Cortes A-5 en julio: Óscar Puente anuncia obras en Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Conductores habituales de la A-5 entre Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero, y quienes circulan por ese corredor para acceder a la A-50 o a la M-50.
  • ¿Cuándo ocurre? Los cortes programados comienzan el 6 de julio y se prolongan hasta el 26 de agosto, con diferentes fases y cierres puntuales de carril.
  • ¿Qué cambia hoy? Se cierran carriles, se elimina un ramal de incorporación (habrá que desviarse por la Avenida San Martín de Valdeiglesias hacia la M-50) y la circulación se ve estrechada. Planificar itinerarios alternativos será imprescindible.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que encabeza Óscar Puente, activa el próximo 6 de julio la rehabilitación del firme de la autovía A-5 entre los kilómetros 10 y 36,7. Los trabajos, con una inversión de 15,4 millones de euros, afectarán a ambas calzadas a la altura de Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero y obligarán a cortes de tráfico durante julio y agosto. Miles de conductores del suroeste metropolitano deberán armarse de paciencia o buscar rutas alternativas.

Cortes en la A-5: fechas, tramos y rutas alternativas para no quedar atrapado en julio

La obra más invasiva se ejecutará en la calzada derecha (sentido Toledo), en el tramo del kilómetro 13,4 al 14,2. El corte se iniciará a la medianoche del domingo 5 al lunes 6 de julio y se mantendrá hasta el viernes 7 de agosto. Durante esas semanas, se ocuparán el arcén y el carril derecho, y parte del central, dejando abiertos al tráfico los carriles izquierdo y central restantes, aunque con estrechamientos. Además, se cerrará el ramal de incorporación desde el enlace del kilómetro 13 hacia la A-5 sentido Badajoz. Para quienes necesiten tomar esa dirección, el itinerario alternativo recomendado es circular por la Avenida San Martín de Valdeiglesias hasta la M-50, incorporándose en sentido sur hasta enlazar de nuevo con la A-5.

El segundo gran corte afectará a la calzada izquierda (sentido Madrid) entre los kilómetros 24,4 y 23,5. Se prolongará desde la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de julio hasta el miércoles 26 de agosto. También aquí se ocuparán el arcén derecho y parte del carril central, aunque se mantendrá la vía de servicio operativa y los carriles izquierdo y central con estrechamientos. En este tramo no se anuncia el cierre de ramales, pero sí se recomienda circular con precaución.

El impacto diario: cómo afecta a los desplazamientos de miles de conductores del suroeste

Asimismo, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se llevarán a cabo cortes puntuales de carril en distintos tramos de ambas calzadas entre los kilómetros 10 y 36,7. Se realizarán solo de lunes a viernes, desde la madrugada hasta el mediodía, y afectarán a una única calzada cada vez. Este goteo de pequeñas restricciones puede sorprender a más de un conductor despistado, sobre todo en plena operación salida de las vacaciones.

La A-5, conocida como Autovía del Suroeste, es la principal arteria para los desplazamientos diarios desde los grandes municipios del sur de Madrid. En hora punta, soporta intensidades de tráfico que rozan los 120.000 vehículos diarios en algunos tramos, según datos del Ministerio. Cualquier afección en esta vía suele traducirse en retenciones que se propagan a vías secundarias como la M-506 y la A-5R. El verano de 2022 ya vivió cortes similares por obras de asfaltado en un tramo cercano, con colas de hasta seis kilómetros en los peores días. El escenario este año, con dos frentes de obra y una duración de casi dos meses, invita a pensar en una movilidad más complicada aún.

Los cortes de julio y agosto pondrán a prueba una autovía que en hora punta supera los 120.000 vehículos diarios; sin rutas alternativas, el atasco está garantizado.

Un plan de conservación que supera los 860 millones en Madrid desde 2018

Estas obras no son un hecho aislado. Se enmarcan dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado que, según las cifras facilitadas por el Ministerio, ha movilizado 860,48 millones de euros en la provincia de Madrid desde junio de 2018. A ello se añade una reciente autorización del Consejo de Ministros para licitar otros 60,76 millones de euros (sin IVA) destinados a conservar y explotar 60,25 kilómetros de la A-4 y de la A-2 en la comunidad, una señal de que el esfuerzo inversor en las grandes radiales no se frena. La A-5, eje a Extremadura y Portugal, es una de las vías que más desgaste acusa por el tránsito pesado y la antigüedad de su firme.

En comparación con otras grandes ciudades, Madrid sostiene una estrategia de rehabilitación cíclica similar a la de Barcelona con la B-23 o la de Valencia con la V-31, donde los veranos se han convertido en la temporada alta de las obras por el menor volumen de tráfico vacacional. Sin embargo, en el suroeste metropolitano madrileño la dependencia del vehículo privado es alta y la alternativa de Cercanías (línea C-5) no siempre cubre todos los municipios con la misma frecuencia, lo que hace que muchas familias no tengan más remedio que aguantar los cortes.

A pesar de las molestias, la intervención es necesaria: el desgaste del firme, con fisuras y deformaciones, compromete la seguridad. Y aunque Óscar Puente ha anunciado los trabajos en un mismo bloque, la comunicación con antelación y los itinerarios alternativos propuestos buscan minimizar el caos. Aún así, conviene que los conductores revisen el parte de tráfico y, si tienen margen, adelanten o retrasen las salidas en las horas punta de los lunes.

El Tribunal Supremo de EE.UU. acepta examinar la ley de Arizona que exige prueba de ciudadanía para votar

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo de EE.UU. ha admitido a trámite el caso RNC v. Mi Familia Vota, que examinará dos leyes de integridad electoral de Arizona.
  • ¿Quién está detrás? El Comité Nacional Republicano (RNC) y el estado de Arizona, que defienden la exigencia de prueba de ciudadanía para el registro de votantes y la depuración de los censos electorales.
  • ¿Qué impacto tiene? La decisión, prevista para el próximo mandato judicial (a partir de octubre), delimitará el alcance de la Ley Nacional de Registro de Votantes y podría extenderse a otros estados con normativas similares.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este lunes examinar el caso del Comité Nacional Republicano contra Mi Familia Vota, que cuestiona dos leyes electorales de Arizona, incluida la exigencia de una prueba de ciudadanía para utilizar el formulario estatal de registro de votantes.

La admisión a trámite marca un nuevo capítulo en la batalla judicial sobre la integridad electoral que el Partido Republicano viene librando desde las elecciones de 2020. La demanda republicana busca validar dos mecanismos aprobados por la legislatura de Arizona tras aquellos comicios: la obligación de adjuntar documentación que acredite la nacionalidad estadounidense al inscribirse con el formulario estatal, y la facultad de los funcionarios electorales de revisar y depurar los censos para eliminar a los no ciudadanos en los 90 días anteriores a unas elecciones federales.

El caso RNC v. Mi Familia Vota: las dos preguntas que debe resolver el Supremo

Los nueve jueces abordarán dos cuestiones concretas. La primera plantea si la Ley Nacional de Registro de Votantes (National Voter Registration Act, la norma federal que fija las reglas del censo electoral) o un decreto de consentimiento federal impiden que Arizona exija una prueba de ciudadanía al emplear el formulario estatal —distinto del federal— para inscribirse. La respuesta definirá si los estados conservan margen para imponer requisitos adicionales a los que marca Washington.

La segunda cuestión, igualmente relevante, pregunta si esa misma ley federal prohíbe a Arizona revisar y limpiar sus listas de votantes para excluir a posibles no ciudadanos durante los últimos 90 días antes de una elección federal. El Comité Nacional Republicano sostiene que un tribunal de apelaciones frenó indebidamente ambos mecanismos, que considera herramientas de sentido común para hacer cumplir la exigencia constitucional de ciudadanía.

La petición republicana, presentada en febrero, fue clara: «Durante años, Arizona ha adoptado medidas razonables para hacer valer su requisito de ciudadanía y asegurar sus elecciones. En cada ocasión ha tenido que defenderlas de demandas federales». La pelea no es nueva, pero el eco en el alto tribunal le confiere ahora una dimensión nacional que puede marcar jurisprudencia.

Calendario judicial y lo que viene

El próximo mandato del Tribunal Supremo comenzará con audiencias orales el 5 de octubre de 2026 y se extenderá hasta finales de junio de 2027, cuando se publican las opiniones definitivas. El actual mandato, en cambio, está a punto de cerrar: esta misma semana se esperan las sentencias de los últimos ocho casos pendientes, entre ellos varios sobre la capacidad de cese del presidente, la participación de personas biológicamente varones en deportes femeninos y otras dos causas electorales.

El fallo sobre Arizona, por tanto, llegará con tiempo suficiente para influir en la preparación de los comicios de 2028. Mientras, el alto tribunal sigue dosificando sus casos más sensibles y reservándolos para los últimos días del período de sesiones.

La batalla judicial sobre quién puede votar en Estados Unidos ya no se libra solo en los parlamentos estatales: el Tribunal Supremo ha decidido ser el árbitro final.

La Lógica de Washington

Entender la determinación republicana exige retroceder al terremoto de 2020. Aquellas elecciones, marcadas por la pandemia y la expansión del voto por correo, dejaron entre las bases conservadoras la convicción de que el censo electoral estaba contaminado. El entonces presidente Donald Trump elevó la sospecha de que ciudadanos extranjeros estuviesen votando a categoría de prioridad nacional. Aunque los estudios académicos coinciden en que el voto de no ciudadanos es minúsculo, la percepción política pesa más que las estadísticas: seis de cada diez votantes republicanos creen que es un problema real, y las legislaturas estatales controladas por el partido han respondido con leyes como la de Arizona.

La estrategia legal del Comité Nacional Republicano encaja en ese marco. No se trata solo de ganar un pleito: se trata de construir una arquitectura judicial que, caso a caso, reduzca la discrecionalidad federal y devuelva a los estados la capacidad de blindar sus procesos electorales. Es la misma filosofía que llevó a la administración Trump anterior a respaldar litigios como Brnovich v. DNC —donde el Supremo avaló en 2021 restricciones al voto en Arizona— y que ahora encuentra un tribunal con mayoría conservadora más dispuesto a escuchar estos argumentos.

Para España, el impacto directo es nulo: ningún ciudadano español necesita demostrar su nacionalidad para votar en Arizona, ni las empresas españolas cotizan estas sentencias en sus balances. Sin embargo, el caso sí importa en clave transatlántica. La solidez del sistema electoral estadounidense es uno de los pilares que sostiene la confianza de los inversores y los gobiernos europeos en la estabilidad de Washington. Si el Tribunal Supremo respalda a Arizona, la señal será inequívoca: la doctrina de la integridad electoral está ganando terreno en la cúspide judicial. El próximo mandato dirá cuánto.

Ficha del Caso

  • El caso: El Tribunal Supremo de EE.UU. admite a trámite RNC v. Mi Familia Vota, que impugna dos leyes electorales de Arizona aprobadas tras 2020: la obligación de presentar prueba de ciudadanía al registrarse con el formulario estatal y la depuración de censos de no ciudadanos a 90 días de las elecciones federales.
  • Datos clave: La audiencia oral arrancará el 5 de octubre de 2026, con sentencia esperada antes del verano de 2027. El Comité Nacional Republicano presentó la petición en febrero de 2026 tras un fallo desfavorable de un tribunal de apelaciones.
  • Para España: Sin consecuencias directas para los ciudadanos o empresas españolas, pero el fallo marcará la línea del Tribunal Supremo en materia electoral y puede influir en la percepción europea sobre la fiabilidad del sistema democrático estadounidense, clave para la relación transatlántica.

Madrid: Almeida da dos meses a la Casa Árabe para desalojar las Escuelas Aguirre

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A la plantilla de Casa Árabe y a los madrileños interesados en el uso público del edificio histórico de las Escuelas Aguirre, en el barrio de Salamanca.
  • ¿Cuándo ocurre? El desalojo debe completarse antes del 1 de septiembre de 2026; el Ayuntamiento ya ha notificado la decisión tras la reunión del patronato.
  • ¿Qué cambia hoy? El Ayuntamiento recupera la posesión del inmueble sin indemnización y anuncia que lo rehabilitará para uso municipal, aunque aún no concreta el proyecto.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto fecha este lunes a la salida de Casa Árabe de las históricas Escuelas Aguirre: antes del 1 de septiembre. El Consistorio recupera el inmueble del barrio de Salamanca para rehabilitarlo y destinarlo a uso municipal, con un ultimátum que no admite prórroga y que se apoya en la retirada de la Comunidad de Madrid del consorcio gestor.

La decisión, anunciada tras la reunión del patronato, se produce después de que la Comunidad formalizara su salida del consorcio —hecho que el decreto de cesión del 28 de abril de 2008 contempla como causa de resolución automática, sin derecho a indemnización. Aquel texto, firmado por el Ayuntamiento, ya preveía que cualquier alteración en la composición del consorcio permitiría recuperar el edificio sin contrapartidas.

La ruptura del consorcio y la fecha límite

La salida de la Comunidad de Madrid, adelantada en enero por el consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha sido la palanca jurídica que ha permitido al regidor del PP cerrar el capítulo sin coste para las arcas municipales. «Dimos un voto de confianza a la gestión de Casa Árabe. Hoy, en el patronato hemos manifestado que recuperamos la posesión de Escuelas Aguirre y, por tanto, no podrán seguir en esa ubicación», ha señalado Almeida.

El decreto de cesión temporal y gratuita del inmueble, que data de 2008, establecía que la resolución del acuerdo podía activarse «por cualquier alteración en la composición del Consorcio». Al quedar la Comunidad fuera, el Ayuntamiento ha aplicado la cláusula sin tramitación adicional ni compensación económica, una vía que el equipo de gobierno considera «impecable» desde el punto de vista legal.

El ‘chiringuito’ de Irene Lozano y la bancarrota

Almeida ha cargado con dureza contra la que fue directora de Casa Árabe entre 2021 y 2025, Irene Lozano —conocida por ser la pluma de Pedro Sánchez en ‘Manual de resistencia’ y ‘Tierra firme’—, a la que ha responsabilizado de los males que arrastra la institución. «Se convirtió en el chiringuito de Irene Lozano y la dejó en bancarrota», ha espetado el alcalde, que ha vinculado los «problemas estructurales» del edificio precisamente a aquella gestión.

La recuperación de Escuelas Aguirre es también un ajuste de cuentas político con la etapa de Irene Lozano, a la que el regidor culpa de la ruina financiera y material del consorcio.

El primer edil ha insistido en que Casa Árabe mantuvo un «ejercicio de oscurantismo continuo» sobre el estado real del inmueble. «Sabemos que hay problemas, que estructuralmente hay deficiencias y queremos entrar y poder estudiarlo porque en ningún caso se nos ha dado traslado del estado de conservación y deterioro, mejor dicho, en que se encuentra el edificio», ha subrayado.

¿Qué futuro le espera a las Escuelas Aguirre?

A día de hoy, el Ayuntamiento no ha concretado qué uso municipal se dará a este Bien de Interés Cultural del barrio de Salamanca, aunque insiste en que será para «disfrute de todos los madrileños». La falta de un diagnóstico preciso de las patologías condiciona cualquier plan de rehabilitación, y el equipo de Almeida admite que aún no ha podido acceder al interior para evaluar el alcance de los daños.

No es la primera vez que el Ayuntamiento recupera un inmueble singular con la intención de abrirlo a la ciudadanía. Ya ocurrió con la Serrería Belga, reconvertida en espacio cultural, o con el palacio de la Duquesa de Sueca. La diferencia ahora es que se actúa sin un proyecto de rehabilitación previo y con la urgencia que impone evitar un mayor deterioro de un edificio que, según Almeida, «no vamos a dejar que se caiga».

En paralelo, el Consistorio ha manifestado su voluntad de «cooperar con Casa Árabe para que puedan encontrar otra ubicación», si bien ha dejado claro que no cederá un edificio municipal. La institución deberá buscar una nueva sede por sus propios medios mientras trata de sanear unas cuentas que el alcalde ha calificado de «bancarrota». La salida de las Escuelas Aguirre cierra, de facto, un ciclo de desencuentros entre administraciones y abre un compás de espera sobre el destino de uno de los inmuebles más emblemáticos del distrito.

El Estado inyecta 20 millones en nuevas medidas anticrisis para Canarias: ayudas al transporte, campo y pesca

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno central amplía tres meses más las compensaciones por la guerra de Irán y eleva a 20 millones de euros las ayudas anticrisis para Canarias.
  • ¿Quién está detrás? El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras negociaciones con el Ministerio de Hacienda.
  • ¿Qué impacto tiene? Llegan subvenciones al transporte por carretera y marítimo, apoyos a fertilizantes y gasóleo agrícola y pesquero, y un refuerzo del suministro eléctrico.

El Estado inyecta 20 millones de euros en nuevas medidas anticrisis para Canarias, con ayudas al transporte, al campo y a la pesca.

El Gobierno de España ha formalizado el acuerdo con el Ejecutivo autónomo mediante un nuevo real decreto-ley que da continuidad a las compensaciones por los efectos económicos de la guerra de Irán en las islas. La reunión entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro Ángel Víctor Torres, antiguo jefe del ejecutivo regional, desbloqueó la ampliación de las ayudas, que se canalizarán a través de un incremento de las partidas ordinarias.

Transporte, campo y pesca: las ayudas que llegan a las islas

El nuevo paquete de medidas, que complementa los 15,3 millones del anterior decreto, se traduce en apoyos concretos para sectores estratégicos. En primer lugar, se mantienen las ayudas al transporte por carretera para empresarios y profesionales, un balón de oxígeno en un territorio donde la movilidad interna depende en gran medida de los vehículos comerciales. A ello se suma una línea de subvenciones al transporte marítimo de pasajeros y mercancías entre la península y las islas, así como entre los propios territorios insulares.

El sector primario recibe un refuerzo significativo. Se conservan los apoyos a fertilizantes y al gasóleo agrícola y pesquero, partidas que resultan críticas para una agricultura y una pesca golpeadas por el encarecimiento de los insumos desde el inicio del conflicto iraní. La singularidad fiscal del archipiélago, que aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lugar del IVA, facilita la articulación de estas compensaciones sin distorsionar el régimen impositivo autonómico.

Refuerzo eléctrico: baterías y estabilidad para una red frágil

El decreto-ley incorpora un reconocimiento expreso de las singularidades energéticas de Canarias. La guerra de Irán ha agravado la dependencia energética y, con ella, el riesgo de apagones que ya acechaba a las islas no peninsulares. A partir de ahora, las estaciones de bombeo eléctrico en el archipiélago pasarán a ser de titularidad del operador del sistema, una medida pensada para mejorar la gestión de la red en un sistema aislado y vulnerable.

La combinación de la insularidad y la volatilidad geopolítica convierte a Canarias en un territorio especialmente expuesto a crisis externas.

Junto a esta reforma, el Gobierno ha autorizado la instalación de sistemas de baterías en los sistemas eléctricos no peninsularesCanarias y Baleares— y financiará hasta el 25% de las inversiones necesarias para garantizar la reserva rodante cuando no haya alternativas más económicas. El objetivo es evitar inestabilidades en la red y reducir el riesgo de cortes de suministro, una amenaza real en momentos de alta demanda.

El pulso político en Canarias

El nuevo real decreto-ley encaja en una larga tradición de negociación bilateral entre Madrid y Santa Cruz de Tenerife. Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, gobierna el archipiélago con una mayoría ajustada y necesita demostrar que su interlocución con el Ejecutivo central produce resultados tangibles para los ciudadanos. Ángel Víctor Torres, ex presidente y hoy ministro, facilita ese diálogo, pero el Gobierno canario sabe que la dependencia de las ayudas estatales es un arma de doble filo ante una oposición que reclama más autonomía financiera.

La comparación con Baleares es inevitable. Ambas comunidades reciben un trato singular en el real decreto por su condición insular y su fragilidad energética, pero Canarias parte con un blindaje fiscal propio —el IGIC y el Régimen Económico y Fiscal (REF)— que le ha permitido articular las ayudas sin tensionar el modelo de financiación. Mientras, la presión inflacionaria y la evolución del conflicto en Irán determinarán si estos 20 millones son un simple parche o el preludio de un plan de estabilización más amplio. El horizonte electoral de 2027 añade una capa de incertidumbre a cualquier pacto a largo plazo.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno central amplía las compensaciones anticrisis para Canarias ante el impacto de la guerra de Irán, elevando la dotación total a 20 millones de euros e integrando medidas energéticas y de transporte.
  • Datos importantes: El plan suma 20 millones de euros (15,3 del decreto anterior ampliados). Incluye ayudas al transporte por carretera y marítimo, apoyos a fertilizantes y gasóleo agrícola y pesquero, y financiación del 25% para baterías en sistemas eléctricos insulares.
  • Resumen: El real decreto-ley aprobado recoge subvenciones para amortiguar el encarecimiento de insumos y refuerza la seguridad del suministro eléctrico. Las ayudas se mantendrán tres meses más, a la espera de su convalidación en el Congreso y del desarrollo reglamentario autonómico.

Los ayuntamientos presentan 1.009 proyectos de reconstrucción DANA al Gobierno por 1.317 millones

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La comisionada Zulima Pérez ha informado de que se han aprobado 1.009 memorias de reconstrucción municipal por la DANA, que suman 1.317 millones de euros, el 78% del presupuesto transferido de 1.745 millones.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno central, a través de la comisionada, y los ayuntamientos afectados de la Comunitat Valenciana.
  • ¿Qué impacto tiene? Acelera la ejecución de obras de movilidad, infraestructuras y prevención, con plazos marcados por la UE. Pérez defiende la agilidad administrativa.

La reconstrucción tras la DANA de 2024 —la Depresión Aislada en Niveles Altos que desencadenó las catastróficas inundaciones de octubre y noviembre de aquel año— suma un nuevo hito. Los municipios valencianos han aprobado ya 1.009 memorias de proyectos de obras, con un valor total de 1.317 millones de euros, según ha detallado este lunes la comisionada del Gobierno para la DANA, Zulima Pérez.

Los datos, presentados en Valencia, muestran que la ejecución avanza a buen ritmo: de los 1.745 millones transferidos por el Estado a los consistorios para reparar los daños de la riada, ya se han comprometido 1.317 millones en proyectos concretos, un 78% del total.

1.009 memorias aprobadas: la radiografía de las obras municipales

El reparto por tipo de obra revela que la prioridad está en las infraestructuras de movilidad y uso diario. Los caminos rurales, carreteras y aparcamientos concentran 302 memorias, un 31% del total. Les siguen las actuaciones en equipamientos culturales, deportivos y de ocio (bibliotecas, pabellones), con un 22%. En tercer lugar, las obras en edificios municipales y de seguridad, como comisarías de policía local, representan el 18%.

Más atrás quedan las infraestructuras de agua, saneamiento y residuos (87 proyectos, un 9%), los espacios públicos como alumbrado y zonas verdes (8%), los cementerios (2%) y los mercados o lonjas (1%). La comisionada ha subrayado que, además, se han aprobado 43 proyectos específicos de prevención y resiliencia, valorados en 244,5 millones de euros, que van más allá de la mera reposición y buscan blindar la región ante futuros temporales extremos.

Entre estas iniciativas destacan el tanque de tormentas de Picanya, las balsas de laminación en Requena y Loriguilla, el parque inundable en Mislata o el nuevo sistema de drenaje de aguas pluviales de Algemesí. Obras diseñadas siguiendo las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para reducir la vulnerabilidad de los núcleos urbanos.

Pérez ha respondido a las críticas sobre la lentitud en el inicio de las obras por trabas burocráticas, calificándolas de «falacia». «Los ayuntamientos pueden comenzar los trabajos sin esperar a que se aprueben las memorias», ha asegurado. La comisionada ha instado a agrupar obras en una sola licitación para ganar eficiencia y ha recordado que los plazos de ejecución están condicionados por las exigencias de la Unión Europea, que financia parte de las ayudas a través de los fondos Next Generation. «No podemos alargar la emergencia», ha añadido.

La burocracia no es un obstáculo real: los ayuntamientos tienen vía libre para comenzar las obras sin esperar a las aprobaciones formales, siempre que cumplan los plazos europeos.

Además, el Gobierno ha flexibilizado las condiciones: se permite destinar un 3,5% de la subvención a la contratación de personal técnico y ampliar las actuaciones más allá de la simple reposición, permitiendo cambios de ubicación o mejoras funcionales. Pérez ha defendido que los alcaldes conozcan mejor las necesidades de sus vecinos y ha rechazado que el Estado asuma directamente las obras: «Los municipios tienen que ser partícipes de la ciudad que quieren para el futuro».

Una inversión pendiente de 28.000 millones en la Comunitat

En una jornada paralela, el presidente de la patronal Seopan, Julián Núñez, ha recordado la magnitud de la brecha inversora. España necesita 400.000 millones de euros en infraestructuras en la próxima década, de los cuales 28.000 millones corresponden a la Comunitat Valenciana, la región más castigada por la dana. De ellos, 10.179 millones serían para infraestructuras hidráulicas, casi el doble de lo previsto para movilidad.

La catedrática de la Universitat de València, Matilde Mas, ha expuesto que la dana sorprendió a la Comunitat en una situación de vulnerabilidad extrema por la prolongada caída de la inversión desde la crisis financiera. «Estábamos en un muy mal lugar», ha afirmado, señalando que la provincia de Valencia tiene una de las mayores superficies inundables del país y que hace falta recuperar al menos los niveles de inversión previos a 2008.

El Escenario Valenciano

La presentación de Pérez evidencia una doble velocidad en la reconstrucción: mientras los proyectos municipales avanzan a buen ritmo, las necesidades globales de inversión en infraestructuras críticas siguen muy por detrás. Los 1.317 millones comprometidos en obras locales representan un paso firme, pero los 28.000 millones calculados por Seopan para la próxima década muestran que la recuperación física de la región requerirá un esfuerzo sostenido y una coordinación institucional sin fisuras.

A nivel nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta al reto de garantizar que los fondos europeos lleguen a tiempo, mientras las comunidades autónomas presionan para acelerar las licitaciones. La dana de 2024 ha puesto a prueba el sistema español de protección civil y ha reactivado el debate sobre la necesidad de un plan nacional de prevención de inundaciones, similar al que se diseñó tras las riadas del Vallès en 1962 o las de Biescas en 1996.

En la política valenciana, la oposición de PSPV y Compromís ha reclamado más celeridad y ha criticado que la Generalitat no haya asumido un papel más activo en la contratación de obras. Sin embargo, la comisionada insiste en que el protagonismo debe recaer en los ayuntamientos. El calendario apremia: el margen para ejecutar los fondos Next Generation se agota, y los consistorios deberán culminar las obras en los próximos dos años. La agrupación de proyectos y la flexibilización administrativa pueden acelerar el ritmo, pero la magnitud de la tarea exigirá que todas las administraciones remen en la misma dirección.

Ficha del Caso

  • El caso: La reconstrucción de los municipios valencianos afectados por la DANA de 2024 avanza con la aprobación de 1.009 proyectos por 1.317 millones, según la comisionada del Gobierno.
  • Datos importantes: El 78% del presupuesto transferido (1.745 millones) ya está comprometido. Destacan 43 proyectos de resiliencia por 244,5 millones. Seopan estima que la Comunitat necesita 28.000 millones en infraestructuras en la próxima década.
  • Resumen: La ejecución municipal progresa, pero las necesidades de inversión en prevención de inundaciones y movilidad son ingentes, y los plazos de la UE apremian.

Huye de las colas en Zara: sus vestidos de lino más vendidos bajan un 40% solo online

Las rebajas de verano 2026 de Zara ya están aquí y hay una prenda que se lo lleva todo: el vestido camisero de lino, rebajado a entre 15 y 17 euros, que temporada tras temporada desaparece del escaparate virtual antes de que amanezca el día siguiente. Este año la urgencia es mayor que nunca: en la edición anterior, algunas referencias se agotaron en menos de dos horas desde que cayeron los precios.

Lo que ha cambiado en 2026 es el orden del juego. Zara ya no da la señal de salida en la tienda física; la da en la app, a las 21h del 24 de junio, una hora antes que en la web y un día entero antes que en los establecimientos. Quien no lo sepa llega tarde. Y llegar tarde en las rebajas de Zara no significa esperar: significa quedarse sin talla.

Zara y el sistema que premia a quien lleva el móvil cargado

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Zara lleva años perfeccionando un sistema escalonado que convierte el móvil en la herramienta más valiosa de la temporada. La app abre primero, la web una hora después y las tiendas físicas al día siguiente: un mecanismo que no es un capricho técnico, sino una estrategia deliberada para dirigir el tráfico hacia el canal digital y recompensar a quienes tienen la aplicación instalada y la lista de deseos preparada.

El resultado es que las rebajas de Zara funcionan más como un drop de edición limitada que como un período clásico de descuentos. El stock es limitado, las tallas intermedias vuelan en los primeros minutos y quien improvisa sobre la marcha suele llevarse la decepción. La clave, dicen quienes lo hacen bien año tras año, es entrar con la cesta ya cargada.

Zara e Inditex: la maquinaria detrás del lino más deseado

Zara e Inditex, el grupo gallego con más de 5.800 tiendas en cinco continentes, han convertido el vestido de lino en el protagonista absoluto de las rebajas 2026. No es tendencia pasajera: es el tejido que domina la moda verano en España y la pieza que más demanda acumula en los perfiles de usuario de la app antes incluso de que caigan los precios.

Inditex distribuye las unidades físicas por provincia según el historial de demanda, lo que significa que el stock del vestido de lino no es el mismo en Madrid que en un pueblo de la España vaciada. Quien compra online accede al inventario central, lo que en la práctica ofrece más opciones y más tallas disponibles que cualquier tienda física.

El vestido que desaparece: guía para no quedarse sin él

El vestido camisero de lino de Zara es, según todas las fuentes especializadas consultadas, el artículo más vulnerable al agotamiento en las rebajas de este verano. Su precio rebajado ronda los 15-17 euros, va de la playa al restaurante con solo cambiar el calzado y combina con sandalias planas, alpargatas o mules sin necesidad de planteárselo demasiado. Eso lo hace irresistible para perfiles de compra muy distintos, y eso es exactamente lo que lo agota tan rápido.

Justo detrás en el podio de lo más buscado aparecen los pantalones de talle alto en lino y el top bandeau con lazada, también en este tejido, por menos de diez euros en rebajas. El lino domina las rebajas 2026 de Zara de principio a fin y en todas sus categorías.

Cuatro movimientos para comprar antes que nadie

  • Instala la app de Zara y activa las notificaciones de bajada de precio antes del 24 de junio a las 21h.
  • Añade el vestido de lino a favoritos con talla y color elegidos; cuando caiga el precio, el carrito se carga en segundos.
  • Si dudas de talla, coge la más grande: el lino encoge ligeramente con el lavado y siempre es más fácil adaptar que lamentar.
  • Si la web se queda sin tu talla, acude a la tienda física antes del mediodía del 25; Zara repone stock a primera hora de la mañana.

La ventana de oportunidad: 24 horas de diferencia

La brecha entre la app (21h del 24 de junio) y la apertura de tiendas físicas (25 de junio) es, literalmente, la diferencia entre encontrar el vestido de lino en tu talla o no encontrarlo. Zara ha diseñado ese margen para que el canal digital domine y el comprador informado se adelante al resto.

Cuándo duran las rebajas y cuándo bajan más los precios

Las rebajas de Zara se extienden habitualmente hasta finales de agosto, con una segunda quincena de descuentos más agresivos. Sin embargo, el vestido de lino es una pieza de alta rotación que difícilmente llega a esa segunda oleada con el stock intacto. Quien espere a ver si baja más probablemente encuentre el cartel de sin existencias antes que el precio reducido.

Lo que viene después: Zara y el futuro del lino en moda verano

La moda verano de 2026 confirma algo que llevaba dos temporadas anunciándose: el lino ha dejado de ser una opción secundaria para convertirse en el tejido de referencia del armario estival en España. Zara ha sido de las primeras firmas en convertir esa demanda en estrategia, apostando por colecciones de lino más amplias, con más siluetas y más rangos de precio que en años anteriores.

La previsión para los próximos meses apunta a que esta tendencia se consolide más allá del verano: los diseños en lino lavado con acabados más informales están entrando en la oferta de otoño y Inditex ya ha ajustado el stock para mantener los descuentos más estables durante las primeras semanas de julio. La ventaja de quien compra ahora es real: accede al mejor surtido, a los precios más competitivos y evita la presión de las tiendas físicas en los días más calurosos del año.

Pedraz imputa a Belén Gualda, presidenta de la SEPI, por los amaños de la trama Leire

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado este lunes una providencia donde investiga, tras la solicitud del Ministerio Público, a 25 individuos por las presuntas adjudicaciones irregulares en la SEPI vinculadas a la red de Leire Díez. Dentro de este grupo figura la vigente responsable de la SEPI, Belén Gualda, conforme detalla el documento judicial.

La acusación pública atribuye a los nuevos investigados los cargos de cohecho, desvío de fondos públicos, resoluciones arbitrarias, uso de datos confidenciales y pertenencia a banda criminal. Esto se fundamenta en la estructura permanente, organizada y con reparto de tareas que caracterizaba las operaciones del denominado entramado “Hirurok”.

Esta denominación identifica a Leire Díez, al antiguo jefe de la corporación, Vicente Fernández, y al empresario vinculado a Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. Todos ellos resultaron detenidos el pasado diciembre bajo la sospecha de manipular licitaciones públicas dependientes de la SEPI.

Influencia de Santos Cerdán

El procedimiento judicial parte de un dossier de más de 240 folios redactado por la UCO. Las pruebas obtenidas señalan un «mecanismo persistente de mediación fraudulenta en licitaciones del Estado, donde los sospechosos clave, Vicente, Antxon, Leire y Santos Cerdán, habrían servido como enlaces de presión entre corporaciones privadas y gestores institucionales, alterando la emisión de dictámenes, concursos de adjudicación o el reparto de subvenciones para lucrar a particulares».

Dicha operativa requería la participación imprescindible e ilegal de colaboradores externos que ahora pasan a ser imputados, vinculados tanto al ámbito institucional como al empresarial. Una de las figuras clave integradas en este apartado, de acuerdo con el fiscal y el instructor, sería Belén Gualda, la actual presidenta de la SEPI.

El Supremo confirma la multa a Indra de 13,5 millones de la CNMC por cártel en licitaciones de servicios a la Administración

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado una multa de 13.500.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso a INDRA por una infracción consistente en la creación de un cártel en diversas licitaciones públicas de servicios de tecnologías de la información en España.

La resolución sancionadora de la CNMC de 26 de julio de 2018 declaró acreditada una infracción única y continuada muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutiva de cártel, en licitaciones convocadas, entre otros organismos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Además de a Indra, declaró responsables a otras empresas y situó las prácticas acreditadas entre 2005 y 2015.

Según la resolución de la CNMC, el modo de operar de las empresas comprendía el conocimiento anticipado de las licitaciones gracias a contactos en el seno de las Administraciones contratantes; la formalización de acuerdos privados de colaboración, no comunicados a la Administración, con porcentajes de reparto que no siempre coincidían con los notificados en los acuerdos públicos de constitución de las uniones temporales de empresas; la utilización indistinta e instrumental de la unión temporal y de la subcontratación, acompañada de compromisos de exclusividad y de no concurrencia en ofertas alternativas; y un sistema de regularizaciones destinado a compensar las desviaciones respecto de los porcentajes de facturación pactados.

INDRA recurrió la sanción de la CNMC, pero la Audiencia Nacional rechazó todos los motivos planteados en su demanda y apreció que esta empresa había cometido una infracción única y continuada, y calificó como cártel la conducta por la que fue sancionada.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia recurrida, que considera ajustada a Derecho, y rechaza el recurso de INDRA, que había fundamentado en que la CNMC no investigó ni depuró el papel de las Administraciones Públicas convocantes de las licitaciones afectadas por el cártel, pese a que la propia resolución les reconoce una cierta incidencia en la conducta, y que le impidió acreditar que su actuación quedaba exenta de la prohibición.

La Sala responde que la aplicación de la excepción prevista en el artículo 1.3 de la ley 15/2007 depende únicamente de la concurrencia de los cuatro requisitos que establece el precepto, “todos ellos referidos a los efectos económicos del acuerdo y ajenos a la intervención de un poder público en él”.

Añade que la participación de una Administración Pública en la conducta no es, por tanto, condición de la excepción y “si no lo es, no puede sostenerse que la falta de investigación de esa responsabilidad impidiera aplicarla. La excepción se aprecia, o no, según concurran sus requisitos, cuya acreditación incumbía a la empresa con independencia de que la Administración fuera investigada”.

La Sala concluye que “la exención del artículo 1.3 de la Ley 15/2007 no dependía de la investigación del papel de las Administraciones contratantes, sino de la concurrencia de los requisitos que el precepto establece, cuya prueba incumbía a la recurrente y que no acreditó. La sanción se sustenta en la propia conducta de aquella, acreditada en la instancia, sin que la falta de investigación afecte a su validez ni a su graduación”.

En respuesta a las cuestiones de interés casacional planteadas en el recurso, la Sala declara que “la aplicación de la excepción prevista en el artículo 1.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, no exige la participación de una Administración Pública en la conducta anticompetitiva, sino únicamente la concurrencia de los requisitos, de carácter acumulativo, que el precepto establece, cuya prueba incumbe a quien invoca la excepción, de modo que la falta de investigación del papel de la Administración contratante no impide apreciarla”.

Asimismo, que “la falta de investigación, por la autoridad de competencia, del papel de las Administraciones contratantes no afecta a la validez de las sanciones impuestas a las empresas que han participado en el cártel, sin que la eventual responsabilidad de terceros incida en su graduación ni, en particular, excluya la agravante de la posición de responsable o instigador del artículo 64.2.b) de la Ley 15/2007, que atiende a la intervención de cada empresa en la infracción”.

El secretario de Seguridad Nacional Mullin asegura que las deportaciones en EE.UU. en 2026 ya superan las cifras de 2025

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Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, aseguró este lunes en exclusiva a Breitbart News que las deportaciones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos durante 2026 superarán en las próximas seis semanas la totalidad de las expulsiones registradas en 2025. Un ritmo de expulsión que, según sus palabras, no tiene precedentes en la historia reciente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Estamos en un camino este año —2026— para superar ampliamente lo que hicimos en 2025”, declaró Mullin desde la sede del DHS en Washington. “Calculo que en las próximas seis semanas, probablemente, igualaremos lo deportado en todo 2025; en dos meses lo habremos duplicado”.

Una estrategia centrada en los peores delitos

El secretario explicó que el enfoque de la administración se ha centrado en los inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación firmes de un juez, evitando redadas indiscriminadas. “Vamos a por los peores de los peores”, subrayó. La operativa consiste en localizar a individuos con condenas por delitos graves, órdenes finales de expulsión o que hayan incumplido los términos de su visado; a menudo, los agentes del ICE encuentran a otros tres o cuatro inmigrantes ilegales conviviendo con el objetivo principal y los detienen también.

“Raramente están solos”, afirmó Mullin. “La media es de más de cuatro ocupantes adicionales en cada arresto, y procedemos a su expulsión de inmediato”. Esta política ha disparado las cifras de deportación, pero también ha generado roces con políticos demócratas y con algunas ciudades que se niegan a colaborar con las autoridades federales.

Como parte de su ofensiva, el DHS está ampliando el programa 287(g) —que permite a policías locales y estatales actuar como agentes auxiliares de inmigración— y ha encontrado una acogida notable en municipios de estados tradicionalmente demócratas. Mullin citó los casos de Florida y Oklahoma como los más activos, pero también mencionó contactos con departamentos de California y Nueva Jersey interesados en sumarse al plan, pese a las reticencias de los políticos locales.

El secretario Mullin no esconde el objetivo: “Una muerte por un ilegal es 100% evitable”. En Tennessee, 41 muertes en 12 meses relacionadas con inmigrantes sin papeles.

El secretario, que el próximo jueves cumplirá cien días en el cargo tras sustituir a Kristi Noem, defendió su gestión con un tono llano y directo. “Todavía me siento el hombre más afortunado del mundo”, confesó. “No cambiaría mi puesto por ningún otro, ni por el de otro miembro del gabinete. Me encanta proteger la patria”.

El impacto en la relación bilateral con España

Aunque España no figura en las rutas migratorias prioritarias del DHS, el endurecimiento de la política estadounidense tiene consecuencias indirectas para las relaciones bilaterales. Estados Unidos deportó en 2025 a unos 150 ciudadanos españoles, en su mayoría por infracciones de visado o delitos menores; con la nueva ofensiva, cualquier español en situación irregular podría enfrentar una expulsión acelerada y, lo que es más relevante, un mayor escrutinio consular.

El Gobierno de España sigue de cerca la evolución del programa 287(g), especialmente en estados como Florida, donde reside una numerosa colonia española. La cooperación entre policías locales y agentes federales podría traducirse en controles aleatorios que afecten a turistas o estudiantes con la documentación en regla pero sin margen de error burocrático. Además, la presión migratoria obliga al DHS a revisar los acuerdos de exención de visado; un endurecimiento de las condiciones golpearía al turismo español, uno de los sectores que más aportan a la balanza de servicios entre ambos países.

La Lógica de Washington

Detrás de la aceleración de las deportaciones hay una lógica que casa con la promesa central de Donald Trump en campaña: devolver la seguridad a las calles y demostrar que el sistema puede expulsar a quienes ya tienen una orden de un juez. La administración no está inventando una política nueva; está exprimiendo la maquinaria existente y ofreciendo incentivos a los estados para que colaboren, replicando el modelo que en los años noventa permitió a Bill Clinton aumentar las deportaciones sin alterar las leyes.

El precedente más claro es la operación Gatekeeper de 1994, que combinó más agentes en la frontera con una cooperación local intensa. Ahora, Trump busca un doble efecto: contentar a su base electoral más dura y enviar un mensaje a los países de origen —incluidos los europeos— de que el que no cumpla la ley será expulsado. La coalición que sostiene esta estrategia aúna a los republicanos más conservadores con sectores sindicales que ven en la inmigración irregular una amenaza para los salarios bajos.

Para España, el desafío no es tanto el número de deportados como el tono de la relación. La administración Trump ha dejado claro que prioriza los intereses domésticos por encima de las sensibilidades diplomáticas, y un incidente con un español famoso podría tensar el vínculo. Sin embargo, los canales entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Departamento de Estado siguen abiertos, y las bases militares de Rota y Morón otorgan a España un peso estratégico que la administración no quiere poner en riesgo. La próxima ventana clave será la reunión del Diálogo de Alto Nivel prevista para después del verano, donde la política migratoria figurará, sin duda, en la agenda.

Ficha del Caso

  • El caso: El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, anuncia que las deportaciones en 2026 superarán a las de todo 2025 en cuestión de semanas, apoyándose en la colaboración con policías locales y en la detención de inmigrantes con antecedentes penales.
  • Datos clave: El ritmo actual permite igualar las cifras de 2025 en seis semanas; el programa 287(g) reembolsa a los departamentos locales el equipo y los salarios de los agentes; Florida y Oklahoma lideran las detenciones; los arrestos rara vez afectan a una sola persona —media de más de cuatro ocupantes adicionales—.
  • Para España: El endurecimiento migratorio amenaza con complicar la situación de los españoles en EE.UU., endurecer el visado de turista y poner a prueba la diplomacia bilateral, aunque las bases militares mutuas atenúan el riesgo de un choque directo.

Los juzgados de violencia de género registran 50.911 denuncias en el primer trimestre de 2026, un 6,36% más

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha publicado este 29 de junio de 2026 los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre del año. Los juzgados de violencia de género registraron 50.911 denuncias, lo que supone un incremento del 6,36% respecto al mismo período de 2025. La información completa puede consultarse en la nota de prensa del CGPJ.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? El CGPJ difunde las cifras de actividad de los juzgados de violencia de género: 50.911 denuncias, 45.220 víctimas, 15.474 sentencias dictadas.
  • ¿Qué base jurídica aplica? La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la jurisprudencia consolidada de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo.
  • ¿Qué impacto tiene? Evidencia una tendencia al alza en la litigiosidad y un alto índice de condenas (81,78%), lo que consolida la respuesta judicial y orienta la práctica de los operadores jurídicos.

Los juzgados especializados y el Observatorio

El Servicio de Estadística del CGPJ recopila trimestralmente los datos que remiten todos los juzgados de violencia de género —más de un centenar de órganos unipersonales distribuidos por todo el territorio— creados al amparo de la Ley Orgánica 1/2004. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, integrado por vocales del CGPJ, representantes de los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Igualdad, y de la Fiscalía General del Estado, analiza estas cifras para detectar tendencias y proponer mejoras en la tutela judicial.

La serie histórica muestra un crecimiento sostenido del número de denuncias desde la entrada en vigor de la Ley Integral. En el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 47.877 denuncias, por lo que el aumento de 2026 es de 3.034 asuntos, equivalente a un promedio diario de casi 566 denuncias.

Desglose de las principales magnitudes del trimestre

De las 50.911 denuncias registradas, 45.220 fueron presentadas directamente por las víctimas, lo que representa un incremento del 3,75% respecto al año anterior. El resto corresponden a intervenciones policiales, partes de lesiones o actuaciones de oficio. El número de denuncias por persona denunciante indica que, en promedio, cada víctima interpuso aproximadamente 1,13 denuncias durante el trimestre, si bien los datos no permiten una desagregación individualizada.

En el capítulo de medidas cautelares, las solicitudes de órdenes de protección experimentaron un descenso del 2,5%, mientras que las acordadas por los jueces bajaron un 1,8%. Aunque el CGPJ no ha facilitado las cifras absolutas en esta primera difusión, la reducción porcentual sugiere una aplicación más selectiva del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sintonía con las últimas valoraciones de riesgo realizadas por los equipos psicosociales.

Los juzgados de violencia de género dictaron un total de 15.474 sentencias en el trimestre, de las cuales 12.652 fueron condenatorias, lo que arroja una tasa de condena del 81,78%. Esta proporción se mantiene estable por encima del 80% desde hace varios trimestres y confirma la consistencia de la prueba practicada en los procesos penales por violencia de género, que mayoritariamente finalizan con sentencia de conformidad o con fallo estimatorio de la acusación.

Los más de 50.000 asuntos ingresados en los juzgados de violencia de género en tres meses consolidan la tendencia al alza y la alta tasa de condena refleja la contundencia del sistema judicial en este ámbito.

La Doctrina del Tribunal

La elevada proporción de sentencias condenatorias —superior al 81%— no es fruto del azar. La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha venido aplicando con rigor los artículos 153, 173 y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en consonancia con el artículo 1 de la LO 1/2004, que consagra la protección integral como principio rector. La doctrina dominante privilegia la declaración de la víctima como prueba de cargo, siempre que esté dotada de credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia, conforme al canon fijado en sentencias como la SSTS 345/2025 y 789/2025.

El descenso en las órdenes de protección solicitadas, pese al aumento de denuncias, puede leerse como una consecuencia de la aplicación más estricta de los criterios de necesidad y proporcionalidad que exige el artículo 13 de la Ley Integral tras la evaluación individualizada del riesgo. La doctrina del Tribunal Supremo ha subrayado que la medida cautelar no es automática, sino que debe basarse en un pronóstico razonable de peligro, lo que explicaría la brecha entre el número de solicitudes y las efectivamente acordadas.

Para los abogados que litigan en esta materia, el dato del 81,78% de condenas tiene una doble lectura: por un lado, refuerza la expectativa de éxito de la acusación cuando la prueba se presenta correctamente; por otro, sitúa a las defensas ante la necesidad de articular estrategias que cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo sin caer en revictimizaciones. La consolidación estadística de esta tendencia es un indicador de la madurez del sistema de justicia especializado, que cumple veintidós años de funcionamiento.

El incremento interanual del 6,36% en los asuntos ingresados —más de 3.000 denuncias adicionales— tensiona la capacidad de los juzgados de primera instancia e instrucción con competencias en violencia de género y aconseja seguir reforzando las plantillas judiciales y de los equipos técnicos. La tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución exige una respuesta ágil y uniforme, en línea con la doctrina constitucional reiterada en numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Informe estadístico trimestral del CGPJ sobre la actividad de los juzgados de violencia de género en España durante el primer trimestre de 2026.
  • Datos importantes: 50.911 denuncias (incremento del 6,36%); 45.220 víctimas denunciantes (+3,75%); 15.474 sentencias dictadas; 81,78% de condenas; órdenes de protección solicitadas -2,5% y acordadas -1,8%.
  • Fecha de los juicios: Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. Datos publicados por el CGPJ el 29 de junio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: No aplica (estudio estadístico global).

Terremoto Venezuela: 1.430 fallecidos y la ayuda de España que ya está en La Guaira

El doble terremoto que golpeó la costa venezolana el pasado 24 de junio ha dejado una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. Según el último balance del Gobierno, la cifra de fallecidos asciende a 1.430, mientras los equipos de rescate internacionales, entre ellos los españoles, siguen trabajando entre los escombros de La Guaira en busca de supervivientes.

Los seísmos, de magnitudes 7,2 y 7,5, tuvieron epicentro frente al estado costero de La Guaira, que concentra la mayor devastación. Las autoridades venezolanas decretaron el estado de desastre y ordenaron la militarización de la zona para facilitar las tareas de socorro.

Una crisis humanitaria con más de 3.200 heridos y miles de familias afectadas

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que además de los fallecidos hay 3.238 personas heridas y 3.142 familias directamente afectadas. Más de 30.000 funcionarios venezolanos, entre bomberos, policías, militares y personal médico, se desplegaron para atender a una población que supera las 73.000 familias necesitadas.

La Guaira, la región más castigada, quedó prácticamente aislada en las primeras horas. Para evitar aglomeraciones que dificultaran el paso de maquinaria pesada y ambulancias, las autoridades pidieron a los ciudadanos que no viajaran por carretera hacia la zona y que canalizasen la ayuda a través de centros de acopio oficiales.

España se suma al rescate internacional junto a otros 16 países

En ese escenario dantesco, la solidaridad internacional se activó con rapidez. Según el viceministro venezolano para Europa, Oliver Blanco, hasta el momento han llegado 17 vuelos con más de 1.600 rescatistas y en las próximas horas se esperan otros 25 aviones con personal y equipamiento. Los equipos proceden de países como El Salvador, México, Suiza, Estados Unidos, Francia, Italia… y también de España.

Organizaciones españolas también apoyan las operaciones de búsqueda y salvamento, según consta en el parte de las autoridades venezolanas. Esa contribución se suma a la de otros 16 países y refleja el compromiso de España con la ayuda humanitaria en emergencias de gran escala.

Con 1.430 fallecidos, el doble seísmo supera las cifras del deslave de 1999 en La Guaira y moviliza la mayor operación internacional de rescate en décadas.

Memoria de la tragedia de 1999 y el papel de la cooperación española

Para muchos vecinos de La Guaira, la situación actual revive el drama vivido en diciembre de 1999, cuando un deslave sepultó comunidades enteras en el mismo estado, entonces llamado Vargas. Aquella catástrofe, que dejó miles de desaparecidos, marcó un hito en la ayuda internacional hacia Venezuela. Entonces, como ahora, España fue uno de los primeros países en enviar equipos de rescate y asistencia sanitaria.

El testimonio de Randy Mijares, habitante de Caraballeda, recogido por la agencia EFE, da idea de la gravedad: «La situación es peor que la tragedia de 1999». Con el precedente de aquella respuesta, la presencia española en 2026 no solo responde a un deber humanitario, sino que subraya una relación de cooperación estable entre ambos países en los momentos más difíciles.

Mientras tanto, Naciones Unidas ha instalado tres hospitales de campaña en La Guaira y ha enviado 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos insumos para potabilización de agua. El PNUD estima que las pérdidas económicas ascienden a 6.700 millones de dólares.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió la costa venezolana el 24 de junio de 2026, provocando una tragedia con más de 1.400 víctimas mortales y una respuesta internacional inmediata.
  • Datos importantes: 1.430 fallecidos, 3.238 heridos, 3.142 familias afectadas, y 1.600 rescatistas internacionales desplazados. La ONU instaló hospitales de campaña y el PNUD estima pérdidas por 6.700 millones de dólares.
  • Resumen: La participación de equipos españoles de rescate refuerza la imagen de España como socio humanitario fiable y subraya la cooperación con Venezuela en momentos críticos.

Declaración judicial DANA: la vicepresidenta de la Diputación acusa de mentir a la alcaldesa de Chiva

Reme Mazzolari, vicepresidenta de la Diputación de Valencia, ha negado ante la jueza de la DANA haber llamado a la exalcaldesa de Chiva la tarde del 29-O. La dirigente del PP ha aportado su registro de llamadas y ha acusado a Amparo Fort de mentir. Su testimonio revela la descoordinación que marcó la respuesta a la catástrofe.

La declaración, producida este lunes, ha enfrentado dos versiones irreconciliables dentro del mismo partido. Fort, que ocupaba la alcaldía durante la tragedia, aseguró el pasado 22 de mayo que había recibido una llamada de Mazzolari a primera hora de aquella tarde. La vicepresidenta lo niega tajantemente.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Reme Mazzolari, vicepresidenta de la Diputación de Valencia, declaró que no llamó a la exalcaldesa de Chiva el 29-O y aportó su registro para probarlo.
  • ¿Quién está detrás? Mazzolari (PP) contradice a Amparo Fort, también del PP, quien había testificado que recibió esa llamada.
  • ¿Qué impacto tiene? La contradicción refuerza la imagen de descoordinación institucional y tendrá consecuencias en la instrucción judicial de la DANA.

La versión de Mazzolari: sin llamada y sin conocimiento del Cecopi

Según fuentes conocedoras de la testifical, Mazzolari aseguró que el 29 de octubre de 2024 se quedó en casa teletrabajando tras la anulación de un acto. No supo de la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) hasta que la vio por la televisión autonómica À Punt, alrededor de las 19:30. “Yo me entero del Cecopi por las noticias”, habría manifestado.

La vicepresidenta aportó la lista de sus llamadas y mensajes para que la Letrada de la Administración de Justicia coteje si hubo comunicación con la exalcaldesa. “No hablé con ella, ni le llamé ni me llamó. La sorprendida soy yo de que ella declare eso”, afirmó. En su relato, contactó con Fort mucho más tarde: le envió un vídeo del desbordamiento que acababa de grabar de la televisión y recibió un audio angustiado: “A oscuras, no nos podemos mover, gente desaparecida, un desastre…”.

Descoordinación en la Diputación y el papel de la alcaldesa de Chiva

El testimonio de Fort el 22 de mayo había puesto el foco en la comunicación fallida. La entonces alcaldesa relató que llamó al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que sí estaba en el Cecopi, para alertar del desbordamiento de la cabecera del barranco del Poyo. Mazzolari, sin embargo, no sabía ni que el Cecopi se había convocado ni que su presidente, Vicente Mompó, participaba. Habló con Mompó ya por la noche y con Mascarell sobre las “ocho y pico” de la tarde.

La vicepresidenta, responsable del área de Carreteras, admitió que no recibió la alerta hidrológica del barranco del Poyo y que su departamento dependía de carreteras secundarias. Mientras tanto, la Diputación había enviado a sus trabajadores a casa a las 14.00 horas, una decisión adoptada por Recursos Humanos sin intervención de los políticos.

La DANA desnudó un sistema en el que los cargos públicos desconocían la existencia de un centro de coordinación mientras el agua arrasaba pueblos enteros.

El Escenario Valenciano

La contradicción entre dos altas dirigentes del PP ahonda en la fractura que la catástrofe abrió en el partido que gobierna la Generalitat y la Diputación. Las versiones dispares sobre quién alertó, a quién y cuándo alimentan la instrucción judicial, que busca determinar si hubo omisión de socorro o negligencia en la respuesta institucional. A nivel nacional, el caso valenciano ha acelerado los debates sobre la reforma del Sistema Nacional de Protección Civil. En el Congreso de los Diputados, varios grupos han pedido una comisión que investigue la coordinación entre administraciones, y el Gobierno central ha reiterado que los avisos meteorológicos estaban emitidos desde primera hora.

La Diputación valenciana, que envió a sus empleados a casa en plena emergencia, es hoy una muestra más de la falta de procedimientos unificados. Mientras las Corts Valencianes siguen sin cerrar el capítulo de la reconstrucción —los fondos del Plan RERD avanzan con lentitud—, las responsabilidades se ventilan en los juzgados. La próxima cita judicial podría llamar a declarar a cargos de la Generalitat, y la imagen de descoordinación lastra la credibilidad del Consell de Carlos Mazón, que se enfrenta a una moción de censura en las próximas semanas.

En este escenario, la respuesta institucional a la DANA se ha convertido en un asunto de Estado. Los fondos europeos para la reconstrucción, condicionados a una gestión transparente, y las exigencias de las asociaciones de afectados mantienen la presión sobre todas las administraciones. Valencia, ocho meses después, sigue esperando que las promesas se conviertan en realidades.

Ficha del Caso

  • El caso: La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha negado ante la jueza haber contactado con la exalcaldesa de Chiva durante la tarde de la DANA y ha mostrado su registro de llamadas.
  • Datos importantes: Mazzolari desconocía la existencia del Cecopi, no recibió la alerta hidrológica y la Diputación había enviado a sus trabajadores a casa a las 14.00.
  • Resumen: La testifical agrava la fractura dentro del PP valenciano y añade pruebas a la instrucción judicial sobre una posible descoordinación estructural en la gestión de la emergencia.