’11-M desde dentro’, el libro de Villarejo sobre los atentados

El excomisario José Manuel Villarejo empezó un libro sobre los atentados yihadistas de marzo de 2004, al que le puso el nombre de ’11-M desde dentro’. Al menos, redactó un índice con siete partes y un epílogo. En él hay alusiones a la eventual autoría intelectual de Francia y Marruecos, y se menciona un apoyo «puntual» de ETA en los preparativos mediante «asesores externos» que los engloba con «espías de Irak e Irán», según el documento al que ha tenido acceso MONCLOA.COM en exclusiva.

La «escaleta» del libro, en palabras del policía hoy en prisión, se elaboró a principios de 2006. Puso la fecha del 28 de enero de ese año, por lo que aún no habían pasado dos años del peor atentado terrorista en la historia de Europa. En ese momento, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo seguía con la instrucción del caso ya que la investigación terminó en abril de 2006.  

De la lectura del índice, da la impresión que Villarejo quiso plasmar en varias páginas un resumen de lo que él había vivido en aquel marzo de 2004 y en los meses posteriores, con el fin de que no se le olvidara ya que varios enunciados tienen un desarrollo más amplio. También parece que la redacción fue apresurada ya que contiene errores caligráficos de bulto -llama ‘Descayar’ al por entonces director del CNI, Jorge Dezcallar-. He aquí el desarrollo del índice de ’11M desde dentro’, tal y como lo plasmó Villarejo:

EL CALDO DE CULTIVO

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Primer capítulo del índice que elaboró Villarejo.

En esta extensa parte se habla de la «bofetada al gabacho», que puede ser una alusión al giro proestadounidense que tuvo el Gobierno de José María Aznar tras los atentados del 11-S en Estados Unidos. En ese punto se incluye «la visita del protector (París viaja a Madrid)», pero no se desvela quién del Ejecutivo francés vino a la capital española antes de los atentados.

En todo caso, no fue Jacques Chirac, quien tras una visita de Estado en 1999 no volvió a pisar suelo español hasta después de la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero. En sus memorias El compromiso del poder, Aznar describió la «estrecha relación» que tenían por aquel entonces Rabat y París como una «pinza» o una «tenaza» para España.

Y detalla cómo en una reunión que mantuvo con Chirac durante la presidencia española de la Unión Europea, el mandatario francés llegó a decirle: «Tratas a Mohamed peor que Sharon trata a los palestinos». (…) «Tenéis que empezar a devolverlo todo [Ceuta, Melilla, los peñones]», a lo que Aznar le respondió: «No tengo nada que devolver».

Durante la crisis de Perejil, Chirac fue condescendiente con Mohamed VI y paró una iniciativa europea de apoyo a España. Villarejo subraya en su índice que la respuesta española a la hora de recuperar el islote con una operación militar fue «inesperada», pero añade que la acción «no fue olvidada» y que tras ello, Rabat envió a París a un emisario, cuyo rastro fue seguido por las autoridades españolas.

Al final de este capítulo, el entonces agente encubierto hace hincapié en que hubo un «exceso de información por confidentes y escuchas», mientras que faltó el trabajo de traductores -se entiende que de lengua árabe-, un hecho que el CNI subsanó tras el 11-M.

«Dezcallar no tenía ni idea de nada y cuando el CNP le informó de la pista de ETA, rápidamente se quiso apuntar el tanto de la versión más posible y se tiró a la piscina»

También se habla de los «hermanos sirios», una clara alusión al Gobierno de Damasco, ya que los investigadores tuvieron los «ojos cerrados» con las llamadas telefónicas que se hicieron desde el Líbano a España el día de los atentados por culpa del «boicot de teléfonos». En aquella época, el régimen sirio controlaba una extensa parte del país de los cedros como si fuera un protectorado.

Asimismo, arremete contra el CNI y su «eterno limbo» durante el 11-M -habla del «comando de la tijera»– y en especial contra el jefe de los servicios secretos en ese momento, Jorge Dezcallar. «Descayar (sic) no tenía ni idea de nada y cuando el CNP le informó de la pista de ETA,» en las primeras horas tras los atentados, «rápidamente se quiso apuntar el tanto de la versión más posible y se tiró a la piscina con un informe donde se inventaba todo, desde las fuentes hasta el hipotético trabajo de campo que nunca hicieron».

En ese punto, enfatiza que los libaneses «se negaron a dar los datos del rastreo de una cabina» y que después mutilaron algunas de las llamadas para facilitárselas «al DB francés», refiriéndose al servicio secreto galo que opera fuera del Hexágono y que es conocido como la Dirección General del Servicio Exterior (DGSE).

También menciona el «trabajo fácil» que tenía París a la hora de controlar a ETA y a los «moritos» magrebíes, un hecho amplificado en el escrito que Villarejo ha enviado esta semana al juez Manuel García Castellón y al que ha tenido acceso El Español.

Sobre los etarras, apunta a que la banda terrorista hizo «ensayos» durante las Navidades «negras» de 2003, una clara referencia al intento de atentado que llevó  a cabo ETA en esa Nochebuena con una mochila de 25 kilos con explosivos en el tren Irún-Madrid que, por fortuna, fue interceptada por la Policía. Los miembros de ETA detenidos admitieron que habían colocado otras dos bombas en lineas férreas de Aragón.

LOS PREPARATIVOS

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Segundo capítulo del libro.

El primer punto de esta parte alude directamente a que los atentados fueron un «proyecto de inteligencia», que conllevó un «control» de los medios que Villarejo no especifica. La alusión al «auto-avituallamiento» puede estar vinculada con la información facilitada ayer por El Español tras tener acceso al escrito sobre el 11-M que el excomisario entregó esta semana al juez Manuel García Castellón.

Según esa versión del policía hoy en prisión, la operación de compra de 200 kilos de explosivos por parte de Jamal Ahmidan, alias El Chino, el 29 de febrero de 2004, era en realidad una «entrega controlada» por la Guardia Civil, que «con el fin de colocar un dispositivo de seguimiento» integró entre la dinamita «algún material explosivo existente en los depósitos de armas» del instituto armado.

El objetivo era crear un intento de atentado ficticio, una compra controlada de dinamita que serviría para detener a los presuntos terroristas en posesión de la munición y acreditar así su intención de atentar en suelo español de forma inminente. Pero, según Villarejo, algo salió mal.

En el proyecto de libro, el agente encubierto habla de «pistas cruzadas» y de una «transmutación milagrosa» de los yihadistas, que pasaron de ser «mediocres chorizos» a convertirse en «terroristas fanáticos».

Además, Villarejo anotó que hubo en los preparativos de los atentados un «apoyo puntual» de asesores «externos», entre los que cita a miembros de ETA y a espías «de IRAN-IRAK» sin precisar más datos.

LA ACCIÓN DEL 11-M

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Tercer capítulo.

En este capítulo se apunta que la autoría intelectual del 11-M partió de unos «directores de orquesta» que «hablaban en francés», refiriéndose a Francia y Marruecos. Los atentados, señala Villarejo, tuvieron una serie de «ingredientes» que el comisario no parece saber a comienzos de 2006 ya que desconoce si hubo «cus cus» (árabes), pil pil (vascos) o «un pupurrí de ambos», es decir que el 11-M pudo ser aderezado por yihadistas y etarras, un extremo que fue descartado luego en el juicio y su posterior sentencia.

Sobre la designación de los objetivos terroristas, el comisario se pregunta por qué se marcaron con sólo dos días de anticipación y tras ello, entra de lleno en los convulsos días posteriores por los que pasó España hasta las elecciones del 14-M. En concreto, se identifica con las críticas que hizo el PP al PSOE en vísperas de los comicios por las «técnicas de manipulación» mediante el uso de los SMS y el «agi-pro moderno».

En realidad, Villarejo se refiere al término ‘agitprop’, una estrategia de origen bolchevique y naturaleza revolucionaria que utiliza la propaganda y la agitación como instrumentos de influencia en la opinión pública, y que en la jornada de reflexión se plasmó en las concentraciones frente a las sedes del PP, la más importante de ellas la de Génova.

LOS CHAPUZAS

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Cuarta parte del índice del libro.

Esta parte del índice de ’11M desde dentro’ entra de lleno a la investigación de los atentados. Los primeros epígrafes versan sobre la famosa mochila que no explotó en la mañana de los atentados y que luego fue encontraba de madrugada en una comisaría de Vallecas. Villarejo es enigmático en esas primeras líneas pues la redacción tiene múltiples interpretaciones.

El ‘Principio de Peter’ tiene que ver con la jerarquía de la empresa y presenta la idea de que los ascensos de puesto son la causa del estancamiento profesional de empleados competentes. Los creadores de este término fueron Laurance J. Peter y Raymind Hull, autores del libro ‘The Peter Principle’ en 1969.

Villarejo no cita a nadie en concreto pero pudo referir, seguramente, a la cúpula policial que tuvo que investigar el 11-M en sus primeros compases. «Ocultan su estupidez y mediocridad, ya que SOLO defienden sus puestos de trabajo», se lamenta el adjunto al DAO en aquel momento antes de preguntarse la reflexión platónica asociada a la corrupción política: «Quis custodiet ipsos custodes?», es decir quién vigila a los propios vigilantes.

QUI PRODEST?

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Quinto capítulo de ’11M desde dentro’.

Villarejo recurre de nuevo en este capítulo a una de las locuciones latinas más conocidas. «Qui prodest?», es decir a quién beneficia el 11-M. El entonces comisario se lanza a elaborar una especie de tratado político. En su opinión, el PP es uno de los beneficiarios ya que se ha formado «el Gobierno de los PNN». Con esta etiqueta se minusvaloró el primer Ejecutivo de Adolfo Suárez, en el que primaba la juventud, de ahí que se les llamara de forma despectiva ‘el Gobierno de los profesores no numerarios’ (PNN).

El comisario apunta la existencia de una «partitocracia» y una novelesca «criptocracia» dentro de nuestra democracia. Este último término se refiere a «la Cripta», una unión político-económica en el que confluyen los intereses empresariales y el poder político.

Sobre el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya está en el poder, el comisario observa el retorno del «consejo de ancianos», en referencia a la vieja guardia guerrista que volvió a ocupar puestos de relevancia dentro del Ejecutivo. Incluso, varios actores políticos «quieren su parte… de los aplausos» dentro de la lista de beneficiarios.

En concreto, Villarejo cita a Josep Lluis Carolt (sic) Rovira, líder de ERC y que había tenido que dimitir como vicepresidente de la Generalitat catalana tras su reunión con la cúpula de ETA; y a Arnaldo Otegi, que dirigía Batasuna en aquellos primeros días de 2006 tras el anuncio de tregua de la banda terrorista.

LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO

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Sexta parte del libro de Villarejo.

Este capítulo es el más extenso de la escaleta del libro, aunque Villarejo se pierde por momentos en reflexiones de tipo moral con frases como «el honor es el último refugio del bribón» o la atribuida al secretario de Estado de Seguridad de 1986 a 1994, Rafael Vera: «Con la patria como con la madre, con razón o sin ella», aunque el comisario la escribe a su manera. 

El agente encubierto critica varios «olvidos» que se han producido durante la instrucción. El más polémico, aunque no lo cita expresamente, fue la excarcelación de Saed El Harrak ordenada por el juez Del Olmo y que se debió a un error burocrático al no prorrogarse la prisión preventiva. «El olvido como arma secreta para vencer en el 11M», anotó Villarejo.

Tras ello, arremete contra el juez instructor debido a sus «pecados por omisión» y al entonces jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por incumplir «los más elementales protocolos del cuerpo», en referencia a la polémica sobre la cadena de custodia de la mochila que no llegó a estallar. Sobre esto último, insinúa con «el timo del tocomocho», es decir que la bomba fuese colocada en la comisaría de forma deliberada mediante un cambiazo. «Cambios de pruebas, cambio de peritos, cambio de documentos… cambios y cambios», resumió.

QUID PRO QUO?

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Séptima parte de la escaleta del libro.

Este punto son las consecuencias del vuelco electoral del 14-M y la llegada al poder del PSOE, cuya primera medida política fue la retirada militar de Irak. Villarejo enumera los efectos del cambio en la política exterior española, empezando por Marruecos, con el que se mejoraron «ostensiblemente» las relaciones bilaterales de la mano de Zapatero, y subraya que el país vecino consiguió «beneficios en cascada» en asuntos como el Sáhara o la pesca.

El comisario también constata que la Francia de Chirac quedó tranquila al ver «la pérdida de sintonía» entre Madrid y la Administración Bush. Asimismo, España se convirtió «en aliada del mundo árabe» con iniciativas como la Alianza de Civilizaciones, al tiempo que se acercó al eje bolivariano -Venezuela, Cuba y Bolivia-.

EPITAFIO

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Conclusión final de Villarejo.

Villarejo llama «epitafio» -en vez de epílogo- a su última parte del índice, como si estuviera en un funeral. Sorprende la lectura de los puntos ya que vincula el 11-M con el proceso de «separación» de las regiones históricas. Al País Vasco le nombra con el término que se utilizaba durante el franquismo -Vascongadas-. Esa interpretación pudiera ser porque bajo el Gobierno de Zapatero se inició la reforma del Estatut catalán que, con el paso de los años, fue el caldo de cultivo para que el nacionalismo catalán se embarcase en el proyecto soberanista, aunque a la altura de 2006 fuese todo una pura quimera. 

Al abrigo de la iniciativa política de Pasqual Maragall, desde los Gobiernos vasco y gallego se pidieron actualizar sus respectivos estatutos, de ahí que Villarejo interpretase que había empezado el proceso de desmembración de España.

El segundo punto, en el que se habla del «negocio de la confrontación», es más alambicado. Posiblemente, el comisario recurrió de nuevo al vuelco electoral que se produjo el 14-M, del que se benefició el Grupo Prisa por la llegada de los socialistas al poder. «La oposición pierde», concluyó sobre el PP, que se encontraba aún en su particular travesía del desierto.

El misterio Kalaji, el policía que estuvo en todos los momentos del 11-M

Del mismo modo que se podía ver indistintamente a Ayman Maussili Kalaji con uniforme de Policía en la puerta de una comisaría del centro de Madrid, estaba en la escolta del juez Garzón o inmerso en una operación de la Brigada de Información, la inteligencia de la Policía, este español nacido en Siria estaba en tan diferentes lugares del 11M, que su figura es aún un misterio.

Maussili Kalaji (que son sus apellidos españolizados), hoy 60 años, vive con una pensión de retiro de la Policía en un pueblo de la provincia de Toledo pegado a la carretera A-5, a menos de 80 kilómetros de Madrid. Kalaji –que es como se le conoce– estuvo directa o indirectamente implicado en casi todos los momentos del 11M. Desde la liberación de las tarjetas con que se activaron los explosivos, como incluso en el hallazgo de la furgoneta Kangoo en Alcalá de Henares, clave para encontrar la autoría de los atentados, o las escuchas a “El Tunecino”.

Su aparición directa en el sumario del 11M tiene que ver con el rastro de los teléfonos móviles que se siguió a través de la mochila hallada intacta, con explosivos, en Vallecas, tras la terrible matanza. Bazar Top, la tienda de los hindúes, donde el comando compró los teléfonos móviles con que activaron las bombas, encargó la liberación de los móviles a la tienda de Kalaji, llamada Test Ayman. Un comercio que compatibilizaba con su trabajo de agente de Policía. De allí salieron los teléfonos móviles que se prepararían para meter en las mochilas y activar las bombas que mataron a 191 personas el 11M.

Fuentes de la investigación encuentran aquí un hilo que nunca se aclaró convincentemente. Las personas que encargaron el trabajo, según los testimonios de los empleados de la tienda, hablaban un idioma extraño, no árabe. Era búlgaro.

Maussili Kalaji fue identificado por los agentes que investigaban el atentado días después, parece que en torno al 17 de marzo, porque sobre esto también hay controversia, que no se aclaró en su declaración como testigo en el juicio del 11M. La versión extraoficial asegura que los conocimientos de Kalaji fueron claves para seguir la pista hasta el comando que estaba escondido en Leganés. Pero esto parece más propaganda extendida por los amigos de Kalaji, que los hay, en la Policía y en otros ámbitos.

Ayman Kalaji no es un policía con una carrera convencional. Nacido en Siria, llegó a España con 22 años, en 1981. En 1984 consiguió la nacionalidad española, al parecer como premio por servicios prestados al Estado. Después, entró en la Policía, algo también atípico. Según ha reconocido el propio Kalaji, formó parte del ejército sirio, donde, según él mismo ha declarado, “aprendí lo necesario para ser soldado… y alguna cosa más”. Algo más que motivó que la seguridad nacional siria lo enviara a un curso de especialización en la Unión Soviética. Un curso que Kalaji no ha detallado en sede judicial.

Diversas fuentes lo sitúan posteriormente en un campamento de Hezbollah, la milicia armada libanesa apoyada por Siria, impartiendo cursos de explosivos, pero esto no ha sido confirmado. Él solo ha negado “que mandara un campamento de entrenamiento”, no que fuera parte de él. Un informe del Telesforo Rubio, comisario General de Información, dice que los explosivos y los teléfonos se soldaron con gran celeridad, entre el 3 y el 8 de marzo, cuando éstos quedaron liberados.

LA DECLARACIÓN DE GARZÓN EN EL CONGRESO

Lo que sí está confirmado es que Kalaji trabajó en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Unidad volcada en el terrorismo islamista. Y que formó parte de la escolta del juez Baltasar Garzón, entre otros destinos en la Policía. Sus conocimientos de árabe y sus contactos en el mundo islamista lo hacían un agente de enorme valor. Entonces, ¿qué hacía vigilando, uniformado, con un fusil franchi, la entrada de una comisaría, un trabajo muy poco valorado en la Policía?

Según relató el propio Garzón en la comisión de Investigación del Parlamento sobre los atentados, hubo una operación clave contra el terrorismo islamista en 1989, con la incautación de un cargamento de armas en el puerto de Valencia. Y allí estaba Kalaji, como parte del operativo de inteligencia de la UCIE.

A Kalaji se le atribuye el control de diferentes confidentes encaramados en las estructuras terroristas yihadistas. Eso ocurrió en sus tiempos de la UCIE, de la que se fue, según su testimonio ante el juez “porque no estaba conforme” con algunas cosas en la forma de trabajar. Dejara o no la Unidad de Inteligencia de la Policía volcada en el yihadismo, lo que sí está claro es que Kalaji es una pieza más en el complicado entramado entre el juez Baltasar Garzón y el traficante de armas sirio Monzer Al-Kassar, condenado por el propio Garzón. Al-Kassar se pudre a día de hoy en una remota prisión de Estados Unidos, alejado de cualquier acceso a periodistas. Su papel parece entre oscuro y aprovechado en todo el movimiento de inteligencia que hubo en torno a la segunda guerra de Iraq y hasta el 11M.

LAS ESCUCHAS A ‘EL TUNECINO’

Lo que sí está comprobado es que Kalaji, además de conocer a Al-Kassar, sabía quién era el ideólogo del comando que perpetró el 11M, Sherhane Ben Fakhet, ‘El Tunecino’. Este terrorista de corte intelectual había sido controlado por los servicios de inteligencia de la Policía. Incluso por la propia hermana de Kalaji, Lina. Lina Massouli era traductora de la Policía y había tratado las intercepciones telefónicas con las que se controlaba a ‘El Tunecino’. Según la versión que en su momento trasladaron los amigos de Kalaji, se atribuye un aviso de Lina a sus superiores respecto a la peligrosidad de ‘El Tunecino’.

Las coincidencias de la vida de Ayman Masouli Kalaji con el 11M adquieren nuevos tintes cuando aparece en escena, en Alcalá de Henares, una furgoneta Renault Kangoo cargada de evidencias. Entre los agentes que acudieron a controlar esta furgoneta estaba una policía local llamada Marisol. Fuentes de la inteligencia llegan a atribuir a esta Marisol incluso el hallazgo de la furgoneta. Marisol sería una agente más, si no fuera porque se trataba de la exmujer de Ayman Masouli Kalaji. La Policía consideró que fue la furgoneta Kangoo la pieza clave de la investigación que conectó todos los escenarios y dio la pista clave. También fue la que permitió abandonar la primigenia tesis de que ETA era la autora de la matanza, y orientar la investigación hacia los grupos yihadistas, como así era en realidad.

Si a este puzzle se le añade la relación Kalaji-Garzón y se une la relación entre Garzón y el comisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, clave también en la investigación del 11M, es inevitable un cierto escalofrío.

Kalaji fue despachado en el juicio por el 11M con apenas quince minutos de interrogatorio. La Fiscalía pasó de puntillas por su testimonio y las defensas lanzaron algunas preguntas graneadas pero poco orientadas. Kalaji solo se incomodó cuando le preguntaron por su pasado militar en el Ejército sirio: “No sé qué tiene que ver esto”, dijo. El juez Bermúdez le cortó diciendo que era él quien decidía qué tiene que ver y conminándole a responder a la pregunta. Kalaji se fue con una respuesta genérica y no aclaró qué aprendió en la Unión Soviética durante esos seis meses de entrenamiento especializado.

 

‘Pepu’ rehúye el debate con los otros candidatos del PSOE a Madrid

La primera acepción en el diccionario de la Real Academia Española de la palabra debatir es la siguiente: “Dicho de dos o más personas: discutir un tema con opiniones diferentes”. Por lo que el debate de posibles candidatos al Ayuntamiento de Madrid del PSOE no puede considerarse como tal. Entre Chema Dávila, Pepu Hernández y Manuel de la Rocha no ha habido discusión, ni opiniones diferentes, o por lo menos no lo suficientemente significativas, sobre todo por la posición a la defensiva del candidato de Pedro Sánchez.

El debate tuvo lugar ayer día 6 de febrero a las 11:00 de la mañana en la serie del PSOE en la calle Ferraz, a puerta cerrada y con la delegada de Europa Press Madrid, Cristina Gil, como moderadora y limitándose a dar el turno de palabra. El encuentro estaba organizado en tres bloques temáticos, con tres minutos de tiempo para cada candidato en cada uno de ellos y sin posibilidad de réplica, método del agrado de Hernández ya que De la Rocha y Dávila habían propuesto un encuentro abierto con presencia de público y en un medio de comunicación.

Al final, se comprobó que Pepu Hernández tiene pocas tablas con la política, a diferencia de sus contendientes. El debate duró 50 minutos, en los que se trataron tres bloques: ‘Madrid, modelo de ciudad’, ‘Servicios Sociales y Empleo’ y ‘Urbanismo y Vivienda‘, en los que los candidatos tuvieron 3 minutos cada uno, de nuevo por turno y sin posibilidad de réplica, para finalizar su discurso con una temática libre.

El debate fue tan encorsetado que podría considerarse más bien una “charla” electoral, en la que solo hubo dos interacciones entre los candidatos a las primarias. Las dos provinieron de De la Rocha, quien planteó a sus compañeros que, en sus respectivos turnos, hablaran sobre su plan de alianzas en el ayuntamiento y, más en concreto, si apoyaban o no la Operación Chamartín, tal y como ha sido diseñada por la alcaldesa Manuela Carmena.

El único atisbo de intervención no guionizada fueron las preguntas planteados por De la Rocha, a las que solamente Dávila se atrevió a responder cuando le llegó el turno, mientras que que Hernández ignoró el envite, rigiéndose a rajatabla a lo que tenía escrito en los folios de los que no apartó la mirada en casi ningún momento durante su discurso.

El problema de este tipo de debates, estructurados de una manera tan rígida y con líneas temáticas fijadas desde hace días, es que un candidato puede no estar preparado para cualquier asunto que se salga del guion, justo lo que le ocurrió al exselccionador nacional de baloncesto.

SI NO PACTAN EN LAS GENERALES TAMPOCO EN MADRID

Dávila contestó de manera rotunda a la primera pregunta de De la Rocha, alegando que tenía “clarísimo que, si hay un partido político, en este caso Ciudadanos, que plantea de manera clara e inequívoca un veto al PSOE a nivel general, y a nuestro presidente Pedro Sánchez, nosotros no tenemos nada que debatir con ellos”. De esta manera, rechazó de manera tajante cualquier atisbo de conversación con la formación de Albert Rivera.

“Si las tres derechas se unen van a gobernar sin lugar a duda”, admitió el concejal del Ayuntamiento de Madrid, “de hecho Villacís ha planteado que el modelo andaluz le sirve”, añadió después, refiriéndose a las recientes declaraciones de la candidata de Ciudadanos en las que dijo que un pacto PP-Cs-Vox podría ser exportable a la capital.

“Para gobernar hay que tener un proyecto, y ponerte de acuerdo en cosas, y no tenemos nada en común con un partido como Ciudadanos que incluso a veces está mucho más a la derecha que el PP”, aseveró Dávila.

Agradecido por su respuesta, De la Rocha respondió cuando le llegó el turno, afirmando que coincidía con lo que Dávila había expresado y añadía que “la señora Villacís tiene simpatías políticas conocidas con dirigentes de Vox”, por lo que él también rechazaría un posible pacto del PSOE madrileño con la formación naranja en la capital.

Tras un receso de unos minutos, llegó de nuevo el turno de Hernández, quien a pesar de haber sido testigo de las opiniones que los otros dos candidatos habían compartido, decidió ceñirse al guion y simplemente leer lo que tenía escrito para el último bloque temático. Su respuesta nunca llegó.

Una vez acabado el debate, De la Rocha criticó a Hernández por no contestar a su pregunta, ya que no posicionare para él significa que “está abierto a pactar con Ciudadanos”, y mostró su preocupación porque uno de los candidatos «quiera dar un giro a la derecha”.

‘Pepu’ tamposo se presentó ante los medios al terminar el debate, por lo que fue su portavoz Mar Espinar la que tuvo que aclarar el asunto replicando que las alianzas “no las decide el candidato, sino el partido”.

Por otro lado, respecto a la Operación Chamartín, Dávila y De la Rocha volvieron a coincidir en su rechazo respecto al actual diseño de la misma, mientras que Hernández lo vio como una «oportunidad para equilibrar la ciudad”, si bien está abierto a algún cambio.

 

Los incentivos económicos del Gobierno de Sánchez para captar votos

El final del mandato no le está resultando nada fácil a Pedro Sánchez. Su propósito es aprobar el mayor número posible de decretos leyes antes de las elecciones generales. El jefe del Ejecutivo tiene que hacer frente a los grupos de oposición en el Congreso y el Senado que pretenden obstaculizar las propuestas.

Con Las Cortes ya disueltas, Sánchez tendrá que recurrir a la Diputación Permanente para aprobar estos decretazos. Este modelo conlleva que el Parlamento tenga que convalidarlos en un periodo de 30 días. Los decretos leyes solo pueden ser utilizados en caso de urgente necesidad, por lo que se polemiza sobre si el Gobierno los usa por esta razón o para evitar la larga tramitación parlamentaria que llevan los proyectos de ley.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, enfatizó el pasado lunes que su partido apelará ante la Junta Electoral Central los decretos leyes que el Gobierno valide en la Diputación Permanente del Congreso. “No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral”.

Algunos de los decretos autorizan gastos con un claro componente económico. Debido a esto, el resto de partidos acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de aprovechar para sacar rédito electoral a las últimas medidas. En otros casos se trata de decisiones que no necesitan de la aprobación de nuevas leyes ni decretos.

RETRIBUCIÓN DE 150,83 EUROS A LA GUARDIA CIVIL

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Subida de sueldos a la Guardia Civil.

Aunque no es debido a un decreto que se apruebe por el Gobierno en periodo electoral, los efectos sí que serán visibles en las elecciones. El martes se confirmó la subida de sueldo a los más de 75.000 agentes de la Guardia Civil. La medida autorizada por el Gobierno comenzará a partir del mes de abril, cuando todos los funcionarios del cuerpo comenzarán a cobrar 150,83 euros más al mes.

La subida retributiva coincidirá con las elecciones del 28-A. De manera que, el viernes 26 de abril los agentes podrán disponer del dinero a través de sus cuentas bancarias. Este aumento de sueldo se produce a raíz de los acuerdos para equiparar las nóminas a las de los Mossos d´Esquadra.

Los 250 millones de euros comprometidos en 2019 serán cobrados a pesar de que hayan podido ser aprobados los Presupuestos Generales del Estado. Según explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esto es así gracias a un real decreto de enero que aprobó las medidas urgentes de retribuciones en el sector público.

PAGA DE 280 EUROS PARA FUNCIONARIOS

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Manifestación sindical del pasado 2017.

La estrategia de Sánchez es ultimar las subidas de salario para arañar votos de cara a los comicios de abril. Otros que también se verán favorecidos por el Ejecutivo serán los funcionarios.

El presidente socialista ha aprobado una paga de 280 euros para 40.000 empleados públicos que se repartirán antes de verano. Desde el equipo de Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, se ha confirmado el pago de estas retribuciones.

Meritxell Batet también firmó hace unos días el IV convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado que establecía una subida salarial del 5,5% de media para el personal laboral de la administración.

Sin embargo, este acuerdo ya ha encontrado sus detractores. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) rechazó esta medida y consideró que se trataba de un “cheque electoral”. El secretario de Acción Sindical de la organización, Francisco Camarillo, criticó el aumento salarial ya que, a su juicio, se trataba de una propuesta “electoralista”.

DECRETO-LEY DE BAJA POR PATERNIDAD

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Permiso de paternidad

Entre los decretos-ley aprobados por el gobierno se encuentra el de medidas urgentes para garantizar la igualdad. Esta norma incluye la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas. La medida empezará a funcionar a partir del 1 de abril, una vez que haya dado tiempo a adaptar los sistemas de las empresas y las administraciones públicas.

Inicialmente, el Ejecutivo de Sánchez señaló que la implantación de este decreto-ley sería el cinco de marzo para que entrase en vigor el miércoles coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.  La aprobación de esta medida, que igualará los permisos de maternidad y paternidad de aquí al año 2021, será el broche final a un Gobierno que se declaró “feminista”.

En cualquier caso, no todos lo han recibido bien. La plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA) reiteró hace unos días que esta ley era “patriarcal, puesto que aumenta los privilegios de los varones al tiempo que ningunea la maternidad como aportación social fundamental y como algo propio de las mujeres”.

COMISIÓN INFERIOR A TRES EUROS

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Una cliente bancaria hace uso de un cajero automático.

La norma que impide a los bancos y otras entidades de crédito el cobro de una comisión superior a tres euros al mes por el empleo de una cuenta de pago básica entrará en vigor a finales de marzo. Se trata de una medida contenida en un decreto ley de 2017 que transpone al ordenamiento jurídico español una directiva europea.

Para aquellas personas en riesgo de exclusión financiera o situación de vulnerabilidad, el Ejecutivo aprobará un real decreto que explique los criterios para la resolución de los requisitos. Además, los bancos tendrán la obligación de poner en conocimiento de los clientes, con las características especificadas anteriormente, de la existencia de una cuenta de pago básica y de las mejores condiciones de comisión.

La orden ministerial firmada por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, añade la posibilidad de que en un futuro se evalúe el tipo de utilización que los consumidores dan a las cuentas de pago básicas.

LEY DE LA VIVIENDA DE SÁNCHEZ

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Vivienda en alquiler

El Consejo de Ministros ya ha aprobado un real decreto-ley que responderá a la necesidad de ofrecer una mayor seguridad y certidumbre al inquilino. En definitiva, el Ejecutivo pretende un giro social en la política de la vivienda.

Esta nueva ley de alquileres depende de la aprobación del partido independentista vasco, Bildu. En la actualidad, el decreto-ley cuenta con 32 votos a favor y 32 en contra, aunque la posición de Bildu es decisiva. Marian Beitialarrangoitia, diputada de Bildu, señaló que había aspectos de la ley “que no consideraban positivos”.

En esta misma línea, el Gobierno recuperará a través de decretos-ley el subsidio para los desempleados mayores de 52 años y el incremento de la prestación por hijo a cargo hasta 588 euros para las familias en situación de pobreza severa.

Un durísimo informe contra el independentismo de Torra le costó a Borrell su exilio a Bruselas

El Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el mandato de Josep Borrell, emitió el 8 de noviembre de 2018 el informe más duro del Gobierno Sánchez contra el independentismo catalán. «Es notorio que el actual Presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado en reiteradas ocasiones que desempeña sus funciones en calidad de «presidente custodio». No ha ocultado en ningún momento que sus decisiones siguen las directrices dictadas desde Bélgica por su antecesor, Carles Puigdemont«.

Sánchez hizo caso omiso de tal alerta, que obra en poder de MONCLOA.COM. El 20 de diciembre de 2018, el presidente del Gobierno se entrevistaba en Barcelona con el presidente custodio, Torra, que le colaba sus famosos 21 puntos inasumibles para todo el arco parlamentario del constitucionalismo y hasta para el propio Gobierno socialista.

Pero en la gatera de este informe, nacido para combatir sin éxito la creación de seis nuevas embajadas del que consideraba gobierno títere de Puigdemont, Borrell se dejó más pelos. El departamento de Borrell se enfrentó con los de sus compañeras María Jesús Montero (Hacienda) y Meritxell Batet (Política Territorial).

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Primera página del documento de Exteriores al que ha tenido acceso MONCLOA.COM

Mientras Exteriores veía once razones para no admitir seis nuevas embajadas catalanistas, los otros dos ministerios no objetaron ni una. El resultado es conocido. Sólo un ministro se ha autodescartado de la pelea por el gobierno de España: Borrell. Defenderá su idea de España…lejos de España, en Bruselas, como eurodiputado.

Para entender su camino al exilio de Bruselas hay que rescatar su duro  alegato contra el nacionalismo catalán que enterró/ignoró Sánchez. Borrell pudo haberlo aguado o purgado a su autor, como sufrió la abogacía del Estado en el ministerio de Justicia para atemperar sus tesis sobre el procés. Pudo mirar a otro lado como las ministras Batet y Montero. No lo hizo.

El alegato, pasados unos preámbulos formales destacaba lo siguiente: «la experiencia reciente ha mostrado que las Delegaciones de la Generalitat en el exterior, junto con la entidad conocida como DIPLOCAT -elemento éste esencial-, han sido un instrumento fundamental para intentar la «internacionalización del procés», difundiendo las tesis del secesionismo catalanista y denigrando la imagen internacional de España, con olvido de la obligación de neutralidad política de la administración pública y del deber de lealtad a la Constitución y al Estado que ha de inspirar siempre la acción de todo ente administrativo y sus empleados.

«Esta realidad constatada, proseguía el informe, «fue la que llevó en su momento a la decisión de cierre de estas Delegaciones por parte del Gobierno español al amparo del artículo 155 de la Constitución. En lo que se refiere a DIPLOCAT, este Ministerio tuvo oportunidad de comprobar en numerosas ocasiones que la labor de proyección internacional de Cataluña prevista en sus estatutos no era otra cosa que la promoción de la causa secesionista, acompañada -en igual o incluso mayor medida- de ataques al Estado español, invocando una supuesta «falta de democracia» como argumento fundamental para el deseo de constituir un Estado propio».

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El expresident catalán, Carles Puigdemont, con su sucesor, Quim Torra, en un acto en Bruselas.

Prueba de lo anterior son los memorandos y paquetes documentales elaborados por la Generalitat con el contenido que acaba de reseñarse y remitidos rutinariamente, durante meses, a diversas autoridades -tanto del Ejecutivo como del Legislativo- de los Estados donde las Delegaciones de la Generalitat se encontraban radicadas, así como a otros Estados terceros -en este caso a través de las Embajadas respectivas sitas en Madrid», detallaba el escrito.

«Resulta obvio», acusaba Exteriores, «que muchas de las actuaciones a las que se alude más arriba estuvieron en abierta contradicción no solo con los principios y objetivos generales de la política exterior española, sino también con los intereses generales del Estado. Algunos de los Delegados -como la Sra. Marie Kapretz, que se encontraba al frente de la Delegación en Berlín- llevaron a cabo reiteradas intervenciones ante medios de comunicación locales criticando en términos agresivos a España y a sus instituciones».

A este respecto, es preciso recordar, sin embargo, que las oficinas catalanas en el exterior dedicadas de forma específica a los campos de actuación propios de la Comunidad Autónoma (promoción comercial, turismo, lengua y cultura no fueron afectadas en modo alguno por las medidas adoptadas de acuerdo con el artículo 155«, argumentaban los cargos de Exteriores.

El uso abusivo de tales embajadas tenía continuos ejemplos. «Cabe destacar incluso que alguna de las Delegaciones (así, por ejemplo, la de París) acogió la celebración de la consulta sobre la independencia organizada por el gobierno catalán el 9 de noviembre de 2014, pese a que la misma había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional».

«Se advierte», profundizaba el informe, que el actual Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través de la Consejería de Asuntos Exteriores dirigida hoy por Ernest Maragall y siguiendo las indicaciones adelantadas ya por el Presidente de la Generalitat en su discurso de investidura, ha emprendido en los últimos meses la aplicación de una hoja de ruta orientada, en una primera fase, a restablecer el mapa de Delegaciones de la Generalitat existente con anterioridad a la aplicación de las medidas acordadas al amparo del mencionado artículo 155 y, en una segunda fase, a ampliar dicho despliegue para incluir regiones extra-europeas, como el Mediterráneo, América Latina o Asia.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

«Es notorio que el actual Presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado en reiteradas ocasiones que desempeña sus funciones en calidad de «presidente custodio». No ha ocultado en ningún momento que sus decisiones siguen las directrices dictadas desde Bélgica por su antecesor. Caries Puigdemont. En consecuencia, resulta difícil disociar las declaraciones del Presidente Torra de las del Sr. Puigdemont, de forma especial en todo cuanto tiene que ver con los planteamientos acerca de la necesidad de internacionalizar la denominada cuestión catalana», remachaba el documento.

«A este respecto, por ejemplo, en una conferencia pronunciada en Múnich el pasado 26 de septiembre, el Sr. Puigdemont, si bien admitió que un año después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 «es evidente que no hay una República Catalana reconocida internacionalmente», subrayó, no obstante, que, a su juicio, «es igual de evidente que Cataluña es un sujeto político de facto. Esta afirmación inspira de forma clara la actuación del actual Gobierno de la Generalitat: intentar lograr por la vía de hecho un reconocimiento implícito para Cataluña como actor en la escena internacional«.

«Es público que el Presidente Torra utiliza cuantas ocasiones tiene a su alcance para intentar divulgar la visión independentista de la realidad catalana, dentro o fuera de nuestras fronteras. Este elevado grado de previsibilidad explica, por ejemplo, que no fuera invitado a participar en el reciente III Foro regional de la Unión por el Mediterráneo, celebrado en Barcelona el pasado 8 de octubre. El propio Presidente divulgó posteriormente el texto del discurso que habría deseado leer en público y que hizo llegar a los asistentes al evento. En él, entre otros puntos, se cuestionaba abiertamente el carácter democrático del Estado español, afirmando de paso la existencia de personas encarceladas por sus ideas («presos políticos»)».

«En una línea similar se encuentran», proseguía el alegato, «las manifestaciones efectuadas durante su reciente viaje a Suiza (18 y 19 de octubre), en las que incluyó el llamamiento a una mediación internacional. En esta misma línea, apenas un mes antes (26 de septiembre), el Presidente Torra escribió una carta a cuarenta y tres Jefes de Estado o de Gobierno solicitando su apoyo para un » diálogo con mediación» con el objetivo último de celebrar un referéndum de autodeterminación».

«Más recientemente, el presidente Torra, en una comparecencia a petición propia ante el pleno del Parlament, adelantó que se dirigirá personalmente «a todos los representantes de los países de la UE explicando cuál es la situación que vivimos en Cataluña. Queremos explicar directamente cómo trata el Estado español a los políticos que han querido dar la palabra a su pueblo «.

BORRELL CARGA CONTRA EL GOVERN DE TORRA

Añadió, asimismo, que «es la hora de empezar a preparar el camino de la mediación, de abrir caminos de resolución con la ayuda de terceros actores que sean reconocidos por las partes en conflicto «. Y concluyó con un anuncio inequívoco: «Intensificaremos en las próximas semanas nuestra acción exterior en Europa y Estados Unidos para denunciar esta vulneración de los derechos civiles y la criminalización del derecho a la autodeterminación.

«Desde el primer momento, las nuevas Delegaciones «reabiertas» (si bien jurídicamente son de nuevo cuño) -como la de Suiza o Alemania- han actuado ya de forma tal que cabe lamentablemente prever pautas de actuación similares a las que llevaron a cabo sus predecesoras (por ejemplo, iniciando contactos con Embajadas de otros países e intentando establecer contactos con autoridades del Estado donde radican en ámbitos en los que las CCAA carecen de competencias)».

«En este sentido», añadía el texto, «el pasado ocho de octubre, en los márgenes de la conferencia anual del Partido Nacionalista de Escocia (SNP), a la que asistía, el Vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés, en declaraciones al diario The National Scot», puso de relieve el «ejercicio de actividades políticas» por parte de la Delegación de la Generalitat en Londres (la cual, por cierto, exhibe públicamente lazos amarillos como símbolo de la supuesta existencia en España de «presos políticos»)».

Más acusaciones de Exteriores: «En la misma línea el pasado 31 de octubre, en la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea, en Bruselas, el Sr. Puigdemont -fugado de la Justicia participó en la presentación del libro «Més Operació Urnes» y en el posterior coloquio, todo ello organizado por la Delegada ante la Unión, la Sra. Meritxell Serret, ella misma también huida de la Justicia española».

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Relación de entidades catalanas en el extranjero.

El recado para la política pactista de Sánchez era evidente: «Las declaraciones realizadas ante diversos medios por el Consejero Ernest Maragall (así, por ejemplo, durante las ceremonias de «reapertura» de las Delegaciones en Roma, Londres y Berlín), pero también por el propio Presidente Torra, en las que se alude a la necesidad de un mayor despliegue internacional para «dar a conocer la realidad catalana» no resultan tranquilizadoras a este respecto. Estos pronunciamientos entroncan perfectamente con el objetivo de internacionalizar el procés y presentar a Cataluña como una entidad política desligada de España».

«Prueba de ello», nuevo rejón de Exteriores, «es también la presencia en las Delegaciones de las banderas catalana, europea y del país en el que radican, pero no de la española. Todas las declaraciones antes mencionadas son por tanto coherentes con uno de los objetivos que figuran en la Memoria General que acompaña a los seis proyectos de Decreto de creación de las nuevas Delegaciones propuestas; promocionar Cataluña en todos y cada uno de los aspectos de la actividad política , sin olvidar la necesidad (…) de la acción exterior de la Generalitat con motivo de los procesos que se están desarrollando», expresión que por ambigua que resulte no deja de ser jurídicamente inquietante vistas las actividades pasadas de las Delegaciones de la Generalitat y el contexto presente».

INTERFERENCIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR

«De otro lado», apostillan los expertos de Borrell, «en la Memoria General justificativa en concreto de la apertura de la Delegación en los Países Bálticos, se alude a la importancia de «las numerosas reacciones y pronunciamientos favorables al derecho de autodeterminación en relación con el proceso vivido en Cataluña».

«De forma similar, en la Memoria General relativa a la Delegación dedicada a los Países Nórdicos se resalta «el interés por la situación político-institucional de Cataluña, (…) reflejada en los debates celebrados en los parlamentos de Dinamarca y Suecia sobre el proceso político vivido en Cataluña».

El informe recuerda el «Auto del Tribunal Constitucional 122/2015, de 7 de julio de 2015, qué acordó la suspensión parcial de varios de los preceptos de la Ley catalana de acción exterior (…). Afirma que «la puesta en práctica de una política de acción exterior propia de la Generalitat de Cataluña afecta gravemente a las relaciones internacionales del Estado español, al generar interferencias en la política exterior del Estado que pueden perturbar su contenido e incidir negativamente incluso en ámbitos particularmente sensibles».

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Final del informe de Exteriores en el que se pide no abrir las seis ‘embajadas’ catalanas.

El equipo de Borrell veía legítimo impedirlo: «A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras sus sentencias 165/1994 y 31/2010, sostiene que el Estado tiene competencia para regular las actividades con proyección externa de las Comunidades Autónomas «para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y la puesta en ejecución de la política exterior que, en exclusiva, corresponde a las autoridades estatales».

Exteriores se ofrecía a fajarse en este ámbito: «En este contexto, es preciso resaltar también, al margen ya de otras consideraciones, que una actividad exterior de la Generalitat fuera de su marco competencial y alejada del respeto al principio de lealtad institucional que debe regir las actuaciones de toda comunidad autónoma española, fuera o dentro del territorio nacional, conlleva la necesidad de un notable esfuerzo por parte del Servicio Exterior del Estado para contrarrestar la propaganda secesionista y los repetidos ataques a la imagen internacional de España».

«Con independencia de todo lo dicho, cabe añadir que un despliegue exterior como el buscado por la Generalitat no resulta eficiente en términos económicos y de gestión del dinero público [algo que no objetó Hacienda] desde el punto de vista de la acción exterior, toda vez que el Estado español dispone de una amplia red diplomática y consular en el exterior al servicio de los ciudadanos, de las empresas y de todas las administraciones públicas españolas de cualquier nivel».

«Es preciso señalar que la red de delegaciones y oficinas de la Comunidad Autónoma de Cataluña en el extranjero supera con creces las del resto de las Comunidades Autónomas españolas», concluía el informe. El Gobierno al mes siguiente desautorizaba a su ministro: comunicaba por escrito que no se opondría a la apertura de las embajadas del Gobierno de Torra porque ayudaban a la promoción de sus intereses en el extranjero.

La ley que podría haber evitado la actuación del imán clave en los atentados de Barcelona

Si hace diez años hubiera existido la actual ley que penaliza la radicalización yihadista, el imán de Ripoll, que fue clave del grupo que realizó los atentados de Barcelona, habría sido detenido antes de que ocurrieran. El experto en terrorismo yihadista, Fernando Reinares, considera que la movilización yihadista no ha tenido precedentes en Europa y ha desbordado la capacidad de respuesta de los gobiernos de estos países.

Reinares presentó el libro “Yihadismo y yihadistas en España quince años después del 11-M”, editado por el Real Instituto Elcano, del que es autor junto con Carola García-Calvo y Álvaro Vicente. Al acto asistió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El libro es un análisis sobre los yihadistas condenados o muertos entre los atentados del 11-M y el año 2018, el inmediatamente posterior a los ataques de Barcelona.

Abdelbaki Es Satty murió en la explosión de un chalet en Alcanar, donde los terroristas almacenaban los explosivos con los que pretendían atentar en principio. El que fuera imán de Ripoll había convivido anteriormente con otra célula terrorista, desarticulada en lo que se conoció como operación Chacal.

Antes de ser el imán de Ripoll, había ejercido las mismas funciones en la mezquita Al Furkan, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde se reunía la célula terrorista. Sin embargo, la investigación policial no pudo probar su participación en la misma.

A la hora de explicar por qué individuos como Es Satty que habían pertenecido a grupos yihadistas ya identificados, escapan del control policíal, Reinares considera que la ley que penaliza los procesos de radicalización podría haber evitado que Es Satty siguiera actuando después de haber sido descubierta su actividad junto a la primera célula descubierta en la operación Chacal.

En cualquier caso, este experto en terrorismo yihadista subrayó que “es imposible que una célula de tamaño medio lleve dos años en un proceso de radicalización sin que nadie de su familia o de su comunidad se entere”. En ese sentido, Reinares se pregunta por qué quienes supieron, por ejemplo, de la trayectoria de los autores de los atentados del 11-M no lo dijeron.

En lo referente a las redes creadas, ocho de cada diez casos estudiados tienen relación con redes transnacionales. Específicamente en el marco europeo, la mayoría de ellos en Francia y Bélgica, donde se han producido también alguno de los atentados más importantes.

“Es imposible que una célula de tamaño medio lleve dos años en un proceso de radicalización sin que nadie de su familia o de su comunidad se entere”

Los autores del libro sobre yihadismo señalan que existe un punto de inflexión en 2012, cuando debido a los conflictos de Siria e Iraq se produce una movilización yihadista sin igual.  Antes y después de ese año existen diferencias llamativas en los perfiles sociológicos de los yihadistas en España.

Si antes de esa fecha, ocho de cada diez yihadistas pertenecían a la primera generación de inmigrantes, después de 2012, seis de cada diez son nacidos y escolarizados en España. Además, un 10% de ellos son conversos. Por lo tanto, los expertos destacan que el yihadismo en España es ya “un fenómeno endógeno”, lo que no ocurría con anterioridad.

ATENTADOS DE BARCELONA

Si se analizan los 26 implicados en los atentados del 11-M, todos menos uno eran inmigrantes de primera generación, y todos menos cuatro eran marroquíes. Sin embargo, años después, en los atentados de Barcelona, todos menos uno pertenecen a la segunda generación de inmigrantes y todos menos uno son marroquíes. Los autores del libro destacaron la importancia de los lazos entre diferentes células y las vinculaciones afectivas entre los miembros de éstas.

Los expertos llaman la atención sobre la importancia de los agentes de radicalización, que influyen en otros y también la de los vínculos afectivos entre ellos. En el grupo implicado en los atentados de Barcelona había cuatro parejas de hermanos, que vivían en cuatro bloques.

En España una minoría de los yihadistas son lobos solitarios. La mayoría de los 215 yihadistas analizados en este estudio actuaron en células, grupos o redes yihadistas. Los focos de actividad están concentrados en unas provincias concretas, como son Barcelona, Madrid, Girona, Valencia y Alicante, además de Ceuta y Melilla.

La mayoría de las células, según el estudio de estos expertos, no se coordinaban entre ellas. Según Fernando Reinares, antes había una mayor interacción entre ellas, ya que ocho de cada diez operaban dentro de España. De hecho, la célula autora de los atentados del 11-M se creó como respuesta al desmantelamiento a la célula anterior, capitaneada por Abu Daddah.

Posteriormente, la mayoría prefiere desplazarse fuera de España para actuar, aunque a partir de 2016 la mayoría prefiere quedarse, coincidiendo con la debacle del Estado Islámico. De hecho, la célula de Ripoll, autora de los atentados de Barcelona, actúa en España en ese periodo en el que ya no pretenden luchar en las filas del Daesh.

Respecto al papel de la religión en los yihadistas, los autores de este estudio han identificado que 75 de los individuos analizados estaban bajo la influencia, no de clérigos moderados, sino de predicadores salafistas.

797 DETENIDOS

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que desde los atentados del 11 de marzo de 2004, del que se cumplirán quince años dentro de unos días, ha habido 797 detenciones en España relacionadas con el terrorismo yihadista y 109, gracias a la colaboración de España, en otros países.

Grande-Marlaska destacó también que tras aquellos atentados, policías de otros países pidieron compartir las técnicas de investigación utilizadas en España para descubrir y detener a sus autores. El ministro, por último, llamó la atención sobre que, además del factor religioso, a veces el terrorismo se convierte en atractivo para personas inadaptadas en la sociedad en la que viven.

Las candidatas al liderazgo de Iglesias si Podemos se derrumba el 28-A

El cambio en Podemos llegará pronto o, al menos, eso vaticinó la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. Desde el partido ya no se descarta la posibilidad de que Pablo Iglesias sea reemplazado por una mujer, aunque no será antes de las elecciones generales del 28-A.

Entre las candidatas a suceder a Iglesias destacan la propia Montero; la portavoz adjunta  en el Congreso, Ione Belarra; y la portavoz de la formación morada junto a Pablo Echenique, Noelia Vera.

Las polémicas declaraciones de la ‘número dos’ de Iglesias han desembocado en toda clase de rumores acerca del futuro de la formación. En su entrevista en TVE, Montero afirmó que el mandato de su pareja acabará “pronto” y que la nueva líder podría ser una afiliada. “Estoy convencida de que en Podemos la próxima persona que sea secretaria general será una mujer. Y si no, al tiempo”.

El secretario general de Podemos pondrá fin a su baja de paternidad el próximo 23 de marzo con un mitin en la plaza del Museo Reina Sofía. Tras unos meses apartado del foco mediático por decisión personal, Iglesias protagonizará “un gran encuentro en un espacio de referencia histórico para el partido”.

Si finalmente Iglesias deja su cargo tras el período electoral de esta primavera, Montero sería la primera opción para sustituirle. De esta manera, la portavoz de Podemos se convertiría en la primera líder de las cuatro grandes fuerzas nacionales. Un puesto que no pudieron conseguir la ‘popular’ Soraya Sáenz de Santamaría o la expresidenta andaluza, Susana Díaz, en el PSOE.

Tras la huida de Íñigo Errejón a Más Madrid, Montero tendría plena libertad para ocupar el puesto de Iglesias al carecer de contrincantes de peso dentro del partido. Si se cumple este vaticinio, colocar a una mujer en la primera línea sería el intento de Podemos por ilusionar de nuevo a su electorado.

PODEMOS BUSCA PERFILES FEMINISTAS

No hay que olvidar que la cúpula del partido decidió poner a la ‘pablista’ Isabel Serra como candidata en la Comunidad de Madrid. Iglesias apreció el perfil feminista y activista que ésta tenía para poder competir contra Errejón en las autonómicas.

“Estoy convencida de que en Podemos la próxima persona que sea secretaria general será una mujer. Y si no, al tiempo”

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, también podría ser la aspirante al cargo de Iglesias si Montero evitase dar el paso. La dirigente navarra demostró su liderazgo en la Cámara baja como ‘número dos’ del líder morado durante la baja por maternidad de Irene Montero.

Asimismo, Belarra es uno de los activos más fuertes del partido y cuenta con una trayectoria feminista que encaja a la perfección con Podemos. En varias ocasiones, la portavoz ha denunciado la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en altos cargos de la política. “El futuro viene de mano de las mujeres, durante tiempo se nos ha negado mucho espacio”, subrayó recientemente.

Belarra aseguró que, por el momento, su cometido estaba en la portavocía de la Cámara Baja. En este sentido, la dirigente descartó reemplazar a Iglesias ya que estaba centrada en los comicios generales. “No está en mis planes, en mis planes está el ganar las elecciones del 28 de abril”.

A pesar de no querer plantearse ser la secretaria general de Podemos, Belarra apoyó las declaraciones de Montero pues, a su juicio, eran un síntoma de que “es el tiempo de las mujeres en nuestro país”.

La dirigente navarra tiene su mirada puesta en la manifestación feminista de este viernes. “El 8-M las mujeres supimos que no estábamos solas, que tenemos los mismos problemas. Les dijimos a los partidos viejos y a los sindicatos que sí era posible hacer huelga. Este año volveremos a demostrar que si nosotras paramos se para el mundo”, señaló.

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La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra. Foto: Flickr Podemos

La coportavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, es la tercera candidata que se baraja para la posible sustitución de Iglesias. La diputada gaditana cuenta con el apoyo de gran parte de su equipo, entre ellos, Pablo Echenique, quien ha sido su mentor en los últimos meses.

“Las mujeres de este país ya no se resignan a toparse con techos de cristal. Queremos que la igualdad llegue a todos los ámbitos y las Administraciones Públicas deben ser un ejemplo de paridad”, subrayó Vera en un tuit.

La dirigente morada defendió a Iglesias en su enfrentamiento con Errejón en el programa de AlRojoVivo y afirmó que su partido saldría reforzado tras esta disputa: “En el Consejo Ciudadano Estatal nos escuchamos con honestidad y hacía falta”.

LA RUPTURA DE IGLESIAS Y ERREJÓN

En uno de los momentos más críticos para Podemos, Pablo Iglesias intenta cohesionar a su equipo. Una tarea bastante ardua después de la ruptura definitiva con su exalidado, Íñigo Errejon, y la dimisión del secretario autonómico en Madrid, Ramón Espinar.

Por si fuera poco, la que hasta ahora fue secretaria de Acción de Podemos en la Comunidad de Madrid y ‘número dos’ de Espinar, María Espinosa, no participará en las primarias de Podemos porque no se encuentra “cómoda” con el nuevo rumbo de la formación.

“Después de darle vueltas, he decidido que es el momento de dar un paso a un lado y sumar al cambio político desde otro lugar y no desde el escaño. En Podemos, los mandatos de los cargos públicos están limitados porque nadie, absolutamente nadie, es imprescindible y no hace falta ser diputada o concejal”, declaró Espinosa.

Podemos teme un posible desplome de votos en el 28-A, de ahí que Iglesias haya adelantado su vuelta al ruedo político. La última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) auguró una caída de apoyos para el equipo morado y colocó a esta fuerza política en la cuarta posición del tablero electoral con el 14,5% de votos.

Hogar Social salta a la política gracias al tirón mediático de su presidenta

Hogar Social, grupo de extrema derecha, se registró el pasado 28 de febrero como partido de ámbito nacional ante el Ministerio del Interior. Su sede social quedó fijada en la ciudad de Granada y de presidenta salió elegida Melisa Domínguez Ruiz, quien ha ejercido de portavoz de la ONG neonazi desde su nacimiento.

HS, siglas que ellos mismos estipularon en el registro, hizo público el artículo 1 de sus estatutos en el que cabe la posibilidad de que se funden delegaciones territoriales en diferentes municipios, provincias o autonomías españolas, de ahí que no descarte su implantación en todo el territorio. Además, ha iniciado una campaña de micromecenazgo para poder alquilar una sede.

La formación nació en el año 2014 por un pequeño grupo de tan solo diez personas, entre los que se encontraba Domínguez, y bajo el nombre de Hogar Social Ramiro Ledesma, uno de los fundadores de Falange. Actualmente ocultan este dato y, de hecho, se registraron simplemente como Hogar Social.

Desde su creación, HS y Domínguez han pasado por siete ‘sedes’ diferentes. En realidad, edificios okupados. En este nuevo partido se defiende esta política de alojarse en edificios oficiales o de bancos abandonados porque les “preocupa que haya estos edificios grandes vacíos».

El pasado martes 5 de marzo, su cuenta oficial de Twitter anunció oficialmente su creación como partido político. “Hoy se abre una etapa con un brazo más de transformación social para nosotros, constituyendo un partido político como herramienta, nunca como fin”, publicó HS. “Porque nuestro único fin es conseguir, y lo haremos, que España se mantenga en pie ante un mundo en ruinas”.

QUIÉN ES MELISA DOMÍNGUEZ 

Melisa Domínguez, que a veces prefiere su segundo apellido, Ruiz, ya informó en noviembre de 2018 en una entrevista su intención de presentarse a las elecciones y será la presidenta del partido. Domínguez, junto a otros partidos ultras como Falange y España 2000, acudió a la polémica movilización en la madrileña Plaza de Colón donde PP, Ciudadanos y Vox pidieron a Pedro Sánchez que convocara elecciones generales.

La línea ideológica de Hogar Social se basa en posicionamientos muy diversos, que no les colocan cercanos a ningún otro partido del panorama político español. “Hay cuestiones comunes entre Podemos y Hogar Social, sociales, por ejemplo”, explicó Domínguez en una entrevista a El Plural en noviembre del año pasado.

“Entre Vox y Podemos no sé con quién quedarme” aseguró la ahora presidenta del reciente partido. “A la hora de defender derechos de los trabajadores frente a los grandes intereses y lobbies internacionales, confluimos con ellos en diversas protestas. Si una causa es justa, es justa. No tenemos en ningún problema en coincidir con grupos de izquierdas”.

“El grueso de nuestro electorado es muy diferente al de Vox. Su perfil es el de señorito, el del cliché del facha clásico. Hogar Social, en vez de identificarse con el andaluz del cortijo lo hace con el agricultor explotado. No me imagino a Santiago Abascal parando un desahucio”, aseveró la portavoz de HS.

Asimismo, estas declaraciones de confluencia con la izquierda se tuercen cuando Domínguez comienza a hablar sobre su opinión respecto a la inmigración. Sobre los nacidos en España, hijos de inmigrantes Hogar Social respalda que no son españoles “y deberían tener consciencia de ello”, aseguró en declaraciones pasadas. “Que sean españoles es fruto de una injusticia porque sus padres no deberían haber huido de su país de origen”. Hogar Social mantiene una política de ayudas económicas y sociales solamente a españoles.

Tras el atentado en Barcelona en agosto de 2017, el colectivo fue denunciado por la Red Española de Inmigración ante la Fiscalía por diferentes actos violentos que protagonizaron precisamente en Madrid y Granada. En la capital centraron sus ataques en una emblemática mezquita en la M-30 contra la que lanzaron bengalas. 11 de sus miembros fueron imputados y Domínguez fue llamada a declarar, pero finalmente la Fiscalía solo la investigo por haber justificado el ataque.

Sobre la exhumación de Franco, uno de los puntos candentes en la politica actual, Dominguez se encuentra cercana al de PP o Ciudadanos: “No creo que los problemas de los españoles se solucionen exhumando a una figura histórica que lleva 40 años muerta”.

Otro de los puntos más polémicos en cualquier programa electoral es el feminismo. “Las mujeres no necesitamos gritar y exigir que haya cuotas de paridad para demostrar nuestra valía», declaró Domínguez, que se muestra en contra de las movilizaciones del 8 de marzo. «Se puede ser mujer y conseguir las metas y los propósitos sin poner al hombre por debajo”, aseguró.

Respecto a cuestiones de orientación sexual, Domíguez alega que en Hogar Social no “se meten” con las preferencias de cada uno. “Nuestro enfoque es ayudar para reconstruir la justicia social de los españoles. Hemos ayudado a personas homosexuales«.

Asimismo, de cara a su reciente aterrizaje en la política nacional, en Hogar Social evitan mencionar simbologías fascistas para así alejarse de los vínculos previos como los que les relacionaban, especialmente a Domínguez, con el Movimiento Social Republicano, un partido relacionado con el colectivo neonazi Blood & Honour ilegalizado por el Tribunal Supremo en 2011. No quieren etiquetarse, puesto que queda demostrado que estas prácticas no son favorecedoras para los partidos emergentes.

 

El Gobierno ocultó que el Vaticano pidió una «solución consensuada» sobre Franco

«Por la concordia de la sociedad española, espero sinceramente que se pueda hallar una solución consensuada ante un tema tan sensible«. Es la frase clave de la carta, en poder de MONCLOA.COM, que el Vaticano envió al Gobierno español sobre la exhumación de Franco. Esta frase provocó que el Ejecutivo ocultase su contenido para vender que se avalaba su gestión, cuando, por el contrario, Roma le pedía un esfuerzo negociador.

De hecho, así resumieron los medios la misiva: «El Vaticano dijo este sábado que no tiene nada que señalar acerca de la exhumación de los restos de Franco que el Gobierno español trata de llevar a cabo, después de que el prior del Valle de los Caídos se haya negado a facilitar el acceso para tal fin.

O también: «El Vaticano vuelve a la posición de partida. Sí permite la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Está de acuerdo. «No se opone«. Y además recuerda «y seguirá recordando» a la comunidad benedictina que custodia la basílica y que se opone a la salida del dictador que ha de respetar la ley.

Pero lo cierto es que la carta del secretario de Estado del Papa, el cardenal Pietro Parolin, tenía dos partes. En una parte, el Vaticano decía a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, lo que le tocaba aceptar, no lo que deseaba. Eso lo dejaba para la frase final del texto.

Pero incluso en el preámbulo, en lenguaje vaticano, ya encendía las luces al Ejecutivo: «La Santa Sede sigue con atención la cuestión del traslado de los restos mortales del General Franco, que afecta a la familia, al Gobierno español y a al la Iglesia». Nótese que Roma pone como primer afectado al clan Franco, no al Gobierno.

LAS PEROGRULLADAS OBLIGADAS DEL VATICANO

Luego siguen diversas perogrulladas obligadas: que el Vaticano respeta el Concordato y que no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española. No dice que sea competencia del Estado, habla de estado de derecho: «La controversia que ahora es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo, es competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la justicia española«.

Dicho eso, la frase que el Gobierno cogió como escudo pierde valor: «La iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del General Franco, si la autoridad competente así lo dispone». Pero la autoridad que puede disponer…es la justicia, y así lo hacía ver el escrito vaticano. No obstante, el final de la carta es la parte sustancial.

Ahí el Vaticano no dice que lo que le toca respetar. Dice y pide lo que desea: «una solución consensuada ante un tema tan sensible» en favor de la concordia de la sociedad española.

Con la decisión final del Consejo de Ministros para realizar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos quedan por delante varios obstáculos legales. El Gobierno no descarta ninguna acción legal para sustituir a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y evitar así el veto del prior a la exhumación, pero tiene que ganar el recurso de la familia ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno señaló en su momento, cuando acordó llevar adelante los últimos pasos de la exhumación, que para entrar en la basílica solicitaría la autorización a las autoridades eclesiásticas o también podría tomar medidas legales.

Aunque el Ejecutivo explicó a qué medidas se refería, el informe de 2011 de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, como publicó MONCLOA.COM, mostró una vía para conseguir salvar el obstáculo en que se ha convertido el prior del ValleEl Gobierno puede modificar el convenio con la abadía de Silos, que está aprobado mediante un decreto de 1958. También podría sustituir esta comunidad por otra, según este convenio, si no ha cumplido los fines establecidos.

Además de las posibilidades legales que tiene el Gobierno a través del decreto de 1957 que aprobó el convenio con la Abadía de Silos, podrían existir otras vías. El Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional y, según la ley que lo regula desde 1982, el Gobierno debería haber constituido una comisión que tendría que haber realizado una propuesta sobre qué hacer con el convenio y también sobre “el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio de la fundación”.

Desde la aprobación de esta ley de Patrimonio Nacional no se ha desarrollado esta previsión. Además, esta norma ya señalaba que el Gobierno debería adecuar el decreto franquista al régimen jurídico actual y también preveía que decidiera si renovaba o daba por enterrado el convenio con los benedictinos. Esta disposición también hace referencia a que el Ejecutivo debería resolver “el régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”, lo que también podría influir sobre el enterramiento de Franco.

Iglesias ‘sacrifica’ a Sánchez Mato para asegurar el escaño y el apoyo del PCE

Pablo Iglesias, Carolina Bescansa y Miguel Urbán visitaron a inicios de 2014 la sede de Izquierda Unida para anunciarles que iban a lanzar Podemos y pretendían fundirse en la coalición si se abrían primarias abiertas. IU rechazó el envite con suficiencia y este hecho a punto estuvo de costarle la desaparición estatal.

En 2015 Iglesias, al que las encuestas colocaban ‘asaltando los cielos’ de La Moncloa, devolvió el gesto arrogante y en una entrevista concedida a Público tildó a IU de «cenizos políticos» que eran «incapaces de leer la situación política del país».

El secretario general de Podemos tenía guardada una colección de desprecios para sus entonces rivales políticos: «Seguid en vuestra organización. Presentaos a las elecciones, pero dejadnos en paz (…) Quedaos en vuestro sitio. Podéis cantar la Internacional, tener vuestras estrellas rojas (….) No quiero hacer política con eso. Dejadnos vivir a los demás».

2016: EL AÑO DEL CAMBIO

Podemos salvó las generales de 2015 con un llamamiento a remontada y pretendió rematar el ‘sorpasso’ sobre el PSOE firmando un ‘pacto de los botellines’ con Izquierda Unida, que con solo dos diputados se encontraba en su momento más precario.

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Alberto Garzón, coordinador federal de IU y Pablo Iglesias, líder de Podemos. Foto: Flickr.

La coalición liderada por Alberto Garzón, lastrada por una deuda de los tiempos de Julio Anguita de más de 10 millones de euros, se integró en Unidos Podemos y aseguró su viabilidad. Pese a ello Iglesias se quedó sin ‘la medalla de plata’ estatal.

Desde entonces, Iglesias y Garzón han unido sus destinos y el PCE ha forzado que Izquierda Unida se integre bajo el paraguas que tutela Podemos, cuya cúpula valora una fidelidad de sus socios que contrasta con el polvorín interno de los morados en varias comunidades autónomas.

SÁNCHEZ MATO, EL NIÑO BONITO DE IGLESIAS Y GARZÓN

Carlos Sánchez Mato fue el máximo responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Manuela Carmena hasta diciembre de 2017, cuando cayó tras el pulso de Cristóbal Montoro al consistorio madrileño.

El actual concejal y responsable de políticas económicas de Izquierda Unida fue apartado por Carmena, que eligió apoyar el Plan Económico Financiero que le exigía La Moncloa pese a que Ahora Madrid recortó en poco más de dos años 2.000 millones de euros de la mastodóntica deuda que heredó tras casi un cuarto de siglo del PP en el poder. 

24 horas después de su relevo, la alcaldesa de Madrid cesó como asesor a Eduardo Garzón, hermano del líder de Izquierda Unida y mano derecha de Sánchez Mato. Aquello fue percibido por Podemos e IU como un pulso de Carmena.

Podemos e Izquierda Unida acordaron acudir juntos a las generales del 28-A. Pablo Iglesias e Irene Montero se reservaban el número uno y dos por la Comunidad de Madrid e Izquierda Unida se conformaba con los puestos 3,8 y 11. Alberto Garzón se hacía a un lado y regresaba a la circunscripción de Málaga para dejar hueco en Madrid a otro compañero.

Carlos Sánchez Mato, avalado por Iglesias y Garzón, anunció que se presentaba y todas las quinielas daban por seguro que entraría en el puesto de salida de IU. Pero unas horas antes de comenzar la votación telemática, el todavía concejal de Ahora Madrid renunció porque era «lo mejor para el proyecto colectivo y para la organización».

Enrique Santiago, líder del PCE desde el año pasado y muñidor de los acuerdos entre IU y Podemos, tenía todas las papeletas para salir derrotado y conformarse con el puesto número ocho. En las generales de 2016, con Iglesias al alza, Unidos Podemos ‘solo’ logró ocho diputados, cantidad que ahora tendrá dificultades de repetir.

La renuncia de Sánchez Mato, contrario a la Operación Chamartín, coloca ‘con pie y medio’ el número tres y por lo tanto en el Congreso a Santiago, que a punto de estuvo de alcanzar el liderazgo de Izquierda Unida en 2004 tras un pulso con Gaspar Llamazares, su eterno enemigo político.

Sánchez Mato, eso sí, mantiene su fidelidad con Iglesias y Garzón y anunció el mismo día de su renuncia que había votado a favor «del referéndum que hace Izquierda Unida para ir junto a Podemos a las elecciones generales y al parlamento europeo. También he dado mi voto a Alberto Garzón como candidato a la presidencia del Gobierno. Seamos realistas, hagamos lo que parece imposible».

OBJETIVO: BORRAR EL RECUERDO DEL «MONO AMEDIO»

Iglesias quiere evitar tensiones internas de cara al 28-A y pretende borrar el recuerdo de 2016. En las generales de aquel año, Podemos escogió como número uno por Almería a Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa.

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Alberto Garzón, coordinador federal de IU y Pablo Iglesias, líder Podemos. Foto: Flickr

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en la provincia, Rosalía Martín, anunció que no iba a apoyar la votación al exJEMAD y aseguró que su designación era «una provocación» porque Iglesias les llevaba «a un hombre de la guerra y de la OTAN».

Y remató el asunto: «Si quieren traer al mono Amedio que lo traigan, pero traer a un militar es una provocación a las señas identitarias de Izquierda Unida». Julio Rodríguez no consiguió el escaño y ahora Iglesias no quiere fisuras con el PCE e IU y para ello ha recibido con alegría la renuncia de Sánchez Mato, que posibilitará el escaño para el histórico comunista Enrique Santiago.

El juez investiga el papel de ‘El Gordo’ en el espionaje que financió BBVA

Ha sido suspendida la vista que estaba prevista hoy en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional para decidir sobre la libertad de Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’. El comisario, a través de su defensa, exigió al juez Manuel García Castellón más tiempo para preparar su defensa en las cinco piezas por las que ya le investiga. La quinta es el espionaje del BBVA a los enemigos de su expresidente, Francisco González.

Es el primer caso de investigación judicial (léase imputación) de uno de los presuntos espías por el caso BBVA. El juez ya pidió al banco la entrega de todo el material relativo a la operación Trampa, espionaje a los enemigos de Francisco González con ocasión de la frustrada opa de Sacyr. La entrega de documentación avanza sin alardes de prontitud ni estrépitos de negativas.

Pero el juez, entretanto llena huecos documentales, tiene suficientes indicios para sospechar que el comisario Enrique García Castaño pudo cumplir una tarea similar en Trampa que en las otras piezas sumariales por las que se halla investigado: pieza principal de Tándem, Iron, Land y Kitchen.

En varias de esas piezas se mencionan, sobre la base de los informes de Villarejo, las gestiones de BIG (presuntamente ‘El Gordo’) para conseguir teléfonos y se cita su supuesto número de fax en la Comisaría General de Información para recabar datos para el cliente privado. Para complicar más las cosas, el propio García Castaño ya declaró que le daba a Villarejo cuanto teléfono o tráfico le pidiera porque así se lo ordenó el DAO (director adjunto operativo) Eugenio Pino, algo que éste negó inicialmente a través de personas de su entorno.

La defensa de García Castaño, que pilota Baltasar Garzón, se queja en su petición de retrasar la cita judicial de que algunas de tales acusaciones (o sus informes correspondientes) aún no las había recibido en vísperas de esta cita judicial. Pero más allá del deseo de conocer con más detalle las pruebas judiciales antes de comparecer, el escrito de la defensa aflora otra vía argumental de mayor calado.

La defensa de El Gordo hace cuestión crucial de los secretos oficiales buscando una difícil ecuación: probar que cuando un policía espía a un exministro socialista, a una de las hermanas de García Cereceda, a un rival empresarial del marido de Ana Rosa Quintana o busca información de Gürtel fuera del cauce judicial…está bajo la ley de secretos oficiales.

Esta estrategia apunta veladas amenazas. «El señor García Castaño no puede concurrir a las declaraciones hasta que no se haya oficiado al Consejo de Ministros y se haya producido la dispensa que garantiza que podrá desplegar su derecho a la defensa, explicando pormenorizadamente las conversaciones relativas a operativos policiales y fuentes de información obrantes».

FG BBVA
El expresidente del BBVA, Francisco González.

Pero Garzón quiere más. No sólo que el Gobierno acuerde tal permiso para romper secretos oficiales, sino que exige controlar la Prensa. El también defensor de Julian Assange, autor de una filtración mundial de secretos de Estado como fue wikileaks, se queja de que «todo movimiento procesal que se realiza en el ámbito del secreto de comunicaciones es retratada inmediatamente en los medios de comunicación«.

De hecho, este ex juez, cuyos sumarios fueron profusamente difundidos siempre en la prensa  (GAL, Nécora, Ucifa o Gürtel…), se ha quejado en cuatro ocasiones al juez de tales filtraciones. Y su cliente, García Castaño, uno de los policías en España con más contactos en la prensa, ha llegado a denunciar tal supuesto coladero judicial.

Por todo ello, Garzón ha solicitado al juez instructor de Tándem algo insólito: «Que este órgano judicial cumpliera con la obligación relatada y se dirigiera a los medios de comunicación, informándoles que los datos, informaciones y elementos que el señor García Castaño podría revelar en su declaración (información dispensada sólo a efectos judiciales) no podía ser publicada«.

A renglón seguido, el escrito de defensa lanza la última advertencia al instructor: «Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado esa comunicación a los medios de información, por lo que, de concurrir nuevamente el señor García Castaño, a declarar en el marco de esta causa, la información que vierta podría ser dispuesta por los medios de comunicación produciendo un daño irreparable a determinadas materias vinculadas con la seguridad nacional».

Por todo ello, el abogado de El Gordo se despide de García Castellón pidiendo más tiempo para preparar su defensa mientras le exige que «se dirija orden a los medios de comunicación para que no publiquen ningún dato en relación al eventual contenido de dichas publicaciones».

Ximo Puig une su destino al de Sánchez tras haberlo despreciado en 2016

Pintan bastos para el PSPV, al que prácticamente todas las encuestas sitúan fuera del histórico Palau de la Generalitat. Ximo Puig, al que se le presume un cierto nerviosismo en los últimos tiempos por el desplome que se le presume a sus socios, ha decidido adelantar las autonómicas valencianas al 28-A.

La decisión tenía que ser aprobada por el Consell. Y el pasado lunes cinco de los diez consejeros, los pertenecientes a Compromís, le daban un portazo y el presidente salvaba los muebles gracias a su voto de calidad.

Los socialistas se enfrentan a unas encuestas pesimistas y a algunos preceptos legales (la disposición adicional quinta de la Ley Órganica de Régimen Electoral General y al decreto 87/1983). Pese a ello, se han lanzado a la aventura.

LOS ARGUMENTOS DE PUIG

Ximo Puig explicó que su decisión busca consagrar «el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como nacionalidad histórica necesitaba un broche para cerrar esta etapa. Hoy tenemos más voz propia».

Aunque, «ahora toca a los ciudadanos decidir a quién le toca dirigir a la Comunidad hacia el futuro. El problema valenciano no está resuelto porque en muchos aspectos somos invisibles». Su decisión, explicó, «rompe con la inercia de una posición que hasta ahora no nos ha ayudado».

La Comunidad Valenciana, en palabras de su presidente, se «singulariza» con el adelanto frente al «pelotón» de regiones de régimen general y se coloca junto a las ‘regiones históricas’. Respecto a su agrietada relación con Compromís señaló estar «seguro de que primará el interés de los valencianos y valencianas, pero cada uno debe asumir su responsabilidad».

Puig desmintió que la decisión estuviese «viciada de partidismo. Es indiscutible que estamos mejor que hace cuatro años pero no para quedarnos parados, queda mucho por delate. Pero no podemos dar marcha atrás, no podemos mirar a un pasado del que salimos huyendo. Tenemos un a oportunidades y hay que aprovecharla. Hay que rechazar aquellos que quieren la confrontación, el maniqueísmo o la involución democrática».

EL PSPV BUSCA UNA ALTA PARTICIPACIÓN

Las últimas convocatorias estatales han tenido mayor capacidad de convocatoria que las autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig pretende que una alta participación y la decisión del voto en clave estatal perjudique a las fuerzas emergentes y a las nacionalistas, que no se presentan con posibilidades al Congreso y que podrían sufrir el ‘ticket’ estatal.

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El presidente valenciano, Ximo Puig.

Mónica Oltra, vicepresidenta y líder de Compromís, prefirió no hacer sangre con la decisión y explicó que desde julio de 2015 han «aprobado 5.746 decisiones en beneficio del pueblo valenciano, todas por unanimidad. Hoy (por el lunes) se ha producido la única de las decisiones que no se ha tomado por unamidad. Nos quedamos con las anteriores. El Botánico es eso».

Joan Ribó, alcalde de Valencia, también defendió el papel de su partido, Compromís, y afeó la decisión de Puig: «A mí que este derecho esté me parece bien, ahora, que se ejerza en un momento para ponerlas junto a unas elecciones generales me parece que es la peor aplicación posible de este derecho».

El primer edil señaló que «en todas las comunidades: Galicia, el País Vasco, Cataluña o Andalucía, se hace para resaltar unas elecciones autonómicas frente a un proceso general que son unas municipales. Pero hacerlas coincidir con unas elecciones generales, en las que vas a rebufo de los planteamientos de las estatales, no es la mejor manera para resaltar unas autonómicas».

La relación entre Ximo Puig y Pedro Sánchez ha estado marcada por los desencuentros: en julio de 2016 Ferraz imposibilitó un acuerdo para el Senado entre el PSPV, Compromís y Podemos. Al año siguiente Puig fue uno de los 17 nombres que dimitieron de la ejecutiva de Ferraz para forzar la caída política de Sánchez.

En 2017 la cúpula del PSPV apoyó a Susana Díaz y Pedro Sánchez, tras recuperar la secretaría general, presentó en las primarias de los socialistas valencianos un candidato afín contra Ximo Puig, Rafa García, que alcanzó un respetable 42,3% de los apoyos.

Sin embargo, Ferraz ahora ha dado su visto bueno al adelanto en la Comunidad Valenciana y Ximo Puig no se ha sumado al coro de barones socialistas críticos con el apoyo del nacionalismo catalán a la moción de censura que posibilitó la investidura de Sánchez.

PODEMOS, EL ESLABÓN DÉBIL DEL PACTO DEL BOTÁNICO

Especialmente preocupantes son las encuestas de Podemos en la Comunidad Valenciana. Al frente de los morados se estrenará el 28-A Rubén Martínez Dalmau, fundador de la CEPS que hizo que a Iglesias lo vinculase con Hugo Chávez y distante con Caracas desde que comparó a Nicolás Maduro con Adolf Hitler.

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Rubén Martínez Dalmau, fundador de CEPS y candidato oficialista de Podemos en Valencia. Foto: Youtube.

Martínez Dalmau fue diputado de Podemos en el Congreso, está considerado como cercano a Pablo Iglesias y ganó las primarias hace poco más de tres meses con el 44% de los votos gracias al apoyo, entre otros, del líder del partido Antonio Estañ. Su lista se impuso por doce puntos a la de María Giménez, que contaba con el apoyo del candidato de los morados en 2015, Antonio Montiel.