INCIBE alerta de siete vulnerabilidades críticas en productos ABB que afectan a sistemas de control industrial

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha emitido este martes una alerta temprana tras detectar siete vulnerabilidades en productos de la compañía ABB que afectan a sistemas de control industrial, una de ellas catalogada como crítica y dos de severidad alta.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? INCIBE alerta de siete vulnerabilidades en productos ABB que comprometen sistemas de control industrial.
  • ¿Dónde y cuándo? El aviso fue publicado el 7 de julio de 2026 a través del canal INCIBE-CERT.
  • ¿Qué resultado? Una vulnerabilidad crítica y dos altas requieren la actualización inmediata de los sistemas afectados, entre ellos APROL y ABB Ability zenon.

Las vulnerabilidades identificadas y los productos comprometidos

La propia ABB publicó una vulnerabilidad de severidad alta, mientras que su filial B&R comunicó otras seis, elevando el cómputo total a siete. Entre ellas destaca la identificada como CVE-2026-6900, de criticidad crítica, que afecta al conector del servidor LDAP y podría permitir a atacantes de red ejecutar ataques de tipo man-in-the-middle (intruso en medio), derivando en divulgación de información o suplantación de identidad.

La segunda brecha relevante es la CVE-2026-6901, de gravedad alta, que reside en una ruta de búsqueda no confiable del servidor web y facilitaría a atacantes locales autenticados elevar sus privilegios. Completa el grupo de mayor peligro la CVE-2025-8754, también alta, que elude los mecanismos de autenticación del servicio zensyssrv.exe en ABB Ability zenon y permite reinicios remotos no autorizados del sistema. El resto de vulnerablilidades afectan a componentes de terceros integrados en las plataformas de ABB.

Los productos concretos que presentan estos fallos son APROL en todas sus versiones anteriores a la R 4.4-01P5 y ABB Ability zenon en sus entregas 7.50, 7.60, 8.00, 8.10, 8.20, 11, 12 y 14, según detalla el comunicado de INCIBE.

La solución de ABB y las actualizaciones correctivas

El fabricante ya ha distribuido las versiones parcheadas para mitigar los riesgos. En el caso de APROL, la corrección se encuentra en la R 4.4-01P5 o superiores. Para ABB Ability zenon, las compilaciones seguras son la 11, build 400376, la 12, build 407620 y la 14, build 405141.

INCIBE insta a las organizaciones que utilicen estos sistemas de control industrial a aplicar las actualizaciones “de manera inmediata”. La agencia de ciberseguridad recuerda que la demora en la instalación de parches de seguridad en entornos industriales puede exponer infraestructuras críticas a compromisos graves, especialmente cuando existen vulnerabilidades de día cero o exploits activos, aunque en este aviso no se ha confirmado explotación en campañas reales.

La alerta de INCIBE refleja el crecimiento constante de amenazas dirigidas al sector industrial, que en el último año registró un incremento del 22% en incidentes, según datos del propio organismo.

El panorama de la ciberseguridad en sistemas industriales

Los sistemas de control industrial (ICS) y las tecnologías de operación (OT) se han convertido en un objetivo prioritario para los ciberdelincuentes. La convergencia de redes IT y OT amplía la superficie de ataque y permite que brechas inicialmente limitadas a la red corporativa puedan saltar a los procesos físicos. El aviso de INCIBE sobre ABB se enmarca en esta tendencia alcista: en 2025, los incidentes reportados en infraestructuras críticas españolas crecieron un 24% respecto al año anterior, superando los 110.000 eventos gestionados por la entidad.

La labor de INCIBE, como parte del ecosistema nacional de ciberseguridad, resulta fundamental para coordinar la respuesta temprana y la difusión de parches. La rápida publicación de este tipo de avisos permite a las empresas industriales y a los operadores de servicios esenciales blindar sus sistemas antes de que las vulnerabilidades sean aprovechadas masivamente. La colaboración con fabricantes como ABB acorta los plazos de remediación y demuestra que la vigilancia constante del CCN-CERT y del INCIBE-CERT funciona como un dique de contención frente al cibercrimen.

De cara al futuro, se espera que los sistemas industriales sigan en el punto de mira. La directiva europea NIS2, transpuesta al ordenamiento español, impone requisitos de ciberseguridad más estrictos a los sectores críticos, y la alerta de ABB refuerza la necesidad de mantener una política de actualizaciones proactiva. Las organizaciones que operan con APROL o zenon deben, por tanto, ejecutar las correcciones sin demora y revisar sus propios mecanismos de monitorización de red para detectar cualquier actividad anómala relacionada con los identificadores CVE-2026-6900, CVE-2026-6901 o CVE-2025-8754.

Hacienda anuncia un aumento del 8% en la financiación autonómica para 2027: impacto en la inversión educativa de las CCAA

El Ministerio de Hacienda ha comuncado a las Comunidades Autónomas un incremento superior al 8% en los recursos del sistema de financiación autonómica para 2027, un alza que, según el departamento de Arcadi España, supone las cifras más elevadas de la serie histórica y que abre la puerta a un refuerzo de la inversión educativa en los territorios.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El Ministerio de Hacienda ha anticipado un aumento de más del 8% en las entregas a cuenta y la liquidación para las CCAA en 2027, lo que supone recursos récord.
  • ¿Quién lo ha decidido? Lo ha comunicado el ministro Arcadi España en la reunión del CPFF del 6 de julio.
  • ¿A quién afecta? A todas las comunidades autónomas y, potencialmente, a sus presupuestos de educación, sanidad y otras políticas sociales.

Un incremento histórico en la financiación autonómica

Según los datos comunicados por Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las entregas a cuenta y la liquidación correspondiente a 2025 alcanzarán en 2027 un volumen sin precedentes, con un crecimiento interanual que supera el 8%. Las CCAA recibirán los mayores recursos de su historia, explicó el ministro Arcadi España, gracias al buen comportamiento de la economía y a la creación de empleo.

En su intervención, España recordó que a este bagaje de recursos récord se sumará en los próximos meses la reforma del modelo de financiación autonómica, que prevé inyectar 21.000 millones adicionales. El ministro subrayó que ya se ha celebrado una primera ronda de contactos con todas las autonomías en enero de este año y que próximamente se convocará un nuevo CPFF para cerrar la negociación. Sin embargo, lamentó que varias autonomías gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a sentarse a discutir el nuevo modelo.

El margen para la inversión educativa en las comunidades

La educación es una de las principales competencias transferidas a las CCAA y absorbe una parte relevante de su gasto. Por tanto, el incremento de los recursos y, sobre todo, el objetivo de déficit del -0,1% anunciado para los tres próximos ejercicios —que concede a las autonomías un margen fiscal de 1.869 millones solo en 2027— otorga a los gobiernos regionales la posibilidad de elevar sus partidas educativas sin incurrir en desequilibrios presupuestarios.

Ese margen, que totaliza 5.849 millones en el trienio 2027‑2029, fue presentado por el ministro como un estímulo para reforzar la sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia. “Son políticas que dependen de las decisiones de cada Consejo de Gobierno autonómico”, señaló España, aunque insistió en que las condiciones económicas permiten un impulso adicional a los servicios públicos.

El margen fiscal de 1.869 millones para 2027 ofrece a las comunidades la posibilidad de incrementar su gasto en educación sin necesidad de recortar en otras áreas, una oportunidad que dependerá de las prioridades políticas de cada territorio.

Cabe recordar que no existe un destino finalista para estos fondos; cada comunidad elabora su propio presupuesto educativo. Por ello, la materialización de un mayor gasto en colegios e institutos dependerá de la voluntad de los ejecutivos regionales. No obstante, la presión de la comunidad educativa y la propia dinámica de la política autonómica podrían traducirse en mejoras en infraestructuras, plantillas docentes o programas de becas.

El Marco Educativo

El sistema de financiación autonómica tiene su base legal en la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en los acuerdos del CPFF. En el ámbito educativo, la LOMLOE y los reales decretos de enseñanzas mínimas atribuyen a las autonomías la gestión de los centros públicos y concertados, la contratación de profesorado y la ejecución del gasto. Por tanto, la capacidad de gasto de las CCAA es el principal motor de la inversión educativa.

Los actores implicados son múltiples. Por un lado, el Ministerio de Hacienda facilita el marco presupuestario; por otro, las consejerías de Educación autonómicas diseñan y ejecutan las políticas. Los sindicatos docentes y las asociaciones de padres de alumnos suelen reclamar mejoras vinculadas a la dotación económica. En esta ocasión, aunque el anuncio ha sido bien recibido por la mayoría de los ejecutivos regionales, la negativa de algunas CCAA del Partido Popular a negociar el nuevo modelo de financiación subraya las tensiones políticas subyacentes.

La próxima cita del CPFF, aún sin fecha, será clave para concretar la reforma del sistema y para que las comunidades trasladen sus reivindicaciones. Mientras tanto, los presupuestos autonómicos para 2027, que empezarán a elaborarse en otoño, serán el primer termómetro real de si los recursos extra se traducen en una mejora tangible de la educación pública.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Ministerio de Hacienda ha anunciado que las CCAA dispondrán en 2027 de los mayores recursos de financiación autonómica de la historia, con un incremento superior al 8%.
  • Por qué importa: Este aumento, junto con un objetivo de déficit del -0,1%, libera un margen fiscal de 1.869 millones que puede destinarse a reforzar los servicios públicos, entre ellos la educación.
  • A quién le importa: A las comunidades autónomas, a los docentes y al alumnado de los centros públicos, que podrían beneficiarse de una mayor inversión si los gobiernos regionales así lo deciden.

Verano Joven 2026: becas de transporte para estudiantes de 18 a 30 años con descuentos en bus y tren

El Gobierno ha reactivado la cuarta edición del programa Verano Joven 2026 mediante el Real Decreto-ley 14/2026, de 9 de junio, que aplica descuentos en tren y autobús para jóvenes de 18 a 30 años entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, según la información publicada por La Moncloa el 6 de julio.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? Se reactiva el programa Verano Joven con descuentos en transporte público para desplazamientos por España y Europa, vigente desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026.
  • ¿Quién lo ha decidido? El Gobierno, a través del Real Decreto-ley 14/2026, de 9 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado.
  • ¿A quién afecta? A los jóvenes de entre 18 y 30 años, incluidos estudiantes de universidad, formación profesional o cualquier persona en ese rango de edad que viaje en tren o autobús.

La cuarta edición de Verano Joven entra en vigor

El programa Verano Joven 2026 se puso en marcha el 1 de julio y mantendrá los descuentos hasta el 30 de septiembre. La medida, aprobada mediante Real Decreto-ley 14/2026, tiene como objetivo facilitar la movilidad de la juventud durante el periodo estival, tanto en trayectos nacionales como internacionales, utilizando el tren y el autobús de larga distancia.

Según la nota de prensa de La Moncloa, los descuentos se aplican en los servicios de Renfe y en las líneas regulares de autobús de titularidad de la Administración General del Estado, así como en los pases Interrail para viajar por Europa. La información detallada sobre los porcentajes de descuento y las condiciones de compra está disponible en la página web oficial del programa Verano Joven y en los canales de venta de Renfe, aunque el decreto no especifica una cuantía fija presupuestaria para esta convocatoria.

Impacto ciudadano: quiénes pueden beneficiarse y cómo

La medida alcanza a cualquier joven de entre 18 y 30 años, sin necesidad de acreditar condición de estudiante. Esto incluye tanto a universitarios y alumnos de Formación Profesional como a trabajadores jóvenes o desempleados que, durante los meses de verano, necesiten desplazarse por motivos académicos, laborales o de ocio. El Gobierno no ha facilitado una estimación oficial de beneficiarios para esta edición, aunque en años anteriores el programa ha movilizado a cientos de miles de usuarios.

Para acceder a los billetes con descuento, los interesados deben registrarse en la web del operador correspondiente —Renfe o las compañías de autobuses— y acreditar su edad con un documento oficial. La tramitación es completamente digital y los descuentos se aplican directamente en el precio final del billete.

El programa Verano Joven 2026 no solo abarata los trayectos dentro de España, sino que también ofrece condiciones especiales para el Pase Interrail, con el que los jóvenes pueden recorrer 33 países europeos a un coste reducido durante un número determinado de días.

El Real Decreto-ley 14/2026 reactiva la cuarta edición de Verano Joven sin precisar un presupuesto global, pero mantiene los descuentos en tren y autobús para los 18-30 años durante todo el verano.

El Marco Educativo

Aunque el programa Verano Joven es impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, su impacto en la comunidad educativa es directo: facilita que estudiantes universitarios y de Formación Profesional se desplacen para hacer prácticas, cursos de verano, visitas de estudio o simples desplazamientos de ocio formativo. La iniciativa se alinea con otras políticas de ayudas al estudio —como las becas MEC o las ayudas complementarias a la movilidad— y complementa la red de apoyo a los jóvenes en su etapa formativa.

El Real Decreto-ley 14/2026 no introduce obligaciones para las comunidades autónomas ni genera conflictos competenciales, ya que se limita a regular el transporte de titularidad estatal. No obstante, desde el ámbito educativo se valora positivamente que se mantengan los descuentos después de tres ediciones previas. La previsión es que el programa concluya el 30 de septiembre de 2026, sin que se haya anunciado aún si se prorrogará o se convertirá en una medida permanente.

El Ejecutivo no ha vinculado esta edición a ningún condicionante académico ni presupuestario concreto, más allá del cumplimiento de los requisitos de edad. La medida se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado y los descuentos se aplican en el momento de la compra, sin convocatoria de beca ni justificación posterior del viaje.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El programa Verano Joven 2026 reactiva los descuentos en autobús y tren para jóvenes de 18 a 30 años, vigente desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026.
  • Por qué importa: Es una medida que facilita la movilidad estival de la juventud, con impacto directo en estudiantes y trabajadores jóvenes, y mantiene una política de apoyo al transporte público colectivo.
  • A quién le importa: A los cerca de 8,5 millones de jóvenes en España que se encuentran en esa franja de edad, así como a las familias que ven reducidos sus gastos en desplazamientos vacacionales o académicos.

Ayuso advierte sobre un otoño caliente contra la financiación singular del Gobierno central

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, no se ha mordido la lengua durante el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en la capital. En un evento donde fue arropado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Ossorio no solo desgranó la hoja de ruta de la institución legislativa que preside, sino que lanzó dardos afilados hacia el Gobierno central y reivindicó las políticas sociales del Ejecutivo regional.

La jornada, que sirvió para tomar el pulso a la gestión autonómica madrileña, estuvo marcada por un tono de confrontación directa con la Moncloa. Ossorio, fiel a su estilo directo, no dudó en lanzar una irónica recomendación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que aproveche el periodo estival para realizar una lectura profunda del Evangelio. Un consejo que resuena como una crítica implícita a la deriva ética y política que, a juicio del PP madrileño, está siguiendo el actual Ejecutivo nacional.

La batalla ideológica por la ley del concebido no nacido

Uno de los puntos centrales de la intervención fue el respaldo a la ley nacional de concebidos no nacidos que ha prometido impulsar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, si llega al Gobierno. Ossorio, defensor de la iniciativa madrileña en esta materia, no ocultó su entusiasmo. “Es una gran idea”, sentenció el presidente de la Asamblea, calificando la propuesta de “brillante, no va contra nadie, es bueno para todos y por eso ha recibido tantas críticas”.

Para Ossorio, la estrategia de la Comunidad de Madrid ha sido clara desde el primer momento: “hemos hecho lo que podíamos hacer; en mis subvenciones doy mi beneficio a ese concebido”. Esta postura ha servido de ariete contra una izquierda a la que el dirigente popular acusa de actuar movida por el sectarismo. Ossorio se mostró convencido de que los partidos de izquierda “no tienen razón” en sus ataques a la norma, argumentando que se trata de una medida que “va a favor de todos”.

Ante la virulencia de las críticas recibidas, el presidente de la Asamblea fue tajante en su diagnóstico: “sus críticas se deben a la rabia por esta gran idea de la Comunidad de Madrid». Con estas palabras, el dirigente madrileño subraya una línea divisoria clara en la política nacional, donde los valores y la protección de la vida vuelven a situarse en el epicentro del debate público, desafiando el relato de la izquierda.

El presidente de la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio Moncloa
El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio (Foto: Europa Press)

El «teatro» parlamentario y la realidad tras los focos

Más allá de la ideología, Ossorio dedicó parte de su tiempo a analizar el estado de salud de la democracia en la Asamblea de Madrid. Ante el aumento de la crispación política, reconoció que los plenos se ven, en ocasiones, “llenos de insultos” y que es difícil frenar discursos que, a su juicio, destilan “un enorme resentimiento”.

Sin embargo, quiso lanzar un mensaje de sosiego y normalidad institucional. “Para tranquilidad de todos, cuando las cámaras se apagan nos llevamos muy bien”, aseguró, desmitificando la hostilidad que a veces se proyecta en televisión. El presidente de la Asamblea ilustró esta convivencia con una anécdota reveladora: “Con el diputado que me llama dictador luego nos tomamos un café y tan contentos”. Y sentenció, con un punto de complicidad: “Nos llevamos bien y me tienen cariño”.

Esta dualidad entre el combate político televisado y la convivencia parlamentaria fuera de foco refleja una legislatura intensa donde, pese a las discrepancias radicales, los mecanismos de la Cámara madrileña siguen funcionando a pleno rendimiento.

Modernización de la Asamblea: el reto de la nueva Cámara de Cuentas

La gestión administrativa no quedó al margen del discurso. Ossorio puso fecha al cierre del concurso de ideas para el futuro edificio de la Cámara de Cuentas, que se erigirá en la parcela anexa a la Asamblea. La fecha límite, el próximo 13 de julio, marcará un hito en la apuesta por la calidad arquitectónica y la eficiencia.

El proyecto, realizado en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), busca garantizar la transparencia en su adjudicación. Ossorio recordó el origen de la idea: “Cuando fui elegido presidente de esta institución busqué la manera de dar utilidad al solar anexo a la Asamblea y propuse a la Mesa construir allí la sede de la Cámara de Cuentas de Madrid”. El objetivo económico es claro: eliminar el coste de un millón de euros anuales que supone el actual alquiler de las oficinas.

El proyecto, con una superficie de actuación superior a los 10.000 metros cuadrados, no solo busca funcionalidad, sino que promete ser un emblema de la gestión eficiente de los recursos públicos, incluyendo la creación de 140 nuevas plazas de aparcamiento para optimizar el entorno institucional.

Ampliación del hemiciclo: preparándose para el 2027

Uno de los anuncios de mayor calado logístico fue la reforma del salón de Plenos. Ossorio confirmó que las obras para ampliar el número de escaños se licitarán antes de que termine 2026. La cifra es elocuente: “hay que ampliar de 135 a 143 diputados”.

El objetivo es técnico pero necesario: “todo esté listo para la incorporación de los nuevos diputados en junio, tras las elecciones del próximo año”. Basándose en el Estatuto de Autonomía, que vincula el número de representantes a la población, el aumento es una consecuencia directa del crecimiento demográfico de la región.

No obstante, Ossorio dejó la puerta abierta a una futura racionalización política. Señaló que existe un “amplio consenso” entre los grupos para reducir, en el futuro, el número de diputados mediante una reforma estatutaria. Por ello, las obras serán reversibles por diseño, permitiendo recuperar el espacio original si la voluntad política se traduce en una reducción de la Cámara en años venideros.

Madrid: la máquina de hacer leyes con transparencia de récord

En su balance de actividad, Ossorio sacó pecho de la productividad parlamentaria. Con 29 leyes aprobadas y 78 plenos ordinarios en la actual legislatura, Madrid se sitúa “por encima de la media en comparación con el resto de parlamentos” autonómicos. La cifra de control al Gobierno es apabullante: 291 preguntas respondidas por la presidenta regional y 879 por los consejeros, superando ampliamente el promedio nacional.

Más allá del volumen, el foco está en la calidad democrática. Madrid presume de ser el parlamento autonómico con mayor índice de transparencia según Dyntra, con un 84,03%, situándose solo por detrás del Senado. Además, la implementación de la huella legislativa y la trazabilidad normativa marca un antes y un después, permitiendo a los ciudadanos auditar cada paso de la tramitación de una norma. “En cualquier parámetro, Madrid destaca por su actividad”, zanjó Ossorio, rindiendo homenaje a la “gran labor, desconocida por la sociedad, que se desarrolla por diputados y funcionarios”.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Foto: Europa Press)

Ayuso contra el «paripé» de los Presupuestos Generales

La guinda del encuentro la puso Isabel Díaz Ayuso, quien tomó la palabra para cargar con dureza contra la política financiera del Gobierno de Sánchez. Para la presidenta, los Presupuestos Generales del Estado no son más que un mecanismo de “compra de voluntades” diseñado para “financiar siete veces a Cataluña por encima de Madrid”.

Ayuso fue especialmente crítica con el ministro de Hacienda, Arcadi España, acusándole de organizar un “nuevo paripé” para intentar vender unos presupuestos que, según la presidenta, “ni siquiera cuentan con el apoyo de sus socios de investidura”. Para la líder madrileña, el fondo de la cuestión es grave: “impulsar la Hacienda catalana” como un paso más para “destruir la unidad de nuestro país”.

La presidenta concluyó advirtiendo sobre el futuro inmediato: “sabemos que este presupuesto no va a salir adelante”, pero denunció la presión asfixiante sobre las comunidades autónomas más productivas. “Cuando nosotras tengamos que decir no, tendremos la pancarta y un otoño caliente”, advirtió Ayuso, cerrando un acto donde quedó claro que la política madrileña se prepara para una confrontación total con la agenda de la Moncloa en los próximos meses.

Crema fría de calabacín y menta: la sopa saciante que deshincha el abdomen y solo aporta 80 kcal por plato

Notas el abdomen más ligero según avanza el verano si cambias los platos de cuchara pesados por algo fresco. La crema fría de calabacín y menta se ha colado en las cocinas españolas precisamente por eso: sacia sin dejar esa sensación de pesadez que arrastran otras cremas con nata o patata.

El truco está en el calabacín, que es 95% agua y apenas suma 17 kcal por cada 100 gramos. Combinado con menta fresca y un buen caldo de verduras, el resultado es una crema con textura sedosa que no necesita ni un gramo de nata para quedar cremosa.

Por qué esta crema calma el abdomen hinchado

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La combinación de calabacín y menta no es casualidad. El calabacín aporta fibra suave y mucha agua, lo que favorece el tránsito sin forzar la digestión, mientras que la menta añade un efecto carminativo que muchas abuelas ya usaban en infusión después de comer.

Cuando el abdomen se hincha tras las comidas copiosas del verano, este tipo de platos ligeros ayuda a que el sistema digestivo trabaje menos. No hace milagros, pero sí es una opción mucho más razonable que un ultraprocesado frío.

El vínculo entre digestión y abdomen relajado

La relación entre lo que comemos y cómo se siente nuestro abdomen a lo largo del día está más estudiada de lo que parece: el estrés, las prisas al comer y los ultraprocesados favorecen la hinchazón, mientras que las verduras ricas en agua hacen justo lo contrario. La menta, un género de plantas aromáticas de la familia de las lamiáceas, se usa desde hace siglos precisamente por su efecto refrescante y digestivo.

No hace falta ser nutricionista para notar la diferencia entre una comida ultraprocesada y un plato de verdura triturada. El cuerpo lo agradece, y el abdomen es de los primeros en notarlo.

Cómo se prepara paso a paso la crema fría de calabacín para un abdomen plano

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La elaboración es sencilla: se pocha cebolla con un chorrito de aceite, se añade el calabacín troceado y se rehoga unos minutos antes de cubrir con caldo vegetal. Quince minutos de cocción bastan para que el calabacín quede tierno y listo para triturar.

El toque final llega con la menta fresca, que se incorpora justo después de retirar la crema del fuego para que no pierda su color ni su aroma. Un par de horas en la nevera y está lista para servir bien fría.

Cuánto aporta al plato y qué esperar del abdomen

Este es uno de los platos con mejor relación de saciedad y calorías del verano. Con ingredientes tan ligeros, un plato completo ronda las 80 kcal, muy por debajo de otras cremas tradicionales con patata o nata.

Además de aligerar el menú, ayuda a mantener el abdomen cómodo durante las horas de más calor, cuando apetece comer algo fresco pero no queremos irnos a la cama con digestiones pesadas.

Entre los detalles que marcan la diferencia:

  • Usa calabacines pequeños o medianos, tienen menos pepitas y más sabor.
  • Añade la menta al final de la cocción para que no amargue.
  • Sirve bien fría, tras un mínimo de dos horas en la nevera.
  • Un chorrito de aceite de oliva crudo al servir mejora la textura del abdomen tras la comida.

Hacia dónde va esta tendencia en la cocina española

Las cremas frías sin nata ni almidones pesados ganan terreno cada verano en España, empujadas por una demanda cada vez mayor de platos que cuiden el abdomen sin renunciar al sabor. No es una moda pasajera: refleja un cambio real hacia recetas más sencillas y con menos ingredientes procesados.

Mi consejo, como quien ha probado unas cuantas variantes de esta crema, es no tener miedo a improvisar con las hierbas aromáticas de casa. Si no hay menta a mano, la hierbabuena o incluso la albahaca cumplen un papel parecido, y el abdomen lo notará igual de bien.

El error arbitraje de la No Surprises Act genera 5.000 millones en costes: el Congreso debe corregir la ley

Washington tiene un problema que no sale en los titulares europeos: su ley para acabar con las facturas médicas sorpresa se ha convertido en una fábrica de arbitraje que cuesta 2.500 millones de dólares al año. La No Surprises Act, concebida para proteger a los pacientes, ha generado más de 5.000 millones en costes adicionales hasta finales de 2024, encareciendo las primas de los seguros sin que nadie en el Congreso esperase este desenlace.

El drama es conocido: un paciente acude a un hospital de su red, paga religiosamente su prima y, semanas después, recibe una factura de un anestesista o radiólogo externo que le cobra miles de dólares. La ley buscaba atajar ese abuso imponiendo un precio de referencia, el valor mediano de los servicios dentro de la red. Pero la presión de hospitales y grupos médicos lo cambió todo.

De la buena intención a la mina de oro del arbitraje

En los borradores iniciales, la solución era sencilla: las aseguradoras pagarían a los proveedores fuera de la red una tarifa estándar vinculada al precio mediano local. Así se protegía al paciente y se eliminaba el incentivo perverso de permanecer fuera de la red para facturar de más. Sin embargo, los proveedores sanitarios temían perder el negocio de la facturación sorpresa y presionaron para incluir un proceso de arbitraje.

Ese proceso, conocido como independent dispute resolution (resolución independiente de disputas), se diseñó como una válvula de escape limitada. Las autoridades federales calcularon que gestionaría apenas 17.000 disputas al año. La realidad ha superado cualquier previsión: más de 6,3 millones de disputas desde abril de 2022, con 1,4 millones solo en los cinco primeros meses de 2026.

El arbitraje se ha convertido en un modelo de negocio. Los árbitros eligen entre las ofertas finales de cada parte, y en muchos casos los laudos multiplican por varias veces el importe de referencia. Un estudio citado por el Washington Examiner calcula que el coste del sistema asciende a 5.000 millones hasta finales de 2024, unos 2.500 millones anuales que acaban repercutiendo en las primas de los seguros.

Lo que nació como una protección al paciente se ha transformado en un litigio industrial que infla los costes del sistema sanitario estadounidense.

Quién paga la factura (y no son las aseguradoras)

Las pérdidas no se quedan en los balances de las compañías de seguros. Esos 2.500 millones anuales extra se trasladan directamente a las primas que pagan empresas y familias. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) había estimado que la No Surprises Act reduciría las primas comerciales en un 1% al debilitar la capacidad de los proveedores de facturar fuera de la red. Ahora advierte justo lo contrario: si los laudos de arbitraje son sistemáticamente elevados, los proveedores tienen incentivos para seguir fuera de la red o exigir tarifas más altas dentro de ella, lo que encarece los seguros.

El mecanismo es tan sencillo como perverso. Cuando un hospital pierde capacidad de sorprender al paciente con una factura, utiliza el arbitraje para negociar precios más altos por la puerta de atrás. Y como el arbitraje es masivo, los costes legales y administrativos se disparan. Bufetes de abogados, consultoras y los propios árbitros se llevan una tajada de un pastel que no hace más que crecer.

La Lógica de Washington: cómo un error legislativo perpetúa el descontrol

Desde una perspectiva estadounidense, este desastre ilustra una dinámica clásica del Capitolio: una coalición de grupos de interés (hospitales, asociaciones médicas) logra insertar un mecanismo alternativo que acaba desvirtuando la reforma. No es un fenómeno nuevo. Recuerda al fiasco de la Ley de Cobertura Catastrófica de Medicare de 1988, que provocó tal rechazo entre los mayores que el Congreso la derogó al año siguiente. Ahora, el sistema de arbitraje beneficia a los proveedores y a los intermediarios legales, mientras los votantes pagan primas más caras. La lógica electoral, sin embargo, es difusa: los ciudadanos perciben la subida de precios, pero rara vez la vinculan a un tecnicismo legislativo que apenas recibe atención mediática.

Para España, el impacto es indirecto pero real. Empresas españolas con filiales en Estados Unidos —Santander, BBVA, Iberdrola, Inditex, Ferrovial o ACS— asumen costes de seguro médico para sus plantillas locales. Un incremento de las primas erosiona los márgenes de esas filiales y puede restar competitividad a la inversión española en el mercado americano. Si una empresa mediana española con 200 empleados en Nueva York paga anualmente 1,2 millones de dólares en seguros, un aumento del 2-3% adicional le cuesta entre 24.000 y 36.000 dólares solo por el descontrol del arbitraje. Multiplicado por cientos de filiales, la factura se vuelve significativa.

El Congreso tiene la llave para corregir el error. La solución es regresar a la fórmula original: pagar las facturas sorpresa según un índice de referencia claro, como la mediana de los precios dentro de la red, y reservar el arbitraje para casos verdaderamente excepcionales. Las próximas semanas serán clave: varios legisladores republicanos y demócratas ya han expresado su malestar por el incremento de las primas, y no se descarta una enmienda correctiva antes del receso de agosto. Sin embargo, los grupos de presión que pergeñaron el sistema actual no cederán sin lucha. Washington vuelve a demostrar que las reformas sanitarias, cuando se diseñan a retazos, suelen terminar pagándolas los de siempre: los ciudadanos y las empresas que confiaron en el sistema.

Ficha del Caso

  • El caso: La No Surprises Act, ley federal que protege a los pacientes de facturas médicas sorpresa, ha creado un sistema de arbitraje masivo que ha disparado los costes en más de 5.000 millones de dólares hasta finales de 2024.
  • Datos clave: Más de 6,3 millones de disputas desde abril de 2022; 1,4 millones en los cinco primeros meses de 2026; coste anual de 2.500 millones en primas; la CBO alerta de que los laudos elevados incentivan precios más altos.
  • Para España: Las empresas españolas con filiales en EE. UU. absorben parte de ese sobrecoste vía primas de seguro médico, lo que resta competitividad a la inversión española en el mercado estadounidense.

El ordenador cuántico IBM de Donostia, el más potente de Europa, se abre a empresas e instituciones

El ordenador cuántico IBM Quantum System Two de Donostia-San Sebastián, el más potente de Europa, ha abierto su acceso a empresas e instituciones. El Gobierno Vasco presentó este lunes el protocolo que regulará el uso del sistema, un paso que busca traducir la capacidad científica en aplicaciones industriales concretas para el tejido productivo vasco.

Un protocolo para canalizar el acceso a la tecnología cuántica

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, explicó que el servicio ordena “el tráfico de acceso a empresas y diferentes instituciones” para materializar el conocimiento generado por la comunidad investigadora. El protocolo incluye tanto el uso de la infraestructura física instalada en Donostia-San Sebastián como el acceso a los backends cuánticos de IBM disponibles en la nube.

Las entidades interesadas podrán validar algoritmos para resolver problemas complejos en ámbitos como la optimización, la simulación, el aprendizaje automático o la criptografía. Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, comparó la herramienta con un Ferrari: “de última generación” y capaz de ayudar a las empresas a “acelerar su innovación” en la “nueva revolución industrial”.

El acceso no se limita a la computación bruta. La alianza Basque Quantum (BasQ) ofrecerá un acompañamiento integral para conectar a las empresas con grupos de investigación de referencia. El protocolo establece que la relación sea colaborativa, con compromisos de retorno del conocimiento adquirido al ecosistema vasco de ciencia y tecnología.

Según detalló Javier Aizpurua, director científico de BasQ, solo se establecería un coste adicional en proyectos de entidades externas sin arraigo en el territorio, preservando así el carácter tractor del sistema para la industria local. La previsión es que la mayor parte de los usos sean gratuitos, siempre que exista un compromiso de transferencia.

La herramienta ya registra cola de empresas a la espera de iniciar el desarrollo de algoritmos cuánticos de aplicación industrial.

Un comité evaluará las solicitudes bajo criterios técnicos y estratégicos, priorizando los proyectos con mayor capacidad transformadora para el sistema vasco de ciencia y tecnología. El proceso, según el anuncio oficial del Gobierno Vasco, se ha diseñado para asegurar un funcionamiento ordenado y transparente.

Los sectores bancario y eléctrico encabezan la demanda

La demanda de acceso es ya una realidad. El propio Aizpurua confirmó que “ya tenemos cola de empresas”, entre las que figuran grandes compañías del sector bancario y de redes eléctricas. Estos agentes esperan los procesos formales para comenzar a desarrollar algoritmos que minimicen riesgos de inversión, mejoren la distribución de energía o refuercen la ciberseguridad.

La posibilidad de probar y aprender a identificar casos de uso con ventaja competitiva real frente a otros agentes internacionales es uno de los atractivos destacados por el Gobierno Vasco. Desde el diseño de nuevos materiales hasta la eficiencia logística y la simulación de procesos industriales, la computación cuántica abre un abanico que la industria vasca puede explorar de forma pionera.

Un ecosistema cuántico con 700 profesionales formados

El impulso al IBM Quantum System Two es la culminación de un esfuerzo de dos años en los que, a través de programas de capacitación, se ha formado a más de 700 profesionales entre técnicos, científicos y responsables de innovación. Este capital humano, considerado uno de los grandes logros de la estrategia vasca, permite que las empresas no tengan que empezar desde cero al plantear “preguntas cuánticas”.

La infraestructura, perteneciente a la red de centros de supercomputación del País Vasco, fue instalada con el respaldo de IBM y del propio Gobierno autonómico, dentro de una apuesta por la especialización inteligente que ya ha situado a Euskadi en el mapa europeo de la computación avanzada. La puesta en marcha del protocolo llega después de meses de pruebas para optimizar los mecanismos de gestión antes de la apertura al tejido empresarial.

Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco busca que el conocimiento científico no se quede en los laboratorios y se convierta en innovación con impacto social y económico. El horizonte inmediato pasa por evaluar los primeros proyectos y demostrar que la computación cuántica puede generar resultados tangibles en sectores estratégicos.

El conseller Rovira reclama al Gobierno más diálogo sobre financiación autonómica valenciana por el impacto en presupuestos

José Antonio Rovira, conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, ha pedido este lunes al ministro Arcadi España una reunión bilateral sobre financiación autonómica valenciana para el próximo 29 de julio, durante la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que denunció que las decisiones unilaterales del Gobierno central lastran los presupuestos de las comunidades.

La queja de Rovira en el CPFF: falta de diálogo y medidas que “ahogan” a las autonomías

Antes de entrar a la reunión, Rovira ya había dejado clara su postura. “No se puede trabajar así”, ha lamentado, en referencia a medidas que el Ejecutivo adopta sin consultar a los territorios pero que afectan directamente a sus cuentas. El conseller ha puesto como ejemplo la subida salarial del 4,5% para los funcionarios, mientras la regla de gasto topa el incremento en un 4%. Un desfase que, ha subrayado, se come más de la mitad del capítulo 1 de gasto de personal de las autonomías.

Eso sí, Rovira no se ha limitado a la queja técnica. Ha ido más allá al afirmar que la reunión “se ha montado para hablar de unos ficticios presupuestos de 2027 que lo único que pretenden es desviar la atención de toda la corrupción que ahora mismo tiene el PSOE”. Y ha zanjado: “Todo el mundo sabe que no se van a aprobar, no se han aprobado desde 2023 y no se hará en 2027”.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? José Antonio Rovira ha reclamado al Gobierno central “mucho más diálogo” durante el CPFF y ha pedido una cita bilateral para el 29 de julio.
  • ¿Quién está detrás? El conseller de Hacienda del Consell de Carlos Mazón, del PP con el apoyo de Vox, frente al ministro Arcadi España (PSOE).
  • ¿Qué impacto tiene? La Comunitat Valenciana mantiene su exigencia de un nuevo modelo que acabe con la infrafinanciación crónica que lastra sus presupuestos; el Gobierno replica con objetivos de déficit asimétricos para 2027-2029.

Rovira ha solicitado expresamente al ministro Arcadi España un encuentro bilateral el próximo 29 de julio, la fecha que el propio ministro ha emplazado para debatir el modelo de financiación autonómica. Una cita que, para la Generalitat, debe ser el momento de pasar de las palabras a los hechos.

La Comunitat Valenciana lleva años reclamando un modelo justo de financiación y el CPFF de este lunes no ha hecho más que confirmar que el diálogo sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Arcadi España propone objetivos de déficit asimétricos y cita a las comunidades el 29 de julio

Por su parte, el ministro de Hacienda ha ofrecido a las regiones un margen de déficit de una décima de PIB anual para el periodo 2027-2029, lo que equivale a 5.849 millones de euros y evitaría un ajuste fiscal por esa cantidad. Pero la novedad más significativa es que, por primera vez, se ha abierto a debatir objetivos de déficit asimétricos, que tendrían en cuenta la situación fiscal concreta de cada territorio. Un guiño a las comunidades peor financiadas, como la Comunitat Valenciana, que llevan años quejándose de la rigidez actual.

El ministro ha destacado también que el próximo año las autonomías contarán con los mayores recursos de su historia, gracias a un incremento del 8% en entregas a cuenta y la liquidación de 2025. Y ha ligado cualquier mejora adicional a la aprobación de la reforma del sistema de financiación, cuyo debate sigue sin calendario concreto más allá de la cita del 29 de julio.

El Escenario Valenciano

La exigencia de una financiación justa une a toda la clase política valenciana. Tanto el PP y Vox, que sostienen al presidente Carlos Mazón, como el PSPV y Compromís en la oposición comparten el diagnóstico: el actual sistema penaliza a la Comunitat Valenciana, que cada año pierde alrededor de 1.300 millones de euros respecto a la media autonómica, según los últimos informes de la Conselleria de Hacienda. Esa infrafinanciación no solo tensiona las cuentas públicas, sino que lastra también la reconstrucción tras la DANA de 2024, porque obliga a la Generalitat a elegir entre sanidad, educación y recuperación económica.

A escala nacional, la oferta de déficit asimétrico del ministro Arcadi España introduce un factor nuevo en el tablero fiscal. Permite al Gobierno socialista presentar una propuesta flexible sin comprometerse aún a un nuevo modelo de financiación, del que sabe que depende de un complejo acuerdo político. La sensación en la plaza valenciana es que , tras la propuesta, el diálogo aún no es real. De hecho, Rovira ha insistido en que “lo único que sabemos es un modelo que presentó Junqueras” y que “el ministerio sigue callado”.

La proyección es clara: el 29 de julio se sentarán las bases del debate sobre el modelo de financiación. Si la reunión solo sirve para cerrar calendarios, la frustración en la Generalitat Valenciana será mayúscula. Y la sombra de los presupuestos generales de 2027 –que el propio Rovira da por amortizados– planea ya sobre todas las administraciones autonómicas.

Ficha del Caso

  • El caso: La petición del conseller José Antonio Rovira al Gobierno central para abrir un canal bilateral sobre financiación tras la reunión del CPFF del 6 de julio.
  • Datos importantes: Reunión convocada para el 29 de julio, propuesta de déficit asimétrico para 2027-2029, infrafinanciación valenciana de unos 1.300 millones anuales.
  • Resumen: La Generalitat exige un trato justo y más diálogo; el Gobierno ofrece flexibilizar los objetivos de déficit pero aún no concreta el nuevo modelo.

La Policía investiga la presunta agresión a una mujer y su bebé de 5 meses en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

La Guardia Civil investiga la presunta agresión a una mujer y el intento de asfixia a su bebé de 5 meses en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), según ha confirmado el Instituto Armado. El suceso ocurrió el pasado martes alrededor de las 10.30 horas, cuando vecinos de la localidad de Vecindario escucharon gritos de auxilio procedentes de una vivienda.

Cómo ocurrieron los hechos, según los vecinos

Los gritos de socorro de una mujer alertaron a varios vecinos, que se personaron en el domicilio. Tras una fuerte discusión, la víctima pedía ayuda de forma insistente, según el relato de los testigos.

Al acceder al interior, localizaron a la mujer con múltiples golpes y heridas sangrantes en el rostro y el cuello. En otra estancia, encontraron a su marido intentando asfixiar al bebé de la pareja, un niño de solo cinco meses.

Los testigos se abalanzaron sobre el hombre y lograron retenerlo hasta la llegada de las autoridades. Mientras tanto, otros vecinos socorrieron a las víctimas y llamaron a los servicios de emergencia.

La actuación de la Guardia Civil y la detención del presunto autor

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vecindario acudieron de inmediato al inmueble. Allí detuvieron al individuo, de origen marroquí, como presunto autor (la persona a la que se atribuyen los hechos sin condena firme) de dos delitos de homicidio en grado de tentativa,y asistieron a la mujer y al menor. Los agentes intervinieron un cuchillo que, supuestamente, utilizó el presunto agresor para lesionar a la mujer.

Tanto la mujer como el bebé presentaban lesiones compatibles con el intento de asfixia, golpes y zarandeo, según el parte médico facilitado por la Guardia Civil. Fueron trasladados a un centro sanitario cercano.

La rápida intervención de los vecinos evitó que el presunto agresor consumara el intento de asfixia del menor.

Estado de las víctimas

Según la Guardia Civil, ambas víctimas no requirieron hospitalización y sus vidas no corren peligro. El bebé presentaba síntomas de intento de asfixia que no revistieron gravedad tras ser atendido.

Tras su arresto, el presunto autor fue puesto a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que ordenó su ingreso en prisión provisional (medida cautelar que supone el encarcelamiento previo a la condena) comunicada y sin fianza. El juez consideró la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. Permanece en prisión a la espera de juicio.

La investigación en curso y el contexto de violencia vicaria

La Guardia Civil ha confirmado que la rápida intervención de los vecinos evitó que el presunto agresor culminara el intento de asfixia. Se trata de un nuevo caso de violencia vicaria, tipificada como agresiones a los hijos con el objetivo de causar daño a la madre. La investigación sigue abierta para determinar si hubo episodios previos de maltrato.

El detenido continúa en prisión y se enfrenta a dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa. La causa permanece bajo secreto de sumario, según informaron fuentes judiciales.

El Corredor Mediterráneo se atasca en la Comunitat Valenciana: Adif confirma que solo el 36% de la red está en servicio

El Movimiento #QuieroCorredor ha presentado este lunes su Primer Chequeo Semestral de 2026 y el diagnóstico es contundente: solo el 36% del Corredor Mediterráneo está en servicio, un porcentaje estancado que enciende las alarmas de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El movimiento #QuieroCorredor ha publicado su chequeo semestral: el 84% de la infraestructura está en obras, pero solo el 36% está operativa.
  • ¿Quién está detrás? La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que fiscaliza los avances desde 2016. Adif es el gestor ferroviario responsable de las obras.
  • ¿Qué impacto tiene? Los retrasos acumulados ponen en riesgo la conexión logística completa Algeciras–frontera francesa y la competitividad del arco mediterráneo.

El 84% en obras pero solo un 36% operativo: la paradoja del Corredor

El Corredor Mediterráneo (la línea ferroviaria de alta velocidad y mercancías que recorre la fachada mediterránea española, pendiente de completar desde hace décadas) presenta una imagen esquizofrénica. Según el informe técnico que AVE elabora cada seis meses desde 2016, el 84% de los trazados previstos están ya en fase de ejecución o proyecto, un salto notable frente al 45% de hace diez años. Sin embargo, el porcentaje de red que realmente mueve trenes se ha clavado en el 36%, sin apenas variación respecto a los últimos chequeos.

Los hitos que originalmente debían cumplirse en 2023, 2024 o 2025 han vuelto a desplazarse. Ahora figuran en el calendario de 2026, 2027 o directamente sin fecha. “No podemos resignarnos a que los plazos sigan alargándose. Cada retraso supone perder oportunidades para atraer inversión, generar empleo y reforzar la competitividad logística del arco mediterráneo”, advirtió Vicente Boluda, presidente de AVE.

El Corredor Mediterráneo no es solo una vía férrea: es la columna vertebral logística de tres comunidades autónomas y un termómetro de la competitividad española.

De hecho, si se cumplieran todos los plazos vigentes, el tramo Almería–frontera francesa podría estar operativo a finales de 2028 o principios de 2029. Pero el gran lunar son los extremos sur: los subtramos Murcia–Cartagena y Almería–Granada siguen en fase de proyecto, sin horizonte real de puesta en servicio.

Los puntos críticos: del Túnel Pasante al triángulo Monforte-Elche-Alicante

La Comunitat Valenciana concentra uno de los mayores paquetes de obras inacabadas. Entre las actuaciones más vigiladas destacan:

Tarragona–Castellón. Las obras para implantar el ancho internacional en la doble vía avanzan con el objetivo de finalizar en 2027 y entrar en servicio en 2028. Castellón–Valencia. La colocación del tercer carril sobre la segunda vía mantiene su previsión de conclusión para este mismo año 2026.

En el entorno de la capital, el Canal de Acceso avanza hacia 2028, pero el verdadero nudo está en el Túnel Pasante. Las alternativas de trazado todavía se estudian mientras se ejecutan las obras del canal de acceso. Boluda ya lo anticipó en 2021: sin esa obra, “Valencia volverá a ser el semáforo de Europa”. Es decir, el cuello de botella que estrangule tanto el tráfico de viajeros como el de mercancías.

Al sur, el tramo Valencia–La Encina prosigue la transformación al ancho internacional, y el nudo de La Encina se prepara para recibir solo tráfico de pasajeros en 2027. Pero la conexión de mercancías entre La Encina y el puerto de Alicante sigue sin calendario. Y el enlace Monforte-Elche-Alicante, clave para que las cercanías convivan con los convoyes de carga, permanece atrapado en la fase de redacción de proyectos.

El Escenario Valenciano

La presión institucional sobre el Gobierno central y Adif se intensifica. La Generalitat Valenciana ha asumido parte del relato empresarial y reclama acelerar los tramos en su territorio, consciente de que la competitividad de puertos como el de Valencia o el de Castellón depende de una salida ferroviaria eficiente hacia Europa. El movimiento #QuieroCorredor, pese a haber cesado sus actos reivindicativos masivos en 2025, mantiene su labor de fiscalización técnica, y sus informes funcionan de hecho como los únicos contadores públicos que ponen cifras a la promesa del Corredor.

En clave nacional, el atasco valenciano tiene ecos en la agenda del Ministerio de Transportes. El Gobierno de Pedro Sánchez ha vinculado parte de la financiación a los fondos europeos Next Generation, pero la ejecución presupuestaria sigue muy por debajo de los compromisos. El retraso no solo afecta a la movilidad de pasajeros; también compromete la descarbonización del transporte de mercancías y la conexión con la red TEN-T europea, cuyos plazos comunitarios (2030) se acercan peligrosamente.

La proyección es ambiciosa pero frágil. Si se respetan los calendarios actuales, a finales de 2028 el tren de viajeros podrá circular sin cortes desde Almería hasta la frontera francesa. Sin embargo, el Corredor completo, desde Algeciras, continúa sin fecha cierta porque los tramos más rezagados ni siquiera han salido del tablero de dibujo. Mientras, cada año perdido equivale a miles de camiones que no se suben al tren y a una inversión logística que busca rutas alternativas.

Ficha del Caso

  • El caso: El movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios, fiscaliza desde 2016 las obras del Corredor Mediterráneo. Su primer chequeo semestral de 2026 confirma que solo el 36% de la infraestructura está en servicio, con la Comunitat Valenciana como epicentro de los retrasos.
  • Datos importantes: 84% en obras, 36% operativo, hitos clave desplazados, sin fecha para Algeciras–frontera francesa, necesidad urgente del Túnel Pasante en Valencia y del triángulo Monforte-Elche-Alicante.
  • Resumen: La lentitud en culminar las obras, especialmente en los accesos a los puertos valencianos y en los extremos sur, amenaza la competitividad logística del arco mediterráneo y el cumplimiento de los plazos europeos de la red TEN-T.

Rueda asegura que las diferencias entre PP y Vox en Galicia son ‘notorias’ pero evita concretarlas

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta (el gobierno autonómico gallego), ha asegurado este martes que las diferencias entre el PPdeG (Partido Popular de Galicia) y Vox son «especialmente notorias» en Galicia, aunque ha evitado concretarlas.

Tras los acuerdos de investidura en Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía, que han llevado al PP a aceptar planteamientos ultras, Rueda ha insistido en que «en Galicia las diferencias son especialmente notorias» y que la formación que lidera Santiago Abascal no tiene presencia institucional en la comunidad. «Y voy a trabajar para que así siga siendo, aunque al final son los electores los que deciden», añadió.

Sin embargo, el presidente gallego no ha ofrecido ningún ejemplo concreto de esas discrepancias. En el pasado sí marcó distancias: cuando la extremeña María Guardiola afirmó que PP y Vox defendían «el mismo feminismo», Rueda replicó que «en el PP gallego y en la Xunta tenemos bastantes diferencias con los planteamientos de Vox» en materia de igualdad.

En cambio, Rueda sí respaldó sin matices la «prioridad nacional» que Vox exige en los pactos autonómicos. Según su percepción, una mayoría de ciudadanos quiere que se valore «llevar tiempo viviendo y cotizando en España», algo que considera «de sentido común» y que alinea parcialmente el discurso del PPdeG con el ideario de la formación ultra.

La ambigüedad deliberada del presidente gallego revela una estrategia de fondo: exhibir distancia respecto a Vox para consolidar el perfil propio del PPdeG sin romper del todo con un posible socio. Es una línea que conecta directamente con la dirección de Alberto Núñez Feijóo, antiguo presidente de la Xunta y actual líder del PP nacional, quien también trata de mantener a raya a la ultraderecha sin despreciar sus votos cuando resultan necesarios.

Galicia sigue siendo, por ahora, la única gran comunidad donde el PP gobierna sin necesidad de pactar con la ultraderecha.

Esta ambigüedad ha sido criticada por los partidos de la oposición gallega. El BNG (Bloque Nacionalista Galego), primera fuerza de la oposición, ha advertido en reiteradas ocasiones que la entrada de Vox en el Parlamento de Galicia «pondría en riesgo el autogobierno» y exige a Rueda que aclare si está dispuesto a gobernar con sus votos. El PSdeG (Partido Socialista de Galicia), por su parte, denuncia un «doble discurso» y considera que el PPdeG «está abriendo la puerta a la ultraderecha con su silencio cómplice».

La situación contrasta con la de otras autonomías. En comunidades como Castilla y León o la Comunitat Valenciana, el PP ha tenido que ceder parcelas de gobierno a Vox. En Galicia, la mayoría absoluta del PPdeG —42 de los 75 escaños en el Parlamento gallego— permite a Rueda prescindir de cualquier socio. Ese colchón parlamentario ofrece un laboratorio de poder sin interferencias que, por el momento, ningún otro barón popular disfruta.

Unas diferencias «notorias» que nadie termina de concretar

La entrevista concedida por Rueda, recogida por elDiario.es, deja un reguero de afirmaciones genéricas y pocos compromisos tangibles. El presidente gallego huye de las líneas rojas y prefiere hablar de «percepciones» ciudadanas. No detalla si en Galicia impediría que Vox asesore a una futura Consellería de Igualdade o si aceptaría sus postulados sobre inmigración en un eventual escenario de gobierno compartido.

La oposición local y el fantasma de otras CCAA

Mientras, en la oposición coinciden en que la indefinición del PPdeG resulta insostenible. Tanto BNG como PSdeG han presentado iniciativas en el Parlamento de Galicia para forzar a Rueda a desvelar si aceptaría «cualquier tipo de acuerdo con la ultraderecha». La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha tachado la postura del presidente de «cobarde y peligrosa», mientras que el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, insiste en que «Galicia no puede ser la próxima Extremadura».

El Laboratorio Gallego

Galicia se ha convertido en un espejo incómodo para el Partido Popular nacional. La comunidad lleva desde 2009 gobernada por mayorías absolutas del PPdeG, primero con Feijóo y ahora con Rueda. Ese rodillo parlamentario ha permitido ensayar políticas fiscales, rebajas de impuestos o leyes de simplificación administrativa sin las ataduras de la ultraderecha. Mientras el PP nacional sufre para cuadrar sus pactos de investidura, en Galicia el PPdeG puede legislar sin ‘vox’ a la vista.

La lectura nacional del fenómeno es evidente. Alberto Núñez Feijóo, formado en este ADN de autogobierno sin complejos, aspira a replicar ese modelo en Madrid, pero la fragmentación parlamentaria y las cesiones puntuales a Vox en territorios clave desdibujan su estrategia. «Lo que observamos en Galicia es una anomalía que el propio PP nacional celebra como un tesoro», explica un veterano analista parlamentario gallego. «. La gran incógnita es si el PPdeG logrará revalidar su mayoría absoluta o si la entrada de Vox —que en las últimas generales rondó el 6% en Galicia— podría fracturar la histórica autonomía política del laboratorio. Rueda confía en que la marca gallega del PP, con un discurso más centrado y una gestión económica que exhibe superávits, siga siendo capaz de absorber el descontento sin necesidad de pactos.

De fondo subyace una pregunta para el PP nacional: si el modelo gallego sin Vox se considera virtuoso, ¿por qué se reparten después carteras, vicepresidencias y leyes a la carta con la ultraderecha en el resto de España? La respuesta, para muchos, está en que Galicia es la excepción que confirma la regla del PP dependiente de Vox.

Ficha del Caso

  • El caso: Alfonso Rueda afirma diferencias notorias con Vox pero evita detallarlas, en un contexto de pactos del PP con la ultraderecha en otras comunidades. Galicia sigue sin presencia institucional de Vox.
  • Datos importantes: PPdeG: 42 escaños (mayoría absoluta desde 2009). Próximas autonómicas: 2028. Rueda sí discrepó de Vox en materia de feminismo en febrero de 2026, pero respaldó la «prioridad nacional».
  • Resumen: La postura ambigua del presidente gallego refleja la tensión entre mantener la hegemonía del PPdeG sin Vox y la dependencia del PP nacional de los ultras. Galicia es, por ahora, el laboratorio político del PP sin interferencias de la ultraderecha.

Poderes preventivos Alzheimer: la recomendación de la escribana María Cristina Clemente para evitar la incapacitación judicial

Una familia recibe el diagnóstico de Alzheimer de uno de sus padres. Ese momento marca el inicio de un reloj en contra para tomar decisiones patrimoniales. Con el avance de la enfermedad, la persona pierde la capacidad de decidir. La casa en la que vive, su principal activo, debe venderse para costear una residencia. Pero sin poder firmar ningún documento, la perdida de capacidad paraliza cualquier operación. Los bancos y las notarías bloquean la venta hasta que un juez declare la incapacidad, un proceso que puede durar meses y consumir emocionalmente a la familia. La notaria alicantina María Cristina Clemente tiene una recomendación que, según advierte, muy pocos siguen a tiempo: hacer los poderes preventivos incluso antes que el testamento.

Una herramienta notarial que corre más prisa que el testamento

El poder preventivo es un documento público en el que una persona, todavía con plena capacidad o en las primeras fases de la enfermedad, designa a alguien de su entorno para que administre su patrimonio cuando ella ya no pueda hacerlo. Clemente lo explica con claridad: “Si me admitís un consejo como notario que creo que podría evitar situaciones muy penosas, muy tristes, muy angustiosas, es aconsejarles plantear hacer una escritura que no es el testamento, incluso por delante del testamento, son los poderes preventivos”.

El testamento regula lo que sucede después del fallecimiento, pero no sirve para actos en vida. El poder preventivo, en cambio, habilita a un apoderado a firmar la venta de una vivienda, mover cuentas bancarias o cualquier acto patrimonial sin necesidad de acudir a un juez. “La ley desde hace unos años permite que, cuando todavía estás en condiciones de tomar decisiones, incluso cuando estás en esos primeros estadios de diagnóstico de la enfermedad, puedes venir a notaría y allí decidir qué persona de tu entorno, de absoluta confianza, será la que se encargue de tomar decisiones cuando tú ya no puedas hacerlo”, añade la especialista.

La venta de la vivienda, el cuello de botella que lleva a los tribunales

El escenario que dibuja Clemente se repite en muchas familias españolas. Un padre o una madre con Alzheimer ya no puede seguir viviendo solo. El ingreso en una residencia exige liquidez inmediata, y el dinero no está en el banco sino en la vivienda habitual. “Llega el momento en que ya no es posible que continúe en casa porque se exige internamiento en una residencia y eso genera muchos gastos y la liquidez no está en el banco, está en la que era su vivienda habitual, y hay que venderla”, detalla.

Si en ese punto el titular del inmueble ya no puede comparecer ante una notaría, los familiares se enfrentan a un bloqueo. Tienen que iniciar un procedimiento judicial de modificación de la capacidad que puede alargarse meses. Mientras tanto, los gastos se acumulan y la tensión familiar crece. El poder preventivo anticipado rompe ese círculo: evita que un juez tenga que decidir quién administra el patrimonio y permite que sea la propia persona quien lo haya previsto.

El poder preventivo es el documento que permite elegir a una persona de confianza para que administre tu patrimonio cuando tú ya no puedas, sin esperar a que un juez decida por ti.

La diferencia con el testamento es crucial: mientras que el testamento garantiza la voluntad sucesoria tras el fallecimiento, el poder preventivo asegura la administración del patrimonio en vida. “Ella será la que se ocupe de hacer todo lo que estime mejor para tu cuidado”, subraya Clemente sobre la figura del apoderado, y recalca que esta gestión ahorra meses de trámites y un desgaste emocional profundo para los hijos o cuidadores.

testamento

La perspectiva española: un refuerzo de la autonomía que evita la judicialización

España cuenta con una larga tradición notarial que ha ido incorporando instrumentos como el poder preventivo para alinearse con las corrientes internacionales de protección de los derechos de las personas con discapacidad. La reforma del Código Civil de 2021 impulsó las figuras de apoyo para que prevalezca la voluntad de la persona por encima de la incapacitación clásica. En ese marco, el poder preventivo se presenta como una pieza clave para que cualquier ciudadano pueda tomar las riendas de su propio futuro sin que el Estado intervenga en decisiones íntimas.

El vacío que deja la falta de este documento no es solo jurídico: golpea de lleno en el tejido familiar español, donde el cuidado de los mayores suele recaer en los hijos y la vivienda constituye el grueso del patrimonio. Resolver la venta de una casa sin un poder válido puede terminar en lentos procesos judiciales que desgastan a todos. La recomendación de Clemente pone el foco en la cultura de la previsión: planificar cuando aún se tiene capacidad para hacerlo.

Conviene recordar que el coste de un poder notarial es mínimo comparado con el litigio que puede provocar su ausencia. Más de 200.000 personas en España padecen algún tipo de demencia neurodegenerativa y muchas familias se topan cada año con este escollo burocrático. El poder preventivo no solo es una herramienta jurídica; es una forma de proteger la dignidad de quien pierde la memoria.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La notaria alicantina María Cristina Clemente recomienda otorgar poderes preventivos al recibir un diagnóstico de Alzheimer para sortear la incapacitación judicial.
  • Datos importantes: Un poder preventivo puede tramitarse en una notaría mientras la persona conserve la capacidad. El coste es inferior al de un juicio de incapacitación. La venta de una vivienda sin poder exige una sentencia judicial.
  • Resumen: El poder preventivo protege la autonomía y el patrimonio familiar, y evita que una enfermedad neurodegenerativa se convierta en un bloqueo económico para todo el entorno cercano.