Gamarra defiende la estrategia de Feijóo de abrir debates sobre absentismo y vivienda

Jaume Mónica
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Gamarra defiende la estrategia de Feijóo de abrir debates sobre absentismo y vivienda

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La vicesecretaria Cuca Gamarra ha salido a respaldar la estrategia de Feijóo de poner el foco en debates como el absentismo o la vivienda, frente a las críticas.
  • ¿Quién está detrás? La dirección nacional del PP, con Gamarra como voz oficial tras el acto en Ermua.
  • ¿Qué impacto tiene? El partido consolida un discurso alternativo que incomoda al Gobierno y pone sobre la mesa los problemas reales de los ciudadanos.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reivindicado este domingo la estrategia del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar debates ‘incómodos’ para el Ejecutivo —como el absentismo laboral o la dificultad de acceder a una vivienda—, pese a las críticas recibidas desde la izquierda y parte de la prensa.

La defensa de una estrategia bajo el fuego

Durante el homenaje al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años en Ermua, Gamarra ha respondido a los medios sobre la polémica generada por las últimas intervenciones de Feijóo. El líder popular había asegurado la víspera que le ‘dan igual’ las críticas y que está en política para ‘lanzar mensajes valientes’.

Gamarra ha sido contundente: el PP no va a dejar de abrir debates que incomodan al Gobierno. ‘Si ese debate incómodo es un problema para la sociedad española, el Partido Popular va a abrir esos debates, pero sobre todo lo que va a hacer es poner soluciones y propuestas para que podamos afrontarlos’, ha afirmado, según recoge The Objective.

La vicesecretaria ha enmarcado la ofensiva en la ausencia de política útil por parte del Ejecutivo. ‘La sociedad española vive un momento de ausencia absoluta de política porque el Gobierno está centrado, única y exclusivamente, en los problemas del presidente del gobierno, en sus problemas con la justicia como consecuencia de la corrupción’, ha asegurado.

Frente a esa parálisis, Gamarra ha enumerado los asuntos que preocupan a los ciudadanos: ‘se llamen absentismo o se llamen el deseo de formar una familia o el de acceder a una vivienda’. La idea fuerza es clara: el PP no renuncia a señalar los problemas que otros prefieren ocultar.

El PP traza una línea roja: los debates incómodos no son un capricho, sino la evidencia de que el Gobierno ha abandonado la agenda real de los españoles.

El argumentario: ‘hablar de lo que lastra a la sociedad’

La portavoz popular ha insistido en que el partido abordará estos asuntos ‘de una manera madura y responsable’, con el objetivo de ‘poner soluciones a temas que al final lastran a la sociedad’. Y ha añadido un horizonte político: la pretensión de conseguir ‘un país mejor’.

La estrategia, según ha podido saber Moncloa.com de fuentes de Génova, cuenta con el respaldo cerrado de la cúpula nacional y de los principales barones autonómicos. Feijóo considera que estos debates permiten al PP diferenciarse y ofrecer una alternativa real frente al ‘sanchismo’ judicializado, mientras que la izquierda se enreda en descalificaciones personales.

De hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había salido en apoyo horas antes, asegurando que Feijóo tiene ‘más razón que un santo’ en su postura sobre las bajas laborales. El respaldo autonómico refuerza la cohesión interna en un momento en el que el PP quiere mostrar firmeza.

El Eje del Poder Popular

La apuesta de Génova no es un gesto aislado. Responde a un cálculo electoral y de definición ideológica que busca tres objetivos: distanciarse de un Ejecutivo que percibe como agotado, cohesionar a las familias conservadoras en torno a un discurso de sentido común y proyectar imagen de gobierno alternativo. Los barones autonómicos —con Ayuso a la cabeza— cierran filas sin fisuras, lo que permite a Feijóo neutralizar cualquier flanco interno. El respaldo de la presidenta madrileña (‘más razón que un santo’) es significativo: muestra que el sector más combativo del partido avala la estrategia, despejando dudas sobre posibles discrepancias.

En el trasfondo, el PP aprovecha el vacío dejado por un Gobierno concentrado en sus problemas judiciales. Mientras Sánchez libra una batalla por su supervivencia, los populares se erigen en la voz de quienes sufren listas de espera, alquileres inasumibles o se plantean si pueden permitirse tener hijos. La táctica no está exenta de riesgos: algunos analistas advierten de que ciertos mensajes pueden ser leídos como una intromisión en la vida privada; pero la dirección confía en que la mayoría social entenderá que se trata de remover obstáculos, no de imponer moralinas.

El precedente más cercano lo encontramos en las campañas de Aznar sobre la familia (1996-2000), que lograron movilizar a sectores moderados sin caer en el radicalismo. Ahora, el PP adapta ese legado a un entorno de redes sociales y polarización. El próximo hito será la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso, donde el GPP tiene previsto confrontar datos de ejecución real del bono joven. Si el Gobierno se atrinchera, el Senado popular podría activar comisiones de investigación sobre la gestión de los fondos europeos destinados a vivienda.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Los españoles tienen problemas reales y el PP no va a callar mientras el Gobierno mira para otro lado.
  • Protagonista: Cuca Gamarra (vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP).
  • Próximo hito: La dirección nacional llevará al Congreso una batería de iniciativas sobre vivienda y conciliación tras el verano.

Datos desmienten la solidaridad europea: el 81% del GNL de El Musel fue para España

Elena Ríos
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Datos desmienten la solidaridad europea: el 81% del GNL de El Musel fue para España

El 81,4% del gas natural licuado (GNL) descargado en la regasificadora de El Musel desde su puesta en marcha en julio de 2023 fue inyectado directamente en la red gasista española, mientras que apenas una carga completa abandonó la península con destino a otro país de la Unión Europea. Así lo revelan los datos acumulados de explotación de los tres primeros años de funcionamiento, difundidos por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, que desmontan la justificación de “solidaridad energética europea” con la que el Gobierno autorizó la excepcional reactivación de esta infraestructura tras la invasión rusa de Ucrania.

La puesta en servicio de la planta de El Musel —una instalación que había permanecido inactiva desde su construcción— se presentó como una medida estratégica para reforzar la seguridad energética de Europa y facilitar el suministro de gas a los Estados miembros. Para ello se le reconoció un régimen económico singular cuyos costes, subraya el colectivo ecologista, continúan siendo soportados por el conjunto del sistema gasista y, en última instancia, por todos los los consumidores.

El balance de tres años: 39 metaneros y un destino claro

Entre julio de 2023 y julio de 2026 atracaron en El Musel 39 buques metaneros que descargaron un volumen total de 6.110.815 m³ de GNL. De ese montante, 4.974.106 m³ (el 81,4 %) fueron regasificados e inyectados directamente en la red española. Únicamente 451.231 m³ (el 7,4 %) se cargaron de nuevo en buques, y el 6 % restante permanece almacenado tras la última descarga, manteniendo la instalación próxima a su capacidad máxima de operación.

El dato habla por sí solo: más de cuatro quintas partes del gas descargado terminaron abasteciendo el mercado español, mientras que la actividad de recarga —la que debía materializar la ayuda a otros países europeos— fue meramente testimonial.

📊 El balance de explotación en tres cifras

  • Volumen total descargado: 6,1 millones de metros cúbicos de GNL en tres años.
  • Destino del gas regasificado: El 81,4 % se inyectó en la red española; solo un 4,8 % se distribuyó mediante cisternas.
  • Cargas hacia la UE: Una única operación con destino a Croacia. El resto fueron maniobras técnicas o cargas parciales que acabaron en países extracomunitarios o en otras terminales españolas.

La letra pequeña de las operaciones de carga: tres cargamentos en tres años

Las cifras de carga de buques son aún más reveladoras. En tres años solo se realizaron siete operaciones de carga, pero dos de ellas no fueron comerciales: consistieron en pequeñas cantidades de GNL destinadas exclusivamente a la puesta en frío de los metaneros, una maniobra técnica necesaria para acondicionar los tanques antes de recibir el cargamento. Descontadas esas operaciones, el volumen realmente cargado no supera los tres metaneros completos.

Además, solo un cargamento tuvo como destino otro Estado miembro de la Unión Europea: Croacia. El resto fueron cargas parciales con destino a Argentina y Egipto, o bien se completaron en la República del Congo y terminaron descargándose en las terminales españolas de Huelva y Cartagena. En consecuencia, tampoco pueden considerarse operaciones destinadas a reforzar el suministro energético del resto de Europa.

gas natural licuado

La instalación, de hecho, ha utilizado como argumento recurrente la necesidad de gestionar el denominado boil-off gas —el gas que se evapora de forma natural durante el almacenamiento del GNL— para justificar la regasificación constante del producto y su vertido a la red nacional. Ecoloxistes n’Aición recuerda que esa práctica estaba condicionada a que la planta ejecutase inversiones para reducir precisamente ese fenómeno, y exige saber si esas inversiones se realizaron, cuándo entraron en funcionamiento y qué comprobaciones han hecho tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La ‘solidaridad’ europea apenas se tradujo en una carga completa. El resto del gas se quedó en casa.

Un régimen económico excepcional que los consumidores siguen pagando

La autorización de la planta y el reconocimiento de un régimen económico singular —activado por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania— tuvo como contrapartida que los costes se imputaran al sistema gasista. Tres años después, los datos demuestran que la finalidad para la que se concibió ese trato especial no se ha cumplido, mientras la instalación continúa operando y facturando esos costes al conjunto de los consumidores.

La organización ecologista considera imprescindible que se haga público el balance económico completo de estos tres años: el importe total de los costes regulados reconocidos a la planta, los servicios efectivamente prestados al sistema gasista, el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas —en especial las relativas a la reducción del boil-off gas— y, sobre todo, una evaluación de si siguen concurriendo las circunstancias excepcionales que justificaron el régimen singular.

Más allá del Musel: el riesgo de las infraestructuras fósiles sin control

El caso de El Musel trasciende el ámbito local y conecta con un debate energético más amplio. La invasión de Ucrania provocó una oleada de inversiones en nuevas terminales de GNL por toda Europa, muchas de ellas amparadas en la misma retórica de la solidaridad y la seguridad de suministro. Sin embargo, el riesgo de sobredimensionar la capacidad de importación de gas es real: cada metro cúbico adicional de infraestructura fósil que se construye hoy supone un activo que necesitará amortizarse durante décadas, lo que puede alargar la dependencia del gas más allá de los plazos que marca la transición energética.

Los datos de El Musel sugieren que, en este caso, la planta apenas está sirviendo para abastecer al mercado doméstico. Si eso ocurre en otras terminales europeas, estaremos ante un bloqueo estructural de capacidad fósil que lastrará los objetivos de descarbonización y trasladará la factura a los consumidores. La transparencia y la revisión periódica de estos regímenes excepcionales no son un lujo: son la única herramienta para evitar que los contribuyentes paguen infraestructuras que nunca debieron construirse o que hoy carecen de utilidad pública.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: La publicación de estos datos evidencia que la infraestructura no ha cumplido el objetivo declarado, sentando un precedente de control sobre proyectos energéticos que reclaman un interés público que no se verifica.
  • Modelo que cambia: El caso de El Musel obliga a replantear la autorización de regasificadoras y otras infraestructuras fósiles bajo el paraguas de la ‘solidaridad europea’, exigiendo métricas de cumplimiento verificables.
  • Para las próximas generaciones: Limitar el crecimiento de la capacidad de gas en España es clave para no hipotecar la transición hacia las renovables, evitando que los consumidores paguen por infraestructuras que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.

Peak Energy construye en Sacramento una fábrica de baterías de sodio-ion con 4 GWh anuales y 6 GWh en compromisos

Elena Ríos
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Peak Energy construye en Sacramento una fábrica de baterías de sodio-ion con 4 GWh anuales y 6 GWh en compromisos

Peak Energy ha elegido Sacramento para levantar una fábrica de baterías de sodio-ion con una capacidad anual de 4 GWh, un proyecto que ya tiene compromisos de compra por más de 6 GWh y que refuerza la senda de la descarbonización con una tecnología libre de litio.

La compañía ha seleccionado una nave de 17.000 metros cuadrados en el Metro Air Park de la capital californiana. La instalación, que albergará líneas de producción automatizadas, está diseñada para alcanzar una capacidad de fabricación de 4 GWh al año. Las primeras entregas están previstas a lo largo del próximo año, según ha confirmado la propia Peak Energy.

4 GWh anuales y una cartera de 6 GWh: la fábrica que anticipa la demanda

Más allá del dato de capacidad, lo que llama la atención es el volumen de pedidos en firme. Peak Energy declara contar con acuerdos de cliente por más de 6 GWh. Esta cifra, que supera la capacidad de producción del primer año completo, indica que el mercado ya valida la tecnología y que la demanda de almacenamiento estacionario a escala de red es sólida, especialmente en un estado como California, líder en la integración de renovables.

La ubicación no es casual. California ha desplegado más de 10 GW de almacenamiento en baterías en los últimos años y necesita multiplicar esa cifra para cumplir sus objetivos climáticos. La fábrica de Peak Energy se sitúa en el corazón de ese mercado, cerca de los grandes desarrolladores de proyectos solares y eólicos que precisan soluciones de almacenamiento de larga duración y bajo coste.

El proyecto se beneficia además de los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que incluye créditos por producción de baterías avanzadas y por componentes fabricados en Estados Unidos. Peak Energy no ha detallado la inversión total, pero la combinación de un espacio industrial asequible y los apoyos federales reduce el riesgo de la operación.

La fábrica de Peak Energy es una señal inequívoca de que el almacenamiento estacionario busca ya una vía de escala más allá del litio, con contratos firmados antes incluso de que la planta empiece a producir.

Sodio-ion: por qué es la alternativa que desafía al litio en la red

almacenamiento energético

Las baterías de iones de sodio llevan años en investigación, pero esta planta de 4 GWh representa uno de los primeros saltos a la fabricación masiva fuera de China. A diferencia de las de litio, el sodio es abundante —el sexto elemento más común en la corteza terrestre—, barato y no está sujeto a las tensiones geopolíticas que afectan al litio, al cobalto o al níquel. Eso se traduce en un coste por kWh más bajo y en una cadena de suministro más resiliente, como se detalla en la tecnología de sodio-ion.

El sodio-ion tiene menor densidad energética que las baterías de litio, lo que la hace menos adecuada para vehículos eléctricos, pero esa desventaja desaparece en el almacenamiento estacionario, donde el espacio no es una limitación crítica. Además, presenta ventajas en seguridad térmica, ya que es menos propensa a incendios, y en vida útil, con miles de ciclos de carga sin degradación acelerada.

La tecnología evita la minería intensiva de litio y cobalto, cuyos procesos suelen generar daños ambientales y sociales en países como Chile o la República Democrática del Congo. El sodio, más abundante y barato que el litio permite reducir costes y alinear la producción con los criterios ESG más exigentes.

La carrera global del almacenamiento y el efecto dominó en la cadena de suministro

La fábrica de Peak Energy no es un caso aislado. A finales de 2025, la china CATL ya había comenzado a suministrar baterías de sodio-ion a gran escala para proyectos de almacenamiento en red, y otras empresas como Natron Energy o Faradion están escalando sus propias líneas. La diferencia de Peak reside en su ubicación en suelo estadounidense, lo que le permite cumplir con los requisitos de contenido local de la IRA y beneficiarse de créditos fiscales de hasta el 30% del coste de producción.

Este movimiento empuja a toda la cadena de suministro. Los fabricantes de cátodos y electrolitos tendrán que adaptar sus procesos, y los integradores de sistemas de almacenamiento contarán con una alternativa más barata y segura. Para el consumidor final —aunque no compre directamente la batería—, el abaratamiento del almacenamiento se traduce en una red eléctrica más estable y en menores costes de integración de renovables, lo que a la larga reduce la factura de la luz.

Con todo, el sodio-ion aún debe demostrar su competitividad en ciclos de vida largos y en climas extremos. Las baterías de litio siguen dominando el mercado con una cadena de suministro madura. No obstante, los 6 GWh de pedidos anticipados sugieren que el sector confía en que la tecnología de sodio-ion está lista para competir.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Con 4 GWh anuales, la fábrica podrá equipar sistemas de almacenamiento equivalentes a cientos de MW de nueva capacidad solar o eólica, evitando emisiones al facilitar la integración de renovables.
  • Modelo que cambia: La tecnología de sodio-ion rompe la dependencia del litio en el almacenamiento estacionario, abriendo un camino de menor coste y mayor disponibilidad de materias primas.
  • Para las próximas generaciones: Al reducir la presión minera y los conflictos geopolíticos asociados a los minerales críticos, esta transición hace que el almacenamiento limpio sea más justo y sostenible a largo plazo.

La Princesa Leonor en el Mundial: el protocolo descarta protagonismo personal en su posible asistencia

Ana Tabera
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La Princesa Leonor en el Mundial: el protocolo descarta protagonismo personal en su posible asistencia

El fútbol y la Corona vuelven a cruzarse en un escenario inédito. La semifinal del Mundial que la selección española disputa este martes contra Francia ha quedado fuera de la agenda de la Familia Real por un motivo de peso: los Premios Princesa de Girona, cita central en el calendario institucional de la heredera. La ausencia, lejos de ser un desaire, ha sido leída por los expertos en protocolo como una muestra de coherencia. ¿Qué ocurriría si España alcanzase la final del próximo 19 de julio? La experta María José Gómez Verdú, autora del libro Protocolo POP, desmenuza el posible papel de la princesa Leonor y la infanta Sofía en ese hipotético partido, y su conclusión es clara: no sería una cuestión de protagonismo personal, sino de acompañamiento institucional.

En declaraciones a la revista Lecturas, Gómez Verdú ha subrayado que “la presencia de la familia real en un gran acontecimiento deportivo nunca debe interpretarse únicamente como un gesto de afición, sino como una expresión de representación del Estado”. La agenda de este martes, con los actos de la fundación en Girona, lo confirma. Según la web oficial de la Fundación Princesa de Girona, la jornada concentra buena parte de los actos centrales de la edición, con la princesa Leonor como protagonista. Para la experta, “se trata de uno de los actos más importantes del calendario anual de la heredera, cuya presencia tiene un marcado valor institucional”.

La prioridad institucional: los Premios Princesa de Girona frente al Mundial

Gómez Verdú insiste en que “la ausencia de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía en las semifinales, si obedece a compromisos oficiales previamente fijados como los Premios Princesa de Girona, resulta plenamente coherente con las prioridades de la Corona”. El hecho de que los cuatro miembros de la Familia Real estén convocados en un acto diseñado para visibilizar el talento joven y que la heredera lidere la entrega de galardones refuerza esa lectura.

La semifinal de Dallas queda, por tanto, sin representación de la Jefatura del Estado. El Rey emplazó a los jugadores a la final, señal de que, si se da el pase, Zarzuela sí activará el protocolo de desplazamiento. No hay confirmación oficial de la asistencia de las hijas del monarca, pero el análisis de la experta permite dibujar los escenarios posibles.

El papel de Leonor y Sofía en una hipotética final: acompañamiento institucional sin robar foco

“Si España alcanzara la final y la agenda lo permitiera, sí tendría un importante valor simbólico que hubiera representación de la Corona en el estadio”, sostiene Gómez Verdú. En ese contexto, “la presencia del rey Felipe VI sería la opción más natural, ya que es el jefe del Estado y quien tradicionalmente representa a España en los grandes hitos deportivos”. La asistencia de la heredera, añade, podría interpretarse como “un paso más en su preparación institucional, siempre que no desplazara el protagonismo que corresponde a la Selección”.

La experta despeja cualquier lectura de frivolidad: “No sería una cuestión de protagonismo personal, sino de acompañar un momento de enorme relevancia nacional”. Esa línea es la que ha guiado las últimas apariciones internacionales de la princes, desde la jura de bandera hasta los premios que llevan su nombre. La estrategia de Zarzuela es previsible: cada acto suma en la construcción de la figura institucional de la heredera.

Respecto a la infanta Sofía, Gómez Verdú recuerda su presencia en la final del Mundial femenino de 2023 en Sídney y su afición al fútbol, un rasgo que “aporta un componente de cercanía que conecta especialmente con las nuevas generaciones”. No obstante, subraya que “en términos institucionales, la lógica protocolaria hace que la implicación de Leonor esté más vinculada a su condición de heredera que a sus preferencias personales”. La conclusión es que “Sofía puede desempeñar un papel muy positivo como apoyo espontáneo y natural, mientras que Leonor representa la continuidad de la institución. Son planos distintos, pero perfectamente complementarios”.

La Corona asiste a los grandes eventos deportivos para arropar, no para brillar. Ese equilibrio es la esencia del protocolo de Estado en el fútbol.

Mensajes de apoyo: un gesto de cercanía que la Corona mide con precisión

Gómez Verdú también ha abordado la posibilidad de que la princesa o la infanta envíen un mensaje público de ánimo a la Selección. “Sería no solo apropiado, sino recomendable”, asegura. La Casa Real ha utilizado en otras ocasiones las redes sociales o las alocuciones en actos oficiales para respaldar a los deportistas españoles. “Un mensaje breve de apoyo antes de una semifinal o una final reforzaría esa idea de acompañamiento institucional sin interferir en el desarrollo deportivo”, explica.

Incluso durante los propios Premios Princesa de Girona, este martes, cabría esperar alguna mención. “Si durante su intervención pública del martes hicieran una referencia al éxito de la Selección española, sería un guiño oportuno”, afirma. Bastaría “una mención breve de felicitación o de reconocimiento al esfuerzo de los jugadores, para transmitir que la Corona comparte la ilusión colectiva”.

La lectura de la experta descansa sobre un principio que Zarzuela aplica con rigor: la agenda de la Corona no se improvisa. “No acudir a unas semifinales por un compromiso institucional no supone un distanciamiento del deporte. Al contrario, demuestra que la agenda responde a prioridades previamente establecidas”, sentencia Gómez Verdú.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: La posible asistencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía a la final del Mundial de fútbol se enmarcaría en la representación institucional de la Corona, no en una cuestión de afición personal.
  • El detalle de protocolo: La prioridad de los Premios Princesa de Girona sobre la semifinal confirma que la Casa Real antepone los compromisos de la heredera a los eventos deportivos, salvo que la final se juegue en una fecha sin colisión.
  • Próximos pasos: Si España vence a Francia, la Casa del Rey evaluará la agenda del 19 de julio. El Rey Felipe VI ya se ha mostrado dispuesto a viajar, y un mensaje de apoyo de las infantas podría canalizarse a través de los canales oficiales o durante la entrega de premios en Girona.

La Audiencia Provincial de Madrid exige condenas categóricas: no vale la fórmula «podría ser»

Carlos V Vega
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La Audiencia Provincial de Madrid exige condenas categóricas: no vale la fórmula «podría ser»

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado la sentencia 61/2026, de 10 de marzo, en la que recuerda que la calificación jurídica de los hechos probados en una sentencia condenatoria no admite ambigüedades: el magistrado debe emplear una afirmación categórica, no la formula condicional «podría ser». La resolución, cuyo ponente es el magistrado Gregorio María Callejo Hernández, corrige de oficio a la juez de instancia por haber escrito que los hechos «podrían ser constitutivos de un delito leve de hurto».

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Audiencia Provincial de Madrid, a través de la sentencia 61/2026, llama la atención sobre el uso de la expresión condicional «podrían ser» en lugar de la categórica «son» dentro de los fundamentos jurídicos de una condena penal.
  • ¿Qué base jurídica aplica? No se invoca un artículo específico de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino el principio de convicción judicial y la exigencia de certeza en la calificación jurídica que conlleva toda sentencia condenatoria. El tribunal califica la observación como un obiter dictum (consideración al margen del fallo).
  • ¿Qué impacto tiene? Aunque no modifica la condena, la advertencia marca un criterio de estilo con implicaciones procesales: la redacción condicional es propia de resoluciones intermedias (autos de procesamiento, escritos de acusación), pero una vez que el juez condena, debe afirmar sin reservas que los hechos son constitutivos de delito.

Antecedentes: el hurto que desencadenó la corrección

Los hechos probados, tal como quedaron fijados en la primera instancia, son sencillos. El acusado ocultó un atornillador eléctrico y dos cajas de cabezales por un valor de 40,97 euros dentro de una mochila para no abonarlos en la caja de pago del supermercado LIDL situado en Coslada. Un vigilante de seguridad que seguía la escena por las cámaras lo interceptó, le pidió que mostrase la mochila y encontró los productos ocultos. Tras la intervención policial, la magistrada del Juzgado de Instancia de Coslada dictó sentencia condenatoria, imponiendo la pena de 18 días de multa a razón de 6 euros diarios como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa.

El problema nació en el fundamento jurídico de aquella resolución. La juez redactó que los hechos «podrían ser constitutivos de un delito leve de hurto». La fórmula, gramaticalmente correcta en otros contextos procesales, fue señalada por la Audiencia Provincial como incompatible con la certeza que exige una condena.

La respuesta de la Audiencia Provincial: una cuestión de estilo con trascendencia procesal

El condenado recurrió la sentencia, pero el argumento que motiva esta corrección no formaba parte del recurso. El magistrado Callejo Hernández, al examinar de oficio la resolución, dedicó un obiter dictum a la redacción empleada por la juez. La calificación jurídica de los hechos probados o es o no es; no caben términos medios. Así, afirmó que «la calificación jurídica debe ser asumida categóricamente por el magistrado que dicta una sentencia condenatoria».

La Audiencia aclara que, en un auto de apertura de juicio oral, en un auto de procesamiento o en un escrito de acusación, la expresión «podrían ser» resulta correcta porque esas resoluciones operan con un juicio de probabilidad, no de certeza. Sin embargo, cuando el juez alcanza la convicción y dicta una condena, la calificación debe ser afirmativa y definitiva: los hechos «son constitutivos» del delito tipificado. Una expresión condicional tras una condena deja abierta la posibilidad de que los hechos no sean delito, lo que sería incompatible con el fallo y forzaría la absolución.

La Audiencia Provincial de Madrid sentencia deja claro que la redacción de una condena penal no puede albergar duda alguna sobre la calificación jurídica, porque en ese momento procesal el juez ya ha alcanzado la certeza plena.

La Doctrina del Tribunal

La sentencia 61/2026 no establece una nueva doctrina jurisprudencial en sentido estricto, pero consolida un criterio de exigencia formal que afecta a todos los juzgados de primera instancia y a las Audiencias Provinciales. La observación se fundamenta en el principio de convicción judicial recogido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga al tribunal a valorar la prueba con arreglo a su conciencia y a reflejar esa certeza en el fallo. Aunque no se cite expresamente ese artículo en la resolución, la lógica subyacente es la misma: la sentencia condenatoria supone que el órgano judicial ha superado toda duda razonable.

El tribunal contrasta implícitamente el uso de fórmulas hipotéticas en las fases instructora e intermedia con el lenguaje afirmativo exigido en la fase decisoria. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha señalado —por ejemplo, en la STS 123/2024, de la Sala Segunda— que las resoluciones que imponen una condena deben exteriorizar sin ambages los hechos que se consideran probados y su encaje en el tipo penal. La Audiencia Provincial de Madrid aplica ese mismo rigor, aunque el supuesto sea un delito leve de escasa entidad económica.

El impacto práctico para los operadores jurídicos es relevante, sobre todo para los abogados que redactan sentencias como jueces en formación o para los letrados que revisan las resoluciones a efectos de recurso. Una calificación ambigua en la sentencia puede servir de base para un recurso de apelación por insuficiencia de motivación o por incompatibilidad entre la fundamentación y el fallo. Aunque en este caso la condena se mantuvo, la advertencia de la Audiencia invita a extremar la pulcritud de la escritura judicial.

Dado que la resolución es firme y no se ha planteado recurso de casación, la doctrina del tribunal no alcanza el grado de jurisprudencia vinculante, pero sí constituye un valioso obiter dictum que los colegios profesionales pueden difundir para mejorar la técnica de redacción de sentencias penales. No hay constancia de que esté en tramitación ninguna reforma procesal que incida en este extremo, por lo que la recomendación se mantiene como una buena práctica forense.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Un acusado escondió en un supermercado productos por valor de 40,97 euros; un vigilante lo interceptó. El Juzgado de Instancia de Coslada lo condenó por hurto leve en grado de tentativa, pero en la redacción de la sentencia utilizó la expresión «podrían ser constitutivos de delito» en lugar de afirmar categóricamente la calificación.
  • Datos importantes: Sentencia 61/2026, de 10 de marzo, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. Fallo unánime. La pena impuesta en primera instancia fue de 18 días de multa a razón de 6 euros diarios (total 108 euros). La Audiencia confirmó la condena y aprovechó para incluir un obiter dictum sobre la redacción judicial.
  • Fecha de los juicios: La vista oral se celebró en fecha no precisada en la resolución publicada; la sentencia de instancia fue recurrida y la Audiencia dictó sentencia el 10 de marzo de 2026. La publicación en fuentes jurídicas se produjo el 13 de julio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: Ignacio (sin más identificación pública), por un delito leve de hurto tipificado en el artículo 234 del Código Penal, en grado de tentativa.

Tribunal Supremo fija que conclusiones de Inspección de Trabajo no vinculan en despidos colectivos

Carlos V Vega
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Tribunal Supremo fija que conclusiones de Inspección de Trabajo no vinculan en despidos colectivos

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia STS 564/2026, de 23 de junio, por la que desestima el recurso de casación interpuesto contra el despido colectivo de Mopripel S.L. y fija doctrina sobre el valor probatorio de los informes de la Inspección de Trabajo en los procesos de despido colectivo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en STS 564/2026, desestima el recurso de las trabajadoras y confirma la legalidad del ERE de Mopripel.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Artículos 51 del Estatuto de los Trabajadores y 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, junto con la presunción de certeza de las actas de inspección.
  • ¿Qué impacto tiene? Las conclusiones jurídicas de la Inspección de Trabajo no vinculan a los tribunales; solo los hechos constatados gozan de presunción de certeza, lo que refuerza la valoración judicial de la prueba en los despidos colectivos.

Contexto del despido colectivo en Mopripel

Mopripel S.L., dedicada a la peluquería bajo la marca Jean Louis David, atravesaba una situación económica insostenible en 2024. Con un patrimonio neto negativo de 311.000 euros y deudas superiores a 335.000 euros, sus dos únicos locales en Sevilla (Nervión Plaza y Viapol) contaban con desahucio notificado para el 31 de julio. La empresa atribuía la crisis a factores como el cierre forzoso por la pandemia, la reducción de clientes, las obras del tranvía en Nervión y la obligación de abrir en festivos que elevaba los costes de personal.

Ante la inviabilidad de mantener la actividad, el 31 de julio de 2024 la empresa comunicó la apertura del expediente de regulación de empleo. La comisión negociadora se constituyó y el periodo de consultas se desarrolló en dos reuniones —los días 19 y 23 de agosto— sin que se alcanzara acuerdo. El 30 de agosto, la empresa notificó la extinción de los contratos de las nueve trabajadoras, sin poder abonar la indemnización legal de veinte días por año debido a la insolvencia que poco después motivó la declaración de concurso sin masa por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Sevilla.

Las trabajadoras impugnaron el despido colectivo solicitando su nulidad, la readmisión de toda la plantilla y el abono de salarios de tramitación, alegando mala fe en la negociación y vulneración del derecho a la información. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó la demanda, y la representación de las empleadas recurrió en casación ante el Tribunal Supremo.

Fallo del Tribunal Supremo: buena fe y valor del informe de Inspección

La Sala de lo Social, presidida por Concepción Rosario Ureste García y con ponencia de Isabel Olmos Parés, confirmó la resolución del TSJ andaluz tras examinar la documentación aportada durante el periodo de consultas. La sentencia destaca que la empresa facilitó memoria explicativa, cuentas anuales, documentación fiscal y relación de afectados, sin que la comisión solicitara información adicional ni expresara objeciones durante las reuniones. Además, la empresa ofreció formación y gestiones de recolocación que las trabajadoras rechazaron.

Las recurrentes se apoyaban en un informe de la Inspección de Trabajo que consideraba insuficiente la negociación. El Supremo rechaza este argumento con contundencia: la buena fe negocial no exige la aceptación de las propuestas de la otra parte ni la modificación de la posición empresarial si se ha desarrollado un auténtico proceso de consultas. En este asunto, la representación de la plantilla mantuvo una postura inamovible condicionando cualquier acuerdo al pago inmediato de cantidades, mientras la empresa sí realizó ofertas.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo establece que las conclusiones jurídicas de la Inspección de Trabajo no vinculan a los tribunales, reservando al juez la valoración del conjunto de la prueba conforme al principio iura novit curia.

La sentencia desglosa el valor de las actas de inspección en tres niveles: los hechos percibidos directamente por el inspector gozan de presunción de certeza; las deducciones derivadas de esos hechos pueden ser valoradas libremente por el juez; y las conclusiones o calificaciones jurídicas —como determinar si hubo o no negociación de buena fe— no vinculan en absoluto al órgano judicial. Este esquema, que ya subyacía en la jurisprudencia, queda ahora plasmado de manera diáfana.

La Doctrina del Tribunal

Con la STS 564/2026, el Alto Tribunal no introduce una regla nueva pero sí sistematiza con claridad los límites de la presunción de certeza del artículo 23 de la Ley de Inspección de Trabajo. Reitera que la valoración probatoria es competencia exclusiva del juez y que las «simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas» del inspector no pueden sustituir la función jurisdiccional. La doctrina subraya la vigencia del principio iura novit curia en el proceso social.

Para la práctica laboral, el pronunciamiento es relevante porque modera una tendencia que en ocasiones otorgaba a los informes de Inspección un peso casi determinante en la impugnación de despidos colectivos. Según Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, «las conclusiones jurídicas de un informe de la Inspección de Trabajo no vinculan a los órganos judiciales; la calificación final corresponde en exclusiva a los tribunales». Añade que la resolución «modera una tendencia jurisprudencial que en ocasiones ha resultado excesivamente formalista» en cuanto a la documentación exigible durante el periodo de consultas, e introduce «un criterio de proporcionalidad y funcionalidad» al no considerar toda omisión documental como causa de nulidad.

El fallo refuerza, además, la exigencia de que el deber de negociar de buena fe no se confunda con la obligación de alcanzar un acuerdo. La sentencia recuerda que la empresa únicamente está obligada a aportar aquella documentación adicional que resulte pertinente para el desarrollo efectivo de la negociación colectiva, cerrando la puerta a peticiones genéricas o no justificadas.

Finalmente, la resolución desestima las pretensiones de revisión de hechos probados por considerar que la parte recurrente incurría en una «prueba negativa» —mera alegación de inexistencia de pruebas— que la jurisprudencia de la Sala rechaza de manera constante. Este refuerzo doctrinal tendrá incidencia en futuras impugnaciones de despidos colectivos, en las que las comisiones negociadoras deberán fundamentar sus objeciones en hechos contrastados y no solo en informes de Inspección con valoraciones jurídicas. La sentencia se encuentra pendiente de publicación en el CENDOJ.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Recurso de casación interpuesto por la comisión negociadora de las trabajadoras de Mopripel S.L. contra la sentencia del TSJ de Andalucía que declaró ajustado a derecho el despido colectivo de nueve empleadas.
  • Datos importantes: STS 564/2026, de 23 de junio; desestimación del recurso; indemnización legal de 20 días por año no abonada por insolvencia; concurso sin masa posterior; ponente Isabel Olmos Parés.
  • Fecha de los juicios: La sentencia del TSJ de Andalucía fue objeto de recurso de casación resuelto el 23 de junio de 2026; la noticia se publica el 13 de julio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: N/A (procedimiento laboral de impugnación de despido colectivo).

Indemnización a Sacyr: el Tribunal Supremo da la razón a la constructora y obliga a pagar al Estado

Amparo Soler
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Indemnización a Sacyr: el Tribunal Supremo da la razón a la constructora y obliga a pagar al Estado

El Tribunal Supremo acaba de dar un nuevo varapalo al Estado. Ha estimado el recurso de Sacyr y obliga al Gobierno a recalcular ya —sin más demoras— la indemnización que debe pagar por el rescate de las autopistas radiales R‑3 y R‑5 de Madrid. Un litigio que dura más de diez años y que ya ha costado 1.684 millones de euros a las arcas públicas, según Eurostat.

Qué dice exactamente la sentencia del Supremo

El fallo, fechado el pasado 2 de junio, anula la resolución complementaria que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2023. Esa resolución fijaba una Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de 570 millones de euros para la concesionaria de las radiales R‑3 y R‑5, y un tramo de la M‑50. El Supremo considera que el cálculo sigue sin ajustarse a derecho y reprocha al Ejecutivo una demora «más que prudente», instándole a dictar la liquidación definitiva sin más dilaciones.

El alto tribunal se apoya en la misma jurisprudencia que ya había aplicado en sentencias anteriores sobre el rescate de nueve autopistas quebradas. De hecho, la cifra de 570 millones ya era 451 millones superior a la primera estimación del Gobierno, que también fue anulada por el propio Supremo. Ahora, el Estado tendrá que volver a sentarse con papel y lápiz para calcular correctamente el valor de una infraestructura que ya es pública y que gestiona la sociedad estatal SEITT.

Por qué este fallo importa a la seguridad jurídica de España

Vamos por partes. Sacyr ya no explota esas autopistas; la deuda financiera de la quiebra la compraron fondos de titulación como TDA, Bothar y Kommunalkredit. Pero el Supremo deja claro que la constructora mantiene un interés legítimo suficiente para impugnar el cálculo. No reclama el dinero de la deuda original, sino que la RPA se cuantifique de forma legal. Y eso es justo lo que el tribunal le ha reconocido.

El detalle que casi nadie cuenta: la R‑3 y la R‑5 formaban parte de una concesión única adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC, con un plazo de 50 años. Entraron en servicio en pleno boom económico (2004), quebraron con la crisis financiera y en 2012 entraron en concurso. Desde entonces, el Estado ha ido pagando compensaciones provisionales por todas las autopistas rescatadas: 134 millones por la R‑4, 319 por la A‑36, 41 por la A‑41, 278 por la AP‑7 Cartagena‑Vera, 307 por la AP‑7 Alicante, 46 por la M‑12, y cero euros por la R‑2.

Para cualquier inversor internacional, que un tribunal superior obligue al Estado a pagar correctamente y sin más demoras es un mensaje de que España respeta la seguridad jurídica. La imagen país se juega mucho: si los contratos de concesión se liquidan con fórmulas que los tribunales acaban tumbando, la confianza se resiente.

El Supremo urge a cerrar ya una liquidación que acumula más de diez años de litigios y reprocha al Gobierno una tardanza «más que prudente».

Un precedente que arrastra más de 1.600 millones y no ha terminado

Conviene recordar que el rescate de las nueve autopistas radiales ha sido el mayor quebradero de cabeza financiero derivado de las concesiones del boom constructor de principios de siglo. Aquellas infraestructuras se diseñaron con previsiones de tráfico que nunca se cumplieron y, cuando llegó la crisis, el agujero fue colosal. El Estado tuvo que crear la SEITT para absorber activos y evitar cortes de servicio, y desde entonces no ha dejado de pagar. Los 1.684 millones desembolsados son solo el principio, porque la mayoría de las autopistas aún está en la fase de segunda resolución.

El fallo del Supremo no es una sorpresa: el tribunal ya había fijado doctrina en casos similares, anulando los cálculos iniciales del Ejecutivo por no ajustarse a derecho. Lo novedoso es el tono de urgencia con que se dirige al Gobierno, casi un mandato: «sin necesidad de más demora». Para el lector español, esto significa que los próximos meses veremos nuevas liquidaciones y, muy probablemente, una factura final que supere con creces lo abonado hasta ahora.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de Sacyr contra la liquidación de la RPA de las autopistas radiales R‑3 y R‑5, anulando la resolución del Gobierno de diciembre de 2023.
  • Datos importantes: Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ha costado 1.684 millones de euros. La indemnización para esta concesión ascendía a 570 millones en el cálculo anulado.
  • Resumen: La sentencia refuerza la seguridad jurídica en España al obligar al Estado a pagar lo que realmente corresponde, pero disparará la factura final para el erario público.

La inteligencia artificial de código abierto china supera a los modelos de EE.UU. en potencia y precio

Jack Williams
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La inteligencia artificial de código abierto china supera a los modelos de EE.UU. en potencia y precio

Los modelos de inteligencia artificial más potentes del mundo, según los índices de capacidad, ya no llevan la bandera de Silicon Valley. Son chinos, se descargan gratis y funcionan a una fracción del coste de sus rivales estadounidenses. Pero detrás de la etiqueta de ‘código abierto’ se esconde una estrategia geopolítica que Washington sigue con lupa.

China toma la delantera en los modelos de IA abiertos

El ranking compuesto de Artificial Analysis es inequívoco: GLM-5.2, MiniMax-M3, DeepSeek V4 Pro y Kimi K2.6 ocupan los cuatro primeros puestos. Todos son chinos, todos provienen de laboratorios con respaldo masivo de capital y todos se ofrecen bajo licencias permisivas que permiten descargar sus pesos —los parámetros numéricos del modelo terminado— y ejecutarlos en máquinas propias. DeepSeek V4 Pro llega a costar cuatro céntimos de dólar por tarea en determinados benchmarks, más de veinte veces menos que GPT 5.5 y cuarenta veces menos que Claude Opus 4.8. GLM-5.2, por su parte, maneja 744.000 millones de parámetros totales con una arquitectura de mezcla de expertos que activa solo 40.000 millones por token, como una ciudad que mantiene apagadas la mayoría de sus luces en cada momento.

Estos modelos procesan un millón de tokens de contexto —una biblioteca entera o el código completo de una aplicación— y permiten al usuario decidir cuánto razonamiento quiere gastar: pensar un poco, pensar mucho o no pensar en absoluto. El salto de 2024 a 2026 ha convertido la pregunta «¿qué quieres saber?» en «¿cuánta cognición dedicamos a esto?».

La ilusión del código abierto: pesos libres, recetas secretas

La Open Source Initiative (OSI) marca una línea roja: un sistema de IA es realmente abierto sólo si proporciona los datos, el código y los parámetros necesarios para estudiar, modificar y compartir el sistema. Lo que ofrecen los gigantes chinos es otra cosa: pesos abiertos, el plato congelado con la lista de ingredientes impresa en la caja, no el libro de cocina. Cualquiera puede descargar el modelo, ajustarlo y construir productos sobre él; casi nadie puede reproducir cómo se fabricó. Los datos de entrenamiento y el código que permitirían auditar el proceso permanecen, en su mayor parte, sin revelar.

La gran paradoja de esta era: los modelos abiertos amplían la participación en los márgenes, pero concentran el poder en el centro. Aaron Shaw y Benjamin Mako Hill observaron hace años que los sistemas colaborativos, al escalar, tienden a la oligarquía. El ecosistema actual de pesos abiertos reproduce esa dinámica a escala industrial: las catedrales distribuyen sus productos a través del bazar. DeepSeek cerró una ronda de financiación superior a los 7.000 millones de dólares, Moonshot AI levantó cerca de 2.000 millones y Alibaba sigue invirtiendo en su línea Qwen mientras integra esos modelos en comercio y robótica. No son colectivos de voluntarios; son actores industriales que practican lo que podríamos llamar una apertura estratégica.

La diferencia entre publicar un libro de recetas y vender una cena congelada es justamente la que separa el conocimiento del simple acceso. Ambos te permiten comer, pero solo uno te deja cocinar. En el terreno empresarial, la cena congelada resulta irresistible: funcional, asequible y sin suscripción a la cocina de otro. El coste por tarea de DeepSeek V4 Pro es hasta 40 veces menor que el de Claude Opus 4.8.

El dominio chino no es un accidente de mercado: es la ejecución de un plan de apertura calculada que persigue capturar el ecosistema global de la inteligencia artificial.

La Lógica de Washington

Desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, la lectura de este fenómeno se aleja de la fascinación tecnológica para centrarse en la seguridad nacional. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EE.UU. y China ya ha advertido de que Pekín ha apostado decididamente por una estrategia de modelos abiertos, usando la publicación gratuita y los precios agresivos para acelerar la adopción global y retroalimentar la iteración. Y el plan está funcionando. Estados Unidos mantiene controles a la exportación de chips avanzados y ha inyectado miles de millones en la CHIPS Act para relocalizar la fabricación de semiconductores. Pero el fenómeno de los pesos abiertos sortea parcialmente esas barreras: los modelos terminados viajan sin hardware, y la barrera de entrada para usarlos es mínima.

La gran pregunta que se hace Washington es si la apertura de estos modelos acelera la dependencia occidental de infraestructuras controladas por Pekín. La lógica es similar a la que en los años noventa llevó al Departamento de Justicia a mirar con recelo el software libre respaldado por grandes corporaciones: la promesa de democratización convivía con un riesgo de captura del ecosistema. Hoy la escala es global y el adversario es un competidor sistémico. Para España y la Unión Europea, el impacto es doble. Por un lado, la posibilidad de acceder a modelos punteros a coste irrisorio puede acelerar la digitalización de pymes y administraciones. Por otro, introduce un vector de dependencia tecnológica difícil de auditar: los datos de entrenamiento son opacos, y la trazabilidad de sesgos o puertas traseras se vuelve imposible.

Mientras la UE debate su propia regulación y Francia impulsa alternativas como Mistral, el atractivo inmediato de los modelos chinos —precios hasta cuarenta veces inferiores a los de sus rivales estadounidenses— amenaza con erosionar cualquier intento de soberanía digital construido sobre costes prohibitivos. La Reserva Federal y los reguladores financieros también observan: si el sector bancario europeo empieza a integrar estos modelos en sus procesos de análisis, la exposición al riesgo de suministro tecnológico controlado por un actor externo crecerá exponencialmente. La próxima revisión del marco de control de exportaciones, prevista para finales de 2026, será un termómetro de hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para frenar lo que algunos en el Partido Republicano califican ya de «guerra de pesos».

Ficha del Caso

  • El caso: Los cuatro modelos de inteligencia artificial más potentes que se pueden descargar libremente son chinos, desarrollados por laboratorios como DeepSeek y Alibaba. Se presentan como ‘código abierto’, aunque sus datos de entrenamiento siguen siendo secretos.
  • Datos clave: DeepSeek V4 Pro cuesta 4 céntimos por tarea, 20 veces menos que GPT 5.5 y 40 veces menos que Claude Opus 4.8. GLM-5.2 maneja 744.000 millones de parámetros. La financiación de DeepSeek supera los 7.000 millones de dólares.
  • Para España: La adopción masiva de estos modelos podría acelerar la digitalización a bajo coste, pero genera una dependencia tecnológica de Pekín difícil de auditar y con posibles riesgos de seguridad.

Crisis del plátano de Canarias: los precios en origen caen a 0,76 euros/kilo y el sector alerta de venta con pérdidas

Marta Iglesias
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Crisis del plátano de Canarias: los precios en origen caen a 0,76 euros/kilo y el sector alerta de venta con pérdidas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El precio en origen del plátano de Canarias cayó a 0,76 euros/kilo en la semana 27, por debajo del umbral de rentabilidad.
  • ¿Quién está detrás? Los datos del Ministerio de Agricultura (MAPA) y el comercializador Bonora confirman la caída, con proyección de 0,60 euros para la semana 28.
  • ¿Qué impacto tiene? Los agricultores venden con pérdidas generalizadas; la interprofesional Asprocan impulsa la exportación a Marruecos y la donación al Banco de Alimentos como medidas de emergencia.

El precio en origen del plátano de Canarias ha caído hasta los 0,76 euros por kilo en la semana 27, por debajo del umbral de rentabilidad que se sitúa entre 0,70 y 0,80 euros.

La caída de precios amenaza con profundizarse

Según el Informe Semanal de Coyuntura del MAPA, correspondiente a la semana 27 (del 29 de junio al 5 de julio de 2026), el valor medio en origen se desplomó un 17% respecto a la semana anterior, cuando marcaba 0,91 euros. La caída coloca a los plataneros en venta con pérdidas, ya que los costes de producción oscilan entre los 0,70 y los 0,80 euros por kilo, sin contabilizar aún la ayuda europea del Posei —de hasta 0,34 euros por kilo—.

Las previsiones para la semana 28, que abarca del 6 al 12 de julio, son aún más sombrías. Fuentes del sector consultadas por Moncloa.com apuntan a que el precio medio podría rondar los 0,60 euros, lo que supondría pérdidas generalizadas para toda la fruta comercializada en la Península. El escenario evoca el verano de 2025, cuando el precio se hundió hasta los 0,40 euros.

La combinación de una demanda débil en el mercado peninsular durante el periodo estival y una producción elevada en las islas explica el colapso. Actualmente, los envíos semanales se mantienen en torno a los 5,5 millones de kilos, mientras que la marca de embarque para la semana 29 asciende a 5,58 millones de kilos.

Las medidas de emergencia: exportación a Marruecos y Banco de Alimentos

Ante este escenario, la interprofesional Asprocan ya ha aprobado apoyar con 0,15 euros por kilo la exportación de fruta a Marruecos, una iniciativa que no todas las organizaciones de productores de plátanos (OPP) comparten. Tanto Coplaca como Europlátano han realizado envíos al país africano, mientras que la entrega al Banco de Alimentos también se ha reactivado como medida de alivio.

La posibilidad de activar la pica —la eliminación en origen de la fruta para reducir la oferta— sobrevuela el sector. Se trata de una medida impopular que requiere la autorización de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y que ya se aplicó en crisis pasadas.

Los productores canarios no solo luchan contra el mercado: también contra la estacionalidad que, verano tras verano, convierte su principal cultivo en una ruina.

El comercializador Bonora, vinculado a la OPP Unión Platanera Canaria, reconoce en su análisis que «el mercado continúa prácticamente en la misma situación de las últimas semanas, con oferta por encima de la demanda y sin un cambio de tendencia». Las altas temperaturas y la abundancia de fruta de temporada agravan un escenario que, según este operador, «seguirá siendo complejo» hasta que se equilibren oferta y demanda.

El Pulso Territorial

La crisis del plátano coloca al Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo del PP, ante una situación de alta sensibilidad agrícola. La Consejería de Agricultura, dirigida por Narvay Quintero, deberá decidir en las próximas semanas si autoriza la pica, una herramienta siempre polémica entre los productores. La tensión en Asprocan es evidente: no todas las OPP respaldan las medidas de exportación compensada.

A diferencia de otras crisis agrarias peninsulares, donde la diversificación de mercados y la cercanía a los centros de consumo atenúan el golpe, el plátano canario depende casi en exclusiva del consumo en la Península y Baleares. Ese monocultivo de un solo destino convierte cada verano en una prueba de supervivencia para las más de 7.000 explotaciones plataneras de las islas. Con el precio en caída libre, el colchón del Posei se revela insuficiente para evitar los números rojos, como ya ocurrió en 2025.

La previsión para agosto no invita al optimismo: el calor y la fruta de temporada seguirán desplazando al plátano del carro de la compra, mientras la producción canaria se mantiene en niveles elevados. El sector mira ya a septiembre como un posible punto de inflexión, siempre que las medidas de gestión de oferta —incluida la pica— se activen a tiempo. El próximo movimiento de Asprocan y la Consejería será determinante para que la crisis no se convierta en una hemorragia sin precedentes.

Ficha Autonómica

  • El caso: El precio en origen del plátano de Canarias ha caído por debajo de los costes de producción en la semana 27, situándose en 0,76 euros/kilo, con proyecciones de 0,60 euros en la semana 28.
  • Datos importantes: Los costes oscilan entre 0,70 y 0,80 euros/kilo; la ayuda del Posei añade hasta 0,34 euros. Los envíos semanales rondan los 5,5 millones de kilos.
  • Resumen: La venta con pérdidas es ya una realidad que podría agravarse en agosto. Asprocan ha activado la exportación subvencionada a Marruecos y las donaciones al Banco de Alimentos, mientras se debate si se recurrirá a la ‘pica’ para reducir la oferta.

El riesgo de apagón en Colombia: 204.000 millones por hora que inquietan a Iberdrola y Endesa

Amparo Soler
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El riesgo de apagón en Colombia: 204.000 millones por hora que inquietan a Iberdrola y Endesa

Un apagon en Colombia costaría 204.000 millones de pesos por cada hora sin luz. Esa cifra, convertida a euros, supera los 45 millones. Y buena parte de esa factura recaería sobre dos de las mayores eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa, con inversiones millonarias en el país andino.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. La amenaza de un apagón en Colombia pone en riesgo los activos y la reputación de Iberdrola y Endesa, que suman más de 3.000 millones de euros en inversiones en generación y distribución. Además, un corte prolongado dañaría la imagen de España como socio energético fiable en América Latina.

Qué se juega España con un apagón en Colombia

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, lo ha dicho sin rodeos: “Enfrenta un riesgo real de apagón que exige medidas anticipadas”. En su cuenta de X, Restrepo confirmó el inicio del fenómeno de El Niño y situó la seguridad energética como “asunto de máxima prioridad” para el gobierno entrante. La advertencia llega en un momento especialmente delicado: más del 70 % de la electricidad colombiana depende de centrales hidroeléctricas, y la sequía reduce los embalses a un ritmo alarmante.

Las dos compañías españolas, con una capacidad instalada conjunta que ronda los 1.500 megavatios, llevan años apostando por Colombia. Endesa, a través de su filial Enel-Codensa, controla una parte importante de la distribución en Bogotá. Iberdrola, por su parte, opera centrales hidroeléctricas y parques solares. Un apagón no solo mermaría sus ingresos operativos, sino que dispararía las primas de riesgo país, encareciendo la financiación de futuros proyectos.

La apuesta por la inversión privada como tabla de salvación

En el encuentro con los generadores, Restrepo defendió que la solución pasará por “articulación, diálogo y salidas conjuntas” entre el Estado y las empresas. En otras palabras, el nuevo Ejecutivo no contempla nacionalizaciones ni intervenciones drásticas; al contrario, necesita que los inversores mantengan y amplíen su presencia para evitar el colapso. Un mensaje que, de cumplirse, tranquilizaría a los accionistas de Iberdrola y Endesa, cuya cotización podría resentirse si el riesgo se materializa.

Sin embargo, la sombra de la crisis de 2015 —cuando una sequía obligó a cortes programados— demuestra que las promesas gubernamentales no siempre bastan. Entonces, el país logró sortear la emergencia con lluvias tardías, pero el sistema quedó al borde. Ahora, con un Niño más intenso según los pronósticos, el margen de maniobra es menor. Para las eléctricas españolas, la lección es clara: necesitan diversificar fuentes y asegurar contratos de suministro para no quedar atrapadas en un eventual racionamiento.

Cada hora sin suministro eléctrico le costaría a Colombia más de 45 millones de euros, una factura que las filiales de Iberdrola y Endesa sufrirían directamente en sus balances.

Lecciones de 2015: por qué la reputación energética española está en juego

En 2015, Colombia ya vivió una emergencia por sequía que obligó a imponer cortes programados. Aquella vez, las empresas extranjeras —incluidas las españolas— capearon el temporal gracias a contratos a largo plazo y a una rápida respuesta regulatoria. Pero el episodio dejó una cicatriz: los inversores internacionales dudaron de la estabilidad del sistema. Ahora, con un Gobierno que apenas arranca, la confianza vuelve a estar en el alambre. Para España, que aspira a liderar la transición energética en América Latina, cualquier fallo en la protección de sus empresas dañaría su imagen como socio estratégico.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El vicepresidente electo de Colombia alerta del riesgo real de apagón ante la sequía de El Niño, con un coste estimado de 204.000 millones de pesos por hora.
  • Datos importantes: Iberdrola y Endesa operan en Colombia con más de 1.500 MW de capacidad; el país depende en un 70 % de hidroelectricidad; la crisis de 2015 dejó precedentes de cortes programados.
  • Resumen: Un apagón golpearía los balances de las eléctricas españolas y pondría en duda la seguridad de las inversiones españolas en energía en América Latina.

Incendio en el Matarraña (Teruel): 350 hectáreas de alto valor ecológico arrasadas y nivel 2 activado

Marta Iglesias
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Incendio en el Matarraña (Teruel): 350 hectáreas de alto valor ecológico arrasadas y nivel 2 activado

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un incendio forestal en Peñarroya de Tastavins, en los Puertos de Beceite (Teruel), ha calcinado entre 300 y 350 hectáreas de alto valor ecológico.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Aragón activó el nivel 2 de alerta y movilizó a más de 100 efectivos, con apoyo de la UME y medios de la Comunidad Valenciana.
  • ¿Qué impacto tiene? Se han desalojado masías y un hotel rural; la carretera A-1414 está cortada. Las autoridades vigilan la evolución del viento para proteger la zona de los Puertos.

El incendio declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins, en la comarca turolense del Matarraña, ha arrasado ya entre 300 y 350 hectáreas de los Puertos de Beceite, un espacio de alto valor ecológico. El Gobierno de Aragón mantiene el nivel 2 de alerta y ha desplegado un dispositivo de más de cien efectivos.

Despliegue de medios y evacuaciones en la zona afectada

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha detallado que trabajan en la extinción 18 brigadas forestales, apoyadas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios aéreos de la Comunidad Valenciana. Las condiciones son complejas por lo abrupto del terreno y la densidad del bosque. “La situación sigue siendo preocupante, pero no tanto como antes”, ha afirmado el consejero.

Los equipos han desalojado varias masías y el Hotel Torre del Marqués, cuyos huéspedes fueron realojados en el Hotel Ciudad de Alcañiz. Además, una boda de una veintena de italianos ha tenido que interrumpirse; los asistentes optaron por marcharse. Se ha lanzado un aviso de alerta (Es Alert) a los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo para que los vecinos permanezcan en sus viviendas y esperen indicaciones de la Guardia Civil.

La carretera A-1414 ha quedado cortada al tráfico para facilitar las labores de extinción. Más de cien efectivos luchan contra las llamas en un operativo que se mantendrá mientras dure la emergencia.

El origen del fuego y la carrera contra el viento

Los investigadores apuntan a que el fuego pudo originarse en un transformador de un grupo electrógeno situado en una explotación de Peñarroya de Tastavins. El flanco derecho es el que más preocupa a las autoridades, ya que avanza hacia los Puertos de Beceite y podría saltar el arroyo próximo. “Estamos intentando que el incendio no salte el arroyo. Mejora con el viento”, ha trasladado Bermúdez de Castro.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha confirmado que Ráfales no corre peligro de desalojo inminente, pese a los temores iniciales. La evolución del tiempo es ahora el factor decisivo; los cambios en la dirección del viento pueden complicar o aliviar la situación en las próximas horas.

La protección de los Puertos de Beceite, un enclave natural de primer orden en Teruel, marca el pulso de esta intervención.

El Pulso Territorial

El fuego en el Matarraña pone a prueba la capacidad de respuesta del ejecutivo de Jorge Azcón (PP), que gobierna en coalición con Vox y el apoyo externo del PAR. El consejero Bermúdez de Castro ha asumido el mando coordinado, y la rápida activación del nivel 2 demuestra que el protocolo autonómico funciona bajo presión. Sin embargo, las 350 hectáreas calcinadas en un paraje de alto valor turístico y ambiental reabren el debate sobre la prevención de incendios en el Aragón rural.

Aunque la superficie afectada es muy inferior a la del incendio de Ateca de 2022 (más de 14.000 hectáreas), su localización en los Puertos de Beceite eleva la alarma. La zona, destino habitual de turismo extranjero y de bodas como la interrumpida, genera un importante impacto económico para la comarca. El precedente de grandes incendios en Teruel —como el de 2009 en la Sierra de Albarracín— recuerda lo vulnerable del territorio cuando se combinan sequía, viento y dificultad de acceso. Mientras los servicios de emergencia luchan por contener el flanco derecho, la prioridad es evitar que las llamas alcancen el corazón del espacio protegido. La investigación sobre el origen eléctrico del suceso avanza en paralelo.

Ficha Autonómica

  • El caso: Incendio forestal declarado el 12 de julio de 2026 en Peñarroya de Tastavins, en el Matarraña (Teruel), que ha afectado a los Puertos de Beceite, espacio de gran valor ecológico.
  • Datos importantes: Entre 300 y 350 hectáreas calcinadas; nivel 2 de alerta activado; más de cien efectivos, con participación de la UME y apoyo de la Comunidad Valenciana; desalojo de masías, un hotel y una boda; carretera A-1414 cortada.
  • Resumen: El flanco derecho es la zona más crítica. El viento está mejorando, pero la evolución meteorológica decidirá las próximas horas. Se investiga un posible origen eléctrico. El municipio de Ráfales no corre peligro inmediato de evacuación.

Privatización sanitaria Valencia: Ribera Salud y Sanitas pagan 45,8 millones pero recurren al TSJ

Amparo Soler
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Privatización sanitaria Valencia: Ribera Salud y Sanitas pagan 45,8 millones pero recurren al TSJ

La Conselleria de Sanidad ha ingresado 45,8 millones de euros de las concesionarias Ribera Salud y Sanitas tras reclamarles el coste de las atenciones oncológicas que sus pacientes recibieron en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), una fundación privada nutrida casi en su totalidad por fondos de la Generalitat. Las empresas han recurrido la reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), aunque la justicia ya rechazó sus medidas cautelares y las obligó a desembolsar el dinero.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Generalitat ha cobrado 45,8 millones a Ribera Salud y Sanitas por pacientes oncológicos derivados al IVO, pero las empresas han presentado un recurso contencioso-administrativo.
  • ¿Quién está detrás? La Conselleria de Sanidad del gobierno de Carlos Mazón (PP) reclama pagos que se remontan a 2012, en plena investigación del Tribunal de Cuentas por doble financiación.
  • ¿Qué impacto tiene? El litigio pone en cuestión el modelo de hospitales privatizados y los contratos de concesión sanitaria en la Comunitat Valenciana.

Una deuda de 45,8 millones por doble financiación

El origen del conflicto está en un informe de la Sindicatura de Comptes que activó una investigación del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador nacional de los fondos públicos. Según esa pesquisa, entre 2013 y 2023 la Conselleria de Sanidad pagó dos veces por el mismo paciente oncológico: primero a la concesionaria, mediante la prima capitativa anual del contrato de gestión privada, y después al IVO cuando esos pacientes elegían tratarse allí. La doble facturación afecta a departamentos de salud privatizados gestionados por Ribera Salud y Sanitas, cuyos pacientes oncológicos se derivaban al IVO por decisión propia o clínica.

En cuanto la Conselleria tuvo constancia del informe, reclamó 16,6 millones de euros a Ribera Salud y 29,2 millones a Sanitas. Esta última ha detallado que en enero de 2026 abonó 28,8 millones correspondientes al periodo 2012-2023 y otros 485.000 euros en mayo de 2026 por los servicios de 2024. El desembolso total ya está en las arcas autonómicas, pero las empresas han impugnado la exigencia por la vía judicial.

La sanidad pública valenciana pagó dos veces por el mismo paciente: una vez a la empresa privada por la prima y otra al IVO por su tratamiento.

El recurso de las concesionarias y sus argumentos

Sanitas, a través de su filial Especializada y Primaria l’Horta Manises S.A.U., sostiene que la reclamación no tiene respaldo en el contrato de concesión firmado en 2006. Según fuentes de la compañía, los gastos del IVO nunca formaron parte de las obligaciones asumidas y la Conselleria no emitió requerimiento alguno hasta octubre de 2024, dieciocho años después de la firma. “La concesionaria no tiene relación contractual ni económica con el IVO, ni tomó la decisión de derivar pacientes”, argumentan.

Ribera Salud confirmó el pago y la presentación del recurso, pero declinó hacer más valoraciones. Ambas empresas han acudido al TSJ, el máximo tribunal regional, para que determine si deben asumir unos costes que, según ellas, corresponden a los conciertos sanitarios de la propia Administración. Mientras se resuelve el fondo del asunto, los 45,8 millones permanecen en poder de la Generalitat.

El Escenario Valenciano

La polémica reabre el debate político sobre el modelo de hospitales privatizados que el PP extendió con el denominado modelo Alzira. El anterior gobierno del Botànic (PSPV y Compromís) revirtió a la gestión pública los departamentos de Alzira, Torrevieja y Dénia, y dejó encarrilada la de Manises. Carlos Mazón, al llegar a la presidencia en 2023, finalizó esas reversiones pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en Elche-Vinalopó, con base en unas auditorías de calidad que nunca se han hecho públicas. Ahora, el litigio del IVO tensa aún más la relación entre la Conselleria y los operadores privados.

A nivel nacional, el caso tiene eco porque el Tribunal de Cuentas investiga un supuesto perjuicio contable que podría abrir responsabilidades. Además, la controversia sobre los pagos duplicados cuestiona los mecanismos de control de las concesiones sanitarias, una fórmula que el Partido Popular defiende y que el PSOE y Compromís critican. La posición del Gobierno de Pedro Sánchez es de observación, aunque fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que los fondos autonómicos deben fiscalizarse con rigor. En el horizonte inmediato, el TSJ deberá pronunciarse sobre el recurso contencioso-administrativo y marcar un precedente sobre quién paga la atención oncológica en los departamentos privatizados.

Ficha del Caso

  • El caso: La Conselleria de Sanidad reclamó a Ribera Salud y Sanitas 45,8 millones de euros por los costes de las derivaciones oncológicas al IVO entre 2012 y 2024, bajo la sospecha de que la Administración pagó dos veces por el mismo paciente.
  • Datos importantes: Sanitas abonó 28,8 millones (enero 2026) y 485.000 euros (mayo 2026); Ribera Salud, 16,6 millones. Las empresas han recurrido ante el TSJ y la justicia ya rechazó las medidas cautelares.
  • Resumen: El litigio, que se desarrolla en paralelo a una investigación del Tribunal de Cuentas, pone en entredicho el modelo de hospitales privatizados y la claridad de los contratos de gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana.
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