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La Audiencia Provincial de Asturias ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado la pena de un año de prisión por un delito continuado de hurto, además de la prohibición de acceder al centro comercial Las Salesas, en Oviedo.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Audiencia Provincial de Asturias desestima el recurso y ratifica la pena de un año de prisión por un delito continuado de hurto, más la prohibición de entrada al establecimiento.
• ¿Qué base jurídica aplica? El hurto se enmarca en el artículo 234 del Código Penal, con la continuidad delictiva del artículo 74 y la pena accesoria del artículo 57, junto con la reincidencia del artículo 22.8.
• ¿Qué impacto tiene? Confirma la validez de la prohibición de acceso como pena accesoria y la valoración conjunta de los efectos sustraídos a efectos de continuidad delictiva.

Antecedentes: los hechos probados y el recurso de apelación

Los hechos declarados probados sitúan la actuación del condenado entre el 10 y el 15 de marzo de 2025. En ese intervalo sustrajo diversos artículos, principalmente de electrónica, en el centro comercial Las Salesas, ocupado por El Corte Inglés, con el propósito de revenderlos en establecimientos de segunda mano. La resolución subraya que el acusado acumula antecedentes penales por delitos de la misma naturaleza, lo que activa la agravante de reincidencia.

La condena de instancia fijó un año de prisión y añadió la prohibición de entrada al establecimiento, conforme a la nota oficial del Consejo General del Poder Judicial. Frente a ella, el condenado interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias. Su pretensión se centraba en la supresión, dentro de los hechos probados, de dos artículos valorados en 404,95 euros, al sostener que no habían sufrido daños.

El fallo: desestimación del recurso y confirmación de la pena accesoria

El fallo de la Audiencia es desestimatorio. La resolución mantiene la valoración probatoria y considera acreditada la sustracción de la totalidad de los efectos, incluidos los dos artículos cuya exclusión pretendía el recurrente. La condena queda confirmada en su integridad.

La pena accesoria de prohibición de acceso al centro comercial Las Salesas se ratifica como medida vinculada al delito. La resolución se enmarca en la tipificación del hurto del artículo 234 del Código Penal, agravada por la continuidad delictiva del artículo 74, y en la privación del derecho a acudir a determinados lugares del artículo 57.

La Audiencia Provincial de Asturias confirma que la continuidad delictiva y la prohibición de acceso al establecimiento operan como respuesta penal conjunta frente a la reiteración de la conducta.

El impacto procesal sobre el condenado es directo. Mantiene la pena privativa de libertad y la restricción de acceso al establecimiento donde cometió los hechos. La apreciación de la reincidencia condiciona igualmente la eventual suspensión de la pena conforme al régimen del artículo 80 y siguientes del Código Penal.

La Doctrina del Tribunal

La resolución consolida un criterio estable: la reiteración de sustracciones en un mismo establecimiento durante un intervalo acotado constituye un delito continuado de hurto, con la consiguiente aplicación del artículo 74 del Código Penal. La Audiencia confirma que la valoración individual de los efectos no rompe la unidad típica de la conducta cuando concurren un plan preconcebido y una identidad sustancial en el modo de ejecución.

El marco normativo se asienta en el artículo 234 del Código Penal, que tipifica el hurto, y en el artículo 74, que define la continuidad delictiva. La prohibición de acceso encuentra acomodo en el artículo 57, que habilita al órgano judicial para privar al condenado del derecho a acudir al lugar donde delinquió. La reincidencia, apreciada al concurrir antecedentes por delitos de la misma naturaleza, se regula en el artículo 22.8.

En la práctica diaria, el impacto jurisprudencial afecta a los juzgados de primera instancia y a los juzgados de lo penal en la valoración de las sustracciones en serie. La confirmación de la pena accesoria refuerza el uso de la prohibición de acceso como instrumento de prevención específica, más allá de la pena privativa de libertad.

La proyección procesal se limita a la eventual interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley, conforme al artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El anuncio del recurso debe formularse ante la Audiencia Provincial dentro de los cinco días siguientes a la notificación. La condena permanece ejecutable mientras no se resuelva, y no consta que se haya solicitado la suspensión.

FICHA DEL CASO

• El caso: Procedimiento por delito continuado de hurto contra un hombre que sustrajo artículos de electrónica en el centro comercial Las Salesas de Oviedo entre el 10 y el 15 de marzo de 2025, con el propósito de revenderlos.
• Datos importantes: Artículos 234, 74, 57 y 22.8 del Código Penal. Pena de un año de prisión y prohibición de acceso al establecimiento. Efectos discutidos valorados en 404,95 euros. Fallo desestimatorio del recurso.
• Fecha de los juicios: Hechos probados entre el 10 y el 15 de marzo de 2025. La sentencia de apelación se dictó con posterioridad; su texto íntegro no consta publicado en el CENDOJ.
• Personas acusadas y por qué: Un hombre con antecedentes penales por delitos de la misma naturaleza, condenado por el delito continuado de hurto descrito. La identidad no consta en la nota oficial.

La responsabilidad de las grandes tecnológicas por daños a menores es jurídicamente viable en los juzgados españoles, según concluyen los juristas reunidos en la UNED.

El punto de partida fue la primera mesa redonda del I Congreso Internacional ‘Adicción a las redes sociales. A propósito del caso Meta’, centrada en la defensa de los menores y consumidores ante plataformas digitales. No hubo resolución judicial que analizar: la conclusión es doctrinal, pero opera como hoja de ruta para los despachos que preparen demandas.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué se ha concluido? Expertos en Derecho procesal y civil sostienen que un particular puede demandar a Meta u otras plataformas por daños a menores ante los juzgados españoles.
• ¿Qué base jurídica aplica? Responsabilidad civil contractual o extracontractual, inversión de la carga de la prueba conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el dictamen pericial como instrumento de acreditación del daño.
• ¿Qué impacto tiene? Abre la vía civil frente al Derecho administrativo sancionador y anticipa litigios en los que la plataforma deberá explicar el diseño de sus algoritmos.

De la regulación preventiva a la reclamación civil

Durante años, el debate europeo se ha limitado a la edad de acceso, el consentimiento, la protección de datos y las obligaciones de verificación de edad. La mesa desplazó el foco a un supuesto distinto: un menor que ya presenta un daño y una familia dispuesta a reclamar. La respuesta técnica es afirmativa. El ordenamiento dispone de instrumentos suficientes para explorar la vía civil frente al Derecho administrativo sancionador sin aguardar una regulación específica.

Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, sostuvo que las plataformas dejaron de ser intermediarios tecnológicos neutros. Cuando el algoritmo selecciona contenidos, ordena el flujo y construye la experiencia del usuario, adopta decisiones próximas a una función editorial. Esa arquitectura incide sobre derechos fundamentales como la intimidad, la protección de datos y el libre desarrollo de la personalidad.

Martínez añadió que el servicio aparentemente gratuito encubre un intercambio económico: el usuario paga con sus datos y su privacidad, en una relación de pay for privacy cuyos términos se vuelven más delicados cuando quien consiente es un menor.

El obstáculo principal no es la admisibilidad de la acción, sino la prueba. La familia conoce lo que ocurre delante de la pantalla; la compañía, lo que sucede detrás. Horas de uso, privación de sueño, aislamiento, deterioro del rendimiento escolar, ansiedad o dependencia tecnológica pueden operar como indicios del daño, pero la información decisiva permanece en manos de la propia tecnológica.

La clave del litigio no reside en la admisibilidad de la demanda, sino en la distribución de la carga probatoria del nexo causal.

El dictamen pericial y la asimetría probatoria

Ana Caballero, presidenta de la Sección de Infancia del ICAM, centró su intervención en esa asimetría y defendió una inversión de la carga de la prueba. Aportados determinados indicios por la víctima, correspondería a la plataforma justificar que el diseño de su sistema no causó el daño. La empresa conoce el algoritmo, los sistemas de recomendación y las técnicas de prolongación del tiempo de conexión; el consumidor, no. El marco para ese traslado lo ofrece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que atribuye las consecuencias de la falta de prueba a quien debía soportarla.

Jesús Sánchez, consejero del Consejo General de la Abogacía Española, propuso construir la demanda desde el dictamen pericial como prueba del daño. Un informe psicológico, psiquiátrico, médico o educativo podría fijar la existencia del perjuicio e indiciar la causalidad. A partir de ahí, los instrumentos de la Ley de Enjuiciamiento Civil permiten reclamar documentación e información en poder de la contraparte. Sánchez recordó el giro que la jurisprudencia experimentó en ejecuciones hipotecarias, cláusulas abusivas y productos financieros, y animó a litigar.

Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, confirmó que en España cabe ejercitar una acción individual contra Meta y también acciones colectivas, aunque el marco regulatorio de estas últimas presenta carencias relevantes. Enumeró los problemas que debería resolver cualquier estrategia: competencia de los tribunales españoles, naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad, cláusulas de sumisión, cuantificación del daño y prueba de la causalidad. Ninguno de ellos impide, por sí solo, presentar la demanda.

Rocío Zafra, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III, introdujo un contrapunto. Las plataformas soportan una responsabilidad enorme sobre los contenidos y su presentación a los menores, pero no toda la responsabilidad recae en ellas. Familias, educadores y poderes públicos asumen obligaciones propias. Advirtió además de una consecuencia procesal: la demandada discutirá el nexo causal alegando la actuación de los progenitores o del propio menor.

Silvia Giménez-Salinas, exdecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, matizó esa responsabilidad familiar. No resulta razonable descargar sobre los padres la protección frente a productos tecnológicos muy sofisticados, capaces de conducir a un adolescente desde contenidos aparentemente inocuos hacia material dañino. La responsabilidad, sostuvo, debe ser compartida entre familias, poderes públicos, educadores y empresas.

Caballero completó el análisis con una calificación jurídica relevante: el menor es consumidor especialmente vulnerable. Esa condición permite encuadrar el litigio no solo en los derechos fundamentales o la protección de datos, sino también en el Derecho de consumo. Patrones oscuros, perfilado y publicidad dirigida configuran la ecuación. La cuestión decisiva ya no es únicamente la edad de acceso, sino el diseño del producto y los mecanismos que buscan retener al usuario conectado.

La lectura doctrinal

La mesa no dictó doctrina jurisprudencial —no había resolución que analizar—, pero fijó una posición doctrinal mayoritaria. Los tres ejes que la sostienen son la viabilidad de la acción civil individual, el desplazamiento de la carga probatoria hacia la plataforma y la reconfiguración de la tecnológica como algo más que un intermediario neutral.

El soporte normativo es el régimen general de la responsabilidad civil. El artículo 1902 del Código Civil obliga a reparar el daño causado por culpa o negligencia y articula la vía extracontractual; el artículo 1101 del Código Civil rige la responsabilidad contractual. La carga de la prueba se ordena por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, norma sobre la que gravitaría cualquier inversión. En el plano constitucional operan el artículo 24, sobre tutela judicial efectiva, y el artículo 39, sobre protección de la familia y la infancia.

Su impacto es práctico. Los despachos que litiguen deberán construir el daño con pericial sólida y aportar indicios suficientes para forzar que la tecnológica explique su sistema. La empresa responderá discutiendo la causalidad y señalando factores concurrentes. De ese pulso probatorio dependerá que prosperen las primeras demandas.

La mesa no apuntó a una reforma procesal concreta como solución inmediata, sino a la litigación como motor del cambio. La comparación con las cláusulas abusivas sugiere un recorrido progresivo, en el que los tribunales irán perfilando el alcance de la responsabilidad de las plataformas conforme acumulen resoluciones.

FICHA DEL CASO

• El caso: Análisis doctrinal sobre la viabilidad de acciones civiles contra grandes plataformas digitales por daños a menores, planteado en el I Congreso Internacional celebrado en la UNED. No constituye un procedimiento judicial.
• Datos importantes: No hay número de sentencia. Se invocan los artículos 1902 y 1101 del Código Civil y el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se fija cuantía. Las conclusiones son de consenso entre los intervinientes.
• Fecha de los juicios: Mesa celebrada el 7 de octubre de 2026 en la UNED. No procede fecha de publicación en el CENDOJ al no existir resolución.
• Personas acusadas y por qué: N/A. No hay acusados; la mesa discutió la eventual responsabilidad civil de plataformas como Meta.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas, desestima el recurso de suplicación y confirma el despido disciplinario procedente.
• ¿Qué base jurídica aplica? La infracción muy grave del convenio colectivo aplicable, por desobediencia reiterada y faltas de respeto a compañeras, en el marco del despido disciplinario del Estatuto de los Trabajadores.
• ¿Qué impacto tiene? Consolida el criterio de que la desobediencia y las faltas de respeto acreditadas y reiteradas justifican la máxima sanción disciplinaria, sin indemnización ni salarios de tramitación.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado el despido disciplinario de un dependiente de supermercado por desobediencia reiterada y faltas de respeto a dos compañeras. El fallo declara procedente la extinción, sin indemnización ni salarios de tramitación.

La resolución, dictada el 10 de septiembre de 2026, desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador contra la sentencia del Juzgado de lo Social de instancia y confirma íntegramente dicha resolución. La Sala declara que el despido fue ajustado a derecho y que no procede indemnización alguna ni el abono de salarios de tramitación.

Antecedentes: relación laboral, hechos imputados y recurso de suplicación

El trabajador prestaba servicios como dependiente en un supermercado desde julio de 2023. La empresa fundamentó la extinción en una serie de hechos acreditados ocurridos entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025, vinculados a la negativa a cumplir órdenes y al trato incorrecto hacia sus compañeras.

El relato de hechos probados recoge que el trabajador se negó a realizar tareas encomendadas por sus superiores, como retirar etiquetas de vino, trasladar un producto a otro establecimiento cercano y desempeñar funciones en la sección de carnicería. Respecto a este último episodio, manifestó que no podía trabajar con cuchillos porque había tenido un sueño recurrente en el que, tras ser despedido, mataba con ellos a un apoderado de la empresa y a una encargada de otro centro. La empresa optó por reubicarlo en otra sección.

También quedó acreditado que, durante una discusión con una compañera sobre la limpieza de las neveras, el trabajador le silbó y la llamó ‘chihuahua’. En otro episodio solicitó a una segunda compañera que fichara por él, le ofreció su documento nacional de identidad y le pidió que introdujera la palabra ‘puta’ en el registro. Consta además un error en el cobro de una compra de 113,21 euros, al cobrar únicamente 13,21 euros; la empresa localizó al cliente, que abonó la diferencia.

El fallo: conducta contumaz e infracción muy grave del convenio

La Sala desestima el recurso de suplicación y confirma la resolución de instancia. Considera que los hechos no fueron episodios aislados, sino que revelaron una conducta contumaz, rebelde y tenaz, orientada a incumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores. Los incumplimientos fueron graves, culpables y reiterados, y encajan en la infracción muy grave prevista en el convenio colectivo aplicable.

La desobediencia reiterada y las faltas de respeto acreditadas justifican el despido disciplinario procedente y excluyen indemnización y salarios de tramitación.

Respecto a la referencia a los cuchillos, la Sala afirma que dicha manifestación pudiera considerarse como una amenaza velada y que, en cualquier caso, resultaba impropia e inadecuada. Sobre el episodio del silbido, el tribunal sostiene que silbar a una compañera, llamándola ‘chihuahua’, no es admisible en ningún contexto y que constituye una ofensa grave que afecta a la dignidad de cualquier persona.

En cuanto a la solicitud para que otra compañera realizara el fichaje en su nombre, la Sala considera que se trata de una actuación absolutamente impropia y contraria al principio de corrección y buena fe que domina la relación laboral. El tribunal concluye que el conjunto de las conductas acreditadas justifica la máxima sanción disciplinaria y que la sanción aplicada resultó proporcionada.

La Doctrina del Tribunal

La resolución consolida el criterio conforme al cual la desobediencia laboral puede justificar el despido cuando concurren gravedad, culpabilidad, reiteración, trascendencia e injustificación. La Sala recuerda que no existía una razón válida para que el trabajador se negara a realizar las tareas encomendadas y descarta que los episodios pudieran calificarse como hechos aislados o de escasa entidad. La causa se incardina en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, que tipifica la indisciplina o desobediencia como justa causa de despido.

La doctrina entronca con la línea de la Sala Social del Tribunal Supremo, que exige la concurrencia acumulativa de esos requisitos para elevar un incumplimiento contractual a causa de extinción. El tribunal se apoya en la graduación convencional de faltas y sanciones, lo que refuerza la aplicación del convenio colectivo a la calificación jurídica de los hechos.

La valoración conjunta de la conducta efectuada en la instancia opera como base del fallo, dado que la revisión fáctica en suplicación queda limitada al error evidente en la prueba. La sentencia no es firme y frente a ella cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, si bien la ausencia de contradicción con otras resoluciones limita su proyección unificadora. El número de procedimientos por despido disciplinario en los que se alega desobediencia o indisciplina es elevado en los juzgados de lo social, de modo que la confirmación de la máxima sanción en segunda instancia refuerza la posición empresarial en supuestos de conducta reiterada. El criterio se alinea con la exigencia de que la sanción disciplinaria respete el principio de proporcionalidad, conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en materia de extinción del contrato por voluntad del empresario, y puede consultarse a través del portal del Poder Judicial.

FICHA DEL CASO

• El caso: Procedimiento por despido disciplinario. Recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de Las Palmas) contra la sentencia del Juzgado de lo Social que declaró procedente la extinción.
• Datos importantes: Infracción muy grave del convenio colectivo aplicable; desestimación del recurso; sin indemnización ni salarios de tramitación. No consta voto particular.
• Fecha de los juicios: Hechos acreditados entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025; sentencia dictada el 10 de septiembre de 2026.
• Personas acusadas y por qué: N/A. Procedimiento laboral sin acusados; el trabajador actuó como recurrente y la empresa como demandada.