Los pacientes con ELA de Canarias aún no han recibido las ayudas de dependencia extrema

Marta Iglesias
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Los pacientes con ELA de Canarias aún no han recibido las ayudas de dependencia extrema

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Ningún paciente con ELA ha recibido aún las ayudas del Grado III+ de dependencia extrema en Canarias, dos meses después de abrirse el plazo.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, que ha recibido 27 solicitudes pero no ha resuelto ninguna.
  • ¿Qué impacto tiene? Las familias afectadas siguen sin la prestación de hasta 9.859 euros al mes para cuidados especializados, mientras la administración tiene tres meses para resolver.

La espera se alarga para los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en Canarias. Casi dos meses después de que se abriera el plazo para pedir el nuevo Grado III+ de dependencia extrema, ninguna persona ha logrado que se le reconozca la prestación. La Consejería de Bienestar Social confirma que, pese a las 27 solicitudes registradas, aún no se ha emitido ninguna resolución favorable, aunque aspira a aprobar el primer expediente esta misma semana.

El recorrido de una ayuda sin estrenar

El circuito para tramitar el Grado III+ se activó en el archipiélago el 11 de mayo, con el objetivo de que los hospitales públicos agilizaran la acreditación médica. La prestación permite financiar cuidados intensivos a domicilio de hasta 9.859 euros mensuales, una cuantía pensada para cubrir la atención continuada que exigen los estadios más avanzados de la enfermedad. Pero la realidad es tozuda: todavía no ha llegado un solo euro a las familias canarias.

Isabel Abreu, trabajadora social y coordinadora asistencial de TeidELA en Tenerife, reconoce que, aunque ya hay solicitudes presentadas, no tienen constancia de ninguna valoración del nuevo grado. En la misma línea se pronuncia la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias (Asenecan), que cubre Gran Canaria: a ellos tampoco les consta que se haya concedido aún el Grado III+.

La ayuda máxima de 9.859 euros al mes llegó para resolver urgencias, pero la burocracia avanza más despacio que la enfermedad.

Entre requisitos clínicos y promesas pendientes

Para acceder a la nueva categoría, los pacientes deben tener ya el Grado III de dependencia y cumplir al menos dos de estos criterios: inmovilidad de miembros superiores, necesidad diaria de aspiración de secreciones o ventilación mecánica más de ocho horas al día. A estos requisitos se suma una posible exigencia de empeoramiento clínico en los últimos seis meses, aunque, como señala Abreu, la rápida evolución de la ELA convierte esa condición en poco más que un trámite.

Más allá de la prestación económica, la asociación insiste en que la Ley ELA empieza a traducirse en algunos avances en la agilización de los trámites de dependencia y discapacidad, pero buena parte de sus medidas siguen sin desarrollar: rehabilitación domiciliaria, fisioterapia en casa o formación específica de profesionales. «Esperamos que las ayudas puedan llegar pronto a las casas», resume Abreu.

La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) publicó recientemente un informe que sitúa a Canarias entre las comunidades que ya han diseñado un procedimiento para el Grado III+, pero donde las ayudas aún no fluyen. En otros territorios como La Rioja o Castilla y León ya se están abonando prestaciones, lo que añade frustración a las familias isleñas.

El Pulso Territorial

El gobierno autonómico canario, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), afronta esta situación con los servicios sociales tensionados por la falta de personal especializado y un copago todavía sin aclarar. La Consejería de Bienestar Social tiene un plazo máximo de tres meses para resolver cada solicitud, lo que concede margen hasta mediados de agosto, pero el reloj corre y la percepción ciudadana es de parálisis administrativa. Mientras otras autonomías ya libran las ayudas, Canarias sigue a la espera de estrenar el Grado III+, lo que aviva el debate sobre la desigualdad territorial en la aplicación de la Ley ELA.

El informe de ConELA subraya que el éxito de la norma dependerá de la rapidez en la tramitación, la suficiencia económica y la igualdad territorial. En este triángulo, el archipiélago cojea sobre todo en el primer vértice. La maquinaria burocrática se mueve, pero no al ritmo que exige una enfermedad que no espera. Las próximas semanas serán decisivas: si el primer expediente se aprueba esta semana y se encadenan nuevas resoluciones, se podrá decir que la Ley ELA ha empezado de verdad en Canarias. Si no, el desencanto de las familias se convertirá en una cuenta pendiente más de la dependencia en las islas.

Ficha Autonómica

  • El caso: Pacientes con ELA y otras enfermedades neurodegenerativas llevan casi dos meses sin cobrar el Grado III+ de dependencia extrema, pese a que el procedimiento se activó en mayo de 2026.
  • Datos importantes: 27 solicitudes sin resolver; ayuda de hasta 9.859 euros mensuales; requisitos clínicos exigentes; aplicación desigual de la Ley ELA según el territorio.
  • Resumen: La Consejería asegura que la primera aprobación podría llegar esta semana, mientras las asociaciones piden celeridad para que la prestación se convierta en un derecho real.

Trump prometió acabar con el fraude sanitario en EE.UU.: los resultados hasta la fecha

Jack Williams
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Trump prometió acabar con el fraude sanitario en EE.UU.: los resultados hasta la fecha

Cuando Donald Trump regresó al Despacho Oval, una de sus promesas más contundentes fue erradicar el fraude en el sistema sanitario estadounidense. Y no se trataba de una declaración vacía: en marzo de 2026 firmó una Orden Ejecutiva que creaba un grupo de trabajo específico —liderado por el vicepresidente JD Vance— con el mandato expreso de perseguir el derroche en Medicare y Medicaid. Apenas tres meses después, la administración ha empezado a mostrar resultados que rozan lo histórico.

El Departamento de Justicia anunció en junio de 2026 una operación nacional contra el fraude sanitario que se ha saldado con 455 acusados y más de 6.500 millones de dólares en reclamaciones falsas, la mayor takedown hasta la fecha. En paralelo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) reportaron ahorros récord de 41.900 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025, un salto del 59% respecto al año anterior. Son cifras que, en boca del propio secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., demuestran que «cada dólar robado es un dólar que no llega a los pacientes que dependen de estos programas».

Transparencia de precios y el congelamiento de nuevos proveedores

Desde su primer mandato, Trump presionó para que los hospitales publicaran sus tarifas. Ahora, la administración ha reforzado esas normas de transparencia y ha lanzado advertencias a más de 500 centros que no las cumplen. «La opacidad alimenta el fraude; la luz del sol es un desinfectante poderoso», explicó Trent England, director de la entidad Save Our States. La idea es sencilla: si los precios son públicos, resulta más difícil facturar de más o inventar servicios.

En mayo, los CMS paralizaron temporalmente la inscripción de nuevos proveedores de atención domiciliaria y hospicios en Medicare —una medida inédita— para frenar la entrada de actores fraudulentos en sectores de alto riesgo. Durante el primer trimestre de 2026, la agencia identificó 850 millones de dólares en sobrepagos a proveedores y recuperó 216 millones. El mensaje es claro: Washington ya no mira para otro lado.

Además, el Departamento de Salud (HHS) ha empezado a utilizar inteligencia artificial para analizar las auditorías estatales y detectar irregularidades en Medicaid, un programa que movió 931.700 millones de dólares en 2024. El objetivo es cruzar datos y señalar los estados donde el gasto no se justifica.

El fraude sanitario es un agujero negro fiscal que drena recursos de los pacientes más vulnerables y alimenta la inflación de los servicios médicos.

La Lógica de Washington

Esta ofensiva no es un capricho electoral: encaja a la perfección en la doctrina ‘America First’ que Trump ha llevado a todas las áreas de gobierno. El gasto sanitario federal superó los 1,1 billones de dólares en Medicare en 2024 y los 931.700 millones en Medicaid; juntos representan casi el 40% del presupuesto sanitario nacional. Reducir el fraude es una forma directa de cumplir la promesa de aliviar la presión fiscal sin recortar prestaciones a los beneficiarios legítimos. Además, la transparencia de precios responde a una demanda de los votantes republicanos y de los empresarios que pagan los seguros de sus empleados: saber qué cuesta cada procedimiento para elegir con criterio económico.

El precedente histórico que mejor explica este movimiento es la guerra que Ronald Reagan libró en los años ochenta contra el desperdicio en el programa Medicare, cuando creó la figura del Inspector General del HHS y endureció las penas por fraude. Aquella iniciativa bipartidista sentó las bases de un sistema que, sin embargo, se fue relajando con los años. Trump retoma ese impulso con una novedad: incorpora inteligencia artificial y congela la entrada de proveedores sospechosos, medidas que ningún presidente había osado tomar.

Para España, el impacto es indirecto pero palpable. Las exportaciones farmacéuticas españolas al mercado estadounidense rondan los 6.000 millones de euros anuales, y un sistema americano más austero y transparente podría presionar a la baja los precios de los medicamentos en futuras negociaciones comerciales. A eso se suma el efecto contagio: si Washington demuestra que se pueden ahorrar decenas de miles de millones con auditorías inteligentes, Bruselas y los gobiernos europeos podrían replicar el modelo en sus propios sistemas públicos, lo que afectaría a los contratos de empresas españolas como Grifols o Almirall. La próxima ventana clave será la negociación del presupuesto federal de 2027, donde el ala más fiscalista del Partido Republicano exigirá que estos ahorros se consoliden.

Ficha del Caso

  • El caso: La administración Trump ha intensificado la lucha contra el fraude en los programas federales de salud, con una combinación de medidas ejecutivas, acciones judiciales y refuerzo de la transparencia de precios. El vicepresidente JD Vance lidera el grupo de trabajo creado en marzo de 2026.
  • Datos clave: 455 acusados en 2026 por 6.500 millones de dólares en reclamaciones falsas; ahorros récord de 41.900 millones de dólares en Medicare en 2025; 850 millones en sobrepagos detectados en el primer trimestre de 2026; congelación temporal de nuevos proveedores de atención domiciliaria en Medicare.
  • Para España: El endurecimiento del control del gasto farmacéutico en EE.UU. puede influir en los precios de exportación de los medicamentos españoles y servir de modelo a Bruselas en futuras auditorías de los sistemas públicos de salud, afectando indirectamente al sector sanitario español.

La crisis nuclear Argentina: ¿oportunidad o riesgo para las empresas españolas?

Amparo Soler
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La crisis nuclear Argentina: ¿oportunidad o riesgo para las empresas españolas?

Un investigador de la CNEA lo resume con una frase seca: “La situación es gravísima”. La Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, que convirtió al país en un polo nuclear de referencia en América Latina, sufre un recorte de fondos del 58 % en términos reales respecto a 2023 y una hemorragia de científicos que, según sus colegas, no tiene precedentes. Las empresas españolas que colaboran con el sector atómico argentino miran con preocupación y, al mismo tiempo, con las calculadoras encendidas. La apuesta del Gobierno de Javier Milei por privatizar proyectos y abrir la puerta a la inversión extranjera puede ser una ventana de oportunidad o la antesala de un estropicio contractual.

La crisis estalló en la calle hace pocos días, cuando la Gendarmería entró en las instalaciones de la CNEA para reprimir una protesta de trabajadores. Algo inédito en un área que, hasta ahora, había sido tratada con pinzas por todos los colores políticos. Los números ayudan a entender el mazazo: la masa salarial ha caído un 42,5 %, se han producido despidos —incluido el de un delegado gremial— y las partidas presupuestarias están asfixiando proyectos estratégicos.

La tormenta perfecta en el sector nuclear argentino

El reactor CAREM, un diseño 100 % argentino que acumulaba más de un 60 % de avance en obra, ha sido paralizado de facto. La operación del RA-10, un reactor de radioisótopos medicinales con experiencia contrastada, se entregará a manos privadas. El Centro Argentino de Protonterapia, con la obra civil terminada, permanece cerrado por falta de presupuesto para contratar y formar al personal. En paralelo, la empresa Meitner Energy, controlada por el empresario Hamid Ansari, ha anunciado una inversión de 1.200 millones de dólares para construir en Atucha un reactor modular ACR‑300, pero el proyecto sigue en el aire.

Andrés Kreiner, doctor en Física y responsable de aceleradores en la CNEA, lo describe con dolor: “Estamos otra vez frente a un éxodo de materia gris y a una asfixia salarial que repercute en la pérdida de personal altamente capacitado”. Kreiner subraya que la crisis del sector atómico es la punta del iceberg de un desguace general del sistema científico argentino. La comunidad investigadora advierte de que los sueldos de los científicos más prestigiosos apenas superan los 2,5 millones de pesos, mientras que jóvenes sin experiencia, nombrados por afinidad política, cobran varios millones más. Es el caso de Ezequiel Acuña, un militante de 23 años designado subgerente en Nucleoeléctrica Argentina con un sueldo que, según denuncias, alcanzaría los 13 millones de pesos.

El impacto directo sobre las empresas españolas

Aquí es donde la crisis argentina deja de ser un problema local. Firmas como Tecnatom —líder en inspección de componentes nucleares y formación de operadores— y Enusa —especialista en el ciclo del combustible— llevan décadas trabajando con la CNEA y con Nucleoeléctrica Argentina. Tecnatom ha formado a los operadores de la central Atucha II y Enusa suministró en el pasado elementos combustibles para el reactor RA‑10. Si la privatización avanza sin reglas claras, esos contratos pueden evaporarse o, peor aún, quedar atrapados en un laberinto de litigios. Pero si se abre un proceso ordenado de licitación, las compañías españolas tienen la experiencia y la reputación para competir con ventaja frente a rivales chinos o estadounidenses.

La crisi de la CNEA no es solo argentina: puede arrastrar los contratos internacionales que sostienen el músculo exportador de la ingeniería nuclear española.

Conviene recordar que no es la primera vez que las empresas españolas lidian con privatizaciones nucleares en países con turbulencias políticas. En los años noventa, Endesa participó en la compra de centrales en Argentina y, aunque el negocio arrancó con buenos números, la crisis de 2001 y la posterior pesificación asimétrica dejaron heridas profundas. Aquella experiencia enseñó que la seguridad jurídica y un regulador independiente son imprescindibles para que una inversión estratégica no se convierta en un quebradero de cabeza.

¿Burbuja nuclear o una oportunidad real?

El Gobierno argentino presenta los reactores modulares pequeños como la gallina de los huevos de oro, pero los expertos consultados por Clarín alertan de que esos mismos modelos —los que anunció el asesor presidencial Demian Reidel antes de ser destituido— son todavía prototipos sin despliegue comercial masivo. El riesgo de burbuja financiera es real: si el capital extranjero entra solo para “llevarse la crema”, como dice Kreiner, y el Estado abandona la investigación de base, el país se quedará sin el músculo científico que sostenía todo el andamiaje.

Para España, la lección es doble. Por un lado, las empresas como Tecnatom y Enusa deben calibrar hasta qué punto la nueva doctrina argentina —que solo financiará proyectos con interés de exportación— les asegura un marco de estabilidad. Por otro, Madrid puede utilizar sus canales diplomáticos y comerciales para defender los intereses de sus compañías en un mercado que, pese a todo, sigue siendo estratégico. La historia demuestra que la energía nuclear se construye con décadas de I+D y con reguladores sólidos; si Argentina tira por la borda ese capital humano, todos los que vuelan alrededor —también los socios españoles— pueden perder altura.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina sufre un recorte presupuestario del 58 % y una fuga de científicos, al tiempo que el Gobierno de Milei impulsa la privatización de proyectos nucleares históricos.
  • Datos importantes: El reactor CAREM (60 % de avance) ha sido paralizado; la inversión de Meitner Energy asciende a 1.200 millones de dólares; la masa salarial de la CNEA cayó un 42,5 %.
  • Resumen: Las empresas españolas con intereses en el sector nuclear argentino —Tecnatom, Enusa— se enfrentan a un escenario de alto riesgo/oportunidad mientras se define el modelo de privatización; la experiencia histórica sugiere prudencia extrema.

Fraude en el Ayuntamiento de Alcàsser: Antifraude constata 55.000 euros a una consultora sin contrato

Amparo Soler
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Fraude en el Ayuntamiento de Alcàsser: Antifraude constata 55.000 euros a una consultora sin contrato

El Ayuntamiento de Alcàsser, gobernado por el PP, pagó 55.176 euros a la consultora Beta Consulting S.L. sin ningún contrato que amparara el desembolso, según ha constatado la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción (conocida como la Agencia Antifraude) en una resolución hecha pública este mes. Los pagos, que se extendieron durante más de un año y medio, corresponden a servicios de comunicación institucional y creación de contenidos audiovisuales para el consistorio.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Agencia Antifraude ha detectado 19 facturas por valor de 55.176 euros abonadas a Beta Consulting S.L. tras vencer un contrato menor, sin cobertura legal.
  • ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Alcàsser, presidido por el popular Alberto Primo, y la consultora de comunicación Beta Consulting.
  • ¿Qué impacto tiene? La investigación se archiva por una licitación posterior aún sin adjudicar, pero los pagos continúan y la oposición denuncia un uso irregular de fondos públicos para la imagen del alcalde.

Los pagos sin amparo contractual

El origen del caso se remonta a agosto de 2023, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Beta Consulting un contrato menor de 14.580 euros (más IVA) para la asistencia en comunicación institucional, con una duración de seis meses. Una vez finalizado ese plazo, el servicio no se interrumpió y el consistorio siguió abonando mensualmente las facturas, pese a no existir ya ningún vínculo contractual.

La Agencia Antifraude abrió una investigación tras recibir una denuncia y requirió documentación al consistorio en julio de 2025. Entre los papeles remitidos, la propia Intervención municipal ya había reparado las facturas de mayo y junio de aquel año al advertir la ausencia de contrato. “Se verifica que desde la finalización del contrato menor hasta el 22 de octubre de 2025 se han contabilizado 19 operaciones contables con la mercantil Beta Consulting S.L.”, recoge el informe de Antifraude.

En total, el importe agregado de esas operaciones alcanzó los 55.176 euros. La agencia calificó los hechos como “malas prácticas susceptibles de corrección” y constató la inexistencia de expediente administrativo alguno que diera cobertura a los pagos. Sin embargo, el caso no ha derivado en sanciones.

Los 55.000 euros se abonaron sin un solo papel que los justificara, y la Intervención municipal ya había puesto el grito en el cielo.

El alcalde, Alberto Primo, ha defendido la actuación municipal argumentando que la comunicación institucional es “un servicio esencial como es información y comunicación debida a la ciudadanía”. Además, ha destacado que el archivo de la investigación por parte de Antifraude demuestra que todo está en orden.

Una licitación que no logra cerrar el caso

El motivo del archivo fue la publicación, el 31 de octubre de 2025, de una licitación para contratar los mismos servicios por un valor estimado de 107.771 euros y un plazo de dos años. La Agencia Antifraude consideró que con ese paso se subsanaba la irregularidad. La paradoja es que, más de ocho meses después, el contrato sigue sin adjudicarse.

Al concurso se presentaron cuatro empresas. Beta Consulting quedó en segundo lugar, pero las dos primeras clasificadas fueron excluidas por razones formales y una baja temeraria, respectivamente. La segunda excluida recurrió al Tribunal de Recursos Contractuales, que ha suspendido el proceso de adjudicación hasta que resuelva el fondo del asunto. Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa abonando las facturas a la misma consultora: las últimas corresponden a los meses de abril y mayo de 2026.

Desde el PSPV, el portavoz municipal José Cuevas denuncia que “el alcalde se está pagando una campaña de imagen durante dos años y medio de manera irregular”. Cuevas subraya que la comunicación institucional “no es un servicio esencial para la población como la recogida de basuras” y lamenta que el PP utilice “los recursos públicos para vender una gestión que está siendo nefasta”.

El Escenario Valenciano

El expediente de Alcàsser no es un caso aislado en la Comunitat Valenciana. Varios ayuntamientos gobernados por el PP han sido señalados en los últimos años por un uso laxo de los contratos menores, una figura pensada para adjudicaciones puntuales y de escasa cuantía. El propio Ministerio de Hacienda ha advertido en repetidas ocasiones sobre el abuso de esta modalidad contractual en las administraciones locales, y la Agencia Antifraude mantiene abiertas varias investigaciones similares.

La lectura política también tiene su enjundia. El alcalde de Alcàsser se ampara en la resolución de Antifraude para dar por cerrado el asunto, pero la oposición y los informes de intervención señalan una gestión cuanto menos opaca. Mientras el Tribunal de Recursos Contractuales no se pronuncie y no se adjudique el contrato, los pagos sin cobertura legal seguirán engrosando la factura de una irregularidad que, por ahora, nadie ha querido o podido frenar.

Ficha del Caso

  • El caso: El Ayuntamiento de Alcàsser (PP) pagó 55.176 euros a la consultora Beta Consulting S.L. durante año y medio tras finalizar un contrato menor, sin respaldo contractual.
  • Datos importantes: 19 facturas sin contrato, una licitación de 107.771 euros publicada en octubre de 2025 aún sin adjudicar y facturas que se siguen abonando en 2026.
  • Resumen: La Agencia Antifraude archivó la investigación al considerar que la licitación subsanaba la irregularidad, pero el procedimiento está suspendido y los pagos continúan, lo que mantiene vivo el debate sobre el uso de fondos públicos en comunicación institucional.

OIEA advierte: lagunas de verificación en programa nuclear iraní tras ataques y sin inspectores

Alejandro Suárez
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OIEA advierte: lagunas de verificación en programa nuclear iraní tras ataques y sin inspectores

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no tiene hoy una línea base fiable del programa nuclear de Irán. Seis años de inspecciones restringidas, los bombardeos estadounidenses e israelíes de 2025 y 2026, y la negativa de Teherán a cooperar con los inspectores han generado dos lagunas de conocimiento que ningún negociador puede ignorar. Y la prisa no ayuda: el memorando entre Estados Unidos e Irán da solo sesenta días para alcanzar un acuerdo. Le adelanto que sin una declaración iraní exhaustiva y nuevas autoridades de verificación, cualquier trato nacerá cojo.

La herencia del JCPOA: verificación exhaustiva pero insuficiente

El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015 estableció el régimen de verificación más intrusivo que el OIEA había administrado hasta entonces. Irán se comprometió a reducir sus centrifugadoras operativas a 5.060 IR-1, limitar el enriquecimiento al 3,67% y recortar sus reservas de uranio enriquecido a 300 kilos. Todo ello mantenía el tiempo de fuga —el necesario para acumular material fisible para una bomba— por encima del año. Las medidas incluían vigilancia continua de la producción de componentes, monitoreo en tiempo real del enriquecimiento y acceso diario de los inspectores a las plantas de Natanz y Fordow.

Sin embargo, aquel andamiaje se mostró débil fuera de los emplazamientos declarados. Irán se negó a permitir el acceso a bases militares amparándose en la Sección T, que teóricamente permitía inspeccionar emplazamientos relacionados con la militarización del programa. La OIEA aceptó que Irán recogiera sus propias muestras ambientales en Parchin, un gesto que el exdirector general adjunto Olli Heinonen calificó de insuficiente. Las dudas no eran infundadas: en 2018, el Mossad sacó de Teherán medio centenar de carpetas con documentos sobre el Proyecto Amad, que detallaban trabajos clandestinos con explosivos de alta potencia y detonadores. Aquella información llevó a los inspectores a un almacén en Turquzabad con partículas de uranio natural de origen artificial que Irán nunca ha podido explicar. La operación del Mossad, la mayor exfiltración de documentos nucleares desde la caída de la Unión Soviética, confirmó lo que muchos temían: el JCPOA no veía lo que ocurría bajo la alfombra.

Las dos lagunas críticas: centrífugas fantasma y uranio bajo los escombros

Hoy el agujero es doble. Primero, desde febrero de 2021 Irán suspendió la aplicación del protocolo adicional y las medidas de transparencia específicas del JCPOA. Negó al OIEA el acceso a las fábricas de centrifugadoras de Karaj, Natanz e Isfahán, y a las plantas de enriquecimiento, de agua pesada y de concentrado de uranio. En junio de 2022 ya había retirado todos los equipos de vigilancia. El director general, Rafael Grossi, lo resumió con crudeza: «Hemos perdido la continuidad del conocimiento». Preguntado en 2023 sobre la posibilidad de que Irán hubiera desviado centrifugadoras, respondió sin adornos: «No lo sabemos».

Esa incertidumbre no es retórica. Si Irán produjo un 10% más de centrifugadoras de las instaladas en sitios declarados entre 2021 y mayo de 2025, dispondría de más de 1.300 máquinas avanzadas no contabilizadas, suficientes para alimentar una pequeña planta de enriquecimiento encubierta. Los bombardeos de 2025 y 2026 —que probablemente destruyeron las centrifugadoras operativas en Natanz y Fordow— convierten esas máquinas ocultas en la vía más viable para reconstituir el programa. La Montaña Pico, un presunto emplazamiento de enriquecimiento en construcción desde 2020 y protegido por granito a mayor profundidad que Fordow, se ha convertido en el punto focal. Trump aludió a él en marzo de 2026: un sitio «protegido por granito» donde Irán reanudaba trabajos. El OIEA nunca lo ha inspeccionado.

La segunda laguna atañe al paradero del uranio enriquecido ya declarado. Antes de los ataques de junio de 2025, Irán almacenaba unos 440 kilos de uranio al 60% de pureza, 184 kilos al 20% y 6.024 kilos al 5% o menos. Tras los bombardeos, Teherán suspendió la cooperación con los inspectores. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que el material estaba «bajo los escombros». Grossi sugirió que la mayor parte del uranio al 60% seguía bajo Isfahán y Natanz, pero también reconoció que era «lógico presumir» que Irán hubiera movido parte del material antes de los ataques. Imágenes satelitales de convoyes con barriles azules saliendo de Isfahán en junio de 2025 son elocuentes, pero no determinan qué contenían ni adónde fueron. Sin una contabilidad verificada, cualquier marco de disposición del uranio capturará solo una fracción del problema.

OIEA

El espionaje no se mide por las redes que se desmantelan, sino por las que siguen vivas el tiempo suficiente como para que ya no importe. Con las centrifugadoras, ocurre lo mismo.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

La inteligencia que falta aquí es de tres tipos: HUMINT dentro del programa, SIGINT sobre las comunicaciones del Organismo de Energía Atómica de Irán y GEOINT sobre los movimientos en los túneles. Ningún servicio occidental tiene hoy una penetración profunda en el aparato nuclear iraní, y la deserción o muerte de científicos clave durante las operaciones de 2025-2026 ha fragmentado aún más el conocimiento institucional. Irán, además, ha compartimentado el programa hasta extremos que dificultan incluso la reconstrucción de lo ocurrido: ni siquiera un gobierno plenamente cooperativo podría hoy dibujar un mapa completo.

La categoría del vector de amenaza es una pérdida masiva de continuidad de conocimiento —una falla de inteligencia por diseño— agravada por ataques cinéticos que han enterrado o desplazado material fisible. Las agencias atacantes son, por un lado, la OIEA y los servicios occidentales que la respaldan (CIA, MI6, Mossad, DGSE, BND) como defensores de la verificación; por otro, el propio Irán, que ha explotado los vacíos del JCPOA y las restricciones autoimpuestas para negar el acceso. Los terceros que miran con atención son Rusia y China, socios de Teherán en la maquinaria de centrifugación y potenciales receptores de tecnología o materiales en un escenario de ruptura total. El nivel de clasificación del material que falta —desde el número exacto de centrifugadoras no instaladas hasta la ubicación precisa del uranio al 60%— es, sin duda, de alto secreto: su revelación podría reconfigurar las opciones de ataque preventivo o de contrabando nuclear.

El precedente histórico que tengo más presente es la operación del Mossad de 2018, pero también el fallo de inteligencia que permitió a Corea del Norte avanzar hacia la bomba en los noventa. Entonces, como ahora, la confianza en las inspecciones declarativas y la falta de fuentes humanas fiables llevaron a subestimar la capacidad clandestina. Hoy, con la Montaña Pico perforada en roca viva y un uranio al 60% cuyo paradero es un rumor de pasillo, cualquier acuerdo que se firme en los próximos sesenta días sin una declaración iraní completa, sin acceso complementario a los sospechosos y sin un presupuesto de verificación multiplicado, será papel mojado para la no proliferación. El reloj corre, y lo que está en juego no es un tratado más: es la capacidad de Occidente de saber si Irán cruza la línea roja sin haberla detectado jamás.

Jornada del girasol de Sevilla 2026: las cifras del cultivo que crece tras las malas cosechas de cereal

Diego Prados
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Jornada del girasol de Sevilla 2026: las cifras del cultivo que crece tras las malas cosechas de cereal

El próximo 14 de julio, ASAJA-Sevilla y la Lonja de Cereales de Sevilla celebran en la Cámara de Comercio de Sevilla una jornada técnica para analizar la situación del girasol, un cultivo que este año ha ganado un protagonismo inesperado en la provincia tras las malas cosechas de cereal.

Te cuento qué hay detrás de este encuentro monográfico y por qué el girasol se ha convertido en la tabla de salvación para muchos agricultores sevillanos que vieron cómo el invierno se llevaba por delante sus siembras de trigo y cebada.

El contexto: por qué el girasol gana terreno en Sevilla

Las borrascas registradas a comienzos de 2026 golpearon con fuerza los cultivos de cereal en Andalucía. Muchas parcelas quedaron sin sembrar o se perdieron después de implantadas, según explican desde ASAJA-Sevilla. Ese fracaso del cereal abrió la puerta a un incremento significativo de la superficie destinada al girasol, especialmente en la provincia de Sevilla, una de las más afectadas.

La apuesta de los agricultores se ha centrado además en las variedades de girasol alto oleico (aquellas con un mayor contenido en ácido oleico, el componente más valorado por la industria aceitera). La demanda de este tipo de aceite por parte de la industria ha impulsado un aumento de la superficie sembrada, en un contexto marcado por la inestabilidad de los mercados internacionales y un déficit nacional de producción que refuerza el papel del girasol como alternativa rentable en las rotaciones de secano (el cultivo que depende solo del agua de lluvia, sin riego).

El girasol ha pasado de ser una alternativa a convertirse en la tabla de salvación para muchas explotaciones de secano tras un invierno que dejó los cereales por los suelos.

Qué se debatirá en la jornada del 14 de julio

El encuentro, que se celebrará en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla (Plaza de la Contratación, 8), reunirá a representantes de todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización del girasol. Se ofrecerá un análisis de la evolución de la cosecha, las previsiones de producción y calidad, y la realidad del mercado en estos momentos.

Según el programa adelantado por ASAJA-Sevilla, uno de los ejes centrales será el impacto del contexto geopolítico internacional sobre la formación de los precios agrícolas. La guerra en Ucrania y las tensiones comerciales han alterado los flujos mundiales de cereales y oleaginosas, y el girasol no es ajeno a esa volatilidad. Los expertos tratarán de dibujar las perspectivas para lo que queda de campaña y de dar claves a los agricultores sobre hacia dónde orientar sus decisiones de siembra.

El impacto para los agricultores sevillanos: el girasol como alternativa real

La provincia de Sevilla es una de las grandes zonas productoras de cultivos extensivos de secano en Andalucía. Para las explotaciones que perdieron sus cereales, el girasol no solo es una opción de sustitución coyuntural, sino que encaja bien en las rotaciones tradicionales y permite diversificar riesgos. Además, la apuesta por el alto oleico conecta con una demanda industrial cada vez más firme, lo que podría estabilizar los ingresos de los productores a medio plazo.

La jornada del 14 de julio pretende ser, en palabras de la organización, un punto de encuentro para que los agricultores tengan toda la información sobre la mesa antes de tomar decisiones. La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través del formulario habilitado por ASAJA-Sevilla.

  • Organismo responsable: ASAJA-Sevilla, en colaboración con la Lonja de Cereales de Sevilla.
  • Convocan: ASAJA-Sevilla.
  • Fecha y lugar: 14 de julio de 2026, Cámara de Comercio de Sevilla (Plaza de la Contratación, 8).
  • Reivindicaciones principales: Analizar el mercado del girasol, la evolución de la campaña y las perspectivas ante la inestabilidad internacional.
  • Respuesta de la administración: Pendiente de confirmación oficial.
  • Próximos pasos: Celebración de la jornada y posible publicación de conclusiones.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: El girasol está ganando superficie en Sevilla tras el fracaso cerealista, y ASAJA y la Lonja de Cereales analizan el mercado el 14 de julio.
  • 👥 A quién afecta: A los agricultores de secano de la provincia, que buscan alternativas rentables y quieren entender hacia dónde va el precio.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Si las perspectivas son favorables, el girasol alto oleico podría consolidarse como un pilar de las rotaciones en el secano sevillano.

34 nuevos positivos del virus de la clorosis nervial en cítricos: las ayudas que exigen los agricultores

Diego Prados
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34 nuevos positivos del virus de la clorosis nervial en cítricos: las ayudas que exigen los agricultores

La Conselleria de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana ha confirmado 34 nuevos positivos del virus de la clorosis nervial amarilla en plantaciones jóvenes de cítricos de la Vega Baja, según ha comunicado ASAJA Alicante tras la última reunión con el IVIA. Los muestreos revelan que los casos afectan a 89 hectáreas y unos 38.000 plantones, abarcando varios municipios de la comarca.

Los nuevos positivos del virus: cifras y municipios afectados

La organización agraria detalla que los positivos corresponden a 25 plantaciones de limonero, 5 de naranjo, 2 de clementino, 1 de lima y 1 de pomelo. El grueso de los contagios se concentra en Orihuela, aunque también se han registrado casos en Almoradí, Albatera, Elche, Callosa de Segura, Algorfa, Benejúzar, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Redován y Rojales.

La prospección se ha intensificado tras los primeros avisos de sintomatología compatible. En total, se han realizado 325 inspecciones con muestreo en nuevas plantaciones. ASAJA Alicante insiste en que el manejo correcto de las parcelas y la bioseguridad son las principales medidas preventivas mientras no haya un tratamiento curativo.

Los análisis realizados en el banco de germoplasma del IVIA en diciembre de 2025 y entre abril y junio de 2026 no detectaron ningún positivo, lo que descarta por ahora la presencia del virus en ese material de conservación. En viveros, ningún lote se autoriza para su comercialización en 2026 sin un análisis previo.

Los nuevos positivos ponen en jaque a las plantaciones jóvenes de limonero, la variedad más afectada en la comarca.

Las exigencias de ASAJA: ayudas integrales para el sector

Más allá de las medidas fitosanitarias, la organización reclama una respuesta económica. ASAJA Alicante trabaja para que la Generalitat Valenciana apruebe ayudas que cubran los costes de destrucción, arranque y el lucro cesante de las explotaciones afectadas. “El agricultor no puede cargar solo con las pérdidas”, sostienen fuentes de la entidad.

La diagnosis del virus en plantaciones jóvenes es especialmente grave, ya que obliga a eliminar los árboles antes de que entren en producción, lo que compromete varios años de inversión. La falta de un plan de indemnización genera inquietud en una comarca donde los cítricos son el motor económico.

🚜 Ficha de la convocatoria

  • Convocan: ASAJA Alicante
  • Fecha y lugar: Reunión informativa con el IVIA y Sanidad Vegetal, sin movilización convocada hasta ahora.
  • Reivindicaciones principales: Ayudas que cubran los costes de destrucción, arranque y lucro cesante de las plantaciones afectadas.
  • Respuesta de la administración: La Generalitat Valenciana mantiene las prospecciones y los controles en viveros, pero no ha anunciado aún un plan de indemnización.
  • Próximos pasos: ASAJA Alicante continúa la presión para que las ayudas se aprueben cuanto antes.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: La Sanidad Vegetal valenciana detecta 34 nuevos positivos del virus de la clorosis nervial en cítricos de la Vega Baja.
  • 👥 A quién afecta: A los agricultores de la comarca, con 89 hectáreas y 38.000 plantones comprometidos, sobre todo de limonero.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: El arranque forzoso de las plantaciones jóvenes y la paralización de nuevas inversiones si no se activan ayudas.

Muere una joven al engancharse la bandera que llevaba al cuello con su moto en Andalucía

Pablo Navarro
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Muere una joven al engancharse la bandera que llevaba al cuello con su moto en Andalucía

Te cuento los detalles del mortal accidente de moto que ha costado la vida a una mujer de 26 años en Algeciras (Cádiz), según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. La víctima, que viajaba como pasajera en una motocicleta conducida por su marido, llevaba una bandera de Marruecos atada al cuello. La tela se enredó en la rueda trasera, provocando el vuelco del vehículo.

Cómo se produjo el siniestro, según la versión oficial

El suceso tuvo lugar en la carretera de Getares, en el término municipal de Algeciras, sobre las 23:00 horas del sábado 5 de julio. La sala del 112 recibió varias llamadas alertando del accidente y activó de inmediato a la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer inconsciente y comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con un desfibrilador externo semiautomático (DESA) de dotación de la patrulla. A pesar del intento, no lograron revertir la parada.

Poco después, los efectivos sanitarios del 061 asumieron la asistencia y trasladaron a la herida al servicio de Urgencias del Hospital Punta Europa. Los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento minutos más tarde. La motocicleta había volcado a consecuencia del enganche de la bandera, que habría quedado atrapada en la rueda trasera.

La investigación policial, en marcha

La Policía Local de Algeciras ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Agentes de la unidad de atestados e investigación de siniestros viales practicaron la prueba de alcoholemia al conductor de la motocicleta, el marido de la fallecida. El resultado fue negativo: 0,0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Este dato descarta la influencia del alcohol en la conducción.

La investigación policial deberá determinar ahora si el accidente fue un simple fallo fortuito o si concurrió alguna otra circunstancia.

Desde el 112 no se ha facilitado ningún otro dato relevante sobre posibles fallos mecánicos o del estado de la vía. La carretera de Getares es una vía secundaria que une Algeciras con la playa de Getares; en ese tramo no se registraron incidencias climáticas adversas durante la noche del sábado.

La investigación sigue abierta y los agentes están recabando testimonios e informes periciales. No se ha producido ninguna detención ni se ha imputado a nadie en relación con el caso.

Un suceso que reabre el debate sobre la seguridad en las motos

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, ponen de manifiesto el riesgo que supone portar objetos sueltos o prendas largas al viajar en moto. La bandera era de grandes dimensiones y, al estar sujeta al cuello, creó un punto de enganche con la rueda que resultó fatal. Expertos en seguridad vial recuerdan que ningún elemento textil debe colgar del cuerpo cuando se circula en motocicleta, ya que puede enredarse en la cadena, los radios o la rueda.

Desde la DGT se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en los desplazamientos durante festividades o celebraciones en las que es habitual ver banderas o bufandas colgando de los vehículos. El año pasado, al menos dos fallecidos en carretera se relacionaron con objetos enganchados en motocicletas, según datos de la Dirección General de Tráfico.

La mujer, de nacionalidad marroquí según fuentes cercanas, residía en Algeciras junto a su marido. Su muerte ha causado una gran consternación en la comunidad local, que se ha volcado en el apoyo a la familia.

Encuesta elecciones forales Bizkaia 2027: PNV ganaría y rozaría la mayoría absoluta

Iker Etxebarria
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Encuesta elecciones forales Bizkaia 2027: PNV ganaría y rozaría la mayoría absoluta

El PNV ganaría las elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia previstas para 2027 con 24 junteros, a dos escaños de la mayoría absoluta, según un sondeo de Gizaker para la Diputación Foral hecho público recientemente. El estudio, basado en 3.000 entrevistas realizadas en mayo y junio, sitúa a EH Bildu en segunda posición con 16 o 17 representantes, mientras que el PSE-EE perdería un apoderado y se quedaría en siete.

La prospección electoral, que actualiza el tablero foral a menos de un año de la cita con las urnas, refleja un leve refuerzo de la primera fuerza y el avance de la coalición abertzale. El PP mantendría los dos escaños que ya obtuvo en 2023 y Podemos podría conservar uno de los dos actuales o quedarse sin representación. Vox entraría con 0 o 1 juntero, mientras que Sumar repetiría el resultado de hace cuatro años sin lograr escaño.

Con un 39,3 % de los votos, el PNV sube una décima respecto a la última convocatoria y pasa de 23 a 24 junteros. EH Bildu, con el 29,5 % de los sufragios −cuatro puntos más−, amplía su grupo de 15 a 16 o 17 apoderados, consolidándose como alternativa en crecimiento. El PSE-EE, en cambio, retrocede del 16,2 % al 13,8 % y cede un escaño; el PP baja del 8,4 % al 6,6 % y pierde un representante, pasando de tres a dos.

La abstención descendería ligeramente, del 39,9 % registrado en 2023 al 38,7 % en 2027, una caída que beneficiaría principalmente a las formaciones que movilizan voto en la periferia de Bilbao, según los datos desglosados por circunscripciones.

Los datos del sondeo: hegemonía jeltzale y subida de EH Bildu

Por territorios históricos, el PNV obtendría seis junteros en Bilbao (uno más que en 2023), seis en Busturia-Uribe y seis en Encartaciones, además de cinco en Durango-Arratia. El crecimiento en la capital vizcaína responde a una mayor movilización en barrios tradicionalmente abstencionistas, según la interpretación técnica del informe.

EH Bildu lograría cinco escaños en Busturia-Uribe, cuatro en Durango-Arratia, cuatro en Encartaciones (uno más) y tres o cuatro en Bilbao, donde tiene margen para sumar un nuevo representante. El PSE-EE perdería un juntero en Bilbao y conservaría el resto: tres en Encartaciones, uno en Durango-Arratia y uno en Busturia-Uribe.

El PP mantendría su escaño en Busturia-Uribe pero perdería el segundo que poseía en Bilbao, mientras que Podemos y Vox se jugarían en la circunscripción bilbaína la posibilidad de entrar o continuar en la Cámara. Con el 2,3 % de los votos, Sumar no tendría opción de representación.

El PNV necesitaría sumar apoyos externos para alcanzar la mayoría absoluta de 26 escaños, una tónica recurrente en la política foral vizcaína.

La gobernabilidad, pendiente de pactos

Con 24 junteros, el PNV se quedaría a dos escaños de la mayoría y volvería a necesitar acuerdos para gobernar la Diputación. En 2023, la fórmula fue el pacto con el PSE-EE, que sumó 23 más 8 escaños, una mayoría cómoda. Si la proyección de Gizaker se confirmase, la alianza con los socialistas (24+7) mantendría una holgura similar.

La encuesta no pregunta por preferencias de pacto, pero el escenario sugiere continuidad en la colaboración entre jeltzales y socialistas, que ya funciona en el Gobierno Vasco y en las principales instituciones forales. La irrupción de Vox, aunque con un solo escaño, introduciría un nuevo actor en un hemiciclo donde hasta ahora la extrema derecha no tenía representación.

El contexto de las elecciones forales de 2027

Las Juntas Generales de Bizkaia se eligen cada cuatro años, coincidiendo con las municipales y las de los otros dos territorios históricos. La Diputación Foral resultante gestiona competencias clave como la recaudación de impuestos del concierto económico, las carreteras o los servicios sociales, lo que otorga a estos comicios un peso comparable al de las autonómicas.

En 2023, la coalición PNV-PSE logró 31 escaños, mayoría absoluta holgada, mientras EH Bildu se consolidó como principal fuerza de oposición con 15 apoderados. Dos años después, el mapa político vasco ha experimentado ligeros reequilibrios, con un PNV que mantiene el pulso y una izquierda abertzale que capitaliza el descontento en zonas urbanas.

La prospección de Gizaker, realizada con metodología telefónica entre población mayor de 18 años, ofrece una fotografía fiable de la opinión pública vizcaína y es la primera gran encuesta difundida por la Diputación en este ciclo electoral. Los partidos ya manejan estos datos para diseñar sus estrategias de cara a los comicios previstos para mayo de 2027.

La Justicia deja en libertad al neonazi que convocó una cacería de inmigrantes en Torre Pacheco

Pablo Navarro
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La Justicia deja en libertad al neonazi que convocó una cacería de inmigrantes en Torre Pacheco

Te cuento lo que ha decidido la Audiencia Provincial de Barcelona. La Sección Segunda ha ordenado la puesta en libertad de Cristian L.F., el líder del movimiento supremacista Deport Them Now, investigado por convocar una ‘cacería’ de inmigrantes marroquíes en Torre Pacheco en julio de 2025, según el auto al que ha tenido acceso El Periódico.

El investigado, de 28 años, permanecía en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado 17 de julio, cuando una jueza de Mataró decretó su ingreso tras los disturbios racistas que sacudieron la localidad murciana. La medida fue ratificada en septiembre por el mismo juzgado, pero ahora la Audiencia Provincial ha estimado su recurso.

El auto de la Audiencia Provincial de Barcelona

La sala impone como única medida cautelar la prohibición de acceder a cualquier red social durante la tramitación del procedimiento. También acordó intervenir y poner bajo control policial las cuentas de Instagram y los canales de Telegram vinculados al ultra para su análisis pericial.

En el auto, los magistrados argumentan que desde el ingreso en prisión ha existido tiempo suficiente para que la Guardia Civil hubiera podido analizar las redes sociales del investigado y la de sus seguidores. La falta de avances en esa investigación ha sido determinante para dejar sin efecto la prisión provisional.

La prohibición de usar redes sociales es, por ahora, la única restricción que pesa sobre Cristian L.F.

La ‘cacería’ de julio de 2025 y el armamento incautado

Los hechos se remontan a julio del año pasado, cuando el líder de Deport Them Now difundió a través de sus canales mensajes como: «Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales, con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá». Durante su detención, la Guardia Civil le intervino armas blancas y de fuego, además de material informático que está siendo peritado.

Aquellas publicaciones precedieron una oleada de violencia racista en Torre Pacheco que culminó con agresiones a inmigrantes, incluída la brutal paliza a un menor español de origen marroquí. La investigación contra Cristian L.F. sigue abierta por un presunto delito de odio.

La agresión al menor durante los disturbios: dos investigados comparecen

Por otra parte, la instrucción por la paliza a un menor durante aquellos disturbios avanza. Dos de los ocho investigados por su presunta participación en la agresión comparecieron ya ante el juzgado que instruye el caso.

Ambos se acogieron a su derecho a no declarar y salieron en libertad, al no haberse decretado medida cautelar alguna. La madre del menor, que también compareció, ratificó la denuncia. La víctima, un menor que entonces tenía 16 años y que nació en España, fue rodeado por un grupúsculo de individuos que le insultaron con frases como «moro de mierda» y «vete a tu país» antes de golpearle repetidamente.

Varios testigos grabaron la escena, y esas imágenes están siendo utilizadas por la Guardia Civil para identificar a los participantes. La agresión cesó cuando agentes de policía lograron rescatar al chico del tumulto. Un informe forense preliminar ya recoge las secuelas psicológicas que sufre el menor, que se ha vuelto más retraído y con miedo, según la documentación judicial.

Los seis investigados restantes tienen previsto comparecer ante el juzgado después del verano, entre septiembre y octubre de este año. El caso continúa en fase de instrucción y la familia de la víctima, representada por un abogado, mantiene la acusación.

Sumar examina su respuesta al anuncio de Feijóo de una ley del concebido no nacido

Iñigo Larrea
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Sumar examina su respuesta al anuncio de Feijóo de una ley del concebido no nacido

Sumar se asoma a un nuevo debate incómodo. La promesa de Alberto Núñez Feijóo de impulsar una ley nacional del concebido no nacido, anunciada este lunes en Antena 3, sitúa a la formación que lidera Yolanda Díaz ante un doble reto: fijar una respuesta política contundente y evitar que la iniciativa erosione la ya delicada unidad feminista del Gobierno de coalición.

El líder del PP ha tomado como modelo la norma recién aprobada en la Asamblea de Madrid por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar y habilita ayudas y beneficios fiscales desde la acreditación del embarazo, sin semana mínima de gestación. Feijóo ha reivindicado su propio precedente gallego de 2011, aunque aquella ley apenas reconoció 400 nasciturus en casi una década, según los últimos datos públicos de 2019. “Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas”, ha defendido.

La coincidencia temporal del anuncio con el pacto de gobierno entre el PP y Vox en Andalucía —del que Feijóo se ha declarado “absolutamente orgulloso”— envía una señal inequívoca sobre la dirección cultural y legislativa que tomaría un hipotético Gobierno encabezado por el PP. La izquierda española, y Sumar en particular, lee este movimiento como la extensión nacional de una agenda contraria a los derechos reproductivos que ya tiene escaños en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Dentro del espacio de Sumar, la noticia ha reactivado los contactos entre el Grupo Parlamentario y las distintas confluentes. El eje de derechos sexuales y reproductivos es uno de los pocos territorios donde no se admiten matices ni concesiones al PSOE. Fuentes de la dirección del grupo confirman que se trabaja en una declaración conjunta y en la coordinación con los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales para blindar los avances de la ley de salud sexual y reproductiva de 2023 ante cualquier regresión normativa.

La formación liderada por Yolanda Díaz se enfrenta así a un ejercicio complejo de cohesión interna y proyección pública. La respuesta al anuncio de Feijóo debe ser a la vez un dique jurídico y un mensaje nítido al electorado progresista, pero también una oportunidad para recordar que en el Gobierno de coalición existen posturas distintas sobre el alcance de algunas políticas de igualdad.

La ley del concebido no nacido tiene más de caballo de Troya conceptual que de auténtica política social. Al presentar al feto como sujeto de derechos sin exigir una semana mínima de gestación, la norma madrileña abre la puerta a beneficios ligados a un embarazo que puede no culminar, lo que organizaciones feministas y jurídicas califican de puerta trasera hacia la limitación del aborto. La versión nacional que anuncia Feijóo persigue, según las fuentes consultadas, un efecto normalizador que dificulte cualquier intento futuro de ampliar la actual ley de plazos.

La propuesta del PP no busca solo mover el debate social: busca que el Gobierno de coalición tenga que explicitar sus costuras ideológicas en plena precampaña.

La respuesta que necesita articular Sumar

La dirección de Sumar ha empezado ya a calibrar las herramientas parlamentarias a su alcance. La opción más inmediata es registrar en el Congreso una proposición no de ley que refuerce la vigencia de la ley orgánica de 2023 y condene el “reconocimiento forzado de personalidad jurídica al embrión” como una amenaza a la autonomía de las mujeres. La iniciativa tendría, además, valor simbólico: permitiría medir el grado de compromiso real del PSOE, siempre incómodo con los debates ideológicos que tensionan al votante centrista.

Dentro de Sumar, las confluentes con más arraigo territorial –especialmente Catalunya en Comú, Más Madrid y Compromís– ya han expresado su rechazo frontal a las normas que equiparan al feto con un hijo nacido. La sintonía es total, algo poco frecuente en un espacio donde las diferencias afloran con facilidad en temas como la fiscalidad o la política de alianzas. El feminismo opera aquí como elemento aglutinador, pero también como recordatorio de que la coalición tiene un flanco izquierdo muy definido.

El dilema táctico frente al PSOE

Mientras Sumar busca una posición inequívoca, la relación con el PSOE añade capas de complejidad. Las leyes autonómicas del PP no obligan al Ejecutivo central a actuar, por lo que una respuesta legislativa demasiado contundente podría ser percibida por la Moncloa como un intento de Sumar de marcar perfil en solitario, justo lo que los socialistas intentan evitar a las puertas de un ciclo electoral. La ministra de Igualdad, miembro del PSOE, ha defendido hasta ahora que la ley estatal de 2023 es suficiente, aunque no descarta mejoras técnicas si fueran necesarias.

Sin embargo, la experiencia de Galicia y la Comunidad Valenciana muestra que estas leyes tienen un recorrido administrativo escaso pero un efecto retórico duradero: normalizan la idea de que el Estado puede intervenir sobre el cuerpo de las mujeres antes del nacimiento. Para Sumar, no se trata solo de ganar una batalla legal, sino de impedir que el debate se instale en el sentido común conservador como una mera cuestión de “ayudas a la familia”.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar se sostiene, en este caso, sobre un acuerdo básico que no necesita de negociaciones agónicas: el derecho al aborto es innegociable y el respaldo de todas las confluentes es unánime. La tensión real no está dentro de Sumar, sino en la bisagra con el PSOE, un partido que, aunque ha avanzado en derechos reproductivos, sigue temiendo las campañas del PP que le acusan de “radical”. La coalición PSOE-Sumar se enfrenta así a un clásico dilema de gobierno compartido: hasta dónde llegar en la respuesta conjunta sin que uno de los socios fuerce al otro a un desgaste innecesario.

En la práctica, la acción parlamentaria será la que marque el tono. Si Sumar registra su proposición no de ley y el PSOE la apoya sin reservas, el mensaje de unidad feminista quedará reforzado. Si los socialistas intentan descafeinar el texto o demorar su tramitación, las voces críticas dentro de Sumar –especialmente desde Izquierda Unida y las confluentes más cercanas a los movimientos sociales– no tardarán en señalar la incoherencia. En 2011, la ley gallega convivió sin estridencias con el Gobierno de Zapatero; en 2026, el contexto político es radicalmente distinto. El espacio de izquierdas ha interiorizado que la lucha por los derechos reproductivos ya no admite pasos atrás ni silencios cómplices.

De cara a las próximas semanas, se espera que el Grupo Parlamentario Sumar presente su iniciativa antes del Pleno de control de julio, coincidiendo con la conmemoración del primer aniversario de la reforma de la ley del aborto. El objetivo es doble: fijar posición antes del verano y obligar al PP a posicionarse en el Congreso sobre una materia que incomoda a parte de su electorado moderado.

Ficha del Caso

  • El caso: Alberto Núñez Feijóo anuncia que, si gobierna, aprobará una ley nacional del concebido no nacido similar a la de Madrid. La medida busca reconocer derechos y ayudas desde la concepción, sin exigir un mínimo de semanas de gestación.
  • Datos importantes: La ley madrileña fue aprobada la semana pasada con los únicos votos del PP y Vox. En Galicia, una norma análoga solo reconoció 400 concebidos no nacidos entre 2011 y 2019. Sumar dispone de 31 escaños en el Congreso, lo que le permite registrar proposiciones no de ley con facilidad, pero necesita el apoyo del PSOE (121 escaños) para cualquier medida legislativa de calado.
  • Resumen: El anuncio de Feijóo obliga a Sumar a activar una respuesta parlamentaria inmediata y a calibrar la firmeza de su socio de Gobierno. La unidad feminista dentro de Sumar es total, pero la negociación con el PSOE determinará si la coalición ofrece una imagen de solidez o deja entreabierta otra brecha ideológica.

Sánchez mantiene el no al 5% del PIB en defensa: Sumar consolida su influencia en la política de seguridad

Iñigo Larrea
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Sánchez mantiene el no al 5% del PIB en defensa: Sumar consolida su influencia en la política de seguridad

El presidente Pedro Sánchez viaja este 7 de julio a Ankara con una decisión tomada que refuerza a Sumar dentro del Gobierno de coalición: no cederá a la presión de Donald Trump y la OTAN para elevar el gasto militar al 5 % del PIB. La postura, que se defenderá en la cumbre de la Alianza, confirma el peso del espacio confluente en la política de defensa y aleja el fantasma de una fractura interna que nunca llegó a materializarse.

El “no” de Sánchez: una decisión con sello de Sumar

La negativa a alcanzar el 5 % del PIB en gasto militar que reclama Washington no es nueva, pero la firmeza con la que Sánchez la trasladará a sus socios en Turquía sí lo es. El presidente esgrimirá que España se acerca al 2,1 % —con medidas como 15 nuevos programas de defensa antiaérea y una partida de 1.400 millones de euros para misiles— y que el foco debe estar en las capacidades, no en el porcentaje.

La lectura interna es otra. Sumar ha conseguido que su visión prevalezca en un área tradicionalmente ajena a su discurso. Desde la formación que lidera Yolanda Díaz siempre se ha rechazado cualquier incremento del gasto militar que reste recursos a la inversión social. Y ahora esa bandera ondea en la Moncloa sin que el PSOE haya planteado una batalla real. El viaje de Sánchez a Ankara es, en ese sentido, la escenificación de una victoria silenciosa.

La negativa de Sánchez a ceder ante Trump es, sobre todo, la constatación del poder que Sumar ha acumulado en la política de seguridad de la coalición.

El peso de los confluentes: cómo Sumar ha marcado la agenda de defensa

Fuentes del Grupo Parlamentario Sumar recuerdan que la oposición al aumento del gasto militar no es unánime dentro del espacio confluente. Más País e Izquierda Unida han sido históricamente los más beligerantes, mientras que otras formaciones como Compromís o Catalunya en Comú han modulado su discurso en función del contexto europeo. Sin embargo, la posición común se ha mantenido intacta gracias a una coordinación que pocos esperaban.

Esa cohesión ha sido clave para que Sánchez asuma el coste político del “no” frente a Trump sin que la coalición tiemble. No ha habido fisuras ni amagos de rebeldía. Ni siquiera Podemos, que mantiene una relación compleja con Sumar y exige desde fuera del Gobierno un recorte drástico del presupuesto de defensa, ha logrado capitalizar la situación porque la foto que llega desde Ankara es la de un Ejecutivo en el que la izquierda transformadora marca el paso.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar se ha reordenado en torno a la defensa. La resistencia al 5 % del PIB ha servido para unificar discursos que, en otros temas, chocan con frecuencia. Izquierda Unida y Más País han encontrado en esta batalla un argumento común que refuerza su peso específico dentro de la coalición y que, de rebote, obliga al PSOE a moverse en coordenadas más progresistas.

El resultado es un gobierno de coalición que, en plena tormenta diplomática con Estados Unidos y con el embajador Matthew G. Whitaker hablando de “decepción”, se muestra compacto. La Moncloa ha restado importancia a las amenazas de suspensión —el Tratado de la OTAN no las permite, recuerdan— y ha subrayado que el secretario general Mark Rutte ya ha validado el 2 % alcanzado por España. La proyección inmediata es la cumbre de Ankara, donde se revisarán los compromisos de inversión y donde Sánchez tendrá la oportunidad de demostrar que el gasto militar no es una línea roja que pueda romper la coalición.

Ficha del Caso

  • El caso: La decisión del presidente Sánchez de no ceder a la exigencia de Trump y la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, una postura que fortalece a Sumar y demuestra su influencia en la política de seguridad de la coalición.
  • Datos importantes: España se acerca al 2,1 % del PIB en defensa; se han anunciado 15 nuevos programas de defensa antiaérea y una partida de 1.400 millones de euros para misiles; la cumbre de la OTAN se celebra en Ankara el 7 de julio de 2026; el secretario general Mark Rutte ha confirmado que el país ya alcanza el 2 %.
  • Resumen: La firmeza del “no” consolida el peso de Sumar dentro del Ejecutivo, desactiva cualquier riesgo de fractura interna y subraya que la política de defensa ya no es un coto privado del PSOE.
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