El PNV busca pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez la fecha de las próximas elecciones generales para evitar un ‘superdomingo’ en 2027, según ha podido confirmar Moncloa.com a partir de fuentes nacionalistas. La coincidencia con las municipales y forales previstas para mayo de ese año genera una preocupación interna que el partido jeltzale intenta desactivar mediante un calendario electoral que proteja sus intereses en ayuntamientos y diputaciones.
El temor del PNV a la polarización en urna
El líder del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha suavizado en las últimas semanas su exigencia de un adelanto electoral inmediato, según recogió ayer El Mundo citando fuentes del partido. ‘Esteban tiene pánico a que se celebren a la vez’, afirman esas voces. La hipótesis de un superdomingo —descartada públicamente por Sánchez— sigue siendo un escenario que el PNV considera perjudicial porque la polarización podría castigar a sus candidatos municipales, especialmente en territorios donde la competencia con EH Bildu es cada vez más estrecha.
El pasado 4 de junio, Esteban declaró en el Parlamento Vasco que ‘esta legislatura no puede prolongarse en 2027’ y vinculó la posible convocatoria a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Esa misma fuente indica que la estrategia fue perfilada tras un encuentro discreto entre el dirigente nacionalista y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Antonio Hernando, en la sede de Sabin Etxea en Bilbao.
Las transferencias y la pugna con EH Bildu
En paralelo, el Gobierno Vasco impulsa la cesión de las competencias más sensibles. La consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, negoció ayer con el Gobierno central la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, un traspaso que supondría que Euskadi asumiera el pago de las pensiones a casi 540.000 jubilados vascos. Acto seguido, se abordó el traspaso del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Ambas negociaciones, según fuentes del PNV, refuerzan el perfil pragmático que los jeltzales quieren exhibir frente a EH Bildu, cuyo respaldo a Sánchez se ha centrado en el rechazo al ‘fascismo’ representado por PP y Vox.
El equilibrio político es frágil. Los socialistas vascos —socios del PNV en casi todas las instituciones— consideran que la hipotética negociación presupuestaria permitirá a los nacionalistas marcar perfil negociador, mientras que EH Bildu mantiene una ventaja demoscópica preocupante para Sabin Etxea. Sondeos internos citados por el medio apuntan a que en Gipuzkoa la coalición abertzale supera al PNV en ocho puntos, y en Álava hay empate técnico en intención de voto.
La prioridad del PNV es fijar un calendario que separe las generales de las municipales de 2027 para minimizar el riesgo de polarización en las urnas.
Las mismas fuentes nacionalistas subrayan que el PNV ‘tiene un punto más de debilidad que Junts por esa relación de dependencia con los socialistas en el País Vasco y Navarra’. A diferencia de los posconvergentes, que apuestan por una vía de sustitución del presidente al estilo del laborista Keir Starmer, el PNV no respalda una moción de censura y prefiere utilizar el argumento de los Presupuestos para condicionar el avance de las generales sin forzar una ruptura.
La estrategia responde también a la necesidad de contrarrestar la mutación política de la izquierda abertzale, que ya compite en espacios socialdemócratas con propuestas como la de vivienda, mientras mantiene intacta su base electoral sin que se cuestione el liderazgo de Arnaldo Otegi. En este contexto, el PNV afronta una renovación de candidaturas para las elecciones de 2027 que, según los mismos estudios, será clave para frenar el ascenso de su rival directo.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a David Calvo Villa, conocido como ‘El Jincho’, y a Escol Osiris, alias ‘Osiris The Enemy’, del delito de agresión sexual a una menor de 17 años por el que la Fiscalía solicitaba 13 años de prisión para cada uno. La sentencia, notificada este miércoles 1 de julio, concluye que existió una duda razonable sobre los hechos denunciados.
Los hechos se remontan a la noche en que la menor acudió con una amiga a un concierto de los artistas en Mislata. Según la acusación, tras el espectáculo ambas fueron al hotel de Valencia donde se alojaban los raperos. Una de las jóvenes subió a una habitación con ‘El Jincho’, quien presuntamente le pidió mantener relaciones sexuales y, ante su negativa, insistió hasta que la menor cedió por temor. El escrito del Ministerio Fiscal sostenía que después la víctima se dirigió a la habitación de ‘Osiris The Enemy’ y este la forzó sexualmente.
La versión de la Fiscalía y la decisión del tribunal
El Ministerio Público pedía para cada acusado 13 años de cárcel por un delito de agresión sexual con acceso carnal sobre menor de edad. La Sala, sin embargo, ha valorado el conjunto de las pruebas —declaraciones, periciales y testificales— y ha concluido que los elementos objetivos generan una duda razonable que impide tener por probados los hechos.
La sentencia recalca que las divergencias entre las distintas declaraciones de la víctima fueron determinantes. La primera, prestada ante la Policía, y la segunda, ante los forenses, «difieren radicalmente» en cuanto al lugar de las agresiones: si ocurrieron en una misma habitación o en dos cuartos situados en plantas diferentes del hotel.
Contradicciones que generaron la duda razonable
Además de la versión de la denunciante, el tribunal ha señalado otros elementos que debilitaban la acusación. La amiga que acompañaba a la menor declaró en el juicio que no «presenció ningún hecho de violación» y que «no vio nada grave». El recepcionista del hotel relató que la joven mantuvo una interacción «normal» con él, incluso le preguntó dónde comprar comida sin solicitar auxilio. Las cámaras de seguridad tampoco mostraron signos externos de coacción o violencia a la entrada y salida del establecimiento.
La Sala consideró que las contradicciones en el relato y los elementos probatorios impedían tener por ciertos los hechos denunciados.
Los magistrados valoraron asimismo los mensajes que la menor envió a uno de los cantantes horas después de lo sucedido, en los que le manifestaba su interés por viajar a Madrid, donde se encontraban los artistas. Por último, el tribunal sostuvo que no se podía concluir que los dos hombres supieran que la denunciante era menor de edad, ya que estaba en la zona VIP del concierto, de acceso restringido a mayores.
Recurso anunciado
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación. El abogado de la menor, Pablo Gonzálvez, ya ha manifestado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Gonzálvez considera que se ha dado excesiva credibilidad a la amiga de la víctima —a quien solicitó que se dedujera falso testimonio— y que existen errores en la valoración de la prueba practicada.
La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado este miércoles su dimisión de todos los cargos orgánicos y la ruptura de su carné de militante, apenas dos días después de que el comité antiacoso del partido archivara el expediente por supuesto acoso laboral. La decisión allana el camino a los críticos, que se quedarán con el control de la formación en la asamblea extraordinaria del 11 de julio.
El archivo se produjo el pasado 28 de junio, tras la retirada de las seis denuncias presentadas contra ella por hechos compatibles con el acoso laboral. La resolución del órgano independiente de la dirección del partido señala que no se entra a valorar el fondo al constatar “falta de aportación de pruebas” y la retirada de los denunciantes. Hernández se proclamó “inocente” y aseguró que “jamás” ha “acosado a nadie”, aunque el comité no se pronunció sobre el fondo.
La ya excoordinadora evitó criticar directamente a la líder del sector crítico, Verónica Martínez, a quien su entorno sitúa como principal impulsora de la campaña en su contra. “Mi alejamiento no tiene nada que ver con el cansancio ni con la frustración”, afirmó, y volvió a insistir en que “todos los bulos, injurias y calumnias contra mí se han demostrado falsas”. No obstante, la comisión no ha validado esa afirmación al no analizar las acusaciones originales.
Hernández también se refirió a Yolanda Díaz, fundadora del partido y vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha permanecido en un segundo plano sin pronunciarse sobre el caso. “Yolanda decidió retirarse de la vida orgánica del partido y eso es una decisión que debemos respetar todos”, se limitó a responder. La vicepresidenta, que creó Movimiento Sumar en 2023 y lo abandonó tras el batacazo en las europeas de 2024, ha optado por un perfil bajo en la crisis.
La dimisión no cierra la crisis: abre una nueva etapa para el partido y para el proyecto de alianza de izquierdas que Hernández asegura haber puesto en marcha.
El conflicto interno venía gestándose desde octubre, cuando el co-coordinador Carlos Martín dimitió y dejó a Hernández sola al frente del partido. Desde entonces, el ambiente se fue enrareciendo hasta que en marzo el sector crítico forzó la convocatoria de la asamblea extraordinaria. La renuncia de la secretaria de Organización, Laura Moreno, y la filtración de la carta en la que revelaba la existencia del procedimiento por acoso acabaron de destapar la fractura.
Con la retirada de Hernández, la candidatura única encabezada por Verónica Martínez, portavoz de Sumar en el Congreso, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, se ha quedado sin oposición. El plazo de registro de candidaturas finalizó el 30 de junio y solo esa lista concurrirá al cónclave del día 11. “Habíamos puesto en marcha el proyecto ‘Un paso al frente’ con IU, Más Madrid y los Comuns”, recordó Hernández en su despedida, subrayando que se va sin haber perdido la vocación de “recomposición a fondo de un espacio de izquierdas”.
La Dinámica de Coalición
Movimiento Sumar es el eje orgánico de Sumar, la plataforma que agrupa a Izquierda Unida, Más Madrid, los Comuns y otras fuerzas. Todo lo que pase en su asamblea del 11 de julio repercutirá en el equilibrio interno de la coalición de gobierno con el PSOE. La llegada de una dirección controlada por el sector crítico, con Verónica Martínez al frente, puede agitar las relaciones con las confluencias que han observado la crisis con cautela. La nueva cúpula heredará un partido fracturado y un proyecto de alianza de izquierdas aún en construcción.
El silencio de Yolanda Díaz durante toda la batalla interna no es casual: su distanciamiento de la vida orgánica le permite mantener autoridad moral sin desgastarse en las luchas de familia. Pero la asamblea extraordinaria será también una prueba de fuego para la cohesión del espacio de Sumar, justo cuando necesita cerrar filas ante una legislatura compleja. La candidatura de unidad crítica incluye a una secretaria de Estado, lo que garantiza un vínculo con el Ejecutivo, pero la pregunta es si esa nueva dirección será capaz de reconstruir los puentes que se han roto en los últimos meses.
La proyección inmediata es nítida: el 11 de julio Movimiento Sumar elegirá a sus nuevos líderes, y a partir de ahí tocará medir si el resto de confluentes —IU, Más Madrid, Comuns— se sienten cómodos con el giro. La asamblea puede ser el punto de partida para una recomposición del espacio de izquierdas, o el preludio de nuevas tensiones soterradas.
Ficha del Caso
El caso: La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, dimite de todos sus cargos y rompe su carné tras el archivo de un expediente por supuesto acoso laboral. El comité antiacoso archivó la causa por falta de pruebas y retirada de las seis denuncias.
Datos importantes: Seis denuncias retiradas, archivo el 28 de junio de 2026, candidatura única de Verónica Martínez y Rosa Martínez para la asamblea del 11 de julio, 30 de junio como fecha límite de registro de candidaturas.
Resumen: La salida de Hernández deja vía libre a los críticos para tomar el control de Movimiento Sumar, lo que reconfigura el equilibrio interno del espacio de Sumar en vísperas de una asamblea clave para la alianza de izquierdas.
Greenpeace denuncia que solo 19 de las 52 capitales de provincia cuentan con refugios climáticos mientras que junio de 2026 ha superado las 1.000 muertes atribuibles al calor. La organización ecologista urge a acelerar la adaptación urbana ante un estancamiento que deja desprotegida a la población más vulnerable.
Un mapa de la desprotección: apenas 19 capitales ofrecen refugio
El informe «Ciudades al rojo vivo» dibuja un panorama muy desigual. Frente a las 16 ciudades que tenían red de refugios en 2025, ahora son 19, un avance de solo tres capitales en un año. Más de 1.000 personas fallecieron en junio por causas vinculadas al calor, de las cuales más de 200 murieron durante la primera ola de calor del verano, según los datos que maneja Greenpeace. El interior y el norte peninsular concentran las mayores carencias: Oviedo, Santander, Lugo, Santiago, Cádiz, Granada, Huelva y las dos capitales canarias carecen por completo de refugios climáticos, mientras que en Extremadura y Castilla-La Mancha la ausencia es total.
En Castilla y León solo Valladolid mantiene una red, estancada desde el año pasado, a pesar de que León, Salamanca y Zamora figuran entre las ciudades con mayor porcentaje de población mayor de 65 años y estuvieron en alerta roja sanitaria durante la ola de calor de junio. El norte ya no es un destino para escapar del calor extremo: en mayo y junio las alertas rojas sanitarias han sido constantes en muchas de sus capitales.
Los refugios que no refugian: barreras de horario, espacio y gratuidad
Greenpeace advierte de que no basta con colgar el cartel de “refugio climático”. Las principales barreras que lastran la efectividad de los espacios habilitados son los horarios limitados, los recintos inadecuados y la falta de gratuidad. En Bilbao, por ejemplo, se consideran refugios los bajos de puentes o los vestíbulos de pequeñas estaciones de transporte; Vitoria-Gasteiz reduce su red de 29 a solo 9 refugios en agosto; Logroño incluye espacios de pago como cafeterías municipales, y Madrid mantiene un anuncio de refugios sin identificación clara ni mapa accesible para la ciudadanía.
También se detectan limitaciones en los horarios: muchos refugios de interior cierran al mediodía o durante todo el mes de agosto, justo cuando más se necesitan. En Cataluña, donde todas las capitales disponen de red, las restricciones horarias disminuyen la efectividad de los recursos, aunque destacan los microrrefugios del pequeño comercio y la apertura de patios escolares como buenas prácticas. En la Comunidad Valenciana, solo Valencia tiene refugios, todos de interior y con sus horarios habituales; Murcia repite la misma red del año pasado con espacios de exterior de sombra insuficiente, y en Andalucía, Sevilla habilita solo cuatro centros deportivos para toda la ciudad, mientras que Málaga mantiene zonas cuestionables como un aparcamiento.
📊 Impacto en cifras
Muertes por calor en junio: más de 1.000, de las cuales más de 200 se produjeron durante la ola de calor.
Capitales con refugios climáticos: 19 de 52 (el 36,5 %). Hace un año eran 16.
Capitales sin ningún refugio: 33, incluidas Oviedo, Santander, Cádiz, Granada, Huelva y las capitales canarias.
Principales barreras: cierres al mediodía o en agosto, espacios sin sombra o agua, y refugios de pago.
El verano que conocíamos ya no existe. El calor es ya un problema de salud pública que mata a miles de personas cada año y no estamos respondiendo a la velocidad que impone el cambio climático.
Análisis: la adaptación climática avanza a paso de tortuga
El frenazo en la creación de refugios contrasta con la velocidad a la que se calienta el país. Los últimos cuatro años (2022-2025) han sido los más calurosos en España, y 2026 ya ha dejado el mayo más cálido desde que hay registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Junio, además, ha sido el segundo más caluroso de la serie histórica. El lento goteo de ciudades que se suman a la red de refugios —solo tres más que en 2025— revela que la adaptación va muy por detrás de la emergencia climática. Greenpeace insiste en que los refugios son una medida de corto plazo, pero necesaria, y reclama que se integren en planes municipales de adaptación con objetivos concretos, financiación adecuada y participación ciudadana.
La organización también recuerda que la principal responsabilidad del calentamiento recae en la industria fósil y que cualquier estrategia de adaptación debe ir acompañada de una acción climática ambiciosa, que multiplique por tres el abandono de los combustibles fósiles. En ese sentido, exige nuevos impuestos a las petroleras para financiar las medidas de protección frente al calor extremo. Mientras tanto, los datos de mortalidad de junio muestran que la inacción se cobra vidas: más de 1.000 fallecidos en un solo mes, una cifra que no es casualidad sino la consecuencia directa de un planeta que se recalienta cada vez más rápido.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
Beneficio medible: Habilitar refugios efectivos en todas las capitales podría reducir la mortalidad por calor entre la población vulnerable, especialmente mayores de 65 años, niños y personas con enfermedades crónicas.
Modelo que cambia: Se abandona la improvisación y los refugios de cartel para adoptar una estrategia integral de adaptación que transforme el espacio público con soluciones basadas en la naturaleza y participación ciudadana.
Para las próximas generaciones: Garantizar espacios frescos, gratuitos y accesibles en las ciudades ayudará a que la infancia y los mayores no sufran las peores consecuencias de un clima cada vez más adverso, mientras se acelera la descarbonización.
Sumar y Junts han unido fuerzas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez explicaciones detalladas sobre los dos contratos firmados por el Ministerio de Defensa con la tecnológica estadounidense Palantir, la empresa fundada por Peter Thiel y vinculada al entorno de Donald Trump. La preocupación de los dos socios parlamentarios del PSOE radica en la posible cesión de datos personales de ciudadanos españoles y el riesgo para la soberanía nacional.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha pasado? Sumar y Junts han pedido al Gobierno, a través de la Mesa del Congreso, información sobre los contratos con Palantir y su impacto en la privacidad.
¿Quién interviene? Los grupos parlamentarios de Sumar (31 escaños) y Junts (7 escaños), junto al Ministerio de Defensa y el Centro de Transparencia y Buen Gobierno.
¿Qué importa? La alianza puntual entre la izquierda de Yolanda Díaz y los independentistas catalanes para fiscalizar contratos de defensa evidencia que el socio minoritario del Gobierno puede tejer mayorías alternativas cuando considera vulnerados derechos fundamentales.
La petición de explicaciones en el Congreso
Los contratos bajo escrutinio se rubricaron antes de la segunda investidura de Trump. El primero, de finales de 2022, ascendió a 256.000 euros y tuvo una duración de cuatro meses: consistió en valorar el sistema con analistas de inteligencia militar. El segundo, por más de 16 millones de euros, se firmó para dotar al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) de capacidades avanzadas de análisis de datos. Ambos incluyen herramientas de fusión, visualización geoespacial y colaboración segura.
Sin embargo, las conexiones de los fundadores de Palantir con la administración Trump —que ha calificado a España como “un desastre” como socio de la OTAN— han elevado las alarmas en los grupos de Sumar y Junts. La pregunta clave que lanzan al Ejecutivo es si la contratación afecta a la soberanía nacional o a los datos personales de los ciudadanos.
La respuesta del Gobierno: ‘no hay acceso a datos de ciudadanos’
El Ejecutivo, en una contestación oficial canalizada por la Mesa del Congreso, defendió la legalidad de los expedientes y aseguró que “los recursos contratados no tienen acceso a datos de ciudadanos españoles, no se utilizan para definir patrones de comportamiento a partir de fuentes abiertas ni para la elaboración de perfiles individuales”. La información gestionada, añaden, se aloja en entornos clasificados del Ministerio de Defensa sin posibilidad de acceso remoto por parte de Palantir.
No obstante, el mismo texto admite que “la existencia de información clasificada hace inviable el acceso a la totalidad de la información solicitada” en virtud de la Ley 19/2013, ya que revelarla causaría un perjuicio más grave a la seguridad nacional que el interés público de acceso. Esa opacidad parcial es precisamente la que alimenta las sospechas de los grupos que sostienen al Gobierno.
La iniciativa de Sumar no es solo una pregunta parlamentaria: es un mensaje al PSOE de que la coalición no es un cheque en blanco en materia de defensa y privacidad, incluso cuando el socio es Junts.
La Dinámica de Coalición
El movimiento de Sumar encaja en una estrategia cuidadosa dentro del espacio que lidera Yolanda Díaz. Pese a que el debate sobre defensa y tecnología militar no es central en el discurso cotidiano de las confluentes —Izquierda Unida, Más País, Compromís o los comunes—, la protección de datos y los derechos digitales sí aglutinan consenso interno. De hecho, ningún sector de la formación ha cuestionado la jugada conjunta con Junts, lo que revela que la defensa de la privacidad funciona como pegamento ideológico dentro de Sumar en un contexto de fragmentación latente.
Para la coalición gubernamental con el PSOE, el episodio tiene dos lecturas. Por un lado, el Gobierno ha respondido con celeridad argumentando que no hay cesión de datos, evitando una escalada. Por otro, la imagen de Sumar alineándose con Junts en un tema de Defensa resulta incómoda en la Moncloa, pues resquebraja el relato de que la mayoría de investidura solo es sólida en asuntos de izquierda. Con los presupuestos generales aún pendientes de encaje y una mayoría parlamentaria de 175 escaños que obliga a sumar también a ERC, Bildu y BNG, la capacidad de Sumar para construir alianzas alternativas supone un recordatorio de su poder de veto tácito en cualquier votación clave.
Ficha del Caso
El caso: Sumar y Junts han solicitado al Gobierno información sobre los contratos del Ministerio de Defensa con Palantir por temor a la cesión de datos y al riesgo soberano.
Datos importantes: Contratos de 256.000 euros (2022) y más de 16 millones para el EMAD. El Gobierno alega que los datos no salen de entornos clasificados. Sumar cuenta con 31 escaños; Junts, con 7.
Resumen: La iniciativa parlamentaria conjunta muestra que Sumar puede ejercer presión soberana sobre el PSOE incluso en ámbitos de defensa, fortaleciendo su perfil propio sin fracturar el espacio de coalición.
Una decisión que se cocina a más de 8.000 kilómetros de Madrid amenaza con sacudir los planes de las grandes energéticas españolas. El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ha confirmado que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella reemplazará la cúpula directiva de Ecopetrol y reactivará la exploración de hidrocarburos. Te cuento por qué este giro importa, y mucho, a las empresas españolas con intereses en el país.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. La decisión afecta a un sector que ha invertido miles de millones de euros en Colombia y que ahora debe navegar un cambio abrupto de reglas, desde la suspensión de contratos bajo el gobierno de Petro hasta una apertura total con De la Espriella, lo que puede redefinir la rentabilidad de sus operaciones y la posición competitiva de compañías como Repsol o Cepsa.
Qué se juega España con este cambio en Ecopetrol
Conviene recordar que Colombia ha sido, durante décadas, un destino estratégico para el sector energético español. Empresas de la talla de Repsol, Cepsa o Naturgy han tejido una red de inversiones y contratos de exploración que las convierten en actores de primer orden en el mercado colombiano. Lo que suceda con la estatal Ecopetrol condiciona las reglas del juego para todas ellas. Cuando el presidente saliente, Gustavo Petro, frenó la firma de nuevos contratos de exploración, la incertidumbre regulatoria se disparó y muchas compañías pusieron en pausa sus planes. Ahora, el péndulo se mueve en la dirección opuesta.
José Manuel Restrepo, en entrevista concedida al diario El Tiempo, detalló que una de las primeras acciones del gobierno entrante será convocar una asamblea de accionistas de Ecopetrol para cambiar tanto la junta directiva como la presidencia, aún en manos de Ricardo Roa. El mensaje es cristalino: se acabó la era de contención exploratoria. Para las empresas españolas que ya operan en el país, esto abre una ventana de oportunidad, pero también les exige reubicarse con rapidez en un tablero político radicalmente distinto.
La polémica gestión de Ricardo Roa y el giro energético
Vamos por partes. La administración de Roa al frente de Ecopetrol acumula un historial de controversias que Restrepo calificó sin ambages de «desafortunada». No solo se le reprocha haber encarecido los costes de explotación, sino que está imputado por tráfico de influencias y señalado en el caso de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Su continuidad al frente de la petrolera estatal era, a ojos del nuevo ejecutivo, insostenible.
El detalle que casi nadie cuenta fuera de Colombia es que Roa fue, precisamente, el gerente de aquella campaña que llevó a Petro al poder. El Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró indicios de que se habría superado el tope de gasto y se omitieron facturas. Todo ello mientras, en paralelo, la Fiscalía colombiana investiga un presunto favorecimiento a empresarios del sector a cambio de beneficios personales, como la adquisición de un apartamento de lujo muy por debajo del precio de mercado.
Traducido: caiga quien caiga, De la Espriella necesita recuperar la credibilidad de la joya de la corona energética colombiana. Y la manera de hacerlo es dar un volantazo hacia la exploración, incluida la no convencional, algo que el gobierno de Petro había vetado. Para el tejido empresarial español, esto significa que proyectos que llevaban dos años en el congelador pueden descongelarse de un día para otro, siempre que se adapten al nuevo marco normativo que se cocerá en los famosos «primeros 90 decretos» del nuevo mandato.
Cuando Colombia cambia las reglas: lecciones del pasado para las empresas españolas
No es la primera vez que un giro político en un país latinoamericano obliga a las compañías españolas a rehacer sus cálculos. Basta recordar la ola de nacionalizaciones en Bolivia y Venezuela a principios de siglo, o la renegociación de contratos en Argentina. Pero aquí hay un matiz relevante: el movimiento colombiano no es de expulsión, sino de reinicio con nuevas reglas. La reactivación de la exploración puede multiplicar el valor de los activos que las energéticas españolas ya tienen en suelo colombiano, pero siempre y cuando logren despejar la inseguridad jurídica que se generó durante los últimos cuatro años.
El precedente más cercano es el de las tensiones con Repsol durante el gobierno de Petro, cuando la compañía vio cómo se ralentizaban sus proyectos de fracking y exploración de gas natural. Ahora, con un mandatario que hace de la soberanía minero-energética su bandera, pero sin cerrar la puerta al capital extranjero, el escenario se asemeja más a una subasta acelerada de oportunidades. Quien sepa moverse primero, gana. Quien dude, puede perder la ventaja competitiva que construyó durante décadas.
Por si fuera poco, el vicepresidente electo también puso sobre la mesa el riesgo de un apagón eléctrico en Colombia si no se agilizan las licencias ambientales y las consultas previas. Eso implica que las empresas españolas de renovables y de infraestructura de transmisión, como las filiales de Iberdrola, también entran en la ecuación. El futuro energético colombiano se decide ahora y los intereses españoles están en el centro del debate, no como espectadores, sino como protagonistas con mucho que decir.
El giro colombiano reactiva miles de millones en inversiones pero exige a las empresas españolas navegar un nuevo mapa político en tiempo récord.
📌 Ficha del Caso
Ficha sobre el caso: El gobierno colombiano electo prepara cambios en la cúpula de Ecopetrol para reactivar la exploración y revertir la política de freno del anterior ejecutivo.
Datos importantes: La exploración de hidrocarburos llevaba casi cuatro años bloqueada; empresas como Repsol, Cepsa o Naturgy mantienen fuertes inversiones en Colombia.
Resumen: La decisión crea una ventana de oportunidad para las energéticas españolas, pero exige adaptarse rápido a un entorno normativo renovado y políticamente sensible.
¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha dictaminado en el caso Trump v. Slaughter que el presidente puede cesar a voluntad a los empleados de las agencias independientes, revocando un precedente de 1935.
¿Quién está detrás? La mayoría conservadora del Tribunal Supremo, con el impulso de la administración de Donald Trump.
¿Qué impacto tiene? Refuerza el poder del Ejecutivo sobre organismos como la SEC o la FTC, que supervisan a empresas españolas con intereses en EE.UU. El fallo sobre ciudadanía por nacimiento queda en segundo plano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que la decisión del Tribunal Supremo en el caso Trump v. Slaughter «compensa con creces» el desfavorable fallo que mantuvo la ciudadanía por nacimiento. Así lo expresó en una entrevista exclusiva con Breitbart News desde el Despacho Oval en la tarde del martes.
Un fallo que desmonta un siglo de protecciones
La sentencia, emitida el 1 de julio, da por superado un precedente de 1935 —el caso Humphrey’s Executor— que limitaba la autoridad del presidente para despedir a los directivos de organismos como la Comisión del Mercado de Valores (SEC), la Comisión Federal de Comercio (FTC) o el Consumer Financial Protection Bureau. Ahora, la Casa Blanca recupera el control directo sobre miles de funcionarios que hasta ayer gozaban de protección legal frente a los ceses políticos.
Desde hace casi un siglo, la doctrina Humphrey’s Executor impedía al presidente destituir a los responsables de las agencias independientes sin una causa justificada. El Tribunal Supremo ha concluido que esa restricción viola la separación de poderes. La decisión, con una mayoría de seis jueces conservadores, devuelve al Ejecutivo un margen de maniobra que no tenía desde 1935.
El fallo afecta a agencias como la SEC, la FTC, la CFTC, y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, organismos que supervisan desde los mercados bursátiles hasta las prácticas comerciales. Con este cambio, Donald Trump podrá remodelar la cúpula de estos reguladores sin necesidad de justificar los ceses, alineándolos con las prioridades de su administración.
Trump: «Compensa con creces» el revés judicial sobre inmigración
En la entrevista con Breitbart News, Trump admitió que la sentencia sobre ciudadanía por nacimiento —que mantiene el derecho a la nacionalidad por nacer en suelo estadounidense— fue «decepcionante». Sin embargo, subrayó que el fallo Slaughter lo «compensa con creces» porque le otorga una herramienta de control mucho más amplia sobre la administración federal.
El fallo del Supremo no es solo una victoria jurídica: es la culminación de décadas de teoría legal conservadora que defiende un presidente sin ataduras burocráticas.
Para el presidente, la decisión consolida uno de los principios centrales de su segundo mandato: un Ejecutivo unitario con mando total sobre la administración. La ciudadanía por nacimiento, aunque simbólica, no afectaba a su capacidad de gobierno; el control sobre las agencias, sí.
La Lógica de Washington
La lógica detrás de esta decisión se asienta en la idea de que las agencias independientes, al no responder directamente al presidente, operan como un «cuarto poder» sin control democrático. Para los jueces conservadores, la Constitución otorga todo el poder ejecutivo a una sola persona, y cualquier límite a su capacidad para cesar a sus subordinados es inconstitucional.
Esta visión, impulsada por la Federalist Society y el movimiento originalista, lleva décadas ganando terreno en los tribunales. Con la mayoría actual del Supremo, ha cristalizado en una doctrina que refuerza al presidente frente a la tecnocracia de Washington. Es la misma lógica que ya permitió a Trump destituir sin trabas a miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en su primer mandato.
Para España, el refuerzo del poder presidencial sobre los reguladores financieros podría modificar la relación con los grandes bancos y empresas españoles. Santander, BBVA, Iberdrola o Telefónica están sujetos a la supervisión de la SEC, y una Casa Blanca que controle de cerca al organismo podría inclinar la balanza en disputas regulatorias. La incógnita es si esa mayor sintonía se traducirá en un entorno más favorable para los intereses españoles o en exigencias adicionales vinculadas a la agenda comercial de la Administración.
Se espera que en los próximos meses Trump anuncie nuevos nombramientos al frente de la SEC y la FTC, lo que dará una pista sobre si su intención es reducir la presión regulatoria sobre las empresas extranjeras o, por el contrario, utilizarlas como moneda de cambio en las negociaciones comerciales con la Unión Europea.
Ficha del Caso
El caso:Trump v. Slaughter es la sentencia del Tribunal Supremo que, el 1 de julio de 2026, anuló el precedente de 1935 que protegía a los empleados de las agencias independientes frente al despido presidencial. Donald Trump lo valora como una compensación al fallo adverso sobre la ciudadanía por nacimiento.
Datos clave: La decisión, con 6 votos a favor, devuelve al presidente la capacidad de cesar sin causa a directivos de la SEC, FTC, CFTC y otros organismos. Es el mayor refuerzo del poder ejecutivo desde la era Reagan.
Para España: Empresas como Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica podrían verse afectadas por cambios en la supervisión financiera y las políticas antimonopolio. El control presidencial sobre los reguladores abre un nuevo escenario para los intereses españoles en EE.UU.
¿Qué ha pasado? La ley SAVE America Act, bandera de Donald Trump para exigir identificación al votar, sigue atascada en el Senado sin los 60 votos necesarios para superar el filibusterismo (el mecanismo que obliga a reunir 60 apoyos para cerrar el debate y permite bloquear leyes con una mayoría simple).
¿Quién está detrás del bloqueo? Cinco senadores republicanos —Lisa Murkowski, Susan Collins, Thom Tillis, Bill Cassidy y Mitch McConnell— se resisten a apoyarla, y sin ellos no hay forma de alcanzar los 60 votos.
¿Qué impacto tiene? La parálisis revela las grietas internas del Partido Republicano y pone en duda otras prioridades legislativas de la Casa Blanca. Para España, el bloqueo refuerza la imagen de un Trump con dificultades para traducir su agenda en leyes, lo que puede condicionar su margen de maniobra en temas comerciales o de defensa que afectan a Europa.
El presidente Donald Trump no logra desatascar su ley de integridad electoral. La SAVE America Act, que exigiría identificación para votar en las elecciones federales, está en punto muerto en el Senado. Las fuentes internas del Partido Republicano consultadas por The Daily Caller reconocen que el proyecto «nunca tendrá los votos para seguir adelante». Una confesión que la propia Casa Blanca asume sin paños calientes, mientras explora cualquier resquicio para sacarla adelante.
El voto imposible: los cinco senadores que bloquean la ley
El obstáculo no es una cuestión de procedimiento, sino de aritmética. Para esquivar el filibusterismo hace falta el respaldo de 60 senadores, y los republicanos solo controlan 51 escaños. La jugada pasaba por convencer a los nueve demócratas que representan Estados que ganó Trump en 2024, pero ninguno ha dado el paso. Peor aún: dentro de la propia bancada republicana hay cinco nombres que no están dispuestos a romper la disciplina del filibuster.
Lisa Murkowski, Susan Collins, Thom Tillis, Bill Cassidy y el propio Mitch McConnell —antiguo líder de la mayoría— han dejado claro que no apoyarán la SAVE America Act tal como está redactada. Según fuentes del Capitolio, el presidente Trump los señaló directamente en un mensaje en su red Truth Social: «…nuestros cinco republicanos reticentes deben votar para SALVAR NUESTRO PAÍS. ¡Ya no hay más excusas!». Pero a día de hoy, esos votos no se han movido.
La tensión se vivió en directo el jueves pasado, cuando Trump viajó al Capitolio para almorzar con los senadores republicanos. Una fuente calificó el encuentro de «tenso» y aseguró que la reunión «solo hizo retroceder las cosas un paso más». Desde entonces, la posibilidad de una votación exitosa se ha evaporado todavía más.
Trump no está enfadado con Thune: su verdadero problema son los cinco senadores republicanos que se mantienen firmes, y sin ellos el filibusterismo es un muro infranqueable.
Trump busca otra ruta: la reconciliación y el pulso con el ODNI
Sin los 60 votos en el horizonte, el equipo de la Casa Blanca ha puesto la mirada en dos alternativas. La primera, la reconciliación presupuestaria (el procedimiento que permite aprobar leyes fiscales con solo 51 votos en el Senado, saltándose el filibusterismo). El speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya ha sugerido incluir la SAVE America Act dentro de un futuro proyecto de reconciliación. La segunda vía pasaba por vincular la ley de identificación electoral a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA), pero la Cámara tumbó el martes una medida de procedimiento que habría permitido ese debate.
Más allá de los números, hay quien lee los movimientos de Trump con otras intenciones. La salida de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional para cuidar de su marido enfermo abrió un vacío que el presidente llenó temporalmente con Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda. Aquel nombramiento interino encendió las alarmas en el Senado: los demócratas amenazaron con bloquear la renovación de la Sección 702 de la FISA, una pieza clave del espionaje electrónico, si Pulte seguía al frente del ODNI. Posteriormente Trump nominó a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, pero mató de raíz cualquier posibilidad de una audiencia rápida de confirmación, dejando a Pulte más semanas de las previstas. Fuentes del Capitolio interpretan todo este forcejeo como un castigo de Trump a los senadores por no aprobar la SAVE America Act, aunque un portavoz de la Casa Blanca ha rechazado esa caracterización.
A ello se suma el enfriamiento de la Ley de Vivienda del Siglo XXI, otro proyecto que Trump aparcó hace días y que algunos ven como un gesto de frustración hacia la Cámara Alta. «Es un bostezo», dijo el lunes. «Comparada con la SAVE America Act, casi todo es un gran bostezo». Sobre el veto presidencial al que algunos habían apuntado, fuentes cercanas al presidente aseguran que no será necesario: Trump no espera rechazar esa ley.
La Lógica de Washington
La insistencia de Donald Trump en la SAVE America Act no es un capricho aislado. Responde a una promesa de campaña repetida desde 2020 y a una convicción profunda de su base electoral: que la integridad de los comicios exige una identificación federal obligatoria. Frente al escepticismo que esta medida despierta en Europa, conviene recordar que en Estados Unidos no existe un sistema de identificación nacional universal, y que las reglas electorales las deciden los Estados. La ley que quiere sacar Trump supondría un salto federal sin precedentes, y choca con la tradición federalista del Partido Republicano, que históricamente ha defendido dejar esas decisiones en manos de cada Estado.
Los cinco senadores díscolos encarnan esa tensión. Murkowski, Collins y McConnell representan el ala institucionalista que antepone el respeto al filibusterismo y al equilibrio de poderes a la presión presidencial. Tillis y Cassidy, por su parte, compiten en Estados con un electorado moderado que podría penalizar un apoyo a una ley que los demócratas tildan de restrictiva con el voto. Todos ellos saben que el Tribunal Supremo, pese a su actual mayoría conservadora, nunca ha avalado una exigencia federal de identificación como la que propone la SAVE America Act.
¿Qué implicaciones tiene este atasco para España? Directamente, ninguna. Pero el bloqueo de una iniciativa tan emblemática debilita la capacidad de Trump para presentarse como un presidente que traduce sus promesas en leyes. Un Trump frustrado en el plano legislativo puede volcarse con más agresividad en la política exterior o comercial, donde no necesita al Senado. Para las empresas españolas con intereses en Estados Unidos —Iberdrola, Santander, Inditex o Ferrovial—, una administración sin victorias en el Capitolio supone un interlocutor menos predecible. La próxima cita clave será el intento de incluir la ley en un paquete de reconciliación, probablemente en otoño; si entonces vuelve a fracasar, la dinámica de bloqueo se retroalimentará, y eso sí que puede alterar el tablero transatlántico.
Ficha del Caso
El caso: La SAVE America Act, buque insignia de la agenda de integridad electoral de Trump, está paralizada en el Senado por la oposición de cinco republicanos y la imposibilidad de reunir 60 votos para superar el filibusterismo. La Casa Blanca reconoce que no hay camino claro, pero no tira la toalla.
Datos clave: La ley exige identificación para votar en elecciones federales. Cinco senadores republicanos bloquean cualquier avance. El speakerJohnson ha propuesto incluirla en un futuro proyecto de reconciliación presupuestaria, mientras fracasó su acople a la NDAA. El presidente ha usado el nombramiento temporal de Pulte en el ODNI como presión indirecta, según fuentes del Capitolio.
Para España: No hay impacto directo, pero un Trump legislativamente débil puede recurrir a movimientos unilaterales en comercio o defensa que afecten a la relación bilateral y a las exportaciones españolas hacia EE. UU.
¿Qué ha pasado? El PSOE extremeño ha pedido este jueves toda la documentación sobre el fichaje de Jesús Vilés, exgerente del SES, como directivo del Hospital Parque San Francisco de Cáceres, por un posible caso de puerta giratoria ilegal.
¿Quién está detrás? La portavoz socialista Isabel Gil Rosiña y la presidenta de la Junta, María Guardiola, además del propio Vilés y el Gobierno de coalición PP–Vox.
¿Qué impacto tiene? La oposición vincula el caso con el aumento de derivaciones a la sanidad privada en los presupuestos de 2026 y pone en duda la transparencia de la gestión sanitaria extremeña.
El pasado de la sanidad pública extremeña se ha asomado este jueves a la Asamblea con un nuevo nombre propio. Jesús Vilés Piris, quien fuera gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) hasta hace apenas un año, acaba de ser fichado como directivo del Hospital Parque San Francisco de Cáceres, un centro privado. El movimiento ha encendido todas las alarmas en el principal partido de la oposición.
El Grupo Socialista ha registrado una amplia batería de solicitudes de documentación para que la Junta de Extremadura aclare si el nombramiento vulnera el Estatuto de Cargos Públicos. La portavoz, Isabel Gil Rosiña, habla de «indicios suficientes» para revisar todas las derivaciones a la sanidad privada que firmó Vilés durante su mandato. La ley 1/2014, reguladora de ese estatuto, fija un periodo de incompatibilidad para que los altos cargos no puedan saltar sin control al sector que supervisaban.
Gil Rosiña no ha ocultado su sospecha de que el Gobierno de María Guardiola conocía de antemano el movimiento y lo ha permitido pese a la aparente incompatibilidad. En la petición se incluye el expediente completo de declaración de actividad privada, los informes del Registro de Conflictos de Intereses y la resolución sobre compatibilidad, entre otros documentos.
Una de las primeras medidas de PP y Vox al inicio de la legislatura, en 2023, fue eliminar la obligación de que los altos cargos comparecieran en la Asamblea para explicar su trayectoria antes de ser nombrados. «Hoy entendemos perfectamente por qué lo hicieron», ha declarado la socialista, apuntando directamente a la falta de transparencia del Ejecutivo.
Con esa decisión, critican desde el PSOE, el gobierno de coalición allanó el camino para que casos como el de Vilés —exgerente del sistema público de salud durante tres años— pudieran tramitarse sin escrutinio parlamentario. El exgerente dirige ahora un centro privado que podría beneficiarse directamente de conciertos del propio SES.
La transparencia que exigen desde el PSOE no solo cuestiona un posible conflicto de intereses. Pone en tela de juicio la estrategia sanitaria de un Gobierno que ha apostado por duplicar el gasto en conciertos privados en plena crisis de las listas de espera.
Las derivaciones a la sanidad privada que triplican el gasto
La portavoz socialista ha relacionado el fichaje con las partidas que los presupuestos extremeños de 2026 destinan a conciertos con la sanidad privada: se triplican respecto al ejercicio anterior. «Ahora también se entiende por qué el Gobierno de Guardiola prioriza ese gasto», afirmó Gil Rosiña ante los medios. La oposición percibe un patrón que va más allá de un caso aislado.
El Hospital Parque San Francisco es uno de los centros que recibe derivaciones del SES en virtud de acuerdos para reducir las listas de espera. Que su nuevo directivo sea el mismo gestor que hasta hace meses decidía qué operaciones y pruebas diagnósticas se enviaban a centros externos añade un elemento de controversia difícil de ignorar. El PSOE insiste en que la ciudadanía tiene derecho a conocer cada paso del proceso.
El Pulso Territorial
Extremadura vive un momento político en el que la mayoría parlamentaria de PP y Vox ha permitido al Ejecutivo de María Guardiola gobernar con pocos contrapesos efectivos. La supresión del control previo sobre los nombramientos de altos cargos fue una de las primeras señales de esa estrategia. Ahora, la presunta puerta giratoria del exgerente del SES se convierte en un test de resistencia para la transparencia del ejecutivo autonómico, mientras la Junta de Extremadura guarda silencio por el momento.
El episodio se produce en un contexto en el que varias comunidades autónomas cubiertas por este vertical —como Castilla y León o Murcia— también han incrementado notablemente las derivaciones a centros privados ante el colapso de sus servicios públicos de salud. Sin embargo, el caso extremeño tiene un matiz que lo distingue: la conexión directa entre el gestor saliente de la sanidad pública y un centro receptor de esos fondos despierta todas las sospechas sobre la integridad del sistema. La oposición pedirá explicaciones en el próximo pleno, y toda la documentación solicitada podría forzar a la Junta a pronunciarse en las próximas semanas.
Ficha Autonómica
El caso: El exgerente del Servicio Extremeño de Salud, Jesús Vilés, ficha como directivo del Hospital Parque San Francisco de Cáceres meses después de dejar el cargo público, sin que se conozcan los informes de compatibilidad exigidos por ley.
Datos importantes: La Ley 1/2014 de Extremadura regula las incompatibilidades de altos cargos. El PSOE reclama el expediente íntegro y las resoluciones sobre compatibilidad, además de todas las derivaciones firmadas por Vilés. Los presupuestos de 2026 triplican las partidas para derivaciones privadas.
Resumen: La oposición ha registrado la documentación en la Asamblea y exige explicaciones inmediatas a la presidenta Guardiola. La Junta no se ha pronunciado aún, mientras el debate sobre la privatización de la sanidad pública extremeña gana intensidad.
¿Qué ha pasado? Ucrania ha lanzado una campaña de 40 días con misiles y drones de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, provocando escasez de gasolina y colas en las estaciones de servicio.
¿Quién está detrás? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus fuerzas armadas, con el respaldo tácito de Estados Unidos y la OTAN.
¿Qué impacto tiene? La presión sobre Rusia coincide con la cumbre de la OTAN en Ankara del 7 de julio, donde se esperan nuevos anuncios de apoyo a Kiev. Para España, la inestabilidad energética podría encarecer el petróleo y exigir un mayor compromiso en defensa.
Ucrania lleva una semana martilleando sin descanso la infraestructura energética rusa con misiles y drones de largo alcance. La ofensiva, que se prolongará durante 40 días, ya ha logrado interrumpir el suministro de combustible en Rusia y ha provocado colas interminables en las gasolineras, incluso en la protegida Moscú.
La ofensiva de los 40 días: Ucrania golpea el corazón energético de Rusia
Cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la semana pasada que su ejército llevaría a cabo una campaña de 40 días para machacar la infraestructura militar y energética rusa más allá de la frontera, la noticia no pareció muy distinta de los partes de guerra habituales. Ahora, apenas una semana después, la interrupción logística es imposible de ignorar. Zelensky informó el miércoles de un segundo ataque exitoso contra la refinería de Ufa, una de las mayores productoras de lubricantes de Rusia. También han sido alcanzadas las refinerías de Slavyansk y Yaroslavl, y Crimea, la región ucraniana ocupada por Rusia desde 2014, ha entrado en estado de emergencia.
“Tienen una teoría de que si pueden llevar a cabo un esfuerzo muy concentrado contra la energía rusa, que busque destruir su capacidad para procesar, transportar y usar energía, entonces pueden cambiar los incentivos del Kremlin y ayudar a que Vladimir Putin se siente a negociar el fin de la guerra”, explicó a este diario George Barros, experto del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Las imágenes de largas filas de vehículos esperando para repostar se han multiplicado en las últimas jornadas, incluso en San Petersburgo y la capital.
El propio Putin reconoció que los ataques están “creando problemas, obviamente” que “persisten tanto para los automovilistas como para los negocios”. La cuarta refinería más grande de Rusia, Norsi, tuvo que suspender operaciones tras un bombardeo ucraniano. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió que se mantienen “discusiones activas” con otros países para importar gasolina y estabilizar los mercados. Putin insiste en que la campaña no es “crítica” y no afectará al frente, pero Zelensky le reprochó ayer que “se niega por completo a poner fin a la guerra” a pesar de la presión ejercida “por todos los canales oficiales y extraoficiales”.
La campaña ucraniana no es solo una operación militar: es una apuesta para alterar los incentivos del Kremlin y forzar una negociación.
Más allá del impacto inmediato, los analistas subrayan que Ucrania lleva meses preparando el terreno. “Vimos madurar esta campaña de supresión y destrucción de defensas aéreas en la segunda mitad de 2025”, explica Barros. Ucrania ha ampliado significativamente la producción de drones de ataque avanzados, como el Hornet, que permiten operaciones de medio alcance más eficaces. Maria Snegovaya, investigadora sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), añade que “Rusia está entrando en un período de estancamiento, incluso de recesión, y los ataques a las refinerías agravan estas tendencias, amenazando con una crisis de gasolina”.
La ofensiva ha levantado cejas en Europa y Estados Unidos. Kristjan Prikk, embajador estonio en Washington, calificó la operación como “un avance táctico y estratégico significativo” y subrayó que Ucrania “ha demostrado una vez más que la narrativa rusa de éxito inevitable en el campo de batalla no refleja la realidad”.
La OTAN se prepara para la cumbre de Ankara del 7 de julio
Los recientes éxitos ucranianos serán uno de los temas centrales de la inminente cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, que comienza el 7 de julio. El representante permanente de Estados Unidos ante la Alianza, Matthew Whitaker, adelantó que los anuncios que se harán desde Washington y los aliados europeos “van a ser sustanciales”. El presidente Donald Trump, preguntado por la ofensiva, se deshizo en elogios hacia Zelensky: “Está aguantando muy bien. Hay que admitir que es valiente. Tiene una gran técnica, pero también tiene grandes combatientes”.
La cumbre de Ankara se celebra en un momento en el que la presión para aumentar el gasto en defensa sigue siendo intensa para los aliados europeos, España entre ellos. Aunque el gobierno español ha reiterado su compromiso de alcanzar el 2% del PIB, el ritmo actual sigue por debajo de las expectativas de Washington. La nueva ofensiva ucraniana y la prolongación del conflicto pueden acelerar las exigencias de Donald Trump de que los europeos asuman una mayor carga financiera y militar. Para España, eso podría traducirse en nuevas peticiones de envío de material y en un calendario más exigente de incremento presupuestario.
La Lógica de Washington
Detrás del apoyo estadounidense a Ucrania hay una lógica estratégica que trasciende la retórica. La administración Trump, aunque crítica con la duración del conflicto, mantiene la presión sobre Moscú para forzar una negociación. Los elogios públicos al presidente ucraniano no son solo cortesía: reflejan la convicción de que Kiev está haciendo un trabajo que debilita a un rival geopolítico sin que Washington tenga que poner botas sobre el terreno. El precedente histórico es claro: Estados Unidos ha utilizado históricamente el apoyo a terceros para desgastar a sus adversarios, desde la guerra soviético-afgana hasta la contención de Irán a través de Israel y las milicias kurdas. En este caso, la Casa Blanca apuesta por combinar la presión militar ucraniana con exigencias a los aliados europeos para que asuman una parte mayor de la factura de la seguridad continental.
Para España, esta dinámica tiene dos lecturas inmediatas. Por un lado, la cumbre de Ankara pondrá a prueba la capacidad del gobierno de Pedro Sánchez para mantener el equilibrio entre el compromiso atlantista y las sensibilidades de una parte de su espectro político. Por otro, el encarecimiento de la energía derivado de los ataques a refinerías rusas toca directamente la economía familiar. España, muy expuesta a las fluctuaciones del mercado petrolero, puede ver cómo la gasolina sube en pleno verano y la inflación da un nuevo repunte. Empresas como Repsol, aunque no operen en Rusia, se benefician coyunturalmente de precios altos, pero el consumidor español sufre. Y eso, en un contexto de ajuste presupuestario y demandas de más gasto militar, abre una brecha política que Bruselas y Washington observarán de cerca.
La proyección es incierta. Quedan más de 30 días de bombardeos, y la capacidad rusa para aguantar sin gasolina tiene un límite. Si las refinerías siguen cayendo, el Kremlin podría verse forzado a sentarse a la mesa antes de que acabe el verano. Pero también podría redoblar la apuesta, amenazando con un escalón más de confrontación que arrastraría a la OTAN. La reunión de Ankara aclarará, al menos, cuánto está dispuesto Occidente a sostener la apuesta ucraniana.
Ficha del Caso
El caso: Ucrania ha iniciado una campaña de 40 días con misiles y drones de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, logrando interrumpir refinerías clave y provocando escasez de gasolina en varias regiones. La OTAN celebra una cumbre crucial en Ankara el 7 de julio de 2026.
Datos clave: Ataques contra las refinerías de Ufa, Slavyansk y Yaroslavl; cierre de Norsi, cuarta mayor refinería rusa; colas de vehículos en gasolineras de toda Rusia; el presidente Trump ha elogiado la valentía de Zelensky; la cumbre de Ankara promete anuncios “sustanciales” de apoyo a Ucrania.
Para España: España acudirá a Ankara bajo la presión de aumentar su gasto en defensa y eventualmente contribuir con más material a Ucrania. Además, la crisis de gasolina rusa podría elevar los precios del petróleo, golpeando a los consumidores españoles en pleno verano y añadiendo tensión presupuestaria al gobierno.
¿Qué ha pasado? Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad condenada por el mayor caso de corrupción urbanística en Canarias, ha declarado un patrimonio negativo de 109,4 millones de euros en sus cuentas de 2024.
¿Quién está detrás? La empresa, controlada por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (fallecido en prisión), encabeza la lista de morosos de la Agencia Tributaria en el archipiélago.
¿Qué impacto tiene? La deuda acumulada con Hacienda y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alcanza los 144,9 millones de euros, mientras los activos de la firma apenas suman 26,3 millones, haciendo virtualmente imposible recuperar los fondos públicos defraudados.
La empresa del ‘pelotazo’ de Las Teresitas admite un agujero patrimonial de 109,4 millones de euros tras cerrar 2024, según sus propias cuentas.
Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad instrumental creada por Antonio Plasencia e Ignacio González para ejecutar la operación urbanística más lucrativa y corrupta de la historia reciente de Canarias, ha reconocido que su situación financiera es irreversible. El pasivo total suma 135,7 millones de euros, frente a unos activos de apenas 26,3 millones, lo que arroja un patrimonio negativo de 109,4 millones. De esa deuda, 64,3 millones corresponden a la Agencia Tributaria —la más alta entre los nuevos morosos en las islas— y 80,6 millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, condena firme que ya roza los cien millones con intereses.
La compañía entró en concurso de acreedores en 2019 y ahora sus administradores anuncian que iniciarán los trámites para la liquidación, al ser incapaz de satisfacer los débitos. A esos 109,4 millones hay que sumar aproximadamente diez millones adicionales que la empresa adeuda a Hacienda y que no figuran en el balance, lo que eleva la cifra real del agujero por encima de los 120 millones de euros.
El pelotazo que lo originó: una trama de corrupción que acabó en el Tribunal Supremo
El origen del desastre se sitúa en 2001, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas a ILT por 52,5 millones de euros, un precio inflado que casi triplicaba su valor real. La sentencia del Tribunal Supremo de 2019 consideró que la operación fue una “actuación concertada” entre los entonces responsables municipales —el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal Manuel Parejo, de Coalición Canaria— y los empresarios, para desviar fondos públicos hacia sus bolsillos.
El ‘pelotazo’ de Las Teresitas no fue solo una operación urbanística amañada: fue la liquidación patrimonial de una sociedad diseñada para vaciar las arcas públicas sin poner un euro de su bolsillo.
Después de aquella compra, el Consistorio recalificó parcelas colindantes para uso residencial intensivo y las cedió gratuitamente a ILT. En 2006, la sociedad vendió esos terrenos a Desarrollos Urbanos CIC (Desurcic) por 92,2 millones de euros, pero para no pagar los 27,5 millones correspondientes al Impuesto de Sociedades recurrió de manera fraudulenta a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), vaciando sus cuentas con préstamos ficticios. El Tribunal Supremo, en 2025, condenó a la empresa por fraude fiscal y la obligó a abonar la cuota defraudada más una sanción de 26,9 millones.
El Pulso Territorial
El caso Las Teresitas ha sido la gran mancha negra de la política canaria de las últimas décadas, y el balance de ILT demuestra que el quebranto económico para las administraciones públicas es prácticamente definitivo. Coalición Canaria ha quedado marcada por la condena de dos de sus históricos dirigentes, y el actual Gobierno de Canarias, presidido también por la formación nacionalista, observa el asunto con la distancia que concede el paso del tiempo pero sin poder despegarse de un escándalo que sigue pesando en la opinión pública de Tenerife. La deuda de la empresa representa por sí sola más del 15% del presupuesto anual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una cantidad que el Consistorio ya ha provisionado como pérdida y que lastra la capacidad de inversión municipal.
En el resto de Canarias, el impacto reputacional es profundo: las islas lideran con este caso la lista de morosos de la Agencia Tributaria y la sociedad aún colea en los tribunales. La liquidación de ILT no depara un horizonte de recuperación para las arcas públicas; los activos de la firma apenas cubren una quinta parte de lo que debe, y los condenados —uno ya fallecido— carecen de bienes para hacer frente a las indemnizaciones. Lo que queda es un símbolo de la corrupción especulativa que marcó los años del boom inmobiliario y cuyas facturas todavía pagan los ayuntamientos canarios.
Ficha Autonómica
El caso: Inversiones Las Teresitas, la sociedad pantalla del ‘pelotazo’ urbanístico de Santa Cruz de Tenerife, declara un agujero patrimonial de 109,4 millones de euros en sus cuentas de 2024.
Datos importantes: Adéuda 64,3 millones a Hacienda (más unos 10 millones no contabilizados) y 80,6 millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los activos totales son de 26,3 millones. La empresa ya ha entrado en fase de liquidación concursal.
Resumen: El mayor escándalo de corrupción urbanística de Canarias se traduce en un quebranto millonario para las arcas públicas, con remota posibilidad de recuperación. La trama, que implicó a políticos de Coalición Canaria y empresarios, acumula dos condenas del Tribunal Supremo y deja una deuda histórica que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife difícilmente verán resarcida.
La incertidumbre sobre quién encabezará la candidatura del PP a la Generalitat Valenciana en las elecciones de 2027 se ha instalado en el partido. Ayer, miércoles, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la alcaldesa de Valencia, María José Català, evitaron confirmar que Juanfran Pérez Llorca sea el elegido de Génova, pese a reconocerlo como una opción sólida.
El retraso de Génova y el nerviosismo que recorre el PPCV
La dirección nacional del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, mantiene un silencio calculado sobre la candidatura autonómica. Desde la visita del líder nacional a la Comunitat el mes pasado, las bases esperaban una señal, pero la designación sigue postergada. Mompó confirmó que el próximo 18 de julio se nombrarán los alcaldables de las capitales de provincia en un acto en Santiago de Compostela, y aclaró que “posteriormente se centrarán en las comunidades autónomas”. Mientras tanto, Pérez Llorca ejerce como president de la Generalitat (Generalitat Valenciana) y preside la gestora del PPCV tras asumir el cargo en un contexto de crisis institucional.
”De momento, oficialmente no hay candidato”, subrayó Mompó, insistiendo en que la competencia de la elección recae en el presidente nacional según los estatutos del partido. A su juicio, el reconocimeinto a Pérez Llorca es “de justicia” por el paso que dio al renunciar a su alcaldía en Finestrat y trasladarse a Valencia. “Es una opción, obviamente, de ser el candidato de futuro”, afirmó.
Mompó y Català: reconocimiento sin apuesta personal
Un tono similar, aunque más institucional, empleó María José Català. La alcaldesa de Valencia elogió la labor del president y dijo que “merece todo el respaldo posible”, pero se escudó en que la decisión “no me compete a mí”. “Solo soy la candidata a la alcaldía de Valencia, que es mucho y estoy muy contenta de serlo”, remarcó. Fuentes del PP consultadas por Moncloa.com interpretan estas declaraciones como un respaldo tácito pero sin cerrar filas, en un contexto donde los equilibrios internos son delicados.
Mompó, por su parte, se definió como un perfil “claramente municipalista” y descartó alimentar cualquier especulación sobre sus propias aspiraciones autonómicas. “En política es muy complicado hablar de futuro”, zanjó. La prudencia de ambos evidencia que, hasta que Génova no se pronuncie, ningún barón territorial quiere poner en riesgo su posición.
El reconocimiento no disipa la sensación de que el PP valenciano se prepara para una carrera electoral con los faros apagados.
El Escenario Valenciano
La indefinición del candidato autonómico resuena en un momento en el que el PPCV intenta reconstruir su unidad tras los convulsos meses posteriores a la DANA. Pérez Llorca no solo ejerce como president: heredó el liderazgo de transición tras la dimisión de Carlos Mazón y ahora se enfrenta al reto de consolidar una imagen de candidato natural. La escenificación de este miércoles demuestra, sin embargo, que su nominación no es automática. El propio Feijóo ha evitado cualquier gesto público de respaldo explícito, una estrategia que le permite conservar el control del calendario y, de paso, medir las lealtades internas.
A escala nacional, el presidente del PP aplica una fórmula similar a la que ha seguido en otras comunidades: retrasar los nombramientos hasta tener despejado el mapa municipal. El 18 de julio se conocerán los cabezas de lista de las principales ciudades, pero para la Generalitat el reloj corre distinto. Las fuentes consultadas apuntan a que la decisión podría producirse en otoño, apenas un año antes de unas autonómicas en las que el PP se juega la hegemonía frente a un PSPV que ya se prepara con el liderazgo de Ximo Puig y un Compromís que aspira a recuperar terreno. La incógnita del candidato, mientras tanto, alimenta la sensación de provisionalidad y dificulta la construcción de un frente electoral sólido.
El 18 de julio será una primera prueba de fuego, pero el verdadero termómetro llegará cuando Feijóo active la convocatoria autonómica. Hasta entonces, el PP valenciano seguirá navegando en una zona de turbulencias en la que el respaldo a Pérez Llorca se expresa más por omisión que por afirmación.
Ficha del Caso
El caso: Disputa interna en el PP valenciano por la candidatura a la Generalitat en las elecciones de 2027, con la dirección nacional de Génova sin pronunciarse y líderes territoriales como Mompó y Català evitando un apoyo explícito a Juanfran Pérez Llorca.
Datos importantes: El 18 de julio de 2026 se nombrarán candidatos a capitales de provincia; Pérez Llorca preside la Generalitat y la gestora del PPCV; Feijóo aún no ha designado cabeza de lista autonómico, una competencia que le atribuyen los estatutos del partido.
Resumen: La decisión, exclusiva de Génova, mantiene en vilo al partido mientras dos de sus principales figuras locales se limitan a reconocer a Pérez Llorca como una opción viable sin cerrar filas.
