El BBVA ha convocado su junta de accionistas para el 15 de marzo, fecha en la que aún no estarán disponibles las conclusiones del informe que la propia entidad financiera ha encargado a PwC y dos auditorías -Garrigues y Uría&Menéndez- para determinar los trabajos encargados a la empresa de seguridad Cenyt del excomisario José Manuel Villarejo hace 14 años.
Las informaciones que ha aportado MONCLOA.COM en el último mes indican que hubo un masivo espionaje de empresarios, políticos, miembros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y periodistas, para evitar el desembarco de la entonces Sacyr-Vallehermoso que dirigía Luis del Rivero en el accionariado de BBVA.
El actual presidente de la entidad bancaria, Carlos Torres, mostró su respaldo a su antecesor en el cargo, Francisco González, a la espera de los resultados de esa investigación interna que se desarrollará durante varios meses y que, por tanto, no llegarán a tiempo de conocerse antes de la próxima junta general de accionistas del banco, que se celebrará, como es habitual, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Esta será la primera junta que Torres vivirá como presidente y en ella el máximo órgano del banco deberá, además de aprobar las cuentas de 2018, ratificar el nombramiento Onur Genç como consejero delegado.
También, se propondrá el pago en efectivo de 0,16 euros brutos por acción como dividendo complementario del ejercicio pasado. Y a buen seguro alguno de los accionistas que acudan a la cita preguntará sobre el pasado y, en especial, el futuro de Francisco González como presidente de honor de la entidad.
BBVA presentó a finales de enero unos resultados positivos ganando 5.324 millones pese a los resultados de sus filiales en Turquía y Argentina. Estos resultados suponen un incremento del 51,3% con respecto al ejercicio anterior, principalmente por los beneficios extraordinarios derivados de la venta de su filial en Chile.
La entidad publicó unas declaraciones de Torres en las que analizaba los resultados, presumía del resultado de la digitalización de la entidad y finalmente analizó de forma decepcionante el problema reputacional de la relación de la entidad con el excomisario Villarejo. Por segunda vez ni siquiera mencionaron el problema, hablaron “del asunto del grupo Cenit”, escondiendo que el asunto es la guerra sucia e ilegal de la propia entidad con su expresidente al frente.
En pocos segundos y al final del vídeo, Torres se limitó a decir que tomaban muy en serio una investigación en la que hasta la fecha se desconoce algún resultado concreto. El banco ya reconoció que esta investigación se puso en marcha hace siete meses y, sin embargo, aún no han encontrado nada.
Pero miembros de este colectivo se autoimponían dos cautelas: esperar al inminente consejo de accionistas del BBVA para ver si fulminan o no a FG de sus cargos actuales -presidente honorífico y de la fundación- y si de la investigación interna del banco aflora alguna irregularidad por la contratación y actuación del comisario.
Los políticos y empresarios escudriñados y extorsionados desean retrasar su acción legal hasta comprobar que no sale ninguna noticia más del espionaje sufrido. “No hay prisa en presentar la demanda o querella. Los hechos son muy claros y puede presentarse en cualquier momento. Pero conviene hacerlo cuando tengamos todos los datos en la mano: la respuesta del BBVA en el próximo consejo de administración y el total de las noticias del espionaje sufrido. No queremos presentar una querella y que luego haya que rectificarla o modificarla a la luz de nuevos datos”, explica uno de los principales espiados por Villarejo.
El edificio Windsor ardió el 12 de febrero de 2005, con su destrucción quedaron muchos interrogantes sobre el siniestro que hoy día siguen sin aclararse. La realidad es que las medidas contraincendios que poseía el edificio ubicado en el corazón de Madrid, no fueron suficientes para extinguir el fuego.
Fernando Vigara, exsecretario general de la Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección Contra Incendios (APICI), señaló ayer en una conferencia de prensa las posibles causas por las que el Windsor quedó calcinado aquella noche.
Vigara relató cómo tuvo acceso al informe pericial sobre el incendio que le hizo verificar la carente protección de medios que poseía el edificio. Le extrañó que una construcción tan relevante construida en pleno centro de negocios madrileño, no precisase de los mecanismos adecuados para detener las llamas.
El rascacielos contaba con 27 plantas, entre ellas dos técnicas. Precisamente estas últimas deberían haber actuado como cortafuegos en el momento del siniestro. Pero no fue así, pasadas las 3:35 de la madrugada del 13 de febrero, el fuego atravesó el nivel de la primera planta técnica.
Una construcción de 1974, que por fecha, no estaba sujeta a una ordenanza de Protección Contra Incendios (PCI). Recordemos que la primera norma aplicable en Madrid data de 1976. Justo en 2002, el edificio pidió una licencia de obras de PCI que conllevaba: nuevas bocas de incendio, puertas cortafuego y de registro. Lo más sorprendente, según Vigara, fue que los encargados de pedir dichas licencias aseguraron que habría rociadores, una cuestión que el reglamento no exigía.
Esa fatídica noche, varios fallos técnicos imposibilitaron acabar con las llamaradas. En el informe pericial se muestra dos de las posibles causas relevantes: el problema del forjado con el muro cortina y los ineficaces sistemas de detección de incendios.
En definitiva, el Windsor no albergaba detectores de tipo técnico que posibilitasen la protección de activos. El edificio, que contaba con falsos techos, facilitaba que si había un incendio se propagase con más velocidad por ese motivo. De manera que sí el fuego se originó en un falso techo, la detección de éste sería mas complicada.
Además, el rascacielos solo contó con detectores de humo ubicados en vestíbulos. Por lo que, no había una detección de la zona en cuestión de donde provenía el humo. Por ello, los tiempos se alargaban y el sistema de localización del foco resulto ineficaz.
Otra de las cuestiones no tenidas en cuenta fueron el tipo de manguera. Supuestamente, cualquier punto de la planta debía poder ser batido por las mangueras, en el caso del Windsor no ocurría. Por ello, la longitud disponible de las mangueras impidió su uso por los vigilantes. También, el edificio careció de mecanismos tan simples como rociadores automáticos.
ACTUACIÓN DE LOS VIGILANTES Y LOS BOMBEROS
Cuatro eran los vigilantes que trabajaron esa noche. Según declararon en el atestado, uno de los vigilantes llamó a su compañero para que fuese al lugar central de detección sobre las 23:15 horas. Mientras, uno de los vigilantes subió hasta la planta 21, dónde se originó el fuego.
El protocolo de actuación indica claramente que en caso de incendio, los vigilantes deben quedarse unas plantas por debajo. A las 23:19 los supervisores llamaron a los bomberos y nueve minutos más tarde llegaron los primeros camiones de bomberos. El fuego, que ya había invadido los falsos techos, se propagaba cada vez con mayor velocidad. Finalmente, los 180 bomberos implicados tuvieron que atacar el fuego desde el exterior para que el incendio no se propagase a los edificios colindantes.
Por ende, una pésima detección automática de incendios, unas mangueras sin longitud adecuada para facilitar el trabajo a los bomberos, una protección estructural insuficientes y un manual de autoprotección poco visible para los vigilantes, hicieron que el Windsor quedase abrasado esa madrugada.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado esta mañana a MONCLOA.COM la entrega de la documentación publicada en el día de hoy sobre el incendio del edificio Windsor.
Una agente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se personó poco antes del mediodía en las oficinas de este diario para hacer entrega del requerimiento judicial. El juez reclama los documentos publicados hoy «en relación a la contratación por parte de BBVA o su entonces Presidente a GRUPO CENYT (José Manuel VILLAREJO PÉREZ)». El presidente del BBVA en 2004 eraFrancisco González y es la primera vez que este último aparece citado en un auto judicial, al menos con el cargo que ostentaba entonces.
García Castellón precisa que este requerimiento se enmarca en las investigaciones en curso de la pieza secreta número 9 de ‘Operación Tándem’, que se abrió precisamente tras las primeras publicaciones de MONCLOA.COM y El Confidencial en enero sobre los trabajos encargados por el BBVA a Villarejo, y que aún siguen bajo secreto de sumario.
«Todo ello sin perjuicio del derecho constitucional que asiste al medio en orden a la protección de la fuente de obtención del material, tanto del ya publicado como del que se encuentre pendiente de publicación», precisa el juez.
Los documentos de texto elaborados por el comisario en prisión José Villarejo y su equipo desvelan su relación con el pavoroso incendio que se desató en el corazón financiero de Madrid hace ahora justo 14 años. Estos documentos, a los que ha tenido acceso en exclusiva MONCLOA.COM, pueden ser claves para retomar la investigación cerrada como un incendio fortuito ahora que se cumple este aniversario.
El Juzgado de Instrucción Central número 6, que dirige el juez Manuel García Castellón, es el que está llevando a cabo la investigación sobre las actividades presuntamente ilícitas del comisario Villarejo. Trabajos y encargos de empresas y partidos, que efectuaba en paralelo con su condición de oficial de alto rango de la Policía, de hecho, adjunto al director Operativo de la misma.
Por lo tanto, esta documentación hay que circunscribirla a la llamada ‘Operación Tándem’, que ya tiene nueve piezas separadas, con casi toda la instrucción bajo secreto de sumario. La última, relacionada con las actividades de Villarejo por encargo del BBVA.
Este diario puso a disposición de la Fiscalía toda la documentación que obrara en su poder desde el primer día que reveló exclusivas sobre las actividades del comisario Villarejo. A pesar de esta disposición de colaboración, el juzgado numero 6 de la Audiencia Nacional ha requerido en dos ocasiones a MONCLOA.COM documentación, mediante el envío de agentes de la Policía Nacional a la redacción.
Reclamó la grabación del almuerzo de la ministra Delgado y Garzón con los policía de la trama Villarejo, así como los documentos relativos al ‘Proyecto Trampa’ para el BBVA. MONCLOA.COM atendió a los requerimientos del juez, y además, fue aportando día a día las documentación que analizaba y publicaba sobre las relaciones de Dolores de Cospedal con el policía en prisión.
El caso de la venta de FG Valores era un pilar fundamental de la guerra entre Sacyr y el BBVA de Francisco González. Para ello no se escatimaron esfuerzos. El seguimiento que realizó el comisario José Manuel Villarejo a los comprometidos papeles de la auditoría de Deloitte le llevó a rastrear su pista hasta Londres.
En uno de sus documentos de resumen de los trabajos realizados para el BBVA, el comisario dio cuenta de la actividad de la agencia de detectives Kroll, que actuaba contratada por los enemigos de Francisco González. En este informe señaló que dos detectives de esta agencia “han viajado recientemente a Londres para entrevistarse con directivos de Merrill Lynch”.
En este documento se describe, por lo tanto, el calado de la operación contra Francisco González con la munición de la venta de FG Valores. Según este papel, Sebastián pidió a Arenillas “que era más adecuado que se organizara una denuncia formal”. Para ello, los protagonistas quisieron asegurarse de que los documentos eran auténticos, trabajo que habrían encomendado a los detectives de Kroll.
Estos, según el informe de Villarejo, “primero vieron a Claudio Aguirre, exresponsable para España de Merrill Lynch”, sin que tuvieran éxito. Posteriormente contactaron con Harry Lengsfield, uno de los directivos de Merrill Lynch en Londres, que les confirmó que las fotocopias se correspondían con documentos originales.
Documento de Villarejo sobre el seguimiento en Londres de los documentos de la venta de FG Valores.
Sin embargo, Lengsfield les habría señalado que para transmitir la documentación prefería que dirigieran la petición de forma oficial. Curiosamente, el informe de Villarejo señala que esta actitud firme la mantiene, “a pesar de ir acompañados de un oficial de Inteligencia Británica en la reserva”. Todo un despliegue para la misión principal del asalto al BBVA: activar o anular, según la parte del conflicto que se tratara, los papeles de FG.
La operación de venta de FG Valores a Merrill Lynch fue utilizada como munición en el asalto a la cúpula del BBVA por parte de accionistas capitaneados por Sacyr y su presidente, Luis del Rivero, y las familias vascas que habían sido los propietarios tradicionales del banco antes de que fueran defenestradas por el propio Francisco González, empezando por el anterior presidente del banco, Emilio Ybarra.
El bando que pretendía quitar de la presidencia a González, según el relato realizado por el propio Villarejo en sus informes, realizó un ataque para obligar a dimitir al presidente del BBVA con la resurrección de un caso de hacía ocho años: la venta de la firma de bolsa de González a Merrill Lynch, en la que podría haberse producido un desfase contable de unos 4,5 millones de euros, aunque esta última sociedad no interpuso ninguna reclamación.
Cuando acababa de comenzar la operación de asalto a la cúpula del BBVA, un periodista de la cadena SER registró en la CNMV una documentación sobre la auditoría de aquella operación. Según los informes de Villarejo, el objetivo era hacer caer la cotización en Bolsa de las acciones del BBVA para provocar la dimisión de Francisco González.
ARENILLAS, EN EL ‘GRUPO HOSTIL’ DE VILLAREJO
El vicepresidente de este organismo era en aquel momento Carlos Arenillas, quien, según los informes realizados por el excomisario para el BBVA, formaba parte del ‘grupo hostil’ que apoyaba el golpe protagonizado por Sacyr.
La maniobra no fue bien recibida, sin embargo, por el presidente de la CNMV, Manuel Conthe, quien archivó la investigación de forma expeditiva. Entonces fue cuando tomó el relevo de la investigación la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la documentación a la auditora Deloitte. Los papeles nunca llegaron a sus manos. El incendio del Windsor los devoró.
El 12 de febrero de 2005 ardía el edificio Windsor, en Madrid. Uno de los grandes interrogantes de ese siniestro fue si el mismo tuvo relación con los documentos guardados en las oficinas de la auditora Deloitte, que podían ser comprometedores para el presidente del BBVA, Francisco González. MONCLOA.COM ha tenido acceso en exclusiva a documentos en los que el comisario José Manuel Villarejo anotó, en un resumen del trabajo realizado para el BBVA, una «acción final» con una frase contundente: «Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL».
El Windsor era uno de los rascacielos del corazón financiero y de negocios de Madrid, en el complejo Azca. Todo ocurría a muy pocos metros de la torre BBVA, donde se encontraban sus oficinas centrales, y desde donde en ese momento se podía disfrutar de unas impresionantes vistas sobre las pavorosas llamas.
El edificio Windsor, reducido a cenizas, también fue pasto de las elucubraciones sobre su aparatoso final. La revelación que sale a la luz ahora, catorce años después, obliga a la revisión total de este suceso, ya que Villarejo se atribuye presuntamente la destrucción de estos documentos clave.
La catástrofe comenzó la noche del 12 de febrero de 2005. La alarma antiincendios alertó a los vigilantes del edificio que, según declararon en la instrucción judicial, se correspondía a la planta 21ª. En uno de los despachos, uno de ellos vio una llama que ascendía desde el suelo.
A partir de ahí, el fuego se descontroló y ascendió, hasta acabar con el derrumbe de las plantas superiores. A la espectacularidad del incendio se sumó la grabación de unas imágenes por vecinos de la zona en la que se podían ver lo que parecían personas dentro del edificio. Los informes técnicos señalaron que se trataba de reflejos que provenían de la calle, proyectados sobre los cristales del edificio.
No sería la única sorpresa. Al revisar las ruinas, salió también a la luz que se había realizado un butrón en la planta que daba al garaje. Por el agujero apenas cabía con dificultad una persona delgada y fue realizado de dentro hacia afuera. En aquel momento se especuló con que alguien lo hiciera sencillamente para comprobar qué había al otro lado, pero es otra de las incógnitas de este siniestro.
WINDSOR ¿INCENDIO INTENCIONADO?
En 2005 España tenía aún muy reciente (estaba a punto de cumplirse un año) la herida de los atentados del 11-M, que golpearon Madrid. El primer rascacielos que se consumía entre las llamas en España recordaba otros hechos recientes, también terroristas, como la caída de las Torres Gemelas de Nueva York el 11-S del año 2001.
Así que, la posibilidad de que se tratase de un atentado, o que hubiera podido ser un incendio intencionado tras el que se encontraran intereses económicos (como los de la familia Reyzábal, dueña de un edificio ya avejentado; o de Francisco González, debido a la desaparición de los documentos de la auditoría de Deloitte, por ejemplo) sobrevoló el suceso y la investigación policial y judicial.
Entonces ya se sabía que en este complejo de cristal se encontraban las oficinas centrales de Deloitte. También se sabía que en sus manos se encontraba una documentación muy sensible: el soporte documental con el que se realizó la auditoría de la firma FG Valores, vendida a Merrill Lynch en 1996.
Pocas semanas después, Deloitte confirmó a la Fiscalía lo que todos daban ya por hecho, que los papeles habían sido destruidos entre las impresionantes llamas que estuvieron a punto de provocar un reflejo del 11-S en España, con un rascacielos desmoronándose hasta sus cimientos. Cualquiera que estuviera observando desde las ventanas de los edificios cercanos, como podría haberlo hecho el propio FG desde su torre del BBVA, podía dar fe de ello.
También era conocida entonces la relevancia que la operación de venta de FG Valores a Merrill Lynch. La investigación debía aclarar si pudo haber un desfase contable de 757 millones de pesetas de la época, equivalente a 4,5 millones de euros. El resultado podía ser dinamita pura en el ataque organizado en aquellas fechas para hacerse con el poder del banco por parte de Sacyr, aliado con las antiguas familias de Neguri, el exclusivo barrio de Getxo, cuna de los accionistas históricos del banco.
LA FISCALÍA Y LOS PAPELES DEL WINDSOR
Efectivamente, las presuntas irregularidades en la venta de FG fueron denunciadas a la CNMV. Tras archivarse el caso en este organismo, el asunto pasó a manos de la Fiscalía Anticorrupción, lo que podía desestabilizar completamente la posición de Francisco González, que se encontraba enrocado en su torre.
Pero lo que no se sabía entonces es que el BBVA de Francisco González había contratado al comisario José Manuel Villarejo. Tampoco era conocido hasta qué punto usó sus servicios para desestabilizar el asalto de Sacyr y neutralizar los ataques que pudiera recibir, como han revelado los documentos publicados por MONCLOA.COM.
El banco de Francisco González no contrató a los mejores asesores financieros para defenderse del ataque. Contrató los servicios de un policía, que desplegó un impresionante dispositivo para controlar comunicaciones telefónicas, realizar seguimientos personales e intentar extorsionar a aquellas personas que consideraba relevantes en la operación.
El edificio calcinado cuando terminaron los trabajos de extinción.
Tampoco se sabía entonces que este despliegue defensivo estaba protagonizado por quienes habían tenido altas responsabilidades en la Policía. Villarejo, como atestiguan los documentos, trató de estos trabajos para el BBVA con su jefe de seguridad, Julio Corrochano, que había sido comisario de la Comisaría General de Policía Judicial.
Curiosamente, otro expolicía consiguió ampliar los contratos que sus empresas tenían con El Corte Inglés. Fue gracias a lo que se conoció como el acuerdo Windsor, al que llegaron las aseguradoras y las empresas de seguridad afectadas por el incendio. Se trataba de Juan Carlos Fernández Cernuda, que era también jefe de seguridad de los grandes almacenes. Tras el incendio, El Corte Inglés compró el solar del Windsor para ampliar sus locales comerciales.
Una auditoría externa y dos internas de El Corte Inglés concluyeron que no hubo irregularidades, sostuvieron que se había realizado una gestión adecuada de aquellos contratos, conforme a la ley, y que ni Fernández Cernuda ni sus empresas se vieron beneficiadas.
Ahora sabemos, por los documentos a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, que Villarejo presuntamente quiso destruir o reemplazar los documentos de la auditoría de Deloitte, como indica la nota escrita sobre «Firma de Auditoría DEL». Este era uno de los principales objetivos de su trabajo. Durante el encargo del BBVA, el comisario se dedicó a conocer con detalle los pasos que dieron los protagonistas de la denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), construida sobre esta documentación. Anular la potencia de fuego del enemigo era fundamental en esta guerra.
EL ‘PROYECTO TRAMPA’ SE CONVIERTE EN ‘PROYECTO FG’
De lo que se trataba era de dar cuenta del resultado concreto del trabajo realizado. El fruto de esa orden fueron los documentos con el título de «sinopsis» que elaboró Villarejo. En ellos hizo una relación de actuaciones realizadas para el BBVA, en las que incluyó los contactos, infiltraciones, penetraciones, acercamientos, vigilancias, análisis y viajes, control de comunicaciones (unas 16.000 llamadas), acciones de boicot, control de riesgos críticos e informes.
Estos folios contienen todo lo realizado por un dispositivo que, según otros papeles de Villarejo, tenía unos recursos impresionantes, entre los que destacaron ocho equipos de personal especializado, doce coches, cinco motos y material electrónico para grabaciones y vigilancia y control.
La extensa y desordenada documentación de Villarejo, a la que ha tenido acceso este medio, ha sido expurgada hasta acceder a aquellos papeles donde explicó al detalle tanto el operativo montado al servicio del BBVA como los resultados de sus operaciones.
Entre los documentos publicados ya hace un mes por MONCLOA.COM se encontraba una sinopsis en la que aparecía un misterioso párrafo(pinche aquí para leer el documento)que, por sí sólo, no indicaba más que Villarejo había realizado acciones secretas de las que ni siquiera quería hacer referencia en los documentos presentados al banco. En principio, no parecía posible conocer a qué acciones se refería.
Documento de Villarejo que da cuenta de que no se archivan todas las actuaciones por seguridad. Los subrayados son de MONCLOA.COM
Así, el informe de Villarejo dice -respetando su puntuación y mayúsculas usadas-: “Esta sinopsis no pretende ser del todo exhaustiva, toda vez que PARTE de las ACTUACIONES realizadas y de los DATOS FACILITADOS no se han archivado por obvias MEDIDAS DE SEGURIDAD (Por ello no pueden ahora recogerse exhaustivamente).”
El comisario da cuenta de que “El objetivo de este proyecto se ha CUMPLIDO TOTALMENTE, por lo que este GIA ya ha FINALIZADO su cometido”. Las siglas GIA se corresponden a lo que denominó Grupo de Inteligencia y Análisis, su equipo de trabajo en esta misión encomendada por el BBVA.
En todo caso, el trabajo iba a continuar. Villarejo señaló que “no obstante (y por deferencia hacia T), se continuará la labor hasta conseguir el máximo de las nuevas actuaciones solicitadas (por ahora pendientes)”. ‘T’ o también ‘Tommy’ es identificado en la documentación de Villarejo sobre este caso como Julio Corrochano, el jefe de seguridad del BBVA en aquel momento y la persona con la que Villarejo despachaba.
Posteriormente, la investigación realizada por MONCLOA.COM ha descubierto un nuevo documento que es crucial (pinche aquí para leerlo). Es muy parecido al anterior, menos en el párrafo final, que tiene una redacción diferente. Ahí es donde el comisario José Manuel Villarejo anotó en el resumen de conclusiones de los trabajos para el BBVA una contundente “acción final” que consistió en “eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL.”
Documento de Villarejo donde anota la eliminación de los documentos de Deloitte.
Este último párrafo describe, en su transcripción literal, el «intento de sustitución de soportes documentales originales, en su defecto eliminación física de los mismos. Si comunicar ni fecha ni procedimiento del sistema operativo para conseguir su destrucción». El texto incluye una errata -a juicio de este medio- en la que, donde dice «Si comunicar…» debe decir «Sin comunicar…».
Aunque todo el dispositivo fue bautizado por Villarejo como el proyecto Trampa, este archivo de resumen de todo el trabajo realizado, llamado Trampa-Sinopsis-FG, se titula, de forma novedosa, como “Proyecto FG”, las iniciales de Francisco González y también de su firma de bolsa. El documento está fechado el 26 de febrero de 2005, unos días después del incendio de las oficinas de Deloitte en el edificio Windsor (ver abajo).
Cabecera del informe llamado «Proyecto FG».
Con el descubrimiento de este documento y su comparación con el otro cobran sentido, por lo tanto, estos párrafos: en un documento con fecha 26 de febrero, Villarejo rebautizó su operación como «Proyecto FG» y redactó un párrafo que lleva a pensar que la acción final de su operativo había sido eliminar los documentos de Deloitte.
Un mes más tarde, el 30 de marzo, rehace su contenido, vuelve a la denominación «Proyecto Trampa», el nombre que llevó toda la operación para desestabilizar la operación de asalto al BBVA por parte de la constructora Sacyr y sus aliados. Aquí hace desaparecer la confesión de la destrucción de documentos. En su lugar, advierte que, por motivos de seguridad, no todas las acciones quedan reflejadas, y certifica que el objetivo se ha «cumplido totalmente». La sucesión de los informes y el cambio de párrafos se condensan en la siguiente imagen:
Arriba, primera redacción del informe con la «acción final» para eliminar los documentos. Abajo, segunda versión, donde se ha sustituido por una «nota final» donde informa de que el objetivo se ha «cumplido totalmente».
El último «rastro documental» que quedaba de la venta de FG Valores a Merrill Lynch era el que sirvió de base para realizar la auditoría de Deloitte. Si había existido el presunto desfase contable de 757 millones de las antiguas pesetas, las pruebas se encontraban ahí.
Al día siguiente de que Anticorrupción le pidiera los documentos a la compañía auditora, los papeles se convirtieron en humo en el incendio del edificio Windsor. Asimismo, un día después de que se apagaran los últimos rescoldos del incendio, Sacyr decidió abortar el asalto a la cima del BBVA.
Lo que sí se hizo oficial un mes y medio más tarde es que la auditora Deloitte comunicó a la Fiscalía Anticorrupción que los documentos que le había pedido de la auditoría realizada a FG Valores se habían quemado en el incendio de la torre Windsor. Sólo existía documentación en papel y no había copias.
Además del rastro que dejó Villarejo en estos documentos, MONCLOA.COM tiene conocimiento de que, entre la ingente documentación sobre el BBVA, se encuentra una carpeta llamada ‘W’ en la que guardó una extensa recopilación de las noticias aparecidas en la prensa sobre este suceso, particularmente la investigación sobre la causa del fuego.
El misterio sobre el origen del incendio no se resolvió nunca. De nada sirvieron los recursos contra el cierre de la instrucción judicial presentados por Deloitte, y el resto de perjudicados por el incendio. El juzgado de instrucción 28 de Madrid dio carpetazo al asunto “al no aparecer debidamente justificada la perpetración de acción penal”. Deloitte y otros perjudicados en el incendio, como Ason Inmobiliaria, la dueña del edificio, pidieron que siguieran las indagaciones, ya que, en su opinión, quedaban por cerrarse informes periciales, visionado de imágenes o declaraciones de los empleados de limpieza.
“La destrucción total de la planta 21 hace del todo imposible desde el punto de vista técnico señalar con exactitud la fuente de calor”
Sin embargo, el juez consideró que “la destrucción total de la planta 21 hace del todo imposible desde el punto de vista técnico señalar con exactitud la fuente de calor”. Y esto a pesar de que las empresas que recurrieron se quejaron de que el juez se centró en la propagación y los intentos de extinción del incendio, pero no en la causa del mismo.
La causa no se supo, pero eso también significaba, según los peritos de la policía científica, que adjudicar la culpa a un cigarrillo mal apagado por una empleada de Deloitte que estuvo trabajando hasta poco antes de declararse el incendio sería sólo una hipótesis y nada más. Adjudicar la culpa al cigarrillo era, en cualquier caso, muy extraño. Sería la primera vez que una colilla acababa con todo un rascacielos. ¿Cuántos tenían que haber ardido en una época en que no estaba prohibido fumar en espacios públicos cerrados?
Eso sí, la investigación descartó que el hecho de que el edificio estuviera en obras perjudicara al caudal de agua de las bocas de incendio, ya que durante la hora y media en la que se atacó el fuego desde el interior del edificio, los bomberos pudieron progresar en la extinción.
Captura del vídeo en el que supuestamente aparecían personas dentro del Windsor.
El Windsor era un edificio que no contaba con compartimentos estancos. Sus falsos techos sirvieron para que el fuego se propagase con gran rapidez. Estos cayeron durante la extinción sobre los bomberos, lo que provocó la orden de retirada del interior del edificio y la decisión de intentar apagarlo o mantenerlo a raya desde el exterior. Una decisión que fue muy polémica.
Si las figuras que se vieron en el edificio durante el incendio eran reflejos proyectados desde la calle o personas que se encontraban dentro, el misterio no quedó aclarado. La propietaria del inmueble quiso saber quién informó y por qué, desde la central del cuerpo de bomberos, que las personas que decía estar viendo en el edificio eran bomberos, ya que la policía científica mantiene que eran reflejos. La Justicia no quiso seguir esta pista porque, en su opinión, “en modo alguno puede tener incidencia en las causas del incendio”.
Entre las controversias a que dio lugar el incendio se encuentra la del papel de los vigilantes de seguridad. El juez no encontró ninguna irregularidad en su actuación, frente a lo que sostuvieron los peritos de la aseguradora Allianz, que pusieron el foco en conocer por qué el vigilante que llegó a la planta 21 y vio el fuego no pudo abrir la puerta para apagarlo.
Las presuntas irregularidades en la operación de venta de FG Valores a Merrill Lynch fueron un asunto crucial en la guerra de Sacyr y sus socios para apartar a Francisco González de la presidencia del BBVA. El comisario José Manuel Villarejo trabajó al servicio del banco para neutralizar la denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya investigación luego intentó continuar la Fiscalía Anticorrupción.
El interés de la operación se puede seguir a través de los documentos que el comisario elaboró para el BBVA. Cuando faltaba menos de un mes para que ardiera el edificio Windsor de Madrid, Villarejo relató que había detectado un encuentro entre varios periodistas del grupo PRISA (editora del diario El País y de la Cadena SER) con Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV.
Entre periodistas se encontraba Javier Ruiz, que entonces trabajaba en la Cadena Ser y llevó los documentos sobre un presunto desfase contable en la venta de FG Valores a Merrill Lynch, que podía poner en apuros a Francisco González.
Villarejo informó al BBVA que “ante la conducta de extrema clandestinidad detectada, se avisa a T”. Esta es la inicial de ‘Tommy’, el apodo con el que se conocía a Julio Corrochano, jefe de seguridad del banco. Las “fuentes infiltradas” en el denominado ‘grupo hostil’ (los que intentaron el asalto al poder en el BBVA) informaron al comisario que esta reunión era el inicio del ataque contra González que estaban esperando.
Según refleja un documento que resume en una cronología todo lo que sucedió con el intento de Sacyr de controlar el BBVA, estos hechos fueron considerados “de una osadía sin precedentes”. El análisis realizado entonces por Villarejo consideró que el ‘grupo hostil’ pretendía hacer caer la cotización del BBVA un 6 o 7% para obligar a González a dimitir. Sin embargo, el precio de la acción sólo bajó un 2%.
FG VALORES, EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Tras hacerse público que la investigación de la CNMV partió de la documentación que presentó en su registro de entrada un periodista de la SER, el organismo regulador la cerró dos días después, el 21 de enero, tras señalar que los hechos, de haber ocurrido, habrían prescrito si se hubiera tratado de una infracción administrativa. Sin embargo, el 24 de enero, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas por el mismo asunto. Para Villarejo, además de intentar “mantener la tensión informativa”, la Fiscalía pretendía hacerse con la documentación.
Villarejo guardó entre su documentación el comunicado que realizó el 20 de enero Francisco González, en el que este último relataba su versión de lo ocurrido y ofrecía su colaboración a la CNMV.
En los análisis realizados por el comisario, este asegura que en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero habían intentado presionar al ministro de Economía, Pedro Solbes, para imponer a Manuel Conthe, presidente de la CNMV, que mantuviera abierta la investigación de FG Valores.
La investigación del comisario le llevó, incluso, a espiar los movimientos y las llamadas relacionadas con la denuncia ante la CNMV. En uno de esos documentos informó que “en estos días, algunos datos de especial importancia (conseguidos por fuentes y medios técnicos) han permitido conocer la evolución que ha llevado la denuncia ante la CNMV”.
El dispositivo montado por el comisario realizó lo que llamó “vigilancias aleatorias” sobre el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas. En esas vigilancias descubrieron contactos con periodistas, lo que puso en conocimiento de Julio Corrochano “en informe verbal”.
CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS
En estos seguimientos se identificó al periodista que había llevado los documentos de Merrill Lynch a la CNMV, Javier Ruiz, y a varios responsables del grupo PRISA. Villarejo llegó a tener controlado uno de los teléfonos de este grupo de medios de comunicación y detectó llamadas con un número de un despacho particular del Congreso de los Diputados.
Aunque no tenía identificado quién era la persona que tenía ese número en el Parlamento, el informe de Villarejo señala que “este último número debe corresponder a un enlace muy cualificado del partido en el Gobierno, toda vez que también ya se han rastreado en numerosas ocasiones llamadas” entre José Pérez, presidente de la sociedad de valores Intermoney y considerado uno de los principales integrantes del grupo que pretendía tomar el poder del BBVA.
Los seguimientos de Villarejo sobre periodistas y directivos de PRISA le llevaron conseguir información de una reunión de estos en el parador de Segovia. El correspondiente informe del comisario llega a reflejar lo que dice ser la reproducción de una charla completa de estos. En ella se da cuenta de la estrategia y de reuniones posteriores para tratar sobre la investigación de la CNMV.
Villarejo sostuvo que contaba con información que indicaba que esta denuncia ha agudizado el enfrentamiento entre el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el director de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián. Además, señaló que se había producido un “agrio enfrentamiento” entre el presidente y vicepresidente de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas.
La semana en la que ha comenzado el juicio a los autores del desafío independentista y el día en que comienza la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, Carlos Alsina se adjudica en exclusiva la entrevista más buscada.
Aprovechando su estancia en Madrid, el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, acudirá a los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes (Madrid) para someterse a las preguntas de Carlos Alsina en el programa ‘Más de uno’.
Alsina suele decir que no es un entrevistador incisivo; que lo único que hace es colocar a los personajes frente al espejo de sus contradicciones. Por ello, parece bastante probable que la entrevista de Alsina a Torra mantenga un tono de cordialidad, pero con importantes cargas de profundidad.
De esta manera, el locutor de Onda Cero logra, una vez más, hacerse con la entrevista más jugosa del día en la dura batalla de los programas matinales, donde cada mañana compiten Pepa Bueno, con ‘Hoy por hoy’; Carlos Herrera, con ‘Herrera en Cope’; Alfredo Menéndez, con ‘Las mañanas de RNE’; y el propio Asina.
Torra asistió hoy a la primera sesión del procés en la sede del Tribunal Supremo y fue recibido por la jefa de gabinete del presidente del alto tribunal, Ana Murillo. En su interior, tuvo un encuentro con Carlos Lesmes antes de que comenzase la sesión. El president podrá seguir la vista de las cuestiones previas desde la Sala de Plenos.
MONCLOA.COM ofrecerá mañana datos claves para entender uno de los sucesos más inverosímiles de nuestra historia reciente, el incendio de la Torre Windsor. Este martes se cumplen 14 años de este extraño incendio que desató la rumorología y las teorías de la conspiración, sólo 11 meses después del devastador 11-M.
Alguna de esas teorías, gracias a la documentación que va a aportar este periódico, se verá refrendada, otras quedan absolutamente descartadas. El Windsor era algo más que una de las señas de identidad del modesto «skyline» de Madrid, en el que se llamaba el corazón financiero de la ciudad, que los madrileños llaman AZCA.
Como se puede leer en las informaciones que este lunes publica MONCLOA.COM, este incendio no fue uno más. En una ciudad con servicios de emergencia excelentes, con pocos incidentes de este tipo –el más dramático quizás fuera el incendio de los Almacenes Arias, en Gran Vía, muchos años antes–, una colilla mal apagada había provocado un devastador fue que consumió 32 plantas junto al mismísimo Paseo de la Castellana.
WINDSOR, UNA TORRE DE NOTABLES
Los vecinos del Windsor –propiedad de la familia Reyzábal– no eran poco señalados: El Corte Inglés, la auditora Deloitte, Sacyr, el BBVA, la no lejana Torre Picasso, donde estaba instaladas varias compañías como FCC y despachos particulares… ¿Es habitual que una trabajadora de una auditora se quede en su despacho trabajando un sábado hasta las once de la noche?
¿Es normal que una colilla mal apagada, un calefactor defectuoso, provoquen un incendio pavoroso en un edificio en el que trabajan miles de personas?, ¿es normal que todos los servicios contra incendios funcionen mal y que alguien acabe, por error, dando oxígeno a unas llamas que no pasaban de 50 centímetros de altas?
Los bomberos y la Policía descartaron la presencia de acelerantes, material pirotécnico y, básicamente lo que traía de cabeza a los madrileños: otro atentado, un 12F meses después de un 11M. Un gran alivio entonces, que no impide que se den por normales hechos excepcionales: en una España que permitía fumar en los trabajos compulsivamente, ¿cuántas colillas se dejaban mal apagadas?, ¿cuántos rascacielos, o edificios de oficinas ardieron? Ninguno. Solo este. El Windsor.
‘¿QUID PRODEST?’
Pero es que la pregunta era ese clásico de los abogados: ‘¿Quid prodest?’ ¿A quién benefició el incendio?
MONCLOA.COM nació hace solo cinco meses, en los que ha proporcionado a sus lectores información exclusiva, alguna sobre las actividades del comisario en prisión José Manuel Villarejo y otras no. El análisis de información procedente de una fuente fiable al cien por cien nos ha permitido poder ofrecer mañana información relevante que quizás aclare todo aquello que usted siempre quiso saber sobre el incendio del Windsor.
Pero lo que sí se atrevió a preguntar, del mismo modo que ha hecho el equipo de redacción de este periódico. La democracia española, más de 40 años de pacífica convivencia, ha ido edificando unos cuantos mitos.
Del mismo modo que otras sociedades son capaces de mirarse al espejo y rebuscar en el fondo de los cajones, la deriva de algunas situaciones relacionadas con los poderes públicos, empresariales y sus connivencias con una determinada familia de policías, pertenecientes todos ellos a una generación, orígenes y casi destinos comunes, necesita revisión. Parece sano levantar las persianas, abrir las cortinas y abrir la ventana, para que entren luces y taquígrafos. Y no parece mala idea que lo haga un medio sin hipotecas.
Mañana sale a esa luz, al aire fresco y vigorizante del invierno, una documentación que, sin más pretensiones, esperamos que dé luz a un extraño suceso que tuvo extravagantes causas y notables beneficiados. Todo, mañana mismo.
Mañana se cumplen 14 años del incendió que arrasó el edificio Windsor de Madrid, un rascacielos de 30 plantas situado en el corazón financiero de Azca y que, a día de hoy, sigue siendo el fuego más virulento que ha habido en la capital. También es el único rascacielos que se ha quemado en España.
Todo comenzó a las 23:08 horas del sábado 12 de febrero de 2005 cuando de detectó fuego de la Torre Windsor a la altura de la planta 21 del edificio. Veinte minutos después las llamas envolvían la parte superior del emblemático rascacielos. El fuego no se extinguió hasta pasados dos días y lo más sorprendente es que nunca se culpó a nadie del suceso.
El titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, acordó el archivo provisional del caso un año después del incendio, al considerar que a lo largo de las actuaciones no había quedado «debidamente justificada» la perpetración de infracción penal. En 2007, la Audiencia Provincial secundó el sobreseimiento sin desvelar las números incógnitas que aún persisten sobre el incendio y que MONCLOA.COM resume a continuación:
LOS FANTASMAS DEL EDIFICIO WINDSOR
Captura del vídeo en el que supuestamente aparecían personas dentro del Windsor.
Una semana después del incendio apareció en Telemadrid unas imágenes grabadas por una videoaficionada desde un edificio próximo, a unos 200 metros de distancia, en el que se veía a dos personas moviéndose con linternas a través de una ventana. Se encontraban a la altura de la planta 16 del Windsor, cinco por debajo de donde se había generado el fuego.
Las imágenes no eran de los primeros momentos del incendio, sino pasadas cuatro horas –a las 03:50 horas- y cuando la mitad del edificio era una antorcha de fuego con riesgo de colapso como en las Torres Gemelas del 11-S. A esa hora, en teoría, no había nadie en el interior del Windsor: los bomberos habían abandonado el edificio hacia la una de la madrugada.
El matrimonio que grabó el primer vídeo llamó al 112 de Emergencias para alertar de que había personas dentro del edificio y estuvieron viendo siluetas en el Windsor durante más de una hora, hasta pasadas las 5 de la madrugada.
Hubo otros dos vídeos polémicos. Uno grabado por un vecino, más o menos a la misma hora, en el que se encendían tres luces entre las plantas 10 y 14 del rascacielos en llamas. Y el tercero fue grabado desde un domicilio del Paseo de la Castellana, donde no hay ningún edificio con ventanas entre el videoaficionado y la torre, en el que se veía una hilera de ventanas encendidas. Lo sorprendente es que el Windsor llevaba ya varias horas sin electricidad.
El informe pericial de la Policía Científica certificó que se habían analizado “diferentes grabaciones de vídeo tomadas durante el desarrollo del incendio, en concreto unas en las que se ven varias figuras humanas, lográndose determinar que dichas imágenes no son falsas”. Incluso, se llegó a decir que las personas aparecían con equipos de radiotransmisor. En todo caso, el vídeo era auténtico para la Policía Científica, pero no aclaraba si había gente o no dentro del Windsor.
El enigma se acrecentó cuando los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid elaboraron su propio informe, en el que se aseguraba que aquellas siluetas podrían ser producto de un reflejo. Además, el Consistorio había dejado claro que no eran bomberos.
La versión judicial habló de un efecto óptico, es decir siluetas de edificios cercanos que se reflejaban en la fachada del Windsor. Fueron los famosos fantasmas. El juez instructor se lavó las manos: “Aunque se pudiera admitir la posibilidad de la presencia de personas en el interior del edificio Windsor, no existe evidencia alguna de que ello pudiera haber tenido alguna incidencia en la causación o propagación del incendio”, dijo en su auto de archivo.
¿LA CAUSA DEL FUEGO FUE UNA COLILLA?
Vista del Windsor ardiendo.
La Justicia estableció que “únicamente se ha determinado un foco de fuego situado en la planta 21, despacho 2109, dependencia ocupada desde las 16.00 a las 23.00 horas de aquel 12 de febrero por Eva R.M.», una trabajadora de Deloitte. La consultora tenía 1.200 empleados repartidos en 20 plantas del Windsor.
Ella admitió ante el juez haber fumado varios cigarros en la estancia, el último media hora antes de abandonar el lugar, pero reiteró que creía haberlos apagado correctamente y que no sintió que saliese humo.
La empleada había llegado a la torre sobre las cuatro de la tarde y estuvo trabajando hasta las once de la noche. Eva aseguró que en todo momento estuvo sola en la planta, aunque a una hora de la tarde -que no pudo precisar- observó junto a un fotocopiadora a un hombre al que nunca había visto y que pensó que pertenecía al departamento «de productos y servicios». En la instrucción no se volvió a hablar del hombre de la fotocopiadora. ¿Fue otro fantasma?
El magistrado señaló que “no concurren indicios para poder establecer un engarce casual entre el consumo de cigarrillos y el origen o propagación del incendio” ya que, en su opinión, “había material combustible suficiente para que el fuego progresara y fuera aumentado paulatinamente de tamaño”.
“Nos extrañó mucho cómo se reavivó el fuego en aquel momento, fue como si algo lo hubiera alimentado, aunque claro, no sabemos por qué ocurrió eso”
El fuego parecía controlado en un momento de la madrugada, cuando aún sólo afectada a varias plantas del edificio. Sin embargo, de repente, una inmensa llama explotó por la fachada oeste del Windsor, cuando el fuego se había limitado a las fachadas norte y este.
José Luis Gómez, que entonces era jefe operativo de Seguridad del Ministerio de Fomento (cuya sede estaba enfrente de Windsor, en Nuevos Ministerios) dejó este testimonio: “Nos extrañó mucho cómo se reavivó el fuego en aquel momento, fue como si algo lo hubiera alimentado, aunque claro, no sabemos por qué ocurrió eso”. Los informes policiales no detectaron acelerantes del fuego, ni nada que hiciera pensar que podía tratarse de un incendio provocado.
En cuanto a si las obras realizadas en el edificio pudieron tener algo que ver, el juez dejó libre de cargos a los propietarios del edificio, la inmobiliaria Asón, puesto que no se había demostrado las posibles deficiencias en los sistemas de prevención de incendios.
¿CÓMO SE PUDO PROPAGAR EL FUEGO HACIA ABAJO?
Varias plantas del Windsor se consumen en llamas. Foto: Quique Fidalgo/El Mundo
Una de las grandes incógnitas del incendio que dejó perplejos a los investigadores. A los bomberos les sorprendió la virulencia de las llamas y su color azulado, lo que podía ser un indicio del uso de aceleradores de fuego pues las llamas tienen ese color.
Lo cierto es que en un momento de la madrugada, cuando la parte alta del edificio se consumía en las llamas, el fuego comenzó a descender a las plantas inferiores al piso 21 donde se había originado el incendio.
¿PUDO SER UN CORTOCIRCUITO?
Otro momento del incendio del 12 de febrero de 2005.
La hipótesis inicial de la causa del incendio fue un posible cortocircuito. Incluso, se temió que fuese un atentado terrorista ya que la zona de Azca era el centro financiero de Madrid a semejanza del World Trade Center de Nueva York. Según la empresa propietaria del inmueble, el origen del fuego no fue un fallo eléctrico en el sistema de calefacción y aire acondicionado ya que se apagaban durante el fin de semana.
También se evaluó la posibilidad de que el fuego pudo originarse por algún tipo de combustible. Esta línea de trabajo se sustentó en la virulencia del fuego, aunque en la investigación se admitió que la decoración de todo el inmueble era de una madera muy buena para arder.
Finalmente, la investigación y la sentencia judicial establecieron que el foco del incendio se encontró en el despacho de una empleada de Deloitte y los peritos determinaron que el incendio no fue intencionado.
AGUA SIN PRESIÓN PARA LOS BOMBEROS
Momento del incendio con los bomberos lanzando agua al edificio en llamas.
La presión del agua fue otro de los puntos raros del suceso. Los bomberos que actuaron en el siniestro se encontraron con que las mangueras contraincendios del edificio carecían de suficiente presión y que tuberías por las que es posible introducir agua o espuma estaban inservibles. Eran las llamadas columnas secas.
La presión del agua era tan baja que no llegaba bien a sus mangueras. De hecho, los bomberos tuvieron que buscar otra zona de abastecimiento para poder sofocar las llamas del Windsor.
El fuego se hizo imparable en la parte alta del rascacielos porque el agua no llegaba desde ningún edificio colindante, por lo que los bomberos optaron por enfriar las partes más bajas para impedir que sucumbieran también a las llamas.
¿FUNCIONÓ EL SISTEMA ANTIINCENDIOS?
El edificio al día siguiente del incendio.
El Windsor se construyó en los años setenta y llevaba meses cambiando su sistema de extinción de incendios para adaptarlo a la normativa y en aquel momento no estaba completado el trabajo. La alarma saltó, pero fue lo único que funcionó aquella noche.
Cuando el edificio se convirtió en una tea se estaba construyendo una segunda escalera de emergencia, pero el mayor problema estaba dentro: los aspersores no se encendieron automáticamente al saltar la alarma de humos. Los peritos de la aseguradora Allianz, sin embargo, culparon de falta de diligencia a los bomberos, en un extenso informe aportado al juzgado.
En él expresaban que los sistemas antiincendios habían sido revisados un mes antes y que funcionaban bien, pero que no se actuó como se debió porque no se inyectó suficiente presión en la columna seca, entre otros muchos motivos.
Los miembros de seguridad llegaron hasta el famoso despacho de la planta 21 de la que salían las llamas de 50 centímetros de altura, pegadas a una pared. Con un simple extintor podrían haber acabado con el fuego, pero la puerta estaba atrancada y los bomberos sólo consiguieron abrir una pequeña rendija.
Al cabo de unos minutos, el humo era ya tan denso que la situación empezó a complicarse y un techo se desplomó sobre los primeros bomberos. Ante esa situación, se llamó a una segunda dotación con mejor equipamiento para atacar el fuego, pero la presión del agua era insuficiente y recibieron la orden de evacuación, al ser el fuego «incontrolable».
UN BUTRÓN EN LOS SÓTANOS DEL WINDSOR
El edificio calcinado, una vez extinguido el fuego.
Tres días después del incendio, cuando la Policía Científica ya estaba realizando la inspección de los restos del edificio, se halló un butrón en la zona de los garajes que comunicaban el subterráneo de Azca con el interior del Windsor. El hueco era muy reciente y nunca se pudo precisar cuándo se hizo.
La pared era de pladur y el hueco había sido realizado desde dentro del edificio hacia el garaje ya que los escombros estaban fuera. ¿Quién lo hizo? Aparentemente, una persona que quería salir –o huir- del edificio, al que había accedido por otro lugar.
El agujero era pequeño, por el que “difícilmente pasa una persona delgada”, señalaron los agentes en su informe. Según su hipótesis, el butrón podría haber sido hecho “para comprobar a dónde daba dicha pared desde el interior de la oficina”. Se buscaron huellas dactilares en la pared, pero no se encontró ninguna.
También se barajó que alguien entró y salió por ese agujero para acceder al garaje del edificio y recoger pertenencias de alguno de los vehículos y motos estacionadas en el parking subterráneo, que tenía cuatro plantas.
Ese mismo día se encontró un cierre metálico, también cerca del garaje, que estaba abierto y tenía el candado reventado. Sin embargo, mientras que los bomberos explicaron que habían sido ellos quienes rompieron el cierre, nunca se supo quién realizó el butrón, ni por qué. Asimismo, los propietarios del edificio revelaron a la Policía una semana después del siniestro que había accesos subterráneos al Windsor que habían permanecido abiertos desde el incendio. Es más, seguían tal cual.
UN PASADIZO SECRETO QUE DABA A EL CORTE INGLÉS
Bajos de El Corte Inglés junto a la Torre Windsor antes del incendio.
Otro misterio sin resolver. Los servicios de seguridad verificaron que todas las personas que habían entrado en el edificio -al cual accedían por medio de tarjeta electrónica que dejaba constancia de su nombre, destino y hora de entrada- habían salido del Windsor el día del siniestro.
Sin embargo, la Policía encontró en los bajos del edificio una puerta secreta que daba acceso directo al vestíbulo del Windsor. El candado de ese acceso había sido forzado y el pasadizo concluía a 100 metros de uno de los estacionamientos de El Corte Inglés. La entrada no fue vigilada ni por los bomberos, ni por la policía ni por nadie la noche del incendio.
EL EXPEDIENTE DE FG DESAPARECIÓ EN DELOITTE
Panorámica con la sede histórica de BBVA a la derecha.
En el incendio se perdió valiosa documentación, sobre todo en Deloitte, que ocupaba la mayor parte del edificio. Justo un día antes del incendio, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la consultora los informes sobre una auditoría de 1994 a FG Valores, del presidente del BBVA, Francisco González.
Se trataba de una auditoría que en su día había realizado la empresa Arthur Andersen, con la que Deloitte se fusionó después. Anticorrupción acababa de iniciar la investigación de la venta de FG Valores a Merrill Lynch y reclamó a Deloitte esos documentos el 11 de febrero de 2005. Al día siguiente es cuando se produjo el incendio.
El propio presidente de Deloitte explicó en un foro días después del siniestro que aquellos documentos estaban en la planta 23, por lo que fueron destruidos por las llamas. Además, no existía copia en ningún otro sitio de ese expediente porque habían pasado el mínimo de cinco años que exigía la ley, mientras que de casi todos los documentos que había en el Windsor sí que había un duplicado en otro edificio. Otro misterio para la lista.
LOS INFORMES SECRETOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Panorámica de la sede del Ministerio de Defensa en el paseo de la Castellana de Madrid.
En la mayoría de las plantas del Windsor estaban las oficinas de la consultora Deloitte, pero en la cuarta planta tenía su sede otra compañía llamada Comparex España. Desde esta empresa se pidió autorización al Juzgado de Instrucción número 28 -que se encargó de la investigación- para recoger una caja fuerte ignífuga que había quedado en sus destruidas oficinas.
El propio juzgado, en el auto que autorizaba esa recogida, explicaba que se quería recuperar esa caja fuerte que contenía “documentos del Ministerio de Defensa calificados de documentos reservados”. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como Comparex negaron rápidamente que se tratara de documentación clasificada.
La empresa explicó que eran contratos y Defensa alegó que esa empresa tenía una certificación de seguridad para su trabajo “que comporta ciertas condiciones de seguridad” para contratos con la OTAN, Defensa o la Unión Europea.
Han pasado catorce años. Aquel doce de febrero de 2005, pasadas las once de la noche, y en la planta 21, el edificio Windsor comenzó a firmar su particular sentencia de muerte. Seis meses después, concluían las tareas de demolición del esqueleto calcinado por un voraz incendio del que, hasta la construcción de la Torre Picasso, era el edificio más alto de la ciudad de Madrid (108 metros).
Reducido a un amasijo de hierros y hormigón, la citada demolición costó a las arcas municipales (el Ayuntamiento de Madrid se hizo cargo de la misma) ni más ni menos que 17 millones de euros. Una cantidad a la que, con el paso de los días (y de los años), se fueron uniendo otras en una cascada de números que incluyó compras, reclamaciones e indemnizaciones, y cuyo montante final se acercó a los 400 millones de euros.
Las llamas se cebaron con el mobiliario de las 1.800 personas que trabajaban en el edificio, más de 1.000 ordenadores, 150 servidores, amén de impresoras, faxes, servicio de telefonía… Atrás quedaban 26 años de historia de un edificio que tardó cuatro años en construirse y cuyo propietario era la familia Reyzábal (Florentino, Julián, Milagros y la esposa de José María Reyzábal, que había fallecido un año antes). Todos ellos unidos bajo el amparo de Ason Inmobiliaria de Arriendos.
Un año antes del incendio, Ason (que contaba con otros negocios) había facturado la cantidad de 19 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, con un beneficio de 1,71 millones. En 2005, dicho beneficio se incrementó un 55%, hasta los 2,66 millones de euros, a pesar de que la facturación había menguado hasta los 9,1 millones de euros.
El valor del edificio Windsor en el momento en que las llamas acabaron por consumirlo era de 72,2 millones de euros. En esa cantidad lo había tasado el entonces conocido como Pool de Grandes Riegos que había nacido gracias a la unión de 13 de las más grandes aseguradoras españolas para hacer frente a los riesgos industriales. Dos años antes, dicho pool había cifrado el valor del inmueble, es decir, el contenido, en 84,2 millones de euros.
¿A qué se debe esa diferencia de 12 millones en tan solo dos años? A los trabajos de mejora que se estaban llevando a cabo en el momento del suceso. ¿Y cuánto dejó de percibir la familia Reyzábal en concepto de alquileres? Doce millones de euros anuales.
LOS INQUILINOS DEL WINDSOR
Quien depositaba en la caja de Ason la mayor parte de esos doce millones de euros era la consultora Deloitte que tenía alquiladas 28 de las 32 plantas del edificio, incluida la número 21, en la que se originó la catástrofe. Deloitte había absorbido en 2002 a Arthur Andersen, que ese año se volatilizó a consecuencia del escándalo Enron.
Deloitte, por aquel entonces, auditaba a la mayoría de empresas del Ibex 35: Acciona, ACS, Altadis, FCC, Amadeus, Banesto, BBVA, Endesa, Gamesa, Iberdrola, Iberia, Metrovacesa, NH Hoteles, Prisa, Repsol, Santander, Sogecable, Telecinco, Telefónica, Telefónica Móviles y Unión Fenosa.
Todas estas compañías podrían haber sufrido los ‘daños colaterales’ del incendio ya que Deloitte, en aquel momento, estaba auditando sus cuentas de cara la presentación de resultados en sus respectivas juntas de accionistas. Sin embargo, no fue así porque había copias de la información facilitada por las empresas.
Todo lo contrario que con la documentación de la auditoría de Arthur Andersen a FG Valores, la firma de bolsa del que posteriormente sería, primero presidente de Argentaria, y después de BBVA: Francisco González. La Fiscalía Anticorrupción estaba investigando la venta a Merril Lynch y justo un día antes del pavoroso incendio había solicitado dichos papeles que se quemaron en la planta 23. Carlos González, entonces presidente de Deloitte, afirmó que no tenían copia, ni física ni informática, porque habían pasado los cinco años a los que obligaba la norma.
Además de la consultora, hubo otra empresa que se llevó los ‘focos mediáticos’: Comparex España. Dicha firma se vio envuelta en la polémica porque estaba ligada al Ministerio de Defensa y se dijo que en su caja fuerte existía documentación clasificada. Comparex reaccionó diciendo que eran contratos, y el ministerio alegó que dicha compañía sólo tenía una certificación de seguridad para contratos con la OTAN, la Unión Europea y Defensa.
¿Más compañías? El bufete Garrigues también tenía presencia en el Windsor así como El Corte Inglés y tiendas y restaurantes en la planta baja. No fueron los únicos damnificados. En los alrededores, más de 140 negocios acabaron asociándose para reclamar las pérdidas que les ocasionó la catástrofe.
Desde febrero hasta agosto, mes en el que concluyó el desmontaje del armazón del inmueble, se establecieron diferentes perímetros de seguridad que redujeron sobremanera la asistencia de clientes. Así, y a modo de ejemplo, los establecimientos de la vecina calle Orense vieron como sus cajas se desinflaban a la mitad.
La asociación que se formó para reclamar las perdidas, compuesta por unos 140 comercios, cifró en 1,2 millones de euros la cuantía de las mismas. Aquellos que reclamaron se puede decir que se quedaron con un sabor agridulce, ya que finalmente la compensación que recibieron se situó entre el 30% y el 40% de lo que habían solicitado.
PÓLIZAS Y ACUERDOS
Propietarios, inquilinos y comerciantes no fueron los únicos afectados por el siniestro. El póquer se completó con las aseguradoras. El edificio Windsor tenía un seguro de daños, firmado por los hermanos Reyzábal con Allianz (60%) y Mapfre (40%), de 80 millones de euros, otros diez millones para la pérdida de alquileres, y otros diez para cubrir la responsabilidad civil. El sector asegurador hizo cábalas y estimó que las reclamaciones entre propietarios e inquilinos estaría por encima de los 200 millones de euros.
Mapfre, a los pocos días, reconoció que el siniestro supondría un impacto en su cuenta de resultados consolidada de diez millones de euros. La aseguradora, a su vez, tenía reasegurado con otras empresas el riesgo.
Una vez archivada la causa penal (el juez estimó que no había indicios de que el fuego hubiera sido intencionado), se abrió la vía civil. Y ahí fue una especie de todos contra todos.
La familia Reyzábal puso en la diana a Deloitte, a la que acusó de provocar el incendio. Deloitte, por su parte, reclamó a El Corte Inglés y a la compañía encargada de la seguridad del edificio en el momento del incendio 37 millones de euros por la actuación negligente de los vigilantes de seguridad y por la falta de medios para extinguir el siniestro del edificio.
¿El Corte Inglés? Sí porque, a finales de 2006, compró Ason, la inmobiliaria de los Reyzábal. Una compra que no sólo incluía el solar donde se levantaba el edificio Windsor sino también el 20% de Torre Picasso (el 80% restante estaba en manos de FCC), 60.000 metros cuadrados de superficie de oficinas, 800 plazas de aparcamientos, el edificio Marbella, locales comerciales en barrios castizos como Chamberí y Salamanca, así como inmuebles residenciales en Vizcaya, Murcia y Castellón. El montante de la operación se cifró en unos 500 millones de euros.
El Corte Inglés no se quedó cruzado de brazos y, a su vez, demandó a Deloitte y Prosegur. ¿Por cuánto? 55 millones de euros. Un suma y sigue de demandas que, en conjunto (once), daban como resultado unas indemnizaciones que sobrepasaban los 230 millones de euros.
Un ‘fuego cruzado’ en el que la única compañía que no disparó fue Prosegur, que decidió no actuar contra nadie. La razón era bien sencilla: no había sufrido perjuicio alguno. Eso sí, el resto de ‘actores’ reclamó contra ella.
Vista del Windsor ardiendo.
Días antes de que tuviera lugar la primera audiencia previa (febrero de 2011), poco más de un lustro después del incendio, El Corte Inglés y Deloitte firmaron la ‘pipa de la paz’. Junto a ellos, el resto de implicados, la gran parte aseguradoras. De no haberse hecho así, el pleito podría haberse alargado alrededor de una década. El documento, firmado en el juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, no recogió en detalle las condiciones del acuerdo.
Han tenido que pasar 14 años para que ese entendimiento finalmente haya visto la luz. Según El Confidencial, Ason aportaba 6,7 millones, Deloitte 23 millones y las empresas de seguridad otros 23 millones. ¿Total? 52,8 millones. En un giro inesperado, y a última hora, las empresas de seguridad y Zurich (su asegurador) se negaron a aportar esos 23 millones acordados. ¿Resultado? La empresa de seguridad perdió los contratos que tenía con El Corte Inglés.
Otras compañías como Securitas aportaron 12,7 millones; Pletacc y Checkpoint, 2,2 millones cada una; Mega 2, dos millones (empresa de Juan Carlos Fernández Cernuda, a la sazón jefe de seguridad de El Corte Inglés, y su socio Domingo Martorell); Segur Ibérica, 1,7 millones; LPM, un millón…
UN ÉXITO PARA EL CORTE INGLÉS
La información, que ha sido aportada por el expolicía y jefe de seguridad de El Corte Inglés en la vista que se sigue contra él por la querella de Dimas Gimeno, expresidente de ECI, también se pone de manifiesto que la parte de Prosegur acabó siendo suscrita por otras empresas a cambio de quedarse con la vigilancia de los centros de El Corte Inglés por un tiempo sin especificar. A Prosegur la sustituyeron las firmas antes mencionadas más Eulen, Loomis y Falcon cuyo desembolso fue de 600.000, 400.000 y 200.000 euros, respectivamente.
El acuerdo fue calificado como un éxito por parte de El Corte Inglés ya que en un primer momento la cifra que tendría que pagar por responsabilidad civil se estimó en 52,2 millones de euros. El montante final se quedó en esos 6,75 millones (que pagó a través de Ason).
Ese mismo año 2011, el edificio Windsor ‘resucitó’ cual Ave Fénix. Eso sí, con otro nombre: Torre Titania. Hoy luce en el mismo solar de 30.000 metros cuadrados de edificabilidad, siete de ellas ocupadas por El Corte Inglés, y el resto por otra consultora: EY. ¿Inversión? 21,6 millones de euros.
Si fue una colilla mal apagada, un cortocircuito o cualquier otra circunstancia la que desencadenó el incendio del edificio Windsor (figuras humanas o fantasmas incluidos), lo cierto es que el fuego desencadenó una riada de dinero que, quien sabe, ha finalizado ya.
Tras la extinción del incendio del Windsor se produjo una guerra entre perjudicados y demandados para resarcirse de las pérdidas económicas. Los perjudicados están claros. Pero, ¿a quién benefició el siniestro?
Al final, los principales beneficiados fueron la familia Reyzábal, dueña del edificio; Juan Carlos Fernández Cernuda, entonces jefe de seguridad de El Corte Inglés, y Francisco González, presidente del BBVA.
La familia Reyzábal era la dueña de Ason Inmobiliaria, propietaria del edificio, tras la desgracia, posteriormente sacaron una importante tajada con su venta a El Corte Inglés. El jefe de seguridad de los grandes almacenes, Juan Carlos Fernández-Cernuda, fue protagonista de los acuerdos económicos tras el incendio, y consiguió mejorar la posición de sus propias empresas de seguridad. Por último, Francisco González, presidente del BBVA, vio cómo se desvaneció para siempre el riesgo que podía correr por culpa de la venta de su firma FG Valores a Merrill Lynch.
FAMILIA REYZÁBAL
Edificio Windsor antes de sufrir el incendio. Foto: http://dcrteam.sourceforge.net/
La fortuna familiar se construyó a partir de la productora de cine Ízaro Films, los cines, las discotecas y, posteriormente, las inversiones inmobiliarias. Así, el edificio Windsor era el portaviones de la flota, pero siguieron invirtiendo en ladrillo, como el 20% de Torre Picasso de la que fueron dueños, también en el complejo financiero de Azca.
El Windsor era un edificio de oficinas construido en 1979, por lo que en 2005 le faltaban cuatro años para cumplir las tres décadas. De hecho, en el momento del incendio la torre de oficinas se encontraba en obras, necesarias para la actualización de los sistemas de lucha contra el fuego.
La mole de cristal, situada junto a los enormes edificios de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana, era una ubicación apetecible para que la empresa de los grandes almacenes ampliara los mismos. En los bajos del Windsor se encontraban tres plantas alquiladas a El Corte Inglés.
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CERNUDA
Página web de la empresa de seguridad Mega2
El jefe de seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández Cernuda, (conocido por todos como Cernuda) además de tener este puesto, hacía negocios con la empresa para la que trabajaba a través de la sociedad Mega 2.
La larga historia de negociación de las indemnizaciones por el siniestro se alargó durante años debido a su complejidad. Finalmente, las empresas protagonistas de la operación llegaron a un acuerdo por el que El Corte Inglés (que había comprado Ason Inmobiliaria, la propietaria del Windsor), Deloitte y la aseguradora Zurich (que cubría a la empresa de seguridad Prosegur) hacían frente a más de 52 millones de euros.
El acuerdo parecía cerrado cuando Prosegur y Zurich dieron marcha atrás. Eso provocó que El Corte Inglés dejara de contratar a partir de ese momento con ellos. El lugar que ocupaba Prosegur en la vigilancia de las instalaciones de El Corte Inglés lo cubrieron otras empresas del sector.
La empresa Mega 2, del jefe de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández Cernuda, expolicía como su socio, el excomisario Domingo Martorell, se hizo con parte de los contratos. Una de las grandes del sector, Securitas, se hizo también con otra parte del pastel. Securitas también había comprado años antes la sociedad PSI, de Cernuda y Martorell; e Interlabora, del hermano de Cernuda, según publicó El Confidencial.
“No se consideraban necesarios ni estaban vigente entonces, entre otros, los principios generales de suficiente concurrencia y adecuada segregación de funciones”
Según otros documentos a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, los acuerdos del Windsor beneficiaron especialmente a las empresas de Cernuda, que tenía una posición directiva en El Corte Inglés y a la vez era accionista en las empresas de seguridad con las que contrató el gigante de la distribución, porque el directivo y empresario se fue haciendo con aquellas empresas que formaban parte de aquel acuerdo de reparto de la seguridad de El Corte Inglés que fueron quebrando.
Cernuda justificó lo ocurrido bajo el argumento de que en aquel momento no se habían “desarrollado detalladamente ni implantado aún todas las buenas prácticas de buen gobierno relativas a los procesos de contratación de bienes y servicios”. Por ello, en un informe interno sostiene que en El Corte Inglés “no se consideraban necesarios ni estaban vigente entonces, entre otros, los principios generales de suficiente concurrencia y adecuada segregación de funciones”.
A todo ello añade que “tampoco se puede olvidar la situación extrema en que se desarrollaron aquellos acontecimientos”, en referencia a que las negociaciones y el reparto del negocio se realizó como consecuencia del incendio del edificio Windsor, con las consecuencias que tenía para El Corte Inglés, sobre todo desde el momento que se hizo con Ason Inmobiliaria, la propietaria del rascacielos, y por lo tanto, del riesgo por la responsabilidad que podía adquirir en las posibles indemnizaciones por los daños.
Este documento, por último, sostiene que “en cualquier caso es evidente que estas operaciones fueron conocidas y aprobadas por la Alta Dirección”. Por lo demás, este papel señala que las acusaciones sobre que El Corte Inglés pagara a Mega2 precios muy por encima de los ofertados por otros competidores son “claramente” exageradas “en su conjunto”. En cualquier caso, admite que hay posibilidades de mejorar la gestión y la búsqueda de proveedores alternativos.
Una auditoría externa y dos internas de El Corte Inglés concluyeron que no hubo irregularidades, sostuvieron que se había realizado una gestión adecuada de aquellos contratos, conforme a la ley, y que ni Fernández Cernuda ni sus empresas se vieron beneficiadas.
FRANCISCO GONZÁLEZ
El presidente de honor del BBVA, Francisco González.
El presidente del BBVA en aquel momento, Francisco González, se jugaba su futuro personal y la presidencia del banco. En el incendio se volatilizaron los documentos en los que se basó la auditoría sobre la venta de su sociedad, FG Valores, a Merril Lynch, que quería investigar la Fiscalía Anticorrupción. Tras la venta se descubrió un presunto desfase contable de 757 millones de las antiguas pesetas que, una vez ocurrido el incendio, ya no perseguirían al banquero.
Los documentos se quemaron la noche entre el 12 y el 13 de febrero de 2005. Un día antes, la Fiscalía Anticorrupción había pedido los documentos en los que se basó la auditoría de FG Valores. Los papeles se encontraban en la torre Windsor, donde tenía su sede la auditora Deloitte.
Tras el incendio las especulaciones pusieron el foco en la posibilidad de que el siniestro tuviera que ver con la destrucción de esta documentación. La investigación no pudo aportar ningún indicio.
