Feijóo activa el plan vivienda del PP frente al decreto del Gobierno: 3 millones en 14 años

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Grupo Parlamentario Popular vota este viernes ‘no’ a los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros y despliega su alternativa: tres millones de viviendas hasta 2040.
  • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo, con el vicesecretario de Hacienda y Vivienda, Juan Bravo, como responsable técnico del plan.
  • ¿Qué impacto tiene? El voto de Junts y del PNV decide la suerte de dos normas que, según Génova, se contradicen entre sí y abren un frente de litigios.

Feijóo activa el plan de vivienda del PP: tres millones de pisos hasta 2040 y ‘no’ a los decretos de Moncloa. El Grupo Parlamentario Popular rechaza este viernes en el Pleno del Congreso las dos normas residenciales que el Consejo de Ministros aprobó esta misma semana.

Qué vota el Congreso este viernes y por qué Génova dice ‘no’

El Congreso de los Diputados decide este viernes si convalida o deroga los dos decretos-ley de vivienda que el Gobierno llevó al Consejo de Ministros hace apenas unos días. El Grupo Parlamentario Popular votará ‘no’ a ambos. Génova lo argumenta sin matices: son dos ‘chapuzas’ que generan inseguridad jurídica y no comparte la mayoría de las medidas que contienen.

El problema de fondo, según los populares, es la contradicción entre ambos textos. El segundo, el de la prórroga automática de los alquileres, corrige y deroga una parte importante del primero, el que frena los desahucios, amplía la duración de los contratos e incentiva a los caseros. Desde las 00.00 de este viernes y hasta que el Congreso derogue el segundo, convivirán dos marcos jurídicos para un mismo arrendamiento. La dirección nacional calcula que miles de caseros e inquilinos intentarán blindar sus contratos en ese intervalo de horas.

En Génova manejan ya una primera consecuencia medible: 4.000 pisos menos en los portales inmobiliarios en apenas 24 horas, según sus datos. El vicesecretario de Hacienda y Vivienda, Juan Bravo, resume la posición del partido en una frase: ‘Hay que construir vivienda, hay que simplificar y reducir trámites, hay que aprobar una ley antiokupas’. A eso añade incentivos fiscales, ayudas directas y un aviso: el cruce normativo disparará la litigiosidad y la ‘inquiokupación’. Cosas que pasan en política.

El PP no se queda en el rechazo. Fuentes de Génova elevaron esta semana el compromiso del partido a tres millones de viviendas en 14 años, hasta 2040, con una parte importante de promoción social a precio tasado. El objetivo de corto plazo sigue siendo el millón de pisos en cuatro años que Feijóo repite en cada intervención. Y hay un mensaje directo para Junts y el PNV: los populares les emplazan a valorar las consecuencias de respaldar dos normas que, sostienen, han reducido la oferta y tensionado el mercado de la vivienda.

Dos decretos que se corrigen entre sí no son una política de vivienda: son un laberinto de horas para cada casero.

El plan popular: IVA al 4%, aval público y suelo en 18 meses

Feijóo vivienda

El eje del programa de vivienda popular son el suelo y los impuestos. El PP propone que las administraciones cubran el aval del 20% de la hipoteca, una bonificación del IRPF durante cuatro años para los jóvenes que ahorren y la bajada del IVA de la vivienda al 4%. Se suma una nueva rebaja del ITP (el tributo autonómico que se paga al comprar una vivienda usada) y la ‘hucha joven’, un instrumento de ahorro pensado para una realidad tozuda: la edad media de compra está en 41,8 años.

En urbanismo, la propuesta pasa por aplicar el ‘silencio positivo’ a los trámites de suelo, de manera que la administración dé por aprobado lo que no rechaza en plazo, y por construir en 18 meses en lugar de los ocho años actuales. El objetivo es que la cuota de la vivienda no supere el 30% de los ingresos de un hogar. En alquiler, el partido insiste en deducciones para los caseros que arrienden por debajo de precio, con el fin de que se reduzcan los plazos, los trámites, y los costes de poner un piso en el mercado. Menos trámites, menos costes.

En Génova leen una intención soterrada en el movimiento del Gobierno: que el PSOE aparezca como el partido de los inquilinos y el PP, como el de los propietarios. Nadie discute el diagnóstico de fondo. El marco lo pone Moncloa.

El Eje del Poder Popular

Génova afronta la votación con el flanco interno alineado. El partido ha convertido la vivienda en bandera compartida con sus barones, y no es casual: el suelo y buena parte de los tributos que el plan quiere mover dependen de las comunidades autónomas. Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia llevan tiempo ensayando rebajas fiscales y agilidad administrativa en esta materia. El precedente juega a favor del relato popular: el PP ya combatió la anterior norma estatal de vivienda en el Congreso y ante los tribunales por invasión de competencias.

La lectura territorial es la clave. Cerca del 60% del PIB nacional se gestiona desde gobiernos autonómicos del PP, donde ya está la palanca del ITP, la del suelo urbanizable y la de la colaboración público-privada. La parte estatal —IVA al 4%, IRPF y aval a las hipotecas— exige mayoría parlamentaria, algo que el PP no tiene hoy. De ahí que el plan funcione, por ahora, como programa de Gobierno y como palanca de presión en cada trámite.

El riesgo inmediato es de calendario. Si Junts y el PNV sostienen los dos decretos, el ‘no’ popular no impedirá su convalidación y el partido tendrá que pelear el relato desde la oposición. La lectura a medio plazo es distinta: tres millones de viviendas en 14 años equivalen a tres legislaturas y a un marco que solo será real si el PP gobierna y si las comunidades acompañan. Mientras tanto, la contradicción entre los dos decretos seguirá en los tribunales, terreno donde el partido se mueve con soltura.

El examen parlamentario de este viernes es el primer acto de una función larga. El segundo decreto deberá convalidarse o decaer en el plazo de 30 días que fija el artículo 86 de la Constitución, y ahí volverán a cruzarse los votos de los socios del Gobierno. Génova ya ha hecho su trabajo: instalar la idea de que existe una alternativa.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Frente a la ‘chapuza’ normativa del Gobierno, existe una alternativa solvente: más suelo, menos impuestos y menos burocracia.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular), con Juan Bravo (vicesecretario de Hacienda y Vivienda) en el detalle técnico.
  • Próximo hito: La votación de los dos decretos en el Pleno del Congreso de este viernes y su convalidación o derogación posterior.

El paro sube en septiembre de 2026 hasta 2.379.505 personas, mínimo desde 2007: qué hay detrás del dato

El paro registrado en España subió en septiembre en 23.587 personas, hasta las 2.379.505. Es el dato más bajo para un mes de septiembre desde 2007, según los datos difundidos por La Moncloa.

La subida mensual, del 1%, se mantiene dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie histórica. En términos interanuales el paro baja en 42.160 personas, un 1,74% menos que un año antes.

En el lado de la afiliación, la Seguridad Social sumó 92.327 cotizantes en septiembre, su mejor registro en ese mes de toda la serie, de acuerdo con la misma nota oficial.

Las tres claves del dato del paro de septiembre

  • El nivel es el más bajo de un septiembre desde 2007: 2.379.505 personas inscritas en las oficinas del SEPE.
  • La afiliación firma su mejor septiembre de la serie, con 92.327 cotizantes más que en agosto.
  • El balance anual sigue en descenso: 42.160 parados registrados menos que en septiembre de 2025.

Del total de personas desempleadas, 56.476 se inscribieron tras acogerse a la regularización extraordinaria. El 52% del conjunto llevaba menos de un mes apuntado al SEPE al cerrar el mes. La nota oficial no precisa más detalle sobre ese proceso.

El paro registrado es un dato administrativo: cuenta a quienes se inscriben en las oficinas de empleo, no a toda la población desempleada que mide la Encuesta de Población Activa (EPA), la estadística oficial que calcula el desempleo con criterios internacionales. Por eso conviene leerlo con su propia serie y no compararlo directamente con otras estadísticas.

El titular del mes es la subida del paro: 23.587 personas más. El titular del año sigue siendo el descenso de 42.160 desempleados.

Por sexo, el desempleo femenino sube en 9.648 mujeres en el mes (0,68%) hasta 1.428.405, su nivel más bajo desde septiembre de 2008, pero cae en 40.499 mujeres en el último año. El masculino asciende en 13.939 hombres (1,49%) hasta 951.100 y baja en 1.661 hombres en doce meses.

Qué sectores, edades y comunidades explican la subida

Por sectores, el aumento mensual se concentra en Servicios, con 6.707 parados más (0,40%), y en Agricultura, con 601 (0,87%). Industria apenas se mueve: 39 personas más (0,02%). La Construcción es el único sector que reduce el desempleo en el mes, con 1.726 personas menos (-1,04%).

El colectivo sin empleo anterior suma 17.966 parados más, un 7,39%: son personas que buscan su primer trabajo o que no acreditan un empleo previo. Es el mayor incremento relativo del mes.

Entre los menores de 25 años el paro sube en 21.411 personas (12,77%) y deja el total en 189.141. Por comunidades autónomas, baja en Canarias (-4.156) y en La Rioja (-135), y sube en las quince restantes, encabezadas por Andalucía (6.733), la Comunidad de Madrid (2.773), y Galicia (2.746).

Contratos, prestaciones y cobertura: el otro lado del mes

En septiembre se registraron 1.597.612 contratos de trabajo. De ellos, 706.948 son indefinidos: el 44,25% del total, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo eran 1.896.142 a finales de agosto. La cobertura del sistema llegó al 87,12%, la más alta de la serie histórica fuera del periodo de la pandemia.

La inversión media por beneficiario, sin contar el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue de 1.203,1 euros, 31,6 euros más que un año antes (2,7%). El gasto total en prestaciones de ese mes ascendió a 2.242,13 millones de euros.

El paro bajó en Construcción y subió con fuerza en el colectivo sin empleo anterior, dentro del mismo registro administrativo.

Qué mira ahora el mercado laboral

El próximo dato de referencia será el de octubre, que el SEPE publica con el cierre de cada mes. Hasta entonces, la serie deja dos referencias sobre la mesa: el nivel más bajo de un septiembre desde 2007 y un aumento mensual dentro de lo habitual en la serie.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El paro registrado subió en septiembre en 23.587 personas hasta 2.379.505, mínimo de un septiembre desde 2007, según La Moncloa.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El SEPE y la Seguridad Social aportan los datos; la afiliación sumó 92.327 cotizantes, su mejor septiembre de la serie.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El próximo dato será el de octubre, que se publica con el cierre del mes siguiente.

El TSJ de Galicia avala la autorización de la Xunta al parque eólico Bustelo y desestima el recurso ecologista

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG desestima el recurso de la asociación ecologista Petón do Lobo. La resolución avala las autorizaciones previas y de construcción que la Xunta de Galicia otorgó al parque eólico Bustelo, en los ayuntamientos de Coristanco y Carballo (A Coruña).

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG desestima el recurso de Petón do Lobo y confirma la legalidad de las autorizaciones del parque eólico Bustelo.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Avala el expediente de autorización administrativa y de evaluación ambiental tramitado por la Xunta, en línea con el precedente del Tribunal Supremo de mayo de 2026.
  • ¿Qué impacto tiene? La desestimación mantiene la eficacia del acto administrativo y consolida el criterio de la Sala ante nuevas impugnaciones ecologistas.

Antecedentes: la autorización autonómica y el aval del Supremo

El objeto del litigio es la resolución de la Xunta de Galicia que otorgó a la promotora las autorizaciones previas y de construcción del parque eólico Bustelo, una instalación de generación eólica ubicada en los ayuntamientos de Coristanco y Carballo, en la provincia de A Coruña. La asociación demandante, la Asociación Autonómica Ambiental e Cultural Petón do Lobo, impugnó ante la jurisdicción contencioso-administrativa la legalidad de dichas autorizaciones y solicitó su anulación.

El expediente llega a la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de que el Tribunal Supremo se pronunciara en una sentencia dictada en mayo de 2026 sobre la legalidad de la autorización administrativa del mismo parque. En aquel procedimiento, las partes recurridas fueron la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza y la Plataforma para a Defensa da Cordillera Cantábrica. El alto tribunal confirmó entonces la validez de la autorización, criterio que la Sala autonómica reproduce ahora.

El fallo del TSXG: desestimación del recurso ecologista

TSXG

La Sección Segunda ha desestimado íntegramente las pretensiones de la asociación recurrente, según la resolución difundida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El fallo confirma la legalidad de las autorizaciones previas y de construcción otorgadas por la Xunta, de modo que el proyecto mantiene su plena eficacia administrativa.

La resolución, notificada el 2 de octubre de 2026, no aprecia los vicios de legalidad alegados por la parte actora contra el expediente de autorización. El tribunal avala la tramitación seguida por la Administración autonómica en materia de evaluación ambiental y de autorización administrativa de instalaciones de generación eléctrica, conforme a la legislación estatal de evaluación ambiental.

La desestimación confirma la validez de las autorizaciones previas y de construcción del parque eólico Bustelo y cierra la impugnación ante la Sala de lo Contencioso del TSXG.

El fallo se apoya en el expediente administrativo evaluado por la Xunta y en el precedente del Tribunal Supremo. Frente a la resolución notificada cabe recurso de casación contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conforme al régimen de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La interposición del recurso no suspende, por sí sola, la ejecutividad del acto administrativo confirmado.

La Doctrina del Tribunal

La resolución consolida el criterio del TSXG sobre el control jurisdiccional de las autorizaciones administrativas de parques eólicos. La Sala no sustituye la valoración técnica de la Administración, sino que verifica la legalidad del procedimiento de evaluación ambiental y la motivación de las autorizaciones previas y de construcción. La doctrina se alinea con la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2026, que ya consideró ajustada a derecho la autorización administrativa de la misma instalación. No se aprecia en la resolución un cambio de criterio respecto a pronunciamientos anteriores de la propia Sala en materia de renovables.

Desde el plano de la práctica procesal, la desestimación refuerza la posición de la Administración autonómica en los litigios sobre energías renovables, donde la parte recurrente asume la carga de acreditar la invalidez del expediente de evaluación ambiental. El recurso se desestima íntegramente. El criterio resulta extensible a las impugnaciones dirigidas contra autorizaciones administrativas de instalaciones de generación eléctrica en la Comunidad. La parte actora puede interponer recurso de casación ante la Sala Tercera, con el límite del interés casacional objetivo que rige la casación contencioso-administrativa.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Recurso contencioso-administrativo de la Asociación Autonómica Ambiental e Cultural Petón do Lobo contra las autorizaciones previas y de construcción del parque eólico Bustelo otorgadas por la Xunta de Galicia en los ayuntamientos de Coristanco y Carballo (A Coruña).
  • Datos importantes: Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG; fallo desestimatorio que confirma la legalidad de la autorización administrativa; precedente del Tribunal Supremo de mayo de 2026. La información disponible no detalla el número de sentencia ni la composición del tribunal.
  • Fecha de los juicios: Resolución notificada el 2 de octubre de 2026. El precedente del Tribunal Supremo se dictó en mayo de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Se trata de un procedimiento contencioso-administrativo sin acusados.

El Comité de Liberación de Ceuta y Melilla tilda de ‘provocación’ la visita del Rey y activa el protocolo de seguridad

El Comité de Liberación de Ceuta y Melilla ha tildado de ‘provocación’ la visita de los Reyes. El desplazamiento, previsto para el 13 y 14 de octubre, será el primero de un monarca español a las dos ciudades autónomas desde 2007 y llega sin la compañía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La organización, que días atrás ya había advertido de las ‘consecuencias’ del viaje, pide ahora a los marroquíes que se concentren frente a las representaciones españolas en Marruecos desde ya y hasta la fecha del desplazamiento. El anuncio de la agenda real ha sido, según los medios que lo han difundido, el detonante de la respuesta.

La respuesta del Comité a la visita real

El presidente del Comité para la Reivindicación de la Liberación de Ceuta y Melilla, Yahya Yahya, ha condenado la ‘visita vergonzosa’ y sostiene que la decisión de la Corona ‘escala el conflicto’. El malestar, según su propio relato, nace del carácter oficial del viaje a lo que el movimiento describe como ‘las dos ciudades marroquíes ocupadas’.

No es la primera vez que este dirigente se pronuncia sobre el asunto. En un vídeo difundido días atrás ante el Consulado General de España en Nador, Yahya Yahya ya había advertido de las consecuencias del desplazamiento y había apelado a la defensa de la ‘integridad territorial’, hasta el punto de afirmar que, si fuera necesario, habría que ‘derramar la última gota de sangre’ para conseguirla. La cita, recogida por los medios que siguen el caso, marca el tono de la reacción.

El movimiento llama además a organizar movilizaciones pacíficas en distintos puntos de presencia española en Marruecos, desde Saïdia, hasta Tánger. La convocatoria se extiende desde ahora y hasta la jornada prevista para el 13 y 14 de octubre.

El peso institucional de un viaje que no se hacía desde 2007

La última visita de un rey de España a Ceuta y Melilla se remonta a 2007, cuando Juan Carlos I recorrió ambas ciudades. Aquel desplazamiento provocó entonces una crisis diplomática con Rabat y dio lugar a movilizaciones de protesta en el país vecino. Casi dos décadas después, el calendario vuelve a situar a la Corona en el centro de un contencioso territorial que Marruecos nunca ha dejado de reivindicar.

Lo que para Madrid es una rutina institucional, para Rabat es una posición sobre el mapa: la Corona no visita las plazas por azar.

El viaje de Felipe VI y la Reina se reparte en dos jornadas: Ceuta y Melilla, los días 13 y 14 de octubre. La ausencia del presidente del Gobierno introduce, eso sí, una variable política que no pasará desapercibida. La Casa del Rey organiza su propio calendario, pero la coincidencia o la distancia con el Ejecutivo en actos de esta naturaleza siempre se lee en clave institucional.

El detalle no es menor. Que un monarca visite Ceuta y Melilla tiene una lectura de soberanía que ningún protocolo puede neutralizar. Las ciudades autónomas forman parte del territorio cuya defensa simbólica corresponde a la Jefatura del Estado, y la primera visita de un monarca español desde 2007 convierte el acto en algo más que una agenda de proximidad.

amenaza visita real

Análisis: seguridad reforzada y una imagen exterior bajo tensión

Hay una tensión de fondo que conviene no disimular. La Corona ordena su agenda con criterios institucionales y de servicio público, ajenos a la coyuntura partidista. Sin embargo, cuando el destino son las plazas, el gesto deja de ser doméstico y adquiere una dimensión exterior que Rabat leerá con lupa. El precedente de 2007 demuestra que una visita de estas características puede reabrir un contencioso que llevaba años congelado, y conviene recordar que la normalización diplomática con Marruecos ha sido uno de los ejes de la política exterior reciente.

El otro frente es el de la seguridad. La Casa del Rey no ha detallado el dispositivo y ninguna fuente oficial ha confirmado la activación de un protocolo específico, pero la retórica del Comité y su llamamiento a las concentraciones sitúan la protección del viaje en el centro de la planificación. La coordinación entre las delegaciones del Gobierno en las dos ciudades, el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad será determinante para que el acto transcurra con normalidad. La autonomía institucional de la Corona no exime a nadie de extremar las cautelas cuando el escenario es sensible.

Está por ver si el viaje se consolida como un acto de normalidad institucional o si reabre un capítulo diplomático que España y Marruecos habían logrado desactivar. La respuesta del Comité, por ahora, apunta a lo segundo. El calendario marca la fecha: 13 y 14 de octubre. Hasta entonces, Zarzuela mantendrá su hoja de ruta y el foco estará puesto en cómo se recibe a los Reyes en las dos ciudades.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: Primera visita de un monarca español a Ceuta y Melilla desde 2007, tras la de Juan Carlos I, que abrió entonces una crisis diplomática con Marruecos.
  • El detalle de protocolo: El desplazamiento se extiende a los días 13 y 14 de octubre y lo organiza la Casa del Rey sin la presencia del presidente del Gobierno.
  • Próximos pasos: La cita está prevista para el 13 y 14 de octubre; el Comité llama a movilizarse y Zarzuela no ha detallado aún el programa ni el dispositivo de seguridad.

El Govern prepara una ley de pymes en Cataluña para sumar 2.000 exportadoras habituales

El Govern prepara una ley de pymes en Cataluña para que las pequeñas empresas pasen a medianas y las medianas, a grandes. El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha fijado dos objetivos cuantificables: 2.000 exportadoras habituales más y 3.500 empresas más con filiales en el exterior.

El anuncio llegó durante el foro BCN Desperta!, celebrado en Casa Seat, y Sàmper lo resumió en una frase: ‘Queremos que las empresas crezcan’. Detrás del titular late una reclamación que la patronal Pimec arrastra desde hace años y que el departamento de Empresa y Trabajo asume ahora como norma propia.

El diagnóstico: 5,5 empleados por empresa frente a los 12,2 de Alemania

El argumento del conseller es comparativo. Alemania o Reino Unido ‘no tienen mejores empresas que las catalanas, sino más grandes’, sostuvo. Los promedios le dan margen de sobra: la compañía media alemana emplea a 12,2 personas y la catalana se queda en 5,5 trabajadores.

Esa brecha no es estética. Condiciona la capacidad de invertir, de abrir mercados y de aguantar un ejercicio malo. Sàmper recurrió a la lógica del riesgo repartido: las firmas con filiales fuera reparten el golpe entre varios países. ‘Si tienen problemas en España, pero tienen fábricas fuera, su capacidad de resistencia es más alta’.

En paralelo, el conseller puso en valor el comercio exterior catalán: la comunidad encadena tres cursos por encima de los 100.000 millones de euros exportados, alrededor de un tercio del PIB catalán, y lo ha hecho con la guerra en Oriente Medio y la peste porcina como lastre.

Una economía con miles de empresas diminutas no es una economía diversificada: es una economía frágil con muchas puertas.

Pimec lo pedía desde hace años: quién paga el salto de tamaño

Govern pymes

La norma exigirá músculo presupuestario y ahí entra Acció, la agencia pública de competitividad. Nació en 1985 con una sola oficina en Tokio y hoy suma 38 delegaciones repartidas por el mundo, según la información institucional que la Generalitat publica en su portal. Es la herramienta con la que el Govern quiere acompañar en en el exterior a las pymes: Canadá, Australia, Filipinas, México, Japón o India, aprovechando el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el país asiático.

Estados Unidos sigue en la lista de mercados prioritarios. ‘Un mercado que seguirá siendo importantísimo’, apuntó Sàmper, pese a los vaivenes de la Casa Blanca. Lo que no dio el conseller es el calendario ni la dotación económica de la ley. De momento, es un anuncio.

El enfoque es estructural. El Govern no promete ayudas directas: promete cambiar el esqueleto del tejido productivo. Un discurso que Pimec comparte y que, en clave política, permite al departamento de Empresa reivindicar una política industrial propia con nombre y apellidos catalanes.

El Pacte Nacional per a la Indústria y el 25% del PIB: la letra pequeña que falta

Sàmper defendió que la industria genera más resiliencia, mejores sueldos y menos rotación, y que es el sector que mejor distribuye la riqueza. De ahí la meta de que en 2030 el 25% del PIB catalán proceda de la actividad industrial, con el Pacte Nacional per a la Indústria —dotado con 5.000 millones de euros— como paraguas. La cifra es ambiciosa para un territorio que lleva años lejos de esa cota.

Lo que observamos es que el anuncio llega con dos debilidades. La primera es competencial: el comercio exterior y la política comercial son materia estatal, y las delegaciones de Acció en el extranjero han sido históricamente uno de los focos de fricción entre la Generalitat y Moncloa por la acción exterior. La segunda es presupuestaria. Sin partida confirmada, una ley de crecimiento empresarial corre el riesgo de quedarse en un marco declarativo. El papel lo aguanta todo.

El recorrido parlamentario tampoco será un trámite. El proyecto deberá pasar primero por el Consell Executiu y después por el Parlament, donde el Govern necesita acuerdos para sacar adelante cualquier norma con impacto en el tejido productivo. Otras comunidades llevan años con programas específicos de apoyo a la mediana empresa y agencias propias de atracción de inversión. Cataluña llega a esa casilla con el envoltorio de una ley y con Pimec vigilando cada paso.

El siguiente hito está por escribir: ni fecha de aprobación en el Consell Executiu, ni texto articulado, ni consignación en los próximos presupuestos de la Generalitat. Hasta entonces, la ley de pymes en Cataluña es una intención con dos cifras redondas colgadas del titular.

Pakistán bombardea Afganistán por tercera vez en dos semanas y Kabul denuncia nueve civiles muertos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Fuerza Aérea de Pakistán ha bombardeado objetivos en las provincias afganas de Kunar, en el este, y Helmand, en el sur. Kabul cifra nueve civiles muertos y once heridos; Islamabad sostiene que abatió a 22 milicianos en dos refugios.
  • ¿Quién está detrás? El Estado Mayor paquistaní atribuye la operación al rastro del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), al que acusa de operar desde santuarios afganos con la connivencia del Gobierno talibán.
  • ¿Qué impacto tiene? Es el tercer bombardeo en dos semanas y rompe tres meses de calma relativa. La misión de la ONU en Afganistán acumula más de 1.100 muertos y heridos por violencia transfronteriza este año.

El tercer ataque de Pakistán sobre Afganistán en dos semanas deja nueve civiles muertos según Kabul y 22 milicianos abatidos según Islamabad.

Las explosiones se sintieron en Kunar, en la frontera este, y en Helmand, al sur del país, según el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid. Kabul habla de nueve civiles muertos, entre ellos mujeres y niños, y de once heridos. Mujahid calificó los bombardeos de ‘acto de agresión y crimen que viola todos los principios reconocidos’.

La versión de Islamabad es la opuesta. El Ministerio de Información paquistaní aseguró que la operación se basó en ‘inteligencia creíble’ y golpeó de forma selectiva dos refugios de milicianos, donde murieron 22 combatientes. El comunicado insiste en que ‘la amenaza contra Pakistán emana de Afganistán’ y que la acción se dirigió con precisión contra ‘centros terroristas’.

Kunar y Helmand: el patrón de una escalada que no cesa

No es un episodio aislado. Es la tercera vez en dos semanas que la aviación paquistaní ataca suelo afgano. La semana anterior, los bombardeos alcanzaron Kandahar y otras provincias y dejaron cuatro civiles muertos, siempre según el recuento del Gobierno talibán. Kabul no dispone de defensa antiaérea capaz de frenar incursiones desde el este, lo que deja a su población fronteriza en una posición de vulnerabilidad estructural.

El detonante de esta ronda está en el ataque contra una comisaría en el noroeste de Pakistán el mes pasado, que mató a 24 personas. La policía provincial atribuyó la autoría al Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), también conocido como los talibanes paquistaníes. Desde entonces, Islamabad ha elevado el tono y ha convertido los santuarios del TTP en Afganistán en su principal diana declarada.

Por qué Islamabad rompe la tregua que medió China

El estallido enterró alrededor de tres meses de calma relativa entre los dos vecinos. La violencia ya se había disparado en febrero y no fue hasta marzo cuando una mediación de China produjo un alto el fuego frágil, tan inestable que no ha resistido el primer semestre completo. La lectura estratégica es incómoda para Pekín: su papel de árbitro en la región queda tocado cada vez que una de las partes vuelve a las armas.

La posición de Kabul es de negación. El Gobierno talibán rechaza dar cobijo al TTP y sostiene que la militancia que ataca a Pakistán es un ‘asunto interno’ de Islamabad. Es el mismo argumento que Islamabad utiliza para justificar sus bombardeos: que la amenaza no nace dentro de sus fronteras. Dos relatos que se anulan.

bombardeo Kunar Helmand

En una entrevista con RT India, Mujahid insistió en que Afganistán solo se defiende tras la violación de su territorio. ‘Defendernos es nuestro derecho, pero no somos los iniciadores ni queremos que continúe’, dijo. La frase deja poco margen: Kabul no busca la guerra abierta, pero tampoco puede mostrarse sumiso ante una opinión pública que exige respuesta.

La frontera entre Pakistán y Afganistán se ha convertido en un tablero donde ninguna de las dos capitales puede retroceder sin pagar un precio político.

Equilibrio de Poder

Washington sigue con atención un flanco que considera secundario frente al Indo-Pacífico y a Ucrania, pero que toca de lleno su agenda antiterrorista. La retirada de Afganistán en 2021 dejó un vacío que ahora gestionan actores regionales: Pakistán por un lado y el Emirato talibán por otro, con China como mediador, con intereses propios. El precedente más útil es la crisis fronteriza de 2022, cuando los cruces de artillería causaron decenas de víctimas y ninguna de las partes logró imponer una disuasión estable. Entonces, como ahora, la línea Durand —nunca reconocida formalmente por Kabul— fue el origen del roce.

Para España y la UE, el interés es indirecto pero real. Pakistán es un actor clave en la gestión migratoria y en la estabilidad de un sur de Asia que conecta con el Golfo. Cualquier escalada sostenida desvía recursos internos y multiplica los desplazamientos, un factor que Bruselas ya vigila en sus rutas mediterráneas. No hay bases españolas implicadas ni compromiso militar directo, pero la volatilidad del arco que va de Kabul a Islamabad forma parte del mismo sistema de riesgos que alimenta la inestabilidad en el Sahel y el Magreb, donde España tiene intereses de primer orden.

Lo que observamos es un patrón de represalias sin marco legal. Pakistán invoca inteligencia propia para golpear al otro lado de una frontera que no reconoce, y Kabul responde condenando sin capacidad de frenar. La ONU registra más de 1.100 muertos y heridos por violencia transfronteriza en lo que va de año. La próxima ventana crítica llegará si el TTP ejecuta un ataque de gran alcance contra una ciudad paquistaní, o si Kabul cede a la tentación de responder militarmente. Ninguna de las dos hipótesis es descartable. La mediación china se juega en las próximas semanas su credibilidad como árbitro regional, y con ella el frágil equilibrio de un sur de Asia que ningún bloque controla del todo.

La Fiscalía de Cataluña exige endurecer las penas ante la extensión de armas entre bandas

La Fiscalía Superior de Cataluña reclama endurecer el Código Penal ante la extensión de armas entre bandas y grupos organizados. El fiscal superior, Francisco Bañeres, ha pedido abrir una reflexión sobre si la respuesta penal a este fenómeno es lo bastante contundente o se ha quedado corta.

Lo ha hecho en la apertura del año judicial, un acto que ha encabezado junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso. Bañeres ha aprovechado la cita para lamentar la agresión sufrida por dos guardias civiles en Terrassa, heridos de gravedad mientras perseguían a unos ladrones. El más grave recibió cuatro impactos —dos en el abdomen, uno en la pierna y otro en el brazo— y tuvo que ser operado en el Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Qué pide la Fiscalía y por qué lo plantea ahora

El mensaje del fiscal superior es claro: no cuestiona la ley vigente, cuestiona su dureza. La respuesta penal a la tenencia ilícita, sostiene, debe revisarse para comprobar si disuade de verdad a quien ya opera al margen de la norma. La extensión de armas, tanto de fuego como blancas, en manos de bandas y organizaciones criminales es el detonante de esa reflexión.

No es una petición aislada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció hace unos días en el Parlament que el PSC presentará una proposición de ley para tocar tres artículos del Código Penal. La propuesta eleva las penas por armas prohibidas o modificadas (artículo 563) de los 1 a 3 años actuales hasta los 2 a 4 años. En armas cortas sin licencia (artículo 564) se pasa de 1 a 2 años a entre 18 meses y 3 años. Y en armas largas, de 6 meses a 1 año hasta una horquilla de 6 a 18 meses.

Conviene recordar un detalle que el ruido político tiende a difuminar: el Código Penal es competencia estatal. La iniciativa catalana no se tramita en el Parlament, sino que debe remitirse al Congreso de los Diputados, donde su suerte depende de equilibrios que nada tienen que ver con el hemiciclo catalán.

Endurecer el Código Penal desde Cataluña no se decide en Cataluña: se negocia en Madrid, y eso convierte la propuesta del PSC en un gesto político tanto como penal.

El doble frente: seguridad y vivienda

bandas Cataluña

La petición del fiscal no cae en el vacío. Junts lleva tiempo reclamando al president más medidas de seguridad, y el endurecimiento penal es terreno abonado para el pulso entre socios de legislatura. La propuesta del PSC permite al Govern exhibir firmeza sin asumir competencias que no posee.

En paralelo, la presidenta del TSJC ha puesto sobre la mesa otro frente que incomoda tanto o más. Caso ha reclamado a los parlamentarios ‘herramientas sólidas’ para que los jueces puedan responder a la crisis de la vivienda, con una ‘mirada amplia y justa’. Lo ha hecho coincidiendo con el debate de los decretos antidesahucios en el Congreso, sacudido por el caso de Maricarmen, una mujer mayor desahuciada a petición de un fondo buitre.

Qué revela este doble diagnóstico

Lo que observamos es una Fiscalía que abre el debate penal y un TSJC que exige herramientas civiles. Dos instituciones, dos diagnósticos y un mismo destinatario: el legislador. El problema, para el Govern, es que ninguno de los dos frentes se resuelve en Cataluña.

La secuencia tampoco es casual. Cuando el fiscal superior reclama más contundencia penal mientras el Govern presume de iniciativa legislativa, el relato se alinea. La Fiscalía no legisla, pero marca el clima. Y ese clima empuja al PSC a colocarse del lado de la firmeza justo cuando Junts rentabiliza cada episodio de inseguridad.

Hay, sin embargo, una contradicción de fondo. Endurecer las penas por tenencia ilícita ataca el síntoma, no el mercado de armas que alimenta a las bandas. Ninguna reforma del Código Penal explica de dónde salen las escopetas y las pistolas que acaban en manos de grupos organizados, ni cómo entran en Cataluña.

El precedente juega en contra de las prisas. Las propuestas catalanas de reforma penal suelen naufragar en el Congreso, donde cada grupo mide el coste político antes de mover ficha. Esta vez, además, la iniciativa aterriza en una Cámara donde las mayorías se negocian voto a voto.

No es la primera vez que Cataluña coloca el debate penal en el centro. Los repuntes de multirreincidencia ya forzaron pactos entre partidos que rara vez se ponen de acuerdo en nada más. Ahora el eje se desplaza de los hurtos a las armas, un salto cualitativo que las instituciones subrayan con la misma insistencia.

Quedan hitos por delante. La proposición de ley del PSC aún debe registrarse, recabar apoyos y superar el filtro de la Mesa del Congreso antes de que el debate llegue al hemiciclo. Mientras, los decretos antidesahucios seguirán midiendo la distancia entre el discurso del derecho a la vivienda y su aplicación real.

La pelota, en cualquier caso, está en Madrid. Bañeres ha puesto el foco, Caso ha puesto la alerta y el Govern ha puesto la propuesta. Falta lo más difícil: que alguien firme el cambio donde de verdad se decide.

La inflación de la Eurozona escala al 3,8% en septiembre, máximo de tres años, y presiona al BCE

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La inflación de la Eurozona escaló al 3,8% en septiembre, su nivel más alto en tres años, desde el 3,2% de agosto. La energía se disparó un 18,8%.
  • ¿Quién está detrás? El dato es de Eurostat. El BCE, que había minimizado el impacto del precio de la energía, afronta una reunión clave con los mercados descontando otra subida.
  • ¿Qué impacto tiene? España firma la inflación armonizada más alta de las grandes economías, un 5%, frente al 3,3% de Alemania. Hipotecas, salarios y cuentas públicas quedan expuestos.

La inflación de la Eurozona escaló al 3,8% en septiembre, su máximo en tres años, y presiona al BCE para subir los tipos. El dato, difundido por Eurostat, supera las previsiones de los analistas y reabre en Fráncfort un debate que la propia Christine Lagarde había dado por cerrado. La energía volvió a tirar del carro: subió un 18,8%, casi cinco puntos más que en agosto.

El dato que rompe las previsiones de Eurostat

Se esperaba un repunte. No de esta magnitud. La tasa general pasó del 3,2% de agosto al 3,8% de septiembre, seis décimas en un solo mes y el nivel más alto desde hace tres años. Los analistas habían anticipado una subida más contenida, y el mercado reaccionó con rapidez: los futuros de tipos descuentan ya una nueva subida de 25 puntos básicos antes de que termine 2026.

El componente que más ha empujado al alza es el energético. La energía escaló un 18,8%, frente al 14,3% de agosto. Detrás de ese salto hay una tormenta perfecta: el cierre del estrecho de Ormuz, el conflicto de Oriente Medio, la guerra de Rusia contra Ucrania, el anuncio de Donald Trump de prohibir las exportaciones de diésel estadounidense a Europa y un almacenamiento de gas inferior al previsto para el continente.

El resto de componentes se movió de forma más moderada. Los servicios subieron un 3,2%; los alimentos, el alcohol y el tabaco, un 1,4%, frente al 1,1% de agosto; y los bienes industriales no energéticos, un 1,1%. La inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos, se quedó en el 2,5%. Ahí está la clave: el problema no es el conjunto de los precios, sino que el shock energético vuelve a colarse por la puerta de servicio.

España, el socio grande con la inflación más alta

BCE tipos de interés

La inflación armonizada, el cálculo homogéneo que usa Eurostat para comparar países, situó a España en el 5%, la más elevada de las cuatro grandes economías. Alemania se quedó en el 3,3%; Francia, en el 3,4%; e Italia, en el 4,1%. España no solo vive el shock energético europeo: lo amplifica. Los carburantes, la electricidad y la cesta de la compra castigan con más fuerza a los hogares españoles que a los alemanes.

Ese 5% tiene traducción inmediata en la vida diaria. Cada décima que no baja se cuela en las hipotecas variables, en la negociación de los convenios y en la factura de la luz. Para Moncloa, además, complica el relato: España presume de crecer por encima de la media europea, pero firma la peor cifra de precios del grupo de cabeza. El margen político se estrecha.

El shock energético no distingue fronteras, pero castiga más a quien depende del gas importado: por eso España lidera la tabla y Alemania la esquiva.

La política monetaria tampoco es neutral en este reparto. Una subida de tipos golpea con con más dureza a las economías endeudadas del sur, donde el peso de las hipotecas variables es mayor. España e Italia cargan hoy con la factura doble: precios altos y financiación más cara. Los países frugales del norte, en cambio, siguen reclamando mano dura contra la inflación, aunque la suya sea más baja.

La propia Lagarde aseguró esta semana que el precio de la energía no marcaría su estrategia y que la subida de las rentabilidades de los bonos frenaría la expansión y limitaría el traslado del shock al conjunto de los precios. El dato de septiembre deja esa tesis en entredicho. La realidad ha ido por delante del guion.

El Eje del Poder Europeo

El BCE vuelve a partirse en dos. Los halcones, encabezados por el ala alemana y holandesa, leen el 3,8% como una señal de que la batalla contra la inflación no ha terminado y presionan para subir tipos ya. Las palomas, más cercanas a París y a Roma, avisan de que apretar demasiado puede estrangular una economía que apenas crece y encarecer la deuda. En medio, Lagarde intenta sostener que el shock energético es transitorio. El problema es que los mercados ya no le creen del todo.

El precedente más cercano es la crisis energética de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Entonces la inflación de la Eurozona llegó a superar el 10% y el BCE ejecutó la subida de tipos más agresiva de su historia, con diez incrementos consecutivos hasta máximos. Aquel remedio funcionó, pero dejó una resaca de crecimiento débil y una factura de deuda más cara para el sur. La diferencia es que ahora el shock no viene de un solo frente: al gas ruso se le suman Ormuz, Oriente Medio y el veto estadounidense al diésel.

Para España, la lectura es incómoda. Con una inflación del 5%, cada reunión del BCE se convierte en un pulso entre enfriar los precios y no asfixiar a hogares y empresas. Moncloa ha defendido en Bruselas que el diseño fiscal no penalice a los países que crecen, pero el dato la obliga a moverse en un margen muy estrecho. La próxima reunión del Consejo de Gobierno del BCE y la revisión final de Eurostat, prevista para mediados de octubre, marcarán el terreno. Si la energía sigue desbocada, la subida de tipos dejará de ser una hipótesis y pasará a ser el escenario base para cerrar 2026.

Rusia ataca con drones el Puente Sur de Kiev, que soporta el 90% del tráfico del Dniéper

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Al menos tres oleadas de drones rusos han impactado en el Puente Sur (Pivdennyi) de Kiev. El último ataque dañó un apoyo, la barandilla, la calzada y la estructura de hormigón que protege la línea de metro.
  • ¿Quién está detrás? Las fuerzas rusas, según medios ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso no ha confirmado la acción, aunque sostiene que sus blancos son la infraestructura crítica y la logística militar de Ucrania.
  • ¿Qué impacto tiene? El puente absorbe hasta el 90% del tráfico rodado entre las dos orillas del Dniéper y opera como corredor de equipo hacia el frente. La circulación sigue suspendida.

El ataque al Puente Sur de Kiev, la vía que canaliza hasta el 90% del tránsito rodado entre las dos orillas del Dniéper, se ha consumado con drones rusos en al menos tres tandas consecutivas durante la jornada del jueves. Los primeros balances no detectaron daños estructurales críticos y el tráfico llegó a restablecerse. Una tanda posterior cambió el resultado.

Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, confirmó que ese último impacto afectó a un apoyo del puente, a la barandilla, al firme de la calzada y a la estructura de hormigón que protege la línea de metro que discurre soterrada en paralelo. La circulación volvió a cortarse y, a esta hora, sigue cerrada. Los vídeos difundidos en redes muestran explosiones de gran magnitud y columnas de humo negro elevándose sobre la zona.

La información procede de medios ucranianos, que citan a un cargo local, y no ha sido confirmada por una verificación independiente. El Ministerio de Defensa ruso guarda silencio sobre este ataque concreto, aunque mantiene el marco general: asegura que sus fuerzas golpean infraestructura crítica y corredores logísticos empleados por el Ejército ucraniano. Es la misma línea que ha acompañado los golpes contra puertos, buques con material militar y fábricas de armamento en los últimos meses.

Tres impactos, un apoyo dañado y el paso cortado

El Puente Sur no es una infraestructura cualquiera. Enlaza la orilla izquierda y la derecha de la capital y, según Strana.ua, citando a un responsable local, soporta hasta el 90% del tráfico rodado de tránsito entre ambas márgenes. A eso se suma su condición de corredor para el traslado de equipo militar y suministros hacia el frente, un papel que lo convierte en objetivo de alto valor en la lógica de interdicción rusa.

La secuencia de los golpes revela una pauta que ya se ha visto en este ciclo. Los dos primeros impactos no comprometieron la estructura. El tercero sí: tocó un apoyo y la protección de la línea de metro. Eso obliga a evaluar la reparación con más cautela y alarga la suspensión del tráfico. Hablamos de un punto que, si queda inutilizado mucho tiempo, redirige presión hacia los puentes restantes de la capital.

Un puente no se ataca solo para romperlo, sino para obligar al adversario a gastar en rutas, tiempo y escolta lo que antes le costaba poco.

Los Geran de propulsión a reacción cambian la ecuación

La alarma que los medios ucranianos llevan semanas trasladando tiene nombre: los nuevos drones rusos de propulsión a reacción, dentro de la familia que arrancó con el Shahed-136 iraní. Frente a los modelos anteriores, de hélice, estos vuelan a mayor velocidad y resultan más difíciles de interceptar. Es una evolución técnica que reduce el margen de reacción y obliga a las baterías antiaéreas a afinar la detección temprana.

drones Rusia Ucrania

Equilibrio de Poder

El eje Washington-Moscú-Bruselas mira con la misma incomodidad un patrón que ya es estructural. Rusia sostiene su campaña de interdicción sobre la logística ucraniana, mientras Kiev replica con sus propios golpes de largo alcance contra refinerías, depósitos y nodos ferroviarios rusos. En Washington, la administración Trump mantiene la retórica de empujar a Kiev hacia una negociación, pero no ha cortado el flujo de inteligencia ni de munición. Bruselas, por su parte, sigue aprobando tramos de ayuda que llegan con cuentagotas y con la vista puesta en la próxima reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

Para España el asunto importa más de lo que parece. La posición de Kiev condiciona el calendario europeo de apoyo militar, y de él depende parte de la carga que asumirán los presupuestos de Defensa españoles de 2027. Además, el sistema de drones de largo alcance y bajo coste que ambos bandos están perfeccionando redefine amenazas que también afectan a el flanco sur de la OTAN, desde el Sahel hasta el Mediterráneo. Lo que se está probando sobre el Dniéper son lecciones de defensa antiaérea, coste por intercepción, saturación de blancos, y de mando y control que llegan enteras a los estados mayores europeos.

El precedente más útil está en las campañas de interdicción de infraestructura de la Segunda Guerra Mundial: no se trataba tanto de destruir un puente como de forzar al adversario a redistribuir recursos, tiempo y rutas. Un puente cortado obliga a desviar tonelaje, alargar los trayectos y exponer convoyes. El riesgo inmediato es que el Puente Sur permanezca inutilizado semanas y que otros cruces de la capital pasen a primera línea de la diana rusa. Lo que observamos es una campaña que no busca un golpe decisivo, sino desgastar de forma sostenida. La próxima ventana será la reunión de ministros de Defensa de la OTAN prevista para las próximas semanas, donde volverá a medirse la munición antiaérea que Europa está dispuesta a entregar a Kiev.

El Eurogrupo abre el jueves la carrera por la cúpula BCE y España aspira a influir

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Christine Lagarde ha pedido por carta al Consejo Europeo que arranque el proceso para sustituir a Isabel Schnabel en el Comité Ejecutivo del BCE. La alemana deja Fráncfort en enero, un año antes de lo previsto, para fichar por el FMI.
  • ¿Quién está detrás? El Eurogrupo toma el mando y abrirá el debate en su reunión del 8 de octubre en Luxemburgo. Alemania, Francia, España y Países Bajos se juegan las sillas del Comité Ejecutivo.
  • ¿Qué impacto tiene? España aspira por primera vez a la presidencia del BCE con Pablo Hernández de Cos. El reparto decidirá el tono de la política monetaria de la Eurozona hasta finales de 2027.

El Eurogrupo abre este jueves en Luxemburgo la carrera por la cúpula del BCE, el banco que fija los tipos de interés de la zona euro. Los ministros de Economía y Finanzas se sientan a la mesa con una carta encima: la que Christine Lagarde envió a António Costa para exigir que los países muevan ficha y busquen sustituto a Isabel Schnabel.

El movimiento no es menor. Detrás del sillón de Schnabel, responsable de Operaciones de Mercado, asoman tres vacantes más en el Comité Ejecutivo: la presidencia que ocupa la propia Lagarde, la vicepresidencia y el puesto de economista jefe del irlandés Philip Lane. Conviene recordar que el Comité Ejecutivo es el núcleo duro del Banco Central Europeo: seis personas que dirigen el banco, ejecutan la política monetaria y firman las decisiones que después ratifica el Consejo de Gobierno.

Qué ha pedido exactamente Lagarde y por qué corre prisa

La petición de la francesa es quirúrgica: reclama agilizar el reemplazo de Schnabel y solo de Schnabel. El resto de plazas, entiende, tiene margen. La alemana anunció la semana pasada que pone fin a su mandato en enero, un año antes de lo previsto, para incorporarse al Fondo Monetario Internacional. Su salida deja huérfana la dirección de Operaciones de Mercado, la mano que ejecuta las compras y ventas de deuda del banco central.

El calendario tampoco ayuda. Lagarde confirmó el miércoles que se quedará, como mínimo, hasta pocos meses antes de que expire su mandato, el 31 de octubre de 2027. Hasta hace poco se daba por hecho que saldría en el primer trimestre del próximo año, casi en paralelo a Lane, con salida fijada para el 31 de mayo. Esa brecha complica negociar todos los puestos en un solo paquete, aunque fuentes comunitarias admiten que será imposible separar el reemplazo de Schnabel del resto de la partida.

El Eurogrupo, que preside el griego Kyriakos Pierrakakis, tiene previsto abrir las conversaciones de cara a la cita del próximo 8 de octubre en Luxemburgo. ‘La petición de Lagarde ha sido lanzar el procedimiento de inmediato’, trasladan fuentes comunitarias. Sobre la mesa, un reglamento no escrito que mezcla geografía, ideología y peso técnico.

En Fráncfort no se elige un nombre suelto, se reparte un mapa: cada sillón del Comité Ejecutivo reordena el equilibrio de poder entre París, Berlín, Roma y Madrid.

De Cos, la apuesta española en un reparto que se negocia en los márgenes

Cuatro países se juegan su representación en el directorio del BCE: España, Francia, Alemania y Países Bajos. Sobre el papel, solo París y Berlín podrían querer el puesto que Schnabel deja libre ahora. Francia está descartada para la presidencia tras haberla ocupado en dos ocasiones, con la propia Lagarde y con Jean-Claude Trichet, así que sus aspiraciones apuntan al puesto de economista jefe. Ahí suenan la subgobernadora del Banco de Francia, Agnès Bénassy-Quéré, y Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE.

Eurogrupo

Alemania estuvo vinculada al principio a la carrera por la presidencia con el gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel, pero ha perdido fuelle ante la falta de respaldo claro de su Gobierno. Ahora se especula con que intente revalidar el rol de Schnabel con el ex FMI Tobias Adrian. En esa quiniela, España apuntará por primera vez a lo más alto con un candidato de prestigio internacional: Pablo Hernández de Cos, hoy director gerente del Banco Internacional de Pagos y exgobernador del Banco de España.

La mayor competencia llega de Países Bajos, que ha colocado al ex gobernador de su banco central, el veterano Klaas Knot, en la batalla por liderar el BCE. Como De Cos, el neerlandés arrastra un gran reconocimiento internacional. Sin embargo, La Haya ya tuvo la presidencia con Wim Duisenberg, el primer presidente del banco central.

La verdadera negociación se cuece en los márgenes. Los países dan por sentado que el reparto de sillas debe pactarse como un paquete, por la influencia que tiene cada plaza sobre las aspiraciones al resto. Por eso, aunque de forma oficial el Eurogrupo del 8 de octubre solo abordará el reemplazo de Schnabel, los ministros con aspiraciones buscarán la fórmula para discutir los demás sillones. Reuniones bilaterales, cafés de pasillo, y conversaciones fuera de agenda. Cosas que pasan en Bruselas.

El Eje del Poder Europeo

El pulso enfrenta a cuatro capitales y a tres bloques de poder. París llega con la carta marcada: quiere la presidencia para su órbita, pero ya la ha tenido dos veces y Fráncfort rara vez repite. Berlín, que durante años dio por hecho que el Bundesbank mandaba por derecho propio, ha bajado el ritmo tras la falta de apoyo explícito a Nagel. Madrid juega por primera vez la carta de la presidencia con un candidato técnico y un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que ha confirmado el nombre sin ambigüedades. Y La Haya, con Knot, planta cara con el argumento de la veteranía, aunque arrastre el lastre de haber presidido ya el banco.

Para España, el movimiento tiene una lectura doméstica evidente. Un sillón en el Comité Ejecutivo del BCE no cambia los tipos de un día para otro, pero pesa en la sala donde se decide el tono monetario que afecta a las hipotecas, al coste de la deuda pública y al crédito de familias y pymes. Con el debate sobre la regla fiscal europea todavía abierto, contar con voz propia en Fráncfort deja de ser un lujo diplomático.

El precedente sirve de aviso. La crisis del euro de 2010-2012 demostró que quien controla el banco central manda más que quien firma comunicados. España pagó entonces su falta de peso en las instituciones comunitarias con recetas de austeridad que no discutió, porque no tenía asiento donde discutirlas. Aquella lección es la que ahora empuja a Moncloa a pelear por una plaza histórica. La ventana se abre y se cierra rápido: el próximo 8 de octubre, en Luxemburgo, arranca la cuenta atrás.

Observamos un patrón reconocible: cada vez que Francia y Alemania cierran un acuerdo bilateral sobre un nombramiento, el resto de capitales se entera por los periódicos. Esta vez, sin embargo, el tablero está más abierto que nunca. Con tres sillas en juego y ninguna candidatura blindada, el reparto podría alargarse hasta bien entrado 2027, cuando Lagarde y Lane apuren sus últimos meses. Hasta entonces, todo son quinielas.

La Junta activa el nivel 1 del Plan de Emergencias de Andalucía ante el riesgo de inundaciones en Sevilla

La Junta activa el nivel 1 del Plan de Emergencias por inundaciones en Sevilla y otras cinco provincias andaluzas. La situación operativa 1 se extiende a Almería, Granada, Jaén, Córdoba y Huelva ante los avisos por lluvias y tormentas fuertes previstos para este viernes, 2 de octubre, entre el mediodía y la medianoche.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Junta de Andalucía ha activado la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones por lluvias y tormentas fuertes.
  • ¿Dónde y quién? Afecta a seis provincias —Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva—, con avisos naranjas y amarillos de la AEMET y coordinación del 112 Andalucía.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Evitar cauces y zonas inundables, no cruzar áreas anegadas y seguir las indicaciones del teléfono de emergencias durante toda la tarde y la noche.

El anuncio lo ha hecho el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, desde su cuenta oficial en la red social X, con un mensaje directo a la población: «Evita cauces y zonas inundables, no cruces zonas anegadas y sigue las indicaciones del 1-1-2. Protégete, no te la juegues».

Qué significa el nivel 1 del Plan de Emergencias de Andalucía

La situación operativa 1 dentro del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones es una declaración administrativa que pone a la maquinaria autonómica en marcha antes de que el agua llegue a causar daños. En la práctica, el 112 Andalucía —el servicio de emergencias autonómico que coordina bomberos, policía y sanitarios— asume la centralización de avisos y la movilización de recursos en las seis provincias afectadas, y los ayuntamientos implicados activan sus protocolos locales. Es el paso previo a una emergencia de escala mayor.

El detonante han sido los avisos de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que sitúa la jornada de este viernes como una de las más inestables del arranque de octubre. La Junta de Andalucía ha preferido no esperar a que las precipitaciones se materialicen para mover ficha, una decisión que se repite cada vez que convergen lluvia intensa, suelos secos y cauces con poca capacidad de absorción.

Aviso naranja en Almería y Granada y amarillo en Jaén, Sevilla, Córdoba y Huelva

inundaciones Andalucía

La AEMET mantiene aviso naranja por lluvias y tormentas en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, y en las comarcas de Guadix y Baza, en Granada. La alerta estará activa entre las 12:00 y la medianoche, con una precipitación acumulada que puede alcanzar los 30 litros por metro cuadrado. Son las dos zonas donde la situación se presume más complicada.

En el resto de los territorios, el aviso es amarillo. Morena y Condado, Cazorla y Segura, el Valle del Guadalquivir y Capital y Montes, en Jaén, estarán en alerta desde las 12:00 y hasta la medianoche, con hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. El Levante Almeriense y Nacimiento y Campo de Tabernas, en Almería, arrancan antes: a las 10:00 y a las 12:00, respectivamente, y se mantienen hasta el final del día. Y la Sierra Norte de Sevilla, Aracena, en Huelva, y Sierra y Pedroches, en Córdoba, entran en aviso amarillo por tormentas a las 22:00 de este viernes, con vigencia hasta las 02:59 del sábado 3 de octubre.

Andalucía alterna sequías severas y lluvias torrenciales: la misma tierra que necesita el agua es la que más la teme cuando llega de golpe.

Los consejos oficiales se repiten con insistencia: no cruzar zonas anegadas, no acercarse a cauces ni a ramblas, extremar la precaución al volante en carreteras secundarias y mantener el teléfono a mano. Los municipios ribereños del Guadalquivir —Écija, Lora del Río o Palma del Río— saben bien lo que significa un episodio de estas características: cada crecida del río obliga a vigilar vados, pasos inundables y caminos de servicio.

La Lectura Andaluza

Andalucía convive desde hace años con una doble alerta: la de la sequía y la de las lluvias torrenciales. La comunidad que ha visto bajar sus embalses a mínimos en los últimos ejercicios es la misma que, en pocas horas, puede ver cómo un arroyo cualquiera se convierte en un problema serio. Por eso la activación del nivel 1 del Plan de Emergencias de Andalucía no se lee en la región como un anuncio rutinario, sino como el primer engranaje de una maquinaria que este viernes pone a trabajar a la vez a seis provincias, a los servicios de emergencia y a los ayuntamientos. La respuesta institucional llega antes que la lluvia, y ese margen es exactamente el que marca la diferencia entre un susto y una desgracia.

El impacto inmediato se mide en movilidad y en campo. Cualquier episodio de lluvia intensa en Almería o Granada se traduce en ramblas que bajan llenas, en caminos rurales cortados y en agricultores pendientes del cielo a las puertas de la campaña del olivar. En Jaén y Córdoba, donde se produce buena parte del aceite de oliva que sale al mundo, el agua de octubre es una bendición si llega con calma y un quebradero de cabeza si llega de golpe. A eso se suma el día a día: colegios que ajustan actividades al aire libre, desplazamientos que se complican al caer la tarde y miles de conductores que tendrán que decidir entre salir antes o esperar a que escampe.

La previsión señala las próximas horas como las decisivas. El aviso amarillo por tormentas se prolonga hasta las 02:59 del sábado 3 de octubre, y cualquier cambio en la intensidad de las precipitaciones obligará a la AEMET a revisar sus niveles y a la Junta de Andalucía a reevaluar la situación operativa. Quienes vivimos aquí sabemos que el agua, cuando llega de golpe, no entiende de avisos: entiende de cauces, de pendientes y de tiempo de reacción. Este viernes, Andalucía lleva la delantera.

La prensa marroquí reaviva el término ‘enclaves ocupados’ sobre Ceuta ante la visita de los Reyes

La Casa del Rey anunció este jueves que Felipe VI y la Reina Letizia visitarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre. La respuesta desde Marruecos llegó el mismo día. La agencia Hespress, uno de los digitales de referencia del país vecino, presentó el desplazamiento como una visita a los ‘enclaves ocupados’, la fórmula que parte de la prensa marroquí emplea desde hace años para nombrar a las dos ciudades.

El anuncio salió de Zarzuela con un matiz que conviene retener: la fecha se acordó de forma consensuada entre el Gobierno y la Casa Real. No es un detalle menor. Cualquier desplazamiento del Jefe del Estado a los dos territorios entraña hoy una lectura de política exterior.

Todo tiene un precedente claro. La última visita de la Corona a Ceuta y Melilla se remonta a noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y la Reina Sofía recorrieron ambos territorios los días 6 y 7. Desde entonces, diecinueve años sin repetir el gesto. La decisión de entonces desencadenó una crisis diplomática de largo recorrido entre Madrid y Rabat.

La reacción marroquí fue contundente. El rey Mohamed VI calificó el viaje de ‘paso contraproducente’ y sostuvo que suponía un ataque a los sentimientos patrióticos de la población marroquí. En un comunicado difundido por la agencia estatal MAP, el monarca situó además la visita en una ‘era sombría’ que, a su juicio, debía darse por superada.

Nada de esto resulta inédito en el vocabulario de la prensa marroquí. Parte de los medios del país emplea de forma habitual la expresión ‘ciudades ocupadas’ para referirse a Ceuta y Melilla, en línea con la posición de Rabat sobre la soberanía de ambos territorios. Lo significativo es el contexto: el término reaparece a propósito de una visita de los Reyes, no de una reunión técnica ni de un encuentro sectorial.

El vocabulario de la prensa marroquí no es un accidente: cada vez que Ceuta y Melilla entran en la agenda, la palabra soberanía vuelve al centro del tablero.

El calendario que Zarzuela fija para el 13 y el 14 de octubre

El comunicado se limita, por ahora, a las fechas y a los dos destinos. El programa detallado de actos no ha trascendido, y es ahí donde suele medirse el alcance real de una visita de estas características: qué instituciones se visitan, qué autoridades acompañan, y qué espacio se reserva a la sociedad civil de cada ciudad. Será, en cualquier caso, el primer desplazamiento de la Corona a ambos territorios desde 2007.

La última vez el viaje lo protagonizaron los Reyes eméritos. Ahora la firma es de Felipe VI, acompañado por la Reina Letizia. El marco institucional también es otro: una etapa de acercamiento estratégico entre España y Marruecos que la propia prensa del país vecino reconoce.

La lectura de Rabat: soberanía, agencia y advertencia

Hespress ha sido uno de los primeros medios en hacerse eco de la convocatoria. En su información, el digital vuelve a situar la cuestión de la soberanía de Ceuta y Melilla en el centro del debate y menciona las reivindicaciones marroquíes sobre ambas ciudades y sobre otros territorios españoles del norte de África.

prensa marroquí Ceuta

El mismo medio admite que el desplazamiento llega mientras las relaciones bilaterales atraviesan una etapa de acercamiento, aunque advierte de que una visita de estas características puede generar de nuevo tensión en torno a la cuestión territorial. En términos diplomáticos: Rabat no ha movido ficha oficialmente, pero su ecosistema mediático ya ha calentado el marco.

Qué se juega la Corona con este viaje

Hay una dimensión interna que conviene no perder de vista. Una visita de los Reyes a Ceuta y Melilla normaliza la presencia del Estado en dos territorios cuya españolidad no se discute en Madrid, pero sí se cuestiona fuera. El gesto tiene más de rutina institucional que de reivindicación, y precisamente por eso incomoda a quien preferiría que esas ciudades no aparecieran en la agenda con esa naturalidad.

El riesgo está documentado: repetir el guion de 2007. Entonces bastó un desplazamiento para abrir meses de fricción. La diferencia, ahora, es que la fecha se ha pactado con el Gobierno y que el marco bilateral es sensiblemente mejor que hace dos décadas. La contradicción, sin embargo, sigue ahí: la misma relación estratégica que ambos países cultivan convive con una reivindicación territorial que Marruecos no ha retirado de su discurso.

La prueba de fuego no será el recibimiento en las dos ciudades, sino lo que ocurra en Rabat en las horas siguientes. Habrá que ver si algún portavoz oficial respalda la lectura de la prensa o si, por el contrario, el Ejecutivo marroquí deja el asunto en manos de los medios. También importa el después: si este viaje se convierte en una cita periódica o si vuelve a congelarse durante años, como ocurrió tras 2007. Ahí se medirá si la normalización es real o de escaparate.

La agenda oficial de la Casa del Rey y la del Ministerio de Asuntos Exteriores irán despejando las dudas en los próximos días. De momento, las fechas están fijadas y el vocabulario de siempre ha vuelto a circular.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: primera visita de la Corona a Ceuta y Melilla desde noviembre de 2007, con fecha consensuada entre La Moncloa y Zarzuela.
  • El detalle de protocolo: el anuncio se limita a fechas y destinos, sin detallar el programa de actos, lo que deja el alcance del gesto abierto a la interpretación de las partes.
  • Próximos pasos: los días 13 y 14 de octubre. Falta por ver si Rabat respalda oficialmente la lectura de su prensa o la deja sin aval institucional.