Con la decisión final del Consejo de Ministros para realizar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos quedan por delante varios obstáculos legales. El Gobierno no descarta ninguna acción legal para sustituir a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y evitar así el veto del prior a la exhumación, pero tiene que ganar el recurso de la familia ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno señaló en su momento, cuando acordó llevar adelante los últimos pasos de la exhumación, que para entrar en la basílica solicitaría la autorización a las autoridades eclesiásticas o también podría tomar medidas legales.
El senador de Compromís, Carles Mulet, realizó una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno sobre esta posibilidad. Concretamente, el senador preguntó cuándo pensaba derogar el decreto por el que se establece la Fundación del Valle de los Caídos y si el hecho de tratarse de un decreto franquista no era “suficiente motivo” para hacerlo.
Una de las preguntas presentadas por Mulet interrogaba al Ejecutivo en estos términos: «¿Piensa el Gobierno pedir al Vaticano la sustitución de los benedictinos por otra orden religiosa menos facha?»
Pregunta del senador Carles Mulet sobre los benedictinos del Valle de los Caídos
El senador también preguntó al Gobierno si había comunicado a la Santa Sede la necesidad de cambiar a la orden de los benedictinos de la gestión del Valle de los Caídos. Mulet considera que los religiosos estarían incumpliendo las obligaciones que les impone el convenio suscrito para la gestión de este lugar y que, tal como prevé el mismo documento, el Gobierno debería pedir al Vaticano su sustitución.
El Ejecutivo ha respondido al senador Mulet que actualmente “no existe ninguna previsión” sobre las actuaciones que señala en sus preguntas. No obstante, le recuerda que “El Gobierno se reserva todos los instrumentos legales a su disposición para dar cumplimiento al mandato democrático emanado de las Cortes Generales” para dar cumplimiento al decreto que modificó la Ley de Memoria Histórica, que sirve para ordenar la exhumación de los restos de Franco.
Además de las posibilidades legales que tiene el Gobierno a través del decreto de 1957 que aprobó el convenio con la Abadía de Silos, podrían existir otras vías. El Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional y, según la ley que lo regula desde 1982, el Gobierno debería haber constituido una comisión que tendría que haber realizado una propuesta sobre qué hacer con el convenio y también sobre “el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio de la fundación”.
“El Gobierno se reserva todos los instrumentos legales a su disposición para dar cumplimiento al mandato democrático emanado de las Cortes Generales”
Desde la aprobación de esta ley de Patrimonio Nacional no se ha desarrollado esta previsión. Además, esta norma ya señalaba que el Gobierno debería adecuar el decreto franquista al régimen jurídico actual y también preveía que decidiera si renovaba o daba por enterrado el convenio con los benedictinos. Esta disposición también hace referencia a que el Ejecutivo debería resolver “el régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”, lo que también podría influir sobre el enterramiento de Franco.
La decisión del Consejo de Ministros es el último paso en un proceso que se inició con la aprobación de un decreto ley que modificó la Ley de Memoria Histórica. Tras ello, el Gobierno inició varios trámites. En primer lugar, pedir la licencia de obras al ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, municipio en el que se encuentra el Valle de los Caídos.
El Ejecutivo también solicitó un informe sanitario de la Comunidad de Madrid, que ya fue entregado y que no pone problemas a la exhumación. Finalmente, solicitó al prior del Valle permiso para acceder a la Basílica. Como se trata de un lugar de culto, necesita el permiso de la autoridad eclesiástica.
LA FAMILIA NO AUTORIZA LA EXHUMACIÓN
El prior negó esta autorización porque la familia no ha autorizado la exhumación y porque la decisión aún no es firme, ya que faltaba un pronunciamiento final del Tribunal Supremo. Con la aprobación de este nuevo paso por el Consejo de Ministros, este puede dejar claro al prior que hay que cumplir la ley, un límite que, según han señalado en ámbitos eclesiásticos, el prior no rebasaría. Sin embargo, el religioso aún podría acogerse a esperar a lo que decida el Tribunal Supremo.
Este tribunal se pronunció ante un recurso de la familia de Francisco Franco, contraria a la exhumación, que pedía la suspensión cautelar hasta que no resolviera el recurso presentado. El Supremo no se pronunció sobre el fondo del asunto, ya que considera que todavía no se había ordenado la exhumación como tal, sino los procedimientos previos y, por lo tanto, no podía pronunciarse.
El Tribunal Supremo señaló, no obstante, que la decisión final del Gobierno, cuando se diera, no podría ejecutarse hasta que el tribunal no tomara una decisión al respecto. De esta manera, finalmente el Gobierno tiene pendiente este frente y el del prior de la abadía benedictina.
La decisión del Tribunal Supremo no está en manos del Gobierno, pero el Ejecutivo no descarta ninguna de las medidas legales que podría tomar para apartar de su camino al prior benedictino, el único gran obstáculo que se interpone, dejando aparte la decisión de la Justicia.
Por su parte, la Fundación Francisco Franco, que ha intentado sin éxito que el Gobierno admitiera su personación en el proceso, cree que la instructora del Ministerio de Justicia del expediente de exhumación debería darle traslado de la propuesta de resolución, antes de elevarla al Consejo de Ministros.
La Fundación Francisco Franco ha presentado numerosas alegaciones sobre el proceso de exhumación. Una de las últimas es un informe del exdirector general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, en el que señala que las normas urbanísticas de San Lorenzo de El Escorial obligan a que para cualquier tipo de obra en la basílica del Valle de los Caídos sea necesaria la elaboración de un plan especial, que no se ha realizado.
Dirigentes de Vox se inclinan por la abogada Rita Corbín Barberá, sobrina de la histórica alcaldesa de Valencia por el PP, para ir de número dos de la formación ‘verde’ en las listas del 26 de mayo para la Comunidad Valenciana, según revelaron fuentes de Vox a MONCLOA.COM.
De esta forma, Vox tratará de capitalizar en las próximas elecciones autonómicas el legado de la exalcaldesa de Valencia a través de su sobrina, quien se afilió a la formación de Abascal en 2018 junto con su padre, el también abogado José Corbín.
Corbín Barberá mostró recientemente su deseo de ponerse a disposición de su nuevo partido para el puesto que se le reclamase. A la espera de que Vox decida en su próxima asamblea nacional del 23-F si convoca primarias internas o no de cara a los comicios del 26-M, cobra fuerza que los afiliados puedan elegir a los cabezas de lista mientras que el resto de puestos en las papeletas dependerían de la dirección central y los elegidos en las primarias.
De ahí que en la dirección de Vox vea con buenos ojos la candidatura de Corbín Barberá como número dos a las Cortes valencianas, con independencia del afiliado que gane el primer puesto en las previsibles primarias internas.
En las últimas semanas se ha especulado por la posibilidad de que la sobrina de Rita Barberá fuese en la candidatura de la Alcaldía a Valencia, pero desde Vox se prefiere que la joven abogada entre en el Parlamento autonómico ya que los sondeos son muy favorables para la formación ‘verde’ en la Comunidad Valenciana.
Fue en septiembre de 2016 y todos los grupos pidieron a Barberá que dimitiese de su escaño de senadora autonómica «para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos». Dos meses después falleció repentinamente en Madrid tras declarar ante el Supremo por su condición de aforada y desde entonces la familia de la exregidora no perdona al PP aquel voto de castigo.
LA CARTA DE LA FAMILIA DE BARBERÁ
Así, a principios de enero de este 2019, nada más conocerse que la diputada María José Catalá sería la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia y que tanto ella como Bonig afirmaron que su intención era trabajar sobre “la herencia” de los gobiernos de Rita Barberá, la familia de la exalcaldesa publicó un durísimo comunicado criticando el uso electoral de su figura por parte de quienes votaron para desposeerla de su acta de senadora.
La familia de Barberá mostró entonces su “profunda indignación ante el miserable uso electoralista” que se estaba haciendo por parte del PP valenciano de la exalcaldesa “al poner ahora en valor una trayectoria política, flagrantemente ignorada durante los últimos años”.
“Es de lógica justicia que el PPCV se olvide de pasear el cadáver de Rita Barberá con tan espúreos objetivos”, indicó la familia de Barberá antes de pedir que se pusiese fin a tan lamentable situación.
Asimismo, calificaron de “interesados y vergonzantes” los elogios que hicieron de su trayectoria al frente del consistorio y mostraron su “absoluto rechazo” a los mismos por venir además de dos personas que “apoyaron con sus votos en las Cortes Valencianas una propuesta para que Rita fuera desposeída de su acta de senadora”.
La familia de Barberá hizo hincapié en que su legado es “patrimonio, único y exclusivo de todos los valencianos que le otorgaron el honor de dirigirlos durante 24 años, y no de partido alguno”. Pero, además, la familia subrayó que “en ningún caso” lo sería del PP pues el partido “la abandonó, maltrató y expulsó de sus filas” ya que tuvo la exalcaldesa acabó en el Grupo Mixto del Senado.
Corbín Barberá fue quien acompañó a su tía a declarar ante el Tribunal Supremo por el caso de presunto blanqueo de capitales para financiar la última campaña electoral de la exalcaldesa -el llamado pitufeo-.
El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales el 28 de abril conlleva un hecho inédito en democracia: que una parte de la campaña electoral caiga en plena Semana Santa, con los españoles de vacaciones y una parte de ellos en procesiones.
Al confirmarse el 28-A, el periodo de 15 días del que disponen los partidos políticos para realizar actos y difundir propaganda electoral, tendrá lugar desde el 12 hasta el 26 de abril, englobando así por completo la Semana Santa, que va del Domingo de Ramos (14 de abril) al Domingo de Resurrección (21 de abril).
Las elecciones generales en España se han realizado en su mayoría en los meses de marzo o junio, y en contadas ocasiones en octubre, noviembre o diciembre. Pero nunca en abril. Como tampoco nunca ha coincidido la campaña electoral con la Semana Santa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer en una entrevista en COPE que Sánchez comunicaríá la convocatoria electoral este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros.
Narciso Michavila, sociólogo y presidente de la consultora GAD3, plantea el problema desde el punto de vista de la información y las encuestas. “Los políticos son capaces de convocar una campaña electoral en plena Semana Santa, pero a los institutos nos prohíben publicar las encuestas que hagamos la semana de Pascua” y añade que según el Régimen Electoral General, el último día que serían capaces de publicar sería el lunes de Pascua, 22 de abril.
De esta manera, tendrían que realizar las entrevistas y sondeos durante los días de Semana Santa, a lo que Michavila alega a MONCLOA.COM que “jueves y viernes santo está todo el mundo de vacaciones”. “Solo hay otra fecha peor para los institutos sociológicos que esta y sería el 15 de agosto, cuando todo el mundo está fuera de sus casas”, lamentó. La labor de los centros de estadística se ve ahora comprometida al decantarse Sánchez por el 28 de abril ya que afectará negativamente a la elaboración de sondeos.
El presidente de GAD3 tachó de “surrealista” que esta campaña se produzca en plena Semana Santa. “Mi sensación es que, si finalmente el Gobierno se decanta por el 28 de abril, no habrá elegido la mejor fecha sino la menos mala de las opciones planteadas”, apuntó antes del anuncio del jefe del Ejecutivo.
ELECCIONES DESPUÉS DE SEMANA SANTA
Michavila se refería al llamado ‘superdomingo’ por el que apuesta Pablo Casado, que consistía en realizar las elecciones generales el 26 de mayo, es decir el mismo día que las europeas, autonómicas y municipales, pero que concitaba gran oposición entre los barones del PSOE. La otra disyuntiva para Sánchez era irse a octubre, pero “recibir quejas continuamente” hasta el momento de los comicios.
Los dirigentes territoriales del PSOE preferían unas elecciones en abril ya que les aterraba la posibilidad de que hubiera una urna más el 26-M. Ya de por sí, esas elecciones son un riesgo para alcaldes y presidentes autonómicos ya que el voto en las europeas suele conllevar un buen porcentaje de castigo.
Si hubiera habido una cuarta urna, los votantes podrían tener más motivos para ejercer el castigo contra el Gobierno de Pedro Sánchez y acabar penalizando a los candidatos del PSOE que se presentan a las alcaldías o comunidades autónomas.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue el más claro de entre los barones del PSOE a la hora de posicionarse en contra del ‘superdomingo’. El presidente castellano-manchego aseguró que «nunca se harían coincidir las elecciones vascas o catalanas con las nacionales», por lo que quería el mismo planteamiento para el resto de comunidades. Por ello, señaló que el 28 de abril sería «un día estupendo» para las generales.
Al hilo de esta situación tan novedosa, Michavila es partidario del sistema electoral que impera en Suecia, en el que votan cada cuatro años siempre en el mes de septiembre. “Puestos a tener que adelantar, el ‘superdomingo’ sería mucho más lógico pensando en las instituciones y en el partido socialista”, concluyó el presidente de GAD3.
Dos purgas en menos de una semana en el PSOE. La dirección del grupo parlamentario socialista decidió cesar a los críticos Soraya Rodríguez y al expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en los puestos que ocupaban en la Diputación Permanente del Congreso y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En ambos casos, el equipo liderado por Adriana Lastra no les comunicó directamente la decisión, que conocieron a través de los medios de comunicación.
El grupo socialista acometió los cambios coincidiendo con la próxima disolución de las Cortes. Tras el varapalo que Sánchez se llevó hace dos días en el Congreso, después de que los Presupuestos Generales del Estado no fuesen aprobados, la debacle socialista se ha trasladado a los reajustes en el plano interno.
Entre los que los socialistas han escogido para abandonar la Diputación Permanente (el órgano por el que se mantiene la actividad parlamentaria urgente entre la disolución de la Cámara y la constitución de la nueva) está José María Barreda. El diputado fue uno de los que criticó al presidente por la introducción de la figura del relator para el dialogo con los independentistas, algo que Sánchez no habría visto con buenos ojos.
Hace unos días, el expresidente manchego acuso al Ejecutivo de estar “cediendo una vez más” ante el independentismo catalán, e hizo hincapié en el que presidente debería dejar claro que hay cuestiones “inaceptables” en política.
“En este momento ha ocurrido esto, pero insisto, no pasa nada. Salvo el desconcierto que me generó que una compañera vuestra fuera la que me informó del tema. Ya tendré oportunidad de cruzármelos en los pasillos”, dijo Barreda a los periodistas hace unos días.
Barreda fue sorprendido por la noticia a través de los periodistas, ya que no obtuvo ninguna comunicación previa por parte de la dirección parlamentaria. Ahora su cargo será cubierto por Carlota Merchán, diputada madrileña que ya ocupó el escaño que dejó Sánchez después de su dimisión en 2016.
“Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una comunidad autónoma, necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones”
La segunda purga se produjo poco después de la sustitución de Barrera. Soraya Rodríguez, diputada socialista, también criticó la introducción del polémico relator junto con su compañero. A partir de hoy, la exportavoz parlamentaria del PSOEserá remplazada como miembro y vicepresidenta primera de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez disintió con el Gobierno, porque este último facilitase un mediador con el Govern catalán: “Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una comunidad autónoma, necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones”, dijo Rodríguez.
A pesar de ello, la diputada mantendrá su puesto de presidenta en la comisión mixta para la Unión Europea. Además, Rodríguez será sustituida por José Zaragoza, diputado del PSC encargado de asuntos internacionales en el Grupo Parlamentario.
PSOE ENFRENTADO
No es la primera vez que Barreda y Rodríguez se enfrentan a su propio partido. El expresidente manchego aseguró que muchos de los diputados socialistas no habían firmado ni habían sido consultados acerca de la moción de censura a Mariano Rajoy.
Asimismo, Soraya Rodríguez también se atrevió a llamar a su formación a hacer una “valoración política” tras las elecciones andaluzas de pasado 2 de diciembre. Visiblemente dolida por los resultados en la comunidad, fue uno de los grandes apoyos de Susana Díaz. De igual manera, señaló que las malas cifras se debieron a “contar con votos de los separatistas para gobernar” y que esto tenía “un coste”.
Soraya Rodríguez fue en su día portavoz del grupo parlamentario socialista, en el sector del PSOE que descabalgó a Pedro Sánchez por su negativa a abstenerse y facilitar así la investidura de Mariano Rajoy. La posición de Sánchez quedó resumida en la frase «no es no». Ahora, Rodríguez instó a Sánchez a decir «no es no» a las pretensiones de ERC y PDeCAT, los apoyos parlamentarios de los socialistas.
Desde la dirección del grupo parlamentario socialista destacaron que la decisión de sustitución de los miembros del PSOE, se enmarcaba dentro de la “normalidad”. Adriana Lastra, vicesecretaria general socialista y portavoz en el Parlamento, opinó que el cese de Barreda se habría producido “con relator o sin él”. Aunque todo parece ser parte de una “vendetta” en contra de lo más críticos de Sánchez.
El periódico ABC destapó que algunas fuentes de la cúpula socialistas apuntaron a que Barreda y Rodríguez dieron suficientes motivos para desconfiar de éstos. Por ello, dentro del grupo parlamentario ambos habrían empezado a ser considerados “personas non-gratas” por la propia Lastra.
Con las Cortes disueltas, los miembros de la Diputación Permanente son los únicos parlamentarios que siguen cobrando su sueldo, por lo que Barreda perderá estos emolumentos, como el resto de los diputados que no forman parte de este órgano.
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Se acabó el recreo judicial con el caso BBVA que dejó hibernado seis meses el juez Diego Egea. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado un requerimiento al BBVA para que en el plazo de 72 horas entregue sin falta toda la documentación relativa a los contratos e informes vinculados al comisario José Manuel Villarejo, según ha sabido MONCLOA.COM de fuentes relacionadas con este caso.
Dicho plazo acaba el lunes ya que el sábado y domingo no se consideran días hábiles. El escrito, además, lleva las habituales coletillas legales que, en la práctica, significan que de no cumplirse tal mandato judicial, el magistrado procederá por otras vías a lograr tal información. Es decir, García Castellón se vería abocado a emitir una orden de entrada y registro en la sede del BBVA para requisar a través de la policía judicial el material exigido.
Pero hay otra segunda derivada de esta acción judicial, de facto un ultimátum legal, y es que si el juez halla la documentación vía registro que le ha sido negada tras su requerimiento se abrirán posibles responsabilidades legales de aquellos directivos que pudiendo haber facilitado tal documentación no lo hicieron.
En definitiva, podría suponer un delito de obstrucción a la justicia que acabaría arruinando no sólo la imagen reputacional del banco, sino que podría llevar al banquillo a miembros del consejo de administración que preside Carlos Torres si se determina que supieron de la existencia de tal material y lo ocultaron a la justicia.
El ultimátum del juez, en cierta medida, es más una cortesía que lo contrario. Podría haber solicitado directamente el registro como ocurre con tantas causas de corrupción como las que ha manejado la Audiencia Nacional (Púnica, Lezo, Gürtel…). Y, sin embargo, nunca hubo preaviso de registro como en este caso.
PRESIDENCIA DE FRANCISCO GONZÁLEZ
Otro elemento nada tranquilizador para la factoría del espionaje del BBVA que funcionó durante el mandato de FG es que este requerimiento rompe el mito de que los hechos delictivos están prescritos. Por el momento, el juez no se da por aludido sobre tal circunstancia e investiga todos los posibles contratos e informes desde 2005 a 2017 bajo la presidencia de Francisco González y, después, ya se verá su configuración o no penal y su posible o no prescripción.
A partir de esta requisitoria, con los papeles en la mano, el juez podrá empezar con el desfile de citaciones para definir qué eran fabulaciones delictivas de Villarejo y cuáles eran acciones delictivas reales. Pero, fabulaciones o no, hay pruebas materiales de su espionaje y de que por tales acciones (o fabulaciones como el excomisario alega ahora en algunos casos) cobró sumas fabulosas del BBVA. Ningún banco paga millones por fábulas. Eso da valor a la palabra escrita por Villarejo y sus subalternos.
Fuentes de la entidad financiera indicaron a MONCLOA.COM que BBVA «ha colaborado y colaborará con las autoridades judiciales, respetando los principios y garantías que rigen los procedimientos judiciales».
García Castellón ya solicitó el pasado martes a MONCLOA.COM la entrega de la documentación publicada aquel día sobre el incendio del edificio Windsor. El juez reclamó los documentos “en relación a la contratación por parte de BBVA o su entonces Presidente a GRUPO CENYT (José Manuel VILLAREJO PÉREZ)”. El presidente del BBVA en 2004 eraFrancisco González y se trató de la primera vez que este último aparecía citado en un auto judicial, al menos con el cargo que ostentaba entonces.
El juez instructor precisó que este requerimiento a MONCLOA.COM se enmarca en las investigaciones en curso de la pieza secreta número 9 de ‘Operación Tándem’, que se abrió precisamente tras las primeras publicaciones de este diario y El Confidencial en enero sobre los trabajos encargados por el BBVA a Villarejo, y que aún siguen bajo secreto de sumario. MONCLOA.COM hizo entrega al juez de la información solicitada el mismo día.
Los documentos de texto elaborados por el comisario en prisión José Villarejo y su equipo desvelan su presunta relación con el pavoroso incendio, léase su planeamiento de la destrucción de las auditorías comprometedoras para FG, que se desató en el corazón financiero de Madrid hace ahora justo 14 años. Estos documentos, a los que ha tenido acceso en exclusiva MONCLOA.COM, pueden ser claves para retomar la investigación cerrada como un incendio fortuito ahora que se cumple este aniversario.
El Juzgado de Instrucción Central número 6, que dirige el juez Manuel García Castellón, es el que está llevando a cabo la investigación sobre todas las actividades presuntamente ilícitas del comisario Villarejo. Trabajos y encargos de empresas y partidos, que efectuaba en paralelo con su condición de oficial de alto rango de la Policía, de hecho, adjunto al director Operativo de la misma.
Por lo tanto, esta documentación hay que circunscribirla a la llamada ‘Operación Tándem’, que ya tiene nueve piezas separadas, con casi toda la instrucción bajo secreto de sumario. La última, relacionada con las actividades de Villarejo por encargo del BBVA, es la que hoy da un salto cualitativo con el escrito enviado por el juez García Castellón a la sede principal del banco que preside Carlos Torres.
El final apresurado del Gobierno de Pedro Sánchez que llegó al poder hace ocho meses supone de facto la suspensión de la actividad del Parlamento y, por ende, de cualquier posibilidad de avanzar en los trámites legislativos que estaban en la Cámara baja.
La consecuencia más inmediata del adelanto electoral es que numerosas medidas estrella impulsadas por la izquierda decaen del orden del día ante la disolución de las Cortes. MONCLOA.COM recopila a continuación las diez más importantes:
SIN CAMBIOS EN LA REFORMA LABORAL DE RAJOY
Mariano Rajoy cuando dirigía el PP. Foto: Flickr
«Lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores», afirmaba Pedro Sánchez cuando era jefe de la oposición. Cuando llegó a La Moncloa, los planes se torcieron.
El PSOE buscó en el Congreso un acuerdo para introducir cambios puntuales en la reforma laboral aprobada en 2012 por Mariano Rajoy, y para ello recurrió a una proposición de ley que tocaba uno de sus elementos, las condiciones de los trabajadores subcontratados, que llevaba más de un año congelada en la Cámara.
Los socialistas decidieron sacar adelante esta ley y aprovecharla para introducir cambios en cuestiones como la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa, en la ultraactividad de la negociación colectiva y en el registro horario. Pero el tiempo se le ha echado encima. Al final, los citados cambios provocaron un choque con Podemos, que los consideraba insuficientes.
La táctica del Gobierno fue atraerse al PDeCAT a la reforma ya que los independentistas catalanes votaron a favor de la reforma de Rajoy en 2012. En aquella época, el soberanismo de la antigua CiU no había dado un salto cualitativo.
Los socialistas presentaron antes de Navidad una propuesta negociada con el PDeCAT buscando ese consenso parlamentario. El portavoz posconvergente en el Congreso, Carles Campuzano, destacó que “el escenario ideal” pasaba por legislar sobre la base de un acuerdo alcanzado por los agentes sociales. En aquel momento, el PDeCAT veía “sintonía” con el PSOE en lo referido a la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sobre las condiciones en las subcontratas, y también en los cambios en el artículo 84, en la línea de establecer la preeminencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa.
Pero la oferta de finales del pasado año solo recogía esta preeminencia en dos aspectos de los recogidos en ese artículo, la cuantía del salario y la retribución de horas extraordinarias, y no el resto de cuestiones, como el horario y su distribución o la clasificación profesional, según el borrador.
Respecto a la ultraactividad, el PDeCAT descartó una reversión total de los cambios introducidos en la reforma laboral. En todo caso, el adelanto electoral entierra la posibilidad de modificar la reforma laboral de Rajoy, una aspiración de la izquierda desde que Sánchez llegó al poder.
LA LEY MORDAZA NO SE TOCA
El anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entrega un premio al comisario Eugenio Pino.
Tanto el PSOE como Podemos se afanaban en las últimas semanas por desarticular los aspectos más controvertidos de la ley de Seguridad Ciudadana (también denominada ‘ley mordaza’).
A principios de febrero se pactó entre los principales grupos la eliminación de los desnudos por cacheos en plena calle, a no ser que exista una situación de riesgo real y manifiesta; así como la despenalización de la toma de imágenes a los agentes de la autoridad en la vía pública, siempre que no se ponga en riesgo su seguridad o la de su familia con la distribución de los datos.
Los grupos también alcanzaron un principio de acuerdo para delimitar la responsabilidad de los organizadores y promotores de manifestaciones y reuniones. Así, los organizadores solo serían sancionados cuando no hayan dispuesto de suficientes medidas de seguridad y la manifestación se torne violenta.
Todo ello ya había sido consensuado entre los grupos pero faltaba las aprobaciones en comisión y en el pleno, así como su visto bueno en el Senado, por lo que el adelanto electoral deja en papel mojado las modificaciones.
SIN CERRAR LA REFORMA DE LAS PENSIONES
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Foto: Congreso
La reforma de las pensiones se paraliza con el adelanto electoral. El Gobierno quería cerrar el acuerdo con los agentes sociales antes del mes de junio, y en el Congreso las recomendaciones del denominado Pacto de Toledo ya están muy avanzadas y se había llegado a un acuerdo en la mayor parte de las cuestiones. Entre estos acuerdos destacan el de ligar la revalorización de las pagas de acuerdo al IPC o la supresión de los préstamos del tesoro público a la Seguridad Social, una práctica abusiva de los últimos Gobiernos.
Por ejemplo, se ha convertido en una práctica habitual el que los diferentes Gobiernos aprueben préstamos del Tesoro público destinados a cubrir determinadas necesidades de la Seguridad Social, como las relacionadas con las pensiones.
En noviembre del pasado año, el Ejecutivo aprobó la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 6.000 millones de euros para afrontar el abono de la paga extraordinaria de pensiones que se efectuó en diciembre.
A principios de este año, se llegó a situar el final de los trabajos del Pacto en febrero, pero en las últimas semanas esta previsión había perdido fuerza y se contemplaba, incluso, que la publicación del informe de la comisión encargada de estudiar las modificaciones en el sistema de pensiones no vería la luz hasta el mes de junio. La disolución de las Cortes impide cerrar las recomendaciones del Pacto.
SE MANTIENE EL VOTO ROGADO
Una votante española en el Consulado de Montevideo, en Uruguay.
Una de las principales cuestiones que se han tratado en los últimos días en el Congreso ha sido la reforma del ‘voto rogado’. PSOEy Unidos Podemos registraron este mismo mes de febrero una proposición de Ley para cambiar el voto rogado, de cara a las elecciones del 26 de mayo.
La intención del Ejecutivo era que la supresión del controvertido voto rogado llegase antes de las elecciones autonómicas y europeas del 26-M, por lo que sería necesario una reforma exprés de la ley, que consiste en, tras la presentación de la proposición, dejar tiempo a la Mesa para calificarla y al Pleno para admitirla a trámite en la última semana de febrero, para después, PSOE y Unidos Podemos solicitar un ‘procedimiento de urgencia’ y de lectura única.
Ahora, frente a la posibilidad de unas elecciones generales el 28 de abril, la posibilidad de una reforma para conseguir un voto más sencillo para los 2 millones de españoles que residen en el extranjero, se plantea todavía más remota.
El objetivo era que se debatiese en el último Pleno del mes de febrero, el del 26. Si pasaba este trámite, iría directamente al Senado, que solo tendría 20 días para completar la tramitación. Sin embargo, el límite para la disolución de las Cortes está en el 5 de marzo, por lo que las posibilidades son muy pequeñas.
MATEO SEGUIRÁ AL FRENTE DE RTVE
La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo.
Rosa María Mateo asumió el cargo de “administradora provisional única” hace seis meses. Iba a ser un puesto transitorio y va camino de eternizarse. La elección de esta figura por el Congreso de los Diputados no tenía precedentes y, en la práctica, suponía que Mateo sustituyese al consejo de administración del ente público. Así, la administradora provisional única goza de plenos poderes gracias a este cargo, sin contrapesos ni consejeros que puedan influir en su capacidad de gestión.
El plazo de presentación de solicitudes para el concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE fue convocado el 17 de julio de 2018, y concluyo el 30 del mismo mes. Distintos dirigentes políticos pronosticaron un plazo de tres meses para su resolución, pero no se ha cumplido.
El 18 de septiembre se anunció la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos al concurso para la renovación de los Miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, y se abrió plazo para la reformulaciones y modificaciones.
La última publicación en el BOE sobre este concurso, es el ‘Informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos’, con fecha del 18 de diciembre de 2018 y mediante un sistema de puntos, clasificó a los candidatos en un ranking de aptitud. Pero muchos de los candidatos recurrieron la nota que les habían puesto y han paralizado la tramitación.
Si se convocan las elecciones, el Parlamento queda disuelto y no se podrá avanzar en la elección del nuevo presidente del ente público. Así las cosas, el puesto provisional de Mateo podría alargarse como mínimo hasta el verano, cumpliendo así un año en el cargo de administradora única de RTVE.
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DECAEN
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El pasado 30 de noviembre, el Gobierno se dio un año para realizar su propuesta de reforma constitucional que supondría la limitación de los aforamientos. La modificación plantea que los parlamentarios y los miembros del Ejecutivo vean limitado el aforamiento absoluto del que han disfrutado hasta ahora, a los delitos que cometan únicamente en el ejercicio de su cargo.
El Consejo de Ministros aprobó ya el anteproyecto de reforma de los artículos 71 y 102 de la Constitución. El 71 regula las causas contra diputados y senadores, y el 102 lo relativo al jefe del Ejecutivo y sus ministros.
Esta reforma suponía uno de los principales y mas polémicos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que la Constitución española solo ha sido modificada en dos ocasiones. El proyecto ahora puede verse truncado por un precipitado proceso electoral para decidir un nuevo presidente del Gobierno en tan solo dos meses.
El Gobierno también impulsó en diciembre, un día después del 40º aniversario de la Constitución, una reforma del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar los términos «disminuido» y «minusválido» y sustituirlos por «personas con discapacidad», como lleva años reclamando el sector en defensa de un trato digno a este colectivo.
El nuevo texto aprobado por el Ejecutivo obliga a pasar al Parlamento y responde a una histórica reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), pero habrá que esperar como mínimo a la próxima legislatura.
SE MANTIENE EL LÍMITE PARA INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN
Sede de la Audiencia Nacional.
El Partido Popular y Ciudadanos mantienen atascada una proposición de ley en el Congreso que pretende acabar con el límite de tiempo impuesto a la investigación de los casos de corrupción. Ambos grupos parlamentarios han ampliado más de cincuenta veces el plazo de enmiendas de esta iniciativa.
El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue reformada en 2015 por el Partido Popular para establecer un límite de seis meses para los casos sencillos. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, expresaron públicamente su intención de derogar esta reforma.
Gracias a que PP y Ciudadanos tienen mayoría en la Mesa de la Cámara, consiguieron paralizar la reforma. De esta manera, la mayoría de votos en el Pleno del Congreso que apoyó la iniciativa del grupo de Unidos Podemos, que busca eliminar el límite a la investigación de los casos de corrupción, no fue suficiente. En su lugar, el Congreso aprobó otra proposición, aunque no de ley, para recalcar el apoyo mayoritario a la derogación de los límites impuestos a la instrucción judicial.
LOS SECRETOS OFICIALES SIGUEN BAJO SIETE LLAVES
Sala principal de búnker donde se reunió el Consejo de Seguridad Nacional.
Se trata de una iniciativa del PNV que viene de la primera parte de la legislatura y ue pretende reformar la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, que acaba de cumplir un año esperando que se convoque la ponencia encargada de estudiar el texto y las enmiendas.
El objetivo era poner límites de tiempo –25 o 50 años para los casos más reservados– a la hora de levantar el carácter de secreto sobre un documento oficial, siguiendo el ejemplo de los países anglosajones. El portavoz peneuvista, Aitor Esteban, trasladó en noviembre una petición formal al presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, para reanudar la tramitación, pero nada ha cambiado.
«Emplazándole, con la urgencia que requiere un asunto tan trascendental como éste, la transparencia y el acceso a la información que da sentido a una democracia, la reforma de una norma franquista que data de 1968, largamente reclamada por investigadores e historiadores, a que tome cartas en el asunto y realice las gestiones para poner en marcha los procedimientos parlamentarios y permitir el debate de esta propuesta en la Comisión Constitucional», escribió a Posada.
SIN LEY DE IGUALDAD LGTBI
La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra. Foto: Flickr Podemos
Tanto la ley de igualdad LGTBI -impulsada por Podemos- como la de igualdad de trato y no discriminación -del PSOE- han quedado atascadas en el Parlamento en el último año. La última previsión de los grupos era la de acabar el trámite de ponencia en febrero y llevarla al Pleno del Congreso en marzo.
El adelanto electoral acaba con las expectativas creadas, sobre todo, en el colectivo LGTBI, que anhelaba una norma que recoja, entre otras medidas, la despatologización de la transexualidad o el derecho de todas las mujeres a acceder a técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos.
Por su parte, la ley de igualdad de trato y no discriminación contemplaba, entre otras cuestiones, la creación de una figura independiente que pueda investigar de oficio situaciones de discriminación. Aunque fue admitida en el Pleno de la Cámara por unanimidad, desde el PP y Ciudadanos se rechazó la creación de esta figura con el argumento de que ya había instituciones –como la del Defensor del Pueblo– que podían asumir esta tarea.
LOS ARTISTAS JUBILADOS CONTINUARÁN DISCRIMINADOS
El ministro de Cultura, José Guirao.
El decreto ley con medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, que aprobó el Congreso a finales de enero por unanimidad, queda ahora paralizado. El texto busca compatibilizar la pensión de los autores jubilados con los derechos de autor y corregir así «las desigualdades fiscales y laborales» del sector.
Entre otras medidas, en materia de fiscalidad el real decreto ley bajó el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores, técnicos que sean personas físicas, a los productores y organizadores de obras y espectáculos culturales.
También se bajó del 19% al 15% el tipo de retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicable a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor.
Con este nuevo desarrollo legislativo, el Gobierno permitió también que los artistas en espectáculos públicos puedan continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad de forma voluntaria; y quedó protegida, durante los periodos de inactividad, la situación de la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia natural hasta que el hijo cumpla 9 meses.
Según dijo Guirao, en el plazo máximo de 6 meses el Gobierno daría respuesta a una reivindicación de los autores españoles: compatibilizar su pensión con el cobro de los derechos de autor. Una batalla que impulsó el humorista gráfico Antonio Fraguas «Forges», pero que seguirá sin ver la luz a corto plazo.
José Luis Martínez-Almeida, candidato a la alcaldía de Madrid y portavoz del grupo municipal popular, ha comenzado una campaña mordaz contra el presidente Pedro Sánchez. Cuando el Ejecutivo atraviesa la peor crisis con el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas, los populares se adelantan por la derecha colocando en el metro imágenes del presidente.
El equipo de comunicación de Almeida ha colocado en el metro de Madrid numerosos carteles con la imagen de Sánchez, de la alcaldesa Manuela Carmena y del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El titular principal que el Partido Popular ha querido lanzar, de cara a las elecciones de mayo, la campaña “él no quiere a Almeida”. Junto a esta frase, se puede ver la silueta de la cara de Almeida con su dirección web.
En uno de los carteles colgados en el metro de Madrid aparece Sánchez sentado en el Falcon, una imagen que permitió a la derecha acusar al socialista de gastar el dinero público en sus viajes en el avión oficial.
Los populares han aplicado la misma estrategia publicitaria contra su principal enemiga, Manuela Carmena, con un cartel que dice: “la alcaldesa de Madrid, que ha dado tres vueltas al mundo en este mandato a costa del dinero de los madrileños, tampoco quiere a Almeida”.
José Luis Martínez-Almeida, candidato popular a la alcaldía de Madrid. Foto: Flickr
Además, hay carteles en los que aparece el candidato del Partido Popular luciendo una americana oscura y camisa blanca con el mensaje de “Un Madrid limpio y cuidado”. En su cuenta personal de Twitter, Almeida agradeció a los madrileños la contribución a su iniciativa: “Quiero un Madrid de todos y para todos. Gracias por ayudarnos con vuestras propuestas para construir el Madrid que merecemos. Os espero. #MadridVaPorTi”.
Pese a que Almeida ha estado dieciocho meses al frente de la portavocía del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, no le ha servido para alcanzar la popularidad suficiente entre los ciudadanos de la capital. Por ello, bajo lo que calificó como una campaña “pegada a la calle” y “abierta a las sugerencias de los vecinos”, pretende tener un contacto más directo con los ciudadanos.
“Estos ocho meses han sido una involución para España. El Partido Popular reafirma su compromiso: no pactaremos nunca con populistas ni independentistas”
La primera propuesta fue crear un número de WhatsApp para que los madrileños pudiesen interactuar con él. Además, el candidato comenzó a tener contacto con los vecinos a través de encuentros con un café.
Con la iniciativa de “Un Café con Almeida”, el candidato popular ya emprendió actos periódicos en los veintiún distritos de Madrid. Las charlas se basan en reuniones abiertas para todos con el objetivo de conocer “las necesidades y problemas del barrio”.
Por su parte, los populares de la comunidad de Madrid promovieron ayer la salida de Sánchez de la Moncloa con el hashtag #AdiosPedro. El líder del PP, Pablo Casado, aseguró en la Cámara Baja que su partido está preparado para gobernar España.
“Estos ocho meses han sido una involución para España. El Partido Popular reafirma su compromiso: no pactaremosnunca con populistas ni independentistas. Es importante decir cuál es el voto seguro para unas futuras elecciones”, publicó la cuenta oficial el PP.
Asimismo, los populares incluyeron un video en Twitter exponiendo lo que consideran el «lastre” que ha sido el Gobierno socialista. En tan solo un minuto, el Partido Popular mostró como Sánchez afirmó que notendría nada que gobernar sino había presupuestos.
Según la última encuesta realizada por Invymark para Telemadrid, la plataforma “Más Madrid” ganaría las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Aunque, según refleja el sondeo, Carmena perdería la Alcaldía frente al PP. De esta manera, Almeida se convertiría en el próximo alcalde de la capital si llegase a un pacto con Ciudadanos y Vox.
EL PP YA ATACÓ A SÁNCHEZ EN LAS REDES EN 2015
Durante las campañas electorales de 2015-2016, el PP dedicó gran parte de sus esfuerzos a la comunicación en redes sociales. En torno a la figura de Sánchez agruparon iniciativas como #síndromedeadán o #TomaDemocracia, que perseguían dinamitar agresivamente al entonces candidato socialista.
Tuit del Grupo Popular
El PP llegó a publicar más de 300 campañas diferentes enfocadas a las cuentas oficiales del partido y a la del expresidente, Mariano Rajoy. Un ejemplo de ello fue el hashtag #Sáncheznotecreo, que promovieron los populares para atacar a Sánchez después de que éste atribuyese la Ley del Divorcio de UCD a Felipe González.
Por el contrario, los socialistas han sido más suaves a la hora de arremeter contra PP y se han destacado por alentar una campaña más centrada en los presupuestos fallidos: “Han votado NO. Han dicho NO a los presupuestos más sociales de la democracia. Ahora, que se lo expliquen a sus votantes y a los ciudadanos. Si pueden”.
La renovación de RTVE por parte de Pedro Sánchez tiene una cara: Rosa María Mateo, que se convirtió en administradora única de la Corporación Pública con el apoyo de Unidos Podemos y los nacionalistas.
Pablo Iglesias apoyó su nombramiento ‘con la nariz tapada’ después de su derrota mediática con sus candidatos afines, Ana Pardo de Vera, que acabó denunciando la estrategia de Podemos, y Andrés Gil, que renunció al puesto cinco minutos antes de evaporarse su candidatura.
La decisión de Rosa María Mateo de mantener como director de TVE a Eladio Jareño, exjefe de prensa del PP catalán, crispó los ánimos mientras desde Génova 13 se denunciaba «una purga» en los servicios informativos de TVE. Pero las razones de la soledad de Mateo son otras.
INESTABILIDAD
La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo.
El nuevo Consejo de administración de TVE iba a escogerse en enero. Pero el concurso encalló y Mateo se mantendrá al menos hasta el 26-M. El Consejo de Informativos, muy crítico con la etapa de José Antonio Sánchez, ahora ha roto amarras con la administradora única.
Este organismo denuncia que «es necesaria la estabilidad en las más altas instancias de la Corporación, para poder desarrollar un proyecto de programación informativa con perspectivas de futuro».
Es por ello que «es imprescindible atajar cuanto antes las interesadas campañas de desprestigio que, sobre todo, pretenden coartar el libre ejercicio profesional y transmitir una imagen deformada de sus informativos».
El CdI dice que la administradora «se está manteniendo en el tiempo más de lo que sería deseable, teniendo en cuenta que seguimos aspirando a un Consejo de Administración elegido por concurso y en el que el Presidente cuente con el consenso parlamentario».
FALTA DE INDEPENDENCIA
Rosa María Mateo en un acto público antes de dirigir RTVE.
El Consejo de Informativos denuncia que «los profesionales de la información de TVE volvemos a reclamar a todos los partidos políticos, sin ninguna excepción, que, llegado el momento de la elección, demuestren con hechos esa voluntad de consenso en torno a la construcción de una radiotelevisión pública independiente y al servicio de la sociedad en su conjunto».
Este organismo, cercano ideológicamente a la izquierda, ha pedido a los políticos, en especial al PSOE, «que saquen a TVE de sus legítimas disputas partidarias, que se esfuercen por dejar a los profesionales de la Corporación que presten su servicio a la sociedad con total libertad y renuncien a intentar mantener su influencia en los órganos de dirección».
«En este sentido, y aunque aún no estemos ante un sistema perfecto de elección de los máximos responsables de la Corporación, el Consejo considera que el actual Concurso público, aun siendo mejorable, es un paso correcto, que favorece la independencia de RTVE frente al poder político, y que es necesario culminar cuanto antes», señalan.
SOBERBIA
La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo.
Rosa María Mateo explicó la semana pasada que no tiene «inconveniente de que haya un concurso y me vaya a mi casa. No estoy pegándome al sillón, no me importa, me iré cuando decidan que hay que cambiar».
UGT denuncia que la administradora «está realizando un pésimo ejercicio de sus responsabilidades, restando importancia a los problemas y despachándolos con altas dosis de soberbia». El Comité Intercentros de RTVE, controlado por el sindicato socialista, aprobó pedir el cese de Mateo.
El sindicato afirma que «el trato con las y los profesionales de la Casa raya con lo humillante en demasiadas ocasiones, llegando a proferir términos ofensivos como «vagos» o «incapaces».
«Insultos que aún se vuelven más generosos para calificar a los sindicatos, y por ende a las y los sindicalistas que ejercen su labor en RTVE, de «lacra» siempre que la actividad democrática de los mismos no resulta de su agrado», añaden.
MALAS FORMAS
Guerra en RTVE entre UGT y Rosa María Mateo. Foto: RTVE.es
UGT denuncia que la relación de Mateo «con la dirección de TVE es aún peor que pésima, manteniendo enfrentamientos a diario con casi todos los departamentos. Una relación impropia que afecta y ralentiza toda la producción de TVE y que se agrava por su empecinamiento en no confiar en las y los profesionales de la Casa».
Rosa María Mateo, denuncian, «prefiere externalizar la producción de programas, llevando aún más allá lo que tanto se criticó en la etapa anterior de la Corporación. La privatización total o parcial de los programas es tan incesante como innecesaria: ‘La Mañana’, ‘España Directo’, ‘Comando Actualidad’, ‘Flash Moda’ o ‘Saber Vivir’.
LA FALTA DE TRANSPARENCIA DE ROSA MARÍA MATEO
Rosa María Mateo, presidenta de RTVE.
UGT denuncia que la gestión de Mateo «es igualmente nefasta en transparencia, negándose a hacer públicos los sueldos de los directivos. Un buen ejemplo de su opacidad fue el rifirrafe que mantuvo con la oposición en la Comisión de Control de RTVE, cuando se amparó en la discrecionalidad para evitar aclarar a qué se había destinado una partida de 44.000 euros de los que seguimos desconociendo su destino».
«Tampoco se ha dado explicación alguna a la compra de su nuevo coche oficial, un Lexus flamante para use y disfrute de la señora Mateo cuando hay tantas necesidades urgentes en una empresa pública como es RTVE», rematan.
PÉRDIDA DE AUDIENCIA
Pedro Sánchez apadrinó el nombramiento de Rosa María Mateo.
UGT también recuerda «el incumplimiento de sus compromisos parlamentariosal seguir sin respetar su palabra de cancelar la sociedad instrumental que preside junto con su hijo». Esta información fue desvelada por OK Diarioen octubre.
Y añaden que «los resultados de audiencias son un desastre, bajando de forma alarmante. En diciembre de 2018 la Corporación sufrió una pérdida de 1,5 puntos de share (16,2) respecto a diciembre de 2017 (17,7). En concreto, los informativos han perdido 343.000 espectadores entre septiembre y diciembre de 2018«.
La semana pasada el Grupo Parlamentario de UPN en el Parlamento foral era «un polvorín». Así lo definen fuentes cercanas a los regionalistas a MONCLOA.COM. ¿La razón? Las listas autonómicas del 26-M que prepara Javier Esparza.
El presidente de UPN cuenta con la firme convicción de diseñar una lista plagada de ‘tecnócratas’ que contará con «un fichaje bomba con un indudable tirón mediático». La intención del presidente de UPN es que los fichajes sirvan de reclamo final tras una legislatura que ha sido más dura de lo que preveía.
Pero si el fichaje de Andrés Burguete para coordinar el argumentario del partido ya levantó ampollas, la confección de una lista plagada de fichajes galácticos de la sociedad civil podría provocar un terremoto interno.
SERGIO SAYAS PODRÍA CAERSE DE LAS LISTAS
Pese a su radiante juventud, 39 años, Sergio Sayas se ha convertido en un clásico en las filas de UPN. El diputado autonómico lleva desde 2003 en el Parlamento, Cámara en la que entró como asistente parlamentario.
Desde entonces ha sido teniente del alcalde de Berriozar, presidente de Juventudes Navarras, portavoz adjunto de UPN en el Parlamento, y finalmente secretario de Organización y Comunicación hasta la caída de Yolanda Barcina en 2015.
Cierto es que fuentes cercanas a los regionalistas explican a MONCLOA.com que Sayas, que sigue contando con la confianza de Esparza, podría ser designado a medio plazo como candidato de UPN al Congreso de los Diputados.
Sergio Sayas analizó en diciembre en la Cadena SER la irrupción de Vox a nivel nacional y dejó una puerta abierta al pacto con el partido de Abascal: «Para mí los que nunca podrían estar en un gobierno en el que yo acordara son aquellas fuerzas nacionalistas y separatistas; todo lo demás es discutible».
El líder de UPN José Javier Esparza en TVE. Foto: RTVE.
Esparza le puso en su sitio desde el mismo medio: «UPN no va a pactar ni a alcanzar ningún acuerdo con aquellos que no defiendan el régimen foral de Navarra, con aquellos que no defiendan el Convenio Económico… Si hay partidos que quieren acabar con esos derechos, obviamente no llegarán a ningún acuerdo con UPN, porque para nosotros esa es una línea roja».
LA ESTRATEGIA DE BURGUETE
La estrategia de Burguete está siendo clara: rebajar la línea impuesta durante estos tres años por Esparza, que ha analizado con dureza al Gobierno de Uxue Barkos por sus polítcas lingüísticas.
Burguete, proveniente del extinto y centralista CDN, quiere que UPN recupere los bríos de los tiempos de Juan Cruz Alli: recobrar la centralidad política, hoy en manos de Geroa Bai y el PSN según algunas voces regionalistas.
Un síntoma de este viaje al centro de Esparza fue su ausencia en la concentración madrileña de Colón contra Pedro Sánchez, hasta donde viajó la secretaria general Yolanda Ibáñez.
El PSN criticó a través de las redes sociales «la espantada» del presidente de UPN, preocupado también en hacer un encaje de bolillos con el sector de Miguel Sanz y en recobrar simpatías entre las filas socialistas, dolidas por el apoyo de UPN a la concentración contra el PSOE.
ESPARZA DISEÑA SU EQUIPO EN UPN
Algunos críticos en UPN, acostumbrados a la cercanía deMiguel Sanz o Yolanda Barcina, denuncian que Javier Esparza «se ha atrincherado en un círculo muy reducido: la secretaria general Yolanda Ibáñez, el vicepresidente Óscar Arizcuren y el secretario de Organización, Jorge Esparza».
El presidente de UPN afirmó la pasada semana que el partido «no va a gobernar con nacionalistas ni populistas, tengan uno u otro sesgo» y explicó que los regionalistas «van a hacer frente a la peor de todas las pestes que es ese nacionalismo que envenena Europa.
Esparza también ha acentuado sus críticas contra el PSN, del que afirma que posibilitará un Gobierno con Geroa Bai.Íñigo Alli, su rival político interno, por ahora ha tomado un estudiado perfil bajo y guarda silencio.
Alli, portavoz de UPN en el Congreso y posible sucesor de Esparza pese a que no cuenta con demasiados apoyos internos, se ha desmarcado en los últimos meses de los regionalistas en dos asuntos.
El diputado explicó que no estaba de acuerdo en abstenerse con la exhumación de Franco y pidió negociar los presupuestos con el PSOE a cambio de que el PSN se comprometiese a apoyar a UPN a nivel autonómico tras el 26-M.
LA DERECHA NAVARRA SIGUE PENDIENTE DE VOX
Sea como fuere, algunos prebostes regionalistas han levantado la voz de alarma por no formalizar un acuerdo con el PP. Vox también ha entrado con fuerza en Navarra tras un acto hace unos días en el Iruña Park, y en ciertos ambientes se busca que el partido de Abascal no se presente a las autonómicas, situación que ya se dio en 2015.
José Javier Esparza, líder de UPN. Foto: Navarra.com
No sería la primera vez que Esparza carga contra un partido ‘antifuerista’ y por debajo de la mesa busca su ausencia electoral: Albert Rivera denunció que mientras UPN atacaba a Ciudadanos en 2015, Esparza le pidió que no se presentase por no hacerle un favor a los nacionalistas vascos.
El expresidente del BBVA, Francisco González, fue fotografiado ayer por MONCLOA.COM en la terraza de Capuccino Grand Café, un selecto lugar en la plaza de la Independencia con vistas a la Puerta de Alcalá y en plena vorágine por las noticias sobre el incendio del edificio Windsor.
El expresidente del BBVA, Francisco González, ayer en Madrid.
El actual presidente de honor de la segunda entidad financiera del país estuvo sólo en todo momento, sin escolta, y mantuvo un rictus serio, de preocupación, mientras leía una tableta. En ese momento ya se conocía que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la ‘Operación Trampa’, Manuel García Castellón, había pedido a MONCLOA.COM los informes publicados sobre Villarejo y el Windsor para añadirlos a la pieza separada número 9 que afecta al BBVA.
González se sentó, curiosamente, en una terraza en la que podía ver justo enfrente una oficina bancaria del BBVA. Pagó el café cortado con un billete de 50 euros y apenas levantó la vista de la citada tableta en todo el tiempo en el que estuvo sentado en el Capuccino.
Las presuntas irregularidades en la operación de venta de FG Valores a Merrill Lynch fueron un asunto crucial en la guerra de Sacyr y sus socios para apartar a Francisco González de la presidencia del BBVA. El comisario José Manuel Villarejo trabajó al servicio del banco para neutralizar la denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya investigación luego intentó continuar la Fiscalía Anticorrupción.
El interés de la operación se puede seguir a través de los documentos que el comisario elaboró para el BBVA. Cuando faltaba menos de un mes para que ardiera el edificio Windsor de Madrid, Villarejo relató que había detectado un encuentro entre varios periodistas del grupo PRISA (editora del diario El País y de la Cadena SER) con Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV.
Del Rivero detalla así sus impresiones en charla telefónica con este diario: «Las casualidades que ahí existían hacen pensar que es muy plausible la hipótesis que se adelanta por MONCLOA.COM porque evidentemente ese papel (la auditoría) era muy comprometido para la reputación de un presidente de un banco y, como dice Luis de Guindos, en la banca lo más importante es la reputación. Máxime si venía sin ninguna experiencia bancaria de un chiringuito como era FG, un chiringuito con dificultades. No habías llegado a ser presidente del BBVA por tu larga trayectoria bancaria, sino que habías llegado de aquella manera».
Tuve sospechas racionales que ahora veo confirmadas. De hecho no sólo yo, sino mucha gente, le conocía como el príncipe del fuego. Se hablaba de que Rajoy estaba influido por tres príncipes, el príncipe del fuego, que era FG; el príncipe de las tinieblas y el príncipe del principado. Por algo se diría eso. Se aplicaba el refranero español: dime con quién andas, y te diré quién eres. Pues si estos príncipes eran sus principales…pues él sería similar o más».
Del Rivero, considerado uno de los adalides del «grupo hostil», espiado por Villarejo al servicio del BBVA, ve la larga mano de FG en más detalles: «Al fiscal que llevaba aquello, la investigación sobre FG valores, los medios que habían sido más activos en la defensa de los intereses de FG pues cuando el fiscal volvió a la carrera tras pasar por la privada y actuó en un caso algunos diarios le pusieron en la primera página dándole una injustificada caña. Eso era por algo«.
Del Rivero ha conocido quién era Villarejo cuando ha leído los informes que hacía sobre su persona dicho comisario. «No sabía quién era Villarejo ni conocía su existencia. Yo sabía de la existencia del otro, del príncipe del fuego».
«Tuve sospechas racionales que ahora veo confirmadas. De hecho no sólo yo, sino mucha gente, le conocía como el príncipe del fuego»
¿De qué cree capaz a FG? «Si la gente le llamaba el príncipe del fuego, por algo sería. Si esos tres personajes, el príncipe del fuego, el príncipe de las tinieblas y el príncipe del principado influían en Rajoy eso te da idea de la calaña del personaje».
Pero los apoyos políticos a FG tenían más terminales, según del Rivero: «Es claro que del PP ahí sí se dieron órdenes políticas a los portavoces económicos en el Congreso de que defendieran enérgicamente a FG. Sería por galleguismo, quizá».
«Es mucha casualidad que a los papeles de él estaban en el mismo sitio donde se produjo el incendio y que el fiscal le dijo que el lunes sin falta tenía que entregar los papeles«, remacha el expresidente de Sacyr, que ultima una querella por el espionaje sufrido.
DESESTABILIZAR A LUIS DEL RIVERO
El operativo desplegado por el comisario José Manuel Villarejo intentó desestabilizar el intento de Luis del Rivero, presidente de Sacyr, de arrebatar la presidencia del BBVA a Francisco González. Para ello, realizó seguimientos personales, controló el tráfico de llamadas telefónicas e interceptó el contenido de algunas de ellas, además de introducir topos en las filas de los que denominó como “grupo hostil”.
La batalla por el control del BBVA fue capitaneada por la constructora Sacyr, pero Luis del Rivero iba de la mano de las familias que habían sido los accionistas tradicionales del banco. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, José Domingo Ampuero.
El encargo realizado por el banco al comisario Villarejo puso en marcha una maquinaria que también realizó seguimientos personales, consiguió información de la vida íntima de las personas más relevantes en el caso y, según esta documentación, presuntamente llegó a extorsionar a algunos de ellos.
El organismo regulador archivó el caso, pero la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para investigar esta documentación. Sólo quedaba una copia de la misma en la sede de la auditora Deloitte, en el edificio Windsor de Madrid. Un día después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera a Deloitte esta documentación, el edificio se consumía en llamas.
Documento de Villarejo donde anota la eliminación de los documentos de Deloitte.
Los documentos publicados por MONCLOA.COM descubren que Villarejo realizó una recopilación final de los trabajos realizados para el BBVA. Entre ellos se encontraba lo que denominó como “acción final”. Esta consistía en “eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL.” La abreviatura parece referirse a la auditora Deloitte.
Aunque todo el operativo y los informes de Villarejo estaban denominados como “Proyecto Trampa”, en este documento está encabezado como “Proyecto FG”, las iniciales del presidente del BBVA y de su firma de bolsa.
