Han pasado catorce años. Aquel doce de febrero de 2005, pasadas las once de la noche, y en la planta 21, el edificio Windsor comenzó a firmar su particular sentencia de muerte. Seis meses después, concluían las tareas de demolición del esqueleto calcinado por un voraz incendio del que, hasta la construcción de la Torre Picasso, era el edificio más alto de la ciudad de Madrid (108 metros).
Reducido a un amasijo de hierros y hormigón, la citada demolición costó a las arcas municipales (el Ayuntamiento de Madrid se hizo cargo de la misma) ni más ni menos que 17 millones de euros. Una cantidad a la que, con el paso de los días (y de los años), se fueron uniendo otras en una cascada de números que incluyó compras, reclamaciones e indemnizaciones, y cuyo montante final se acercó a los 400 millones de euros.
Las llamas se cebaron con el mobiliario de las 1.800 personas que trabajaban en el edificio, más de 1.000 ordenadores, 150 servidores, amén de impresoras, faxes, servicio de telefonía… Atrás quedaban 26 años de historia de un edificio que tardó cuatro años en construirse y cuyo propietario era la familia Reyzábal (Florentino, Julián, Milagros y la esposa de José María Reyzábal, que había fallecido un año antes). Todos ellos unidos bajo el amparo de Ason Inmobiliaria de Arriendos.
Un año antes del incendio, Ason (que contaba con otros negocios) había facturado la cantidad de 19 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, con un beneficio de 1,71 millones. En 2005, dicho beneficio se incrementó un 55%, hasta los 2,66 millones de euros, a pesar de que la facturación había menguado hasta los 9,1 millones de euros.
El valor del edificio Windsor en el momento en que las llamas acabaron por consumirlo era de 72,2 millones de euros. En esa cantidad lo había tasado el entonces conocido como Pool de Grandes Riegos que había nacido gracias a la unión de 13 de las más grandes aseguradoras españolas para hacer frente a los riesgos industriales. Dos años antes, dicho pool había cifrado el valor del inmueble, es decir, el contenido, en 84,2 millones de euros.
¿A qué se debe esa diferencia de 12 millones en tan solo dos años? A los trabajos de mejora que se estaban llevando a cabo en el momento del suceso. ¿Y cuánto dejó de percibir la familia Reyzábal en concepto de alquileres? Doce millones de euros anuales.
LOS INQUILINOS DEL WINDSOR
Quien depositaba en la caja de Ason la mayor parte de esos doce millones de euros era la consultora Deloitte que tenía alquiladas 28 de las 32 plantas del edificio, incluida la número 21, en la que se originó la catástrofe. Deloitte había absorbido en 2002 a Arthur Andersen, que ese año se volatilizó a consecuencia del escándalo Enron.
Deloitte, por aquel entonces, auditaba a la mayoría de empresas del Ibex 35: Acciona, ACS, Altadis, FCC, Amadeus, Banesto, BBVA, Endesa, Gamesa, Iberdrola, Iberia, Metrovacesa, NH Hoteles, Prisa, Repsol, Santander, Sogecable, Telecinco, Telefónica, Telefónica Móviles y Unión Fenosa.
Todas estas compañías podrían haber sufrido los ‘daños colaterales’ del incendio ya que Deloitte, en aquel momento, estaba auditando sus cuentas de cara la presentación de resultados en sus respectivas juntas de accionistas. Sin embargo, no fue así porque había copias de la información facilitada por las empresas.
Todo lo contrario que con la documentación de la auditoría de Arthur Andersen a FG Valores, la firma de bolsa del que posteriormente sería, primero presidente de Argentaria, y después de BBVA: Francisco González. La Fiscalía Anticorrupción estaba investigando la venta a Merril Lynch y justo un día antes del pavoroso incendio había solicitado dichos papeles que se quemaron en la planta 23. Carlos González, entonces presidente de Deloitte, afirmó que no tenían copia, ni física ni informática, porque habían pasado los cinco años a los que obligaba la norma.
Además de la consultora, hubo otra empresa que se llevó los ‘focos mediáticos’: Comparex España. Dicha firma se vio envuelta en la polémica porque estaba ligada al Ministerio de Defensa y se dijo que en su caja fuerte existía documentación clasificada. Comparex reaccionó diciendo que eran contratos, y el ministerio alegó que dicha compañía sólo tenía una certificación de seguridad para contratos con la OTAN, la Unión Europea y Defensa.
¿Más compañías? El bufete Garrigues también tenía presencia en el Windsor así como El Corte Inglés y tiendas y restaurantes en la planta baja. No fueron los únicos damnificados. En los alrededores, más de 140 negocios acabaron asociándose para reclamar las pérdidas que les ocasionó la catástrofe.
Desde febrero hasta agosto, mes en el que concluyó el desmontaje del armazón del inmueble, se establecieron diferentes perímetros de seguridad que redujeron sobremanera la asistencia de clientes. Así, y a modo de ejemplo, los establecimientos de la vecina calle Orense vieron como sus cajas se desinflaban a la mitad.
La asociación que se formó para reclamar las perdidas, compuesta por unos 140 comercios, cifró en 1,2 millones de euros la cuantía de las mismas. Aquellos que reclamaron se puede decir que se quedaron con un sabor agridulce, ya que finalmente la compensación que recibieron se situó entre el 30% y el 40% de lo que habían solicitado.
PÓLIZAS Y ACUERDOS
Propietarios, inquilinos y comerciantes no fueron los únicos afectados por el siniestro. El póquer se completó con las aseguradoras. El edificio Windsor tenía un seguro de daños, firmado por los hermanos Reyzábal con Allianz (60%) y Mapfre (40%), de 80 millones de euros, otros diez millones para la pérdida de alquileres, y otros diez para cubrir la responsabilidad civil. El sector asegurador hizo cábalas y estimó que las reclamaciones entre propietarios e inquilinos estaría por encima de los 200 millones de euros.
Mapfre, a los pocos días, reconoció que el siniestro supondría un impacto en su cuenta de resultados consolidada de diez millones de euros. La aseguradora, a su vez, tenía reasegurado con otras empresas el riesgo.
Una vez archivada la causa penal (el juez estimó que no había indicios de que el fuego hubiera sido intencionado), se abrió la vía civil. Y ahí fue una especie de todos contra todos.
La familia Reyzábal puso en la diana a Deloitte, a la que acusó de provocar el incendio. Deloitte, por su parte, reclamó a El Corte Inglés y a la compañía encargada de la seguridad del edificio en el momento del incendio 37 millones de euros por la actuación negligente de los vigilantes de seguridad y por la falta de medios para extinguir el siniestro del edificio.
¿El Corte Inglés? Sí porque, a finales de 2006, compró Ason, la inmobiliaria de los Reyzábal. Una compra que no sólo incluía el solar donde se levantaba el edificio Windsor sino también el 20% de Torre Picasso (el 80% restante estaba en manos de FCC), 60.000 metros cuadrados de superficie de oficinas, 800 plazas de aparcamientos, el edificio Marbella, locales comerciales en barrios castizos como Chamberí y Salamanca, así como inmuebles residenciales en Vizcaya, Murcia y Castellón. El montante de la operación se cifró en unos 500 millones de euros.
El Corte Inglés no se quedó cruzado de brazos y, a su vez, demandó a Deloitte y Prosegur. ¿Por cuánto? 55 millones de euros. Un suma y sigue de demandas que, en conjunto (once), daban como resultado unas indemnizaciones que sobrepasaban los 230 millones de euros.
Un ‘fuego cruzado’ en el que la única compañía que no disparó fue Prosegur, que decidió no actuar contra nadie. La razón era bien sencilla: no había sufrido perjuicio alguno. Eso sí, el resto de ‘actores’ reclamó contra ella.
Días antes de que tuviera lugar la primera audiencia previa (febrero de 2011), poco más de un lustro después del incendio, El Corte Inglés y Deloitte firmaron la ‘pipa de la paz’. Junto a ellos, el resto de implicados, la gran parte aseguradoras. De no haberse hecho así, el pleito podría haberse alargado alrededor de una década. El documento, firmado en el juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, no recogió en detalle las condiciones del acuerdo.
Han tenido que pasar 14 años para que ese entendimiento finalmente haya visto la luz. Según El Confidencial, Ason aportaba 6,7 millones, Deloitte 23 millones y las empresas de seguridad otros 23 millones. ¿Total? 52,8 millones. En un giro inesperado, y a última hora, las empresas de seguridad y Zurich (su asegurador) se negaron a aportar esos 23 millones acordados. ¿Resultado? La empresa de seguridad perdió los contratos que tenía con El Corte Inglés.
Otras compañías como Securitas aportaron 12,7 millones; Pletacc y Checkpoint, 2,2 millones cada una; Mega 2, dos millones (empresa de Juan Carlos Fernández Cernuda, a la sazón jefe de seguridad de El Corte Inglés, y su socio Domingo Martorell); Segur Ibérica, 1,7 millones; LPM, un millón…
UN ÉXITO PARA EL CORTE INGLÉS
La información, que ha sido aportada por el expolicía y jefe de seguridad de El Corte Inglés en la vista que se sigue contra él por la querella de Dimas Gimeno, expresidente de ECI, también se pone de manifiesto que la parte de Prosegur acabó siendo suscrita por otras empresas a cambio de quedarse con la vigilancia de los centros de El Corte Inglés por un tiempo sin especificar. A Prosegur la sustituyeron las firmas antes mencionadas más Eulen, Loomis y Falcon cuyo desembolso fue de 600.000, 400.000 y 200.000 euros, respectivamente.
El acuerdo fue calificado como un éxito por parte de El Corte Inglés ya que en un primer momento la cifra que tendría que pagar por responsabilidad civil se estimó en 52,2 millones de euros. El montante final se quedó en esos 6,75 millones (que pagó a través de Ason).
Ese mismo año 2011, el edificio Windsor ‘resucitó’ cual Ave Fénix. Eso sí, con otro nombre: Torre Titania. Hoy luce en el mismo solar de 30.000 metros cuadrados de edificabilidad, siete de ellas ocupadas por El Corte Inglés, y el resto por otra consultora: EY. ¿Inversión? 21,6 millones de euros.
Si fue una colilla mal apagada, un cortocircuito o cualquier otra circunstancia la que desencadenó el incendio del edificio Windsor (figuras humanas o fantasmas incluidos), lo cierto es que el fuego desencadenó una riada de dinero que, quien sabe, ha finalizado ya.
