Cuatro muertos y cinco heridos graves en un accidente de tráfico en Castellón

Pablo Navarro
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Cuatro muertos y cinco heridos graves en un accidente de tráfico en Castellón

Una colisión frontal durante un adelantamiento ha dejado cuatro fallecidos y cinco heridos graves en la N-340 a su paso por Castellón de la Plana. El siniestro ocurrió sobre las 2:30 de la madrugada del domingo, según confirmaron fuentes de emergencias, en el kilómetro 981 de la carretera N-340.

Te cuento lo que los servicios de emergencia han confirmado hasta ahora. En el siniestro se vieron implicados un taxi y otros dos turismos. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a una colisión frontal provocada por un adelantamiento indebido en una zona de visibilidad limitada, aunque la investigación sigue abierta para determinar las circunstancias exactas del choque.

Cómo se produjo el accidente, según las autoridades

El accidente tuvo lugar en el término municipal de Castellón de la Plana, en un tramo de la N-340 que discurre en dirección al norte de la provincia. Según las primeras pesquisas, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario para adelantar, chocando de frente contra el que circulaba en sentido opuesto. El impacto afectó también a un tercer coche, el taxi, cuyo conductor fue una de las víctimas mortales.

Cuatro personas perdieron la vida en el acto, entre ellas el taxista y una mujer de nacionalidad francesa que acompañaba al conductor del segundo turismo. Las otras dos víctimas mortales viajaban en el vehículo que, según las primeras hipótesis, realizó el adelantamiento, cuyo conductor, un joven de 19 años, resultó herido grave.

Despliegue de emergencia y atención a los heridos

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de los bomberos del Ayuntamiento de Castellón, ambulancias del Servicio de Emergencias Sanitarias y patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los equipos de rescate tuvieron que realizar complejas labores de excarcelación para liberar a las personas atrapadas en el interior de los vehículos.

Los servicios sanitarios atendieron a seis personas en el lugar, aunque cinco de ellas fueron catalogadas como heridas graves. Tres sufrían politraumatismos y las otras tres contusiones de diversa consideración. Tras la primera asistencia, cuatro heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana.

Ninguno de los heridos ha fallecido durante el traslado ni en las horas posteriores, según fuentes hospitalarias, aunque su estado sigue siendo grave.

La colisión frontal constituye una de las causas más recurrentes de accidentes mortales en carreteras secundarias, según datos de la DGT, y este nuevo siniestro vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar la precaución en adelantamientos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del atestado para esclarecer la secuencia exacta de los hechos, con la colaboración de la Policía Local de Castellón, que se encargó de regular el tráfico en la vía durante las horas posteriores al accidente.

La investigación, en manos de la Guardia Civil

El grupo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico trabaja en la reconstrucción del siniestro. Los agentes analizan la posición de cada vehículo en el momento del impacto, la velocidad, las condiciones de la vía y los posibles fallos humanos o mecánicos. Por el momento, no se ha producido ninguna detención, ya que la investigación se encuentra en fase de diligencias previas.

El accidente ha causado una fuerte conmoción en la capital de la Plana, donde el taxi siniestrado era bien conocido. Fuentes cercanas al sector lamentan la pérdida de un conductor veterano y de otras tres personas en un tramo de carretera que registra habitualmente una elevada siniestralidad.

La N-340, una de las vías más transitadas de la provincia de Castellón, acumula varios puntos negros. Según datos de la DGT, en los últimos cinco años se han registrado más de una decena de accidentes graves en el tramo que conecta la capital con el norte de la provincia.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta a la espera del informe técnico definitivo. Las autoridades no descartan pedir pruebas de alcoholemia y drogas al conductor herido, aunque se trata de un procedimiento estándar en estos casos.

Hallan el cuerpo sin vida del niño de 10 años desaparecido en el río Pisuerga en Valladolid

Pablo Navarro
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Hallan el cuerpo sin vida del niño de 10 años desaparecido en el río Pisuerga en Valladolid

Te confirmo que los equipos de rescate han localizado esta noche el cuerpo sin vida del niño de 10 años que desapareció en el río Pisuerga, a la altura de la playa fluvial de Las Moreras, en Valladolid. El hallazgo se produjo sobre las 23:30 horas, según ha informado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, en declaraciones a EFE esta madrugada.

La alerta y el dispositivo de búsqueda

El aviso de la desaparición del menor se recibió en el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de Castilla y León sobre las 21:15 horas de la noche del sábado. Al parecer, el niño se encontraba en la orilla junto a su madre y un amigo de su misma edad cuando, por causas que aún se investigan, cayó al agua y no volvió a salir, según la hipótesis que manejan las autoridades. El amigo, de 10 años, presenció cómo el menor se sumergía y desaparecía bajo la superficie.

De inmediato se desplegó un amplio operativo en el que participaron:

  • El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.
  • La Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León (unidad subacuática).
  • Los bomberos de Valladolid.
  • Policía Nacional y Policía Local.
  • Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Además, se activó al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar asistencia inmediata a los familiares del menor y al amigo que presenció el suceso.

El hallazgo y las primeras pesquisas

Sobre las 23:30 horas, los buzos de la unidad subacuática localizaron el cuerpo del menor a escasa distancia del lugar donde se le había visto por última vez, en el entorno de las ruinas de las aceñas. El subdelegado del Gobierno confirmó el fatal desenlace y señaló que la Policía Judicial (unidad especializada en la investigación de sucesos con posibles implicaciones penales) se ha hecho cargo de las diligencias.

El médico forense acudió al lugar pasada la medianoche para proceder al levantamiento del cadáver (la diligencia judicial previa al traslado del cuerpo para la autopsia). Los buzos trabajaron en condiciones de escasa visibilidad debido a la noche y a la corriente del río, según fuentes de la operación.

El menor, de 10 años, desapareció mientras jugaba en la orilla del Pisuerga; su amigo presenció el momento en que cayó al agua.

Investigación en curso y asistencia psicológica

La Policía Judicial trabaja ahora para esclarecer las circunstancias exactas del trágico accidente. Aunque la principal hipótesis apunta a un despiste mientras el niño jugaba en la orilla, no se descarta ninguna línea de investigación. El Grupo de Intervención Psicológica ha desplegado un equipo de psicólogos para ofrecer apoyo inmediato a la madre, que estaba en la playa cuando ocurrió el suceso, y al menor testigo.

Te confirmo que la atención a los familiares en estos casos es prioritaria, según los protocolos de Protección Civil. El dispositivo se mantuvo activo durante la noche para garantizar la seguridad de la zona y colaborar con las diligencias judiciales. Se espera que en las próximas horas se puedan dar más detalles sobre lo ocurrido.

PNV y PSE-EE quieren habilitar julio en el Parlamento Vasco para la ley de ‘autopista’ estratégica

Iker Etxebarria
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PNV y PSE-EE quieren habilitar julio en el Parlamento Vasco para la ley de ‘autopista’ estratégica

PNV y PSE-EE pedirán este martes habilitar las sesiones de julio en el Parlamento Vasco para iniciar las comparecencias de expertos sobre la proposición de ley de la ‘autopista’ estratégica, con la que buscan agilizar grandes proyectos de inversión. Según ha podido confirmar Moncloa.com a partir de fuentes parlamentarias, la solicitud se planteará en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del 30 de junio, que reducirá su actividad habitual durante el verano.

Una proposición para acelerar grandes proyectos

La proposición de ley, admitida a trámite el pasado jueves en el pleno del Parlamento Vasco, aspira a simplificar los procedimientos administrativos y ambientales que bloquean o ralentizan iniciativas consideradas estratégicas. Al tratarse de una proposición de los dos partidos que apoyan al Gobierno, y no de un proyecto de ley del Ejecutivo, el texto no incorpora los informes, memorias y mecanismos de control habituales en la tramitación gubernamental.

Según fuentes del PNV y del PSE-EE, el objetivo es llegar al inicio del próximo periodo de sesiones, en septiembre, con la fase de comparecencias avanzada. Así se podría acortar el debate de enmiendas y aprobar la ley antes de que finalice 2026. La habilitación del mes de julio, tradicionalmente inhábil en la Cámara, permitiría realizar una o dos sesiones con expertos propuestos por los grupos parlamentarios.

El rechazo de la oposición a las formas

EH Bildu, el PP y el resto de formaciones de la oposición ya han manifestado su oposición frontal a la iniciativa. Su rechazo se centra en las formas: consideran que una reforma de este calado debería tramitarse como proyecto del Ejecutivo, con el correspondiente análisis técnico y jurídico. ‘Es una elusión de los controles democráticos’, señalaron representantes de EH Bildu durante el pleno, según fuentes parlamentarias.

No obstante, PNV y PSE-EE cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, por lo que la Mesa y la Junta de Portavoces podrán aprobar la habilitación de julio si sus representantes así lo deciden. La Mesa está presidida por el jeltzale Xabier Barandiaran, y el pacto de gobierno le otorga el control de los órganos de dirección del Parlamento.

La oposición ha criticado también la aceleración del trámite en pleno periodo estival. Cabe recordar que el Parlamento Vasco ha tenido ya dos largos parones en 2026: tras las vacaciones de Navidad, y entre marzo y abril, cuando se suspendieron los plenos durante seis semanas. Según los datos oficiales, en lo que va de año se han celebrado solo nueve sesiones de control.

La tramitación como proposición de ley, sin los informes preceptivos de un proyecto gubernamental, permite acelerar el debate, pero la oposición la interpreta como una reducción del escrutinio parlamentario.

Excepciones en un verano de parón

Al margen de esta iniciativa, el único otro trabajo programado para julio es la ponencia para la mejora de la calidad democrática, que ha convocado una reunión el 6 de julio con las comparecencias del dirigente del PP Jan Echeverría, el periodista Miguel Ángel Idígoras y el sociólogo Imanol Zubero. El resto de la actividad parlamentaria quedará suspendida hasta la segunda mitad de septiembre, cuando está previsto el pleno de política general con el Lehendakari.

El hecho de que el Parlamento Vasco pueda habilitar julio para una ley estratégica no es inédito, pero sí excepcional. En 2023 ya se realizaron comparecencias en periodo estival para la ley de Vivienda, aunque en aquella ocasión el consenso con la oposición fue mayor. La actual coyuntura, con el Gobierno central negociando la transferencia de la Seguridad Social y el cierre del nuevo cupo, añade una capa de presión a la agenda institucional vasca.

Los servicios jurídicos de la Cámara tendrán que pronunciarse sobre la viabilidad técnica de las sesiones de julio, aunque la decisión política corresponde a la Mesa. La Junta de Portavoces del martes evaluará la propuesta y, previsiblemente, la habilitación saldrá adelante con los votos del PNV y del PSE-EE.

Sumar y PSOE aprueban en el Congreso la transferencia de la AP-9 a Galicia con el apoyo del BNG

Iñigo Larrea
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Sumar y PSOE aprueban en el Congreso la transferencia de la AP-9 a Galicia con el apoyo del BNG

El Grupo Parlamentario Sumar, junto al PSOE y el BNG, ha conseguido este jueves en el Congreso la aprobación de la ley que transfiere la titularidad y la gestión de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia. La proposición de ley orgánica sale adelante con los únicos votos en contra del PP y Vox, e inicia ahora su trámite en el Senado antes de que los detalles concretos del traspaso se negocien en una comisión bilateral.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Congreso ha dado luz verde a la ley que cede la AP-9 a Galicia, tanto en su gestión como en su titularidad.
  • ¿Quién interviene? PSOE, Sumar y BNG han pactado un texto ampliado que sustituye la propuesta inicial; PP y Vox han votado en contra.
  • ¿Qué importa? La norma marca un hito en la descentralización de infraestructuras y consolida una alianza entre Sumar y el nacionalismo gallego dentro de la coalición con el PSOE.

La transferencia de la AP-9: qué se aprueba y con qué apoyos

La proposición de ley, nacida del Parlamento de Galicia, da un salto cualitativo respecto a los borradores iniciales. Hace apenas unas semanas, el PSOE manejaba una enmienda que esquivaba la cuestión de la titularidad y se limitaba a ceder la gestión de la autopista. El acuerdo final entre socialistas, Sumar y el BNG amplía el alcance: la Xunta asumirá tanto las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión como la propiedad de la vía.

Los votos del PP y Vox se quedaron solos en contra, según ha confirmado el pleno del Congreso. Los grupos favorables defendieron la medida como una «reivindicación histórica». Sumar y el BNG fueron más allá y reclamaron abiertamente que la AP-9 pueda ser algún día libre de peajes. El diputado nacionalista Néstor Rego lo expresó con claridad: «Es solo una de las aspiraciones del pueblo gallego: la otra es ver una autopista libre de peajes, acabando de una vez con la discriminación de seguir pagando por una infraestructura ya amortizada».

El texto establece un reparto de responsabilidades financieras. El Estado mantendrá las obligaciones derivadas de decisiones tomadas mientras ostentaba la competencia, incluidas las revisiones de tarifas que de ellas se deriven. La comunidad autónoma, en cambio, asumirá íntegramente los costes de las modificaciones que promueva una vez efectivo el traspaso, desde nuevas tarifas hasta programas de descuento voluntarios de la concesionaria.

La dimensión interna: Sumar y el pragmatismo en la izquierda gallega

El respaldo de Sumar a la ley no es un gesto aislado, sino parte de un alineamiento profundo con las reivindicaciones del BNG que se remonta a la pasada legislatura. En Galicia, el referente de Sumar es Galicia en Común, la confluente que ha hecho del federalismo y la descentralización una de sus señas de identidad. La transferencia de la AP-9 conecta directamente con ese discurso y refuerza la cooperación entre Sumar y el nacionalismo gallego, un socio exterior a su coalición pero indispensable para cualquier mayoría progresista en la comunidad.

Para Sumar, el éxito de esta ley tiene un doble valor interno: demuestra que su espacio político es capaz de imponer un criterio propio al PSOE —la ampliación a la titularidad no figuraba en el plan inicial socialista— y al mismo tiempo consolida una alianza con el BNG que trasciende la mera coincidencia electoral. Si la reclamación de una AP-9 gratuita sigue viva, no es solo porque el BNG la mantiene en alto: Sumar la ha hecho suya en el debate parlamentario, según confirman fuentes del Grupo Parlamentario.

El acuerdo final sobre la AP-9 demuestra que cuando Sumar y el BNG caminan juntos, el PSOE no tiene más remedio que ampliar sus líneas rojas.

No todo es armónico, sin embargo. La inclusión de la titularidad ha incomodado al PP, que controla la Xunta, pero también ha reabierto el debate sobre hasta qué punto Sumar puede ceder competencias al gobierno autonómico sin renunciar a su propia voz en asuntos como los despidos de las subcontratas o las condiciones laborales de los trabajadores de la autopista. El equilibrio entre el apoyo a la descentralización y la defensa de los derechos laborales es una de las tensiones latentes que, de momento, se ha sorteado sin fisuras.

La Dinámica de Coalición

El recorrido de esta ley ilustra con nitidez cómo funcionan las mayorías en un gobierno de coalición cuando interviene un tercer actor externo. El PSOE, que en la Comisión Mixta de Transferencias hubiera preferido ceñirse a la gestión, se vio obligado a aceptar la titularidad para no quedarse solo frente a un Sumar y un BNG que compartían el mismo objetivo. Ese movimiento de pinza, lejos de ser una excepción, empieza a perfilarse como patrón: cada vez que Sumar alinea sus intereses con los de los nacionalismos periféricos, el margen de maniobra del PSOE se estrecha considerablemente.

El desenlace de la votación deja números concretos: todos los grupos del Gobierno más el BNG sumaron una mayoría holgada frente a PP y Vox. No se ha filtrado un desglose de los 31 escaños de Sumar, pero la ausencia de votos en contra dentro de su Grupo Parlamentario sugiere una disciplina interna que contrasta con los debates más agitados en otras proposiciones de ley. Sumar ha actuado con un solo pulmón esta vez, sin disidencias de sus confluentes. El siguiente hito será el Senado, donde la ley podría encontrar resistencias por parte de los populares, aunque la mayoría absoluta en el Congreso haría difícil un bloqueo definitivo. En paralelo, la comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central deberá fijar en los próximos meses las condiciones concretas del traspaso, incluido el espinoso régimen de tarifas. Aquí podría reabrirse un segundo pulso: si Sumar y BNG presionan de nuevo para eliminar los peajes, la coalición se verá forzada a medir el coste económico de una concesión aún no amortizada.

Ficha del Caso

  • El caso: El Congreso aprobó la ley orgánica que transfiere a la Xunta de Galicia la propiedad y la gestión de la AP-9, tras un pacto que amplió la propuesta inicial del PSOE para incluir la titularidad.
  • Datos importantes: PP y Vox votaron en contra; la ley pasa ahora al Senado. La competencia económica se reparte: el Estado asume las obligaciones previas al traspaso y la Xunta las que genere después. El BNG y Sumar reclaman además que la autopista sea gratuita.
  • Resumen: La AP-9 se convierte en el primer gran acuerdo en el que Sumar, gracias a su alianza con el BNG, modifica sustancialmente los términos fijados por el PSOE dentro de la coalición, ampliando las competencias autonómicas y abriendo la puerta a futuros debates sobre las peajes.

Verónica Martínez y Rosa Martínez formalizan candidatura conjunta para liderar Movimiento Sumar ante el congreso del 11 de julio

Iñigo Larrea
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Verónica Martínez y Rosa Martínez formalizan candidatura conjunta para liderar Movimiento Sumar ante el congreso del 11 de julio

Verónica Martínez, la portavoz parlamentaria de Sumar, y Rosa Martínez, secretaria de Estado y número dos del ministro Pablo Bustinduy, han formalizado su candidatura conjunta para liderar Movimiento Sumar en el congreso extraordinario del 11 de julio. Un movimiento que aspira a cerrar la crisis interna desatada por las acusaciones contra la actual coordinadora, Lara Hernández, y que deja fuera del foco a Yolanda Díaz, que ha optado por mantenerse al margen.

El anuncio llegó este viernes por la mañana, después de que el jueves se pospusiera por razones no aclaradas, y abre una semana decisiva: el plazo para presentar candidaturas vence el próximo martes. Hernández aún no ha confirmado si concurrirá, pero las fuentes cercanas a las Martínez dan por hecho que la confluencia de fuerzas críticas hará muy difícil que la actual coordinadora pueda revalidar su puesto.

El conflicto, sin embargo, llevaba tiempo cocinándose entre bambalinas, prácticamente desde que Yolanda Díaz nombró a Hernández y a Carlos Martín cocoordinadores del partido en marzo de 2024. La dimisión de Martín en agosto dejó a Hernández sola al frente de una organización que, desde entonces, ha ido acumulando tensiones soterradas.

La candidatura que agrupa a los críticos

La formalización de la candidatura de Verónica Martínez y Rosa Martínez es el corolario de un movimiento crítico que forzó en marzo la convocatoria de esta asamblea extraordinaria. El objetivo de las Martínez es ofrecer una dirección “de unidad” que integre a los sectores descontentos y a los cuadros territoriales, como la cocoordinadora andaluza Esperanza Gómez, cuya inclusión se da prácticamente por hecha.

Sin embargo, no está claro que la candidatura logre cerrar todas las heridas. Algunos de los más próximos a Hernández —los diputados Txema Guijarro o Manuel Lago, por poner dos ejemplos— podrían optar por no integrarse en la lista. La dirección de Movimiento Sumar se juega más que un nombre: en los próximos meses la formación negociará su encaje en la alianza Sumar junto a Más Madrid, Comuns e Izquierda Unida, y un partido dividido llega en peores condiciones a esa mesa.

La batalla por Movimiento Sumar no tiene nombre ideológico: es una lucha descarnada por el control de un partido que se encoge mientras negocia su lugar en la futura alianza electoral de izquierdas.

El incierto futuro de Lara Hernández

La actual coordinadora, Lara Hernández, afronta el congreso con un expediente disciplinario abierto por supuestos comportamientos inadecuados hacia trabajadores, una investigación que parte de la denuncia de seis altos dirigentes y que la secretaria de Organización, Laura Moreno, hizo pública el pasado 9 de junio. La propia carta de dimisión de Moreno acusaba además a Hernández de “fraude” en el proceso de votación para constituir Movimiento Sumar en la Comunitat Valenciana, lo que habría beneficiado a una candidatura afín a sus postulados.

Hernández niega rotundamente todas las acusaciones y fuentes de su entorno hablan de una “campaña de desprestigio”. Sostienen que la dirigente ni siquiera fue informada de la investigación por acoso y que el presunto fraude en Valencia fue en realidad un intento del sector crítico de manipular el censo con afiliaciones de última hora. Lo cierto es que el procedimiento sigue abierto y sin fecha de resolución, lo que beneficia a las Martínez al impedir que Hernández llegue al cónclave con una eventual exoneración.

La Dinámica de Coalición

La pugna interna de Movimiento Sumar se produce en un momento delicado para la coalición de gobierno y para el propio espacio de Sumar. El partido, el eslabón más débil de la alianza que forman también Más Madrid, los Comunes e IU, negocia su peso en las listas de las próximas elecciones generales. Una organización fracturada y sin liderazgo claro corre el riesgo de ver reducido aún más su margen de maniobra.

Las diferencias entre Hernández y las Martínez no son ideológicas —el documento político que aprobará el congreso se ha redactado sin sobresaltos— sino de quien controla el reparto de los cada vez más escasos puestos institucionales. Yolanda Díaz ha evitado posicionarse, quizá consciente de que cualquier intervención suya podría reavivar la guerra entre Podemos y Sumar y restarle autoridad en la coalición con el PSOE. El 11 de julio se sabrá si la candidatura de las Martínez logra pacificar el partido o si la fractura se enquista y lastra toda la arquitectura de la izquierda pluripartidista.

El precedente más cercano es la dimisión de Carlos Martín en agosto, que ya evidenció la fragilidad de la dirección bicéfala. Ahora, con un congreso forzado por los críticos y una investigación que salpica a la coordinadora, la renovación o la continuidad de la crisis se decidirán con los votos de una militancia que apenas supera los 7.000 afiliados, según datos internos.

Ficha del Caso

  • El caso: La candidatura conjunta de Verónica Martínez y Rosa Martínez busca relevar a Lara Hernández al frente de Movimiento Sumar, el partido fundado por Yolanda Díaz, en un congreso extraordinario que se celebra en medio de acusaciones graves contra la actual dirección.
  • Datos importantes: El congreso se celebra el 11 de julio. El plazo de candidaturas finaliza el martes 1 de julio. La investigación interna contra Hernández no tiene fecha de resolución. Movimiento Sumar cuenta con unos 7.000 afiliados y negocia su encaje en la futura coalición Sumar junto a Más Madrid, Comuns e IU.
  • Resumen: La lucha por el control del partido no es ideológica sino de poder, y el resultado del congreso determinará la capacidad de Movimiento Sumar para mantener peso en la alianza de izquierdas y en la coalición de gobierno con el PSOE.

CENTCOM lanza ataques contra Irán tras ataque con dron a petrolero panameño en el estrecho de Ormuz

Jack Williams
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CENTCOM lanza ataques contra Irán tras ataque con dron a petrolero panameño en el estrecho de Ormuz

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Estados Unidos ha bombardeado esta madrugada instalaciones militares en Irán como represalia por el ataque con dron de la Guardia Revolucionaria iraní al petrolero M/T Kiku en el estrecho de Ormuz. El barco transportaba más de dos millones de barriles de crudo.
  • ¿Quién está detrás? El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), bajo la autoridad del presidente Trump, que había advertido esta misma semana de que cualquier acción iraní que pusiera en peligro la libre navegación en el estrecho sería respondida con firmeza.
  • ¿Qué impacto tiene? La escalada dispara la tensión en una ruta por la que circula el 20% del crudo mundial y de la que dependen las refinerías españolas para casi el 60% de sus importaciones de petróleo. El precio del Brent ha subido un 3% en las primeras horas.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha lanzado este sábado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos militares en Irán después de que un dron de la Guardia Revolucionaria iraní alcanzara al petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, cuando transitaba cerca del estrecho de Ormuz con más de dos millones de barriles de crudo a bordo.

El ataque se produjo alrededor de las 4:30 de la madrugada, hora de la costa este de Estados Unidos. El buque, cargado con petróleo, fue alcanzado por un dron de ataque unidireccional. Dos días antes, la misma Guardia Revolucionaria había atacado al mercante M/V Ever Lovely, de bandera singapurense, con un proyectil que dañó el puente de mando sin causar víctimas.

La respuesta de CENTCOM no se hizo esperar. El viernes, aviones estadounidenses bombardearon almacenes de misiles y drones, así como posiciones de radar costeras iraníes. Pero Irán —según el comunicado del mando militar— “tuvo la oportunidad de respetar el alto el fuego y decidió no hacerlo”, lo que desencadenó una segunda ronda de ataques en la madrugada del sábado.

Los nuevos blancos incluyeron infraestructura de vigilancia, sistemas de comunicación, defensas aéreas, depósitos de drones y capacidad lanzaminas. La contundencia de la acción militar subraya la doctrina de la administración Trump: responder con fuerza inmediata a cualquier agresión que ponga en peligro las rutas comerciales marítimas.

La libertad de navegación en Ormuz no es negociable para Washington. Cada barril bloqueado es un desafío directo a la economía global, y España lo sentiría en sus surtidores.

El ataque al M/T Kiku y la respuesta de Washington

El M/T Kiku es un petrolero de gran calado que navegaba en las proximidades del estrecho de Ormuz, un paso de apenas 33 kilómetros de ancho por el que se mueve una quinta parte del tráfico mundial de crudo. **CENTCOM** detalló que el dron iraní impactó en el buque mientras transitaba en aguas internacionales, sin que se produjera un vertido significativo ni víctimas mortales, aunque los daños materiales obligaron a desviar la nave.

Las imágenes por satélite del Departamento de Defensa confirmaron que los ataques de represalia fueron quirúrgicos y se concentraron en en las instalaciones de vigilancia y comunicación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La operación, denominada ‘Operation Sentinel Shield’, movilizó cazas F-35 y bombarderos B-1 desde bases regionales, aunque el Pentágono no ha detallado el número exacto de salidas.

La arteria energética que mantiene en vilo a Europa

El estrecho de Ormuz es un punto de estrangulamiento geopolítico sin parangón. Según datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), **España importa aproximadamente el 60% de su petróleo de Oriente Medio** —principalmente desde Arabia Saudí, Irak y los Emiratos Árabes Unidos—, y la práctica totalidad de ese crudo transita por Ormuz antes de llegar a las refinerías de Repsol y Cepsa.

Cualquier bloqueo —incluso temporal— de la vía marítima dispararía la prima de riesgo logística, encareciendo el barril de crudo en los mercados internacionales. **Ya lo hemos visto en episodios anteriores**: la guerra entre Irán e Irak en los ochenta obligó a la marina estadounidense a escoltar petroleros kuwaitíes (Operación ‘Earnest Will’), y cada repunte de tensión en la zona se traduce en subidas del precio del Brent que pegan directamente en el bolsillo de los consumidores españoles.

Empresas españolas con intereses industriales en la región, como las ingenierías Técnicas Reunidas o Duro Felguera, siguen con atención la evolución del conflicto, aunque los contratos en curso se desarrollan mayoritariamente en países del Golfo no directamente implicados en las hostilidades.

La lógica de la Casa Blanca

**La administración Trump no improvisa.** La decisión de atacar Irán responde a una ecuación muy clara: salvaguardar la libertad de navegación en una de las arterias comerciales más importantes del mundo. El presidente estadounidense había marcado una línea roja explícita apenas tres días antes, cuando advirtió que cualquier intento de Teherán de imponer peajes o tasas a los buques en Ormuz sería contestado con contundencia. El ataque al M/T Kiku cruzó esa línea.

Esta postura tiene un anclaje histórico. **Ya en 1987, Ronald Reagan ordenó la Operación Earnest Will**, el reabanderamiento de once petroleros kuwaitíes bajo pabellón estadounidense para protegerlos de los ataques iraníes durante la guerra del Golfo. La doctrina entonces era la misma que hoy: una gran potencia no puede permitir que un actor hostil interrumpa los flujos energéticos globales sin pagar un coste. El electorado republicano apoya mayoritariamente este uso de la fuerza disuasoria, y los halcones del partido —con el secretario de Estado Marco Rubio a la cabeza— ven en la firmeza militar la mejor herramienta para que Irán regrese a la mesa de negociación.

Para España, el impacto es a corto plazo —precios de la gasolina y diésel en alza— pero también estratégico. **La seguridad energética europea depende de la capacidad de Washington** de mantener abierto Ormuz. Si el conflicto escala, la diversificación de suministros hacia el Atlántico o el Mediterráneo oriental se vuelve urgente, pero ese proceso lleva años. Mientras tanto, la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU —prevista para el lunes 30 de junio— será el siguiente termómetro diplomático. La Casa Blanca ha filtrado que no busca una guerra total, pero tampoco permitirá que Irán cierre el grifo del petróleo.

Ficha del Caso

  • El caso: Una escalada militar con trasfondo energético. Irán atacó un petrolero de bandera panameña en el estrecho de Ormuz y Estados Unidos respondió bombardeando objetivos de la Guardia Revolucionaria. El presidente Trump condicionó cualquier alto el fuego al cese de las hostilidades contra la navegación comercial.
  • Datos clave: Más de 2 millones de barriles de crudo a bordo; subida del 3% del Brent en las primeras horas; España importa el 60% de su petróleo de Oriente Medio; la operación militar estadounidense ha sido bautizada como ‘Operation Sentinel Shield’.
  • Para España: La tensión en Ormuz encarece de inmediato la factura energética de los hogares y las empresas españolas. A medio plazo, acelera la necesidad de diversificar las fuentes de suministro y refuerza la dependencia de Europa de la protección militar estadounidense en una región cada vez más volátil.

La renuncia de Manuel Adorni en Argentina: el escándalo patrimonial que alerta a los inversores españoles

Amparo Soler
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La renuncia de Manuel Adorni en Argentina: el escándalo patrimonial que alerta a los inversores españoles

Un portazo en la Casa Rosada que no se oye en Madrid, pero que sí se siente. Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, presentó su renuncia este sábado 27 de junio de 2026 tras tres meses de escándalo patrimonial, y la noticia pone en guardia a los inversores españoles con intereses en Argentina.

Nivel de impacto para España: 8/10. La inestabilidad política argentina suele repercutir en las empresas españolas con exposición al país, como el sector energético, financiero y de telecomunicaciones, que emplean a decenas de miles de trabajadores y mueven millones de euros en inversiones.

¿Qué ha pasado con Manuel Adorni?

La renuncia llegó después de casi cuatro meses de filtraciones. Adorni fue investigado por enriquecimiento ilícito tras un incremento patrimonial notable desde su ingreso al gobierno. La semana pasada, el diario La Nación reveló que había comprado aparatos para videojuegos por casi seis millones de pesos (más del doble de su sueldo bruto) con tarjetas de crédito de dos subordinados. Justo en pleno Mundial de fútbol, el funcionario presentó su declaración jurada y horas después anunció su salida, en un movimiento calculado para diluir el impacto mediático.

La carta de dimisión, publicada en su cuenta de Twitter, fue un catálogo de agravios contra la prensa. En ella, Adorni enumeró las «mentiras» que dijo haber sufrido –desde viajes inexistentes hasta sociedades en Uruguay– y denunció un «hostigamiento mediático» contra su familia. Negó cualquier delito sin asomo de autocrítica y elogió sin fisuras a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y pieza clave del entorno presidencial. Milei, que hasta el viernes por la mañana había descartado echarlo mientras no hubiera condena judicial, terminó por aceptar la dimisión el sábado. El relevo recaerá en el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque el nombramiento no es aún oficial.

¿Por qué este terremoto político salpica a las empresas españolas?

Para los inversores españoles, el caso Adorni no es solo un culebrón político. Argentina es un mercado relevante para grandes firmas como Telefónica, Banco Santander, Repsol o Mapfre, que llevan décadas operando en el país. Telefónica, por ejemplo, tiene más de 20 millones de clientes móviles en Argentina, y el Santander es el mayor banco privado. La parálisis legislativa que provocó la permanencia del jefe de Gabinete ya se cobró una factura: el oficialismo no pudo aprobar la ley de propiedad privada en el Senado porque la oposición iba a usarla para interpelar y censurar a Adorni. Esta incapacidad de avanzar en reformas económicas que den certidumbre a los capitales extranjeros –justo cuando el gobierno de Milei intenta atraer inversiones– enciende las alarmas en los consejos de administración españoles.

La historia argentina enseña que el ruido político interno a menudo antecede a controles de capital, renegociaciones forzosas o defaults selectivos. Con la inflación argentina todavía en dos dígitos mensuales y un acuerdo con el FMI pendiente de renovación, cualquier señal de debilidad institucional puede disparar la prima de riesgo país y encarecer la financiación para las filiales de las multinacionales españolas.

Mantener a un jefe de Gabinete salpicado por la corrupción bloqueó la agenda legislativa durante semanas y expuso al Gobierno argentino a una paralisis política que los inversores no perdonan.

Lecciones de la historia: cuando las crisis argentinas golpean a España

Hace poco más de dos décadas, el corralito de 2001 provocó pérdidas millonarias a los bancos españoles, que habían apostado fuerte por el país. En 2012, la expropiación de YPF a Repsol costó a la empresa española unos 5.000 millones de dólares en compensaciones. Aunque el contexto actual es distinto –Milei profesa un liberalismo económico radical–, la experiencia indica que los escándalos de corrupción no controlados corroen la gobernabilidad y pueden dar pie a salidas de capital o a un endurecimiento regulatorio que afecte a las empresas extranjeras.

Con la crisis de credibilidad que ha dejado la salida de Adorni, el Gobierno argentino deberá demostrar que la lucha contra la corrupción no es selectiva si quiere conservar la confianza de los inversores españoles, que en conjunto tienen comprometidos más de 15.000 millones de euros en el país, según datos del ICEX. La designación de Santilli, un político con perfil más técnico, puede ser una señal de estabilidad, pero los analistas consultados coinciden en que la clave estará en si el Ejecutivo recupera la iniciativa legislativa y acelera las reformas promercado. Los próximos meses serán decisivos para ver si este episodio se convierte en un punto de inflexión o en un nuevo capítulo de volatilidad que lastre las cuentas de resultados de las compañías españolas en Argentina.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Manuel Adorni dimitió como jefe de Gabinete de Argentina tras revelarse un incremento patrimonial sospechoso y gastos con tarjetas de subordinados, lo que bloqueó la agenda gubernamental.
  • Datos importantes: La compra de videojuegos con tarjetas de otros funcionarios ascendió a 5,8 millones de pesos argentinos. Su salida desbloquea la posibilidad de aprobar leyes clave para los inversores.
  • Resumen: La crisis de confianza institucional que provocó la dimisión de Adorni amenaza con enfriar la llegada de capital español y obliga a las empresas a extremar la cautela en un mercado históricamente volátil.

EE.UU. impulsa un ‘nuevo internet’ con el proyecto Infraco para desafiar a China y redefinir la gobernanza digital

Jack Williams
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EE.UU. impulsa un ‘nuevo internet’ con el proyecto Infraco para desafiar a China y redefinir la gobernanza digital

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La organización Infraco se reunirá la próxima semana con el Departamento de Transporte para proponer la Ley de la Superautopista Digital de Trump: un plan de 125.000 millones de dólares para construir una internet doméstica de fibra óptica, separada de la red pública.
  • ¿Quién está detrás? Impulsado por Neo Network Development LLC y respaldado por el ala más nacionalista de la administración Trump, el proyecto involucraría a los Departamentos de Defensa, Estado, Comercio y Energía, bajo la supervisión de la Casa Blanca.
  • ¿Qué impacto tiene? La iniciativa refuerza la ciberseguridad estadounidense, pero fragmenta la gobernanza de la red global. La UE y España se enfrentan a un nuevo dilema: alinearse con el modelo abierto actual o desarrollar su propia internet soberana.

Una organización sin ánimo de lucro llamada Infraco se reunirá la próxima semana con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para presentar un plan de 125.000 millones de dólares que aspira a construir una internet doméstica de fibra óptica, separada de la red pública global. El proyecto, bautizado como National Broadband Master Plan, se ampara en la propuesta legislativa del presidente Donald Trump bautizada como President Donald J. Trump Digital Security and Information Superhighway Act, y busca blindar las comunicaciones militares, de inteligencia y gubernamentales frente a ciberataques extranjeros.

La lógica es clara: el internet abierto se ha convertido en una vulnerabilidad estratégica. Vince Aragona, fundador de la empresa matriz de Infraco, lo resumió así: “Tenemos prácticamente todo conectado a la internet pública. Eso incluye a 195 países y 5.600 millones de personas; cualquiera de ellas, con un portátil y una buena conexión, podría atacarnos desde cualquier lugar del planeta”.

Una internet solo para Estados Unidos

La columna vertebral de Infraco sería una red de conductos y cables de fibra óptica oscura (instalada pero no activada, lista para su uso exclusivo) que discurriría a lo largo de de los interstate highways, las autopistas interestatales que cruzan el país. La idea es crear un circuito cerrado —una suerte de “internet alternativa”, en palabras de Aragona— al que solo tendrían acceso las agencias federales, las fuerzas armadas y, previo pago de un alquiler, los grandes operadores tecnológicos estadounidenses como Microsoft, Google o Amazon.

El diseño recuerda al modelo de la Reserva Federal: una entidad de titularidad pública que se financia con ingresos generados por los servicios que presta, sin depender de asignaciones presupuestarias anuales. “No estamos pidiendo a los contribuyentes que paguen esto”, explicó Bradford Higgins, ex director financiero del Departamento de Estado y presidente del consejo de Neo Network. “Si los gigantes tecnológicos pagan un alquiler, el sistema se vuelve autosuficiente”.

El espejo de Pekín: 25 años de ventaja china

La urgencia del proyecto solo se entiende al mirar hacia China. Según un informe de 2025 de la Comisión de Seguridad y Revisión Económica EE.UU.-China, Pekín completó en 2017 una red troncal de comunicación cuántica segura de 2.000 kilómetros y la amplió posteriormente hasta los 10.000 kilómetros, cubriendo 17 provincias y 80 ciudades. Estados Unidos carece de una infraestructura equivalente porque durante décadas delegó en el sector privado, que operaba con criterios de rentabilidad y no de seguridad nacional.

“Los chinos construyeron su propia internet segura, un sistema de fibra óptica blindado, a lo largo de los últimos 25 años”, subrayó Higgins. “Nosotros dejamos que lo hiciera el sector privado. Hay cosas que son inherentemente gubernamentales”. La evaluación anual de amenazas de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) para 2026 advierte de que actores cibernéticos de China, Rusia, Irán y Corea del Norte mantienen la capacidad de “preposicionarse y ejecutar ataques disruptivos contra la infraestructura crítica” estadounidense.

El internet abierto ya no se percibe en Washington como una herramienta de comunicación, sino como el principal vector de amenaza contra la seguridad nacional.

La Lógica de Washington

Para entender el proyecto Infraco hay que remontarse a 1956, cuando el presidente Dwight Eisenhower firmó la Ley de Autopistas de Defensa Nacional, un plan mastodóntico de 25.000 millones de dólares que cubrió el país de carreteras diseñadas para mover tropas y equipos militares en caso de guerra. La soberanía digital es, para el nacionalismo económico de Trump, lo que la movilidad estratégica fue para la Guerra Fría.

Desde esta óptica, no se trata de aislar a Estados Unidos de la red global, sino de garantizar que sus comunicaciones más sensibles no dependan de una infraestructura vulnerable. “Sabemos desde hace 25 años que si China nos atacara, lo primero que haría sería cortar nuestras comunicaciones y sistemas eléctricos”, advirtió Higgins. La propuesta de Infraco canaliza esa desconfianza hacia una solución técnica que, además, evita cargar el coste sobre el presupuesto federal.

Para España y la Unión Europea, el movimiento obliga a una reflexión incómoda. Si Washington y Pekín consolidan sus respectivos internet soberanos, la red dejará de ser un espacio único y abierto para convertirse en un archipiélago de fortalezas digitales. Las exportaciones españolas de servicios tecnológicos (14.500 millones de euros en 2025, según el ICEX) dependen de la interoperabilidad global. Una fragmentación de la gobernanza de internet podría forzar a Telefónica, Indra o los centros de datos instalados en la península a elegir entre estándares incompatibles.

La próxima reunión con el Departamento de Transporte es solo el primer paso. El plan de cinco años requeriría legislación en el Congreso y la participación de al menos siete departamentos federales. Pero el mensaje ya está sobre la mesa: la era de la internet ingenua ha terminado.

Ficha del Caso

  • El caso: Infraco propone construir una red de fibra óptica paralela a la internet pública para proteger las comunicaciones estratégicas de Estados Unidos frente a ciberataques, replicando la estrategia china.
  • Datos clave: Coste estimado de 125.000 millones de dólares, financiado vía asociación público-privada con ingresos por alquiler a grandes tecnológicas; China completó su red segura de 10.000 km en 2017; el plan se implementaría en cinco años.
  • Para España: La fragmentación de la red global amenaza la interoperabilidad de los servicios digitales españoles y obliga a la UE a decidir si construye su propia internet soberana o se alinea con uno de los dos bloques.

La Xunta subvenciona los albergues del Camino con 27 euros por peregrino y el Consello de Contas critica el modelo

Anxo Seoane
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La Xunta subvenciona los albergues del Camino con 27 euros por peregrino y el Consello de Contas critica el modelo

La Xunta subvenciona los albergues del Camino con 27 euros por peregrino y el Consello de Contas critica el modelo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consello de Contas ha revelado que la red pública de albergues del Camino cuesta a las arcas gallegas 27 euros de media por peregrino y noche, con picos de 900 euros. La Xunta, mientras, promociona un proyecto de reciclaje textil.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno gallego del PPdeG, con Alfonso Rueda al frente, defiende las cifras récord de peregrinos, pese al informe del órgano fiscalizador autonómico.
  • ¿Qué impacto tiene? El modelo turístico del Camino, basado en la afluencia masiva, se muestra deficitario para las finanzas gallegas, justo cuando el PP nacional lo utiliza como referente de éxito económico.

El Consello de Contas de Galicia (el órgano fiscalizador de las cuentas públicas autonómicas) ha puesto cifras a un debate incómodo: cada peregrino que duerme en la red pública de albergues del Camino de Santiago recibe una subvención implícita de 27 euros por noche. En los casos más extremos, el coste para la hacienda gallega se dispara hasta los 900 euros por noche y establecimiento.

El dato apareció en un informe publicado el año pasado, pero ha recuperado actualidad al contrastar con la última iniciativa de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela). En marzo, el ejecutivo que preside Alfonso Rueda presentó un proyecto pionero de economía circular para reciclar sábanas, ropa vieja y botas abandonadas en los albergues públicos. Una filial de Clece será la encargada de recolectar los residuos textiles y transformarlos en nuevos productos, desde hilo para sábanas hasta souvenirs impresos en 3D.

La paradoja es evidente. Mientras se reciclan sábanas raídas, el propio Consello de Contas advertía de que el modelo de gestión de estos albergues es más que deficitario. Los gallegos están subvencionando con sus impuestos las pernoctaciones de visitantes, en una región donde las cifras récord de turismo se celebran como un éxito sin matices. El presidente Rueda y los portavoces de la Xunta insisten en las ‘cifras récord’ de peregrinos —el pasado año se rozaron los dos millones—, pero rara vez mencionan el coste que esa avalancha tiene para las cuentas autonómicas.

El proyecto de reciclaje, bautizado como “economía circular”, es un ejemplo más de una política que prima la imagen sobre la sostenibilidad fiscal. Transformar una saba usada en una reproducción impresa en 3D de un miliario del Camino puede ser un gesto de conciencia ecológica, pero no resuelve el problema de fondo: el turismo masivo en el Camino cuesta más de lo que ingresa directamente la administración. El tercer principio de la economía circular, reducir, queda sepultado bajo la obsesión por el crecimiento infinito de visitantes.

La red pública de albergues es un sumidero de recursos en un modelo que presume de récords pero esquiva las cuentas reales.

Las cifras que cuestionan el éxito turístico

Según el informe del órgano fiscalizador, la Xunta paga una media de 27 euros por cada noche de peregrino en los albergues de titularidad pública. En algunos establecimientos de localidades con menor afluencia, el coste por pernoctación supera los 900 euros. Estos datos chocan con el relato oficial del Gobierno gallego, que desde hace años vincula el desarrollo económico de Galicia al tirón del Camino de Santiago.

De hecho, la estrategia turística del PPdeG ha consistido en batir marcas año tras año, promocionando eventos masivos, festivales de verano y el propio Año Santo. El informe del Consello de Contas (la institución encargada de fiscalizar los fondos públicos de la comunidad) añade una advertencia nítida: la situación es insostenible , y el déficit se agravará si se mantiene la presión de visitantes sin ajustar los modelos de financiación.

Reciclaje textil: gesto verde con cuentas rojas

La iniciativa de reciclar sábanas y restos de peregrinos se presentó como un hito medioambiental. Una filial de Clece —empresa vinculada a la órbita del PP— se encarga de la logística, y otra compañía transformará los residuos en nuevos materiales. Sin embargo, el proyecto no aborda el desequilibrio estructural que supone mantener abierta una red de albergues que, con las tarifas actuales, no se autofinancia.

El gasto que la Xunta dedica a estos albergues se suma a las ‘paguitas’ —como las califican voces críticas— a fondos de inversión que organizan macrofestivales en verano, utilizados como reclamo turístico. La pregunta es si Galicia vive del turismo o es el turismo el que vive de Galicia, como apuntaba la columna original que desveló estos números. El debate trasciende a la comunidad: en toda España se repite el dilema entre celebrar la llegada masiva de visitantes y asumir sus costes ocultos.

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva años funcionando como un laboratorio político cuyas experiencias tienden a replicarse a escala nacional. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, y Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, comparten un discurso que vincula prosperidad con turismo récord. El modelo gallego de promoción turística, basado en grandes cifras y eventos masivos, se ofrece a menudo como ejemplo de gestión exitosa. Sin embargo, el varapalo del Consello de Contas introduce una grieta en ese relato.

La lectura nacional es clara: mientras el PP celebra cada nuevo máximo de visitantes en España, los órganos de control autonómicos empiezan a señalar que el crecimiento sin control esconde déficits insostenibles. El caso gallego, con albergues que cuestan 900 euros por noche al erario público, podría ser un anticipo de las tensiones fiscales que el turismo masivo generará en otros territorios. No es casualidad que Feijóo cite a Galicia cuando propone políticas de dinamización económica para el conjunto del país; lo que sucede en el Camino puede ser un espejo de lo que se avecina en costas y ciudades turísticas.

De cara al futuro inmediato, la Xunta deberá decidir si mantiene la apuesta por las cifras récord —con el consiguiente incremento del gasto público en albergues— o si escucha las advertencias de su propio Consello de Contas. El próximo debate en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa autonómica, con 75 deputados) sobre el plan turístico trienal será un termómetro de la voluntad política de topar el déficit. Mientras tanto, los peregrinos siguen llegando y las sábanas se reciclan.

Ficha del Caso

  • El caso: La red de albergues públicos del Camino de Santiago acumula un déficit que el Consello de Contas cifra en 27 euros por peregrino y noche, con picos de 900 euros. La Xunta del PPdeG lanza un proyecto de reciclaje textil mientras elude el debate sobre la sostenibilidad del modelo.
  • Datos importantes: Informe del Consello de Contas de 2025; proyecto de economía circular presentado en marzo de 2026 con participación de Clece; coste medio de 27 €/peregrino; picos de 900 €/noche en algunos albergues. Tarifas públicas insuficientes para cubrir gastos.
  • Resumen: La apuesta por el turismo masivo en el Camino muestra sus límites fiscales, mientras el PPdeG celebra récords de afluencia. A nivel nacional, el modelo gallego que defiende Feijóo comienza a ser cuestionado por los órganos de control que advierten de déficits ocultos.

Terremoto Venezuela: ayuda internacional de España ante la crisis humanitaria que lidera EE.UU.

Amparo Soler
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Terremoto Venezuela: ayuda internacional de España ante la crisis humanitaria que lidera EE.UU.

Más de 1.400 muertos y 70.000 desaparecidos. Esa es la realidad que ha golpeado a Venezuela esta semana tras dos terremotos consecutivos. España ha activado de inmediato su maquinaria humanitaria, con la Unidad Militar de Emergencias (UME) como punta de lanza y las grandes empresas españolas —Repsol, BBVA y Telefónica— aportando logística, personal y capacidad financiera sobre el terreno.

La cifra de víctimas sigue siendo provisional, pero la magnitud del desastre ya ha convertido esta emergencia en la mayor prueba para la nueva política estadounidense en el hemisferio occidental. Y en el centro de esa respuesta, el papel español se dibuja como un puente entre la asistencia de Washington y una presencia económica que lleva décadas arraigada en el país caribeño.

La dimensión de la tragedia y la respuesta de Washington

Los dos seísmos, registrados el pasado 25 de junio, devastaron amplias zonas del centro y el occidente venezolano. Según los datos recabados por The Guardian, el número de fallecidos supera los 1.400 y se manejan cifras de hasta 70.000 desaparecidos, mientras los hospitales colapsan y las comunicaciones siguen interrumpidas en varias regiones.

Estados Unidos no ha tardado en reaccionar. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la respuesta de “grande, rápida y efectiva” y desplegó tres equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, además de anunciar un fondo de asistencia de 150 millones de dólares. Un exresponsable de ayuda en desastres citado por el diario británico señaló que se trata de la mayor cantidad movilizada en las primeras 24 horas de una catástrofe.

El dispositivo español: de la UME a las multinacionales

La UME ya ha enviado un contingente con perros de rescate, equipos de localización y material sanitario. No es la primera vez que la unidad militar actúa en América Latina: su experiencia en el terremoto de Haití de 2010 o en el huracán Mitch de 1998 avala un despliegue que ahora se coordina con las autoridades locales y los equipos estadounidenses.

Pero el alcance de la ayuda española va más allá de lo militar. Repsol, con importantes activos de exploración y producción en el país, ha puesto a disposición su infraestructura logística y sus helicópteros para llegar a zonas aisladas. BBVA, a través de su filial venezolana, facilita la canalización de donaciones y la liquidez de emergencia, mientras que Telefónica intenta restablecer las redes de comunicación en las áreas afectadas.

La respuesta española moviliza tanto al cuerpo militar de emergencias como a las multinacionales que sostienen miles de empleos en el país caribeño.

UME Venezuela rescate

Un precedente que explica el alcance de la misión

Para entender por qué esta operación humanitaria tiene una dimensión geopolítica tan marcada conviene recordar que, en enero de 2026, una operación de fuerzas especiales estadounidenses depuso al líder autoritario Nicolás Maduro y colocó a Venezuela en la órbita de los aliados de Washington. Desde entonces, la administración Trump busca consolidar una nueva relación hemisférica, y la respuesta al desastre funciona como un termómetro de ese compromiso.

España, que mantuvo durante años un delicado equilibrio diplomático con Caracas sin romper del todo los lazos económicos, encuentra en esta emergencia una oportunidad para reforzar su imagen de socio fiable. Las empresas del IBEX 35 con intereses en el país caribeño —Repsol emplea a más de 2.000 personas en sus operaciones venezolanas— pueden desempeñar un papel estabilizador que beneficie tanto a la población como a la reconstrucción del tejido productivo.

La catástrofe también recuerda a otros episodios en los que la cooperación hispano-estadounidense fue clave, como el terremoto de Haití de 2010, cuando la UME trabajó codo con codo con los equipos norteamericanos. Aquella experiencia dejó un aprendizaje que ahora se aplica en Venezuela: la rapidez de la respuesta militar combinada con la capilaridad de las redes empresariales puede salvar miles de vidas y, de paso, reforzar la posición de España en una región en plena reconfiguración.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Los terremotos gemelos del 25 de junio de 2026 en Venezuela causan más de 1.400 víctimas mortales y 70.000 desaparecidos. Estados Unidos lidera la respuesta internacional con un fondo de 150 millones de dólares y equipos de rescate.
  • Datos importantes: España envía a la UME y coordina la ayuda a través de empresas como Repsol, BBVA y Telefónica, que cuentan con fuerte implantación y miles de empleados en el país.
  • Resumen: La catástrofe consolida el giro estratégico de Washington tras la caída de Maduro y ofrece a España un espacio para reforzar su papel como socio humanitario y económico en la región.

Desahucio masivo en Guía (Gran Canaria): 50 personas, incluidos menores, serán desalojadas el 30 de junio sin alternativa

Marta Iglesias
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Desahucio masivo en Guía (Gran Canaria): 50 personas, incluidos menores, serán desalojadas el 30 de junio sin alternativa

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? 50 personas, entre ellas menores, serán desahuciadas el 30 de junio en el poblado de Becerril de Guía (Gran Canaria) sin que el Ayuntamiento haya garantizado una alternativa habitacional.
  • ¿Quién está detrás? La empresa platanera Félix Santiago Melián ejecuta el lanzamiento tras un proceso judicial. El Ayuntamiento de Santa María de Guía, que tiene empadronadas a 79 personas en el asentamiento, no ha presentado informes de vulnerabilidad.
  • ¿Qué impacto tiene? Las familias quedarán en la calle; los menores podrían ser derivados a centros de menores. El caso evidencia la falta de recursos municipales y la presión migratoria en Canarias.

El 30 de junio, 50 personas —con menores— serán desahuciadas en Guía, Gran Canaria, sin alternativa habitacional del Ayuntamiento.

Un desahucio anunciado y sin red de protección

La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa María de Guía fijó la fecha del lanzamiento para el 30 de junio a las 10:00 horas. Desde diciembre de 2024, el consistorio conocía que la empresa Félix Santiago Melián SL reclamaba la recuperación de la finca de Mr. Leacock, en el barrio de Becerril. El Ayuntamiento ha empadronado al menos a 79 personas, pero no ha conseguido articular una salida habitacional.

En una reunión celebrada el 25 de junio, el concejal de Servicios Sociales, Alejandro Rivero Díaz, acompañado de trabajadoras sociales, la Policía Local y la Guardia Civil, comunicó a las cuatro familias con menores que “no hay nada para ellos”. También les advirtió de que los niños “no pueden estar en la calle o se los llevarán a un centro de menores”. Una amenaza que los afectados interpretaron como una presión para abandonar el lugar sin resistencia.

El desahucio se ha ido aplazando desde octubre de 2025 porque el juzgado requería informes de vulnerabilidad social. El último requerimiento data de marzo de 2026. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha detallado cuántos informes ha remitido, limitándose a afirmar que “ha colaborado en todo momento” con la justicia. La abogada de uno de los afectados presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria alegando que el auto carece de valoración de la vulnerabilidad.

La reacción institucional: entre la colaboración y la inacción

El 9 de abril, la Junta de Gobierno Local declaró una “situación de riesgo social y sanitario” y solicitó apoyo urgente al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y a la Delegación del Gobierno. La petición se reiteró a finales de abril y a Cruz Roja, pero hasta el pasado jueves la respuesta fue insuficiente. El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, llegó a convocar a la empresa pública de vivienda social VISOCAN, que finalmente no participó en la última reunión interinstitucional.

Mientras tanto, muchos de los ocupantes han ido abandonando la finca por miedo al lanzamiento. De las 200 personas que refería el alcalde en abril, hoy quedan medio centenar. Las que permanecen no saben dónde dormirán el martes y planean concentrarse frente al Ayuntamiento.

Medio centenar de personas quedan a merced de un desahucio sin red de protección, con el riesgo real de que los menores acaben en centros de acogida.

El Pulso Territorial

Canarias arrastra una emergencia habitacional crónica. El archipiélago carece de un parque público suficiente y sufre una presión demográfica añadida por la inmigración y el turismo. El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), en coalición con el PP, ha prometido ampliar la oferta de vivienda social, pero los avances son lentos. Este desahucio masivo es un síntoma de un problema que se repite en otras islas: en Baleares, por ejemplo, la saturación habitacional también ha derivado en conflictos similares.

El caso de Guía expone la fragilidad de los servicios sociales municipales. Con solo cinco trabajadoras sociales para una población de 14.000 habitantes, el Ayuntamiento reconoce que carece de de recursos propios para abordar emergencias de este calibre. La colaboración interinstitucional solicitada en abril apenas ha dado frutos, y la amenaza de derivar a los menores a centros de acogida añade un componente traumático que tensiona aún más la respuesta institucional.

De cara al 30 de junio, el desenlace sigue abierto. El recurso de apelación podría suspender el lanzamiento si la Audiencia Provincial aprecia defectos en la valoración de la vulnerabilidad. Pero si el desahucio se ejecuta, la imagen de familias durmiendo en la calle pondrá a prueba la capacidad de reacción del Gobierno canario y del Cabildo. La pregunta no es solo si hay sitio en los albergues, sino si alguien asumirá la responsabilidad política de haber llegado a este punto.

Ficha Autonómica

  • El caso: Desahucio masivo en la finca de Mr. Leacock, en Becerril de Guía (Gran Canaria), afecta a 50 personas empadronadas, entre ellas menores de edad. Se produce por reclamación del propietario, el grupo platanero Félix Santiago Melián.
  • Datos importantes: Fecha de lanzamiento: 30 de junio de 2026. 79 personas empadronadas, 50 aún residen. Inversión del plan concertado municipal en servicios sociales: 4.416,98 euros inferior a la del año anterior. Cinco trabajadoras sociales para todo el municipio.
  • Resumen: Sin alternativa habitacional municipal, las familias quedarán en la calle. Existe un recurso de apelación que podría frenar el desalojo, pero no hay garantías. El caso refleja la crisis de vivienda en Canarias y la insuficiente coordinación institucional.

La Entidad Metropolitana de Residuos indemniza con 4,9 millones a la UTE que pagó mordidas al cuñado de Rita Barberá

Amparo Soler
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La Entidad Metropolitana de Residuos indemniza con 4,9 millones a la UTE que pagó mordidas al cuñado de Rita Barberá

La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) ha indemnizado con 4,9 millones de euros a la UTE Los Hornillos, la misma empresa que pagó supuestas comisiones al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, tras una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Emtre pagará 4,9 millones a la UTE de la planta de Los Hornillos por las toneladas de basura no tratadas, según sentencia firme del TSJCV.
  • ¿Quién está detrás? La UTE que gestiona la planta de basuras del área metropolitana de Valencia, la misma investigada en el caso Azud por pagar mordidas al abogado Josep Corbín, cuñado de Rita Barberá.
  • ¿Qué impacto tiene? El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por María José Catalá (PP), asume 2,4 millones de esa factura; otros 29 municipios pagarán el resto según las toneladas de residuos que generan.

La sentencia, notificada el pasado 7 de abril y de ejecución forzosa, obliga a la Emtre (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, el ente público que agrupa a una treintena de ayuntamientos del área metropolitana) a compensar a la concesionaria por el incumplimiento de la cifra pactada: 400.000 toneladas anuales de residuos. La sala de lo contencioso rechazó la nueva fórmula de cálculo propuesta por la entidad y avaló la indemnización por daños y perjuicios que ahora se ejecuta.

La asamblea de la Emtre, reunida el pasado 15 de mayo, acordó el reparto del pago. La mitad de la indemnización la asumirá el Ayuntamiento de Valencia, con 2,4 millones de euros, mientras que el resto se distribuye entre localidades como Torrent (299.317 euros), la Mancomunitat de l’Horta Nord (274.098), Paterna (256.468), Manises (110.291) o Burjassot (106.294), entre otras. El concejal de Limpieza de Valencia, Carlos Mundina, reconoció en un escrito interno la “imposibilidad” de demorar el crédito extraordinario.

Una UTE con sombras judiciales y un ahorro millonario previo

La UTE Los Hornillos, formada inicialmente por Sufi SA, Cyes y Corporación F. Turia SA y hoy por Valoriza Servicios Medioambientales SA y Corporación F. Turia SA, está en el foco del ‘caso Azud’. La Intervención General del Estado detectó presuntas irregularidades en la adjudicación de la planta, y la justicia investiga el pago de comisiones ilegales de hasta 2,4 millones al abogado Josep Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá. Al mismo tiempo, la mercantil logró en otro litigio con la Emtre un ahorro de 7,4 millones de euros al tumbar la revisión de precios de la concesión, que expira en 2030.

El abono de esta indemnización llega en un momento incómodo para el consistorio valenciano. El gobierno de María José Catalá, que heredó las riendas de una ciudad marcada por la corrupción de la etapa Barberá, ve cómo un órgano judicial obliga a pagar a la misma UTE que salpica la imagen de los populares. Pese a tratarse de un litigio mercantil, el trasfondo del ‘caso Azud’ convierte el pago en un símbolo.

Se indemniza con fondos públicos a quienes presuntamente compraban favores políticos, y el eco del ‘caso Azud’ aún resuena en cada esquina de la ciudad.

El Escenario Valenciano

La operación pone al PP valenciano ante el espejo de su pasado más incómodo. Mientras el partido de Carlos Mazón gobierna la Generalitat con el apoyo de Vox, el Ayuntamiento de la capital —controlado por los populares— afronta un desembolso millonario que engorda las arcas de una empresa investigada. Fuentes de la oposición municipal (PSPV y Compromís) cuestionan ya la gestión de los contratos de basuras y piden explicaciones en el pleno.

En clave nacional, la sombra de la corrupción en Valencia sigue pesando sobre el Partido Popular. Aunque Génova ha cerrado filas con Catalá, el ‘caso Azud’ aún colea en los juzgados y este tipo de resoluciones —técnicamente legales pero éticamente polémicas— reavivan las dudas sobre la regeneración que el PP prometió tras la etapa de Rita Barberá. La contradicción es evidente: se indemniza con fondos públicos a quienes presuntamente compraban favores políticos.

La concesión de Los Hornillos se mantendrá activa hasta 2030. El calendario judicial del ‘caso Azud’ marcará los próximos pasos. Por ahora, 2,4 millones saldrán del bolsillo de los valencianos.

Ficha del Caso

  • El caso: El TSJCV obliga a la Emtre a indemnizar con 4,9 millones a la UTE Los Hornillos por incumplir las toneladas de basura pactadas. La empresa está investigada por pagar comisiones al entorno de Rita Barberá.
  • Datos importantes: Ayuntamiento de Valencia asume 2,4 millones; el resto se reparte entre 29 municipios. La UTE ya ahorró 7,4 millones en otro pleito.
  • Resumen: Una sentencia firme obliga a un pago millonario con fondos públicos a una empresa señalada por corrupción, lo que reabre el debate sobre la herencia del ‘caso Azud’ en el PP valenciano.
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