España quiere prohibir las redes sociales a menores de 16: así avanza también la ley en Francia

Las redes sociales van a tener que cambiar sus reglas de acceso en España si el Congreso aprueba la propuesta que anunció Pedro Sánchez. La medida busca que ningún menor de 16 años pueda abrirse una cuenta sin que la plataforma verifique de verdad su edad, no con un simple clic en una fecha de nacimiento.

No es una idea aislada. Francia lleva meses tramitando su propia versión de la ley, con el umbral en 15 años, y Australia ya la aplica desde diciembre. La diferencia es que en España y Francia todavía no hay nada en vigor: ambos países negocian los detalles mientras el reloj corre.

Redes sociales: qué ha propuesto exactamente España

Pedro Sánchez lo anunció durante su intervención en la World Governments Summit de Dubái, el 3 de febrero de 2026. Ahí presentó un paquete de cinco medidas legislativas dirigidas a las plataformas digitales, entre las que destaca prohibir el acceso a redes sociales a los menores de dieciséis años.

La propuesta obliga a las empresas tecnológicas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, dejando atrás los formularios que cualquier adolescente puede rellenar con una fecha falsa. La medida forma parte del proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que ahora mismo está en tramitación en el Congreso.

El paquete de Sánchez va más allá de las redes sociales

Youtube video

Sánchez no se ha quedado solo en la edad mínima. Se detalla también que el paquete también plantea que los directivos de las plataformas asuman responsabilidad legal si no retiran contenidos ilegales o de odio, y que se tipifique como delito la manipulación de algoritmos.

El presidente, Pedro Sánchez, también anunció que España se suma a otros cinco países europeos en la llamada «Coalición de los Dispuestos Digitales», con el objetivo de coordinar una regulación más estricta a escala continental. Sin especificar aún qué países la componen, el Ejecutivo adelantó que se reunirán próximamente.

Francia, un paso por delante pero sin ley todavía en vigor

Aquí está el matiz que muchos pasan por alto: Francia no tiene la ley aplicada, aunque lleva más recorrido parlamentario que España. La Asamblea Nacional aprobó en enero un artículo clave para prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años, y el Senado ratificó después su propia versión del texto.

El problema es que ambas cámaras manejan redacciones distintas, así que ahora una comisión mixta paritaria de diputados y senadores tiene que buscar un acuerdo común, que después deberá volver a votarse. Ese trámite podría retrasar la entrada en vigor prevista para septiembre de 2026, el objetivo que se había marcado el propio Emmanuel Macron.

Lo que separa a España, Francia y Australia

No todos los países han elegido la misma edad ni el mismo calendario, y ahí está la clave para entender por qué esto no es una carrera con una única meta.

  • España: propuesta de Sánchez, edad mínima de 16 años, ley aún en tramitación en el Congreso.
  • Francia: edad mínima de 15 años, aprobada por ambas cámaras pero pendiente de texto conjunto; verificación para cuentas ya existentes prevista para el 1 de enero de 2027.
  • Australia: primer país del mundo en aplicar la restricción, desde el 10 de diciembre de 2025, con edad mínima de 16 años.
  • Unión Europea: el Parlamento Europeo propuso en noviembre una resolución no vinculante que fija en 16 años la edad mínima común para acceder a redes sociales y asistentes de inteligencia artificial.

¿Por qué Francia insiste tanto después de un intento fallido?

Francia ya lo probó en 2023 con una ley similar que nunca llegó a aplicarse porque chocaba con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. La diferencia ahora es que Bruselas cambió sus directrices el año pasado, dando a los Estados miembros más margen para fijar límites de edad propios.

¿Cómo se verificará realmente la edad?

Ese es el punto que todavía genera más dudas en ambos países. En Francia se baraja un «tercero de confianza» —ni el Estado ni las propias plataformas— que podría usar reconocimiento facial o verificación documental, un modelo que España observa de cerca antes de cerrar su propio sistema.

Lo que viene: ¿llegará España antes que Francia?

El pulso entre ambos países no va de quién anuncia primero, sino de quién consigue que la ley funcione de verdad sin quedarse en papel mojado, como le pasó a Francia en 2023. Si el Congreso español avanza sin bloqueos, España podría tener su texto aprobado antes de que Francia resuelva el desacuerdo entre sus dos cámaras.

Lo razonable, según el propio calendario que manejan ambos gobiernos, es que ninguna de las dos leyes esté plenamente operativa antes de 2027, cuando toca verificar también las cuentas ya existentes. Mientras tanto, lo más útil para las familias es no esperar a que la ley llegue: revisar juntos qué redes usan los menores de la casa y hablar con ellos de los riesgos, porque la verificación de edad tardará, pero la conversación en casa puede empezar hoy mismo.

Ayuso respalda a Aznar y exige una mayoría nacional para no caer en ‘dictaduras minoritarias’

Isabel Díaz Ayuso ha respaldado este miércoles la tesis de José María Aznar: la mayoría que permita al Partido Popular gobernar debe ser nacional y no estar condicionada por minorías independentistas. En el Club Siglo XXI, la presidenta madrileña ha asegurado que «una mayoría significa ensanchar el electorado» para que España «no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias».

La intervención llega horas después de que el expresidente del Gobierno defendiera en Nueva Economía Fórum, como recogen documentos de FAES, que la mayoría «capaz de derribar y superar el muro» del presidente Sánchez «será nacional o no será». Aznar la definió como «una amplia mayoría centrada», con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno «a un propósito reconstructor de dimensión histórica».

Un respaldo que marca distancias con Génova

Ayuso no se limitó a aplaudir el diagnóstico de Aznar. Al ser preguntada directamente por esas palabras, añadió que «lo sensato» sería «tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante». E incluso citó expresamente a dos partidos: «Ojalá los principales partidos nos pudiéramos entender en ello», señaló en referencia al PSOE y a Vox.

La mandataria madrileña fue más allá al calificar de «dictaduras minoritarias» a los apoyos independentistas que han sostenido al Gobierno de coalición. «Siempre tienen presos a los gobiernos», remachó, en una crítica que los analistas políticos leen como un dardo a la estrategia que algunos sectores de la dirección nacional del PP podrían estar sopesando: buscar puentes con minorías para alcanzar la Moncloa, incluso a costa de ceder a chantajes nacionalistas.

¿Mayoría nacional o partido bisagra?

El debate de fondo es si el PP debe aspirar a una mayoría absoluta por sí mismo —o en alianza con otras fuerzas de ámbito nacional— o si, por el contrario, debe explorar acuerdos puntuales con partidos como Junts o el PNV si las urnas no le otorgan una victoria clara. Ayuso, con su habitual franqueza ha dejado claro de qué lado está.

Y no es un asunto menor. El discurso de la presidenta madrileña conecta directamente con el ala más conservadora del electorado popular y con aquellos que temen que una eventual entente con el nacionalismo desdibuje el perfil constitucionalista del PP.

La mayoría nacional que piden Aznar y Ayuso no solo es una cuestión aritmética; es una declaración de principios sobre qué España quiere gobernar el PP.

De hecho, la postura de Ayuso pone presión sobre Alberto Núñez Feijóo, quien ha mantenido hasta ahora un equilibrio delicado entre la necesidad de ensanchar la base electoral sin romper puentes con posibles socios. En Génova son conscientes de que la estrategia de la mayoría nacional es la más deseable, pero también la más difícil de conseguir en un panorama político fragmentado.

El Eje del Poder Popular

El movimiento de Ayuso refuerza su papel como referente ideológico dentro del partido y, al mismo tiempo, evidencia las tensiones subterráneas entre la presidencia de Madrid y la dirección nacional. Mientras Feijóo insiste en que el PP es un partido de gobierno que debe estar preparado para todas las contingencias, la lideresa madrileña apuesta por una vía más exigente: solo una mayoría sin hipotecas separatistas asegura un Ejecutivo estable y leal al orden constitucional.

Fuentes de la cúpula popular consultadas por Moncloa.com reconocen que el debate está abierto y que la posición de Ayuso «representa a una buena parte del partido y de las bases». Sin embargo, insisten en que la unidad de acción es prioritaria y que cualquier decisión estratégica se tomará en el seno de los órganos del partido.

El precedente histórico más inmediato es la propia trayectoria de Aznar: en 1996 alcanzó la Moncloa con una mayoría simple y el apoyo externo de CiU y PNV, un modelo que le permitió gobernar pero con cesiones constantes a los nacionalismos periféricos. La generación actual de líderes populares parece haber sacado la lección de que aquella fórmula, aunque eficaz a corto plazo, resultó desgastante.

La pugna estratégica se dirimirá en los próximos meses. El Comité de Dirección Nacional del PP previsto para este julio podría ser el escenario en el que Feijóo fije los límites de la estrategia de pactos. Hasta entonces, Ayuso ha dejado una marca clara: la mayoría nacional no es solo una opción; es, en su opinión, la única vía para no quedar presa de dictaduras minoritarias.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: La mayoría para gobernar debe ser nacional y rechazar cualquier chantaje independentista.
  • Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
  • Próximo hito: Comité de Dirección Nacional del PP en julio, donde se espera que Feijóo precise la estrategia de pactos.

Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Cala Molí (Ibiza)

La explosión de un tanque de gas en la zona de Cala Molí, en el municipio de Sant Josep (Ibiza), ha dejado a un trabajador de 46 años en estado crítico y a otro de 26 con heridas leves, según han confirmado el SAMU 061 y el Ayuntamiento de Sant Josep. El suceso, un accidente laboral, ocurrió sobre las 10:30 de la mañana de este miércoles, 1 de julio de 2026, cuando un operario se encontraba realizando la carga del depósito en una vivienda.

Cómo se produjo la explosión y la intervención de emergencias

De acuerdo con las primeras investigaciones del Ayuntamiento de Sant Josep, la deflagración se produjo en el momento en que el operario de un camión de suministro de gas estaba llenando el depósito de la vivienda afectada. La explosión, que se escuchó en varios puntos de la zona, generó un incendio que afectó parcialmente a la terraza y a la vegetación colindante. Los bomberos confirmaron que no llegó a propagarse al resto del inmueble, lo que evitó daños mayores.

Tras el aviso recibido a las 10:30 horas, el 112 Illes Balears activó dos recursos móviles del SAMU 061: una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y otra de soporte vital básico, que se desplazaron hasta el lugar junto con efectivos de la Policía Local de Sant Josep, la Guardia Civil y el cuerpo de Bomberos de Ibiza. La intervención conjunta permitió acordonar la zona y atender a los heridos con rapidez.

Seis efectivos del cuerpo de Bomberos de Ibiza acudieron al aviso y lograron extinguir las llamas en pocos minutos, asegurando además que no hubiera riesgo de reignición. “A nuestra llegada, los dos heridos ya estaban siendo atendidos por los servicios sanitarios. El fuego no se había extendido al resto de la construcción, aunque sí había causado daños en la terraza y en la vegetación cercana”, detallaron a través de sus canales oficiales. La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que el fuego se propagara a viviendas colindantes.

Estado de los dos trabajadores heridos

El trabajador más grave, un varón español de 46 años, presentaba quemaduras extensas en gran parte del cuerpo. Fue estabilizado por los sanitarios en el lugar y, posteriormente, trasladado en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Can Misses. Ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a las 11:52 horas de esta misma mañana, donde permanece en estado crítico, según confirmaron fuentes del centro hospitalario.

La explosión se produjo mientras el operario realizaba la carga del depósito de gas, según las primeras pesquisas. El incendio no se propagó al resto de la vivienda.

El segundo afectado, un hombre de 26 años y nacionalidad portuguesa, sufrió heridas de carácter leve consistentes en contusiones y fue evacuado en la ambulancia de soporte vital básico. Tras ser evaluado en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, quedó en observación a la espera de la evolución de sus lesiones. Fuentes sanitarias indicaron que no revisten gravedad.

La investigación de las causas de la explosión

La Guardia Civil, en colaboración con los bomberos, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la explosión del tanque de gas. Las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo durante la operación de carga, pero será el atestado técnico el que determine las causas definitivas de este accidente laboral. Por el momento, no se contempla la implicación de terceros, según han señalado fuentes de la investigación.

Russell Vought se abre a reponer personal en CISA tras los profundos recortes de Trump

La maquinaria de ciberseguridad estadounidense, desmontada pieza a pieza por la Administración Trump, empieza a mostrar signos de recomposición. Ayer, martes, ante el subcomité de Servicios Financieros y Gobierno General de la Cámara de Representantes, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Russell Vought, dio un paso inesperado: se mostró abierto a trabajar con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para reponer hasta 600 puestos en la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA).

La declaración, recogida por CyberScoop, llega tras una purga que ha vaciado de talento a la agencia que coordina la defensa de las redes críticas del país. Más de mil especialistas han salido o han sido expulsados desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, reduciendo una plantilla que al final del mandato de Biden rondaba los 3.400 efectivos. El propio Mullin, que asumió la secretaría a finales de marzo, había pedido la semana pasada en otro subcomité de Seguridad Nacional incorporar a esos 600 profesionales, pero hasta ahora no había recibido el respaldo presupuestario de la OMB.

Vought matizó que no existe una solicitud formal, pero reconoció que el secretario aún está «tomando las riendas del departamento» y que el proceso será lento. La reconstrucción de CISA no se hará con un interruptor, sino en un goteo condicionado por las barreras burocráticas y el filtrado de credenciales de seguridad, un trámite que en el ámbito de la inteligencia puede eternizarse meses. No obstante, el gesto de Vought supone un primer reconocimiento de que los recortes han ido demasiado lejos.

El drenaje de talento: más de mil especialistas fuera

La administración Trump ha tratado a CISA con hostilidad desde el primer día. La agencia que bajo Biden reforzó la protección electoral y la lucha contra la desinformación se convirtió en una diana para los sectores conservadores, molestos precisamente por ese activismo. Los despidos no solo han afectado a mandos intermedios; han dejado huecos en áreas críticas como la caza de amenazas persistentes avanzadas (APT), la coordinación con el sector privado y el intercambio de inteligencia sobre vulnerabilidades. En palabras de antiguos empleados consultados por medios especializados, la forma en que se ha expulsado al personal puede disuadir a futuros candidatos.

De hecho, el director en funciones de CISA, Nick Andersen, anunció recientemente que la agencia ha comenzado a reclutar y esperaba tener casi 200 ofertas de empleo emitidas para finales del mes pasado. Pero reponer 600 plazas exigirá algo más que voluntad política: requerirá reconstruir la confianza de una comunidad técnica que ha visto cómo se quemaba a sus colegas en una hoguera ideológica. Sin ese talento, la capacidad de detección temprana de ciberataques de Estado se degrada de forma peligrosa, y los aliados lo saben.

La comparecencia: un gesto hacia la reconstrucción que inquieta a los aliados

El representante republicano Mark Amodei, presidente del subcomité de Seguridad Nacional, preguntó a Vought cómo harían para tener una CISA «plenamente operativa y rentable». La respuesta fue una mezcla de realismo y promesa. Vought admitió que Mullin no participó en la elaboración del presupuesto actual y que, si necesita recursos adicionales, trabajarán internamente y rendirán cuentas al Congreso. Usted, como lector de este vertical, ya intuye que ese «trabajarán internamente» es la antesala de meses de pulseo político.

Lo relevante para la comunidad de inteligencia trasciende la trifulca presupuestaria. CISA no es una agencia aislada: es el nodo estadounidense de un ecosistema que incluye al NCSC británico, al CCN-CERT español, al BSI alemán y al resto de organismos del Five Eyes y la OTAN. Cuando la centralita de Atlanta se apaga, las alertas sobre exploits de día cero que circulan desde Pekín o Moscú llegan más tarde, o no llegan. El déficit de personal en CISA se traduce directamente en un agujero en la malla de contrainteligencia cibernética occidental. Y créame, los adversarios lo han notado.

Llevo años escribiéndolo: el próximo 11S no se anunciará con un avión, sino con un clic, y empezará por el sistema de alguien que no se ha actualizado. La desmembración de CISA nos deja a oscuras.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Analicemos con el oficio lo que los cables oficiales no dicen. Nos encontramos ante un vector de amenaza claro: la erosión de la capacidad defensiva de la principal agencia de ciberseguridad civil de los Estados Unidos. No hablamos de un sabotaje físico ni de una infiltración HUMINT clásica; es una lenta sangría que abre brechas aprovechables por cualquier APT con recursos. Los grupos atribuidos al MSS chino (Volt Typhoon, APT40) y al SVR ruso (Cozy Bear) llevan meses mapeando infraestructuras críticas estadounidenses. Una CISA desmembrada les regala semanas de ventaja en las que sus backdoors pasan desapercibidas.

Las agencias implicadas son múltiples. La atacante —en un sentido estratégico— no es una sola, sino el bloque de adversarios estatales y criminales que se frota las manos. La defensora es CISA, pero también el DHS y, en último término, el Comando Cibernético de EE.UU. Los terceros que miran con preocupación son los socios del Five Eyes (GCHQ, CSE australiano, GCSB neozelandés, CCCS canadiense) y, muy especialmente, el CNI y el CCN-CERT en España. Nuestro centro criptológico recibe a diario indicadores de compromiso (IoC) y boletines de amenaza que se originan en los equipos de caza de CISA. Si esos equipos menguan, la tubería se estrecha.

En cuanto al nivel de clasificación estimado, las discusiones sobre plantilla y capacidades de ciberdefensa se manejan generalmente en el escalón «Reservado» o «Confidencial» dentro de los intercambios bilaterales. El borrador de la comparecencia de Vought es público, pero los detalles sobre qué vacantes exactas se cubrirán —y con qué perfiles— probablemente se custodien bajo «Uso Restringido» para no dar pistas al adversario.

El precedente histórico me resulta familiar. Tras los atentados del 11S, la recién creada Oficina de Seguridad Nacional sufrió tensiones similares: primero se la dotó de recursos ingentes, luego se la sometió a recortes caóticos y filtraciones. La diferencia es que ahora el campo de batalla es digital y el tempo lo marcan actores como Sandworm, el grupo del GRU que ya paralizó Ucrania con NotPetya en 2017. Si tuviera que apostar, diría que Moscú ha acelerado sus operaciones de reconocimiento sobre redes eléctricas estadounidenses precisamente porque sabe que la guardia está baja. Lo veo como un fallo de cálculo mayúsculo por parte de los halcones presupuestarios del Ala Oeste.

Queda por ver si la voluntad de Vought se traduce en partidas concretas en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2027. El secretario Mullin tendrá que mover ficha pronto; mientras, el CNI debería reforzar sus propias capacidades de OSINT y de monitorización de redes extranjeras para no depender en exceso de un socio que hoy está en dique seco. La autosuficiencia en inteligencia de ciberamenazas ya no es una opción, es una necesidad. Estaremos atentos a la próxima reunión del Comité de Seguridad Nacional del Congreso, donde se podrían concretar las partidas.

Bruselas advierte a los frugales: recortar 400.000M en el presupuesto UE dañará defensa y competitividad

Este jueves, 1 de julio, el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin, ha lanzado una advertencia sin precedentes a los gobiernos del norte de Europa: recortar 400.000 millones de euros al próximo Marco Financiero Plurianual (MFP, la caja común para siete años) puede volverse en contra de sus propias prioridades, como la defensa y la competitividad. La intervención de Serafin en la conferencia anual del presupuesto de la Comisión responde al envite de Alemania, que esta misma semana ha pedido rebajar en una quinta parte los dos billones de euros que diseña Bruselas para el periodo 2028-2034.

El pulso es agrio. La presidencia chipriota del Consejo de la UE propuso en junio un ajuste del 2%, pero Berlín y sus aliados frugales —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia— lo consideran insuficiente. Ahora, con la presidencia irlandesa recién estrenada, los norteños redoblan la presión para tijeretazos más profundos, al tiempo que blindan las partidas de seguridad y competitividad. Serafin les ha respondido con una claridad inhabitual: “Un presupuesto de la UE más frugal puede no ser necesariamente moderno”.

La propuesta chipriota no convence a los frugales

La cifra está sobre la mesa: los dos billones de euros que la Comisión Europea esbozó para el próximo MFP representan un aumento moderado respecto al ciclo actual (2021-2027), que ya quedó tensionado por el impacto de la pandemia, la guerra de Ucrania y la espiral inflacionista. Alemania, lastrada por su propia debilidad industrial y unas cuentas públicas cada vez más estrechas, quiere llevar el tijeretazo a 400.000 millones, una cuarta parte del total. Los frugales insisten en que el recorte debe proteger las nuevas prioridades, pero no precisan de dónde saldría el dinero.

La presidencia chipriota, que entregó el testigo a Dublín el pasado 1 de julio, intentó un primer apaciguamiento con una poda del 2% —unos 40.000 millones— y una reasignación parcial hacia partidas de defensa. Sin embargo, Alemania y sus socios la rechazaron de plano porque, a su juicio, golpeaba sus zonas de interés, sobre todo los fondos de cohesión y las ayudas directas a regiones. “El riesgo es que esos nuevos aspectos de la modernidad sean los primeros en ser recortados”, ha subrayado Serafin durante su discurso.

Serafin: “Un presupuesto más frugal no es necesariamente moderno”

El comisario polaco ha ido más lejos y ha dibujado una paradoja fiscal: lo que las capitales del norte ahorren en Bruselas puede acabar costándoles más en sus propios ministerios. “Con demasiada frecuencia, un enfoque desunido supone una factura más alta: más duplicidades y menos economías de escala”, ha afirmado. “En muchas áreas, la alternativa al gasto europeo no es la ausencia de gasto. Es el gasto nacional”.

La advertencia tiene calado. Si el MFP 2028-2034 se encoge de manera drástica y los programas de defensa o de competitividad —pensados para financiar desde corredores militares hasta cadenas de suministro de chips— pierden músculo, serán los Estados los que tengan que cubrir el hueco con sus presupuestos nacionales. Y hacerlo de forma aislada, argumenta Serafin, cuesta entre un 20% y un 40% más que a través de la caja común. La dispersión de contratos, la ausencia de estándares únicos y la competencia entre países por las mismas capacidades industriales encarecen cada euro invertido.

Un presupuesto más frugal puede sacrificar la modernidad que los frugales dicen defender.

El Eje del Poder Europeo

La trinchera norte-sur vuelve a abrirse en el momento más delicado de la legislatura comunitaria. Alemania y los frugales quieren menos chequera común y más control nacional. El sur —España, Italia, Portugal y Grecia— defienden que solo una UE con recursos propios robustos puede garantizar la convergencia y la seguridad del bloque. Entre ambos, la Comisión se ve obligada a ejercer de equilibrista mientras el Parlamento Europeo, que deberá dar su visto bueno al MFP, ya ha advertido de que no aceptará un recorte que diluya programas como Horizonte Europa o el Fondo Social Europeo.

Para España, el envite es existencial. El país es el segundo mayor receptor neto de fondos de cohesión —solo por detrás de Polonia— y tiene comprometida la consolidación fiscal post-Next Generation con un calendario de reformas que depende en buena medida de que el grifo europeo siga abierto. Un tijeretazo de 400.000 millones se traduciría, según cálculos preliminares de la Representación Permanente española, en una pérdida de entre 8.000 y 12.000 millones de euros para proyectos de cohesión en España durante los siete años del nuevo marco. La Moncloa, que aún no ha fijado posición oficial, trabaja en un eje con Roma y Lisboa para frenar cualquier acuerdo que rebase el límite del 2% de ajuste.

La lectura estratégica es clara: los frugales quieren modernizar el presupuesto a costa de la cohesión tradicional, pero el recorte masivo puede devorar justo aquello que consideran prioritario. Mientras, el reloj corre. La presidencia irlandesa tiene seis meses para encarrilar un principio de acuerdo político que, por primera vez, requiere unanimidad en el Consejo y mayoría reforzada en la Eurocámara. Si en diciembre no hay texto, los programas actuales empezarán a desfallecer en 2027 y la UE corre el riesgo de entrar en el siguiente MFP con una prórroga técnica que nadie desea.

Próxima cumbre del Consejo Europeo: 15-16 de octubre de 2026. Esa es la fecha que todos miran.

Vox inspira al PP con un nuevo pacto en Castilla y León: prioridad nacional y privatización

Vox ha vuelto a inspirar al Partido Popular con un nuevo pacto de gobierno en Castilla y León que incluye la ‘prioridad nacional’ y la privatización de servicios como la prevención de incendios, replicando los modelos de Extremadura y Aragón.

El documento, presentado a principios de junio, consta de 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas, y ha servido de base para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta el pasado 9 de junio. El acuerdo otorga estabilidad a la comunidad, según ambos partidos, y reparte las diez consejerías: siete para el PP y tres para Vox.

Las claves del acuerdo: prioridad nacional y control migratorio

La primera medida del apartado de inmigración es contundente: ‘No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central. El presidente Mañueco justificó la inclusión de este punto, que ya provocó la ruptura del anterior pacto en 2024, con datos: ‘Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y 186 menores no acompañados en estos momentos’. Además, el acuerdo recoge la verificación de la edad de los inmigrantes, la supresión de subvenciones a entidades que fomenten la inmigración irregular y la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, medidas estrella de la formación de Santiago Abascal.

Vox gestionará tres consejerías de peso: la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que asume competencias en inmigración y juventud; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, con la excepción de la gestión de incendios; y Cultura, Turismo y Deporte. La vicepresidencia recaerá en Carlos Pollán, que dirigirá la política de la Junta desde una óptica de ‘desregulación’.

El pacto apuesta por la colaboración público-privada en la prevención y extinción de incendios, alejándose de la promesa de un operativo 100% público. La medida ha sido defendida por Vox como una forma de agilizar la limpieza y repoblación de montes, aunque sindicatos y asociaciones de bomberos forestales la consideran un retroceso.

El pacto en Castilla y León no solo consolida la presencia de Vox en la Junta, sino que marca un precedente para otros territorios donde el PP necesita sus votos.

Viabilidad y reacciones: el choque con los sindicatos

UGT, a través de su secretario general en Castilla y León, Óscar Lobo, acusó a Vox de generar un ‘falso problema’ con la inmigración en una de las regiones más despobladas de la UE. También criticó la reducción del 50% en las subvenciones sindicales, recordando que la justicia ya obligó a la Junta a revertir esa medida en 2022.

A pesar de las críticas, Mañueco defendió la legalidad del acuerdo y la necesidad de priorizar a los castellanos y leoneses en el acceso a los servicios sociales. ‘El criterio de prioridad nacional es un instrumento inspirador que ya funciona en otras comunidades’, afirmó, en referencia a los pactos de Aragón y Extremadura, donde Vox ya ha logrado imponer parte de su agenda.

La estrategia de Vox: condicionar al PP desde los territorios

El pacto de Castilla y León no es un hecho aislado: Vox ha sabido replicar una fórmula que ya le dio resultados en Extremadura y Aragón. Con esta estrategia, la formación que lidera Abascal demuestra que puede condicionar las políticas autonómicas incluso sin ser la fuerza mayoritaria, obligando al PP a aceptar medidas de calado ideológico a cambio de la investidura.

Fuentes del partido consultadas por este medio señalan que el objetivo es extender este modelo a otras comunidades donde el PP pueda necesitar apoyos tras futuras elecciones. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ya ha advertido que ‘Andalucía no puede ser menos’. La jugada, además, presiona al PP a nivel nacional, evidenciando que los populares no tienen reparos en asumir políticas de Vox cuando los números lo exigen.

Con este nuevo acuerdo, Vox consolida su presencia institucional y afianza su discurso de defensa de la soberanía nacional y la reducción del gasto político. La legislatura que arranca en Castilla y León será un campo de pruebas para demostrar que sus propuestas son viables, tanto en lo social como en lo económico.

Alemania refuerza su escudo antimisiles con una segunda batería Arrow-3 en Baviera

El Ministerio de Defensa alemán ha anunciado hoy, 2 de julio, la construcción de una segunda posición operativa del sistema Arrow-3 en el sur del país. La nueva batería, que situará su radar en Kaufbeuren y los lanzadores en la cercana base aérea de Lechfeld, ampliará la cobertura antimisiles balísticos exoatmosféricos a todo el territorio alemán. Se trata del segundo despliegue de este sistema fuera de Israel, tras la activación de la primera batería en diciembre de 2025 cerca de Berlín.

La primera unidad, estacionada en la base de Holzdorf/Schönewalde (entre Brandeburgo y Sajonia-Anhalt), supuso un hito: nunca antes el Arrow-3 —desarrollado por Israel Aerospace Industries (IAI) con fondos estadounidenses— había sido desplegado operativamente más allá de las fronteras israelíes. Aquella entrega acelerada, negociada directamente con Tel Aviv, dotó a la Bundeswehr de su primera capacidad para detectar y destruir misiles balísticos por encima de la atmósfera. Ahora, la incorporación del flanco sur completa la arquitectura prevista, que también contempla futuras baterías en Schleswig-Holstein.

El nuevo emplazamiento bávaro tendrá una configuración dispersa: el radar de vigilancia y seguimiento se instalará en la zona de Kaufbeuren, mientras que los lanzadores de interceptores se ubicarán en la Fliegerhorst Lechfeld, según fuentes de la radiotelevisión pública alemana. Esta separación física reduce la vulnerabilidad ante un ataque concentrado y permite que un único centro de mando coordine las defensas del sur de Alemania. La cobertura exoatmosférica —por encima de los cien kilómetros de altitud, con impacto cinético directo— protege tanto a la población civil como a los nodos logísticos críticos que conectan con el flanco este de la OTAN.

El anuncio se realizó en un acto conjunto que reunió al ministro-presidente de Baviera, Markus Söder, al jefe de la Luftwaffe, teniente general Holger Neumann, y al director general de Expansión de la Fuerza del Ministerio de Defensa, Alexander Götz. La elección de Baviera no es casual: la región alberga importantes centros de mando aliados y sirve de puente terrestre para el movimiento de tropas y material hacia el este en caso de crisis. Con esta segunda batería, Alemania refuerza su papel de hub logístico de la Alianza Atlántica y blinda el corredor sur frente a la amenaza de misiles de medio y largo alcance.

Con el Arrow-3 en Baviera, Alemania completa su paraguas antimisiles balísticos de norte a sur y se convierte en el pivote defensivo del centro de Europa.

El sistema Arrow-3 está diseñado para interceptar misiles balísticos en la fase exoatmosférica —fuera de la atmósfera— mediante un vehículo de impacto cinético. A diferencia de los sistemas de defensa de menor alcance, como los Patriot, el Arrow-3 detecta y destruye las amenazas en el espacio, ofreciendo un escudo de área extensa. Para Alemania, que carecía de esta capacidad hasta hace apenas siete meses, supone un salto cualitativo en su arquitectura de seguridad territorial, en sintonía con la Iniciativa Europea de Defensa Aérea y de Misiles (European Sky Shield).

Más de 6.500 millones de dólares y un contrato millonario para Israel Aerospace Industries

La expansión del sistema Arrow-3 en Alemania lleva aparejada una inversión colosal. El Ministerio de Defensa cifra en más de 6.500 millones de dólares el volumen total de los contratos firmados con Israel Aerospace Industries hasta la fecha. Solo en diciembre de 2025, ambos gobiernos cerraron un contrato adicional por valor de 3.100 millones de dólares para ampliar las existencias de interceptores y lanzadores, un acuerdo que se suma a los pedidos iniciales y que refleja la urgencia de Berlín por construir una defensa antimisiles creíble.

El programa Arrow-3 es una coproducción israelo-estadounidense, y su financiación ha contado desde el principio con respaldo financiero y tecnológico del Pentágono. Para Alemania, recurrir a esta solución supone comprar un sistema probado en combate que acelera la entrada en servicio: la industria europea sigue desarrollando capacidades equivalentes, como el futuro interceptor de la MBDA dentro del programa European Sky Shield, pero ninguna está aún operativa. Mientras, la Bundeswehr prevé tener plenamente operativas las baterías Arrow-3 en todas las ubicaciones previstas hacia finales de esta década.

defensa antimisiles

Equilibrio de Poder

La decisión de Berlín de desplegar una segunda batería Arrow-3 en Baviera se interpreta en clave de doble mensaje. De cara a Moscú, Alemania consolida una defensa antimisiles de teatro que complica cualquier chantaje nuclear o convencional sobre el territorio alemán y, por extensión, sobre los países bálticos y Polonia. Para Washington, que insiste en que los aliados europeos asuman una mayor carga defensiva, la inversión alemana demuestra el compromiso de la mayor economía europea con la disuasión convencional y antimisiles. Paradójicamente, la administración estadounidense ha presionado para elevar el gasto en defensa, y Berlín, con proyectos como este, responde con hechos tangibles que refuerzan la arquitectura de la OTAN sin depender exclusivamente de sistemas Patriot o THAAD gestionados por Estados Unidos.

A escala europea, la iniciativa Arrow-3 se alinea con el European Sky Shield y complementa los sistemas SAMP/T franco-italianos y los Patriot alemanes, creando una malla antimisiles de varias capas. La ubicación en Baviera protege específicamente las rutas de tránsito de la OTAN desde el sur de Alemania hacia el este, algo que Bruselas ve con buenos ojos. Sin embargo, la dependencia tecnológica de Israel y Estados Unidos para el sistema Arrow-3 genera cierta inquietud en sectores de la industria de defensa europea, que reclaman un mayor protagonismo para el futuro interceptor europeo.

Para España, la ampliación del escudo alemán tiene lecturas indirectas pero relevantes. Aunque la defensa antimisiles no es hoy una prioridad presupuestaria en Madrid —donde el foco sigue puesto en la frontera sur y en los compromisos con la OTAN que exigen acelerar el gasto—, el fortalecimiento del flanco central europeo despeja recursos y atención que Washington y el Mando Aliado podrían redirigir hacia el Mediterráneo y el Sahel. Además, la base naval de Rota, con sus destructores AEGIS, sigue siendo el nodo antimisiles clave de la OTAN en el sur. La búsqueda de complementariedad entre el Arrow-3 alemán y las capacidades de proyección naval que ofrece España es uno de los debates silenciosos que cobrará fuerza en las próximas cumbres aliadas.

El despliegue de la segunda batería Arrow-3 ratifica una tendencia que se viene observando desde la guerra de Ucrania: la defensa territorial europea recupera protagonismo frente a la proyección expedicionaria. Lo que hemos visto en Alemania no es un gesto táctico, sino un viraje doctrinal que asume la posibilidad de un conflicto de largo alcance en Europa y que busca cerrar vulnerabilidades estratégicas antes de que sea demasiado tarde. La pregunta ya no es si Alemania estará protegida frente a misiles balísticos, sino si el resto de la Europa del sur seguirá su ejemplo o se quedará rezagada. La próxima cumbre de la OTAN, en 2027, ofrecerá pistas sobre cómo los aliados mediterráneos piensan conectar sus propias defensas al escudo centroeuropeo que Berlín está tejiendo a toda velocidad.

El INCIBE alerta sobre 20 vulnerabilidades críticas en productos Balluff que afectan a sistemas de control industrial

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha emitido un aviso urgente el martes 1 de julio de 2026 tras identificar 20 vulnerabilidades en productos del fabricante Balluff, nueve de ellas de severidad crítica, que afectan a dispositivos de control industrial ampliamente utilizados en plantas de fabricación y automatización.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE ha detectado 20 vulnerabilidades, 9 críticas y 11 altas, en dos modelos de dispositivos Balluff: BNI EGW-720-007-K095 y BAV MA-NC-00025-01.
  • ¿Cuál es el riesgo? Las vulnerabilidades permitirían a un atacante ejecutar código de forma remota, elevar privilegios, provocar denegación de servicio o acceder a información sensible de los sistemas de control industrial.
  • ¿Qué solución hay? Balluff ha publicado la versión de firmware 2.4.1 o superior que corrige todos los fallos. Se recomienda la actualización inmediata.

El aviso, identificado como INCIBE-2026-467 y catalogado como SCI (Sistemas de Control Industrial), detalla que las vulnerabilidades afectan a los modelos BNI EGW-720-007-K095 y BAV MA-NC-00025-01 en todas las versiones de firmware anteriores a la 2.4.1. Estos dispositivos son pasarelas de comunicación que integran sensores y actuadores en redes industriales, un componente crítico para la supervisión y control de procesos productivos.

Detalles de las 20 vulnerabilidades: 9 críticas y 11 altas

Las nueve vulnerabilidades críticas y once altas reportadas por Balluff cubren un abanico de fallos que van desde la validación de certificados TLS hasta la gestión de identidades y la ejecución de código arbitrario. Según el aviso del INCIBE, un atacante podría aprovechar estos fallos sin necesidad de autenticación previa en algunos casos, comprometiendo la integridad de la comunicación en redes de control industrial. En concreto, los sistemas de control industial (SCI) se convierten en el blanco prioritario.

Entre las más graves destaca la vulnerabilidad CVE-2025-68121, que afecta al proceso de reanudación de sesiones TLS, permitiendo que una conexión se restablezca con un cliente o servidor no válido y abriendo la puerta a escenarios de suplantación. La CVE-2026-1229, por su parte, involucra un fallo en el cálculo de operaciones criptográficas sobre curvas elípticas, lo que podría debilitar los mecanismos de cifrado que dependen de esa implementación.

Asimismo, la CVE-2025-41115 descubre una brecha en el mecanismo de aprovisionamiento SCIM que podría permitir la manipulación de identificadores de usuario, lo que derivaría en una escalada de privilegios. Otras como la CVE-2025-15467 posibilitan la ejecución remota de código mediante estructuras CMS maliciosas, mientras que la CVE-2023-3128 y la CVE-2018-15727 exponen fallos en la autenticación, llegando a evadir los controles de acceso con solo conocer el nombre de usuario.

El aviso del INCIBE también relaciona otras vulnerabilidades de severidad alta como la CVE-2024-9264 o la CVE-2024-1442, que podrían ser utilizadas en ataques combinados para aumentar el impacto sobre los sistemas productivos. La explotación de cualquiera de estos fallos comprometería la disponibilidad de la maquinaria conectada y potencialmente detendría líneas de producción completas.

El INCIBE insiste en que la actualización inmediata del firmware es la única barrera efectiva para contener estas vulnerabilidades y proteger la continuidad de las operaciones industriales.

Recomendación oficial: actualización urgente del firmware

El fabricante Balluff ha liberado la versión de firmware 2.4.1 para ambos modelos afectados, que incluye los parches necesarios para todas las vulnerabilidades reportadas. Desde el INCIBE se insta a las empresas que utilicen estos dispositivos a aplicar la actualización de manera prioritaria, especialmente en aquellos entornos donde la conectividad a redes de planta es directa y la superficie de ataque es mayor.

Además, el organismo recomienda revisar las configuraciones de autenticación, limitar el acceso a las pasarelas desde redes no confiables y monitorizar los registros de actividad para detectar posibles intentos de explotación. La alerta se mantiene activa hasta que todas las organizaciones afectadas hayan completado el proceso de parcheo, subrayando la urgencia de la medida.

El panorama de la ciberseguridad

El aviso INCIBE-2026-467 se enmarca en un contexto de creciente amenaza para los sistemas de control industrial (SCI) en España y Europa. Los dispositivos de automatización, como las pasarelas de Balluff, forman parte de la columna vertebral de la industria manufacturera, química y energética, sectores cada vez más interconectados y, por tanto, más expuestos a ciberincidentes.

De hecho, las amenazas dirigidas específicamente a sistemas de control industrial han experimentado un incremento cercano al 30% en el último año, de acuerdo con las tendencias observadas por el INCIBE. Este dato subraya la urgencia de mantener actualizados los sistemas y de seguir las alertas tempranas que emite el Instituto para proteger las infraestructuras críticas del país.

Emilia Pérez llega el 5 de julio a Max tras arrasar en Cannes con su musical sobre identidad de género

Emilia Pérez ya tiene fecha confirmada para desembarcar en el catálogo de Max: será el próximo 5 de julio. La noticia llega después de un recorrido de premios que pocos títulos europeos logran igualar, con el Premio del Jurado en Cannes como punto de partida de una temporada de galardones histórica.

Si te perdiste su paso por los cines o simplemente quieres revivir uno de los musicales más comentados de los últimos años, esta es tu oportunidad. La cinta de Jacques Audiard combina crimen, drama y números musicales en una propuesta que no deja indiferente a nadie.

Emilia Pérez ya tiene fecha en Max: así puedes verla

Youtube video

Tras generar un intenso debate durante su temporada de premios, la producción desembarca finalmente en el streaming el 5 de julio, según confirmó la propia plataforma. El anuncio pone fin a meses de espera para quienes no pudieron verla en su paso por las salas españolas.

La película reúne a Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz en una historia que mezcla thriller, drama y musical. Su llegada a Max coincide con otros estrenos destacados del mes, lo que la convierte en una de las incorporaciones más esperadas del catálogo.

El musical de Jacques Audiard que arrasó en Cannes

Emilia Pérez se convirtió en la sensación del Festival de Cannes 2024, donde logró destacar entre un campo repleto de talento internacional. Jacques Audiard, su director, firma con esta cinta uno de los proyectos más arriesgados de su carrera, tras títulos como Un profeta o Dheepan, ambos también premiados en el certamen francés.

La cinta se alzó con el Premio del Jurado y la Mejor Interpretación Femenina, compartida entre todo su elenco protagonista. Ese reconocimiento colectivo fue un hito poco habitual en la historia reciente del festival y marcó el inicio de una carrera de premios que llegaría hasta los Óscar.

La historia detrás de Emilia Pérez: cártel y redención

Youtube video

La trama sigue a Rita, una abogada infravalorada que recibe una propuesta inesperada: ayudar al líder de un cártel mexicano a desaparecer y comenzar una nueva vida como la mujer que siempre soñó ser. A partir de ahí, la historia se convierte en un recorrido por la identidad, la culpa y las segundas oportunidades.

El resultado mezcla secuencias musicales con momentos de fuerte tensión dramática, un equilibrio que no todo el mundo supo digerir de la misma manera. En México, en particular, la película generó un intenso debate sobre su representación del narcotráfico y la identidad cultural del país.

Un reparto que hizo historia en los premios

El elenco de Emilia Pérez es, sin duda, uno de sus grandes reclamos. Cada actriz aportó matices distintos a una historia coral que exigía registros muy diferentes, desde el drama más contenido hasta el musical más desatado.

La química entre sus protagonistas fue determinante para que el jurado de Cannes decidiera premiar al conjunto en lugar de a una sola intérprete, algo poco frecuente en la historia del festival.

Karla Sofía Gascón, la gran revelación

La actriz española encarna a Emilia con una intensidad que la llevó a hacer historia como la primera intérprete trans nominada al Óscar. Su interpretación combina vulnerabilidad y fuerza en dosis muy medidas.

Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz

Saldaña da vida a Rita, la abogada que desencadena la trama, mientras Gomez interpreta a Jessi con un registro alejado de sus papeles habituales. Adriana Paz completa el cuarteto protagonista con Epifanía.

Los premios que consagraron el filme

Tras su paso por Cannes, Emilia Pérez encadenó una racha de reconocimientos que pocas producciones europeas logran alcanzar en un solo año. Este es un resumen de sus hitos más destacados:

  • Cannes 2024: Premio del Jurado y Mejor Interpretación Femenina compartida.
  • Globos de Oro: cuatro estatuillas, incluida Mejor Película (Comedia o Musical).
  • Premios Óscar: dos galardones, entre ellos Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña.
  • 13 nominaciones al Óscar, una cifra histórica para una película en español.

Qué esperar tras el estreno en streaming

El desembarco de Emilia Pérez en Max probablemente reavive el debate que acompañó a la película desde su estreno, algo que en realidad juega a su favor: pocas producciones consiguen mantenerse en conversación año y medio después de su lanzamiento. La plataforma apuesta por un título que combina prestigio y controversia, una combinación que suele funcionar bien en streaming.

Si te gustan las películas que no dejan indiferente y que invitan a formarse una opinión propia, este es un buen momento para descubrirla. Más allá de la polémica, la propuesta artística de Audiard y su elenco sigue siendo uno de los experimentos más originales del cine reciente.

La vivienda dispara la preocupación de los españoles hasta el 42,6%, tres puntos más en solo un mes, según el CIS

La vivienda vuelve a marcar récord en la lista de quebraderos de cabeza de los españoles. Según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondiente a enero de 2026, el 42,6% de los encuestados sitúa el acceso a una casa como el principal problema del país, tres puntos más que en la medición anterior.

No es un dato aislado ni una anécdota estadística. Detrás de ese salto hay hipotecas que no llegan, alquileres que se disparan por encima del salario y una generación entera que retrasa su independencia. El CIS lleva meses documentando cómo este malestar se ha instalado de forma casi permanente en la conversación pública.

Por qué la vivienda pesa tanto en el día a día

Youtube video

El salto de tres puntos en solo un mes no surge de la nada. El precio medio de una casa en España ya equivale a catorce años de salario, según los últimos cálculos disponibles, y la entrada necesaria para comprar se lleva cuatro años enteros de sueldo. Son cifras que explican por qué la preocupación no deja de crecer mes tras mes.

A eso se suma un mercado del alquiler tensionado en las grandes capitales, donde los precios llevan subidas de dos dígitos interanuales en ciudades como Madrid o Barcelona. Para muchas familias, el problema ya no es solo comprar: es simplemente encontrar un piso que puedan pagar sin asfixiarse.

Lo que dice el barómetro oficial

El problema de la vivienda se ha convertido en el asunto que más divide a la opinión pública, muy por delante de otros frentes como la economía o la política. El CIS, el organismo público encargado de medir el pulso social de España desde 1963, confirma en su barómetro de enero que, tras la vivienda, los problemas económicos ocupan el segundo lugar con un 21,2%, y el Gobierno y los partidos políticos el tercero, con un 16,6%. La inmigración, un asunto que en otros meses había escalado posiciones, queda relegada a un plano secundario en esta última fotografía.

El dato personal es igual de revelador: cuando se pregunta qué problema afecta directamente a cada encuestado, la crisis económica sigue en cabeza, pero la vivienda le pisa los talones con un 28,2%. Entre los más jóvenes, de 18 a 34 años, la vivienda ya es la principal preocupación personal, por encima incluso de la economía.

Una tendencia que viene de lejos

Youtube video

Conviene poner el dato en perspectiva porque no es la primera vez que la vivienda ocupa el primer puesto. Ya en diciembre de 2024 superó por primera vez en años al desempleo y la crisis económica, y desde entonces se ha mantenido casi de forma ininterrumpida como la mayor inquietud de los españoles. Solo en 2007, en plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria, había ocurrido algo parecido.

Lo llamativo del barómetro de enero no es tanto la posición como la velocidad del ascenso: tres puntos en un solo mes es un incremento poco habitual en encuestas de opinión, que suelen moverse con más lentitud. Los analistas apuntan a que la combinación de subidas de precios, tipos hipotecarios altos y escasez de oferta ha creado una tormenta perfecta.

El origen del problema: falta de oferta

La raíz del malestar tiene un nombre técnico pero un efecto muy concreto: déficit estructural de vivienda. España arrastra desde la crisis financiera de 2008 un ritmo de construcción que no cubre la formación de nuevos hogares, y eso ha ido tensionando el mercado año tras año hasta convertirlo en el principal foco de ansiedad social.

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han alertado ya sobre esta escasez, señalando que la falta de oferta seguirá presionando al alza tanto los alquileres como los precios de compraventa mientras no se resuelva el cuello de botella en la construcción.

Cuatro factores explican, en gran medida, esta escalada:

  • Escasez de suelo urbanizable en las zonas con más demanda laboral.
  • Tipos de interés elevados, que encarecen las hipotecas y frenan la compraventa.
  • Presión de la inversión institucional sobre el parque de alquiler.
  • Burocracia y plazos de tramitación que ralentizan la obra nueva.

Qué puede cambiar a partir de ahora

La buena noticia, si puede llamarse así, es que la vivienda ya no es un tema tabú en la agenda política ni social. Administraciones autonómicas y locales han empezado a mover fichas con planes de vivienda asequible, avales hipotecarios para jóvenes y fórmulas como el co-living, que están ganando terreno como respuesta puente mientras se resuelve el problema de fondo.

El reto real está en la velocidad: construir vivienda lleva años, y la presión social pide resultados ya. Si algo enseña este último barómetro es que los españoles no van a dejar de mirar este termómetro cada mes, y que cualquier gobierno, del signo que sea, tendrá la vivienda como examen obligatorio en lo que queda de legislatura.

Carlos III y Guillermo presiden la ceremonia de la Orden del Cardo en Escocia

En la catedral de St Giles de Edimburgo, el rey Carlos III y el príncipe Guillermo han presidido este miércoles la ceremonia anual de la Orden del Cardo, la más alta distinción de la caballería escocesa y una de las citas más solemnes del calendario de la monarquía británica. El acto, encuadrado en la Semana Real —conocida como Holyrood Week—, ha congregado a los principales miembros de la familia real en un despliegue de pompa y protocolo que subraya la continuidad institucional de la Corona.

Una ceremonia centenaria cargada de tradición

La Orden del Cardo, cuyos orígenes se remontan a 1687 cuando fue formalmente restablecida por el rey Jacobo VII de Escocia, es la segunda orden de caballería del Reino Unido, solo por detrás de la Orden de la Jarretera. Su número de miembros está limitado al soberano y a dieciséis caballeros y damas, más un pequeño grupo de miembros de la realeza. A diferencia de otros honores, los nombramientos los realiza el monarca a título personal, sin asesoramiento ministerial, en reconocimiento a servicios excepcionales prestados a Escocia.

La ceremonia anual se celebra en la capilla del Cardo de la catedral de St Giles, completada en 1911. Los miembros procesionan desde la vecina Signet Library hasta el templo, ataviados con la característica capa de terciopelo verde oscuro —forrada de seda y adornada con la estrella de plata de la orden en el hombro izquierdo— y el llamativo sombrero negro de terciopelo rematado con plumas de avestruz blancas. Al cuello, un collar dorado decorado con cardos del que pende la insignia de San Andrés, patrón de Escocia.

El príncipe Guillermo, la próxima generación de la Orden

El príncipe de Gales, nombrado caballero real de la Orden en 2012 por la reina Isabel II, ha ocupado su lugar entre los miembros vistiendo el manto distintivo. Su presencia escenifica la transición generacional dentro de la institución. Desde el 9 de septiembre de 2022, apenas veinticuatro horas después del fallecimiento de Isabel II, Guillermo ostenta también los títulos de duque de Rothesay —que recibe automáticamente el heredero al trono escocés— y de duque de Cornualles, a los que se sumó ese mismo día el de príncipe de Gales por decisión de su padre.

Junto a Guillermo, la reina Camila —instalada en la Orden en 2024— y el duque de Edimburgo, Eduardo, han acompañado a Carlos III como soberano de la orden. La princesa Ana, miembro desde el año 2000, también ha formado parte de la procesión. La imagen de varios miembros de la realeza compartiendo el espacio ceremonial refuerza, en clave institucional, el mensaje de cohesión dinástica que la Casa de Windsor ha buscado proyectar tras los años convulsos del Brexit y los reajustes familiares.

En el Reino Unido, la pompa de la Orden del Cardo actúa como un activo diplomático y un recordatorio de la profundidad histórica de la monarquía.

La Semana Real escocesa como escaparate del soft power británico

La Semana Real, oficialmente conocida como Holyrood Week, constituye uno de los momentos más importantes del calendario de la realeza británica. Más allá de lo protocolario, la agenda en Escocia cumple una función de cohesión territorial: la Corona se presenta como un símbolo compartido por las distintas naciones del Reino Unido en un momento en el que el debate sobre la independencia escocesa sigue presente en la vida política.

Ese mismo telón de fondo sitúa la ceremonia de la Orden del Cardo como un recordatorio de los vínculos históricos que unen a la monarquía con Escocia. La participación activa de Carlos III y Guillermo, junto a otros miembros de la casa real, convierte el acto religioso y caballeresco en una declaración de estabilidad que trasciende las coyunturas electorales.

De forma paralela, la presencia mediática de la familia real en Escocia se ha visto reforzada en los últimos días por el reto solidario de la princesa de Gales. Catalina completó el National Three Peaks Challenge —ascendiendo Ben Nevis, Scafell Pike y Snowdon— para recaudar fondos para el Royal Marsden Cancer Charity, el hospital oncológico donde recibió tratamiento. Aunque no ha asistido al servicio del Cardo, su iniciativa ha mantenido a Escocia en el foco de la agenda real, alimentando un relato de servicio público y superación personal que complementa el mensaje institucional de la ceremonia.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: La Orden del Cardo es la máxima distinción de Escocia y su ceremonia anual refuerza el vínculo de la monarquía con la nación escocesa en un marco de tradición centenaria.
  • El detalle de protocolo: Las capas verdes, los collares dorados y la procesión desde la Signet Library subrayan el rigor ceremonial de una orden cuyo acceso depende exclusivamente de la decisión personal del monarca.
  • Próximos pasos: La agenda de la Semana Real escocesa continúa con actos oficiales de los miembros de la familia real en Edimburgo y otras localidades, reforzando la presencia de la Corona en el territorio.

Ataque ruso con misiles y drones golpea Kiev: al menos 13 muertos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Rusia atacó Kiev con misiles de largo alcance y drones explosivos durante varias oleadas entre las 2 y las 4 de la mañana. El alcalde Klitschko elevó el balance de fallecidos a 13.
  • ¿Quién está detrás? El Ministerio de Defensa ruso reivindicó la acción como un ataque “con armas de alta precisión” contra infraestructuras militares y energéticas.
  • ¿Qué impacto tiene? La escalada de ataques mutuos a infraestructuras civiles y energéticas complica cualquier vía diplomática y tensa aún más el flanco este de la OTAN.

Rusia ha lanzado esta madrugada una oleada de misiles de alta precisión y drones contra Kiev, causando al menos 13 víctimas mortales y daños en múltiples instalaciones, según el Ministerio de Defensa ruso y el alcalde Vitali Klitschko.

El ataque se produce tras semanas de intensos bombardeos ucranianos con drones de largo alcance sobre territorio ruso, varios de ellos contra zonas residenciales. Moscú justifica esta respuesta como “golpes sistemáticos y consistentes” contra centros de producción de drones, puestos de mando e infraestructuras que alimentan la maquinaria bélica de Kiev.

El ataque: misiles de alta precisión y drones Shahed contra la infraestructura energética y militar

Las explosiones comenzaron alrededor de las 2 de la madrugada, según relatos de vecinos y la administración militar. Se registraron oleadas de impactos hasta las 4, con las defensas aéreas ucranianas activadas en todo momento. El alcalde Klitschko instó a la población a buscar refugio.

El Ministerio de Defensa ruso detalló que empleó “armas de alta precisión de largo alcance” contra “empresas de la industria militar, instalaciones del sector energético y combustible en Kiev y su región, así como aeródromos militares e infraestructura en las regiones de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy y Chernígov”. Entre los blancos confirmados por la parte rusa figuran una planta de producción de sistemas de guiado para drones y misiles, una fábrica de drones de largo alcance y municiones merodeadoras, y una factoría de modernización de blindados y óptica militar.

También fueron atacados, según Moscú, un centro de producción de guerra electrónica, un almacén de componentes para drones, un depósito de combustible y varias instalaciones de gas que suministraban energía a la fabricación de armamento. Los expertos independientes aún no han podido verificar estos objetivos debido a las restricciones de información impuestas por Kiev, que penaliza la difusión de imágenes de los impactos salvo que involucren infraestructura civil.

En vídeos compartidos en redes sociales se observan numerosas explosiones y columnas de humo en el área metropolitana de la capital. El jefe de la administración militar local, Timur Tkachenko, confirmó inicialmente dos muertos y 16 heridos, cifra que horas después Klitschko actualizó a 13 fallecidos. Los daños se extienden a al menos 28 puntos, según las autoridades ucranianas, que insisten en que la mayoría eran edificios residenciales e infraestructuras civiles.

La revista Military Watch citó recientemente un caso ilustrativo: una planta de montaje de drones descubierta en un antiguo estudio cinematográfico ucraniano, lo que alimenta el argumento ruso sobre el uso dual de instalaciones aparentemente civiles. Ucrania ha descentralizado su producción armamentística, dispersando pequeñas líneas de ensamblaje de drones FPV y de ala fija con componentes suministrados desde el extranjero.

La guerra de narrativas sobre los objetivos atacados es tan intensa como la propia campaña aérea, y la línea entre infraestructura civil y militar se desdibuja cada vez más.

Reacción de Ucrania y verificación de los daños

Kiev acusa a Moscú de golpear deliberadamente zonas residenciales, un patrón que Rusia rechaza sistemáticamente afirmando que solo ataca instalaciones militares y de doble uso. La dificultad para verificar la naturaleza de cada blanco se agrava porque las autoridades ucranianas prohíben filmar las consecuencias de los impactos a excepción de los que afectan a civiles, lo que según Moscú oculta la verdadera función de los lugares bombardeados.

misiles rusos

Esta ambigüedad se ha convertido en un factor central del conflicto informativo. Imágenes satelitales y análisis OSINT suelen confirmar, días después, que algunos de los puntos señalados por Rusia albergaban equipos militares o talleres de mantenimiento, pero otros golpes han demostrado claramente ser contra viviendas o instalaciones sin valor estratégico aparente. El episodio de esta madrugada no es diferente.

El martes 30 de junio, un ataque ucraniano con drones en la región de Moscú mató a un bebé de seis meses y, la semana anterior, otro bombardeo dañó un museo de la Segunda Guerra Mundial en Rostov. Kiev, por su parte, denunció en junio uno de los mayores ataques con drones contra la capital rusa, con un saldo de 17 heridos y el incendio de una refinería. Este intercambio de golpes profundiza la espiral y aleja cualquier conversación de alto el fuego.

Equilibrio de Poder

La escalada de ataques aéreos sobre Kiev, combinada con las incursiones ucranianas en territorio ruso, coloca a la OTAN ante una situación delicada. La administración Trump aún no ha reaccionado oficialmente, pero es previsible una condena rotunda desde Washington, que en los últimos meses ha insistido en la necesidad de aumentar la presión sobre Moscú mediante sanciones y asistencia militar. Bruselas, a su vez, mantiene el pulso político con un nuevo paquete de ayuda para la defensa aérea de Ucrania que se debatirá en la próxima cumbre del Consejo Europeo.

Para España, el ataque tiene dos lecturas inmediatas. Por un lado, el incremento del precio del gas y el petróleo que suele acompañar a los golpes sobre infraestructuras energéticas ucranianas afecta directamente a la factura energética nacional. Por otro, el recrudecimiento del conflicto no hace sino reforzar el argumento de quienes en la OTAN exigen elevar el gasto en defensa hasta el 2,5% o incluso el 5% del PIB, una meta que el Gobierno de Sánchez todavía ve con recelo pese a la presión de la Administración Trump. España mantiene su compromiso con el flanco este —con tropas desplegadas en Letonia— y podría verse obligada a acelerar la adquisición de sistemas antiaéreos avanzados si el teatro de guerra sigue descontrolándose.

El riesgo inmediato reside en que la Operación Sistema de Castigo, como la ha denominado Moscú, se convierta en una campaña sostenida de desgaste contra la industria militar ucraniana, sin tregua para negociar. Históricamente, campañas de bombardeo estratégico contra la producción de armamento han demostrado ser efectivas pero también terriblemente costosas en vidas civiles, como ocurrió con los bombardeos aliados sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Si Rusia mantiene la cadencia de ataques prometida, Ucrania necesitará sistemas de defensa aérea mucho más densos y una capacidad de resiliencia industrial que está por demostrar.

La próxima reunión de la OTAN en Vilna, prevista para este mes, será el primer gran test de la cohesión aliada tras este nuevo pico de violencia. Allí se medirá si el mensaje de Moscú, que insiste en que no busca la escalada pero golpea el corazón de Ucrania, convence o no a los socios europeos para dar un paso más en el envío de misiles de largo alcance.