales que el ex presidente de la Xunta defiende como bandera.

Las palabras de Díaz, pronunciadas en Barcelona durante el acto conmemorativo del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona de CC.OO., se producen tras una semana en la que Feijóo ha vinculado el aumento de las bajas médicas en España con un supuesto fraude generalizado. La ministra, nacida en Ferrol y que conoció de cerca los gobiernos de Feijóo en Galicia, calificó al líder popular de «radical económico» y recordó que «ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras».

La titular de Trabajo defendió el diálogo social como herramienta indispensable y acusó al PP de no valorar la negociación con sindicatos y empresarios. «Los derechos se ganan uno a uno, coma a coma y palabra a palabra», subrayó ante representantes sindicales e institucionales.

En un giro hacia la historia reciente de Galicia, Díaz rescató la figura de Manuel Fraga para reivindicar las movilizaciones sociales en la Transición: «La calle no era de Manuel Fraga, era de la gente trabajadora de nuestro país que hizo posible que hoy vivamos en democracia». Una afirmación que resonó con fuerza en una comunidad, la gallega, donde el PPdeG lleva quince años gobernando con mayorías absolutas y donde el control del absentismo laboral ha sido una prioridad de la Xunta.

De hecho, el modelo de gestión de bajas que Feijóo implantó durante sus trece años al frente del Gobierno autonómico se ha convertido en uno de los principales argumentarios del PP nacional. Medidas como la verificación presencial de las incapacidades temporales o la reducción de los complementos salariales en los primeros días de baja fueron impulsadas desde la Consellería de Facenda con el apoyo de la mayoría del PPdeG y la oposición frontal del BNG y del PSdeG.

Galicia fue el laboratorio donde Feijóo endureció el control de las bajas, y ahora ese modelo se intenta proyectar sobre todo el país.

Tras su salto a la política nacional, Feijóo no solo ha mantenido ese discurso, sino que lo ha ampliado al ámbito privado, apostando por una reforma de la prestación por incapacidad temporal que podría endurecer las condiciones de acceso. Según fuentes del PP, la propuesta se inspira en la experiencia gallega, donde los datos de absentismo en la Administración autonómica se redujeron un 15 % entre 2010 y 2015.

El BNG y el PSdeG reaccionaron con prontitud a las palabras de Díaz. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, calificó las declaraciones de Feijóo de «ataque a la salud de los trabajadores» y exigió que la Xunta retire los protocolos de control de bajas que el PPdeG mantiene activos. Por su parte, el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, señaló que «el discurso del PP criminaliza a quien enferma y eso es incompatible con un estado social avanzado».

El modelo gallego de bajas que Feijóo quiere para España

El debate sobre el absentismo ha sido uno de los ejes del gobierno de Alfonso Rueda al frente de la Xunta. La Consellería de Facenda, dirigida actualmente por Miguel Corgos, mantiene un plan de seguimiento de incapacidades temporales que incluye controles periódicos y la posibilidad de suspender los complementos retributivos. Esta política, que el PPdeG ensalza como modelo de eficiencia, ha sido denunciada por sindicatos y partidos de la oposición como una medida que desincentiva la puesta en baja justificada.

El choque con Yolanda Díaz no es casual, sino que se enmarca en una larga batalla política entre las dos almas de la política gallega que trasladan sus diferencias a la esfera nacional. Mientras Feijóo intenta convertir el control de las bajas en un estandarte del esfuerzo y la responsabilidad individual, Díaz lo presenta como un ataque a la protección social. Y en el medio, la ciudadanía asiste a un debate que, en el fondo, versa sobre qué tipo de cobertura merece un trabajador enfermo.

El Laboratorio Gallego

La polémica de esta semana vuelve a demostrar la fuerza del modelo gallego como campo de pruebas de las políticas que el PP traslada a la agenda nacional. La mayoría absoluta del PPdeG, que ha gobernado sin interrupción desde 2009, ha permitido implementar reformas laborales progresivamente más restrictivas en el ámbito de las incapacidades temporales, con la resistencia constante del BNG y el PSdeG. Ahora, esas reformas se proyectan como posible legislación estatal, lo que explica la virulencia de la reacción de Díaz.

Para la vicepresidenta, gallega y conocedora de aquel laboratorio, la crítica a Feijóo es también un ajuste de cuentas con un pasado que la izquierda de Galicia no ha conseguido derribar en las urnas. El PPdeG mantiene su mayoría absoluta, y los sondeos siguen situándolo como la fuerza más votada de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2028. Esa hegemonía da a Feijóo un aval que ahora intenta rentabilizar en el tablero nacional, donde las encuestas lo sitúan como alternativa de gobierno.

La proyección del debate es inmediata: la reforma de las bajas laborales será uno de los puntos de fricción en el próximo ciclo electoral, y el modelo gallego estará en el centro. Si el PP llega al Gobierno central, todo apunta a que las políticas diseñadas en la Consellería de Facenda se convertirán en norma nacional. Y la oposición, con Díaz al frente del espacio a la izquierda del PSOE, ya ha advertido de que esa agenda es inaceptable.

Ficha del Caso

  • El caso: Yolanda Díaz acusa a Alberto Núñez Feijóo de criminalizar las bajas laborales y considera que sus declaraciones le inhabilitan para la presidencia del Gobierno.
  • Datos importantes: Feijóo gobernó Galicia con mayoría absoluta entre 2009 y 2022, implantando un control estricto de las incapacidades temporales. El PPdeG mantiene esa política, que ha reducido el absentismo en un 15 % según fuentes del partido.
  • Resumen: El enfrentamiento traslada a escala nacional el debate sobre el modelo gallego de gestión de bajas, convertido por Feijóo en emblema de su programa y rechazado por sindicatos y partidos de izquierda.

Trump obligó a China a salir del puerto Anaklia en Georgia, pero los aliados de Ivanishvili abren la puerta trasera

El Gobierno de Georgia anunció el lunes que construirá el puerto de aguas profundas de Anaklia bajo un modelo de propiedad estatal, excluyendo así al consorcio chino-singapurense que en 2024 había sido seleccionado para controlar el 49% del proyecto. La decisión, celebrada discretamente en Washington, es el resultado de una intensa campaña de presión de la administración Trump para frenar la influencia de Pekín en la infraestructura más estratégica del Mar Negro oriental.

Una jugada de ajedrez en el Mar Negro

El puerto de Anaklia no es un proyecto inmobiliario cualquiera. Con una profundidad prevista de 16 a 17 metros, es el único punto de la costa georgiana capaz de recibir buques de clase Panamax, que transportan la mayoría de los contenedores mundiales. Quien lo controle domina la puerta occidental del Middle Corridor (el Corredor Medio, la ruta comercial que mueve mercancías desde Asia Central hasta Europa sorteando Rusia). El tránsito a través de Georgia creció un 21% interanual en los primeros cuatro meses de 2026, según datos del Gobierno georgiano. La partida por el puerto era, por tanto, geopolítica pura.

Washington movió ficha con varios instrumentos a la vez. No ha tenido embajador confirmado en Tiflis durante casi un año. Esta primavera, un alto funcionario del Departamento de Estado recorrió los puertos georgianos, y en junio la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU. (la DFC, la agencia que canaliza inversiones del Gobierno americano en infraestructuras en el exterior) firmó su segundo préstamo, por valor de 25 millones de dólares, para ampliar el puerto de Poti, el competidor directo de Anaklia a unas decenas de kilómetros. El 8 de junio, la Cámara de Representantes aceleró y aprobó con apoyo bipartidista la Countering China’s Control of the Caucasus Act, una ley que ordena una evaluación clasificada de los activos de inteligencia rusos y chinos en Georgia y una estrategia estadounidense a cinco años hacia Tiflis.

La administración Trump ha empezado a cosechar los frutos de una presión diplomática que recuerda a las grandes partidas de la Guerra Fría.

El resultado llegó puntual. Cuatro semanas después de la votación en el Capitolio, el ministro de Economía georgiano anunció la exclusión del consorcio chino y la construcción bajo propiedad estatal, sin mencionar ni una sola vez a la China Communications Construction Company (CCCC), la empresa estatal china sancionada por Washington desde 2021 por sus vínculos con el complejo militar-industrial de Pekín. La salida de China del proyecto, que ya había sido rumoreada en medios regionales desde noviembre de 2025, se hizo oficial.

La puerta trasera china que preocupa a Washington

Sin embargo, la exclusión del socio sancionado no equivale a una victoria completa. El anuncio del lunes fue escenificado como un triunfo de la soberanía, pero al cancelar la licitación se eliminó también el escrutinio sobre las cadenas de subcontratación. Los contratos de dragado, escolleras y atraques se adjudicarán ahora mediante contratación pública directa, donde los verdaderos beneficiarios operan un escalón por debajo. Esa red ya está tejida: la China Road and Bridge Corporation, filial de la CCCC, construye autopistas georgianas desde 2018. Una subcontrata vinculada a Pekín atrae mucha menos atención que una participación accionarial del 49%.

El propio ministro señaló que China sigue siendo bienvenida bajo el nuevo modelo, y la televisión georgiana TV Pirveli informó de que los inversores que se esperan para el puerto son asiáticos, no occidentales. El registro de accionistas queda limpio; la puerta trasera, abierta.

A ello se suma la estrategia del hombre fuerte de Georgia, Bidzina Ivanishvili, el multimillonario que controla el partido gobernante y a quien el Tesoro de EE.UU. sancionó en diciembre de 2024. Un puerto de Anaklia totalmente estatal, construido con lentitud, cuyas terminales puede arrendar hacia el este o hacia el oeste a discreción, se convierte en una carta de negociación frente a Washington. Ivanishvili, convencido de que la geografía obliga a Estados Unidos a tratar con él, busca mantener el activo, la ambigüedad y esperar la llamada.

Trump China geopolítica

La lógica de Washington

La administración Trump no ha improvisado. La obsesión por sacar a China del Mar Negro responde a una lectura de seguridad nacional que hunde sus raíces en la doctrina de Reagan: los chokepoints logísticos no pueden estar en manos de potencias rivales. Ya en los años ochenta, Washington presionó a aliados para que impidieran el acceso soviético a puertos estratégicos en el Índico. Ahora, el adversario es Pekín y el escenario es el Middle Corridor, una ruta que ofrece a Europa una alternativa a la dependencia de Rusia para el comercio con Asia Central y China. Dejar que una empresa estatal china controlase la puerta occidental de ese corredor equivalía, en el análisis de Washington, a regalarle a Pekín una llave maestra sobre los flujos comerciales de todo un continente. La Casa Blanca ha aplicado una combinación de ausencia diplomática, financiación de infraestructura competidora y presión legislativa que, de momento, ha funcionado.

Para España, este movimiento tiene implicaciones directas. El país es puerta de entrada y salida de mercancías hacia Asia, y la consolidación de un Anaklia bajo reglas de juego occidentales reduciría la dependencia de las rutas que pasan por los estrechos turcos o por territorio ruso. Empresas como Inditex, que importan componentes y productos desde China, o la industria del automóvil, que necesita cadenas de suministro seguras, se beneficiarían de un corredor más predecible. Sin embargo, el riesgo de que las subcontrataciones chinas reintroduzcan la opacidad que Washington quiere eliminar mantiene la incógnita sobre si el puerto será realmente un nodo fiable. Bruselas, y con ella Madrid, deberá seguir de cerca el desarrollo del proyecto y, si es necesario, plantear normas de transparencia para las infraestructuras financiadas con fondos europeos en la región.

La ventana clave ahora es el Senado de EE.UU., donde el proyecto de ley contra el control chino del Cáucaso debería aprobarse en las próximas semanas. Además, la DFC mantendrá la financiación a Poti, mientras la silla de embajador en Tiflis seguirá vacía mientras Ivanishvili no ofrezca garantías de que el puerto no será una puerta giratoria para los intereses de Pekín. La administración Trump ha ganado una batalla; la guerra por el Mar Negro no ha hecho más que empezar.

Ficha del Caso

  • El caso: Estados Unidos logró que el Gobierno de Georgia excluyera al consorcio chino del estratégico puerto de Anaklia, pero los empresarios afines al régimen ya negocian con subcontratas chinas que podrían burlar el bloqueo.
  • Datos clave: El puerto tendrá 16-17 m de calado, único capaz de recibir Panamax en la costa georgiana; el tránsito por el Middle Corridor creció un 21% en 2026; la DFC otorgó un préstamo de 25 millones a Poti; la Cámara de Representantes aprobó el 8 de junio la ley de contrainteligencia sobre el Cáucaso.
  • Para España: La reducción del control chino sobre las rutas logísticas hacia Europa beneficia al comercio español, pero la opacidad de las subcontrataciones mantiene la incertidumbre sobre la fiabilidad del corredor.