¿Qué ha pasado? El TJUE ha ratificado la multa récord de 4.125 millones de euros a Google por abuso de posición dominante con Android, cerrando una década de litigios.
¿Quién está detrás? La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE confirma la decisión de la Comisión Europea de 2018 y del Tribunal General de 2022.
¿Qué impacto tiene? Refuerza la aplicación del derecho de competencia digital de la UE y consolida la estrategia de Bruselas frente a los gigantes tecnológicos, afectando a desarrolladores y fabricantes de dispositivos en España.
El TJUE ha dictado sentencia firme este jueves contra Google, confirmando la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea en 2018 por abuso con Android. Es la mayor sanción antimonopolio jamás ratificada por la justicia comunitaria.
Una sentencia que cierra una década de litigios por Android
La historia arrancó en abril de 2015, cuando la Comisión Europea abrió una investigación formal contra la compañía estadounidense. Tres años después, en 2018, el ejecutivo comunitario le imponía una multa colosal al considerar que había restringido la competencia en el mercado de sistemas operativos móviles. Google obligaba a los fabricantes de teléfonos a preinstalar su motor de búsqueda Google Search y el navegador Chrome como condición para licenciar la tienda de aplicaciones Play Store. Además, pagó a grandes operadores para que preinstalaran exclusivamente su buscador y bloqueó cualquier versión alternativa de Android no aprobada por la propia compañía.
Aquella multa, de 4.300 millones originalmente, fue rebajada a 4.125 millones por el Tribunal General en 2022. Ahora, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) desestima el recurso de Google y convierte la sanción en definitiva. La corte considera probado que existió una «infracción única y continua» y que la empresa recurrió a «prácticas contrarias a la competencia».
¿Qué cambia para el ecosistema móvil y para los desarrolladores españoles?
La sentencia no solo es una palmada en la espalda para Bruselas: tiene efectos prácticos sobre el mercado. Android sigue instalado en alrededor del 70% de los smartphones en España, y hasta ahora los acuerdos de bundling (empaquetado forzoso) de Google limitaban que buscadores y navegadores alternativos —incluidos proyectos de startups españolas— pudieran competir en igualdad de condiciones. Desarrolladores de aplicaciones y fabricantes locales como BQ ven reforzada su capacidad de negociación, aunque el escenario se ha ido moviendo con la entrada en vigor del Reglamento de Mercados Digitales (DMA).
Google, por su parte, insiste en que la sentencia «no reconoce la inversión» realizada para mantener Android abierto e interoperable y que ha introducido cambios desde 2018. Pero desde el sector se aplaude que la justicia europea haya puesto coto, al fin, a una estrategia que limitaba la libre elección de proveedores tecnológicos.
La mayor multa antimonopolio de la historia europea es ya inapelable, y marca el camino para los expedientes que Bruselas tiene abiertos a otras tecnológicas.
El Eje del Poder Europeo: la ofensiva antimonopolio como palanca de soberanía digital
La ratificación de la multa a Google se inscribe en un tablero más amplio. La Comisión, bajo el mandato de Von der Leyen, ha hecho de la lucha contra los abusos de las grandes plataformas una seña de identidad. El DMA, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y las investigaciones en curso muestran que la UE ya no se limita a sancionar: quiere rediseñar de raíz las reglas del juego digital. El fallo del TJUE da credibilidad a esa estrategia y debilita la posición de quien aún confiaba en recursos judiciales interminables.
Para España, el impacto es doble. Por un lado, las empresas tecnológicas locales —desde estudios de videojuegos hasta plataformas de comercio electrónico— obtienen una garantía de que Bruselas no cederá ante los gigantes de Silicon Valley. Por otro, la batalla tiene ecos en las cuentas públicas: Google ha sido ya multada con casi 3.000 millones adicionales por prácticas publicitarias y se investiga su comportamiento con los medios de comunicación. Cada sanción que se consolida alimenta la vía de las multas coercitivas. No es casualidad que en los pasillos del Berlaymont se respire satisfacción: la Comisión ha ganado un pulso de diez años y puede exhibir músculo precisamente cuando la relación transatlántica vive momentos de fricción comercial.
La lectura a largo plazo es clara: la UE ha demostrado que su aparato antitrust puede tumbar a cualquier coloso si se mantienen la paciencia y la coherencia técnica. El precedente envía una señal a otras plataformas —Apple, Meta, Microsoft— y convierte al TJUE en un actor central del nuevo orden digital. «Nadie está por encima de la ley de competencia», resume un alto funcionario comunitario. La próxima cita será la aplicación efectiva del DMA, donde las decisiones ya no serán multas retroactivas, sino medidas correctivas de obligado cumplimiento.
¿Qué ha pasado? La Asamblea de Madrid ha aprobado la ley que reconoce al nasciturus o concebido no nacido como miembro de la unidad familiar a todos los efectos, con el voto favorable del Partido Popular y Vox.
¿Quién está detrás? Impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la iniciativa se ha tramitado mediante un pleno extraordinario, en pleno julio, tras el bloqueo de la izquierda dos semanas atrás por defectos de forma.
¿Qué impacto tiene? La norma permitirá que las familias que esperan un hijo accedan a becas, ayudas al alquiler o al comedor escolar al considerar al concebido dentro del cómputo de la renta per cápita familiar.
Isabel Díaz Ayuso ha sacado adelante este jueves en la Asamblea de Madrid la Ley del Concebido No Nacido, una de sus normas estrella, con el apoyo de Vox y pese al intento de bloqueo de PSOE y Más Madrid dos semanas atrás. La votación, celebrada en un pleno exprés de una hora, se produjo fuera del periodo ordinario de sesiones, una decisión que la oposición ha calificado de «atropello» pero que el PP justifica por la urgencia en dar respuesta a las familias.
Una ley tramitada en tiempo récord: qué recoge y cómo se ha aprobado
El texto, aprobado por lectura única, reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar a todos los efectos legales. Ello implica que, a partir de ahora, las familias madrileñas que estén esperando un hijo podrán incluir al futuro bebé en la declaración de la unidad familiar para el acceso a ayudas y prestaciones que tomen como referencia la renta per cápita. Entre ellas se cuentan las becas de Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las de comedor escolar o las destinadas al alquiler joven —medida que amplía la red de apoyo social del Gobierno regional.
La izquierda había conseguido frenar la medida hace dos semanas al encontrar defectos de forma en el procedimiento. La respuesta del Partido Popular ha sido contundente: haciendo uso de su mayoría absoluta, convocó un pleno extraordinario para el primer jueves de julio, justo al inicio del receso estival, y la ha aprobado la ley por la vía rápida. «No va en contra de nada ni de nadie, ni colisiona con ningún texto legal. Sólo con los prejuicios de algún miembro de la izquierda», zanjó el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, tras la votación.
Reacciones políticas: entre la «chapuza», la «batalla cultural» y la exigencia de más
Más Madrid, a través de la diputada Raquel Huerta, cargó contra la ley tachándola de «chapuza» elaborada con prisas para hacerla coincidir con la visita del Papa a Madrid. Huerta acusó a Ayuso de realizar «guiños» a Vox y de «contentar a los enemigos del derecho al aborto», preguntándose irónicamente «si tanto le preocupan los concebidos, por qué no prestar más atención a los sí nacidos».
Desde el PSOE, Lorena Morales defendió el voto en contra argumentando que la ley se enmarca en una «batalla cultural» y no en las necesidades reales de los madrileños. «Les dicen a los madrileños que tengan hijos, pero luego, cuando los tienen, abandonan a las familias», criticó, en alusión a la falta de ayudas a la crianza, la educación y la conciliación. Para los socialistas, la iniciativa no es más que un gesto del PP para disputar el electorado conservador a Vox.
Precisamente Vox fue el único grupo, junto al PP, que apoyó la ley, aunque no sin matices. La diputada Belén González la consideró «insuficiente» y pidió una norma «más valiente y más humana», que priorice a las madres españolas y ponga coto a posibles fraudes. «Votamos a favor porque es un paso, pero necesitamos blindar las ayudas frente a quienes intenten aprovecharse», señaló. A pesar de las críticas, el voto favorable de la formación de Santiago Abascal fue determinante para sacar adelante la medida.
La ley del concebido no nacido no es un guiño a la ultraderecha: es la confirmación de que el PP, cuando gobierna, amplía derechos sin menoscabar los existentes, y pone a las familias en el centro de la acción política.
El Eje del Poder Popular
La aprobación de esta ley en la Comunidad de Madrid no es solo una victoria legislativa para Isabel Díaz Ayuso; es una declaración de principios del modelo de gestión que el Partido Popular despliega en los territorios que gobierna. Frente a un Ejecutivo central que, según el PP, ha descuidado las políticas de apoyo a la familia —con hitos como la congelación de la prestación por hijo a cargo o la ausencia de un plan integral de natalidad—, Madrid vuelve a erigirse en laboratorio de medidas tangibles.
La ley del concebido no nacido se alinea con el patrón que Ayuso ha instalado desde 2019: rebajas fiscales selectivas, extensión de la libertad educativa y blindaje de ayudas que refuerzan la autonomía de las familias. En esta ocasión, además, consigue neutralizar en buena medida el argumento de que el PP desatiende a quienes deciden tener hijos, al tiempo que evita cualquier roce con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto. El propio texto no limita el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que añade una capa de protección social previa al nacimiento.
Desde Génova, la iniciativa se observa con satisfacción y se interpreta como un activo para el discurso nacional. Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho de la «España que cuida» uno de sus ejes, encuentra en Madrid un banco de pruebas para propuestas que podrían replicarse en otras comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o Galicia. La coordinación con los barones territoriales se refuerza: la ley madrileña demuestra que, cuando el PP gobierna, prioriza a las familias con medidas concretas — becas, ayudas al alquiler, comedor— y no con discursos vacíos.
Sin embargo, el recorrido no está exento de riesgos. La oposición ya ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, argumentando una posible invasión de competencias estatales en materia de seguridad social. La izquierda confía en que ese recurso mantenga viva la controversia hasta el próximo ciclo electoral. Mientras tanto, Ayuso ha demostrado, una vez más, que no le tiembla el pulso para convocar plenos extraordinarios en pleno julio y que la mayoría absoluta no es solo un número: es una herramienta de gestión.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: El PP ofrece medidas reales de apoyo a las familias que esperan un hijo, en contraposición a un Gobierno central que descuida la natalidad y la conciliación.
Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
Próximo hito: Reanudación del periodo de sesiones en la Asamblea, en octubre, y posible recurso ante el Tribunal Constitucional, que pondrá a prueba la firmeza de la ley.
El Vaticano ha decretado hoy la excomunión de los obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), Alfonso de Galarreta y Bernard Fellay, y de los cuatro sacerdotes que acaban de ser ordenados obispos sin autorización del Papa León XIV. Te explico por qué se ha tomado esta decisión y qué consecuencias tiene para la comunidad católica.
La decisión, firmada por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor Manuel Fernández, declara que los involucrados han incurrido en la excomunión latae sententiae (pena automática) por un acto calificado de «naturaleza cismática»: la consagración episcopal de cuatro presbíteros sin mandato pontificio y contra la voluntad expresa del Sumo Pontífice.
La consagración ilícita que ha desencadenado la ruptura
El 1 de julio, en la sede de la Fraternidad en Ecône (Suiza), el obispo español Alfonso de Galarreta, como consagrante principal, y el obispo Bernard Fellay, como co-consagrador, impusieron las manos a los sacerdotes Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier. El superior general, Davide Pagliarani, justificó el acto calificándolo de «deber» para «salvar a la Iglesia» y afirmó que cualquier censura carecería de valor. Sin embargo, el Código de Derecho Canónico establece que la consagración de un obispo sin mandato pontificio conlleva la excomunión automática reservada a la Sede Apostólica.
Las consecuencias canónicas: más allá de la excomunión
El decreto del Dicasterio no se limita a los obispos directamente implicados. Todos los ministros ordenados en la FSSPX quedan declarados cismáticos, y los fieles laicos que se adhieran formalmente a la Fraternidad incurren también en excomunión. Además, los sacramentos administrados por estos sacerdotes —especialmente la penitencia y el matrimonio— son declarados inválidos a partir de ahora.
La Iglesia, no obstante, deja abierta la puerta a la reconciliación y asegura que acogerá «con sincero afecto» a quienes deseen volver a la plena comunión. Los nuncios apostólicos establecerán los procedimientos que podrán seguir los ordinarios diocesanos para regularizar la situación de los fieles.
La desobediencia al Papa en la consagración de obispos constituye, según el derecho canónico, un rechazo práctico del Primado romano y un acto cismático automático.
El contexto histórico: de Lefebvre a la ruptura actual
Esta no es la primera vez que la FSSPX se enfrenta a la excomunión. En 1988, el fundador, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin permiso de Juan Pablo II, lo que provocó la excomunión de todos los implicados. Benedicto XVI levantó esas penas en 2009, pero sin alcanzar un acuerdo teológico pleno. El Papa Francisco dio pasos de acercamiento en 2018 al validar las confesiones y los matrimonios celebrados por sacerdotes lefebvrianos, una medida que ahora queda revocada de facto para los nuevos actos. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que rechaza las reformas del Concilio Vaticano II, cuenta con más de 700 sacerdotes y tiene presencia significativa en Francia y Norteamérica.
El obispo español Alfonso de Galarreta y el impacto para España
Entre los excomulgados figura el obispo Alfonso de Galarreta, de nacionalidad española y consagrante principal. La comunidad lefebvriana en España, aunque minoritaria, mantiene varios centros de misa tradicional. La declaración de invalidez de los matrimonios y confesiones administrados por sacerdotes de la FSSPX afecta directamente a los fieles españoles que participan en sus celebraciones. La Conferencia Episcopal Española aún no se ha pronunciado, pero fuentes diocesanas consultadas indican que se reforzará la comunicación para advertir a los católicos de las consecuencias canónicas de acudir a estas capillas.
⚖️ Datos del caso
Órgano que emite el decreto: Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández.
Fase canónica: Declaración de excomunión latae sententiae y de cisma, con efectos inmediatos.
Implicados: Obispos Alfonso de Galarreta y Bernard Fellay (consagrantes); Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier (consagrados). Todos excomulgados.
Delito canónico: Consagración episcopal sin mandato pontificio, acto de cisma.
Próximos pasos: Quienes deseen la plena comunión podrán acogerse a los procedimientos establecidos por los nuncios.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? El Vaticano excomulga a seis obispos lefebvrianos por consagrar a cuatro nuevos sin permiso del Papa León XIV.
👤 ¿Quiénes están implicados? Los obispos Alfonso de Galarreta y Bernard Fellay, junto con los cuatro sacerdotes ordenados obispo el 1 de julio.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los sacramentos que celebren serán inválidos; la Iglesia ofrece un camino de reconciliación para los fieles que quieran volver a la comunión.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este jueves que el pacto con Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía está ultimado, según ha declarado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Solo queda concretar qué áreas de gobierno asumirá el socio minoritario.
Qué está cerrado y qué falta por cerrar
Feijóo ha asegurado que el acuerdo programático, el acuerdo de contenidos y el acuerdo de principios ya están ultimados. El líder del PP lo ha dado por hecho al afirmar que si los mentideros periodísticos dicen que el pacto está cerrado, él no lo va a desmentir. Lo único que resta, según sus palabras, es concretar qué responsabilidades tendrá el socio minoritario en el futuro gobierno.
El presidente nacional del PP ha recordado que ya existen tres antecedentes de pactos de coalición con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, por lo que el contenido de los acuerdos no presenta dificultad. «Ahora bien, para concretar el ámbito de gobierno y la responsabilidad en ese gobierno futuro del socio minoritario, tendrá que cerrarse entre el presidente, que es el único responsable de cerrar este asunto, y el socio», ha señalado.
El resultado electoral y el precedente de otros pactos PP-Vox
Feijóo ha subrayado que el PP andaluz logró un resultado histórico, a solo dos escaños de la mayoría absoluta en un Parlamento de 109 diputados. Ha recordado que su formación sacó 30 puntos de diferencia a Vox y 20 puntos al Partido Socialista en las elecciones autonómicas, una ventaja que considera insalvable para que el acuerdo sea proporcional. «Creo que acuerdo tiene que ser proporcional a la decisión de los andaluces en las urnas», ha manifestado en una frase en la que omitió el artículo.
Con estos números, el dirigente popular defiende que la coalición debe reflejar la diferencia real de apoyos, un criterio que ya se aplicó en los pactos autonómicos anteriores. La negociación en Andalucía se desarrolla en paralelo a la segunda votación de investidura que se celebra en las próximas horas en el Parlamento de Andalucía.
El PP andaluz se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta y exige que el reparto de consejerías sea proporcional a una diferencia de 30 puntos sobre Vox.
La segunda votación de investidura, en las próximas horas
Feijóo ha desvelado que este miércoles mantuvo una conversación con Juanma Moreno en la que ambos repasaron los detalles del acuerdo. La segunda votación de investidura está fijada para hoy y, salvo sorpresa, debería salir adelante con los votos del PP y Vox una vez que el presidente andaluz cierre el reparto de responsabilidades con el partido de Santiago Abascal.
Moreno necesita mayoría simple en esta segunda votación, un trámite que suele superarse sin problemas cuando hay un pacto de legislatura. Feijóo ha insistido en que el presidente de la Junta es el único responsable de cerrar este último fleco y que el acuerdo debe ser razonable y proporcional al resultado de las urnas.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que el pacto PP-Vox para investir a Juanma Moreno está ultimado y solo falta cerrar las áreas de gobierno del socio minoritario.
👤 ¿Quiénes están implicados? El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el candidato a la Junta, Juanma Moreno; y Vox, como socio minoritario.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? Se celebra la segunda votación de investidura en el Parlamento andaluz, donde Moreno necesita mayoría simple para ser investido presidente.
¿Qué ha pasado? Feijóo ha denunciado en los cursos de la UIMP el proceso de nacionalización masiva derivado de la Ley de Nietos, con 2,6 millones de solicitudes en marcha, sin una memoria económica de su impacto en los servicios públicos.
¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP.
¿Qué impacto tiene? El PP exige la comparecencia urgente del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y una nueva ley con transparencia; la polémica presiona al Gobierno en un asunto clave para el presupuesto social.
Alberto Núñez Feijóo ha lanzado este jueves una advertencia contundente desde el Palacio de la Magdalena de Santander: las 2,6 millones de solicitudes de nacionalización que el Gobierno está tramitando al amparo de la llamada Ley de Nietos tendrán un “impacto enorme” sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Feijóo tomó la palabra en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para denunciar la “arbitrariedad”, la falta de “transparencia” y las “pocas garantías” con las que, según él, se está desarrollando este proceso. Subrayó que cada nueva nacionalidad supone automáticamente la concesión de la tarjeta sanitaria, el cheque educativo y el derecho a una pensión no contributiva. En sus palabras, “es darle los derechos que tienen los españoles que han cotizado, que han trabajado en nuestro país durante muchas décadas”.
El líder de la oposición puso cifras al problema: los 2,6 millones de expedientes en curso implican, a su juicio, una presión insostenible sobre los sistemas públicos. “Cuando observamos que el número de solicitudes es de 2,6 millones, tenemos que parar, ver el impacto económico que esto supone, hacer la memoria económica de esta decisión y tomar las decisiones adecuadas”, afirmó. Hasta el momento, según fuentes de la cúpula popular, el Gobierno no ha presentado esa evaluación de impacto normativo ni ha detallado el coste que supondría para las arcas del Estado.
Feijóo recordó que la normativa de evaluación exigida para cualquier gran decisión administrativa brilla por su ausencia en este caso. No hay un estudio que desglose el gasto sanitario adicional, las necesidades de refuerzo en las aulas ni el efecto sobre las pensiones no contributivas. La advertencia del presidente popular es clara: sin esa memoria económica, el proceso se convierte en un salto al vacío.
El conjunto de medidas que ha presentado el PP exige la paralización temporal de las concesiones y una auditoría inmediata de las empresas que están gestionando los expedientes. La dirección nacional insiste en que no se trata de cuestionar el derecho a la nacionalidad, sino de hacerlo con orden y control financiero.
Sin una memoria económica que cuantifique el coste para las arcas públicas, el proceso de nacionalización masiva se convierte en un cheque en blanco contra el Estado del Bienestar.
La exigencia parlamentaria: Albares deberá dar explicaciones
El PP ha registrado la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso de los Diputados. Feijóo quiere que el responsable de la diplomacia española detalle los criterios con los que se otorgan las nacionalizaciones, el número exacto de expedientes tramitados hasta la fecha y la identidad de las empresas privadas que, según sus palabras, están gestionando el proceso con “ninguna transparencia”.
“No sabemos con qué criterios se conceden las nacionalizaciones, ni qué controles aplica Exteriores. Hay mucha arbitrariedad”, subrayó el líder popular. La exigencia va acompañada de una petición formal para que el Gobierno derive del actual procedimiento a una nueva ley “legal y transparente”. El grupo parlamentario popular considera que la actual regulación –heredera de medidas excepcionales para descendientes de exiliados y sefardíes– ha derivado en una dispersión normativa que el Ejecutivo estaría utilizando para acelerar los trámites sin el filtro parlamentario necesario.
La presión se traslada ahora a la agenda legislativa. Si Albares no comparece o no aporta la documentación requerida, el PP no descarta elevar el asunto a la Diputación Permanente o forzar una votación en el Pleno del Congreso. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha confirmado que las preguntas orales de la próxima sesión de control ya incluirán la cuestión como punto prioritario.
El Eje del Poder Popular
La advertencia de Feijóo resuena con especial fuerza en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que gestionan directamente los tres pilares del Estado del Bienestar citados: sanidad, educación y servicios sociales. Barones como Juanma Moreno han empezado a cuantificar el coste que supondría para la Junta de Andalucía la incorporación de cientos de miles de nuevos titulares de derechos sin una financiación adicional por parte del Estado. El presidente andaluz ya ha reclamado una conferencia de presidentes para tratar el impacto de las nacionalizaciones sobre la sostenibilidad de los sistemas autonómicos.
En Génova se interpreta este movimiento como una oportunidad para reforzar el discurso de la gestión responsable frente a lo que califican de improvisación del Gobierno. Mientras Sánchez intenta apurar la legislatura con gestos de amplio espectro social, el PP aprovecha para erigirse en el defensor del equilibrio presupuestario. La estrategia se alinea con la línea marcada en la última cumbre de presidentes autonómicos populares, celebrada en Toledo, donde la financiación autonómica y la defensa de un modelo de Estado que no ponga en riesgo la viabilidad fiscal fueron los temas centrales.
El riesgo inmediato para el Gobierno es doble: por un lado, una comparecencia en la que Albares quede en evidencia si no puede explicar el coste real de la medida; por otro, un rechazo parlamentario a la actual ley si el PP logra sumar votos de otros grupos críticos con la falta de control. La próxima ventana crítica será la semana que viene, cuando el GPP presente su batería de preguntas y se vaya aclarando la disposición del resto de la Cámara.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: Desgaste del Gobierno con una nacionalización masiva sin memoria económica, frente a la alternativa del PP de transparencia y control del gasto público.
Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
Próximo hito: Comparecencia del ministro Albares en el Congreso; el PP registrará también una batería de preguntas orales para la sesión de control de la semana próxima.
¿Qué ha pasado? El plazo de la regularización extraordinaria se cerró con 1.174.968 solicitudes, de las cuales 608.000 han sido admitidas a trámite y obtienen permiso provisional de residencia y trabajo.
¿Quién está detrás? La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el equipo del Ministerio de Migraciones.
¿Qué impacto tiene? Más de medio millón de personas salen de la irregularidad sobrevenida y se incorporan formalmente al mercado laboral, reforzando sectores estratégicos y la caja de la Seguridad Social.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cerrado este jueves el plazo de la regularización extraordinaria con un balance que el Gobierno califica de éxito: 608.000 solicitudes admitidas a trámite, el 52 % del total, que ya cuentan con permiso de residencia y trabajo provisional. Un hito en política migratoria que el PSOE defiende como palanca de cohesión social y crecimiento económico.
Cifras, plazos y el blindaje provisional
Según los datos oficiales del Ministerio de Migraciones, la campaña ha recibido 1.174.968 solicitudes, un volumen que supera las previsiones iniciales y confirma la enorme demanda de cobertura legal entre la población extranjera residente en España. De ellas, se han admitido a trámite 608.000 expedientes, lo que otorga de forma inmediata un permiso provisional de residencia y trabajo. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha detallado que cerca de 11.000 personas cuentan ya con una resolución favorable definitiva, mientras que el Gobierno dispone de tres meses para resolver el resto de los expedientes.
Ese blindaje provisional es, para la parte socialista del Ejecutivo, la clave de la medida: desde el primer momento, el migrante puede firmar un contrato, cotizar a la Seguridad Social y acceder a la sanidad pública, rompiendo el círculo de la economía sumergida y la vulnerabilidad jurídica. La regularización extraordinaria, recuerdan en el Gabinete de Saiz, no es un regularización masiva a ciegas, sino un procedimiento administrativo con requisitos de arraigo y de empleo que ordena el flujo de trabajadores que ya estaban aquí.
De la estadística al valor político: inmigración, trabajo y territorio
El ángulo socialista de la lectura va mucho más allá de los dígitos. Saiz ha calificado el proceso de “éxito” y de “hito”, subrayando que España se convierte en un referente europeo de política migratoria ordenada y humanitaria. Tras los datos hay una apuesta deliberada de Ferraz por desmontar el discurso del odio y confrontar con hechos la narrativa de la oposición: “Frente a los que hablan de invasión, nosotros blindamos derechos y sumamos cotizantes”, sintetizan fuentes del Grupo Parlamentario Socialista.
Y el impacto en las arcas públicas es notable: cada nuevo trabajador que cotiza fortalece la caja única de la Seguridad Social, un argumento que la propia Saiz ha desplegado en sus comparecencias. Los sectores que más mano de obra absorben —agricultura, cuidados, hostelería, construcción— se concentran en territorios gobernados por el PSOE o por coaliciones progresistas: Cataluña, con la Generalitat del president Illa; Castilla-La Mancha, de Emiliano García-Page; Asturias, de Adrián Barbón, o Navarra, de María Chivite. Por eso la regularización no es solo un expediente madrileño: aterriza directamente en los presupuestos autonómicos y en la vida cotidiana de miles de municipios.
Detrás de cada expediente hay una vida que se regulariza, un trabajador que cotiza y un proyecto de integración que consolida el Estado del bienestar.
El Eje del Poder Socialista
En el plano de la estrategia interna y orgánica del partido, la regularización extraordinaria evoca uno de los grandes legados del socialismo español: la regularización masiva que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, que sacó de la sombra a más de 600.000 trabajadores. Aquella operación fue entonces un aldabonazo político, contestada con dureza por la derecha, pero que a medio plazo se tradujo en un incremento de afiliaciones y en una integración que hoy nadie discute. Salvando las diferencias de coyuntura, fuentes de la dirección federal ven en la medida de Saiz una reivindicación del PSOE como partido de gobierno que no se arruga ante los retos estructurales, y que responde con gestión a quienes pretenden simplificar la inmigración como amenaza.
La falta de una oposición firme desde los barones del partido —ningún presidente autonómico socialista ha alzado la voz en contra, y Page, a menudo crítico, ha guardado silencio— apunta a un cierre de filas cómodo. El liderazgo de Sánchez no encuentra aquí fisuras, y la unidad en torno a la agenda de inclusión sale reforzada de cara a los próximos meses, especialmente cuando el ruido judicial y las batallas parlamentarias con los socios exijan un discurso nítido. La lectura estratégica es clara: mientras el Partido Popular titubea entre la moderación y el guiño a Vox, el PSOE ocupa la centralidad social y territorial con una medida que habla de derechos, trabajo y Seguridad Social.
No obstante, el verdadero examen para la marca socialista llegará cuando se agote el plazo de los tres meses. Si el porcentaje de resoluciones favorables se mantiene alto, la medida se consolidará como un éxito de gestión; si se producen cuellos de botella o denegaciones significativas, la oposición encontrará munición para criticar la falta de previsión. De momento, observamos un movimiento calculado que sitúa a España como laboratorio de una socialdemocracia europea que busca reconciliar control migratorio con integración de derechos.
🌹 El Apunte de Ferraz
Mensaje fuerza: “La regularización demuestra que una gestión ordenada de la inmigración suma cohesión social y fortalece el sistema de protección”.
Protagonista: Elma Saiz (ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).
Próximo hito: Resolución del resto de expedientes en tres meses y comparecencia de la ministra en la Comisión de Trabajo e Inclusión del Congreso para dar cuenta de los resultados.
Cataluña ha superado por primera vez en su historia los cuatro millones de afiliados a la Seguridad Social. Un hito estadístico que llega en plena campaña turística y que sitúa a la autonomía como locomotora del empleo en España.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes a junio, la afiliación media en Cataluña alcanzó los 4.008.221 cotizantes. Eso representa 37.053 personas más que en mayo (+0,93%) y 102.763 más que en el mismo mes de 2025 (+2,63%). El paro, por su parte, se redujo a 307.169 desempleados, la cifra más baja en un mes de junio desde 2008. En términos intermensuales, el paro bajó un 0,1%, con 458 personas menos que en mayo, concentradas especialmente en los menores de 25 años (-2,8%).
Por qué el verano ha empujado las cifras
El desglose por demarcaciones muestra un comportamiento desigual. Girona lideró la reducción del paro (-1,6%), seguida por Barcelona (-0,1%) y Tarragona (-0,02%). Lleida, en cambio, registró un aumento del 1,7%, probablemente vinculado a la finalización de campañas agrícolas. La hostelería y el comercio concentraron buena parte de los nuevos contratos, mientras la industria perdió un 0,9% de puestos.
En términos absolutos, Cataluña sumó más empleo que cualquier otra comunidad. Baleares creó 24.372 puestos y Madrid, 13.956. Andalucía, sin embargo, perdió 13.887 afiliados en junio. Los datos reflejan la dependencia del turismo y el tirón de la economía catalana en los meses de verano. En el conjunto del Estado, la afiliación creció en 128.533 personas en junio, con lo que el total se situó en 22.466.339. Cataluña aportó casi una cuarta parte del crecimiento mensual.
El balón de oxígeno para el Govern de Illa
El récord de cotizantes tiene una lectura política inmediata: más ingresos por cotizaciones y un mercado laboral boyante que destensa la presión sobre el gasto social. La Generalitat ve en estas cifras un argumento para defender la buena marcha de la economía catalana ante la ciudadanía y ante sus socios de ERC.
La Cataluña que bate récords de empleo es también la que presume de músculo fiscal en plena negociación presupuestaria con el Gobierno central.
El president Illa, que afronta semanas decisivas para cerrar las cuentas de 2027, podrá exhibir un mercado laboral con más de cuatro millones de cotizantes. La cifra facilita la interlocución con ERC, que ha condicionado su apoyo a mejoras en financiación autonómica. Aunque el Govern evita hacer lecturas triunfalistas, en los pasillos del Palau se respira un optimismo contenido.
Dependencia estacional y comparativa con Madrid
El empleo catalán, sin embargo, padece una elevada estacionalidad. La mayoría de los nuevos puestos se concentran en los servicios de temporada, mientras la industria y la construcción permanece estable. El reto, advierten los economistas, es convertir los picos estivales en ocupación fija. En Madrid, por ejemplo, el crecimiento es más lineal y menos dependiente del termómetro.
No es la primera vez que Cataluña registra un récord de afiliación en junio. En 2019 ya se rozaron los 3,8 millones, antes del desplome de la pandemia. La diferencia ahora es que el tejido productivo ha ganado 200.000 cotizantes en seis años, pese a la incertidumbre regulatoria y la crisis de precios. La región necesita consolidar este suelo de los cuatro millones para que el empleo no sea flor de un día.
Los próximos meses serán clave para verificar si la ocupación aguanta tras el verano. Mientras, la Generalitat maneja con discreción los datos y los incorpora a su estrategia de presión fiscal ante Moncloa. El récord, en todo caso, es incontestable.
Maheso, el fabricante catalán de congelados con sede en Montcada i Reixac, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 172 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,2% respecto al año anterior. La compañía, que en 2024 se había estancado, recupera el impulso y ya perfila un plan inversor de 28 millones de euros para 2026 con el que acelerar su capacidad productiva en Cataluña y en la nueva planta de Garay (Soria).
El regreso al crecimiento que constata Maheso tiene una de sus claves en la internacionalización. La empresa está presente en 40 países y la exportación representa ya el 20% de sus ingresos, con especial fuerza en mercados de Europa, Latinoamérica y el norte de África. En paralelo, la firma no ha desglosado el beneficio correspondiente a 2025, aunque en 2024 obtuvo un resultado neto atribuido de 7,4 millones de euros.
Un negocio que vuelve a crecer tras un 2024 plano
El pasado ejercicio Maheso facturó 172 millones de euros, 16 millones más que los 159 millones del año precedente, cuando la compañía reconoció un estancamiento en sus cuentas. El dato de 2025 respalda la hoja de ruta de David Aldea, consejero delegado de la compañía de capital familiar, que aspira a alcanzar 300 millones de euros en 2030 con el plan estratégico lanzado el año pasado.
“La fábrica de Soria va a marcar un antes y un después para la compañía y nos dota de la capacidad necesaria para afrontar con garantías los próximos años”, asegura Aldea. Las cuentas de la empresa indican que las inversiones ejecutadas en 2025 sumaron 20,3 millones de euros, principalmente para avanzar en la construcción de la nueva factoría soriana y para modernizar las instalaciones de Montcada i Reixac.
El giro industrial: 28 millones para consolidar dos plantas
Maheso ha reservado para este 2026 un presupuesto de 28 millones de euros en inversiones que se repartirán entre las dos fábricas. El mayor hito será la puesta en marcha de la planta de Soria, una instalación que la compañía considera clave para duplicar la capacidad de producción hasta las 5.000 toneladas anuales en 2030. Al mismo tiempo, se acelerará la modernización de la factoría catalana, donde se concentran las líneas de croquetas, churros y aperitivos que han convertido a Maheso en una referencia de la alimentación congelada.
La llegada de la fábrica de Soria no solo amplía la producción; sitúa a Maheso en disposición de pelear por un mercado internacional que ya le aporta uno de cada cinco euros de facturación.
Innovación y alianzas como palanca de crecimiento
La compañía ha apostado también por nuevos desarrollos para ganar músculo en hostelería y restauración. En 2025 lanzó Signature, una gama prémium para el canal Horeca, y unos churros rellenos en alianza con Idilia, el fabricante de Nocilla. Ambas iniciativas forman parte de una estrategia que busca elevar el valor añadido de sus productos y acercar las ventas a un público joven sin abandonar la capilaridad que le da la distribución en supermercados.
El sector de la alimentación congelada en Cataluña registró en 2025 una expansión similar a la de Maheso, según los datos provisionales de la patronal, lo que sugiere que la firma ha sabido acompañar la demanda de productos preparados y la normalización del consumo fuera del hogar. No obstante, la elevada inversión industrial que asume este año plantea un reto financiero: la compañía deberá gestionar un alza de costes energéticos y de materias primas sin deteriorar los márgenes, mientras acelera la puesta a punto de la nueva fábrica.
El plan estratégico hasta 2030 contempla un aumento de la producción de 5.000 toneladas, pero expertos del sector señalan que el calendario es exigente. Maheso cuenta, eso sí, con la experiencia de haber modernizado sin sobresaltos la planta de Montcada i Reixac y con un equipo directivo que mantiene el foco en la eficiencia operativa. Lo que ocurra este año con el despliegue industrial determinará si la empresa puede mirar a los 300 millones de euros como una meta realista.
El Parlament ha aprobado este jueves los presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros del Govern de Salvador Illa, con el respaldo de sus socios de investidura (ERC y los Comuns) y tras dos años de legislatura sin cuentas propias. La luz verde inyecta más de 40.000 millones de euros en las arcas autonómicas y blinda la estabilidad de una legislatura que, hasta ahora, había caminado sobre prórrogas y acuerdos puntuales. La consellera de Economía, Alícia Romero, los ha calificado como “los presupuestos de la estabilidad” y ha agradecido la “generosidad” de las formaciones de izquierda.
La aprobación llega después de tres ejercicios consecutivos con presupuestos caducados, un lastre que el Govern arrastraba desde la etapa de Pere Aragonès y que mantenía bloqueadas inversiones estratégicas en vivienda, educación e infraestructuras. Con el nuevo marco, el Ejecutivo socialista dispone de margen para negociar con los sindicatos soluciones al conflicto docente y acelerar proyectos como el tren orbital ferroviario, una de las contrapartidas exigidas por ERC para dar su sí.
Romero ha defendido las cifras durante el debate recordando que el nuevo modelo de financiación, que se votará en el Congreso en otoño, aportará aún más recursos a la Generalitat. El gesto busca proyectar una legislatura de gestión y no de supervivencia, pero la sesión de este jueves ha dejado claro que la fiscalización de los socios será intensa. Ester Capella (ERC), tras ser interrumpida por el presidente del Parlament, Josep Rull, ha reivindicado “conquistas en soberanía” como el mencionado tren orbital, mientras que Jéssica Albiach (Comuns) ha reclamado más “ambición” en vivienda.
La oposición ha utilizado el hemiciclo para cargar contra el Govern. Junts, por medio de Toni Castellà, ha tildado a Illa de “arrogante” y ha asegurado que las cuentas implican “de todo, menos normalidad”, reclamando un concierto económico que evite “la subida de impuestos encubierta”. Castellà ha pronosticado un relevo en la próxima legislatura y ha acercado su discurso al de la extrema derecha al cuestionar un modelo que, a su juicio, prima el crecimiento cuantitativo sobre la calidad.
El PP, con el flamante secretario general Juan Fernández, ha ironizado sobre la ausencia momentánea de Albiach y ha calificado los presupuestos de “soviéticos”. Vox y Aliança Catalana han coincidido en denunciar “una estafa política y un atraco fiscal”, apelando a una “Cataluña real” que, según ellos, queda fuera de la agenda de Govern. La CUP, en boca de Laure Vega, los ha resumido como “una peli mala de domingo por la tarde”, confirmando su voto en contra.
Las cuentas de 2026 no solo ponen fin a la parálisis presupuestaria: atan a ERC y los Comuns a una legislatura que Illa necesita para llegar con resultados a las urnas.
El apoyo de los socios de investidura, aunque no exento de críticas, convierte estos presupuestos en un salvoconducto político. ERC y los Comuns han optado por aparecer como garantes de los avances sociales mientras vigilan de cerca el gasto, una estrategia que les permite diferenciarse del PSC sin tumbar el Govern. De fondo, el modelo de financiación singular que se debatirá en otoño en Madrid marcará el verdadero alcance de la “estabilidad” prometida: si el Congreso lo aprueba, Illa dispondrá de un colchón fiscal que cambiará la geometría política catalana; si no, la tensión entre los socios se disparará.
Lo que estos presupuestos dicen sobre el tablero catalán
La luz verde de hoy no solo evita un bloqueo parlamentario inmediato, sino que resitúa a Cataluña en una lógica de gestión alejada del procés. Y lo hace mientras el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más débil por las causas judiciales que rodean al PSOE. En el debate, apenas hubo alusiones a la Moncloa —salvo una mención de Joan Garriga sobre la posibilidad de encontrar joyas en la sede socialista—, lo que confirma un cambio de prioridades: el Govern busca rentabilizar la acción ejecutiva y minimizar las derivadas judiciales ajenas.
El movimiento recuerda a la estrategia que siguió el PSC con José Montilla: blindar la legislatura con cuentas pactadas y evitar disoluciones anticipadas. Entonces, la crisis económica y la intervención de la Generalitat truncaron el plan, pero Illa parte de una coyuntura de crecimiento y de una oposición fragmentada. Sin embargo, el verdadero termómetro serán las elecciones municipales del próximo año: si el PSC no logra consolidar su poder en el área metropolitana de Barcelona, la estabilidad parlamentaria se volverá insuficiente para retener la Generalitat.
En paralelo, el acuerdo presupuestario muestra la consolidación de un espacio de izquierda catalanista que, pese a las diferencias, prioriza mantener al Govern antes que facilitar un adelanto electoral que podría beneficiar a Junts o al PP. Es una apuesta arriesgada para ERC, que necesita diferenciarse en las urnas mientras justifica su apoyo al Govern, y para los Comuns, que miden su influencia en cada partida de vivienda. Illa, por su parte, se va de vacaciones con la misión cumplida y con la oportunidad de empezar a gobernar de verdad tras una primera mitad de año marcada por la fragilidad.
Una joven de 17 años ha fallecido esta madrugada al ser atropellada por un camión en la AP-7, a la altura de Castellví de Rosanes (Barcelona). Así lo ha confirmado el Servei Català de Trànsit (SCT), que ha detallado que el siniestro se produjo en el punto kilométrico 172,6 de la autopista, en sentido Tarragona, sobre las 00:10 horas.
Por causas que aún se investigan, una motocicleta en la que viajaban dos personas sufrió una caída en la calzada. Acto seguido, un camión que circulaba por el mismo carril no pudo evitar arrollar a una de las ocupantes, la joven de 17 años, que falleció en el acto, según precisó el servicio de emergencias.
El siniestro en el punto kilométrico 172,6
El aviso del accidente llegó a los Mossos d’Esquadra poco después de la medianoche, a las 00:10 horas. La moto, con dos ocupantes, perdió el control por razones que las autoridades tratan de determinar. Tras la caída, un camión que se aproximaba en el mismo carril impactó contra la pasajera, de 17 años, causándole la muerte en el lugar.
El conductor del vehículo de dos ruedas resultó herido de carácter menos grave. Fue evacuado de inmediato al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell . Mientras, el chófer del camión ha resultado ileso, según el SCT.
Cortes de tráfico y despliegue de emergencias
El siniestro obligó a activar un amplio dispositivo de emergencia. Se desplazaron cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y hasta seis unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que también envió apoyo psicológico.
La AP-7 quedó totalmente cortada en sentido sur/Tarragona desde la madrugada hasta las 12:30 horas, y permaneció con un carril restringido hasta las 05:00 h. A esa hora quedó restablecida la circulación con normalidad.
El accidente deja una menor fallecida, un herido y la autopista cortada en sentido sur durante más de cinco horas, según los Mossos d’Esquadra.
Víctima y balance de siniestralidad
La pasajera de la moto, de 17 años, era vecina de la comarca del Baix Llobregat. El conductor del vehículo de dos ruedas, por su parte, fue trasladado al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell con heridas de menor consideración.
Con este fallecimiento, son ya 71 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de 2026, 30 de ellas motoristas, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas del siniestro.
La OCDE acaba de radiografiar el compromiso ESG de las 10.000 mayores empresas cotizadas del mundo y el contraste es elocuente: las compañías europeas encabezan las métricas de sostenibilidad, mientras las chinas se quedan en posiciones testimoniales en casi todos los indicadores. El informe, publicado en el marco del 50 aniversario de los Principios Directores para Empresas Multinacionales, desnuda una brecha que va más allá de la voluntad corporativa y que hunde sus raíces en el modelo regulatorio, la presión inversora y la cultura empresarial de cada región.
El mapa de la responsabilidad corporativa: Europa impone el ritmo, China apenas asoma
Vamos a los datos. El estudio de la OCDE revela que el 69 % de las grandes empresas mundiales ya ha formalizado compromisos en al menos uno de los ámbitos ESG, pero la fotografía cambia por completo según el origen geográfico. Las compañías europeas ostentan porcentajes que superan el 80 % en la mayoría de las materias: el 86 % ha desarrollado políticas anticorrupción, el 84 % tiene compromisos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y el mismo porcentaje ha incorporado compromisos de derechos humanos. Las métricas contra el trabajo forzado (83 %) y la explotación laboral infantil (82 %) completan un perfil que coloca a Europa como la región con la gobernanza ESG más madura.
En el extremo opuesto, las empresas chinas apenas alcanzan el 31 % en anticorrupción, el 33 % en medidas contra la explotación infantil y el 32 % en lucha contra el trabajo forzado. Las cifras se desploman cuando se examinan otras áreas: solo el 16 % recoge compromisos de derechos humanos, el 12 % aborda la biodiversidad y únicamente el 10 % contempla políticas sobre libertad de asociación. Son porcentajes que no solo las alejan de Europa, sino que las sitúan por debajo de América Latina en prácticamente todos los indicadores.
La letra pequeña del informe esconde una realidad incómoda: la formalización de políticas no equivale necesariamente a su aplicación efectiva ni a un impacto medible en la cadena de suministro. Sin embargo, la ausencia misma de esos compromisos —especialmente en derechos humanos y gobernanza— envía una señal clara sobre la prioridad real que la sostenibilidad tiene en el tejido empresarial chino.
Lo que revelan (y lo que ocultan) las métricas: corrupción y biodiversidad como dos caras de la misma moneda
Hay dos indicadores que funcionan como un espejo de las prioridades regionales. El primero es la lucha contra la corrupción, donde el dato de las empresas estadounidenses merece una mención aparte: alcanzan el 91 %, el porcentaje más alto de todas las regiones analizadas. La cifra es coherente con un modelo empresarial que, desde la Foreign Corrupt Practices Act hasta la cultura de compliance, ha hecho de la transparencia financiera su bandera. Sin embargo, en el resto de indicadores —derechos humanos, clima, libertad sindical— las compañías estadounidenses quedan por detrás de las europeas y, en varios apartados, también de las latinoamericanas.
El segundo indicador revelador es la biodiversidad, que se erige como la gran asignatura pendiente en todas las regiones. Ni siquiera las empresas europeas, que lideran la mayoría de las métricas ESG, logran superar el 37 % de adopción de políticas específicas sobre protección de ecosistemas. Es un dato que cobra especial relevancia ahora que marcos como la Taxonomía Verde europea empiezan a exigir métricas de biodiversidad y que la CSRD (Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad) obligará a reportar impactos sobre la naturaleza a partir de los próximos ejercicios. La biodiversidad es, en palabras de la propia OCDE, un ámbito en el que casi todas las regiones —incluido el bloque europeo— parten de niveles muy bajos.
📊 Impacto ESG en cifras
Adopción anticorrupción: 86 % en Europa, 91 % en EE. UU., 31 % en China.
Compromisos climáticos: 84 % de empresas europeas frente al 16 % en derechos humanos de las chinas.
Biodiversidad: Solo el 37 % en Europa y el 12 % en China; el gran déficit global.
Legislación nacional: El 67 % de los países firmantes ya exige diligencia debida en sostenibilidad.
El análisis de la OCDE no se limita a un ranking de buenas intenciones, sino que evalúa hasta qué punto los países están trasladando los Principios Directores para Empresas Multinacionales a sus ordenamientos jurídicos. Actualmente, el 67 % de los 52 países firmantes dispone de legislación sobre diligencia debida que obliga a las empresas a informar sobre los riesgos sociales y ambientales en sus cadenas de suministro. Además, 29 países han activado mecanismos de incentivo positivo que condicionan el acceso a subvenciones, financiación pública o contratos gubernamentales al cumplimiento efectivo de criterios ESG.
Este dato tiene una lectura directa para la competitividad empresarial. El acceso al mercado europeo pasa cada vez más por cumplir con estándares como la Taxonomía Verde o la CSRD, y las compañías que no documenten sus políticas de derechos humanos o su gestión de emisiones van a encontrarse con barreras regulatorias y de financiación que penalizan precisamente los modelos de negocio más rezagados. El informe de la OCDE dibuja, en este sentido, un mapa de riesgo inversor: las empresas con sede en jurisdicciones con menor densidad regulatoria son, estadísticamente, las que presentan niveles más bajos de compromisos ESG formales.
El origen geográfico de una empresa es hoy un predictor muy fiable de la solidez de sus compromisos ESG; los datos de la OCDE lo demuestran.
Competitividad, regulación y cadena de suministro: lo que la brecha ESG implica en la práctica
Conviene leer el informe más allá de la foto fija. Las métricas que la OCDE ha publicado son un indicador de compromisos formales —políticas aprobadas, códigos éticos, estrategias climáticas— pero no miden la implementación real ni el impacto. Aun así, la correlación entre regulación y compromiso es sólida: donde hay legislación que obliga a rendir cuentas, las empresas desarrollan políticas; donde no la hay, el vacío regulatorio se traduce en porcentajes testimoniales.
Las implicaciones para la cadena de suministro global son inmediatas. Cuando una gran empresa europea o estadounidense se ve obligada por la CSRD o por estándares como los SBTi (Science Based Targets) a auditar su Scope 3 —las emisiones indirectas de toda su cadena de valor—, las compañías chinas que operan como proveedores sin políticas de derechos humanos ni de emisiones se convierten en un pasivo. El dato de que solo el 10 % de las empresas chinas tiene políticas de libertad de asociación no es una mera estadística: es un riesgo reputacional y, cada vez más, un riesgo contractual para las multinacionales que integran esos proveedores en su cadena.
Al mismo tiempo, la región de América Latina emerge con un perfil propio que merece atención. Las empresas latinoamericanas registran un 71 % de adopción de políticas de derechos humanos, un 70 % en emisiones de gases de efecto invernadero y un 69 % contra la explotación infantil. Son cifras que superan a las estadounidenses en varios apartados y que conectan con la evolución normativa que países como Brasil, Chile o México han impulsado en los últimos años. La sostenibilidad corporativa en América Latina avanza a un ritmo que descoloca el tópico de que el desarrollo económico es condición previa para la madurez ESG.
Para el inversor institucional, el informe de la OCDE funciona como una hoja de ruta. Los fondos que aplican criterios ESG —que en Europa gestionan ya varios billones de euros— van a encontrar en estos datos una base sólida para discriminar geografías y sectores. La pregunta que deja el estudio es si las empresas chinas van a acelerar sus compromisos por convicción o si lo harán empujadas por las exigencias de sus clientes occidentales y por el acceso a los mercados de capitales que exigen etiquetas verdes. A fecha de hoy, los datos sugieren que el empujón aún no se ha producido.
La brecha ESG no es solo una cuestión de reputación: es una barrera de entrada que se ensancha a medida que las cadenas de suministro exigen trazabilidad.
El análisis de fondo: un espejo de la gobernanza global
El valor del informe de la OCDE no está tanto en la novedad de los datos como en la consolidación de una evidencia que llevaba años apuntándose en estudios sectoriales. Ya en 2023, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones reflejaba una brecha similar entre las empresas europeas y las del resto del mundo, y los sucesivos informes del CDP (Carbon Disclosure Project) habían señalado la baja penetración de las políticas climáticas en el tejido empresarial chino. Lo que hace la OCDE es sistematizar la comparación y elevarla al rango de análisis oficial de una organización que agrupa a las economías más desarrolladas.
La mirada, sin embargo, debe ser crítica con los propios indicadores. Formalizar una política anticorrupción o de derechos humanos es un paso necesario, pero no suficiente. El greenwashing social —la adopción de códigos éticos que rara vez se auditan de forma independiente— es un riesgo real que el informe de la OCDE no aborda en profundidad. Hay muchos mas ejemplos de grandes corporaciones con políticas ejemplares sobre el papel que, sin embargo, mantenían cadenas de suministro con trabajo forzado no detectado hasta que una investigación periodística lo destapó. La transparencia formal es el primer escalón, pero el impacto real se mide en la trazabilidad de la cadena y en las auditorías independientes.
El dato que sí resulta estructural es el de la regulación. Cuando dos tercios de los países firmantes ya han legislado sobre diligencia debida empresarial, la sostenibilidad deja de ser una ventaja competitiva voluntaria para convertirse en un requisito de acceso a los mercados. Las empresas chinas que operan como proveedoras de multinacionales europeas van a tener que adaptarse —y rápido— a estándares como la CSRD o la Directiva sobre Diligencia Debida que la Comisión Europea ha ido desplegando en los últimos años. El tiempo corre y los datos de la OCDE muestran que el punto de partida es muy bajo.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
Beneficio medible: El 69 % de las grandes empresas ya tiene compromisos ESG; los incentivos públicos y las exigencias regulatorias aceleran la convergencia global hacia estándares de sostenibilidad, aunque con diferencias regionales muy marcadas.
Modelo que cambia: La sostenibilidad corporativa ya no depende solo de la voluntad: la regulación está sustituyendo a la autorregulación como motor del cambio en las cadenas de suministro mundiales.
Para las próximas generaciones: La homogeneización de los estándares ESG reduce el margen para que las empresas compitan a costa de los derechos laborales o del medio ambiente, creando un terreno de juego donde la responsabilidad corporativa sea condición de acceso al mercado global.
El Ejecutivo de Imanol Pradales asume que la transferencia completa de la gestión de la Seguridad Social, en particular el pago de las pensiones, no se concretará en la cumbre bilateral de finales de julio con Pedro Sánchez, aunque sí espera avances en otras competencias.
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, viajó este miércoles a Madrid para mantener contactos de alto nivel con el Estado. Oficialmente, no ha hecho declaraciones, pero el Ejecutivo autonómico ha dejado entrever que las conversaciones sobre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y otras prestaciones avanzan a buen ritmo, según fuentes consultadas por está redacción.
El traspaso de las pensiones, fuera del acuerdo de julio
El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social está contemplado en el Estatuto de Gernika de 1979 desde hace más de cuatro décadas. Se trata de una competencia de gestión, ya que el Estado mantendría la potestad legislativa y la caja única solidaria. Así, Euskadi no podría fijar pensiones más altas, aunque sí podría complementarlas con fondos propios, como ya hace con el Ingreso Mínimo Vital.
El coste de las pensiones en Euskadi superó en 2025 los 13.000 millones de euros, una cifra equiparable a la totalidad del presupuesto autonómico. La complejidad técnica y la magnitud económica del traspaso explican, según fuentes del Ejecutivo, que el acuerdo definitivo se aplace más allá del verano.
Las competencias que sí se esperan cerrar este mes
La reunión entre Pradales y Sánchez, prevista para muy finales de julio, podría sellar la transferencia de la gestión del Fogasa, las mutuas colaboradoras, las prestaciones por incapacidad temporal y las prestaciones familiares contributivas ligadas al nacimiento y los cuidados. El Gobierno Vasco ya dio un primer paso simbólico en 2025 al asumir la gestión de los seguros escolares, la primera vez que una comunidad autónoma gestiona funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
A esto se suma el traspaso de las políticas pasivas de empleo —prestaciones y subsidios del SEPE—, que Lanbide comenzará a gestionar en enero de 2027, un hito que también se enmarca en el calendario de culminación del Estatuto.
El Gobierno vasco prioriza los avances graduales mientras la gestión del pago de las pensiones, la parte más compleja y costosa del traspaso, queda para más adelante.
Estrategia del PNV y margen político
El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 con el compromiso de cerrar todas las materias pendientes del Estatuto en 2025, plazo que no se cumplió. Aun así, el Gobierno de Pradales ha optado por aceptar acuerdos intermedios en enero, en Semana Santa y ahora en julio, manteniendo viva la negociación. La filosofía del Ejecutivo vasco, expresada en términos coloquiales, es que mientras haya un Gobierno en Madrid se puede seguir jugando el partido.
En paralelo, Imanol Pradales quiere incluir en la agenda de la cumbre otros asuntos como la seguridad —en concreto, el control de armas blancas— y determinados acuerdos económicos para que las diputaciones forales dispongan de recursos adicionales destinados a dependencia, personas mayores y discapacidad. También insiste en la competencia portuaria, con el foco puesto en el puerto de Pasaia y una mayor capacidad de gestión en Bilbao.
El calendario político da margen al lehendakari. El PNV ha matizado que sus peticiones de elecciones anticipadas se refieren a 2027 o a cuando se constate la imposibilidad de aprobar los presupuestos de ese ejercicio, lo que aleja la presión de una ruptura inminente con el Gobierno central.
