Bruselas lleva a España ante el TJUE por segunda vez por las trabas a la indemnización por leyes contrarias a la UE

Carlos V Vega
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Bruselas lleva a España ante el TJUE por segunda vez por las trabas a la indemnización por leyes contrarias a la UE

La Comisión Europea lleva por segunda vez a España ante el TJUE por las trabas a la indemnización por daños causados por leyes nacionales contrarias al Derecho de la Unión.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha decidido la Comisión? Remitir por segunda vez a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar la sentencia de junio de 2022 sobre la indemnización por daños derivados de leyes contrarias al Derecho de la Unión.
  • ¿Qué base jurídica se invoca? El principio de responsabilidad del Estado legislador y las leyes 39/2015 y 40/2015, que el Ejecutivo comunitario considera contrarias al Derecho europeo.
  • ¿Qué impacto tiene? España se expone a una multa a tanto alzado y a una sanción coercitiva diaria hasta que adapte su ordenamiento.

De las denuncias de 2015 al primer recurso ante Luxemburgo

El Ejecutivo comunitario considera que España sigue sin aplicar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2022. Aquel fallo concluyó que la legislación española imponía condiciones y limitaciones que hacían excesivamente difícil que los particulares obtuvieran una compensación por los daños sufridos como consecuencia de una vulneración del Derecho de la Unión por parte del legislador.

El origen del conflicto se sitúa en 2015, cuando Bruselas recibió varias denuncias sobre la incompatibilidad con el Derecho europeo de determinados aspectos de las leyes españolas 39/2015, de procedimiento administrativo común, y 40/2015, de régimen jurídico del sector público.

La Comisión abrió un expediente de infracción contra España en junio de 2017. Ante la ausencia de cambios normativos, llevó el asunto por primera vez ante Luxemburgo en 2019, dando inicio a un procedimiento de infracción por incumplimiento del Derecho de la Unión que se ha prolongado durante siete años.

El segundo recurso y el proyecto de ley pendiente en el Parlamento

responsabilidad patrimonial

En su sentencia de junio de 2022, la Justicia europea dio la razón a Bruselas y determinó que las normas españolas dificultaban en exceso el acceso de los ciudadanos a una indemnización. Cuatro años después, el Ejecutivo comunitario sostiene que España todavía no ha incorporado plenamente el fallo a su ordenamiento jurídico.

El Estado legislador responde por el daño causado por una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, sin condiciones internas que hagan imposible la reparación.

La Comisión envió una nueva carta de emplazamiento a las autoridades españolas en diciembre de 2025. Tras nuevos intercambios, consideró que el incumplimiento persiste, mientras el proyecto de ley destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación en el Parlamento español.

Si los jueces europeos concluyen que España ha incumplido la sentencia de 2022, podrán imponer al país una multa a tanto alzado y una sanción coercitiva diaria hasta que cumpla el fallo. El segundo recurso se apoya en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habilita al Tribunal de Luxemburgo a sancionar económicamente al Estado miembro que no ejecute una sentencia previa.

La Doctrina del Tribunal

El principio de responsabilidad del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión constituye una garantía estructural del ordenamiento comunitario, afirmada por el Tribunal de Justicia desde la doctrina Francovich. No se trata de un régimen de responsabilidad discrecional, sino de un mecanismo de tutela cuya efectividad condiciona la propia primacía del Derecho europeo. La sentencia de junio de 2022 no introdujo un criterio nuevo, sino que constató que la transposición española elevaba el estándar de exigencia por encima del umbral admitido por Luxemburgo.

La base jurídica del conflicto reside en el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, en relación con las disposiciones de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común. El Tribunal de Justicia ha interpretado de forma constante que los requisitos procesales y sustantivos que condicionan esa reparación no pueden hacer en la práctica imposible o excesivamente difícil su obtención. La exigencia de una interpretación conforme de la normativa interna opera como criterio hermeneutico de primer orden para los tribunales contencioso-administrativos.

El impacto de esta segunda remisión no se agota en el plano sancionador. Una eventual condena reabriría el debate sobre el alcance de la responsabilidad patrimonial y sobre el derecho de los perjudicados a reclamar la reparación íntegra de los daños ya causados. La doctrina del Tribunal de Justicia resulta directamente invocable ante los juzgados de lo contencioso-administrativo españoles, que habrán de inaplicar las exigencias internas contrarias al Derecho de la Unión. La proyección del asunto depende de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley aún pendiente.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Recurso por incumplimiento de la Comisión Europea contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la inaplicación de la sentencia de junio de 2022 sobre la indemnización por daños causados por leyes nacionales contrarias al Derecho de la Unión.
  • Datos importantes: Leyes 39/2015 y 40/2015; sentencia del TJUE de junio de 2022; segunda remisión del caso; potencial multa a tanto alzado y sanción coercitiva diaria.
  • Fecha de los juicios: Sentencia del TJUE de junio de 2022; carta de emplazamiento de diciembre de 2025; decisión de remisión al TJUE adoptada en octubre de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Se trata de un procedimiento de infracción contra el Reino de España, sin acusados individuales identificados.

La Costa del Sol, punto clave del blanqueo de capitales del narcotráfico: Málaga y Marbella en el punto de mira

Enrique Ramos
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La Costa del Sol, punto clave del blanqueo de capitales del narcotráfico: Málaga y Marbella en el punto de mira

El blanqueo de capitales del narcotráfico tiene en la Costa del Sol su gran oficina financiera del sur de Europa, según la Fiscalía de Andalucía. El Ministerio Público lo escribe sin rodeos en su Memoria de 2026: la provincia de Málaga reúne las condiciones perfectas para convertir dinero de la droga en patrimonio legal.

No es una intuición. La Fiscalía sostiene que el narco se aprovecha de que Málaga tiene una economía de servicios con alto volumen en efectivo y un mercado inmobiliario dinámico. Traducido a la vida real: un restaurante en Marbella, un apartamento en Estepona o una sociedad pantalla en la capital de la provincia. Todo sirve para facturar cenas y, de paso, para colocar fajos que nunca pisaron una ventanilla bancaria.

El «arquitecto financiero» que convertía la droga en ladrillo

Una de las últimas operaciones policiales contra el narcotráfico en la provincia terminó con la detención de un asesor fiscal al que las bandas se encomendaban para blanquear sus ganancias. Los investigadores lo describen como el «arquitecto financiero de la Costa del Sol», un profesional capaz de transformar ingresos ilegales en patrimonio legal. Una pieza clave para las organizaciones que operan entre Marbella y Estepona.

Por eso el Ministerio Público reclama dos medidas concretas: más investigaciones patrimoniales y más recursos para los equipos dedicados al estudio patrimonial. Sin rastrear el dinero, la caída de una red deja libres a quienes mueven los hilos desde un despacho. «No se trata solo de una puerta de entrada por mar, sino de un entramado completo donde conviven la producción interior de cannabis, la logística de abastecimiento a embarcaciones de alta velocidad, las rutas fluviales y portuarias para cocaína y hachís y la consolidación de redes internacionales que blanquean sus ganancias con rapidez», asegura la Fiscalía.

El documento advierte de que el fenómeno ha ganado «densidad, sofisticación y violencia». Al igual que alertaba hace unos días la Fiscalía General del Estado, la memoria andaluza habla de una «cierta militarización» de las organizaciones: fusiles de asalto, visores nocturnos, drones, cámaras de vigilancia e inhibidores de señal. Material de guerra al servicio del dinero. Las fuerzas de seguridad —la Guardia Civil y la Policía Nacional— y los juzgados de la comunidad trabajan ya con causas de una complejidad creciente.

La Costa del Sol no es solo el escaparate turístico del sur de España: es también el lugar donde el dinero de la droga aprende a vestirse de traje.

Granada, el puerto de Málaga y el pulso de Cádiz y Huelva

narcotráfico Málaga

En el tablero de la droga, la Costa del Sol juega varias partidas a la vez. En cannabis, Granada sigue siendo el epicentro andaluz, aunque en la provincia malagueña el cultivo convive ya con redes transnacionales que articulan la exportación y, cada vez mas, el blanqueo de capitales.

En cocaína, la Fiscalía señala el puerto de Málaga como la principal «puerta de entrada» de la zona. Y en hachís, al pulso histórico de Cádiz y Huelva se han sumado, con menor peso, Málaga y Almería.

A eso se suma una violencia que ya se mide en cifras. La memoria recoge 156 procedimientos penales abiertos en Málaga por muertes violentas, frente a los 72 del ejercicio anterior, muchos de ellos ligados a ajustes de cuentas del narcotráfico. La Fiscalía insiste en que Andalucía se ha convertido en punto de reunión de redes internacionales, especialmente en la Costa del Sol, donde operan grupos de distinta nacionalidad con capacidad para activar equipos de apoyo, adquirir inmuebles y empresas pantalla y mover fondos dentro y fuera del país con una rapidez que incomoda.

El documento pone también el foco en un delito que crece al margen de la droga: las macrocausas por estafas informáticas, que se multiplican cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional unifican numerosas denuncias en un solo atestado. En la Fiscalía de Málaga los procedimientos incoados bajan a 31, pero los calificados suben de 83 a 92. Y lanza una propuesta que afecta al bolsillo de miles de andaluces: la posible responsabilidad civil de las entidades bancarias cuando sus deficiencias al identificar a sus clientes facilitan la estafa o el fraude informático.

La Lectura Andaluza

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, con más de ocho millones de habitantes, y su economía se apoya en dos motores que el dinero sucio adora: el turismo y el ladrillo. Esa es la coartada perfecta. La provincia de Málaga es la principal puerta turística de la región y su mercado inmobiliario lleva años al alza, así que a una banda no le cuesta nada parecer un inversor más. Cada vez que se compra un local en Marbella o una promoción en Estepona, el daño no se queda en la comisaría: el dinero negro infla los precios y expulsa a los vecinos de siempre de los barrios donde crecieron.

Hay además un frente que hasta ahora se miraba de reojo: las entidades bancarias. Que la Fiscalía plantee su responsabilidad civil cuando se identifica mal a quien abre una cuenta es una reclamación que el ciudadano de a pie entiende bien, porque es él quien acaba pagando el fraude. En paralelo, los equipos de investigación piden más manos y más ojos sobre el patrimonio, no solo sobre la droga. Y los números marcan el camino: 156 procedimientos por muertes violentas, frente a los 72 contabilizados el año anterior. La próxima memoria anual dirá si esa curva se dobla o se rompe.

Mientras el dinero de la droga encuentre quién le abra una cuenta y quién le venda un ladrillo, la batalla seguirá librándose en el patio de casa. Y ese patio es Andalucía.

La Fiscalía de Andalucía alerta del aumento de delitos de menores y de mafias de la droga mejor organizadas

Enrique Ramos
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La Fiscalía de Andalucía alerta del aumento de delitos de menores y de mafias de la droga mejor organizadas

La Fiscalía de Andalucía alerta desde Granada del aumento de los delitos cometidos por menores y de mafias de la droga mejor organizadas.

Delitos de menores: 13.466 diligencias, 2.535 más que en 2024

El documento, presentado el jueves 1 de octubre por la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada y presidida por Ana Tárrago, es la Memoria anual con la que el ministerio público radiografía la criminalidad de la comunidad. En el capítulo de menores el dato es contundente: 13.466 diligencias preliminares por presuntos delitos cometidos por menores de edad, 2.535 más que en 2024. En términos relativos, un crecimiento cercano al 23% en un solo ejercicio.

Dentro de ese capítulo, los delitos contra las personas y las lesiones fueron los más frecuentes, y los veinte casos por homicidio o asesinato registraron un «leve descenso» respecto al año anterior. Donde no hay bajada es en la violencia sexual: las agresiones sexuales pasaron de 206 a 373 diligencias —casi el doble— y los abusos sexuales, de 38 a 48. La violencia sexual entre menores crece un 81% en un año.

La Memoria mira también a los más pequeños. Por hechos presuntamente cometidos por menores de 14 años se abrieron 1.482 diligencias, al alza, aunque la Fiscalía no aprecia que abunden los «delitos graves». A eso se suma la atención a los menores no acompañados que llegan a la comunidad: 1.881 expedientes para determinar su edad, frente a los 1.695 de 2024. El documento tampoco ahorra reproches al programa @adriano, en uso desde mayo de 2025: califica su eficacia de «deficiente» y señala el sobreesfuerzo que provoca en fiscales y funcionarios.

El narcotráfico se profesionaliza: drones, inhibidores y armas de guerra

mafias droga Andalucía

El segundo gran foco del informe es el tráfico de drogas. La Fiscalía sostiene que Andalucía es un territorio clave del narcotráfico a escala europea y advierte de un cambio de naturaleza: las redes internacionales exhiben hoy «más densidad y violencia», y en torno al cultivo de marihuana se ha levantado una economía criminal, sobre todo en la provincia de Granada, donde los enganches ilegales a la red eléctrica dejan barrios enteros a oscuras.

En el hachís, los focos principales siguen en Cádiz y Huelva, aunque la actividad se extiende por toda la comunidad y está cada vez más perfeccionada.

La Fiscalía dibuja una Andalucía donde la violencia sexual entre menores casi se duplica y las mafias operan con drones, inhibidores y armas de guerra.

Lo que más inquieta a los fiscales es el equipamiento de las organizaciones: armas de guerra, drones, cámaras de vigilancia e inhibidores de señal. Las redes, de nacionalidades muy diversas, operan especialmente en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, y obligan a las fiscalías a una «carga de trabajo constante».

De ahí la petición de recursos que recorre todo el documento. No solo para desarticular a los grupos que están detras de esas redes, sino también para conocer su patrimonio y combatir el blanqueo de capitales. Combatir la droga exige tanta capacidad financiera como operativa, subraya el informe.

Hay un efecto que se nota en la calle antes que en los juzgados. Los enganches fraudulentos vinculados a las plantaciones de marihuana provocan sobrecargas y cortes de luz que sufren vecinos de barrios de Granada y de otros puntos del litoral, con perjuicio para comercios y hogares ajenos a ese negocio.

La Lectura Andaluza

Estas conclusiones llegan en un otoño político cargado y colocan dos asuntos en la agenda pública andaluza: la delincuencia juvenil y el pulso al crimen organizado. Es un documento elaborado por un órgano del Estado —la Fiscalía Superior, con sede en Granada—, pero sus consecuencias se gestionan con competencias repartidas: los medios personales y materiales de la Administración de Justicia dependen de la Junta de Andalucía, la protección de menores corresponde a los servicios sociales autonómicos y la investigación policial es estatal. La respuesta eficaz exige coordinación entre administraciones, no reproches cruzados.

Para el lector de a pie, el dato que importa es el de proximidad. Andalucía supera los ocho millones de habitantes y cada una de esas diligencias tiene detrás un pueblo concreto: un instituto, una familia, una calle. Que las agresiones sexuales entre menores se hayan casi duplicado apunta a un problema educativo y social que no se arregla solo con más juzgados. En el litoral, el turismo —motor de empleo en la Costa del Sol y en Cádiz— tiene en la presencia de redes internacionales un riesgo reputacional que el sector conoce bien.

No es la primera vez que Andalucía aparece en el centro del mapa europeo de la droga. El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, en marcha desde 2018, fue la respuesta estatal a una presión narco que llegó a disparar la inseguridad en una comarca donde el desempleo ha superado el 30% en algunos municipios.

Ahora el fenómeno se ha extendido a Granada, a Huelva y al conjunto del territorio andaluz.

Las conclusiones de la Memoria alimentarán la planificación del próximo curso judicial y volverán al debate público en el Parlamento de Andalucía, con sede en Sevilla, donde los grupos vienen reclamando más medios materiales para la Administración de Justicia.

Andalucía no es una frontera lejana del crimen organizado: es una de sus plazas europeas. Que su Fiscalía lo diga con nombres, cifras y provincias debería leerse como lo que es, un aviso útil para cualquiera que viva aquí.

Cinco jubilaciones inminentes en el Supremo: las vacantes que vienen y la pugna entre conservadores y progresistas por el control

Rafael Revert
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Cinco jubilaciones inminentes en el Supremo: las vacantes que vienen y la pugna entre conservadores y progresistas por el control

El Tribunal Supremo afronta una cascada de jubilaciones con fecha ya marcada en el calendario, y cada salida abre una vacante que reabre la pugna entre el bloque conservador y el progresista por el control del Alto Tribunal. No es un simple relevo de nombres: están en juego presidencias de sala, mayorías internas y un equilibrio de fuerzas que se arrastra desde hace décadas. Ya hay una fecha consumada, la de la presidencia de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que quedó vacante con la jubilación de Pablo Lucas Murillo de la Cueva el 13 de julio de 2026.

La lista va de lo concreto a lo estructural: quién se va y cuándo; la regla de los tres quintos del Pleno del CGPJ que fija el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los puestos que cambian de color, con la presidencia de la Sala Tercera como pieza decisiva; el precedente de cuotas entre asociaciones consolidado tras el Pacto de Estado para la Justicia de 2001; y el factor que puede tumbarlo todo, un Consejo con el mandato caducado y unos nombramientos expuestos a impugnación, con la Ley Orgánica 4/2021 y las sentencias 128/2023 y 15/2024 del Constitucional como telón de fondo.

Los cinco magistrados que ya tienen fecha: nombre, sala, antigüedad y día exacto de jubilación

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Foto de Wesley Tingey en Unsplash

El Alto Tribunal afronta una cascada de jubilaciones con fecha ya marcada. En la Sala Segunda (Penal), el CGPJ declaró la jubilación forzosa de Andrés Palomo del Arco con efectos del 17 de junio de 2026, mientras que Ángel Luis Hurtado y Juan Ramón Berdugo alcanzan también ese año la edad máxima de 72 años. El presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, cumple 72 años en abril de 2027 y Julián Sánchez Melgar lo hará en septiembre del mismo año; ambos forman parte del tribunal que juzga el caso Koldo-Ábalos. En la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), Pablo Lucas Murillo de la Cueva dejó la presidencia con efectos del 13 de julio, relevado a partir del 14 por José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat —magistrado del Supremo desde 2003—, que a su vez tiene próxima su salida.

El goteo se reparte entre las salas Civil y Social. El Pleno del CGPJ acordó en septiembre de 2026 convocar cuatro plazas de magistrado: una en la Sala Primera por la próxima jubilación de Rafael Sarazá Jiménez, una en la Tercera por la de Bandrés, una en la Cuarta por la de Félix Vicente Azón Vilas y una nueva en la Sala Segunda, creada al amparo del real decreto de julio que desplegó 500 unidades judiciales. Ese calendario dispara la pugna entre los bloques conservador y progresista del Consejo, que deben pactar los relevos por una mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros) y bajo la exigencia de paridad del 60%-40%. La propia Sala de Gobierno del Supremo advirtió de que 65 magistrados, el 82% de la plantilla, alcanzará la jubilación en menos de una década.

La regla que obliga a pactar: los tres quintos del pleno y quién negocia en la sombra por cada bloque

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Foto de Sasun Bughdaryan en Unsplash

El nudo de todo el conflicto es una regla de mayoría. El artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige tres quintos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial para proponer el nombramiento de los presidentes de Sala y de los magistrados del Tribunal Supremo. Esa mayoría cualificada se computa sobre la totalidad de los 21 miembros del órgano —veinte vocales más la presidenta, Isabel Perelló—, lo que se traduce en un mínimo de 13 votos. El problema es aritmético: el Consejo está partido por la mitad, con diez vocales de sensibilidad progresista y diez conservadores, de modo que ningún bloque alcanza los 13 por sí solo. El pacto, por tanto, no es una opción política sino una obligación legal, y cuando no llega las plazas quedan desiertas. La del magistrado Miguel Colmenero en la Sala de lo Penal, jubilado forzosamente en abril de 2023, se sacó a concurso en julio de 2025 y sigue sin cubrir; a ella se han sumado ya las de Andrés Palomo y Ángel Hurtado, en junio, y la de Juan Ramón Berdugo, en septiembre.

Como el acuerdo es imprescindible, la negociación real se ha desplazado a equipos reducidos que tantean fuera del Pleno. Por el sector progresista, el negociador de referencia ha sido el vocal José María Fernández Seijo, que pilotó buena parte de los más de cien nombramientos de la cúpula judicial del primer año de mandato y que llegó a presentar su dimisión en octubre de 2025 tras perder el bloque la Comisión Permanente; en el reparto de nombres cerrado en mayo de 2026 figuran junto a él la vocal Esther Erice y Ricardo Bodas. En el bloque conservador, la palanca decisiva es la Comisión de Calificación, en manos de los vocales propuestos por el PP, que filtra las candidaturas —de los 14 juristas iniciales para la plaza de Colmenero apenas descartó dos— y que mantiene el veto a la catedrática Silvina Bacigalupo. En medio, la presidenta Perelló se ha alineado en varias votaciones con los conservadores y conserva el voto de calidad en caso de empate.

Las salas en juego: qué puesto cambia de color y cuál reequilibra una sala entera

Escritorio vacío en una sala de audiencias con micrófonos y placas de identificación en un tribunal polaco.
Foto de SHOX ART en Pexels

El puesto que puede cambiar de color es la presidencia de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo. Su titular, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, se jubiló el 13 de julio de 2026 y dejó dos vacantes: la presidencia y su plaza de magistrado por el turno de juristas. Lucas había llegado al cargo en julio de 2025, con 16 votos, tras meses de bloqueo y después de que la progresista Pilar Teso se retirara ante el veto del bloque conservador. Su salida reabre la carrera: tres magistrados de la propia sala han solicitado presidirla y no se descarta que Teso vuelva a intentarlo. No es una plaza cualquiera: la Sala Tercera concentra el control judicial sobre la actuación del Gobierno y de la Administración del Estado, incluidos los recursos contra acuerdos del Consejo de Ministros, lo que la convierte en un termómetro de la correlación de fuerzas dentro del alto tribunal.

El puesto que reequilibraría una sala entera es el de la Sala Segunda, la de lo Penal, la que juzga a aforados como el exministro José Luis Ábalos o el exfiscal general Álvaro García Ortiz. Acumula cuatro vacantes: la de Miguel Colmenero, sin cubrir desde su jubilación en abril de 2023, las de Andrés Palomo y Ángel Hurtado, que salieron en el verano de 2026, y la de Juan Ramón Berdugo, efectiva el 5 de septiembre. A las tres últimas concurren 27 magistrados; a la del primero, una docena de juristas. En una sala de 15 miembros, con solo tres mujeres y mayoría conservadora, cubrir esas cuatro plazas de golpe permitiría rediseñar su equilibrio ideológico. De ahí el pulso: los conservadores quieren esperar para negociar en bloque y los progresistas exigen ir cubriendo cada plaza según queda libre. Como los nombramientos requieren 13 de los 20 votos del CGPJ, nada sale adelante sin pacto.

El precedente que todos miran: cómo se repartieron las anteriores vacantes entre las asociaciones

Hombre anciano vestido de graduación posando feliz con gafas.
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El mapa de las vacantes del Supremo se ha decidido durante décadas por cuotas entre los dos grandes bloques. El sistema, consolidado tras el Pacto de Estado para la Justicia de 2001, reservaba a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y a la progresista Jueces y Jueces para la Democracia (JJpD) un reparto proporcional de los nombramientos discrecionales. Ya en 2004 el entonces vocal Alfons López Tena lo bautizó como la lottizzazione a la italiana: ni rodillo ni mérito, sino cupo para cada grupo. Los números lo respaldan. En un mandato de la pasada década, el 60,5% de los nombramientos recayó en afiliados a la APM o a JJpD, pese a que ambas sumaban apenas el 35,75% de los jueces en activo. El precedente se rompió a golpe de mayoría en 2002, cuando los conservadores impusieron sus cuatro candidatos a las cuatro vacantes del Supremo, y se recompuso en 2005 con un pacto a tres quintos para cubrir la Sala de lo Civil.

El espejo más inmediato es el primer gran acuerdo del CGPJ renovado, en enero de 2025. Los dos bloques pactaron por unanimidad 36 nombramientos, 21 de ellos de magistrados del Supremo, tras casi cinco años de bloqueo. La foto de aquel reparto es la que ahora todos releen: 13 vocales de la APM, cinco de JJpD, uno de la Francisco de Vitoria y el resto jueces no asociados o juristas de prestigio. El desequilibrio estaba en el detalle. De los diez candidatos propuestos por el sector conservador, nueve pertenecían a la APM. Los progresistas presentaron once, pero solo cinco eran de su asociación de referencia. Un año después el balance se repite: la APM logró 51 de las 134 designaciones (el 38%), casi el doble que las otras tres asociaciones juntas, frente a 25 de JJpD (19%), ocho de Francisco de Vitoria (6%) y 35 de jueces no asociados.

El factor que puede tumbarlo todo: un CGPJ con el mandato caducado y el riesgo de que los nombramientos se impugnen

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El diseño legal que salió del último bloqueo es lo que puede dinamitar cualquier acuerdo. La Ley Orgánica 4/2021, avalada por el Tribunal Constitucional (SSTC 128/2023 y 15/2024), recortó las competencias del CGPJ cuando sus vocales agotan el mandato: un Consejo «en funciones» no puede proponer el nombramiento del presidente del Supremo ni de los presidentes de sala y magistrados del alto tribunal. El resultado de casi seis años con el mandato caducado (de diciembre de 2018 hasta la renovación de 2024) fue un tapón de vacantes: solo en el Supremo llegó a haber 25 plazas sin cubrir, cerca del 30% de su plantilla. Si el pulso por las jubilaciones inminentes vuelve a enquistarse y el Consejo caduca otra vez, ese mecanismo no solo retrasaría las sustituciones: las congelaría de raíz.

Aun con el mandato vigente hasta 2029, los nombramientos del CGPJ quedan expuestos a los tribunales. La Sala Tercera del Supremo ya ha anulado por falta de motivación una designación discrecional del Consejo de Isabel Perelló —la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, aprobada en julio de 2025 y tumbada en mayo de 2026— y ha obligado a repetir el acuerdo. El aviso es doble: las plazas más sensibles, las presidencias de la Sala Penal y de lo Contencioso y las vacantes que dejarán quienes se jubilen, pueden acabar impugnadas, y el pleno, partido 10-10, exige 13 votos para sacarlas adelante. Con ese equilibrio, cada designación forzada es un recurso en potencia.

La Guardia Civil confirma dos guardias civiles heridos por arma de fuego en Terrassa durante un seguimiento

Roberto Fuentes
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La Guardia Civil confirma dos guardias civiles heridos por arma de fuego en Terrassa durante un seguimiento

La Guardia Civil ha confirmado que dos de sus agentes resultaron heridos por arma de fuego en Terrassa durante un seguimiento sobre un grupo de ‘teloneros‘, los ladrones especializados en robar la carga de camiones en tránsito.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? Cuatro hombres han abierto fuego en la vía pública contra dos agentes de la Guardia Civil que seguían a un grupo de los llamados ‘teloneros‘. Hay tres detenidos.
  • ¿Dónde y cuándo? En la calle Europa, en el barrio de Can Parellada de Terrassa (Barcelona), sobre las 22:30 horas de la noche del jueves.
  • ¿Qué resultado? Un agente recibió cuatro impactos de bala y el otro, uno. Ambos están fuera de peligro y se busca a un cuarto implicado.

Un seguimiento que acabó a tiros en Can Parellada

Según el comunicado del instituto armado, los hechos se produjeron alrededor de las 22:30 horas en la calle Europa, cuando cuatro hombres abrieron fuego en la vía pública contra los dos agentes que participaban en el dispositivo. Los agresores emplearon al menos una escopeta, con la que uno de ellos disparó contra los guardias en mitad de la calle.

Uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala; el otro, un único disparo. Los dos heridos fueron trasladados a centros hospitalarios distintos: uno al hospital Parc Taulí de Sabadell y el otro a la Mútua de Terrassa. Ambos están fuera de peligro, según el comunicado del cuerpo. Fue uno de los propios agentes heridos quien alertó a los servicios de emergencia mientras atendía a su compañero.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informó en un primer momento de que uno de los agentes se encontraba grave, una valoración que la evolución posterior de los heridos ha rebajado: el comunicado oficial y las fuentes hospitalarias confirman que ninguno de los dos se encuentra en riesgo vital. La asociación difundió además en la red social X un vídeo supuestamente grabado por un vecino de la zona, en el que se aprecia cómo los agresores disparan contra los agentes y uno de ellos abre fuego con una escopeta. Otros integrantes del grupo llegan a golpear con un palo a uno de los heridos, que aparece tendido en el suelo.

Tres personas han sido detenidas por su presunta relación con el tiroteo. La búsqueda del cuarto implicado sigue activa.

Uno de los agentes heridos, alcanzado por cuatro balas, alertó a los servicios de emergencia mientras atendía a su compañero, según el comunicado de la Guardia Civil.

Tres detenidos y un cuarto implicado en busca

tiroteo Terrassa

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra ha asumido la investigación de los hechos, que continúa abierta. Los tres arrestados lo están por su presunta relación con el tiroteo y la prioridad de los investigadores pasa por localizar al cuarto implicado, que no ha sido detenido por el momento. Los dos agentes heridos formaban parte precisamente del dispositivo que seguía al grupo ahora investigado.

Los ‘teloneros‘ son grupos itinerantes especializados en el robo de la carga de camiones que circulan por autopista o que permanecen estacionados en áreas de descanso. Su método combina la vigilancia previa sobre las rutas logísticas, la interceptación del vehículo y la colocación rápida de la mercancía sustraída en canales de receptación, lo que complica su recuperación. El tiroteo de Terrassa ilustra el nivel de riesgo de estos seguimientos para los agentes que los ejecutan.

El Contexto Operativo

El robo de mercancías en las grandes rutas logísticas europeas figura entre las tipologías que los análisis de Europol atribuyen a las bandas itinerantes de criminalidad organizada, capaces de desplazarse entre países siguiendo los flujos del transporte por carretera. En España, los grupos que operan en corredores como la AP-7, eje que conecta Cataluña con Francia, aprovechan la densidad de tráfico y la proximidad de áreas de servicio para actuar en tramos de alta circulación. La modalidad exige preparación, vigilancia previa y una red de salida rápida para la mercancía.

La Guardia Civil mantiene dispositivos específicos contra estas bandas en las principales vías del país, en coordinación con las policías autonómicas y con los cuerpos policiales de otros Estados miembros. Esa línea de trabajo sostiene buena parte de los resultados que el instituto armado viene registrando en la lucha contra el crimen organizado dedicado al patrimonio y al transporte de mercancías, un ámbito en el que las detenciones se cuentan por centenares cada año en el conjunto de España, según los datos agregados que maneja el Ministerio del Interior. En ese marco, la cooperación internacional resulta determinante: Europol coordina el intercambio de información entre los cuerpos policiales de los Estados miembros para seguirle la pista a bandas que cambian de país con la misma facilidad con la que cambian de provincia.

La investigación sigue abierta y la prioridad inmediata es la localización del cuarto implicado, así como la reconstrucción de la secuencia completa del tiroteo y del grado de organización del grupo vigilado. La DIC de los Mossos d’Esquadra mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Mientras tanto, los equipos que trabajan en seguimientos sobre bandas de robo de mercancías continúan desplegados en las rutas de mayor tráfico del país.

Sumar convocan una reunión de urgencia el domingo ante un posible adelanto electoral

Iñigo Larrea
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Sumar convocan una reunión de urgencia el domingo ante un posible adelanto electoral

Los partidos de Sumar se citan este domingo en una reunión no prevista mientras crece la hipótesis de un adelanto electoral. La convocatoria la han activado Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar, las cuatro patas que sostienen el espacio, y no responde a ningún guion. Responde a la incertidumbre.

El detonante está en el Congreso. Junts ha anunciado que votará en contra de los dos decretos de vivienda, y esa negativa coloca al Gobierno al borde de una nueva derrota parlamentaria. Si los decretos caen este viernes, la hipótesis de una disolución de las Cortes deja de ser un rumor de pasillo. Y entonces la cita del domingo pasa a ser otra cosa.

Yolanda Díaz ha confirmado que ha hablado con Pedro Sánchez, pero ha cerrado cualquier ventana al contenido de esa conversación. «Esa misión le corresponde al presidente», ha dicho. «He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta». Preguntada por si el presidente le había pedido su opinión sobre una eventual convocatoria, respondió con la misma puerta cerrada: «No voy a desvelar ninguna conversación. No debo ni puedo hacerlo».

Una reunión que nadie tenía en la agenda

Las cuatro formaciones no se citan por rutina. Se citan porque el calendario se ha movido. Sobre la mesa hay dos incógnitas sin resolver: las siglas con las que el espacio concurriría y quién encabezaría la candidatura. El nombre de Frente Amplio ha ido cobrando fuerza en las últimas semanas, aunque nadie ha cerrado la decisión. Y la segunda pregunta, la del liderazgo, es la que más incomoda.

Antonio Maíllo ha sido el más explícito. El líder de Izquierda Unida ha advertido de que la votación de este viernes es «crucial no solo por el día de hoy, sino por lo que pueda venir», y ha pedido que el espacio «acelere la elección de candidata». Traducido: mejor poner nombre a la candidatura antes de que arranque la campaña que improvisarlo con las prisas.

La reunión del domingo no es una cita rutinaria: es el primer movimiento de la izquierda ante un calendario que ya no controla.

Quién manda y quién decide dentro del espacio

adelanto electoral

La convocatoria revela, además, un reparto de pesos que conviene leer con calma. Izquierda Unida llega con la voz más alta y pone el liderazgo en el centro. Comuns y Más Madrid han optado por la prudencia, con Aina Vidal limitándose a garantizar que, si hay elecciones, «estamos preparados». Movimiento Sumar, el núcleo que responde directamente a Yolanda Díaz, ejerce de anfitrión silencioso. Ahí está la foto del equilibrio interno.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha confirmado el sentido del encuentro: servirá para «analizar el escenario». «Es una decisión que toma el presidente; desde luego, nosotros, la izquierda, vamos a estar preparados para cualquier escenario», ha asegurado. La frase resume la estrategia. No confrontar con Sánchez, pero no quedarse quietos. Eso sí, la letra pequeña del cónclave no ha trascendido: sin datos oficiales sobre el orden del día a cierre de edición.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar se juega en esta reunión más que en cualquier votación parlamentaria. Izquierda Unida empuja para definir candidatura y siglas cuanto antes; Comuns y Más Madrid prefieren no precipitarse; Movimiento Sumar mantiene la iniciativa sin descubrir sus cartas. El balance es frágil, porque cada confluente mide su propio peso electoral antes de aceptar un reparto.

La dimensión de coalición con el PSOE es más delicada de lo que parece. Sumar forma parte del Gobierno y sostiene a Sánchez, pero preparar una candidatura propia para un adelanto equivale, en la práctica, a reconocer que el Ejecutivo puede no agotar la legislatura. No hay ruptura ni ultimátum. Hay una convivencia tensa: se sigue gobernando mientras se afilan las listas. Yolanda Díaz lo ha envuelto en discreción absoluta.

La proyección depende de lo que ocurra este viernes en el Congreso. Si los decretos de vivienda caen, el adelanto deja de ser hipótesis y la cita del domingo gana urgencia. Si salen adelante, el espacio habrá ensayado su maquinaria sin necesidad de usarla. En cualquier caso, el manifiesto-programa y el nombre del frente siguen pendientes, y esos dos cabos sueltos son los que la reunión debería empezar a atar.

Ficha del Caso

  • El caso: Los partidos de Sumar —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— se reúnen el domingo en una cita no prevista para analizar un posible adelanto electoral de Sánchez.
  • Datos importantes: La reunión llega después del anuncio de Junts de votar contra los dos decretos de vivienda y de la llamada de Sánchez a Yolanda Díaz. Sin datos oficiales sobre el orden del día a cierre de edición.
  • Resumen: El encuentro evidencia que la izquierda activa su maquinaria electoral mientras sigue gobernando con el PSOE. Las siglas y la candidatura del espacio siguen sin resolverse.

Fondo de despidos Argentina: el pago obligatorio con sanción que ya golpea a filiales españolas

Amparo Soler
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Fondo de despidos Argentina: el pago obligatorio con sanción que ya golpea a filiales españolas

El fondo de despidos de Argentina arranca en noviembre y obligará a aportar a todas las empresas del país, también a las filiales españolas. No es una contribución nueva ni una subida de cotizaciones: es un cambio de destino. Las sumas que hasta ahora ingresaba la Administración Nacional de la Seguridad Social pasarán a una cuenta privada invertida en el mercado de capitales. Y quien no registre esa cuenta se expone a una multa.

Qué es el FAL y qué cambia a partir de noviembre

El Fondo de Asistencia Laboral nació dentro de la ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y su reglamentación acaba de cerrarse. La autoridad fiscal, ARCA —la antigua AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero—, ha publicado los últimos detalles: cómo abrir la cuenta, qué identificador necesita cada empleador y qué ocurre con quienes no lo hagan.

La mecánica se explica en dos líneas. Cada empleador, desde la pyme de barrio hasta la multinacional, aportará un porcentaje —el 2,5 % para las pymes y el 1 % para el resto— que hasta ahora iba al sistema previsional y que a partir de ahora irá a una entidad administradora elegida por la propia empresa. Ese dinero queda identificado con un número propio: el ID FAL.

Los fondos deberán invertirse en bonos o acciones argentinas para no perder poder de compra, con un menú acotado que en la práctica apunta a los bonos del Ministerio de Economía. El pago se hará ante ARCA con el mismo procedimiento que el resto de obligaciones sociales: declaración jurada y volante electrónico de pago. El trámite, en apariencia sencillo, se convierte en una obligación con calendario.

Por qué la medida golpea a las filiales españolas

Argentina es uno de los mercados donde la empresa española más kilómetros tiene recorridos. La banca, las aseguradoras, las energéticas, las concesionarias y las hoteleras mantienen filiales con plantillas que se cuentan por miles. Para todas ellas el FAL no eleva la factura, pero sí añade gestión: abrir una cuenta, elegir administradora y registrar un identificador ante el fisco.

La multa por no informar ese identificador es la parte que ninguna filial quiere descubrir por sorpresa. La reglamentación fija una sanción del 5 % de las remuneraciones sujetas a aportes del mes anterior al requerimiento, con un suelo equivalente al 10 % de un salario mínimo y un techo de 15 salarios mínimos. Por si fuera poco, la falta de pago devenga intereses del 2,75 % mensual.

El FAL no sube lo que paga la empresa: cambia a dónde va el dinero y quién lo administra.

Hay un matiz que rebaja el ruido y otro que lo dispara. El primero: no hay coste adicional, solo un cambio de destino de fondos que ya se aportaban. El segundo: si el empleador no comunica su ID FAL, ARCA lo traslada a la Comisión Nacional de Valores para que asigne una administradora de oficio, y las sumas quedan retenidas sin invertir.

La huella española en el país es antigua y ancha. Telefónica acordó en 2024 la venta de su filial argentina a Telecom Argentina, pero los costes laborales del mercado argentino siguen apareciendo en los balances de los grupos españoles con presencia estable en banca, energía, infraestructuras, seguros y turismo. Para todos ellos, la cita de noviembre es una tarea administrativa con reloj.

FAL Argentina 2026

Lo que enseñan los precedentes de Austria y de España

Los fondos de despido con dinero invertido en el mercado no son una invención argentina. Austria los puso en marcha en 2003 con la llamada Abfertigung neu —la indemnización austríaca reformada—: el empleador ingresa cada mes un porcentaje del salario en una cuenta individual gestionada por entidades privadas. El trabajador se lleva esa cuenta consigo cuando cambia de empresa, y el modelo se cita en media Europa como ejemplo de indemnización portable.

España tiene la otra mitad de la película. El Fondo de Garantía Salarial, nacido al calor del Estatuto de los Trabajadores, cubre desde 1980 las indemnizaciones cuando la empresa no puede pagarlas y se financia con aportaciones empresariales.

La diferencia con el FAL argentino es de fondo: aquí el dinero se reparte entre todos los que caen; allí se acumula en la cuenta de cada empresa para lo que pueda venir. En 2020, el debate sobre la mochila austríaca —acumular en una cuenta individual los derechos por despido— llegó a las mesas de negociación españolas y quedó aparcado.

Conviene mirar también la letra pequeña fiscal. El proyecto de Presupuesto 2027 cifra en casi el 0,2 % del PIB lo que el sistema previsional argentino dejará de ingresar, y contempla que hasta finales de 2027 los fondos FAL absorban hasta el 2 % de los vencimientos en pesos del Tesoro. Traducido: al principio es un actor pequeño del mercado, pero cada mes que pasa engorda.

Para las empresas españolas con plantilla en Argentina, la cuenta atrás es operativa: identificar la administradora, abrir la cuenta y obtener el ID FAL antes del primer vencimiento de noviembre. Quien llegue tarde no tendrá una sanción automática —ARCA requiere primero—, pero sí aportes retenidos y un problema de gestión. La próxima cita será la primera liquidación posterior al arranque.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Argentina pone en marcha en noviembre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que desvía parte de los aportes patronales a cuentas privadas invertidas en el mercado.
  • Datos importantes: El 2,5 % de los aportes para las pymes y el 1 % para el resto; multas del 5 % de la nómina, con techo de 15 salarios mínimos, e intereses del 2,75 % mensual.
  • Resumen: Las filiales españolas en banca, energía, seguros y turismo deberán adaptar su gestión para no quedar expuestas a sanciones ni a fondos retenidos sin rentabilidad.

El giro de Delcy Rodríguez hacia Trump fractura el chavismo y pone en juego a Repsol en Venezuela

Amparo Soler
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El giro de Delcy Rodríguez hacia Trump fractura el chavismo y pone en juego a Repsol en Venezuela

El giro de Delcy Rodríguez hacia Trump reordena el petróleo de Venezuela y pone en juego la posición de Repsol. La base más fiel del chavismo no entiende lo que está viendo.

Durante dos décadas, ese movimiento tuvo un relato sencillo: Washington era el enemigo y el crudo, la palanca para resistirle. Ahora, la administración interina que encabeza Delcy Rodríguez ha dado un volantazo y busca entendimiento con la Casa Blanca. Y aquí está la clave: ese cambio de rumbo no solo divide a los herederos de Hugo Chávez, también decide quién firma las licencias del petróleo venezolano.

La fractura que ha partido en dos al chavismo

El caso más elocuente es el de Mario Silva, uno de los propagandistas más apasionados de la revolución bolivariana. Presentaba su programa estatal, The Razorblade, con el retrato de Chávez a la espalda y llegó a tatuarse la firma del Comandante en la muñeca izquierda.

Después de más de veinte años alabando al movimiento, hoy no reconoce el rumbo que ha tomado. Su desconcierto resume el de miles de militantes que ven cómo quienes prometieron plantar cara al imperio buscan ahora su beneplácito.

Vamos por partes, porque aquí se cruzan dos historias. Una es la crisis interna de un movimiento que se queda sin relato. La otra afecta de lleno a España y a sus empresas.

La fractura del chavismo no es un asunto interno: decide quién firma las licencias del crudo y en qué condiciones lo hace una compañía española.

Cómo llega el volantazo hasta Repsol y las petroleras españolas

El reordenamiento que impulsa Caracas condiciona las licencias petroleras y, con ellas, la posición de las compañías españolas presentes en el país. La compañía, la petrolera española, mantiene intereses en el sector energético venezolano desde hace décadas, como otras grandes del crudo europeo.

Si cambian las reglas del juego, el riesgo para la empresa española es doble: perder contratos y quedarse sin margen para reclamar. La continuidad de sus operaciones depende de decisiones que se toman a miles de kilómetros de Madrid.

El mecanismo es conocido. Operar en Venezuela exige permisos que dependen de un equilibrio delicado entre Caracas y Washington; cuando ese equilibrio se mueve, las licencias se revisan y las compañías quedan expuestas a decisiones ajenas.

Por si fuera poco, cada vaivén de Caracas se mira con lupa desde Bruselas y Washington. España tiene intereses energéticos en la región y no puede permitirse quedar al margen de cualquier acuerdo.

Lo que enseña el precedente de 2007

Conviene recordar que no es la primera vez que Venezuela cambia las reglas del crudo de un día para otro. En 2007, la nacionalización de la Faja del Orinoco obligó a las petroleras extranjeras a renegociar su presencia, y varias compañías europeas se vieron forzadas a aceptar nuevas condiciones o a reducir su peso en el país.

Repsol ha sobrevivido a varios de esos ciclos. La lección es clara: en Venezuela el riesgo no es solo comercial, es regulatorio y político. Un movimiento en la cúpula puede reescribir un contrato firmado años antes.

España aprendió esa lección hace tiempo. Sus grandes energéticas han construido su presencia internacional diversificando riesgos, y Venezuela ha sido siempre un capítulo aparte: rentable en los buenos tiempos, volátil en los malos.

El siguiente paso a vigilar es concreto: cómo se traduce el giro hacia Trump en nuevas licencias, si la administración interina consolida el rumbo y qué responden las compañías afectadas. Es ahí donde se decidirá si el reordenamiento abre una puerta o cierra otra a las petroleras españolas.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La administración interina de Delcy Rodríguez gira hacia Trump y descoloca a la base chavista, mientras el reordenamiento condiciona las licencias petroleras en Venezuela.
  • Datos importantes: Repsol mantiene intereses energéticos en el país desde hace décadas. En 2007, la nacionalización de la Faja del Orinoco ya forzó a las petroleras extranjeras a renegociar.
  • Resumen: El volantazo de Caracas reordena el crudo venezolano y sitúa a las compañías españolas ante decisiones que no controlan, con impacto directo en sus intereses.

Crece la crítica republicana al despliegue del ICE a tres semanas de las legislativas de medio mandato

Jack Williams
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Crece la crítica republicana al despliegue del ICE a tres semanas de las legislativas de medio mandato

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Varios congresistas republicanos han cuestionado el despliegue del ICE, la agencia federal que ejecuta las deportaciones, a un mes de las legislativas del 3 de noviembre.
  • ¿Quién está detrás? La congresista María Elvira Salazar (Florida), los senadores Jim Justice (Virginia Occidental), Roger Marshall y Jerry Moran (Kansas) y la congresista Mariannette Miller-Meeks (Iowa).
  • ¿Qué impacto tiene? Abre una fisura en el bloque de Donald Trump en plena campaña y anticipa un otoño migratorio más errático, que Bruselas y Madrid seguirán de cerca.

La crítica republicana al despliegue del ICE ya es pública a un mes de las legislativas del 3 de noviembre.

Durante la última semana, congresistas de la Cámara de Representantes y del Senado han cuestionado en privado y en público el modo en que la Casa Blanca está ejecutando las deportaciones. No es una rebelión. Es algo más incómodo para el Partido Republicano: una fisura visible justo cuando el partido necesita votos hispanos y rurales a la vez.

Qué han dicho los republicanos que han roto filas

El caso más llamativo es el de María Elvira Salazar, congresista por Florida a la que Donald Trump respaldó en agosto. Grabó un anuncio frente a la Casa Blanca en el que sostiene que la política migratoria ha ‘ido demasiado lejos’. Su distrito, de mayoría hispana, se siente engañado: las redadas han alcanzado sobre todo a latinos sin papeles. Trump replicó en redes y difundió un mensaje que pedía ‘un nuevo republicano para sustituir a Salazar’.

La congresista Mariannette Miller-Meeks, de Iowa, eligió la vía privada. Escribió al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para pedir la salida de una mujer detenida por el ICE y cuya deportación se dirigía a un país que no es el suyo. Fatou Traore, según esa carta, trabaja y es madre de cuatro hijos al amparo de una orden de protección de 2011, aunque no está claro que tenga autorización legal para permanecer en el país. La misiva no se publicó en su web oficial.

El senador Jim Justice, de Virginia Occidental, fue más lejos en declaraciones a Politico: la administración debía ‘admitir que está haciendo algo mal’ y ajustar el rumbo. Un día después matizó en X que sus dudas nacían de su escaño en el Comité de Agricultura del Senado, tras las detenciones en comunidades de Kansas donde se concentran las plantas cárnicas. ‘Que quede cristalino: apoyo la estrategia migratoria del presidente, punto’, escribió.

En Kansas el malestar es más concreto. El senador Roger Marshall, que se presenta a la reelección en noviembre, reprochó al ICE que no avisara a las policías locales , antes de instalar controles en el suroeste del estado. Su colega Jerry Moran admitió que sigue con interés personal a quién detiene la agencia. Fuera del Capitolio, el exgobernador de Maine Paul LePage, hoy candidato, denunció que el padre de la esposa de su hijo, con permiso de trabajo, estuviera en proceso de deportación.

La fisura no cuestiona el fondo de la política migratoria: cuestiona su ejecución en los distritos donde un escaño se decide por unos miles de papeletas.

La fisura que la Casa Blanca no puede permitirse en noviembre

legislativas 2026

El nerviosismo no es ideológico, es aritmético. La mayoría republicana en la Cámara es estrecha y el Senado se decide en un puñado de estados. Un anuncio como el de Salazar en el sur de Florida pesa más que cien editoriales. La Casa Blanca lo sabe: un funcionario citado por el Washington Examiner respondió que la administración aplica las leyes que aprobó el Congreso y que el ICE ‘persigue a los peores, pero si encontramos a alguien en el país ilegalmente, lo detenemos’.

Ahí está la contradicción que nadie quiere verbalizar. La agencia que la Casa Blanca defiende como instrumento de orden es la que aparece en los anuncios de sus propios candidatos. Nadie pide derogar nada. Solo piden no salir en la foto.

Para España, la disputa admite dos lecturas. La primera es consular: la colonia española en Estados Unidos ronda el centenar de miles de residentes y Bruselas sigue con atención el trato que reciben los ciudadanos europeos en los controles migratorios. La segunda es de espejo: el campo y la industria cárnica españoles, entre los mayores exportadores de porcino de la Unión Europea, afrontan la misma escasez de mano de obra que las plantas de Kansas, aunque con instrumentos propios, como los contingentes de trabajadores que se negocian con Marruecos y Colombia.

La Lógica de Washington

La pregunta que importa no es si la crítica republicana al ICE es sincera, sino por qué aparece ahora. La Casa Blanca ejecuta el mandato más explícito que recibió en noviembre de 2024: deportar a quien esté en el país sin autorización legal. Sostiene que no elige qué leyes aplica y que lo contrario sería un sistema a la carta.

Es una lógica con precedente. Dwight Eisenhower lanzó en 1954 la llamada Operation Wetback, una deportación masiva que movilizó a miles de agentes, y el gobierno de Barack Obama expulsó a más de dos millones y medio de personas, un registro que la izquierda demócrata le reprochó durante años. Washington no pide permiso. Lo nuevo no es el método; es el calendario: el Congreso aprobó esas leyes y la Casa Blanca repite que no piensa escoger cuáles cumple.

Esa coalición une al votante de base con el electorado de distritos como el de Salazar, y ahí está el problema. El mismo Estado que promete firmeza en la frontera es el que rompe familias trabajadoras en Iowa o vacía las plantas de Kansas. El senador Marshall se juega el escaño; el ICE no se juega nada. El calendario manda.

En la práctica, la política migratoria americana se vuelve más errática en los próximos meses, no menos. Los consulados europeos preparan protocolos de asistencia urgente y las empresas españolas con plantilla en Estados Unidos revisan expedientes de personal. El próximo hito es el 3 de noviembre. Después, el Congreso tendrá que decidir si financia la agencia al ritmo actual en el siguiente paquete presupuestario, y ahí se verá si la crítica era táctica o algo más profundo.

Ficha del Caso

  • El caso: Congresistas republicanos cuestionan el modo en que la Casa Blanca despliega al ICE a un mes de las legislativas del 3 de noviembre.
  • Datos clave: Salazar, respaldada por Trump en agosto, graba un anuncio crítico; Miller-Meeks escribe al secretario Mullin; Marshall y Moran reclaman aviso previo a las policías locales de Kansas.
  • Para España: La colonia española en EE. UU. y las empresas con plantilla allí siguen el endurecimiento de los controles, mientras Bruselas reclama trato para los ciudadanos europeos.

Bustinduy dice que Sumar está ‘preparada’ ante un adelanto electoral y Díaz evita pronunciarse

Iñigo Larrea
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Bustinduy dice que Sumar está ‘preparada’ ante un adelanto electoral y Díaz evita pronunciarse

Bustinduy dice que Sumar está ‘preparada’ ante un adelanto electoral y Díaz evita pronunciarse

Pablo Bustinduy ha roto el silencio. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha asegurado este viernes que Sumar está «preparado para cualquier escenario» ante un posible adelanto electoral, mientras Yolanda Díaz evita pronunciarse sobre la convocatoria. La declaración llega en pleno pulso por los decretos de vivienda y a dos días de una reunión interna que los partidos de la coalición califican de «trascendental».

El ministro ha sido el primero en revelar el encuentro. En una entrevista en ‘La Hora de La 1’ de TVE, Bustinduy ha señalado que «la convocatoria de elecciones es una decisión que toma el presidente» y ha añadido que van a estar «preparados para cualquier escenario, pero el orden lo tenemos bien claro». Su prioridad declarada sigue siendo la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, aunque la puerta electoral ya está abierta.

Mientras el ministro hablaba en televisión, Yolanda Díaz confirmaba en la Cadena SER que ha conversado con Pedro Sánchez, aunque ha rechazado desvelar el contenido de esa conversación. La vicepresidenta segunda insiste en que la prioridad es resolver el problema de la vivienda y que las derechas —PP, Vox y Junts— se unen para tumbar unas medidas que beneficiarán a cinco millones de personas. No ha mencionado la palabra elecciones. Ese silencio pesa más que cualquier declaración.

El pulso por los decretos de vivienda y la reunión del domingo

El contexto lo explica casi todo. Junts ha expresado su rechazo a los dos decretos de vivienda que se votan este viernes en el Pleno, y esa negativa ha despertado las especulaciones sobre comicios anticipados. Bustinduy ha enmarcado la votación como un plebiscito: los partidos que rechacen medidas antidesahucios o de prórroga de alquiler, ha dicho, sufrirán un alto coste político. En los pasillos ha llegado a calificar de brazo político del rentismo a quienes tumben los textos.

En paralelo, los partidos que integran Sumar —Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns, y Más Madrid— se reunirán este domingo. Diversas fuentes de los partidos confirman que a lo largo del fin de semana se sucederán los contactos, aunque la cita del domingo es la más relevante. No es una reunión ordinaria: sobre la mesa está la situación política y las decisiones para estar preparados ante cualquier escenario, incluida la posibilidad de adelanto electoral.

Lo que Bustinduy llama «estar preparados» es, en realidad, la pregunta que Sumar lleva meses sin responder: quién lidera la próxima candidatura y con qué marca se presenta.

Las prisas de IU y la calma de los Comuns

Pablo Bustinduy

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, no espera. Ya ha reclamado acelerar la elección de candidato, la marca electoral y el programa con el que la coalición acudiría a las generales. «Estamos a disposición de cualquier cosa», ha dicho. «Si va a haber elecciones, las vamos a afrontar con un proceso de movilización popular como no haya ninguno». Su reclamación incluye proclamar ya el liderazgo electoral de la futura coalición, una designación pendiente desde el mes de febrero.

No todos tienen la misma prisa. La coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha recalcado que el adelanto electoral es una «prerrogativa» del presidente y ha añadido que «si quiere convocar, estamos listas para ir a elecciones». La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha criticado los argumentos de Junts y ha eludido pronunciarse sobre el adelanto.

El diputado Nahuel González ha pedido centrarse primero en la votación de vivienda y dejar los cálculos para después. Es la misma idea que repiten otras voces del grupo: primero el Pleno, luego la política. Pero esa secuencia, prudente sobre el papel, choca con la urgencia que reclaman desde IU.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar vuelve a quedar a la vista. IU aprieta por definir la candidatura; los Comuns y Más Madrid prefieren no quemar etapas; y el Movimiento Sumar, el núcleo que responde a Yolanda Díaz, gestiona el silencio de la vicepresidenta como un activo. La designación del liderazgo electoral lleva pendiente desde febrero, y ese retraso es, en sí mismo, el dato más elocuente de la tensión interna. Nadie quiere mover ficha antes de saber si habrá elecciones, pero ese cálculo puede llegar tarde.

La dimensión de coalición es igual de delicada. La relación con el PSOE pasa por la votación de este viernes: si los decretos de vivienda caen, la hipótesis del adelanto gana enteros y Sumar tendría que decidir en horas lo que lleva meses aplazando. Díaz ha hablado con Sánchez, pero no ha contado qué se dijeron. La lectura que hacemos es que el espacio minoritario se prepara para un escenario que no controla, mientras exige al PSOE que sostenga los decretos como prueba de solidez de la coalición.

La proyección inmediata es clara. Este viernes se vota en el Congreso y el domingo se reúnen los partidos de Sumar. La designación del candidato y la marca electoral, pendientes desde febrero, tendrán que resolverse antes de que el calendario se estreche. Sin datos oficiales sobre el resultado de la votación a cierre de edición, lo único seguro es que Sumar ha dejado de fingir que el calendario electoral no existe.

Ficha del Caso

  • El caso: Pablo Bustinduy afirma que Sumar está preparado para cualquier escenario ante un adelanto electoral, mientras Yolanda Díaz evita pronunciarse y los partidos de la coalición convocan una reunión el domingo.
  • Datos importantes: Reunión de Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid el domingo 4 de octubre. Votación de los decretos de vivienda en el Congreso este viernes 2 de octubre. La designación del liderazgo electoral de Sumar está pendiente desde febrero.
  • Resumen: El pulso por los decretos de vivienda y la negativa de Junts alimentan la hipótesis de un adelanto electoral que obligaría a Sumar a resolver en horas su candidatura y su relación con el PSOE.

El Tribunal Supremo revisa la detención obligatoria de inmigrantes de Trump: así redefine el debido proceso

Jack Williams
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El Tribunal Supremo revisa la detención obligatoria de inmigrantes de Trump: así redefine el debido proceso

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo de EE. UU. ha aceptado revisar la política de Donald Trump que mantiene detenidos sin fianza a los inmigrantes mientras avanza su deportación. El caso se llama Rhoney v. Barbosa da Cunha.
  • ¿Quién está detrás? La Administración, a través del Departamento de Justicia y del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), frente a seis circuitos federales que han fallado en su contra.
  • ¿Qué impacto tiene? Determina si quien entra sin papeles conserva el derecho a pedir fianza y toca de lleno la protección consular de los españoles detenidos en el interior del país.

El Tribunal Supremo ha aceptado revisar la política de Donald Trump que mantiene detenidos sin fianza a los inmigrantes mientras avanza su deportación. La decisión, adoptada el jueves tras el receso de verano, sitúa al alto tribunal en el centro del debido proceso migratorio del país.

Qué ha aceptado revisar el Tribunal Supremo y por qué el caso llega justo ahora

El caso se llama Rhoney v. Barbosa da Cunha y es uno de los primeros asuntos del nuevo curso judicial. La lista se hizo pública el jueves, pocos días antes de que los nueve magistrados abran oficialmente el periodo de sesiones el próximo lunes. Las vistas orales no se esperan hasta principios del próximo año, lo que deja la política en el aire durante buena parte del mandato.

El origen está en un memorando que el ICE emitió en julio de 2025. Durante casi tres décadas, solo los inmigrantes interceptados en la frontera o con determinadas condenas penales podían quedar retenidos sin audiencia de fianza. El resto, los detenidos en el interior del país, podía pedir a un juez salir en libertad provisional. El memorando borró esa distinción y ordenó tratar a cualquiera que hubiera entrado sin papeles como si siguiera plantado en la frontera. El memorando borró esa distinción de un plumazo. La base legal es un artículo de la ley federal que dice que esos inmigrantes ‘serán detenidos’, frente a la cláusula anterior, que permite al juez liberarlos con una fianza de al menos 1.500 dólares.

El hombre que da nombre al caso mide hasta dónde llega la política. Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, brasileño, entró sin papeles hacia 2005, obtuvo asilo en 2016, compró una casa y montó un pequeño negocio. En 2025 lo detuvo el ICE. Un juez de inmigración le negó la fianza y el Segundo Circuito, con sede en Nueva York, le dio la razón.

Seis circuitos en contra: qué cambia para España y para los españoles en EE. UU.

ICE

Los tribunales inferiores llevan un año dando respuestas opuestas. El Quinto y el Octavo circuito han respaldado a la Administración. El Segundo, el Sexto, el Séptimo, el Noveno, el Décimo, y el Undécimo han fallado en contra. Seis circuitos frente a dos. El mapa está roto.

A ese laberinto se suma una cifra que el Departamento de Justicia ha puesto sobre la mesa: según el recuento de Politico, los jueces federales de distrito han fallado contra la política más de 9.300 veces. Sus abogados sostienen ante el Supremo que el mosaico resultante es inaplicable, porque el mismo inmigrante queda encerrado en Texas y libre en Nueva York. El reloj corre.

Lo que decida el alto tribunal no afecta solo a quien está detenido hoy: fija hasta dónde llega el debido proceso de cualquiera que pise suelo americano.

Para España hay dos lecturas. La primera es consular: cualquier ciudadano español arrestado en el interior del país, y también los hispanoamericanos que además tienen pasaporte español, podría quedarse sin audiencia de fianza. El impacto directo es de menor volumen que el de México o Centroamérica, pero existe. La segunda es corporativa. Las firmas españolas con plantilla en Estados Unidos, de Inditex a Santander, gestionan traslados, visados y movilidad interna que dependen de un criterio estable. Cuando la regla cambia según el circuito, ningún departamento de recursos humanos tiene una respuesta única.

La Lógica de Washington

Entender esta decisión exige mirar por qué se tomó. El problema que la Casa Blanca dice que intenta resolver es el de los tiempos: un proceso de deportación puede tardar años y, durante ese plazo, la persona detenida en el interior podía salir en libertad y desaparecer. La lectura del ICE es que la ley ya contemplaba la detención obligatoria desde 1996, cuando el Congreso aprobó la reforma migratoria conocida como IIRIRA (la ley que multiplicó los supuestos de reclusión sin fianza). No es una facultad nueva. Sostienen que se estaba usando a medias.

La coalición que la sostiene es la que ha definido el segundo mandato de Donald Trump: el control migratorio como eje, con más de 356.000 expulsiones contabilizadas por el ICE en el año fiscal 2026. Hay precedente. Ronald Reagan firmó en 1986 una amnistía que luego se juzgó insuficiente; Bill Clinton endureció el sistema en 1996 con la ley que ahora se interpreta; y George W. Bush reorganizó la materia dentro del Departamento de Seguridad Nacional tras el 11-S. Cada ciclo ha reescrito la frontera interior.

La incógnita es quién decide. Tres de los nueve magistrados, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, fueron nombrados por Trump, que esta semana dijo arrepentirse de haberlos elegido. Nada garantiza que respalden al Ejecutivo cuando el texto legal es discutible. La audiencia oral se espera para principios de 2027 y, si el calendario se cumple, la sentencia llegará antes del verano. Mientras tanto, la política sigue aplicándose con seis circuitos en contra.

Ficha del Caso

  • El caso: El Tribunal Supremo acepta revisar la detención sin fianza de inmigrantes ordenada por el ICE desde julio de 2025, tras el choque entre circuitos federales.
  • Datos clave: Más de 9.300 fallos de distrito contra la política; 356.000 expulsiones en el año fiscal 2026; fianza mínima alternativa de 1.500 dólares; vistas orales previstas para principios de 2027.
  • Para España: Sin cifra de exportación afectada, el riesgo es jurídico y consular: ciudadanos y plantillas de empresas españolas en EE. UU. quedan sujetos a una regla que hoy cambia según el estado donde se produzca la detención.

Aragón exige a Amazon el retorno fiscal de sus centros de datos: invierte en la comunidad y paga el IAE en Madrid

Marta Iglesias
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Aragón exige a Amazon el retorno fiscal de sus centros de datos: invierte en la comunidad y paga el IAE en Madrid

Aragón atrae centros de datos de medio mundo. La inversión llega; la recaudación no siempre se queda. El debate saltó este viernes en Zaragoza.

Quién paga y dónde: el IAE de los centros de datos salta sobre la mesa

La jornada celebrada en Zaragoza reunió a Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón, y a Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón (Clenar). Con ellos estaba la representante del sector de los centros de datos en España. Sobre la mesa apareció un dato que hasta ese día no había trascendido con precisión: la compañía que más infraestructura despliega en la comunidad abona el Impuesto de Actividades Económicas fuera de Aragón. El asunto no es menor.

El IAE es el tributo municipal que grava el ejercicio de una actividad económica. Para las grandes compañías, la normativa contempla dos caminos: una cuota de ámbito nacional o el pago en el municipio donde se desarrolla la actividad. Amazon Web Services (AWS) habría optado por la primera fórmula, de modo que el impuesto no revierte en los ayuntamientos aragoneses que acogen sus instalaciones. Las cifras no mienten.

La representante del sector, Begoña Villacís, sostuvo que el retorno se mide con más indicadores que el recibo municipal. Los trabajadores de estos proyectos pagan el IRPF en Aragón, las instalaciones abonan el IBI y las compañías realizan aportaciones a las comunidades locales. IRPF, IBI y proveedores autóctonos completan la cuenta del retorno, defendió. A su juicio, el impacto económico es «más que evidente» y Aragón se ha situado entre los territorios de referencia mundial del sector. Villacís añadió que algunas empresas aragonesas asociadas han multiplicado sus plantillas y que la capacidad de cómputo será determinante para competir en inteligencia artificial.

La unanimidad de la patronal y el efecto sobre las pymes aragonesas

Más tajante se mostró Pedro Machín. El presidente de Clenar reconoció que desconocía hasta ese mismo día que AWS tributaba por la vía nacional y enmarcó el caso en un debate mayor: «Todas las inversiones y todos los desarrollos económicos de Aragón tienen que pagar los impuestos allí donde los generan». A eso sumó una condición material: la comunidad puede producir más energía renovable, pero hará falta desplegar redes eléctricas para que los centros de datos y la industria que crezca alrededor accedan a la potencia que necesitan.

Benito Tesier llegó a la jornada sin conocer los detalles del caso y, aun así, marcó posición: «Yo quiero que el máximo beneficio de aquello que nosotros hacemos se quede en Aragón y se quede en Zaragoza». El presidente de CEOE Aragón pidió mirar más allá de la recaudación y del empleo directo. El efecto se extiende a proveedores, pymes y a toda la cadena de valor, explicó, y relató la inquietud de un empresario que había invertido para trabajar con estos proyectos. Su tesis cabe en una frase: si existe un impuesto que no se paga en la comunidad, debería pagarse aquí.

Aragón cede el suelo, produce la energía y asume las redes eléctricas. La recaudación, de momento, se queda por el camino.

Amazon Aragón

El Pulso Territorial

El Gobierno de Aragón, presidido por el popular Jorge Azcón, afronta este debate con poco margen de maniobra. El IAE es un tributo local cuya regulación depende de la legislación estatal de haciendas locales, de manera que ninguna comunidad autónoma puede alterar por sí sola la fórmula que elige una multinacional.

El Ejecutivo autonómico reclama retorno, pero no tiene la llave del impuesto. A eso se suma el calendario: la coalición con Vox encara el último tramo de la legislatura antes de las elecciones autonómicas de 2027, y el sector observa con atención el decreto estatal sobre centros de datos, que el Gobierno aragonés considera una amenaza para inversiones anunciadas por valor de 70.000 millones de euros.

Aragón no compite solo. Castilla-La Mancha y Extremadura pelean por las mismas inversiones tecnológicas, con dilemas parecidos: suelo disponible, energía abundante, y la tentación de compensar por otras vías lo que no llega por el impuesto local. La ventaja aragonesa es energética, aunque la recaudación tome otro camino. Aquí la energía sobra. Parte de la producción renovable sale de la comunidad por las líneas de evacuación, como recordó Villacís al pedir que esa electricidad alimente actividad económica interna. El precedente también es de aquí: la llegada de Opel a Figueruelas en los años ochenta transformó el tejido industrial de la comarca y fijó población y empleo durante cuatro décadas.

La vía parlamentaria está cerrada, por ahora. En las Cortes de Aragón se planteó crear una comisión de estudio sobre el sector, y PP y Vox rechazaron la iniciativa con el argumento de que ese tren ya había pasado. Lo que queda por delante es la tramitación del decreto estatal, la ejecución de las inversiones comprometidas y el calendario electoral de 2027.

Nadie ha pedido cambiar el impuesto, pero todos quieren que el dinero se quede cerca. Esa es la paradoja: un tributo que se regula en Madrid, una reclamación que se hace en Zaragoza y una inversión que ya está en marcha. La pregunta sigue sin respuesta: cómo se convierte esa coincidencia en euros para las arcas aragonesas.

Ficha Autonómica

  • El caso: CEOE Aragón y Clenar reclaman que los centros de datos tributen en la comunidad después de que se conociera que Amazon Web Services abona el IAE fuera de Aragón.
  • Datos importantes: La normativa permite elegir entre cuota nacional y pago en el municipio. El Gobierno de Aragón advierte de que el decreto estatal pone en riesgo inversiones anunciadas por valor de 70.000 millones.
  • Resumen: No hay decisión administrativa ni cambio normativo en marcha. El debate queda abierto en el último año de legislatura, con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte.
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