Pérez Llorca niega irregularidades en el Consell y acusa al PSOE de difamar con ‘las cloacas’

Amparo Soler
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Pérez Llorca niega irregularidades en el Consell y acusa al PSOE de difamar con ‘las cloacas’

El president de la Generalitat, Pérez Llorca, niega irregularidades en Finestrat y acusa al PSOE de difamar con «las cloacas».

El dossier de Finestrat y la respuesta del president: «No tengo nada que esconder»

La comparecencia llegó este viernes en el recinto ferial IFA de Alicante, minutos después de que Pérez Llorca diera por inaugurado Alicante Gastronómica. Preguntado por el dossier sobre su persona que el PSPV desveló esta semana, el president de la Generalitat respondió con una palabra: tranquilidad. «No tengo nada que esconder», afirmó el jefe del ejecutivo autonómico y exalcalde de Finestrat.

El president insistió en que su trayectoria pública ha sido «ejemplar» y descartó entrar al detalle de las acusaciones. «Estoy muy tranquilo, que investiguen lo que tengan que investigar», remarcó. Añadió que sigue «centrado en ofrecer una mejora en la calidad de vida a todos los valencianos» y que el Consell, el gobierno de la Generalitat Valenciana, tiene «proyecto de futuro».

Del Congreso a las Corts: el PSOE «no es alternativa» en la Comunitat

PSOE

Pérez Llorca no se quedó en la defensa personal. Enlazó las acusaciones con lo que, a su juicio, ocurre en el Congreso de los Diputados y sostuvo que el PSPV «no tiene proyecto». «Esta semana pasamos ese debate de política general y no hicieron propuesta ninguna, solo difamar, solo insinuar siempre irregularidades, siempre pensando en dossiers, en las cloacas, en informes ‘Leire’», dijo. Y remató: «yo creo que el PSOE no es ya alternativa en la Comunidad Valenciana».

El president aprovechó para entrar en el debate de la vivienda que se celebraba este mismo viernes en la Cámara Baja. A su juicio, «un tema tan grave como la vivienda no se puede resolver en un decreto de urgencia». Y añadió que, después de ocho años de gobierno de la izquierda, «están a la desesperada». Su conclusión fue tajante: «estamos asistiendo al final del ‘sanchismo’ en España».

Pérez Llorca cerró con una petición directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que convoque elecciones generales. «Solo queda una puerta de salida y es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio que afronte los problemas de todos los españoles», afirmó, en lugar de estar «centrados, como está el Partido Socialista, en resistir y aguantar a cualquier precio».

El conflicto no está en un dossier: está en si la política valenciana se decide en las Corts o espera el calendario de Madrid.

Lo cierto es que el episodio deja una foto reconocible: un president que responde a la ofensiva parlamentaria desde una feria gastronómica y que, en la misma intervención, salta de su expediente municipal al decreto de vivienda del Gobierno central. La política valenciana lleva meses mirando a Madrid. Y Madrid, a su vez, mira a Valencia cada vez que se discute el calendario electoral.

El Escenario Valenciano

El Consell de Pérez Llorca sostiene el pacto con Vox que gobierna la Generalitat Valenciana desde diciembre de 2025. El president fue investido por las Corts Valencianes, el parlamento unicameral de 99 escaños, después de la dimisión de Carlos Mazón, hoy expresident y diputado autonómico. Mazón continúa en el foco del proceso judicial de la DANA, un frente que sigue pesando en cada debate de la Cámara. Enfrente, PSPV y Compromís buscan reconstruir una alternativa mientras el PP valenciano ensaya perfil propio en Madrid.

La dimensión nacional del episodio es evidente. El Congreso debatía este mismo viernes el decreto de vivienda del Gobierno, la pieza que el president ha convertido en argumento de campaña. Para el PP, el choque con Pedro Sánchez funciona como cemento interno; para el PSOE, cada acusación valenciana reabre la pregunta sobre qué margen real tiene el Ejecutivo para agotar la legislatura. Un precedente comparable: cuando un president autonómico reclama elecciones generales, el mensaje suele leerse menos como petición institucional y más como apertura de la precampaña.

La proyección inmediata pasa por las Corts Valencianes, donde el PSPV tiene pendiente concretar si el dossier se convierte en iniciativa parlamentaria. A eso se suma el calendario: si el president mantiene su exigencia de urnas, la Comunitat Valenciana quedará atrapada en la precampaña nacional durante los próximos meses. El Consell, mientras tanto, seguirá gobernando con Vox y con la reconstrucción de la DANA como telón de fondo.

Ficha del Caso

  • El caso: El PSPV desvela un dossier sobre la etapa de Pérez Llorca como alcalde de Finestrat; el president responde negando irregularidades y situando el ataque en el marco de «las cloacas».
  • Datos importantes: Declaraciones realizadas el viernes 2 de octubre de 2026 en el recinto IFA de Alicante. Pérez Llorca es president de la Generalitat desde diciembre de 2025; Carlos Mazón, expresident desde noviembre de 2025.
  • Resumen: El president traslada la ofensiva al plano nacional, pide elecciones generales y convierte el decreto de vivienda en arma política contra el Gobierno de Sánchez.

El juicio por enchufismo en el Puerto de Valencia destapa irregularidades en las actas del proceso selectivo

Amparo Soler
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El juicio por enchufismo en el Puerto de Valencia destapa irregularidades en las actas del proceso selectivo

El tercer juicio por presunto enchufismo en el Puerto de Valencia destapa nuevas irregularidades en las actas de una plaza directiva.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La tercera vista por presunto enchufismo en la Autoridad Portuaria de Valencia aflora irregularidades en las actas de un proceso selectivo para una plaza de subdirección.
  • ¿Quién está detrás? La denuncia partió de UGT; declararon como testigos un exdirectivo del puerto, la exjefa de recursos humanos y un extrabajador del Consorcio Valencia 2007.
  • ¿Qué impacto tiene? Los dos primeros juicios siguen pendientes de sentencia y la Fiscalía Anticorrupción investiga una posible subrogación encubierta.

La sesión se celebró este jueves en la plaza 12 de la sección social de la Ciudad de la Justicia de Valencia, y dejó un reguero de testimonios que apuntan a un mismo patrón: procedimientos diseñados a medida. La vista analizó la adjudicación de la subdirección de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Valencia —el organismo público que gestiona el recinto— a M. G., exdirectiva del Consorcio Valencia 2007, la sociedad que organizó la Copa América de vela.

Un tribunal cuestionado y unas bases redactadas en primera persona

El primero en declarar como testigo fue Marcelo Burgos, que fuera director facultativo de las obras de la terminal norte del puerto hasta que fue apartado en junio del pasado año. Burgos se presentó a esa plaza y no se la llevó pese a su dilatada trayectoria. Ante la jueza aseguró que varios miembros del tribunal carecían de preparación para valorar la idoneidad de los cinco candidatos finalistas, él entre ellos.

Su testimonio dejó una frase incómoda para la entidad. «Presenté lo que pedían las bases, en los idiomas acreditaba francés e inglés y no lo tuvieron en cuenta», declaró. Eran diez puntos que podía haber sumado. También subrayó que se nombró al mismo tribunal para los tres procesos denunciados, una coincidencia que, a su juicio, refuerza la sospecha de un diseño previo.

Antes había comparecido la exjefa de recursos humanos de la APV, E. O., que repitió el discurso de las dos vistas anteriores. Según su versión, fue la presidenta del organismo, Mar Chao, quien redactó «en primera persona» las bases, algo que, aseguró, jamás se había dado entre 2017 y 2024. Hasta entonces era ella quien proponía los tribunales; en este caso, «el tribunal se impuso por parte de presidencia».

Lo que el organismo llama proceso selectivo, tres testigos lo describen como un traje hecho a medida.

El tercer testigo, J. L., extrabajador del Consorcio Valencia 2007, llevó el asunto al terreno documental. Dejó por escrito ante notario que las plazas de subdirección de Infraestructuras y de jefatura de gestión económico-financiera se adjudicarían a M. G. y a A. G., y así fue. «Era un traje hecho a medida», declaró convencido: los requisitos restringían el acceso a personas concretas.

La denuncia original partió de UGT, que consideró amañados al menos tres procesos de personal fuera de convenio y los llevó a los tribunales. El primero de los juicios se celebró el pasado 19 de mayo y el segundo, el 15 de septiembre. Ambos siguen pendientes de sentencia.

El informe de Intervención que incomoda al puerto

enchufismo

En la causa sobrevuela un documento que la propia APV intentó apartar. Se trata del informe de la Intervención General del Estado que cuestiona las tres plazas por contener «requisitos, o méritos, que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado». El texto advierte de que así «podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso al empleo público». La jueza aceptó el documento como prueba, pese a la oposición del abogado de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta su propia investigación, nacida de una denuncia de Compromís. La hipótesis que trabaja el ministerio público es la de una subrogación encubierta: un mecanismo para recolocar de forma fraudulenta a empleados del Consorcio Valencia 2007 en la APV y en el Ayuntamiento de València.

El rastro se extiende a otras entidades municipales. Las personas adjudicatarias se presentaron a procesos coincidentes en la Fundació Esportiva Municipal y, al confirmarse su plaza en el puerto, renunciaron al concurso. El fiscal ya ha llamado a declarar a varios implicados y ha reclamado el informe del secretario municipal, que concluye que el consistorio «no debió formalizar el contrato».

El Escenario Valenciano

En clave valenciana, la causa del puerto ha dejado de ser una disputa laboral para convertirse en un test sobre cómo se cubren las plazas de alta dirección en los grandes entes públicos. La Autoridad Portuaria de Valencia es un organismo dependiente de Puertos del Estado, aunque su cúpula se nombra a propuesta de la Generalitat, lo que coloca el asunto en la frontera entre la administración autonómica y la central. El frente judicial llega, además, en un curso político marcado por el desgaste del Consell de Juanfran Pérez Llorca (PP-Vox) y por la resaca de la reconstrucción tras la DANA.

La dimensión nacional del caso es evidente. El informe de la Intervención General del Estado y las reglas de Puertos del Estado sitúan la pelota en el terreno de los principios constitucionales de acceso al empleo público, un marco que compete al conjunto del sistema portuario español. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su investigación abierta y Compromís ha llevado el asunto al debate público, mientras la Abogacía del Estado, en representación de la APV, rechaza las irregularidades señaladas.

Queda por ver el calendario. Los dos primeros juicios esperan sentencia y el tercero acaba de celebrarse. Si los tribunales confirman los indicios que apuntan los testigos, el caso podría reabrir el debate sobre la profesionalización de las cúpulas portuarias en toda España. Por ahora, en Valencia, las actas del proceso selectivo siguen siendo el corazón de la historia.

Ficha del Caso

  • El caso: Tres juicios por presunto enchufismo en procesos selectivos de la Autoridad Portuaria de Valencia, a raíz de una denuncia del sindicato UGT.
  • Datos importantes: El tercer juicio se celebró este jueves en la plaza 12 de la sección social de Valencia; los dos anteriores (19 de mayo y 15 de septiembre) siguen pendientes de sentencia. El informe de la Intervención General del Estado cuestiona las tres plazas.
  • Resumen: Los testigos apuntan a bases redactadas «en primera persona» por la presidencia y a un tribunal sin formación, mientras Anticorrupción investiga una posible subrogación encubierta.

La Policía investiga los premios «Escaparate» de Sevilla por prevaricación y malversación

Luis Miguel Montero
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La Policía investiga los premios «Escaparate» de Sevilla por prevaricación y malversación

La denuncia presentada por el partido político extraparlamentario Iustitia Europa por la organización, financiación y utilización de recursos públicos en los XX Premios Escaparate de Sevilla ha dado un paso judicial relevante: la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza nº 6, ha incoado las Diligencias Previas 2486/2026 por hechos que podrían ser constitutivos de un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación.

El auto, fechado el 29 de septiembre, ordena a la Policía para investigar los hechos. La investigación tiene su origen en la denuncia presentada el 22 de septiembre por Iustitia Europa respecto de las decisiones administrativas, contrataciones, autorizaciones, fondos y recursos públicos relacionados con la gala celebrada el 17 de septiembre en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla.

La actuación denunciada alcanza a administraciones de distinto signo político: el Ayuntamiento de Sevilla y CONTURSA, bajo gobierno municipal del PP; la Junta de Andalucía, incluida la Consejería competente en Turismo; y la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el PSOE.

Entre los extremos puestos en conocimiento del tribunal se encuentran la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes para una gala restringida, la intervención de CONTURSA como organizadora o coorganizadora y la aportación de fondos públicos procedentes de distintas administraciones. Para Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, la resolución demuestra la utilidad de ejercer control judicial sobre cualquier administración con independencia de sus siglas.

«Durante demasiado tiempo, la vieja política del 78 ha actuado como si el patrimonio público perteneciera a los partidos. No es suyo: es de los ciudadanos. Y quien administra dinero, bienes o recursos públicos tiene la obligación de explicar cada decisión y responder ante la Justicia cuando existan indicios que deban investigarse», dice Pardo.

El presidente de Iustitia añade que «Iustitia Europa no mira las siglas. Mira los hechos. El patrimonio público no es patrimonio de PP, PSOE, VOX ni de ningún partido: es de todos los andaluces y españoles». Y concluye que «Iustitia Europa seguirá impulsando las actuaciones legalmente procedentes para que el destino del dinero público y las decisiones de las administraciones puedan ser sometidos al control de los tribunales. Otra España es posible».

Sánchez abre un período de «reflexión» para decidir si convoca elecciones tras caer sus dos decretos de vivienda

Luis Miguel Montero
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Sánchez abre un período de «reflexión» para decidir si convoca elecciones tras caer sus dos decretos de vivienda

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha abierto un periodo de reflexión para decidir si convoca elecciones generales tras decaer sus dos decretos sobre vivienda en una votación en el Congreso de los Diputados. El debate comenzó a las 11 de la mañana y poco más allá 3 de la tarde ya se conocía que la mayoría parlamentaria no apoyaba los decretos ‘maricarmen’ sobre vivienda. Finalmente, Junts votó en contra de sus socios de Gobierno. La política de pactos de Sánchez ha fracasado estrepitosamente en este caso.

El Congreso de los Diputados se blindaba por la mañana ante la votación del viernes, con varias unidades de UIP de Policía Nacional. La mañana con protestas en la calle fue larga y acabó con la decepción de los cientos de manifestantes que regresaron a la Puerta del Sol tras manifestarse a la puerta del Congreso de los Diputados.

Junts hizo la petición a la mesa del Congreso para que retirase los dos decretos, pero Junts sabía, como todos los partidos políticos, que una vez presentado un decreto ley a la Mesa del Congreso no puede ser retirado sin ser votado, siempre y cuando se haya hecho en el plazo legalmente establecido de un mes tras su publicación en el BOE, algo que claramente ha ocurrido pues ambos fueron publicados en el BOE este miércoles y jueves.

Los dos decretos, que no fueron aprobados, se llaman decretos «Maricarmen» por el desalojo de una anciana en el barrio de Retiro de Madrid que movilizó a toda la izquierda en torno al sindicato de Inquilinas a favor de la desahuciada. Posteriormente, cientos de personas iniciaron una acampada en la Puerta del Sol y amenazan con no dejar las movilizaciones hasta que se aprueben los decretos planteados por el Gobierno, en concreto el segundo, cuyas medidas estrellas eran los contratos de alquiler indefinidos y la indemnización de un año a favor del inquilino en caso de rescisión del contrato. Imposible para la mayoría del arco parlamentario.

El principal escollo para el Gobierno siempre fue sacar adelante el primer decreto, puesto que el segundo quedó claro que iba a decaer tras anunciar el PNV su voto en contra. El problema es que Junts no dijo claramente cómo iba a votar al segundo decreto y se reunió a las 9 de la noche del jueves, con lo que hasta por la mañana era toda una incógnita.

El problema para Junts, que durante un siglo ha representado a la burguesía catalana, es que no quería quedar como el «malo» de esta historia, pero que si quería ser fiel a sus bases debe oponerse a estos intentos apresurados de regular el mercado de la vivienda. Además, Junts siente el aliento en la nuca de Aliança Catalana, de Silvia Orriols, que se opone claramente a estos decretos y ya se perfila como firme candidata a ocupar el espacio electoral de Junts y de Puigdemont.

Los dos decretos que tumba Junts

Las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros en el primer decreto incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Asimismo, se alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que va en un segundo real decreto, entre otras cuestiones.

El primero en protestar fue el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que ha visto como los acampados vandalizaban la estatua de la Osa y el madroño que está en la Puerta del Sol. El Gobierno madrileño mantiene que estos dos decretos equivalen a «expropiar», y se pregunta si es durante «dos años» o «de por vida».

Mientras tanto y en previsión de posibles altercados este viernes, la Policía Nacional ya diseñaba contrarreloj un dispositivo de seguridad en su perímetro exterior y las calles aledañas ante la votación del viernes. El Sindicato de Inquilinas ha fijado este día como uno de los momentos más importantes dentro de sus movilizaciones por el derecho a la vivienda, ya que se preveía, como así fue, que a las once de la mañana comenzase el pleno en el que se sometieron a convalidación los citados decretos aprobados por el Gobierno.

El dispositivo previsto se ha puesto en marcha en principio a partir de las diez de la mañana, con restricciones de movimiento en los accesos al Palacio del Congreso y su ampliación tanto por la Carrera de San Jerónimo como por las calles Cedaceros y Zorrilla.

El sindicato de Inquilinas

Mientras tanto, la portavoz del sindicato de Inquilinas tachaba de «vergonzosa» la división de las medidas de vivienda en dos decretos. Valeria Racu, ha criticado que el decreto ‘Maricarmen’ se haya dividido en dos textos y lo ha tachado de vergonzoso. Racu exigía que el decreto salga de una pieza «sin una sola coma cambiada» y que, de lo contrario, el PSOE y Sumar estarían de nuevo jugando a «las campañas políticas» y no lograrían cambiar nada. Su petición es técnicamente imposible de realizar una vez que se ha aprobado la existencia de los dos decretos de esta manera en el Consejo de ministros.

Sumar, socios de gobierno, reivindicaba que las medidas de vivienda aprobadas son una «conquista» para la ciudadanía. Al mismo tiempo, Sumar avanzaba que el PSOE forzó separar en otro decreto la prórroga automática de alquiler y mandaba un mensaje a los socios parlamentarios, como pueden ser Junts y Podemos, del coste que supondría oponerse a la convalidación en el Congreso. Pues Junts hizo caso omiso.

Las posiciones de Junts, Podemos y PNV siempre han sido muy distintas. Podemos avanzó desde el principio que votaría a favor de ambos decretos a petición del sindicato de Inquilinas. PNV anunció que votaría a favor del primero y en contra del segundo, el que amplía indefinidamente los contratos y obliga a indemnizar al inquilino. Por su parte, Junts adelantaba que quizás votara en contra de los dos, lo que haría decaer toda la operación del PSOE y generaría una grave crisis en el Gobierno, como así ha ocurrido.

Buzos indígenas: la mano de obra barata que el Estado deja morir

Candela Suarez
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Buzos indígenas: la mano de obra barata que el Estado deja morir

A cuarenta millas de la costa de la Mosquitia, un compresor viejo echa humo negro sobre la cubierta de madera de una panga. Por una manguera de regar remendada con cinta aislante baja el aire que respira un chaval miskito de veinte años a treinta metros de profundidad. El aire le sabe a gasolina quemada y a óxido, pero no tiene otra opción. Está en el fondo del mar sin reloj para medir el tiempo, sin traje de neopreno y con unas gafas de bucear rajadas, arrancando langostas a mano para que el dueño del barco haga caja.

Si sube a la superficie demasiado rápido para coger aire, las burbujas de gas se le meten en la sangre y le revientan la médula. Eso lo sabe todo el mundo en los muelles de Honduras y Nicaragua, pero nadie detiene los barcos. Los empresarios no gastan en botellas de oxígeno reglamentarias ni en aparatos de seguridad porque les sale mucho más barato sustituir a un buzo lisiado por otro muchacho sin empleo. Las burbujas de nitrógeno dejan paralizados a cientos de jóvenes indígenas cada año, mientras los barcos nodriza siguen llenando sus cámaras frigoríficas de marisco para venderlo en el extranjero sin perder un solo minuto.

El sistema está montado como una trampa de la que es imposible salir. Las mareas duran semanas enteras y el patrón le cobra al buzo la comida, el agua y la gasolina a precios de escándalo antes de tocar tierra. Para pagar esa cuenta y llevar algo de dinero a casa, el pescador tiene que tirarse al agua doce o catorce veces al día sin descansar entre bajada y bajada. Cuando el dolor en las piernas y en la espalda se vuelve insoportable por culpa de la presión, el patrón le ordena tirarse otra vez al fondo marino para calmar el dolor con más agua, una auténtica salvajada que termina de destrozarle los nervios para siempre.

Casi todos los hombres de estas aldeas acaban en una silla de ruedas o arrastrándose por el suelo antes de cumplir los treinta años. La asociación de víctimas calcula que casi el cien por cien de los buzos miskitos tiene secuelas graves en los huesos, los pulmones o el cerebro por culpa del marisco. Los dueños de las flotas pesqueras financian campañas políticas para que la policía marítima jamás revise sus barcos, garantizándose vía libre para seguir faenando con chatarra flotante y tripulaciones que trabajan prácticamente como esclavos.

Políticos que miran hacia otro lado mientras entra dinero

En los despachos de las capitales, los ministros conocen al detalle este drama desde hace décadas, pero no hacen nada. La langosta del Caribe deja millones de dólares en impuestos y divisas gracias a las ventas a Estados Unidos y Europa, y ningún gobierno quiere frenar ese negocio por defender a una minoría indígena que vive aislada en la selva. Los informes de los inspectores de trabajo y las quejas de los médicos rurales se quedan guardados en cajones cerrados con llave, mientras las empresas siguen recibiendo permisos de pesca sin cumplir una sola norma básica de seguridad laboral.

La farsa llegó tan lejos que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir y condenar al Estado hondureño por el caso de los buzos miskitos. Los jueces internacionales dejaron claro que el gobierno no podía lavarse las manos ni echarle la culpa solo a las empresas privadas, porque las autoridades sabían perfectamente que la gente se estaba quedando inválida en el mar y decidieron no mover un dedo. La sentencia internacional confirmó que el Estado fue cómplice directo de los abusos al proteger los intereses económicos de las empresas, dejando a miles de familias indígenas sin médicos, sin medicinas y sin una pensión para sobrevivir.

Tras esa condena de los tribunales internacionales, los políticos prometieron cambiar las cosas, comprar lanchas medicalizadas y prohibir el buceo con manguera para pasar a la pesca con trampas de madera. Pero todo quedó en promesas sobre el papel. A día de hoy, las pocas cámaras hiperbáricas que sirven para salvar a los buzos cuando sufren un accidente están rotas por falta de piezas o pertenecen a clínicas privadas que cobran sumas imposibles para una familia humilde. Si un muchacho se queda paralizado en alta mar, sus parientes tienen que pedir limosna para pagar la gasolina de una avioneta que casi nunca llega a tiempo para salvarlo.

Mientras tanto, la langosta viaja en cajas limpias y congeladas directas a los mejores restaurantes de Nueva York, Miami o Madrid, donde los clientes pagan una fortuna por un plato gourmet sin tener idea de la pesadilla que hay detrás. Los intermediarios y las grandes cadenas de supermercados se limpian las manos diciendo que compran a distribuidores autorizados y que no conocen el origen exacto del producto. Las grandes marcas internacionales se aprovechan de un negocio manchado de sangre para inflar sus ganancias, ignorando que cada kilo de marisco cuesta la salud y la vida de comunidades enteras a las que nadie defiende.

Aduanas rápidas para cobrar y hospitales vacíos para curar

Llama la atención la doble cara del poder público en estas zonas costeras. El Estado dice que no tiene presupuesto para mandar barcos de rescate o inspectores a revisar las lanchas, pero nunca le faltan funcionarios ni ordenadores en los puertos a la hora de cobrar las tasas de aduana a los cargueros que salen repletos de marisco. Para cobrar impuestos y sellar papeles comerciales el gobierno funciona rápido y sin retrasos, pero a la hora de mandar un médico o una ambulancia a una playa indígena, las autoridades se declaran completamente desbordadas.

La trampa se completa en los propios centros de salud de los pueblos costeros. Los médicos locales sufren amenazas continuas por parte de los capataces de los puertos para que no anoten accidentes laborales en los partes de defunción. Cuando un buzo muere asfixiado o con el cuerpo reventado por el nitrógeno, el papel oficial dice que murió por un ataque al corazón o por ahogamiento común. Los certificados médicos falseados impiden que las familias cobren indemnizaciones y dejan a los empresarios libres de culpa, obligando a las mujeres y a los niños a cargar solos con la ruina económica y el cuidado de los enfermos.

Este escándalo no se va a solucionar con discursos bonitos ni con fotos de ministros prometiendo ayudas que nunca llegan a las aldeas. Mientras los países ricos sigan comprando langosta capturada con métodos salvajes y la justicia local tape a los dueños de los barcos, la costa de la Mosquitia seguirá siendo un cementerio de jóvenes olvidados. El negocio del marisco sigue viento en popa en los mercados internacionales, pero su verdadero precio no se paga en dinero, sino con la espalda rota y el silencio forzado de los buzos indígenas.

EE.UU. divide al Indo-Pacífico: señales contradictorias en Auckland y giro de Trump hacia Xi

Alvaro Villar
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EE.UU. divide al Indo-Pacífico: señales contradictorias en Auckland y giro de Trump hacia Xi

El seminario IPAMS reunió en Auckland a 25 ejércitos del Indo-Pacífico mientras EE.UU. y China escenificaban su acercamiento.

La 50ª edición del Indo-Pacific Armies Management Seminar se celebró en la ciudad neozelandesa a finales de septiembre, con un lema que los delegados repitieron panel tras panel: ‘la suma es mayor que las partes: seguridad y disuasión en el Indo-Pacífico’. Cooperación práctica, interoperabilidad y alianzas regionales. Nada nuevo, en apariencia. Salvo que, a la misma hora, la Casa Blanca emitía una señal que apuntaba justo en la dirección contraria.

El ejército como tejido conectivo de la disuasión

El teniente general Joel Vowell, comandante adjunto del Ejército de Estados Unidos en el Pacífico, puso el marco doctrinal: ‘En toda esta región, las fuerzas terrestres son la columna vertebral de la disuasión, la cooperación en seguridad y el tejido conectivo que une a las naciones’. Y añadió una idea que conviene retener: cuando los ejércitos entrenan, se comunican y planifican en conjunto, generan un efecto disuasorio muy superior al que lograría cualquier país en solitario. El general brigadier Hamish Gibbons, jefe adjunto del Ejército neozelandés, insistió en lo mismo desde el otro lado del mostrador: la fuerza colectiva nace de relaciones de confianza y de un compromiso compartido con la seguridad de la región.

El dato geográfico ayuda a dimensionar el asunto. Hablamos de un espacio que cubre más de la mitad de la superficie terrestre y agrupa a 40 naciones. Entre ellas, China. No es un club cerrado ni un tratado con cláusula de defensa mutua: es una red de seminarios, ejercicios y contactos militares que sostiene, sin titulares, buena parte de la arquitectura de seguridad asiática. Y ahí está la paradoja de Auckland.

La disuasión en el Indo-Pacífico se sostiene sobre confianza acumulada durante décadas. Un gesto verbal a Pekín destruye más en una tarde de la que un seminario construye en un año.

La oferta a Pekín que descolocó a los aliados

En paralelo al seminario, el presidente Donald Trump recibió a Xi Jinping en territorio estadounidense. Después, el embajador de EE.UU. en China, David Perdue, reveló un momento que dejó a más de uno con la ceja levantada: Trump había ofrecido vender armamento militar a Pekín. Desde Washington se apresuraron a matizar que no existe ningún plan en marcha en ese sentido. El daño, sin embargo, ya estaba hecho en la conversación pública.

Ryan Hass, del centro de estudios Brookings Institution, lo calificó como una ruptura con una política estadounidense de largo recorrido. Si quedaba alguna ambigüedad sobre si Trump considera a China una amenaza de seguridad, escribió, esta revelación la despeja. Y remachó el argumento con una imagen que resume el problema: una oferta de armas a China resulta desestabilizadora para los socios que están justo en la punta de la lanza china. Es decir, Taipéi, Manila, Tokio, Canberra.

El malestar venía de antes. Trump mantiene congelados paquetes relevantes de venta de armas a Taiwán. El 22 de septiembre, Rupert Hammond-Chambers, presidente del Consejo Empresarial EE.UU.-Taiwán, publicó una carta abierta en la que advirtió del daño que genera ese bloqueo. Su diagnóstico fue tajante: la administración ha metido al zorro en el gallinero y, al telegrafiar sensibilidad hacia la posición china sobre la isla, ha empoderado a Pekín para influir en sus decisiones. La idea de que apaciguar a China rendirá una concesión recíproca es falsa, sostuvo, porque el Partido Comunista Chino rechaza de plano cualquier responsabilidad de cambiar su propio comportamiento agresivo.

No todos los analistas comparten el dramatismo. Drew Thompson, de la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapur, atribuyó el acercamiento entre ambos líderes al gusto de Trump por la pompa y los gestos grandilocuentes. Trump puede decir cosas improvisadas que incomodan a Taipéi y a los aliados, pero eso no alterará la trayectoria de largo plazo de los compromisos de seguridad estadounidenses con la isla, según su lectura. Los comentarios sobre venta de armas, añadió, tampoco moverían unas relaciones entre las dos orillas que siguen lejos del objetivo primordial de Pekín: la unificación pacífica.

Equilibrio de Poder

Lo que observamos es una disonancia que no se resuelve con matices. El Ejército estadounidense construye en Auckland una narrativa de interoperabilidad y confianza con 25 socios, mientras su comandante en jefe ofrece armamento al adversario declarado de esos mismos socios y frena las ventas al aliado más expuesto. La contradicción es el mensaje. Moscú, que sigue con atención cualquier fisura en el eje Washington-Asia, no necesita hacer nada: le basta con que la fisura exista. Y Bruselas, que lleva dos años escuchando que el Indo-Pacífico es la prioridad estratégica de Washington, extrae su propia conclusión silenciosa.

Para España el asunto no es lejano. Buena parte del repliegue de atención estadounidense hacia Asia se financia con la exigencia a Europa de que asuma su propia defensa. Eso significa más carga en el flanco este, más presión sobre el flanco sur —Sahel, Magreb y la relación con Marruecos— y menos margen para que alguien más patrulle el Mediterráneo occidental. Las bases de Rota y Morón siguen siendo nodos logísticos de primer orden para Washington, pero su valor relativo cambia si el centro de gravedad del Pentágono se desplaza al Pacífico.

La lectura a cinco o diez años es incómoda para todos. Si la relación con China se gestiona como una transacción comercial, la arquitectura de alianzas que sostuvo el orden asiático desde 1945 pierde valor de cambio. Y España, como socio de la OTAN en el flanco sur, notará ese desplazamiento en forma de activos que envejecen, capacidades que hay que financiar en solitario y un vecindario —el marroquí, el argelino, el saheliano— donde otros actores, empezando por Pekín y Moscú, amplían presencia sin ruido. El precedente está a la vista: cuando Washington dejó de mirar un tablero, quienes ocuparon su sitio tardaron poco en instalarse.

Queda por ver si Auckland fue un episodio aislado o el último gesto coordinado antes del giro transaccional. El próximo informe del IISS y la revisión presupuestaria de defensa de 2027 en varios países europeos darán la medida real. Lo que hoy sabemos es más modesto y más inquietante: mientras 25 ejércitos discutían cómo disuadir juntos, su principal socio enviaba una factura a Pekín.

Revés para Illa: el Parlament de Cataluña tumba su propuesta estrella de vivienda

Juan Vicente
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Revés para Illa: el Parlament de Cataluña tumba su propuesta estrella de vivienda

El Parlament de Cataluña no ha avalado la propuesta de vivienda de Illa para compartir la propiedad entre mayores de cuarenta años. La abstención de los Comunes ha dejado sin respaldo la medida estrella del president de la Generalitat, mientras Esquerra Republicana ha votado a favor. Un revés parlamentario para el PSC en su principal prioridad de legislatura.

El debate de política general celebrado esta semana en la Cámara catalana dejó, según ha recogido el Diari ARA, dos iniciativas de calado. La primera, un fondo de 25 millones de euros para frenar desahucios en situaciones de vulnerabilidad y evitar casos como el de Maricarmen Abascal. La segunda, un programa por el que la administración se quedaría el 50% de la vivienda de los catalanes mayores de cuarenta años y cedería la propiedad durante cuarenta o cincuenta años. Es esta última la que no ha recibido el aval del Pleno.

La votación llega en una semana en la que la vivienda ha dominado la agenda en todo el Estado. El Gobierno central y las comunidades socialistas han situado el acceso a la vivienda en el centro del debate público, conscientes de que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Qué ha tumbado el Parlament y quién movió la balanza

El resultado no responde a un rechazo frontal. La resolución ha caído porque los Comunes, uno de los dos socios de investidura del Govern, ha optado por la abstención. Esquerra Republicana ha votado a favor. Con esa aritmética, la propuesta se queda sin la mayoría suficiente. Y ahí está la paradoja: uno de los apoyos que sostienen al ejecutivo catalán es el mismo que le ha dejado sin su medida estrella.

El president presentó el paquete como respuesta directa a la crisis habitacional que arrastra Cataluña desde hace años. Compartir la propiedad entre la administración pública y el ciudadano persigue el mismo objetivo que las políticas nacionales de vivienda del Gobierno: ampliar el parque residencial sin depender únicamente de la obra nueva. Una medida social de calado que replica la lógica del escudo que el PSOE viene desplegando en el conjunto del Estado.

Lo que observamos es que el revés no invalida la propuesta, sino que la devuelve a la casilla de salida. Nada impide que el Govern reincorpore la iniciativa por otra vía, negocie con los grupos y vuelva a intentarlo. Cosas del parlamentarismo catalán.

Perder una votación no equivale a perder el rumbo: equivale a comprobar qué aliado sostiene de verdad un proyecto de izquierdas.

El doble juego de los Comunes y el futuro de la mayoría

Parlament de Cataluña

La sesión dejó una foto más amplia. ERC y los Comunes han blindado al president frente a las reprobaciones —declaraciones de rechazo del Parlament a un cargo público— que Junts, el PP y la CUP habían registrado contra él. Los mismos grupos que le sostienen le han protegido en el plano político, pero uno de ellos ha dejado caer su medida más simbólica. La mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara catalana vota en clave de geometría variable, y eso tiene consecuencias.

El mensaje es claro. Un Govern que aspira a legislar sobre vivienda necesita atar cada apoyo mucho antes de llegar al Pleno. Los portavoces del PSC en el Parlament ya han trasladado que la prioridad sigue siendo la misma: aprobar medidas que alivien el precio del alquiler y amplíen el parque público. Nunca fue una cuestión de titulares.

El Eje del Poder Socialista

La lectura desde Ferraz no es de alarma, sino de gestión. El PSC gobierna la Generalitat con una mayoría frágil y con socios que responden a lógicas propias. Que los Comunes se abstengan y ERC apoye dibuja un mapa de geometría variable en el que Illa debe moverse con pies de plomo. El reto estratégico es convertir la vivienda en un eje compartido con sus aliados antes de que la oposición la convierta en su arma.

No es un caso aislado. En Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra, los ejecutivos socialistas han colocado la vivienda protegida y la limitación de precios en el centro de su acción. La diferencia es que allí no dependen de un socio que se abstiene en el momento clave. Aterrizar la medida en Cataluña exige, por tanto, algo más que anunciarla: exige cerrar una mayoría estable en la Cámara.

Lo que está en juego es mayor que un Pleno. Junts y el PP ya han encontrado en este revés material para atacar al Govern y para presentar a Illa como un president incapaz de ejecutar su propia agenda. Frente a ese marco, el PSC tiene un argumento sólido: la propuesta no ha caído por falta de contenido, sino por una abstención ajena. El fondo social de la medida —copropiedad, freno a los desahucios, alquiler asequible— sigue intacto y sigue siendo la prioridad número uno del Govern catalán.

Precedentes como la ley estatal de vivienda demuestran que el PSOE suele volver a la carga cuando una medida social se bloquea. La historia reciente del partido acumula reveses parlamentarios que acabaron en acuerdo. Aquí, el próximo movimiento pasa por la ronda de contactos con los grupos y por una eventual renegociación con los Comunes. Toca rehacer cuentas.

El Govern catalán tiene ante sí una ventana estrecha para recuperar la iniciativa. Si logra reconducir la medida con sus socios, el revés habrá sido una anécdota. Si no, la oposición habrá encontrado su relato.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La vivienda es un derecho y prioridad de legislatura; el bloqueo puntual no desactiva el compromiso social del Govern.
  • Protagonista: Salvador Illa (president de la Generalitat de Catalunya y líder del PSC).
  • Próximo hito: Ronda de contactos del Govern con los grupos del Parlament para reencauzar la medida en las próximas semanas.

Dirigentes del PSOE y ministros respaldan el adelanto electoral si el Congreso tumba los decretos

Juan Vicente
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Dirigentes del PSOE y ministros respaldan el adelanto electoral si el Congreso tumba los decretos

El adelanto electoral gana peso dentro del PSOE. Dirigentes del partido y varios ministros del Gobierno consideran que Pedro Sánchez debería convocarlo si el Congreso tumba sus decretos, según El País y Europa Press. La Moncloa, por ahora, niega cualquier movimiento.

Esa decisión es personalísima. Sánchez se ha tomado un tiempo indefinido para pronunciarse sobre un asunto que solo le compete a él: qué día serán las próximas elecciones generales. No hay fechas. No hay plazos. Solo silencio en los despachos oficiales y especulación en los pasillos del Grupo Parlamentario Socialista.

El detonante del debate interno es parlamentario. El Gobierno ha registrado varios decretos con marcado acento social —entre ellos, los que refuerzan el escudo frente a los desahucios— y su convalidación en el Congreso de los Diputados pende de una mayoría frágil. Si la Cámara los tumba, la lectura que se impone en Ferraz es que la legislatura entra en fase terminal.

Nadie quiere nombrar ese escenario en voz alta. Muchos lo asumen ya. La ola de indignación progresista frente a PP, Vox y Junts, dispuesta a tumbar el decreto que impediría desahucios como el de Maricarmen, ha tensado el ánimo del grupo socialista. Hay quien, con el acta en la mano, habla abiertamente de las urnas.

La primera lectura es sencilla: si los socios parlamentarios bloquean el escudo social, el PSOE no tiene mayoría para gobernar. La segunda es más incómoda: ¿conviene ir a las urnas en plena ola de indignación o esperar a que escampe? El debate está servido, y no es nuevo en la historia reciente del partido.

El adelanto no es una huida: es el envite de quien prefiere medir su mayoría en las urnas antes que verla erosionarse en el hemiciclo.

Los decretos, la mayoría frágil y el detonante parlamentario

Los textos que han encendido la mecha son de contenido social. El escudo frente a los desahucios, la ampliación de la protección a los inquilinos vulnerables y otras medidas de vivienda penden ahora de una aritmética complicada. El Gobierno necesita cada voto y ninguna abstención se da por hecha.

El precio de esa mayoría sube cuando el Ejecutivo llega con el agua al cuello. Junts ha convertido la amenaza de tumbar los decretos en su principal palanca negociadora. ERC, EH Bildu, PNV, BNG, y Coalición Canaria sostienen el bloque voto a voto. Cuanto más necesita el Gobierno a sus socios, más caro le sale cada acuerdo.

El precedente de 2023 pesa en cada conversación del partido

Hay una fecha grabada en la memoria reciente del PSOE: la noche del 28 de mayo de 2023. Aquel domingo, la izquierda encajó un resultado demoledor en las autonómicas y municipales. Sánchez no dudó. Compareció desde La Moncloa y anunció la disolución de las Cortes. Contra todos los pronósticos, revalidó el Gobierno.

Tres años después, el contexto no es idéntico, pero las comparaciones resultan inevitables. Entonces había una derrota reciente; ahora hay una ofensiva parlamentaria. Entonces el partido estaba tocado; ahora está en pie de guerra. La pregunta que se hacen en Ferraz es la misma: ¿se adelanta el calendario o se agota el mandato hasta el último día?

Pedro Sánchez

Dentro del PSOE conviven dos almas. Una, mayoritaria en la cúpula, apuesta por resistir y negociar cada voto para exprimir la legislatura. Otra, minoritaria pero creciente, sostiene que un adelanto reconectaría al partido con la calle y convertiría la agenda social en el argumento central de campaña. Ninguna lo quiere por debilidad. Ambas, por convicción.

El sector crítico lo dice sin rodeos: si el Congreso tumba los decretos, el Gobierno entra en parálisis legislativa. Mejor un adelanto con la maquinaria engrasada que un goteo de derrotas. La contrarréplica también es clara: en plena ola de indignación, las urnas pueden movilizar a la izquierda mejor que un pulso perdido en el hemiciclo.

El Eje del Poder Socialista

La cúpula federal se mueve con discreción. Ferraz no ha confirmado nada y mantiene el discurso oficial de agotar la legislatura. La vicesecretaria general y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, repite que el Ejecutivo trabaja con el horizonte de 2027. El portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López, insiste en que la mayoría se recompone voto a voto. Ninguno cierra la puerta.

Entre los barones territoriales el ánimo es dispar. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y voz crítica habitual, defiende separar el calendario autonómico del nacional. Adrián Barbón, en Asturias, y María Chivite, en Navarra, prefieren estabilidad y gestión. Salvador Illa, desde la Generalitat, mira con atención cualquier movimiento que altere el tablero catalán. En Ferraz, la máxima es que un adelanto se decide en La Moncloa.

La oposición tampoco ha tardado en moverse. El PP acusa al Gobierno de gobernar a golpe de decreto y de esconderse tras el calendario electoral. Vox pide elecciones anticipadas sin rodeos. La lectura socialista es la contraria: si la derecha quiere urnas, que explique antes qué piensa hacer con el escudo social, con las pensiones y con la vivienda.

El aterrizaje territorial es evidente. Las comunidades gobernadas por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Cataluña vía PSC— han desplegado sus propios escudos frente a los desahucios y sus planes de vivienda pública. Un adelanto general reordenaría también el calendario autonómico y municipal, y obligaría a las federaciones a reajustar candidaturas y estrategias.

A medio plazo, el cálculo es delicado. Un adelanto en plena ola de indignación progresista puede capitalizar el malestar contra la derecha y sus aliados. También puede penalizar la sensación de inestabilidad. El PSOE ya vivió ambos escenarios: en 2019 encadenó dos generales; en 2023 convirtió un mal resultado autonómico en una victoria inesperada.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Defensa del escudo social y de la vivienda frente al bloqueo de la derecha; el PSOE no rehúye las urnas cuando está en juego el Estado del bienestar.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con María Jesús Montero (vicesecretaria general y vicepresidenta primera) en la retaguardia institucional.
  • Próximo hito: Convalidación de los decretos en el Congreso, con la mayoría parlamentaria en el aire y un posible adelanto electoral como escenario abierto.

Vivas y Moreno ratifican la ofensiva del PP sobre Ceuta y exigen la comisión en el Senado

Jaume Mónica
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Vivas y Moreno ratifican la ofensiva del PP sobre Ceuta y exigen la comisión en el Senado

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, declara ante la Audiencia Nacional que trasladó a su superior la preocupación del CNI por una entrada masiva.
  • ¿Quién está detrás? El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que respaldan la exigencia del PP de una comisión de investigación en el Senado.
  • ¿Qué impacto tiene? La instrucción de la juez María Tardón tensiona la posición del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Moncloa por la gestión de la crisis migratoria de finales de julio.

El PP exige una comisión de investigación en el Senado sobre la entrada masiva en Ceuta del 30 de julio. La declaración de este jueves del exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, ante la Audiencia Nacional ha rearmado la ofensiva popular contra Moncloa y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El aviso del CNI que el Gobierno no atendió

Sanz compareció como testigo ante la juez María Tardón, obligado a decir la verdad, y sostuvo que él mismo advirtió a su entonces superior, el delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, de la inquietud del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por una posible entrada masiva.

El exjefe de Gabinete desgranó un relato que la instrucción venía anticipando: acudió en su propia moto a la playa de El Tarajal, vio la ‘pasividad’ de los gendarmes marroquíes mientras la masa cruzaba la frontera y, al término del interrogatorio, aceptó aportar los mensajes que aún conservaba en su teléfono móvil.

Un informe policial solicitado por la propia juez ya desveló que gendarmes y agentes de paisano de Marruecos colaboraron en el guiado activo de la masa hacia la ciudad autónoma. Más de 70.000 personas cruzaron la frontera, según los datos que maneja la causa, en un episodio que la instrucción mantiene abierto.

Tardón ha reclamado a multitud de organismos oficiales el listado de alertas recibidas y emitidas en los días previos. También investiga quién financió y organizó la movilización —parte de los inmigrantes fueron conducidos en autobuses hasta la zona fronteriza— y quiénes fueron los gendarmes que la guiaron. El foco judicial apunta a la cadena de mando y a la información que manejó el Gobierno.

El origen del pulso se sitúa el 9 de septiembre, cuando el Gobierno central desclasificó varios documentos relativos a la crisis. Uno de ellos, un chat de WhatsApp del 29 de julio, constataba que un agente del CNI avisó a Sanz de una posible entrada masiva. Pérez Triano negó en rueda de prensa haber recibido esa alerta y, horas después, Sanz dimitió entre reproches a su hasta entonces jefe.

No es un expediente cualquiera: la comisión que reclama el PP obligaría a Moncloa a explicar por escrito qué sabía el CNI y cuándo lo supo.

Vivas y Moreno ratifican la ofensiva: diez llamadas sin respuesta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, compareció como testigo el pasado miércoles. El dirigente del PP sostuvo que entre el 27 y el 30 de julio trató de ponerse en en contacto hasta diez veces con el gabinete de Presidencia del Gobierno y que solo obtuvo respuesta en tres ocasiones. Las llamadas fueron al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.

En la misma instrucción, el jefe de la Policía Local de Ceuta Sebastián Vega declaró por videoconferencia que nunca tuvo información previa que apuntase a una entrada masiva. Un contraste que el PP subraya: la ciudad que iba a recibir el golpe no fue avisada, mientras el CNI sí alertó al gabinete del delegado.

Ceuta CNI

En esa contradicción se apoya la ofensiva popular. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ratificado la posición de Génova y reclama que el Senado constituya una comisión que aclare la cadena de alertas. Desde su entorno se subraya que no cabe despachar con un encogimiento de hombros una crisis que golpeó a la frontera más sensible del país.

El Eje del Poder Popular

En Génova 13 no hay prisa por cerrar el episodio. La dirección nacional entiende que la instrucción judicial y la mayoría absoluta del PP en el Senado le otorgan una palanca doble: presión política y control parlamentario. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ultima la solicitud de comisión de investigación.

La lectura territorial refuerza el movimiento. Ceuta es la puerta sur de Europa y su presidente, del PP, es el primer interesado en que se aclare qué sabía el Gobierno. Andalucía, con Moreno al frente, comparte frontera con Marruecos y viene reclamando desde hace meses un refuerzo de la vigilancia en el Estrecho. Las once comunidades y las dos ciudades autónomas con gobierno popular comparten interés por fijar doctrina.

El precedente pesa. Cuando el PP ha controlado el Senado, ha utilizado la Cámara territorial como contrapeso del Gobierno central en materia de seguridad y fronteras. La comisión de investigación exige mayoría del Pleno y, una vez constituida, obliga a comparecer a altos cargos, a aportar documentación y a emitir conclusiones. Es el instrumento más potente que tiene la oposición cuando no puede tumbar una ley.

El flanco débil del adversario está a la vista. El propio Ejecutivo desclasificó el 9 de septiembre el chat del CNI que ahora complica a Pérez Triano. Cada comparecencia añade presión sobre el ministro del Interior, que hasta ahora ha respondido con un silencio que el PP califica de insostenible.

Moncloa intentará desactivar la comisión con el argumento de que la justicia ya investiga; Génova responderá que una cosa es la instrucción penal y otra la rendición de cuentas política. La próxima ventana crítica es el Pleno del Senado, donde el PP confía en formalizar la comisión.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Moncloa ocultó las alertas del CNI y el PP ofrece la única respuesta institucional con una comisión en el Senado.
  • Protagonista: Juan Jesús Vivas (presidente de Ceuta) y Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Constitución de la comisión de investigación en el Senado y comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska.

EE.UU. despliega un tercer portaaviones en Oriente Medio: las claves del mayor refuerzo militar desde 2003

Alberto Ochoa
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EE.UU. despliega un tercer portaaviones en Oriente Medio: las claves del mayor refuerzo militar desde 2003

El USS Theodore Roosevelt ha zarpado de San Diego rumbo a Oriente Medio con más de 2.000 marines a bordo. El portaaviones nuclear de la clase Nimitz, buque insignia del Carrier Strike Group 9 (el grupo de combate que escolta y abastece al portaaviones), se dirige a una región donde Estados Unidos ya mantiene a más de 50.000 militares, según Euronews. Con su llegada, el despliegue total estadounidense podría superar los 60.000 efectivos.

El despliegue del USS Theodore Roosevelt: qué lleva a bordo y cuándo llega

El portaaviones partió sin ceremonia: ningún marinero formado en las amuras, según las fotografías de observadores navales recogidas por Euronews. Le acompañan el crucero lanzamisiles USS Chosin y varios escuadrones de destructores, con el Carrier Air Wing 11 embarcado, que incluye cazas F-35C y F/A-18 Super Hornet, aeronaves de guerra electrónica y de alerta temprana.

Un día después zarpó también de San Diego el grupo anfibio liderado por el USS Makin Island. Transporta a la 13ª Fuerza Expedicionaria de Marines, más de 2.000 efectivos, repartidos en tres buques, entre ellos el USS John P. Murtha y el USS Anchorage. Un grupo anfibio es una unidad de desembarco capaz de operar desde el mar sobre costa.

La agencia AP, citando a responsables estadounidenses, calcula el despliegue combinado en 9.000 a 10.000 militares adicionales, con llegadas previstas para finales de noviembre.

Dos portaaviones en combate y un tercero en camino hacia Irán

Actualmente, según el informe del Instituto Naval de Estados Unidos del pasado martes, el USS George H. W. Bush y el USS George Washington operan en en el mar Arábigo contra Irán. La Armada mantiene dos portaaviones en la zona desde febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Teherán el día 28. El grupo anfibio del USS Boxer ya está desplegado en el teatro de operaciones.

El Theodore Roosevelt tiene previsto relevar al George Washington. Si el relevo se produce antes de que el nuevo portaaviones llegue, habrá tres grupos de combate operando simultáneamente frente a Irán.

Tres portaaviones simultáneos en la región solo se han visto dos veces desde 2003: en abril pasado y, si se confirma el relevo, en las próximas semanas.

Tal y como recogió el Instituto Naval, el solapamiento determinará si se trata de un refuerzo sostenido o de un cruce temporal durante la rotación. El diario The Wall Street Journal señala que ambas lecturas siguen abiertas a esta hora.

Un responsable estadounidense citado por Al Jazeera aseguró que a finales de noviembre habrá tres grupos de portaaviones y dos grupos anfibios desplegados alrededor de Irán, y añadió que los mandos tendrán muchas opciones para tratar con Teherán.

La rotación se solapa con las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. El presidente Donald Trump no ha descartado una nueva ronda de ataques contra Irán conforme se acerca la cita electoral, según la información publicada por Euronews.

El impacto para España y Europa: el flanco sur de la OTAN

El refuerzo estadounidense en Oriente Medio repercute en España por dos vías. La primera es la OTAN: el flanco sur de la Alianza gana peso estratégico cada vez que Washington concentra medios navales en el mar Arábigo y el Golfo. El Estrecho de Gibraltar y el corredor entre el Atlántico y el Mediterráneo quedan dentro de ese mismo espacio de vigilancia.

La segunda es energética. Cualquier escalada contra Irán afecta al tráfico del estrecho de Ormuz, por el que transita una parte sustancial del crudo que llega a Europa, y presiona al alza los precios de referencia del mercado.

El dispositivo estadounidense en la región se apoya en la red de instalaciones que Washington mantiene en Europa bajo acuerdos bilaterales, incluidos los que afectan a España. Un incremento sostenido de medios navales en el Índico y el Golfo repercute en la coordinación de esas instalaciones y de los vuelos de apoyo logístico.

La rotación aún no tiene fecha cerrada.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El USS Theodore Roosevelt zarpó de San Diego hacia Oriente Medio, según Euronews, con más de 2.000 marines y hasta 60.000 efectivos en la región.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La Armada de EE.UU., con el USS George H. W. Bush y el USS George Washington ya operando contra Irán, y el presidente Donald Trump.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Las llegadas están previstas para finales de noviembre; si el relevo se solapa, habrá tres portaaviones a la vez.

Tezanos suma dos causas por prevaricación y la Justicia fija 6.000 euros de fianza al PP

Jaume Mónica
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Tezanos suma dos causas por prevaricación y la Justicia fija 6.000 euros de fianza al PP

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Sección de Instrucción número 21 del Tribunal de Instancia de Madrid acumula dos procedimientos contra José Félix Tezanos por presunta prevaricación administrativa y fija la fianza del PP como acusación popular.
  • ¿Quién está detrás? La magistrada Coro Monreral Huerta acepta la inhibición de la Sección 49; el partido tiene ocho días para consignar la cantidad.
  • ¿Qué impacto tiene? La ofensiva judicial del PP contra el presidente del CIS avanza en un único frente, con la instrucción ya unificada.

La Justicia acumula dos causas contra Tezanos por prevaricación administrativa y fija en 6.000 euros la fianza que deberá abonar el Partido Popular para ejercer la acusación popular. La Sección de Instrucción número 21 del Tribunal de Instancia de Madrid firma la resolución que unifica dos procedimientos abiertos contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y acepta la inhibición acordada por la Sección de Instrucción número 49.

El relato de los hechos de ambos procedimientos es coincidente. Esa es la razón que esgrime la magistrada Coro Monreral Huerta para ordenar la incorporación de las diligencias previas de la Sección 49 a la causa principal. Las actuaciones quedan abiertas, según el auto, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Conviene precisar el marco: la prevaricación administrativa castiga a la autoridad o funcionario que dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. El tipo exige algo más que un error de gestión o un criterio discutible. Exige acreditar arbitrariedad y conocimiento. Es una frontera jurídica exigente, y ahí se va a dirimir el pulso.

En cuanto a la personación del PP, la juez recuerda que el ejercicio de la acción popular conlleva la prestación de una fianza y considera que 6.000 euros constituye una cantidad ‘proporcionada y equitativa’ que no impide el acceso al proceso. Los populares disponen de ocho días desde la notificación del auto para conseguirla en metálico. Ocho días. Ni uno más.

Una única instrucción y una fianza de 6.000 euros

La acción popular es una singularidad del ordenamiento español. El artículo 125 de la Constitución permite a cualquier ciudadano, y a las personas jurídicas, ejercer la acusación en un proceso penal al margen del Ministerio Fiscal. La fianza no restringe ese derecho: opera como garantía procesal ordinaria para responder de las costas si la acusación se revelara temeraria. La cifra fijada, además, está lejos de las cantidades millonarias que se han impuesto en otras causas con acusaciones populares.

La acumulación tiene una consecuencia práctica que interesa al partido. Los dos procedimientos dejan de caminar por separado: habrá una sola instrucción, un solo calendario y un único criterio sobre la admisión de diligencias. El PP comparece así en un frente unificado, con la fianza ya tasada y sin riesgo de resoluciones contradictorias entre secciones.

La acumulación no es un trámite menor: convierte dos frentes judiciales dispersos en un único pulso contra la dirección del CIS.

El siguiente movimiento es administrativo y no admite demora: consignar los 6.000 euros. A partir de ahí, la instrucción seguirá su curso y las acusaciones podrán solicitar diligencias. El relato, sin embargo, ya está escrito.

De la querella de marzo al pulso por las encuestas del CIS

La causa se enmarca en la ofensiva judicial que el PP emprendió en marzo contra el presidente del CIS. Los populares presentaron entonces una querella por un posible delito electoral en la que atribuyen al organismo una manipulación deliberada de sus encuestas para favorecer al PSOE. El escrito sostiene que el CIS sobrerrepresentó a las formaciones de izquierda en 37 de los 40 procesos electorales analizados desde 2018 y apunta a una actuación dirigida a influir en la formación de la voluntad de los electores.

Tezanos ha rechazado públicamente las acusaciones sobre su gestión y ha defendido la metodología del centro. En las últimas semanas ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha arremetido contra el ‘mal perder’ de PP y Vox, formación que también ha dirigido sus baterías contra el organismo. El CIS sostiene que las críticas buscan desacreditar su trabajo. Dos relatos enfrentados y un mismo juzgado.

Tezanos CIS

En Génova no hay prisa por celebrar nada. La dirección nacional que preside Alberto Núñez Feijóo ha convertido la fiscalización del CIS en una de sus banderas institucionales y prefiere que sean los tribunales quienes fijen el marco. La lectura interna es sencilla: si el juzgado acaba archivando, el desgaste lo absorbe la acusación; si avanza, el reproche alcanza a la Presidencia del Gobierno por la vía de de un nombramiento que el PP siempre consideró político.

El Eje del Poder Popular

Este movimiento judicial encaja en la estrategia que Génova desplegó desde el arranque de la legislatura: llevar al Congreso y al Senado el coste político de cada decisión del Gobierno y reservar los tribunales para los asuntos donde el PP aprecia un interés general afectado. No es un pleito exclusivo del partido. Vox ha llegado al mismo terreno por su cuenta, y eso obliga a la dirección nacional a marcar perfil propio: la acusación popular la firma el partido, no el grupo parlamentario, y su defensa jurídica se coordina desde los servicios jurídicos de Génova. Aquí no hay atajos.

El efecto territorial también cuenta. El CIS es el organismo cuyas encuestas alimentan cada debate autonómico y municipal, y las once comunidades gobernadas por el PP, más los grandes ayuntamientos populares, compiten cada trimestre contra un barómetro que, según los populares, sobreestima de forma sistemática a la izquierda respecto a lo que luego reflejan las urnas. Con esa sospecha sobre la mesa, la acumulación en Madrid deja de ser un asunto de despacho: es material argumental para los portavoces de Madrid, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana o Murcia.

El riesgo inmediato tiene nombre procesal: el archivo. La prevaricación administrativa es un tipo exigente y una querella no equivale a una imputación. Eso sí, el desgaste ya opera en la conversación pública, y el PP lo capitaliza con la lógica con la que combate otras decisiones del Ejecutivo: sin estridencias y con expediente en la mano. La pelota está, de momento, en el tejado de la instrucción, y el próximo hito lo marca el reloj: los ocho días de plazo para la fianza.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: La fiscalización del CIS como defensa del interés general frente al uso partidista de un organismo público.
  • Protagonista: José Félix Tezanos (presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas), señalado por la acusación popular del Partido Popular.
  • Próximo hito: Consignación de los 6.000 euros de fianza en los ocho días siguientes a la notificación; después, la instrucción continuará en la Sección 21 de Madrid.

Alerta Tarragona lluvias: Protecció Civil confina Baix Ebre y Montsià con más de 200 l/m² y aviso hasta el domingo

Alberto Ochoa
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Alerta Tarragona lluvias: Protecció Civil confina Baix Ebre y Montsià con más de 200 l/m² y aviso hasta el domingo

Protecció Civil ha ordenado confinarse en el Baix Ebre y el Montsià (Tarragona) por las lluvias torrenciales de este viernes. La nueva alerta ES-Alert —el sistema que envía mensajes masivos a los móviles de una zona concreta— se ha lanzado a las 8.32 horas y llega después de un primer aviso enviado a las 7.12 por inundaciones importantes, según la información oficial del organismo.

Qué dice la alerta ES-Alert enviada a los móviles

El mensaje que han recibido los vecinos de las dos comarcas del sur de Cataluña es inequívoco: «No salgáis al exterior ni subáis a plantas superiores. Seguid las instrucciones de las autoridades. En caso de riesgo, contactad con el 112». Protecció Civil ha difundido el aviso en sus canales oficiales y ha pedido a la población que permanezca en sus domicilios mientras dure el episodio.

La primera alerta del día, a las 7.12 horas, advertía de inundaciones ‘importantes’ en el sur de Cataluña. La segunda, a las 8.32, ha ampliado el confinamiento al Baix Ebre y el Montsià y mantiene el aviso para toda la zona.

Con la herramienta ES-Alert, las autoridades envían un mensaje a todos los teléfonos móviles que estén dentro de un área delimitada, sin necesidad de registro previo.

El aviso sigue en pie.

Dos avisos en menos de dos horas: el primero por inundaciones importantes y el segundo para confinar a toda la población del Baix Ebre y el Montsià.

Los acumulados superan los 200 l/m² y el temporal aguanta el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado en la provincia de Tarragona, según los datos publicados por el organismo. La previsión apunta a que la lluvia continuará durante todo el fin de semana, con temperaturas suaves.

Se trata de una cantidad extraordinaria para registrarse en pocas horas, y explica por qué Protecció Civil ha optado por el confinamiento en lugar de recomendaciones genéricas. Con el terreno saturado, cualquier nueva precipitación encuentra menos capacidad de absorción.

En términos prácticos, 200 litros por metro cuadrado equivalen a 200 milímetros de agua acumulada. Es una cifra que tensiona el alcantarillado, los ríos y los barrancos de cualquier comarca.

Qué comarcas están afectadas y qué se espera en las próximas horas

Las dos comarcas afectadas ocupan el extremo sur de Cataluña, en la provincia de Tarragona. Protecció Civil ha pedido a sus vecinos que permanezcan en sus casas mientras siga la alerta.

La recomendación oficial es clara: permanecer en casa y llamar al 112 solo en caso de riesgo real. Las autoridades han insistido en no salir al exterior ni subir a plantas superiores durante el episodio.

No hay que salir de casa.

El temporal continuará durante todo el fin de semana, por lo que el confinamiento podría prolongarse según evolucione la situación. El 112 permanece operativo para atender las incidencias relacionadas con las lluvias.

La situación sigue abierta.

🚨 Datos de la alerta

  • Tipo de suceso: Episodio de lluvias torrenciales con acumulados superiores a 200 l/m² en la provincia de Tarragona.
  • Fuente oficial: Protecció Civil de la Generalitat y AEMET.
  • Zona afectada: Comarcas del Baix Ebre y el Montsià, en el sur de Cataluña.
  • Víctimas confirmadas: Pendiente de confirmación oficial.
  • Próximos pasos: Mantener el confinamiento mientras siga activa la alerta y continúe el temporal previsto para el fin de semana.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert y ha ordenado confinarse en el Baix Ebre y el Montsià por las lluvias.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Protecció Civil de la Generalitat y la AEMET, que ha registrado más de 200 l/m² en Tarragona.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El confinamiento sigue activo y el temporal continuará durante todo el fin de semana, según la previsión de la AEMET.
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