Madrid completa la excavación del túnel de la Castellana con IA para seguridad vial

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los conductores que circulen por el norte de la capital, especialmente los que usan el eje de la Castellana para conectar con la M-30, A-1, M-607 o M-11.
  • ¿Cuándo ocurre? La excavación ha finalizado hoy, 7 de julio de 2026. El túnel completo, con tres carriles por sentido, abrirá al tráfico en diciembre de 2026.
  • ¿Qué cambia hoy? Se completa una fase clave de la obra. A partir de ahora los trabajos se centran en los acabados, la instalación de la inteligencia artificial y la construcción del parque en superficie.

La luz ha entrado por fin en el intestino de la Castellana. Esta mañana, la cabeza de una excavadora ha derribado el último tabique y ha unido los dos extremos del túnel que soterrará el paseo entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado el hito desde el interior de la galería: «Continuamos, en plazo, la mayor transformación urbana de las últimas décadas».

La obra, que apenas lleva un año de ejecución, ha avanzado a buen ritmo. Según ha informado ABC, la delegada de Obras, Paloma García, ha supervisado el momento junto a los técnicos. A partir de ahora, los esfuerzos se centran en los acabados del túnel y en dotarlo de una tecnología que lo convertirá, según fuentes municipales, en «el más seguro» construido hasta la fecha en Madrid.

Un túnel con IA que identifica coches y contaminación

La gran singularidad del nuevo paso subterráneo es el uso de inteligencia artificial para el control del tráfico. Los sistemas serán capaces de identificar cada vehículo, su velocidad, las emisiones que genera y detectar incidencias en tiempo real. Esta red neuronal se integrará con los sistemas de ventilación mejorados, las salidas de emergencia y la cobertura wifi que se instalará en todo el recorrido.

El túnel dispondrá de tres carriles por sentido y concentrará bajo tierra la circulación que ahora atraviesa la zona de las cinco Torres en superficie. Las bocas sur coincidirán con el actual paso inferior de Sinesio Delgado, mientras que al norte la salida se situará junto al Hospital La Paz, con conexión directa al Nudo Norte.

Dos niveles bajo tierra y un parque en superficie

El proyecto se ha diseñado en dos niveles. El segundo, que se excavará este verano, quedará preparado para que en el futuro, cuando se desarrolle Madrid Nuevo Norte, el túnel pueda conectar directamente con el barrio de Begoña sin necesidad de nuevas obras. De momento, el tráfico circulará por el nivel superior, con rampas de acceso desde Sinesio Delgado, Monforte de Lemos y el acceso a Chamartín.

En la superficie, la obra ya permite intuir lo que será el Parque Castellana: 675 metros de largo y 90 de ancho, con 772 árboles nuevos, una gran pérgola con paneles solares y una fuente de chorros. Parte de la tierra extraída se reutiliza para las jardineras y el resto se envía a otras obras municipales. «Como es tierra de buena calidad, gran parte la estamos utilizando para las jardineras», explican las mismas fuentes.

El soterramiento más seguro de Madrid incorpora inteligencia artificial para ver cada coche que pase bajo tierra.

Por qué este túnel marca un antes y un después para la movilidad del norte

En esta redacción analizamos esta obra como un paso más en la modernización de la red viaria madrileña, pero con un salto cualitativo. Si los túneles de la M-30, como los de la Calle 30, ya incorporaron sistemas avanzados de ventilación y seguridad, la integración de la IA supone un cambio de paradigma. En otras ciudades, como Barcelona, los corredores inteligentes (como el de la Ronda Litoral) han mostrado resultados dispares: reducen la congestión a corto plazo, pero no eliminan la dependencia del coche. Madrid apuesta aquí por una tecnología que también medirá la contaminación en tiempo real y podría, en un futuro, adaptar el flujo de vehículos según los niveles de calidad del aire.

El Ayuntamiento insiste en que la obra va en plazo y que la apertura en diciembre es firme. Sin embargo, conviene recordar que otros grandes proyectos de soterramiento en la capital (como el nudo de la A-5) acumularon meses de retraso por imprevistos geológicos. La apuesta tecnológica añade complejidad: la instalación y calibración de los sistemas de IA podría alargar las pruebas si surgen incidencias. Aún así, la excavación completada es un hito tangible y la estructura ya está ahí. Los próximos meses dirán si la fecha de diciembre se cumple o si, como ha pasado en otras ocasiones, el túnel se abre unas semanas más tarde.

Merece la pena también mirar hacia atrás: el soterramiento de la Castellana se planteó por primera vez hace más de una década, y el proyecto actual recoge buena parte de las demandas vecinales que pedían liberar la superficie para el peatón y el transporte público. Hoy, con la excavación terminada, ese objetivo está más cerca. El Parque Castellana y la pérgola solar serán la cara visible del cambio, mientras que bajo tierra la IA velará por la seguridad de miles de conductores cada día. El siguiente hito: las pruebas de tráfico controlado, previstas para noviembre.

MediaMarkt prepara su ‘Día Sin IVA’ con ahorro del 21% en móviles, televisores e informática

MediaMarkt ya prepara el terreno para su próximo Día Sin IVA, una cita que muchos españoles marcan en el calendario antes de renovar el móvil o la tele. La cadena alemana repite la fórmula que le ha funcionado desde 2007: descontar el 21% del IVA directamente en el precio de miles de productos.

Esta vez el foco está en tres categorías muy demandadas: telefonía, televisores e informática. Si llevas meses esperando para comprar sin pagar impuestos, esta puede ser tu ventana, aunque conviene entender bien las condiciones antes de lanzarte a comprar.

MediaMarkt confirma su nuevo Día Sin IVA

La promoción de MediaMarkt no tiene una fecha fija en el calendario; suele anunciarse con pocos días de antelación y activarse primero en la tienda online, normalmente a partir de las 20:00 horas, para llegar a las tiendas físicas al día siguiente. Esta rotación permite a la cadena medir la demanda antes de abrir el grifo en todos sus establecimientos.

Quien haya vivido ediciones anteriores sabe que la ventana suele cerrarse en menos de 48 horas. Por eso conviene tener claro de antemano qué se quiere comprar, porque el stock de los modelos más buscados vuela en las primeras horas, tanto en web como en tienda física.

El truco real detrás del descuento del 21% de IVA

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El IVA es el impuesto que grava el consumo en España, y su tipo general es precisamente ese 21% que da nombre a la campaña de MediaMarkt. Pero hay un matiz que mucha gente pasa por alto: el descuento no se aplica sobre el precio final, sino sobre la base imponible del producto.

En la práctica, esto significa que el ahorro real ronda el 17-18% sobre lo que aparece en la etiqueta, no el 21% que anuncia la publicidad. Para calcularlo con precisión, la fórmula más fiable es dividir el precio original entre 1,21 y comparar el resultado con el precio ya rebajado.

Qué encuentras en la oferta de MediaMarkt

La lista de categorías incluidas suele ser generosa: móviles y smartphones, televisores, portátiles, tablets, pequeño y gran electrodoméstico, informática en general y, en algunas ediciones, movilidad urbana como patinetes eléctricos. En MediaMarkt la variedad de marcas también es amplia, desde Samsung y Xiaomi hasta LG o Google.

Eso sí, no todo entra en el paquete. Apple, las videoconsolas y algunos lanzamientos recientes suelen quedarse fuera de la ecuación, así que conviene revisar la letra pequeña antes de hacerse ilusiones con un iPhone o una PlayStation a precio rebajado.

Trucos para exprimir la promoción

Aprovechar bien el Día Sin IVA depende tanto de la rapidez como de la planificación previa. Con MediaMarkt, quienes llegan con la compra ya decidida suelen salir mejor parados que quienes improvisan sobre la marcha en plena avalancha de gente.

Dos hábitos marcan la diferencia entre un chollo real y una decepción disfrazada de oferta, y ambos empiezan antes de que arranque la campaña, no durante ella.

Vigila el precio antes de la promoción

Comprueba el histórico de precios del producto que te interesa en las semanas previas. Algunas tiendas suben el precio de tarifa justo antes del evento para que el descuento parezca mayor de lo que realmente es.

Ten la compra decidida de antemano

Elige el modelo exacto, la talla o la capacidad de memoria antes de que abra la promoción. El stock de los artículos más demandados suele agotarse en las primeras horas, especialmente en tienda física.

Categorías fuera del Día Sin IVA

No todas las secciones de MediaMarkt participan en la fiesta del 21%. Antes de hacer los cálculos con la calculadora en mano, conviene repasar qué queda excluido para no llevarse una sorpresa en el momento de pagar.

Estas son las exclusiones más habituales en las últimas ediciones:

  • Productos Apple y accesorios de la marca
  • Videoconsolas y videojuegos de nueva generación
  • Lanzamientos muy recientes de cualquier categoría
  • Servicios, garantías extendidas y contenido digital

Hacia dónde van las rebajas tecnológicas

El Día Sin IVA de MediaMarkt se ha consolidado como una cita fija en el calendario del consumidor español, y todo apunta a que seguirá multiplicándose a lo largo del año, con varias ediciones en lugar de una sola cada temporada. La tendencia del sector, marcada por el encarecimiento de componentes como la memoria RAM, hace que estas ventanas de descuento ganen todavía más valor para quien sabe esperar el momento adecuado.

Mi consejo tras seguir varias ediciones de cerca: crea una lista de deseos, vigila el precio unas semanas antes y ten la tarjeta preparada cuando llegue el aviso. El IVA vuelve a ser noticia, y con algo de paciencia el ahorro puede ser muy real.

Almería registra 38 muertes por calor en 15 días de verano y lidera los golpes de calor en Andalucía

Almería ha registrado 38 muertes atribuibles al calor en apenas 15 días de verano y se consolida como la provincia andaluza con más golpes de calor, según los últimos datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) y del servicio sanitario público. La combinación de ambas métricas dibuja un escenario de riesgo que las autoridades sanitarias siguen con especial atención.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Entre el 21 de junio y el 5 de julio, Almería contabilizó 38 defunciones relacionadas con la temperatura y tres golpes de calor, la cifra más alta de Andalucía.
  • ¿Dónde y quién? Los datos proceden del sistema MoMo y de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, que ha atendido 800 urgencias por calor en la comunidad.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? La Junta insiste en extremar la precaución, mantener una hidratación constante y proteger a los colectivos más vulnerables ante la persistencia de las altas temperaturas.

Las cifras: Almería, a la cabeza de los golpes de calor y la mortalidad

El sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) atribuye al calor 38 de las 220 defunciones registradas en Almería entre el 21 de junio y el 5 de julio, un periodo en el que la mortalidad base se situaba en 210 fallecimientos. La diferencia entre el exceso total (nueve muertes) y la estimación de MoMo se explica porque el modelo no contabiliza solo certificados directos, sino que calcula el peso de la temperatura en el conjunto de la mortalidad, incluyendo el agravamiento de enfermedades previas.

Ese mismo tramo quincenal ha dejado tres golpes de calor notificados en la provincia, la cifra mas alta de toda Andalucía. Cádiz y Sevilla acumulan dos cada una, mientras que Córdoba y Jaén notifican uno, lo que sitúa a Almería con uno de cada tres episodios graves de toda la comunidad. La Junta de Andalucía ha confirmado que dos de los nueve pacientes andaluces han fallecido, aunque ninguno de esos fallecimientos corresponde a la provincia almeriense.

La otra cara del problema la ofrecen los hospitales. De las 800 urgencias relacionadas con las altas temperaturas atendidas en Andalucía desde el inicio de la campaña, ocho personas han necesitado hospitalización y cinco continúan ingresadas. Tres de los nueve golpes de calor notificados mantienen una evolución compleja, según los partes médicos.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, reclamó este lunes «responsabilidad» y «concienciación» ciudadana. «No podemos bajar la guardia ante el calor», subrayó, mientras la Junta mantiene activados todos los mecanismos de prevención y coordinación.

Almería llega así al verano con dos señales que, sin sumarse, revelan la magnitud del impacto. Los golpes de calor miden la punta del iceberg clínico; las estimaciones de MoMo intentan dibujar la silueta completa de un calor que agrava dolencias sin aparecer siempre en un certificado.

El calor puede matar sin aparecer como causa directa en un certificado de defunción, y los datos de MoMo muestran que su huella es mayor de lo que parece.

Recomendaciones y una red sanitaria bajo presión

La Consejería de Sanidad ha reiterado las pautas clásicas de protección: beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa ligera y permanecer en lugares frescos. El foco se centra especialmente en niños, mayores y pacientes crónicos, los grupos con mayor vulnerabilidad fisiológica.

La red asistencial andaluza ha respondido a más de 800 episodios urgentes vinculados a la temperatura en lo que va de campaña, una cifra que pone de manifiesto la tensión añadida sobre los servicios de urgencias durante los picos de calor. Ocho de esos pacientes necesitaron cama hospitalaria y cinco siguen ingresados, lo que obliga a mantener la vigilancia en todo el dispositivo.

Los tres golpes de calor notificados en Almería representan un tercio del total autonómico y convierten a la provincia en la más castigada por los episodios más graves. La Junta no ha vinculado los dos fallecimientos registrados en Andalucía con la provincia almeriense, pero insiste en que cualquier caso grave es un aviso para no relajar las medidas.

La Lectura Andaluza

Andalucía es, por latitud y geografía, una de las regiones europeas más expuestas a los efectos del calor extremo. Los datos de Almería no son una sorpresa, pero sí un recordatorio de que la adaptación al cambio climático ya no es un ejercicio teórico, sino una urgencia para la salud pública. Cada verano, los sistemas de vigilancia como Plan INFOCA o el propio Plan de Prevención contra el Calor se activan con la experiencia de años anteriores, pero la intensidad creciente de las olas de calor obliga a reforzar los recursos sanitarios y la conciencia social.

Para los almerienses, la lectura más práctica es clara: en un territorio donde el termómetro puede superar los 40 grados durante semanas, el calor deja de ser un asunto meteorológico para convertirse en un riesgo laboral, doméstico y comunitario. Los trabajadores del campo, los repartidores, quienes viven en viviendas sin climatización adecuada o quienes pasean por el centro en las horas punta son los que más sufren. La Junta ha destinado campañas informativas y dispositivos asistenciales, pero la eficacia de estas medidas depende en buena parte de que el mensaje cale en los colectivos más expuestos.

Con casi 40 fallecimientos estimados en apenas dos semanas, Almería ejemplifica una realidad que el sistema sanitario y la sociedad deberán gestionar con mayor ambición en los próximos veranos. La temperatura no entiende de provincias, pero sí de vulnerabilidades, y los datos de MoMo y de los hospitales son ya la base sobre la que se construirá la próxima campaña de prevención en toda Andalucía.

El Gobierno invierte 8 millones en barreras flotantes contra narcolanchas en el Guadalquivir a su paso por Sevilla

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una inversión de 8 millones de euros para instalar tres barreras flotantes en el cauce del Guadalquivir, con el fin de impedir que las narcolanchas sigan accediendo hasta el puerto de Sevilla.

Así lo ha confirmado el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha enmarcado esta actuación en el Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en vigor desde 2018. “Es una más de las muchas medidas que estamos desplegando”, ha señalado el representante del Ejecutivo central, que recordó los buenos resultados obtenidos en el Campo de Gibraltar, donde las barreras disuasorias ya han reducido significativamente los alijos.

La inversión, que se licitará de manera inminente a través del Ministerio del Interior, permitirá colocar tres barreras físicas a lo largo del río, a su paso por la provincia de Sevilla. Serán elementos flotantes de alta resistencia, diseñados para detener embarcaciones de hasta 16 metros de eslora, las mismas que las mafias utilizan para transportar hachís desde el norte de Marruecos.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha aprobado 8 millones para instalar tres barreras flotantes que frenen la entrada de narcolanchas por el Guadalquivir.
  • ¿Dónde y quién? Se ubicarán en el cauce del río, en la provincia de Sevilla. Lo ha detallado el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Refuerza la seguridad fluvial y dificulta la actividad de las redes de narcotráfico que buscan introducir droga en la capital andaluza.

El Guadalquivir se ha consolidado como un corredor atractivo para el contrabando marítimo. La ausencia de barreras físicas permanentes y la profundidad de su canal, apto para buques mercantes, han permitido que en los últimos años las narcolanchas penetren sin apenas obstáculos hasta las dársenas de la capital hispalense.

Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Andalucía, en los últimos doce meses se han interceptado en el tramo sevillano del río más de una veintena de embarcaciones rápidas vinculadas al narcotráfico, algunas con cargamentos de hachís valorados en más de dos millones de euros.

El Guadalquivir se ha convertido en los últimos años en una ruta alternativa al Estrecho para las mafias, que buscan puertos menos vigilados como el de Sevilla para introducir su mercancía.

Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que la elección de barreras flotantes, similares a las ya operativas en puntos del Campo de Gibraltar y en la ría de Huelva, busca dotar a la Guardia Civil de una herramienta disuasoria fija que complemente las patrullas marítimas y los controles del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La Junta de Andalucía ha recibido con satisfacción el anuncio. Fuentes de la Consejería de la Presidencia han valorado la medida como un paso necesario, si bien recuerdan que la comunidad sigue reclamando un refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil y una mayor coordinación con la Policía Nacional. El Gobierno andaluz ha evitado cualquier reproche público al Ejecutivo central, centrando su discurso en la colaboración institucional. “Esto demuestra que cuando se trabaja de la mano, las soluciones llegan”, han señalado desde San Telmo.

La Lectura Andaluza

La proliferación de narcolanchas en el Guadalquivir era una asignatura pendiente de la seguridad nacional. El Plan Especial contra el Narcotráfico, puesto en marcha en 2018, ha permitido intervenir en Andalucía más de 1.500 embarcaciones rápidas y desarticular cientos de redes. Sin embargo, el desplazamiento de las rutas hacia el río se ha hecho evidente en los últimos tres años. Que la inversión llegue ahora responde, en buena parte, a las presiones del sector portuario y de los ayuntamientos ribereños, que veían cómo el puerto de Sevilla quedaba señalado como una zona vulnerable.

El puerto hispalense movió en 2025 más de 4,3 millones de toneladas de mercancías y sostiene unos 20.000 puestos de trabajo. Proteger ese flujo económico frente a la amenaza del crimen organizado es una prioridad que trasciende lo policial. La instalación de barreras fijas supondrá, además, un ahorro en costes de patrullaje y una mayor previsibilidad para las navieras que operan en el estuario del Guadalquivir. Aunque los plazos exactos dependen del proceso de licitación, la previsión es que las tres barreras estén operativas antes del verano de 2027.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantendrá el refuerzo de medios aéreos y marítimos que ya se aplica en la zona. El mensaje de Pedro Fernández deja poco espacio a la duda: Sevilla va a dejar de ser una puerta de entrada para la droga. Y eso, en una tierra que tanto depende de su imagen de seguridad para el turismo y para los negocios, es una noticia que se recibe con alivio.

La Junta de Andalucía autoriza definitivamente las 700 viviendas del Distrito Portuario de Sevilla

La Junta de Andalucía ha dado este mes el paso definitivo para desbloquear las 700 viviendas previstas en el Distrito Portuario de Sevilla, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la capital hispalense en décadas. La firma de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, despeja el camino para transformar 165.698 metros cuadrados de naves y almacenes sin uso en la avenida de las Razas.

El suelo, propiedad del Puerto de Sevilla, llevaba años esperando una ordenación que le diera uso residencial. La Junta ha colaborado estrechamente con el Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria para conseguir el visto bueno definitivo. De hecho, el Plan Especial del Distrito Urbano Portuario ya fue aprobado por la administración autonómica el pasado febrero, dejando todo listo para esta modificación del PGOU. La resolución se publicará en el BOJA en los próximos días.

“Estamos hablando de una integración del puerto y el río con la ciudad, abriéndose además a nuevos desarrollos residenciales”, ha subrayado Rocío Díaz. La consejera, que se encuentra en funciones tras la reciente remodelación del Gobierno andaluz, ha destacado el apoyo de todas las administraciones para “recuperar una zona de la ciudad que se encontraba infrautilizada”.

Una modificación clave del PGOU para integrar puerto y ciudad

El cambio aprobado afecta al área de reforma interior DBP-08 Avenida de Las Razas, una franja de dos kilómetros jalonada por naves y almacenes, muchos de ellos vacíos desde hace años. Con la nueva ordenación, la edificabilidad del suelo se reducirá en torno a un 30%, pasando de los 137.000 metros cuadrados de techo previstos originalmente a 98.000 metros cuadrados. Además, se modifica la calificación del ámbito, que hasta ahora solo permitía servicios avanzados y pasa a admitir usos residenciales y terciarios.

Esta rebaja de la edificabilidad, negociada entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria, tiene un doble objetivo: eliminar el efecto barrera que suponían las naves a lo largo de la avenida de las Razas y favorecer la permeabilidad visual y peatonal entre la ciudad y la dársena. Eso incluye también la apertura del campus universitario de Reina Mercedes hacia esta vía, una demanda histórica de la comunidad universitaria sevillana.

“Esto es una prueba más del proyecto de transformación y avance de la ciudad por el que apuesta este equipo de gobierno”, ha afirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El regidor ha puesto el foco en el incremento de las zonas verdes, los paseos y el arbolado que acompañarán la operación, subrayando que la vivienda es “la mayor preocupación de los sevillanos”.

La vivienda es la principal preocupación de los sevillanos, y esta operación en la avenida de las Razas supone un soplo de aire fresco para un mercado inmobiliario que no da tregua en Sevilla.

700 viviendas protegidas, zonas verdes y menos edificabilidad: las claves del nuevo barrio

Las obras podrán comenzar en 2027. De las 700 viviendas que se levantarán en la zona, una parte significativa será de protección oficial y se comercializará a precios asequibles, según confirman fuentes de la Junta. El proyecto reserva además suelos para equipamientos públicos, zonas verdes y espacios terciarios, todo ello con un diseño que respeta las naves originales de 1929 —que formaron parte de la Exposición Iberoamericana, cuyo centenario se conmemora ahora— y los tinglados portuarios.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, ha celebrado el fin de la tramitación y ha confirmado que las obras se iniciarán en 2027. “Nos permitirá transformar y revitalizar un ámbito hoy ocupado por naves y almacenes”, ha explicado. Hasta que lleguen las máquinas, el suelo mantendrá su estado actual, pero la seguridad jurídica que aporta el visto bueno de la Junta de Andalucía ya activa la fase final de los estudios de detalle y la búsqueda de promotores interesados en invertir en Sevilla.

Junta de Andalucía

La Lectura Andaluza

La operación del Distrito Portuario de Sevilla no es solo una operación urbanística más: es la respuesta institucional a un mercado de la vivienda que en la capital hispalense ha tensionado precios y ha disparado la demanda hasta hacer casi imposible el acceso para muchas familias. La Junta de Andalucía, que tiene las competencias exclusivas en ordenación del territorio y vivienda, ha apostado por desbloquear suelo en lugar de intervenir directamente en los precios, una estrategia que ya ha puesto en marcha en otras ciudades como Málaga o Córdoba.

En Sevilla, la puesta en carga de estos terrenos portuarios supondrá incorporar al parque residencial 700 viviendas nuevas en un horizonte de cinco a siete años, un volumen que, sin ser la panacea, alivia la presión sobre los barrios del sur y permite coser la ciudad con su frente fluvial. El proyecto, además, demuestra la capacidad de la colaboración entre administraciones —algo no tan frecuente en la comunidad— para desatascar planes que llevaban lustros en el cajón.

De cara al futuro, el comienzo de las obras en 2027 y la llegada de los primeros vecinos previsiblemente a principios de la próxima década marcarán un punto de inflexión. Hasta entonces, el verdadero termómetro será la respuesta de los promotores y, sobre todo, la agilidad con la que el Ayuntamiento de Sevilla tramite las licencias. La lectura es clara: Sevilla quiere dejar de mirar de espaldas a su río y el Guadalquivir está a punto de recibir la mejor noticia inmobiliaria en años.

BlackRock elige España como su mayor apuesta de inversión global para la segunda mitad de 2026

BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta con más de 10 billones de dólares bajo gestión, ha situado este lunes a España como su principal apuesta de inversión a escala global para la segunda mitad de 2026. Lo ha hecho en boca de Javier García Díaz, responsable de Ventas de la firma para la península ibérica, durante un encuentro con inversores en Madrid. La decisión consolida una tendencia que la gestora de Larry Fink viene anticipando desde hace meses, pero la declaración de hoy eleva la apuesta por el mercado español por encima incluso del estadounidense, algo sin precedentes recientes.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? BlackRock, el mayor inversor institucional del mundo, declara a España como su mercado con mayor convicción para la segunda mitad de 2026.
  • ¿Quién está detrás? La gestora estadounidense, con 104.000 millones de euros ya invertidos en el país, ve valor en el Ibex 35, la banca y las infraestructuras verdes.
  • ¿Qué impacto tiene? Para España, refuerza la imagen de destino fiable en un momento de dudas sobre el crecimiento europeo y podría acelerar nuevos flujos de inversión extranjera.

La gestora, que ya es el mayor inversor privado del Ibex 35 y principal accionista de muchas de sus grandes compañías, ha construido una posición de 104.000 millones de euros en activos españoles. De ellos, aproximadamente la mitad está en renta variable cotizada. España es nuestra principal apuesta desde el punto de vista del mercado’, subrayó García Díaz, en una declaración que los analistas locales interpretan como un espaldarazo a la economía española en un entorno en el que la locomotora alemana apenas carbura.

BlackRock no es ajena al paí­s: la penetración de sus fondos en el ahorro familiar y en los planes de pensiones nacionales es muy elevada. Pero la novedad es que, por primera vez, la firma estadounidense eleva España al primer puesto global de sus convicciones, un espacio reservado tradicionalmente a Estados Unidos o a gigantes asiáticos. De hecho, la gestora es importadora neta de capital hacia España, un flujo que en otros mercados europeos no se da con tanta intensidad.

Qué ve BlackRock en la economía española que no ve en el resto de Europa

La respuesta está en la combinación, difícil de replicar, que destaca el equipo de BlackRock: crecimiento económico superior a la media de la Eurozona, un superávit por cuenta corriente cercano al 2% del PIB, una inflación controlada y una mejora notable del mercado laboral. A eso se suma una valoración que, incluso tras el rally bursátil de los últimos ejercicios, el gestor considera atractiva. ‘Seguimos viendo mucho valor. Vemos crecimiento de beneficios por encima del 10%, y la composición del mercado nos invita a ser optimistas’, explicó García Díaz.

A diferencia de otros índices europeos muy tecnológicos o industriales, el Ibex 35 tiene un peso extraordinario de la banca y de las utilities, dos sectores que la gestora neoyorquina identifica con claros catalizadores. En banca, la foto es casi impecable: balances saneados, rentabilidad sobre capital en máximos desde 2008, márgenes altos y una ola de fusiones que añade incentivos extra para el inversor. BlackRock no oculta su entusiasmo por el sector financiero español, al que califica de ‘gran motor del mercado’ y una de sus principales ideas de inversión en el país.

Los números macro respaldan el discurso. España cerrará 2026 con un crecimiento estimado por la Comisión Europea en torno al 2,1%, casi el doble que la media de la Eurozona. La economía ha sabido absorber el shock energético, mantener las exportaciones y beneficiarse de los fondos del plan Next Generation EU, que empiezan a ser visibles en infraestructuras y renovables. Y eso lleva al otro argumento: el atractivo de la transición energética.

De las infraestructuras verdes al superávit exterior: los motores de la apuesta

BlackRock lleva tiempo tomando posiciones en el sector de las energías renovables españolas, un área donde el país es líder europeo. La firma considera que el despliegue de los fondos europeos, las subastas de renovables y el hidrógeno verde crean un ecosistema de inversión con visibilidad a una década. No es casual que la gestora haya elevado su exposición a compañías como Iberdrola o a los gestores de redes que transitan hacia un modelo descarbonizado.

Pero hay más. El superávit por cuenta corriente, tradicionalmente una rareza en una economía del sur de Europa, refleja un cambio estructural profundo. España ya no es un país que necesite financiación externa constante, y eso, en un mundo con tipos de interés aún elevados, es un plus que los gestores valoran. BlackRock lo sabe: ‘Somos importadores netos de capital, algo que en otros mercados de BlackRock no ocurre’, admitió Javier García Díaz, confirmando que la historia ha cambiado y que el mundo del dinero lo está comprando.

gestora fondos España

El giro de BlackRock confirma que el mercado está dispuesto a pagar una prima por los países que combinan crecimiento, estabilidad exterior y reformas.

El Eje del Poder Europeo

La decisión de la mayor gestora del mundo tiene una lectura que trasciende las finanzas. En un momento en que el eje franco-alemán, tradicional brújula de los inversores, sufre un frenazo industrial —especialmente Alemania, cuyo PIB apenas crece—, España emerge como el motor del sur. Frente a la parálisis germana y la incertidumbre política en Francia, la economía española ofrece un cóctel de reformas, estabilidad política relativa y oportunidades sectoriales que BlackRock ha decidido premiar. Eso sí, el Banco de España y la Comisión Europea llevan meses alertando sobre la necesidad de no relajar la consolidación fiscal: el crecimiento no puede ser excusa para aparcar la regla de gasto. Con un déficit estructural aún por encima del 3% y una deuda pública que roza el 110% del PIB, la confianza inversora es un voto de fe que exige contrapartidas.

Para Moncloa, la noticia es oro político. Refuerza el relato de una economía robusta y silencia, al menos temporalmente, a quienes vaticinan un frenazo. Sin embargo, en Bruselas la lectura es matizada. La misma gestora que hoy ensalza al Ibex podría dar un portazo si la disciplina presupuestaria se relaja. La historia europea reciente está llena de ejemplos: Grecia 2010, Italia 2011. España, que hoy presume de superávit exterior, debe demostrar que ha aprendido la lección y que la fiesta no se pagará con déficit. La próxima revisión de la regla fiscal europea, prevista para otoño, será el verdadero examen.

Mientras tanto, la apuesta de BlackRock ya mueve dinero: algunos fondos de pensiones y aseguradoras internacionales están empezando a replicar la estrategia, elevando el peso de la deuda y la renta variable españolas en sus carteras. Si el flujo se acelera, España podría cerrar 2026 con una entrada neta de inversión extranjera directa récord. Pero la sombra del proteccionismo, las tensiones comerciales y un posible recalentamiento del sector servicios son riesgos que el inversor institucional monitoriza de cerca. La fiesta ha empezado, pero nadie quiere ser el último en retirar la silla.

El BCE exige a la gran banca un plan de protección frente a la IA antes de octubre

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El BCE, a través de su presidenta del Consejo de Supervisión, Claudia Buch, ha exigido a los grandes bancos de la zona euro un plan de acción para blindarse frente a los riesgos de ciberseguridad agravados por la IA generativa.
  • ¿Quién está detrás? El Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que vigila directamente a las 113 entidades significativas de la zona euro, con la alemana Buch al frente.
  • ¿Qué impacto tiene? Todas las entidades, incluidas las españolas como Santander y BBVA, deben presentar sus medidas antes del 31 de octubre a sus equipos conjuntos de supervisión. No hay sanciones explícitas, pero el BCE advierte de que usará todas las herramientas a su alcance, incluidas posibles multas o recargos de capital.

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado un paso sin precedentes en la regulación de la inteligencia artificial en el sector financiero. En una carta remitida este martes a los consejeros delegados de todos los bancos bajo su supervisión directa, la presidenta del Consejo de Supervisión, Claudia Buch, exige que presenten antes del 31 de octubre un plan de acción detallado para mitigar los riesgos de ciberseguridad que emanan de modelos de IA como Mythos. La misiva, adelantada por EXPANSIÓN y a la que ha tenido acceso Moncloa.com, eleva esta cuestión a “prioridad absoluta” y coloca la responsabilidad directamente sobre los órganos de gestión de las entidades.

El tono es inusualmente apremiante. “Los modelos de IA emergentes son capaces de identificar vulnerabilidades de software a una velocidad sin precedentes, comprimiendo el tiempo entre el descubrimiento de la vulnerabilidad y su explotación masiva”, escribe Buch. Para el supervisor, ya no se trata de un riesgo tecnológico más, sino de un “cambio estructural en el panorama de amenazas”.

Qué exige exactamente el BCE a los bancos

La carta no es un formulario cerrado, pero sí establece tres líneas de defensa que todas las entidades deberán reforzar en sus planes:

1. Seguridad por diseño. Los bancos deben mejorar la calidad de su software desde la fase de creación, eliminando puntos débiles que la IA podría explotar. Se acabó parchear sobre código vulnerable.

2. Corrección ultrarrápida. Si surge una vulnerabilidad, el plazo para subsanarla debe reducirse drásticamente. El BCE entiende que los ciclos de tres meses ya no son aceptables y exige respuestas en días, no en semanas.

3. Defensa robusta y capacidad de reacción. Si un ataque llega a tener éxito, los bancos deben contar con sistemas de detección de intrusiones, protocolos para aislar sistemas comprometidos y capacidad para restablecer la operativa en plazos muy cortos.

“Si bien estos avances no introducen riesgos totalmente nuevos, amplifican significativamente la velocidad y la escala a la que dichos riesgos se materializan”, remacha Buch. La supervisora insiste en que la responsabilidad de este blindaje recae en los CEO y los consejos de administración, no solo en las áreas de tecnología.

El supervisor equipara la amenaza de la IA a un cambio estructural, no a un riesgo temporal o vinculado a una sola herramienta.

Para facilitar que los bancos concentren sus recursos en este nuevo frente, el BCE ha decidido aplazar hasta febrero de 2027 la recogida anual del Cuestionario de Riesgo Tecnológico, cuyo vencimiento estaba previsto para septiembre de este año. Además, la institución comunica que considerará, caso por caso, ajustes en otras actividades de supervisión, como inspecciones in situ, para no distraer a las entidades de esta tarea prioritaria.

Impacto en España: plazos, equipos conjuntos y un respiro administrativo

La banca española, con Santander y BBVA a la cabeza como entidades significativas vigiladas directamente por el MUS, recibe el requerimiento con un calendario muy ajustado. Los planes de acción deberán presentarse a los equipos conjuntos de supervisión (JST), que integran a personal del BCE y del Banco de España, antes del 31 de octubre. En la práctica, eso significa que los equipos de cumplimiento y ciberseguridad de los grandes bancos tienen menos de cuatro meses para diseñar, aprobar a nivel de consejo y documentar sus estrategias.

La extensión del plazo para el cuestionario tecnológico da un pequeño margen, pero la presión no es menor. Fuentes del sector consultadas por Moncloa.com apuntan a que las entidades llevan meses trabajando en protocolos de IA, aunque ninguna había recibido hasta ahora una exigencia tan concreta y con rango de prioridad estratégica. El mensaje de Buch es también una señal política: el supervisor europeo no quiere que ningún banco aparque los riesgos de la IA en un cajón de proyectos a medio plazo.

El Banco de España, como parte de los JST, jugará un papel clave en la evaluación de los planes durante noviembre. No se descarta que, si alguna entidad española presenta deficiencias graves, el BCE active el procedimiento supervisor habitual, que puede derivar en recargos de capital o multas coercitivas.

El Eje del Poder Europeo

La decisión del BCE se enmarca en un movimiento más amplio de las autoridades europeas para no quedarse atrás en la regulación de la inteligencia artificial. Mientras Bruselas ultima la aplicación plena del AI Act y los supervisores nacionales empiezan a exigir controles, el MUS ha optado por usar su capacidad de presión directa sobre las entidades sin esperar a que el legislador defina todos los detalles. Es una muestra de que la supervisión bancaria puede moverse más rápido que la regulación horizontal de la UE, algo que ya ocurrió con los riesgos climáticos en 2020. La comparación con la carta de 2022 sobre activos apalancados es pertinente: entonces, el BCE también envió una misiva a los CEO alertando de un riesgo sistémico potencial. Aquella vez, los bancos respondieron reforzando sus colchones de capital. Ahora, el desafío es intangible pero de propagación instantánea.

Para España, esta iniciativa supone un test temprano de su resiliencia digital. Con una de las mayores concentraciones bancarias de la zona euro, Madrid no puede permitirse un incidente de ciberseguridad que dañe la confianza en sus entidades. La presión del BCE puede acelerar inversiones que ya estaban previstas, pero también revelar carencias en bancos medianos que, aunque no están bajo supervisión directa del MUS, seguirán las directrices por ósmosis.

Queda por ver si otros supervisores nacionales fuera de la zona euro, como la Autoridad Bancaria Europea o los bancos centrales de países no euro, adoptarán requerimientos similares. De momento, el BCE marca el ritmo. La cuenta atrás hacia el 31 de octubre comenzó ayer.

Generalitat invierte 481 millones en nube pública soberana en Cataluña para evitar dependencia de EEUU y China

La Generalitat ha anunciado este martes la licitación de una nube pública soberana con una inversión de 481 millones de euros, la mayor apuesta tecnológica de la administración catalana para reducir la dependencia de grandes proveedores estadounidenses y chinos.

¿Por qué la Generalitat invierte ahora 481 millones en una nube soberana?

En declaraciones recogidas por Crónica Global, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha enmarcado la decisión en el contexto de inestabilidad geopolítica. “El mundo es cada vez más inestable y desde hace tiempo se reivindica que Europa abra su propio camino”, ha afirmado. El objetivo es que los datos más sensibles de los ciudadanos —historiales clínicos, información fiscal o trámites ambientales— se almacenen en territorio comunitario y no bajo legislaciones de Estados Unidos o China.

La licitación, que se adjudicará a finales de 2026, se apoya en la Estratègia d’Autonomia Tecnològica de la Generalitat (ESTRATEC), aprobada en el Consell Executiu del pasado martes. La infraestructura, que estará operativa en el tercer trimestre de 2027, se conectará directamente a la red pública de fibra óptica propia y obtendrá el sello SEAL 3, el máximo estándar de soberanía digital que acredita que puede seguir funcionando sin depender de terceros.

De La Meva Salut a las licencias ambientales: los datos que toca la nube soberana

Los servicios que manejan información personal crítica serán los primeros en migrar. La Meva Salut, las plataformas de actividad económica o las autorizaciones ambientales pasarán a alojarse en la nueva nube, que, según Dalmau, “permitirá una migración dinámica y progresiva” adaptándose a picos de demanda para evitar caídas del servicio.

Actualmente, el ecosistema digital de la Generalitat se reparte entre un 80 % de nube privada y un 20 % de nube pública convencional. Con la entrada en funcionamiento de la nube soberana, esa distribución cambiará radicalmente: la nueva infraestructura absorberá el 40 % de los servicios, la nube privada pasará a representar el 30 % y la pública convencional crecerá hasta el 30 % restante, según la planificación del Govern.

La soberanía digital ya no se mide en servidores físicos, sino en la jurisdicción que protege los datos.

¿Qué gana el ciudadano con una nube bajo jurisdicción europea?

La principal ventaja para los usuarios de los servicios públicos catalanes es que todos sus datos —médicos, fiscales, de seguridad— se procesarán y almacenarán íntegramente en territorio de la Unión Europea, bajo el paraguas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Además, el sello SEAL 3 impide que las autoridades de terceros países puedan acceder a la información, incluso en virtud de leyes extraterritoriales como la Cloud Act estadounidense. Fuentes del Departament de Presidència aseguran que esta medida reforzará la confianza de los ciudadanos y facilitará la implementación de servicios digitales interoperables, alineados con la estrategia europea Gaia‑X.

La tensión soterrada con Moncloa y el salto cualitativo de la autonomía digital

El proyecto de nube soberana no es una isla. La Generalitat lo vincula con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y con la candidatura de Móra la Nova para albergar una gigafactoría de inteligencia artificial cofinanciada por la Comisión Europea. “Catalunya quiere dar un paso adelante también desde la propia administración pública”, ha subrayado Dalmau, dejando claro que la inversión en la nube forma parte del ecosistema necesario para atraer fondos europeos y consolidar al territorio como polo tecnológico del sur de Europa.

Madrid observa el movimiento con cautela. El Gobierno central tiene su propia nube soberana (Sara), pero la iniciativa catalana, con casi 500 millones, introduce una reivindicación de autonomía que puede chocar con la gobernanza estatal de los datos. Hasta el momento, Moncloa no se ha pronunciado, pero la mayoría de los expertos consultados coincide en que un despliegue tan robusto en Catalunya tensiona el modelo que se negocia a escala nacional. El silencio de Moncloa, mientras tanto, podría esconder la negociación de un encaje que evite duplicidades y garantice la interoperabilidad con la Administración central. Pero la Generalitat, con esta inversión, demuestra que no va a esperar a que Madrid marque el paso: la nube soberana será una realidad en 2027, transformando la relación entre el Govern y los grandes proveedores tecnológicos.

Romero reclama un déficit fiscal superior al 0,2% para Cataluña con metas asimétricas

La consellera de Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha puesto sobre la mesa una propuesta que amenaza con reabrir el debate sobre la financiación autonómica: un objetivo de déficit fiscal superior al 0,2% para Cataluña y metas asimétricas entre comunidades. Romero ha defendido este lunes en TV3 que las autonomías infrafinanciadas necesitan más margen que las que cierran en superávit, y ha pedido la colaboración del PP, que gobierna la mayoría de territorios, para romper el actual tope homogéneo del 0,1%.

La titular de Economía compareció así el día después de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde no se alcanzó un acuerdo sobre los nuevos objetivos. «Estaríamos de acuerdo o pondríamos sobre la mesa la posibilidad de que los objetivos de déficit fueran diferentes en función de la comunidad autónoma porque hay algunas comunidades que estamos infrafinanciadas y, obviamente, no cumpliremos con el objetivo de déficit, y otras comunidades que están muy bien financiadas que cierran con superávit», afirmó en la televisión pública catalana, en unas declaraciones recogidas por Crónica Global.

Infrafinanciación y déficit: la petición de un trato diferenciado

El actual marco fija un déficit común del 0,1% para todas las comunidades autónomas. Romero considera que esa «café para todos» ahoga a Cataluña, que arrastra años de infrafinanciación crónica. La consellera recordó que territorios gobernados por el PP, como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, ya han expresado su sintonía con establecer metas diferenciadas. «A mí lo que me gustaría es que el PP, básicamente, que es quien gobierna mayoritariamente las comunidades autónomas o gran parte de las comunidades autónomas, no pensara en el partido, no pensara en unas próximas elecciones, pensara en los ciudadanos», instó.

El cálculo de la Generalitat es que un objetivo asimétrico —superior al 0,2% en su caso— le daría oxígeno para ejecutar los primeros presupuestos de la legislatura, aprobados hace apenas unas semanas, sin tener que aplicar recortes drásticos. La aprobación de las cuentas, insistió Romero, no es una declaración de intenciones sino un instrumento para la gestión real.

La presión sobre Junts y ERC para lograr un objetivo mayor

La viabilidad de la propuesta depende en buena medida de la aritmética parlamentaria en el Congreso. Romero lanzó un guiño a los grupos que apoyaron la investidura: «Veremos también en esta tramitación qué margen tienen los grupos de incorporar propuestas, pero yo estoy segura de que es mejor un objetivo asimétrico y que Junts y ERC pueden apoyar que quedarnos con el 0,1%». Un mensaje nada inocente cuando el Govern de Salvador Illa necesita tanto a los republicanos como a los posconvergentes para sacar adelante cualquier reforma fiscal.

El contexto: incendios, presupuestos y la necesidad de recursos

Romero también vinculó la petición con la emergencia forestal que ha obligado a confinar varias poblaciones en Cataluña. Admitió la falta de gestión durante años y destacó que el 70% de la masa forestal es privada, pero subrayó que los presupuestos recién aprobados crecen un 22% e incluyen partidas para gestión forestal. «La prioridad siempre es la seguridad personal», dijo, justificando los confinamientos y el posible impacto económico. La consellera confía en que las patronales, aunque no haya habido un diálogo previo específico, son «muy serias y muy responsables».

Romero intenta romper el café para todos del Ministerio de Hacienda y obtener margen fiscal para una Generalitat que arrastra décadas de infrafinanciación.

El precedente catalán y la respuesta de Moncloa

La reivindicación de un trato asimétrico en el déficit no es nueva. Cataluña ya lo planteó en 2010, en plena negociación del Estatut, y ha vuelto a aparecer cada vez que el Govern ha sentido la necesidad de más recursos. En 2025, el acuerdo entre PSC y ERC incluyó una cláusula sobre la «financiación singular», pero nunca se concretó. Ahora, con unos presupuestos que aún deben ejecutarse y una tensión creciente por la falta de ingresos, Romero reactiva la demanda en un momento en el que Moncloa está más pendiente de la estabilidad parlamentaria que de ceder en déficit.

El Gobierno central mantiene por ahora el objetivo del 0,1% y no ha abierto la puerta a la asimetría. La experiencia de las últimas cumbres fiscales muestra que cualquier desviación necesita el visto bueno de la mayoría de las comunidades. La consellera confía en que el PP pueda cambiar de postura, pero en el PP las posiciones son variadas: mientras las baronías valenciana y murciana verían con agrado un mayor margen, la dirección nacional del partido se resiste a dar a Cataluña un tratamiento especial que pueda ser leído como un agravio electoral. La partida sobre la financiación autonómica está, una vez más, abierta.

El próximo pleno del Parlament podría servir para que los grupos fijen su posición definitiva, y la tramitación en el Congreso de la nueva ley de estabilidad presupuestaria será la prueba de fuego. El Govern de Illa necesita el sí de ERC y Junts, y la negociación de los objetivos de déficit puede convertirse en la primera gran batalla de la legislatura.

PP bloquea el Tribunal Constitucional repitiendo la táctica del CGPJ

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP mantiene su veto a la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado, a pesar de haber concluido los procesos electorales autonómicos.
  • ¿Quién está detrás? El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, justifican el retraso con excusas formales.
  • ¿Qué impacto tiene? La parálisis amenaza con prolongar la actual mayoría progresista del TC, pero erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y allana el camino a un bloqueo institucional similar al del CGPJ.

Génova vuelve a convertir la renovación institucional en moneda de desgaste. El Partido Popular ha decidido congelar la elección de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Senado, replicando el mismo manual de obstrucción que mantuvo en vilo el Consejo General del Poder Judicial durante más de cinco años.

El mandato del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, venció el pasado 10 de marzo, y a él se suman los de los magistrados María Luisa Balaguer y Ricardo Enríquez. También debe renovarse el conservador José María Macías. Sin embargo, la Mesa del Senado, presidida por Pedro Rollán, se ha amparado en procesos electorales autonómicos ya celebrados para no activar el procedimiento, y ahora apunta a septiembre con el pretexto de la festividad cántabra de la Virgen de la Bien Aparecida.

Parálisis con manual: del CGPJ al Constitucional

La estrategia del PP es idéntica a la que utilizó con el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, los populares dilataron la negociación durante cinco años hasta lograr un reparto favorable en el órgano de gobierno de los jueces. Ahora, con la mayoría absoluta en el Senado, Feijóo busca un escenario electoral que le permita alcanzar los tres quintos necesarios para imponer una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional.

La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, lo dejó entrever en un foro público al lamentar que el actual TC no sea “independiente” y funcionen con un “7-5” sistemático, obviando que fue el PP de Pablo Casado quien pactó en 2021 los nombramientos de magistrados como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. “Aspiramos a tener un Tribunal Constitucional independiente y que se ocupe de lo importante”, dijo, mientras su partido bloquea la renovación precisamente para alterar la composición actual.

El mecanismo es sencillo: los parlamentos autonómicos proponen candidatos, el Senado los examina y negocia un cuarteto que requiere tres quintos de la Cámara. Si el PP lograra once senadores más —con Vox o mediante futuras generales— podría designar a cuatro magistrados conservadores y hacer bascular la mayoría progresista que preside Conde-Pumpido. Mientras, el Gobierno y el PSOE mantienen la calma: el paso del tiempo no les perjudica a corto plazo, pero sí lo haría un vuelco electoral.

El bloqueo del PP no es un olvido administrativo: es una apuesta deliberada por dilatar la renovación hasta que un nuevo escenario electoral le conceda la mayoría conservadora.

Consecuencias para la justicia constitucional y la credibilidad democrática

La parálisis tiene un coste institucional que el 75,5% de los ciudadanos ya percibe: los partidos políticos influyen en las decisiones judiciales. La última encuesta de 40dB. refleja un deterioro notable de la confianza, y cada nuevo episodio de bloqueo refuerza la idea de que las reglas constitucionales valen menos que los cálculos partidistas.

El precedente de 2022, cuando el TC paralizó por primera vez una tramitación legislativa en curso —la reforma del Poder Judicial—, evidenció cómo la mayoría conservadora de entonces no dudó en actuar como muro de contención de iniciativas del Ejecutivo. Hoy, el PP se queja de esa mayoría progresista ola que contribuyó a crear y ahora intenta demorar cualquier renovación que la perpetúe.

PP renovación TC

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz observan la maniobra con preocupación calculada. Fuentes de la dirección socialista consultadas por Moncloa.com admiten que el bloqueo del TC es “una estrategia de desgaste institucional que el PP viene aplicando desde el CGPJ y que ahora traslada al Constitucional”. Sin embargo, subrayan que la situación actual de mayoría progresista en el tribunal da cierto margen al Ejecutivo para no precipitarse y utilizar las contradicciones de Génova en el debate público.

La clave está en el Senado. Pedro Rollán, al frente de la Cámara Alta, es el encargado de impulsar el procedimiento, pero su actuación responde a directrices de Génova. Mientras tanto, los gobiernos autonómicos socialistas —desde Castilla-La Mancha hasta Asturias— observan con prudencia: un TC de sesgo conservador podría condicionar futuras leyes sociales en materias como fiscalidad, vivienda o medio ambiente. Los barones del PSOE, con Page como voz crítica habitual, muestran unidad en la denuncia del bloqueo, pero no tanto en la presión para acelerar la renovación, conscientes de que una negociación apresurada podría dar armas al adversario.

El pulso se enmarca en la lucha por la credibilidad institucional que el Partido Socialista pretende capitalizar. Mientras el PP antepone sus intereses partidistas a la renovación de un órgano fundamental, el Gobierno de Sánchez puede presentarse como garante de la Constitución y del cumplimiento de los plazos. Eso sí, si Feijóo logra los senadores que necesita, el equilibrio institucional cambiará y el PSOE perderá uno de sus contrapesos fundamentales en la arquitectura del Estado. La próxima cumbre autonómica socialista, aún sin fecha, servirá de termómetro para medir el alcance de ese riesgo.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La obstrucción del PP al TC repite el bloqueo del CGPJ y demuestra que Feijóo coloca los intereses de partido por encima de la Constitución.
  • Protagonista: Pedro Rollán (presidente del Senado) y Ester Muñoz (portavoz del PP en el Congreso).
  • Próximo hito: Septiembre de 2026, plazo autoimpuesto por el Senado para eventualmente remitir candidaturas autonómicas.

Junts y PP recurren al Consell de Garanties la ley de vivienda de los Comuns

Junts per Catalunya y el PP han anunciado este martes su intención de recurrir ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley de los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda. La iniciativa, que se tramitará mañana, miércoles 8 de julio, en lectura única en el Parlament, podría retrasarse hasta octubre si el órgano consultivo admite el recurso.

El portavoz de Junts, Salvador Vergés, y la portavoz popular, Lorena Roldán, explicaron a las puertas del hemiciclo que la norma vulnera el derecho a la propiedad, invade las competencias municipales y contradice la normativa europea sobre libertad de empresa. La ley, que ya cuenta con el respaldo del Govern, se plantea como una de las llaves para que los Comuns mantengan su apoyo a los presupuestos de 2026.

Un peaje exigido por los Comuns en los presupuestos

La proposición de ley hunde sus raíces en el pacto presupuestario firmado el 19 de febrero entre el president Salvador Illa y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach. En aquel acuerdo, los Comuns condicionaron su voto a la aprobación de esta limitación a los grandes tenedores en las 271 zonas de mercado residencial tensionado, que abarcan al 90% de la población catalana. La idea era que la ley entrara en vigor este mismo agosto, un calendario que ahora salta por los aires.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com, el Govern asumió la tramitación en lectura única para acelerar el proceso, pero la oposición de Junts y el PP ha terminado por llevar el debate al terreno jurídico, donde la ley puede tropezar con el filtro del CGE.

El choque competencial y la ‘inseguridad jurídica’

Junts y el PP coinciden en que la norma crea un totum revolutum competencial. Vergés advirtió de que trasladar a los ayuntamientos la decisión de aplicar o no las restricciones generará desigualdades territoriales: “Nos podemos encontrar con que Barcelona lo aplica y Badalona no, y nadie asumirá las consecuencias”. Además, el partido de Carles Puigdemont calcula que Catalunya necesita 125.000 viviendas nuevas y sostiene que la regulación no ataja el verdadero problema: la falta de oferta.

Roldán, por su parte, insistió en que la tramitación por lectura única “impide el debate parlamentario y la comparecencia de los colegios profesionales”, una práctica que erosiona la calidad democrática. El recurso de inconstitucionalidad también cuestiona que la ley pueda afectar a herencias y donaciones, un extremo que los Comuns niegan pero que la mayoría de los juristas considera plausible.

El recurso no solo impugna el fondo, sino que cuestiona la vía exprés que impide el debate parlamentario.

Para Junts, la polémica trasciende lo jurídico y se convierte en un arma contra el Govern de coalición. Vergés lanzó un dardo directo: “En vivienda siguen mandando los Comuns. El Govern improvisa y pone parches basándose en la inseguridad jurídica y el intervencionismo”. La acusación busca erosionar a Illa ante un socio díscolo y un electorado que exige soluciones habitacionales sin distorsionar el mercado.

Octubre en el horizonte: el CGE, clave

Una vez superada la votación de mañana, los grupos podrán presentar enmiendas. Pero Junts ya ha anunciado que, en cuanto se cierre ese plazo, llevará el texto al Consell de Garanties Estatutàries, cuyo dictamen tiene carácter vinculante. El CGE dispondrá de un mes para pronunciarse, lo que aplazará la aprobación definitiva del Parlament hasta octubre como muy pronto. Ese parón obliga al Govern a renegociar con los Comuns, que ven cómo su principal reivindicación se desvanece en el calendario.

La lectura política es nítida: Junts y el PP, a menudo enfrentados, han hecho piña para frenar lo que consideran un “ataque al derecho de propiedad” y, de paso, demostrar que la mayoría parlamentaria que sostiene al ejecutivo es frágil y dependiente de los tiempos.

Mañana el pleno dará luz verde a la lectura única. A partir de ahí, comenzará la verdadera batalla en el Consell de Garanties. Y mientras, el presupuesto de 2026 espera el ‘sí’ de ERC y la resistencia de Albiach.

Podemos bloquea los alquileres: el PSOE negocia contrarreloj para evitar el fracaso de la prórroga

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Podemos, con Ione Belarra al frente, ha advertido este martes que no apoyará en el Congreso la prórroga de los alquileres si el decreto incorpora ventajas fiscales para los propietarios, una línea roja que exige Junts para dar su ‘sí’.
  • ¿Quién está detrás? La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el ministro de la Presidencia (PSOE), Félix Bolaños, lideran las conversaciones a varias bandas.
  • ¿Qué impacto tiene? Si no se desbloquea, la convalidación del decreto —prevista para la próxima semana— naufragaría, dejando sin efecto la limitación de rentas y la prórroga de contratos para miles de inquilinos.

Ione Belarra ha lanzado este martes un órdago parlamentario al Gobierno: Podemos no apoyará la convalidación del decreto de vivienda si el PSOE cede a la exigencia de Junts de incluir bonificaciones fiscales para los caseros. La secretaria general de los morados ha sido taxativa: “no vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva un decreto que premie a los especuladores inmobiliarios”. La advertencia deja en el aire la prórroga de la limitación de precios del alquiler, una de las banderas del Ejecutivo de coalición y un pilar del acuerdo de investidura con Sumar y los socios parlamentarios.

La línea roja de Podemos y las cesiones a Junts

En el centro de la tormenta está la negociación abierta con Junts per Catalunya. Los posconvergentes han condicionado su voto favorable a la inclusión de incentivos fiscales para los propietarios que alquilen sus viviendas —una vieja reclamación del sector que Podemos rechaza frontalmente—. Belarra advierte de que esa medida “desnaturaliza” el espíritu intervencionista de la norma, y ha exigido al PSOE que retire ese capítulo del texto antes de que llegue al Pleno. “Si quieren los votos de Junts que no cuenten con nosotros”, ha remarcado en una entrevista matinal.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista reconocen que el margen de maniobra es estrecho. Para que el Real Decreto-Ley supere la convalidación se necesita una mayoría simple en el Congreso, y sin el apoyo de los siete diputados de Junts ni los cinco de Podemos, la suma de Sumar, ERC, EH Bildu y PNV se queda corta. Fuentes del GPS consultadas por Moncloa.com admiten que el Ejecutivo baraja incluir algún tipo de desgravación fiscal limitada, similar a la que ya existe en comunidades como Cataluña, para seducir a Junts sin perder la confianza de la izquierda.

Negociación contrarreloj en el Congreso: plazos y cifras

prórroga alquileres

El calendario aprieta. La convalidación está marcada en el orden del día del Pleno del miércoles de la próxima semana. Si el decreto decae, la prórroga automática de los contratos desaparecería de inmediato, y con ella la protección para algo más de cinco millones de inquilinos, según datos del Ministerio de Vivienda. También se esfumarían las nuevas restricciones a los desahucios sin alternativa habitacional.

La aritmética parlamentaria es tozuda. Sin el voto afirmativo de Podemos, el PSOE necesitaría atraer a Junts sin que ello provoque una rebelión aún mayor en la bancada socio la de Sumar. Y si ningún grupo minoritario cede, el Ejecutivo se enfrentaría a su primera derrota legislativa significativa en materia social, un golpe reputacional difícil de encajar. Cifras en mano: el decreto salió adelante en Consejo de Ministros con el respaldo unánime del ala socialista, pero en la Cámara necesita al menos 176 votos; ahora mismo sobre el papel no llega.

El Gobierno camina sobre la cuerda floja entre las exigencias fiscales de Junts y el portazo de Podemos; un movimiento en falso y la prórroga de los alquileres se desvanece.

El Eje del Poder Socialista

Ferraz observa con preocupación el enroque de Belarra. La dirección federal sabe que esta votación es mucho más que un trámite: es la primera prueba de fuego para la reeditada coalición tras la crisis interna que apartó a Yolanda Díaz. Fuentes de la Ejecutiva consultadas por esta redacción subrayan que Sánchez “no va a permitir que Podemos ponga en jaque una ley de país”, pero también que no se regalará un fracaso que la derecha explotaría de inmediato. El dilema es genuino: si se cede a Junts, se tensa la relación con el espacio a la izquierda del PSOE; si se rechazan las demandas de los neoconvergentes, la prórroga muere.

El aterrizaje territorial agrava la ecuación. En Cataluña, donde gobierna Salvador Illa con el respaldo del PSC, cerca del 60 % de los contratos de alquiler están sujetos a la limitación de precios vigente. La Generalitat ya ha advertido de que una derogación automática provocaría un “terremoto social” en las áreas metropolitanas. Y en otras comunidades del PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra— los datos de vivienda tensa se sitúan por encima de la media nacional. Los barones socialistas han trasladado en privado su inquietud al entorno de Moncloa.

La lectura estratégica en los pasillos del Congreso es clara: si el Gobierno fuerza la votación sin acuerdo, el riesgo de tumbar una medida socialista de bandera es muy real. El precedente de 2023, cuando la ley de vivienda se salvó por un solo voto gracias a una abstención de última hora, planea sobre las negociaciones. Aquel susto ya enseñó a Ferraz que los pactos a varias bandas son frágiles. Ahora, con Podemos fuera de la coalición pero con capacidad de veto, la geometría se ha vuelto aún más compleja. El PSOE defiende que la política de vivienda no puede ser moneda de cambio ni para la derecha ni para la izquierda maximalista, y fuentes de Moncloa apuntan a que en las próximas horas arreciarán los contactos discretos para buscar una fórmula intermedia que salve la prórroga sin humillar a nadie.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El Gobierno socialista es el único que protege a los inquilinos con medidas reales y no con gestos.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: Sesión plenaria del Congreso para la convalidación del Real Decreto-Ley, prevista el miércoles de la semana entrante.