Las mejores herramientas para elaborar horarios escolares en centros educativos

Javier Morales
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Las mejores herramientas para elaborar horarios escolares en centros educativos

La elaboración de los horarios escolares es una de las tareas administrativas más complejas que enfrentan los centros educativos al inicio de cada curso. Un proceso que implica coordinar clases, tutorías, guardias y otras actividades, ajustándose a las necesidades del profesorado, el alumnado y la normativa interna. Para agilizar esta labor, existen diversas herramientas informáticas que permiten una planificación eficiente y adaptable.

Principales software para la gestión horaria

Peñalara GHC es un programa que genera y optimiza los horarios escolares en centros de cualquier nivel y complejidad. Se integra con los gestores académicos más utilizados, descargando los datos necesarios para elaborar los horarios y devolviéndolos resueltos. Dispone de tres módulos: el Planificador, que establece restricciones y preferencias; el Motor, que encuentra soluciones óptimas y detecta conflictos; y el Editor, que facilita la visualización y modificación de las soluciones. Además, incluye una plataforma para la gestión diaria del horario sobre el calendario.

Additio App crea horarios escolares de forma sencilla y rápida mediante inteligencia artificial. Admite la importación de datos a través de Excel o API, configura preferencias y genera automáticamente la propuesta más optimizada. Permite ajustes en tiempo real, resolución de conflictos horarios y trabajo colaborativo con varios usuarios mediante gestión de permisos y roles.

Horarium se dirige a todo tipo de instituciones educativas y se adapta a las necesidades específicas de cada centro. Funciona desde el navegador sin necesidad de instalación. Su interfaz permite configurar más de 40 tipos de restricciónes, con posibilidad de seleccionar reglas y definir su prioridad. Incorpora un asistente de inteligencia artificial que guía la configuración y optimiza la distribución de aulas, compactando las clases para eliminar huecos innecesarios. Facilita la edición y regeneración de horarios sin empezar desde cero.

Untis diseña automáticamente los horarios a partir de criterios organizativos y pedagógicos definidos por el colegio, generando hasta diez propuestas optimizadas. Considerada una solución de referencia internacional, permite configurar distintos marcos horarios con clases de diferente duración, optimizar guardias y sustituciones, detectar conflictos antes de publicar el horario y obtener estadísticas para la toma de decisiones. Se integra completamente en Alexia, lo que hace que toda la planificación quede disponible de forma inmediata para el resto de procesos académicos.

Estas herramientas reducen significativamente el tiempo de planificación y facilitan ajustes ante imprevistos, mejorando la eficiencia de los centros educativos.

Impacto en la gestión diaria de los centros

La adopción de estas soluciones tecnológicas transforma una labor que tradicionalmente consumía semanas de trabajo manual en un proceso más ágil y menos propenso a errores. Los equipos directivos y los jefes de estudios pueden dedicar más tiempo a la atención pedagógica y a la resolución de conflictos reales, en lugar de a la logística de los horarios. La integración con los sistemas de gestión académica permite, además, que cualquier modificación —una baja, un cambio de aula— se refleje automáticamente en el horario general y en los horarios individuales del profesorado y del alumnado.

La interoperabilidad es clave: programas como Peñalara GHC o Untis se conectan con plataformas como Alexia o Racima, utilizadas en miles de centros españoles, lo que evita duplicidades y asegura la coherencia de los datos. De este modo, la planificación horaria deja de ser un cuello de botella administrativo y se convierte en un recurso dinámico que se adapta a la realidad cambiante del centro.

El Marco Educativo

La organización de los horarios escolares, aunque ajena al debate legislativo nacional, se enmarca en la autonomía de centro reconocida por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), modificada por la LOMLOE. El artículo 120 de la LOE establece que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión. Esto permite que cada institución defina sus propios criterios para la confección de horarios, siempre dentro del marco de las enseñanzas mínimas fijadas por el Estado y las comunidades autónomas. Las herramientas informáticas operan, por tanto, como soluciones técnicas que facilitan el ejercicio de esa autonomía, adaptándose a las necesidades específicas de cada comunidad escolar. Según datos del Ministerio de Educación, en España existen más de 28.000 centros educativos no universitarios, todos ellos responsables de elaborar sus propios horarios, lo que subraya la relevancia de estas aplicaciones.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: Las herramientas de planificación horaria como Peñalara GHC, Additio App, Horarium y Untis agilizan una de las tareas administrativas más complejas de los centros educativos.
  • Por qué importa: Permiten optimizar recursos, reducir el tiempo de elaboración y facilitar la adaptación a imprevistos, mejorando la gestión global del centro y la satisfacción del profesorado.
  • A quién le importa: A los equipos directivos, jefes de estudios y administradores de los más de 28.000 centros educativos no universitarios de España, así como al profesorado que necesita horarios claros y flexibles.

Euskadi rechaza pagar 51 millones del fondo de cohesión sanitaria y critica el modelo

Iker Etxebarria
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Euskadi rechaza pagar 51 millones del fondo de cohesión sanitaria y critica el modelo

El Gobierno Vasco rechazó este viernes el pago de 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de 2023 y 2024 del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). La posición la ha hecho pública el consejero de Salud, Alberto Martínez (PNV), durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Qué son el FCS y el FOGA y por qué Euskadi se niega a pagar

El FCS se creó mediante el Real Decreto 1207/2006 para cubrir los gastos derivados de la atención a pacientes desplazados a otra comunidad por no existir en la suya centros de referencia para determinadas patologías. El FOGA, aprobado en 2012, compensa los desplazamientos temporales, como los ocasionados por vacaciones. Osakidetza atendió entre 2023 y 2024 a 130.952 pacientes procedentes de otras autonomías, según los datos facilitados por el Departamento de Salud.

Martínez ha argumentado que el modelo actual es “injusto y poco transparente” y que penaliza a las comunidades que declaran todos los casos. “No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara. Sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, ha sostenido.

Las cifras que sustentan la queja vasca

En la liquidación anterior del FCS, Euskadi aportó 169 millones de euros, el 60 % del total recaudado, a pesar de representar apenas el 5 % de la población. “Superamos la suma de trece comunidades autónomas juntas”, han apuntado desde el Gobierno vasco. El consejero ha insistido en que no se trata de una “discrepancia coyuntural” sino de una enmienda estructural, y ha recordado que en 2025 el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, calificó de “vital importancia” repensar el mecanismo.

Sin embargo, un año después, “no se ha producido ningún avance en este ámbito”, ha lamentado Martínez, quien ha subrayado que se “perpetúa” un problema “sin ningún tipo de cobertura legal”. La parte vasca también ha señalado que el Tribunal de Cuentas ya advirtió de las deficiencias del sistema, sin que se haya creado el grupo de trabajo anunciado.

Euskadi puso el 60 % del dinero del FCS en la última liquidación, más que trece comunidades autónomas juntas.

El eco político: Madrid se suma al ‘no’ y el frente con el Ministerio

La postura vasca ha encontrado apoyo en otras comunidades. “Madrid se suma al no”, han celebrado desde el Ejecutivo de Vitoria, en alusión al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por el PP. El consejero ha asegurado que ha conseguido sumar a “otras comunidades” a su reclamación, sin precisar cuáles.

Martínez mantiene varios frentes abiertos con la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), y ya en 2025 pidió la revisión del FCS al comprobar que Euskadi pagó 169 millones. “No cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado.

El Departamento de Salud vasco ha insistido en que las estimaciones no son homogéneas y que las comunidades cumplidoras que declaran todas las asistencias pueden resultar perjudicadas. La Comisión Mixta del Concierto Económico no tiene competencias directas sobre esta materia, pero el pulso entre Euskadi y el Ministerio añade un nuevo capítulo a las tensiones financieras entre ambas administraciones.

El Tribunal de Instancia de Cádiz condena al Banco Sabadell por seguros vinculados y comisión de impago abusiva en hipoteca

Carlos V Vega
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El Tribunal de Instancia de Cádiz condena al Banco Sabadell por seguros vinculados y comisión de impago abusiva en hipoteca

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz ha estimado íntegramente la demanda de dos consumidores frente al Banco Sabadell por la imposición en una hipoteca de tres seguros de prima única y una comisión de impago automática de 35 euros, que declara abusivas, condenando a la entidad a devolver 29.445 euros.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz declara abusivas las cláusulas de seguros vinculados y la comisión automática de 35 euros, y condena al Banco Sabadell a devolver 29.445 euros, con intereses y costas, y a eliminarlas del contrato.
  • ¿Qué base jurídica aplica? La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, al considerar que las cláusulas carecen de negociación individual y quiebran la buena fe contractual.
  • ¿Qué impacto tiene? La sentencia, recurrible ante la Audiencia Provincial de Cádiz, sienta un criterio favorable para los consumidores en la anulación de comisiones automáticas sin contraprestación efectiva y refuerza el control judicial sobre los productos vinculados en préstamos hipotecarios.

La decisión, emitida por el magistrado Jorge Luis Fernández Vaquero, constituye un nuevo varapalo judicial a las prácticas de vinculación y comisiones automáticas en la contratación hipotecaria, alineándose con la doctrina de los tribunales superiores sobre la nulidad de tales cláusulas.

Antecedentes del litigio

El 19 de junio de 2014, los demandantes suscribieron un préstamo hipotecario con el Banco Sabadell. De manera coetánea, la entidad les impuso la contratación de un seguro de protección de pagos y dos pólizas de vida —una por cada prestatario—, todos ellos de prima única y financiados dentro del propio crédito hipotecario, lo que incrementó el capital prestado y los intereses devengados.

Adicionalmente, la escritura pública incluía una cláusula de comisión por reclamación de impagados que establecía un cobro automático de 35 euros por cada cuota que se retrasara más de cinco días, sin exigencia alguna de gestión real o notificación fehaciente al deudor.

Los prestatarios, representados por el abogado José Luis Ortiz, interpusieron demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz solicitando la nulidad de ambas cláusulas y la devolución de las sumas indebidamente percibidas por el banco.

La imposición de seguros de prima única no negociados y la comisión automática sin contraprestación real constituyen cláusulas abusivas nulas de pleno derecho.

El fallo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz

La sentencia, de la que aún no se ha publicado el número de referencia en el CENDOJ, acoge la totalidad de las pretensiones de los consumidores. El juez califica la contratación de los seguros como una «práctica abusiva e impuesta» por cuanto el Banco Sabadell «no pudo demostrar» que las cláusulas hubieran sido negociadas individualmente; antes bien, formaban parte de un «todo indisoluble» del contrato de préstamo. Esta configuración beneficiaba desproporcionadamente a la entidad, al asegurar el cobro de la deuda y generar ingresos adicionales para las aseguradoras del mismo grupo.

Respecto de la comisión de impagados, el tribunal razona que el devengo era automático y no respondía a ninguna gestión real efectuada por el banco o su personal, lo que la despoja de contraprestación y la convierte en un cobro injustificado, también abusivo. Como consecuencia, el fallo condena al Banco Sabadell a reintegrar a los demandantes 29.445 euros correspondientes a las primas abonadas, con los intereses legales devengados desde la fecha de cada pago indebido, y a eliminar la cláusula de reclamación de impagados del contrato, con expresa imposición de costas a la entidad demandada.

seguros vinculados

La Doctrina del Tribunal

La resolución se inscribe en la doctrina del Tribunal Supremo que, en numerosas sentencias, ha declarado nulas las cláusulas de seguros vinculados a préstamos cuando no se acredita la negociación individual y el consumidor no ha podido influir en su contenido. El juez gaditano aplica el doble control de incorporación y transparencia exigido por los artículos 80 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y por el artículo 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

En particular, la sentencia refuerza la idea de que la carga de probar la existencia de una verdadera negociación recae sobre la entidad financiera, no sobre el adherente. La mera firma de una escritura que incluye los seguros no equivale a negociación; es necesario un consentimiento informado y separable del contrato principal. Asimismo, la comisión automática se considera nula porque, al no exigir un servicio efectivo, vulnera el principio de buena fe contractual previsto en el artículo 1258 del Código Civil y rompe el equilibrio de las prestaciones.

En el plano práctico, la doctrina sentada por el juzgado de instancia —si bien aún recurrible ante la Audiencia Provincial de Cádiz— supone un refuerzo para las acciones de cesación y reclamación que los consumidores pueden ejercitar frente a cláusulas similares. Se estima que miles de contratos hipotecarios vigentes incluyen comisiones por impago automáticas y seguros de vida o de protección de pagos impuestos, por lo que el criterio podría replicarse en múltiples litigios.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Demanda de dos consumidores particulares contra Banco Sabadell en la que solicitan la nulidad de las cláusulas de seguros vinculados y comisión de impago automática incluidas en su préstamo hipotecario de 2014.
  • Datos importantes: 29.445 euros de condena principal al banco; costas; eliminación de la cláusula; número de sentencia no publicado aún.
  • Fecha de los juicios: No consta la fecha de la vista oral. La sentencia se conoce el 11 de julio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: Banco Sabadell, entidad financiera, por introducir cláusulas abusivas que imponían seguros de prima única y una comisión automática por impago, contrarias a la normativa de consumidores.

La forma más fácil de hacer cheesecake en microondas en 5 minutos

Ana Carina Rodríguez
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La forma más fácil de hacer cheesecake en microondas en 5 minutos

Todos hemos tenido ese antojo nocturno de un postre cremoso que no implique encender el horno a las diez de la noche. Recuerdo la primera vez que intenté un cheesecake en microondas: temía un engrudo gomoso, pero me equivoqué por completo. La textura sedosa del queso, con ese toque ácido del limón y la base crujiente, puede conseguirse en apenas cinco minutos con esta receta en taza.

La idea la popularizó la creadora de contenido Pulí Cocina, que la comparte en sus redes como el antídoto perfecto contra los antojos exprés. Con avena y mantequilla de maní en la base, y un relleno de queso crema (o yogur griego) que se cocina en intervalos cortos, el resultado es sorprendentemente fiel al clásico cheesecake.

El secreto del éxito

  • Base compacta: La mezcla de avena y mantequilla de maní debe quedar lo bastante densa para que, al presionarla contra el fondo de la taza, forme una costra uniforme que no se desmorone al desmoldar.
  • Cocción por intervalos: Calienta en tandas de 30 segundos. Así evitas que el queso se sobrecaliente y se vuelva gomoso; el centro apenas dejará de verse líquido, pero terminará de cuajar con el calor residual.
  • El reposo final: Dos o tres minutos de enfriado son esenciales. Durante ese tiempo el cheesecake se asienta, los sabores se integran y al desmoldarlo mantiene su forma sin desinflarse.

Ingredientes

  • 100 g de queso crema (también sirve yogur griego natural)
  • 30 g de avena en copos finos
  • ½ cucharada de mantequilla de maní
  • 1 cucharada de edulcorante granulado o azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 3 cucharadas de mermelada de fresa sin azúcar

En una taza apta para microondas, mezcla la avena con la mantequilla de maní hasta obtener una pasta húmeda y moldeable. Presiónala con el dorso de una cuchara contra el fondo, repartiéndola de manera uniforme. La capa debe ser fina pero firme, como la de una tarta tradicional.

En un bol aparte, bate el queso crema (o el yogur) con el edulcorante, el huevo, la vainilla y la ralladura de limón. No te preocupes si quedan pequeñas burbujas: el calor del microondas las eliminará. Vierte esta crema sobre la base, cubre la taza con un plato pequeño y llévala al microondas.

Programa 800 W y calienta en intervalos de 30 segundos, de cuatro a cinco veces. Tras cada tanda, comprueba el centro: debe estar apenas tembloroso, mientras los bordes se ven firmes. Si todavía ves líquido claro, añade otro intervalo, pero no te pases; el reposo hará el resto. El aroma a vainilla y limón te indicará que vas por buen camino.

Cocinar en tandas de 30 segundos evita que el queso se separe y garantiza un centro cremoso.

Deja enfriar la taza sobre una rejilla durante dos o tres minutos. Después, pasa un cuchillo por el borde interno y desmolda con cuidado sobre un plato. Corona el cheesecake con la mermelada de fresa y, si quieres, un toque extra de ralladura de limón para realzar la acidez.

Variaciones y maridaje

Si prefieres un acabado más dorado, puedes hornearlo en air fryer o en horno convencional a 180 °C durante 15 minutos. La textura será un poco más firme, pero igual de sedosa en el centro.

Este cheesecake se conserva en la nevera, hasta tres días en un recipiente hermético. Para recalentarlo, bastan 20 segundos en el microondas a potencia media; así recuperas la cremosidad sin resecarlo.

Marida este postre con un café cortado bien caliente o, si te inclinas por algo más goloso, con una copa de Moscato d’Asti. El contraste entre el dulzor lácteo y las notas florales del vino convierte cada bocado en un lujo de cinco minutos.

La Ley de Vivienda Asequible de EE.UU. entra en vigor sin la firma de Trump tras su protesta contra la SAVE Act

Jack Williams
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La Ley de Vivienda Asequible de EE.UU. entra en vigor sin la firma de Trump tras su protesta contra la SAVE Act

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La 21st Century ROAD to Housing Act entró en vigor de forma automática al expirar el plazo legal de diez días sin que el presidente Donald Trump la firmara ni vetara.
  • ¿Quién está detrás? La Casa Blanca decidió no rubricar la ley como protesta por la incapacidad del Senado de aprobar la SAVE Act, la ley de identificación de votantes que exige Trump.
  • ¿Qué impacto tiene? La ley moviliza fondos federales para incentivar la construcción de vivienda asequible y limita la compra de viviendas unifamiliares por grandes inversores, una señal directa a los mercados.

Nadie en la Casa Blanca alzó la voz para vetarla. Donald Trump dejó correr el reloj y, a medianoche del viernes, la ley de vivienda más ambiciosa en décadas se convirtió en realidad sin su rúbrica. La 21st Century ROAD to Housing Act —nombre oficial del paquete legislativo— entró en vigor por la vía constitucional del silencio presidencial: diez días hábiles sin objeción bastan para que un proyecto se promulgue, aunque el ocupante del Despacho Oval se niegue a estampar su firma.

La protesta de Trump llegó en forma de mensaje en Truth Social a primera hora del viernes. “No firmaré la ley de vivienda, aprobada por el Congreso y enviada a la Casa Blanca, como protesta por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no sea capaz de aprobar la SAVE America Act”, escribió. La referencia es a la ley de identificación de votantes que el magnate lleva meses reclamando y que, según sus propias cifras, cuenta con un 97% de apoyo dentro del Partido Republicano. La Casa Blanca había respaldado el proyecto de vivienda y tenía previsto celebrar una ceremonia de firma en el Capitolio hace apenas un mes, pero el acto se suspendió a última hora cuando Trump vinculó su rúbrica a la suerte de la SAVE Act.

Mike Johnson, el speaker de la Cámara, había transmitido el texto a la Casa Blanca y activado el contador constitucional de diez días a finales de junio, confiado en que el presidente acabaría por firmar. “No lo vetará”, declaró Johnson tras reunirse con Trump. “O permitirá que entre en vigor o pondrá su firma y asumirá parte del mérito”. La segunda opción no ocurrió, pero tampoco el veto. El resultado es una ley con un respaldo abrumador: la Cámara de Representantes la aprobó por 358 votos a favor y 32 en contra, y el Senado la respaldó por 85 a 5. Esa mayoría bicameral y el nulo coste político de dejar pasar la norma explican por qué la Casa Blanca optó por una protesta simbólica en lugar de un veto ejecutivo.

El paquete legislativo incluye 47 disposiciones pensadas para aumentar la oferta de vivienda asequible. Agiliza las evaluaciones medioambientales de los nuevos proyectos, rebaja los costes de las viviendas prefabricadas y, sobre todo, condiciona las transferencias federales a que los municipios relajen sus restricciones urbanísticas. Las ciudades que permitan mayor densidad residencial recibirán más fondos; las que frenen la construcción, menos. Es una palanca de incentivos —o de castigo— que modifica la tradicional autonomía local en materia de suelo y que los negociadores republicanos y demócratas pactaron durante meses.

La provisión más polémica, sin embargo, llegó a última hora: la prohibición de que grandes inversores institucionales compren viviendas unifamiliares. La medida se incluyó por exigencia de Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión. La versión inicial del Senado había generado resistencia en los grupos del sector al obligar a los inversores en viviendas para alquiler a venderlas en un plazo de siete años; los negociadores de la Cámara eliminaron ese requisito, pero mantuvieron el veto general a la adquisición masiva por parte de fondos. El resultado es una transacción legislativa que contenta a las alas populistas sin dinamitar los proyectos de build-to-rent que tanto interesan al mercado.

La Casa Blanca cedió pero sin dar su brazo a torcer: dejó que la ley avanzara sin rubricarla, conservando la bandera de la SAVE Act para la recta final de las legislativas.

La Lógica de Washington

Forzar la firma o el veto de una ley de vivienda con un respaldo del 90% en ambas cámaras era un callejón sin salida político. Trump necesitaba un golpe de efecto para movilizar a su base electoral a cuatro meses de las elecciones de medio mandato, y la SAVE Act le sirve de perfecto agravio cultural. Pero un veto a la ley de vivienda habría dinamitado el argumento republicano de que su partido está haciendo algo tangible contra la inflación. La solución intermedia —no firmar, no vetar, atacar desde Truth Social— permite a la Casa Blanca presentar la norma como un logro menor, casi accidental, mientras los congresistas republicanos presumen ante sus electores de haber bajado los costes de la vivienda.

En términos históricos, recuerda al juego de Ronald Reagan con las leyes presupuestarias: a veces permitía la promulgación automática para no aparecer como el presidente que paraliza Washington, pero sin dar su aprobación expresa. Aquí, la diferencia es que la 21st Century ROAD to Housing Act es la primera gran ley bipartidista de vivienda desde la crisis financiera. Y aunque los expertos advierten que sus efectos no serán visibles antes de noviembre —“se mide en años, no en meses”, dijo Francis Torres, del Bipartisan Policy Center—, el valor retórico para la campaña es inmediato. Los demócratas señalarán que Trump nunca la firmó; los republicanos contestarán que es ley gracias a su mayoría.

Para España, la lectura es doble. La prohibición de que grandes inversores compren viviendas unifamiliares no afecta a los grandes patrimonios españoles con cartera de activos comerciales (las oficinas y los locales de Pontegadea o los centros logísticos de Merlin Properties no entran en esa categoría), pero la nueva regulación establece un precedente de intervención sobre el capital financiero en el mercado residencial americano que podría escalar en futuras legislaturas. Mucho más relevante es que la inyección de estímulos a la construcción y la relajación urbanística abren oportunidades para las filiales de banca minorista de Santander en Estados Unidos: un mercado hipotecario más activo, con un parque de vivienda nueva que crece, favorece la concesión de préstamos precisamente cuando los tipos de la Reserva Federal comienzan a estabilizarse. Las exportadoras españolas de materiales de construcción y equipamiento para el hogar también encontrarán un cliente público y privado más dinámico si los planes municipales aceleran los permisos, aunque ese efecto se notará a partir de 2027. De momento, el gesto de Trump no cambiará ni un ápice la relación bilateral, pero la letra pequeña de la ley sí dibuja un paisaje inmobiliario más amable para quien sepa leerlo.

Ficha del Caso

  • El caso: La 21st Century ROAD to Housing Act, la mayor reforma bipartidista de vivienda en décadas, se convierte en ley sin la firma presidencial. Trump la deja promulgar por silencio administrativo como protesta política.
  • Datos clave: 358-32 en la Cámara; 85-5 en el Senado. 47 disposiciones, incluida la prohibición de compra masiva de viviendas unifamiliares por grandes inversores. Efectos sobre la asequibilidad esperados a medio plazo, no antes de las elecciones de noviembre de 2026.
  • Para España: Las entidades financieras con negocio hipotecario en EE. UU., como Santander, podrían beneficiarse a largo plazo de un mercado inmobiliario más activo. La nueva regulación sobre inversores institucionales no toca, por ahora, a los grandes tenedores de inmuebles comerciales.

La transición en Colombia que pone en riesgo las inversiones españolas de Telefónica, BBVA y Repsol

Amparo Soler
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La transición en Colombia que pone en riesgo las inversiones españolas de Telefónica, BBVA y Repsol

La crisis política en Colombia no es solo un terremoto institucional para los colombianos. Las grandes multinacionales españolas, con miles de millones comprometidos en el país, observan con preocupación cómo la transición presidencial se tambalea tras las elecciones del 21 de junio. Telefónica, BBVA y Repsol tienen en Colombia uno de sus mercados latinoamericanos más estratégicos, y la inestabilidad amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza financiero que recuerda a la pesadilla venezolana. Vamos por partes.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 8/10. La incertidumbre regulatoria y de orden público en Colombia afecta directamente a los activos de tres de las mayores compañías españolas, que emplean a miles de personas y generan retornos clave para sus matrices. La imagen de España como socio fiable también podría resentirse si la crisis se prolonga.

El detonante: un presidente saliente que denuncia fraude sin pruebas

El 21 de junio, Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con cerca del 52 % de los votos, según los datos oficiales. Sin embargo, el presidente saliente, Gustavo Petro, se negó a reconocer la victoria alegando un supuesto fraude del que no ha aportado pruebas concretas.

La tensión escaló rápidamente. De la Espriella, que había recibido el respaldo público del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Petro y a su entorno de orquestar un «golpe de Estado» para aferrarse al poder. En ese clima, trece países del Escudo de las Américas emitieron un comunicado conjunto en el que expresaban su «profunda preocupación» por las declaraciones que ponían en duda la integridad del proceso electoral, e instaban a garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente.

Cómo afecta la inestabilidad a Telefónica, BBVA y Repsol

Colombia es, desde hace décadas, un destino prioritario para la inversión española. Telefónica opera a través de su filial Movistar, con millones de clientes y una red de infraestructuras que supone una pieza clave en su estrategia latinoamericana. BBVA posee una de las mayores franquicias bancarias del país, con una cuota de mercado que le reporta beneficios recurrentes. Y Repsol mantiene importantes contratos de exploración y producción de hidrocarburos.

Cualquier sacudida institucional pone en vilo la seguridad jurídica de esas inversiones. Una transición traumática podría traducirse en cambios regulatorios abruptos, revisión de concesiones o, en el peor de los casos, escenarios de conflicto social que paralicen la actividad económica. La experiencia de Venezuela, donde las empresas españolas vieron evaporarse miles de millones por la inestabilidad y las expropiaciones, sigue fresca en la memoria de los consejos de administración.

La vicepresidenta electa, Abelardo de la Espriella (es así como se ha presentado), ya ha anunciado que Colombia entrará al Escudo de las Américas en agosto, lo que añade un nuevo factor de tensión diplomática. La comunidad internacional observa, y las empresas españolas, con los nervios a flor de piel.

La confianza de los inversores internacionales se sostiene sobre la estabilidad institucional, y cuando ésta flaquea, las multinacionales españolas son las primeras en notarlo.

Lecciones de Venezuela y la prudencia de las empresas españolas

No es la primera vez que la política latinoamericana sacude los cimientos de los grandes intereses económicos de España. El precedente venezolano es la advertencia más dolorosa: en los años 2000, compañías como Repsol y Telefónica vieron cómo sus activos eran nacionalizados o devaluados hasta casi desaparecer en medio de un caos político y jurídico. Aquel desastre enseñó a los directivos españoles que la estabilidad institucional es tan importante como las reservas de petróleo o la cuota de mercado.

Conviene recordar que, según datos del ICEX, Colombia concentra más del 10 % de la inversión directa española en América Latina. Una cifra que explica por qué la diplomacia económica española sigue con lupa cada movimiento en Bogotá. El Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación impulsada por Washington y varios países de la región, se ha convertido en un actor clave para contener la crisis, y España, aunque no es miembro, tiene mucho en juego.

El próximo 6 de agosto, según el compromiso alcanzado con Lula da Silva, Petro dejará el cargo y De la Espriella asumirá la presidencia. Si la transición transcurre sin sobresaltos, las empresas españolas respirarán aliviadas; si el clima de confrontación persiste, las consecuencias se sentirán en las cuentas de resultados y, otra vez, en la credibilidad de España como socio fiable. Como suele decirse en las mesas de negociación: en América Latina, el riesgo político nunca duerme.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Transición presidencial en Colombia tras las elecciones del 21 de junio de 2026, marcada por denuncias de fraude, presiones internacionales y la inminente entrada del país al Escudo de las Américas.
  • Datos importantes: Telefónica, BBVA y Repsol concentran inversiones multimillonarias; De la Espriella ganó con el 52 % de los votos; la transición se completa el 7 de agosto.
  • Resumen: La inestabilidad en Colombia pone en juego la imagen y los intereses económicos de España en América Latina, y reactiva el temor a un escenario similar al venezolano.

Canarias se sitúa como la cuarta región europea con más pernoctaciones en viviendas turísticas, duplicando las reservas desde 2018

Marta Iglesias
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Canarias se sitúa como la cuarta región europea con más pernoctaciones en viviendas turísticas, duplicando las reservas desde 2018

El turismo en Canarias es un espejo con dos caras perfectamente nítidas: por un lado, los registros de pernoctaciones baten marcas año tras año y consolidan al archipiélago entre los destinos más deseados de Europa; por otro, la presión sobre la vivienda y el territorio no deja de crecer, alimentando un malestar social que ya se ha expresado en las calles. Los últimos datos de la agencia estadística europea (Eurostat) sitúan a Canarias como la cuarta región europea con mayor densidad de pernoctaciones en viviendas turísticas, con alrededor de 13.000 noches reservadas por cada 1.000 habitantes, un volumen que casi duplica la intensidad que se observa en otras zonas turísticas del país.

El crecimiento es especialmente llamativo si se observa la serie histórica: **en apenas siete años, las reservas a través de plataformas como Airbnb, Booking y Expedia se han multiplicado por dos**, un ritmo que no se corresponde con el aumento de la oferta de vivienda residencial. El geógrafo Agustín Cocola, de la Universitat Rovira i Virgili, sostiene que «el alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y, aunque el crecimiento se frene, el volumen acumulado sigue siendo muy alto». La isla de Tenerife ilustra esa transformación con toda crudeza: entre 2018 y 2025, las pernoctaciones en viviendas vacacionales pasaron de 5,4 a 12,5 millones, un incremento del 132,9% que convierte a la provincia de Santa Cruz de Tenerife en una de las que más actividad registran en España.

13.000 noches por cada 1.000 habitantes y un turista que se queda más tiempo

La presión no se reparte de manera uniforme. Puerto de la Cruz, en Tenerife, aparece ya como la séptima ciudad española con mayor intensidad de viviendas turísticas, después de que las noches de estancia por habitante crecieran un 106,9% en el mismo periodo. **El 60% de las reservas procede de visitantes internacionales, pero el turismo nacional también ha ganado peso**: las pernoctaciones de españoles en este tipo de alojamiento se han más que duplicado desde 2018, contribuyendo a una demanda que no entiende de temporadas cortas. Los extranjeros han pasado de una estancia media de 11,2 noches en 2018 a más de 23 días en 2025, un dato que el investigador Claudio Milano vincula con el fenómeno de los «nómadas digitales y residentes flotantes» que tensionan aun más el mercado.

Canarias acumula, además, una marcada estacionalidad que agrava la sensación de colapso. Los turistas foráneos prefieren los meses de invierno —diciembre y enero son los picos históricos—, mientras que los españoles se concentran en julio y agosto. Incluso en pleno verano, por cada 1.000 habitantes pernoctan 189 extranjeros más que españoles, lo que explica por qué la oferta residencial disponible para la población local se reduce de forma casi permanente.

Una ley que frena licencias pero no rebaja la presión

El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), respondió a las masivas protestas ciudadanas con la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. La norma prohíbe nuevas altas de pisos turísticos durante al menos cinco años —salvo que los ayuntamientos acrediten que existe margen— y veta por completo el uso vacacional en viviendas protegidas (VPO). Además, impone un tope general del 10% por municipio y entrega el control del suelo residencial a las comunidades de vecinos y a los alcaldes.

Sin embargo, la medida ha logrado contener el ascenso de la oferta, pero no ha rebajado la crisis de la vivienda. El antropólogo Claudio Milano advierte de que «nunca hubo tanta presión como en los últimos 15 años», y señala que las plataformas turísticas «se meten en nuestras fincas» al convertir viviendas residenciales en activos vacacionales. **La fiscalización sigue siendo el gran punto débil**: las multinacionales carecen de sede fiscal en España y, como apunta el economista Pablo Tucat, «es complicado aplicar medidas disuasorias fiscales y existe una falta de fiscalización real del cumplimiento».

El alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y el volumen acumulado sigue siendo muy alto.

El Pulso Territorial

El archipiélago gobernado por Clavijo —cuya coalición con el PP y la Agrupación Socialista Gomera le otorga estabilidad parlamentaria— enfrenta un dilema que va mucho más allá de una estadística de Eurostat. La presión de las viviendas turísticas, que ya alcanza las 13.000 noches por cada 1.000 habitantes, es casi el doble de la que soportan otras comunidades turísticas del país, lo que sitúa a Canarias en una posición de riesgo estructural. La comparación con otras autonomías insulares cubiertas por este diario —como las Islas Baleares, donde la saturación turística también genera protestas— evidencia que el problema no es exclusivo de un territorio, sino una tensión común a los modelos de monocultivo turístico.

La incertidumbre sobre la eficacia real de la moratoria de licencias es la gran pregunta. Ningún indicador de mercado muestra aún un abaratamiento de los alquileres residenciales, y los especialistas consultados coinciden en que se trata más de una fase de ajuste que de un cambio de tendencia. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para 2027, y el debate sobre el reparto de la riqueza turística promete ocupar un lugar central en la campaña. Mientras tanto, la tensión social se mantiene latente: las manifestaciones de los últimos años no han cesado del todo y los colectivos vecinales exigen medidas más drásticas. El pulso entre el derecho a la vivienda y el motor económico del archipiélago apenas acaba de empezar.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias se ha consolidado como la cuarta región europea con más pernoctaciones en viviendas turísticas, con 13.000 noches por cada 1.000 habitantes. Las reservas en plataformas como Airbnb se han duplicado desde 2018, agravando la crisis de acceso a la vivienda.
  • Datos importantes: Tenerife concentra el mayor volumen de pernoctaciones (12,5 millones en 2025, un 132,9% más que en 2018). El Gobierno de Canarias aprobó la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que congela nuevas licencias durante cinco años y fija un tope del 10% por municipio.
  • Resumen: Aunque la ley ha frenado la expansión de la oferta turística, no ha logrado rebajar los precios del alquiler ni reducir la presión sobre el parque residencial. Los expertos apuntan a una fase de ajuste, no a un cambio de tendencia, mientras la fiscalización real sigue siendo un desafío.

29 estados de EE. UU. exigen a Meta 1,4 billones en multas por dañar la salud mental de menores

Jack Williams
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29 estados de EE. UU. exigen a Meta 1,4 billones en multas por dañar la salud mental de menores

Veintinueve fiscales generales de Estados Unidos han puesto contra las cuerdas a Meta con una exigencia de multas que asciende hasta los 1,4 billones de dólares. Es la mayor sanción jamás planteada en la historia de la protección al consumidor estadounidense y, de prosperar, borraría de un plumazo la práctica totalidad del valor bursátil de la empresa de Mark Zuckerberg. El juicio arranca el 18 de agosto en Oakland, California, y en el horizonte asoma una pregunta incómoda: el coste real de la salud mental de una generación de adolescentes enganchados a Instagram y Facebook.

Una multa de dimensiones históricas

La cifra, calificada por la propia Meta de “extravagante” en los escritos judiciales, supera todo lo conocido. El estado de California, junto con Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, lidera un bloque que ha calculado las sanciones sumando la máxima penalización legal por cada menor de trece años —y por cada vez que cada uno usó las plataformas durante un mes—, una metodología que la tecnológica denuncia como “doble conteo” sin precedentes.

La demanda interpuesta por por 29 fiscales generales acusa a la compañía de violar las leyes de privacidad infantil que prohíben recolectar datos de usuarios menores de edad sin consentimiento. Pero el golpe más duro es la acusación de que Meta priorizó sus beneficios sobre la seguridad de los niños, contribuyendo activamente a la crisis de salud mental juvenil que recorre el país.

La lectura que hace Washington —en este caso, los estados— es meridiana: las redes sociales dejaron de ser un mero entretenimiento para convertirse en un problema de salud pública. Y el contribuyente quiere cuentas.

En un solo cálculo de su ‘Tabla de remedios’, los fiscales reclaman más de un billón de dólares en sanciones y restitución; luego añaden otras tablas que, según la defensa, duplican el recuento.

El equipo legal de Meta ha tachado la suma de “injustificada” y sostiene que los fiscales están aplicando multas de hasta 50.000 dólares por infracción a millones de cuentas de forma arbitraria. “Una sanción de ese tamaño no tiene parangón en la historia de la protección al consumidor”, reza uno de los documentos presentados ante la corte de California, recordando que la propia Comisión Federal de Comercio (FTC) describió una multa de mil millones como “la mayor jamás impuesta en un caso de violación de normativa federal”.

Lo que está en juego para Silicon Valley

El proceso va mucho más allá de Meta. Lo que se dirime en Oakland es hasta dónde está dispuesto el sistema judicial estadounidense a castigar a una gran tecnológica por el daño psicológico causado a los menores. Y la munición de los fiscales no es poca: un antiguo empleado de la empresa asegura que Meta detuvo investigaciones internas —entre ellas el llamado Proyecto Mercury— que habrían demostrado que dejar de usar Facebook reducía la depresión y la ansiedad entre los usuarios más jóvenes.

Esa revelación, destapada por los demandantes, refuerza la tesis de que la cúpula de Menlo Park conocía el peligro desde 2019 y optó por enterrar los datos. La portavoz de la fiscalía general de California fue categórica: “Meta ayudó a alimentar una crisis de salud mental que está marcando a una generación de niños estadounidenses”.

La batalla legal se solapa, además, con otros frentes. Mientras 29 estados reclaman los 1,4 billones, en paralelo avanza una demanda que acusa a la plataforma de tolerar una política de hasta 17 avisos antes de expulsar a traficantes sexuales. El cerco judicial recuerda, en escala y tensión, al que sufrió la industria tabacalera en los años noventa.

Facebook Instagram privacidad

La Lógica de Washington

Para entender el giro hay que mirar al Capitolio, pero también a las capitales estatales. La protección de la infancia en internet es hoy una de las pocas causas capaces de unir a republicanos y demócratas. Lo vimos con el proyecto de ley Kids Online Safety Act en el Senado federal, y lo volvemos a ver en esta ofensiva sin precedentes encabezada por fiscales generales de estados tan dispares como California (demócrata) y Kentucky (republicano). No importa quién ocupe el Ala Oeste: la preocupación por el bienestar de los menores trasciende siglas.

La maniobra refleja la doctrina americana de utilizar el poder disuasorio de las sanciones económicas para obligar a las empresas a cambiar de conducta. Aquí no se busca tanto recaudar 1,4 billones —Meta acabaría quebrada— como forzar un acuerdo multimillonario que imponga cambios estructurales en la manera en que las redes sociales tratan los datos de los adolescentes. Es la misma filosofía que llevó al Departamento de Justicia a desmembrar AT&T en 1984 o a la FTC a multar a Google con 170 millones por violar la privacidad infantil en YouTube.

Para España, el impacto tiene dos caras. La inmediata es de cautela: cientos de pymes españolas dependen de Instagram y Facebook para llegar a sus clientes, y cualquier restricción en la segmentación publicitaria —la herramienta que permite dirigir anuncios a públicos muy concretos— les restaría competitividad frente a gigantes con más músculo financiero. La segunda cara es regulatoria: el caso californiano refuerza la legitimidad de la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea y de las investigaciones abiertas por la Agencia Española de Protección de Datos sobre el diseño adictivo de las plataformas. Cuando Washington y Bruselas convergen, aunque sea por vías distintas, el margen de las tecnológicas se estrecha.

Ficha del Caso

  • El caso: Veintinueve fiscales generales de EE. UU. demandan a Meta por violar la privacidad de menores y dañar su salud mental. Reclaman hasta 1,4 billones de dólares, una cifra equivalente a la capitalización bursátil de la empresa.
  • Datos clave: Juicio previsto para el 18 de agosto en Oakland, California. Las sanciones se calculan aplicando la multa máxima por cada menor de 13 años por cada mes de uso. Meta alega que el método duplica usuarios y carece de base legal.
  • Para España: Las pymes españolas que usan Facebook e Instagram para publicidad segmentada podrían verse afectadas si la sentencia cambia las reglas de recolección de datos. Madrid observa el caso con atención por su sintonía con la DSA comunitaria.

El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Ormuz: EE.UU. exige su reapertura y amenaza a Irán

Jack Williams
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El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Ormuz: EE.UU. exige su reapertura y amenaza a Irán

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Estados Unidos exige a Irán que declare de forma pública la apertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional y cese los ataques a buques comerciales, tras una semana de intercambio de golpes militares.
  • ¿Quién está detrás? La Administración Trump, que ayer dio por roto el memorando de entendimiento firmado dos meses atrás durante la cumbre de la OTAN en Turquía.
  • ¿Qué impacto tiene? El 20% del petróleo mundial transita por esta ruta, lo que alimenta la incertidumbre sobre los precios del crudo y los combustibles en España, que depende en parte del suministro del Golfo Pérsico.

Donald Trump ha dado por terminado el alto el fuego con Irán y reclama que Teherán anuncie públicamente la apertura del estrecho de Ormuz, por el que fluye uno de cada cinco barriles de petróleo que se consumen en el planeta.

La exigencia de Washington: declaración pública y cese de ataques

Un portavoz del Gobierno estadounidense confirmó ayer a los periodistas que Washington exige a Teherán que permita el paso de buques comerciales por el estrecho de Ormuz y que detenga todos los ataques contra la navegación. La Casa Blanca atribuye la escalada de esta semana a «extremistas iraníes» que, según su versión, intentan sabotear un frágil alto el fuego.

Horas después, un diplomático iraní replicó que la autoridad para abrir o cerrar el estrecho reside exclusivamente en Irán, en línea con la doctrina que Teherán ha mantenido durante décadas sobre el control del Golfo Pérsico.

El pulso geopolítico: del cese del fuego al intercambio de golpes

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró ayer «superado» el memorando de entendimiento (MOU) que había detenido las hostilidades. Lo hizo mientras asistía a la cumbre de la OTAN en Turquía, en represalia por los ataques iraníes del lunes y el martes contra buques mercantes en el propio estrecho. El MOU, firmado dos meses atrás, incluía un periodo de 60 días para negociar un acuerdo de paz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, lo que había permitido la salida de numerosos barcos atrapados en el golfo Pérsico.

Sin embargo, la reanudación de los combates ha devuelto la incertidumbre a la ruta marítima. Según informó el Wall Street Journal, en los últimos días Irán ha aprovechado para sacar apresuradamente sus propios petroleros, navegando pegados a la costa para minimizar riesgos.

En paralelo, Israel ha compartido con Washington informes de inteligencia sobre un nuevo plan iraní para asesinar a Trump, lo que llevó al presidente a dejar en en «instrucciones» para una campaña masiva de bombardeos sobre Irán si él resultara asesinado por el régimen islámico.

La reapertura del estrecho de Ormuz no es solo una cuestión de seguridad marítima: es la llave que regula los precios de la energía en Europa y, por tanto, en los surtidores españoles.

La Lógica de Washington

Para la Administración Trump, el estrecho de Ormuz representa un cuello de botella estratégico que no puede quedar sujeto a la voluntad de un solo país. El 20% del petróleo mundial que cruza sus aguas —unos 21 millones de barriles diarios— es vital no solo para la economía global, sino también para la seguridad energética de los aliados europeos. La posición de Washington replica, en esencia, la doctrina que el presidente Ronald Reagan aplicó durante la guerra Irán-Irak en los años ochenta, cuando la marina estadounidense escoltó a petroleros en la operación Earnest Will para garantizar el libre flujo de crudo.

La lógica es doble: demostrar que la paciencia de la Casa Blanca tiene un límite y que el control iraní sobre el estrecho se combate con fuerza naval y diplomática simultánea. Al mismo tiempo, el gesto envía un mensaje a China y otros compradores asiáticos del petróleo del Golfo: la estabilidad de la ruta depende en buena medida de la presencia militar estadounidense.

Para España, la incertidumbre se traduce en presión al alza sobre los precios de los combustibles. El país importa una parte significativa de su crudo de Oriente Medio (Arabia Saudí, Irak, Kuwait) y cualquier disrupción prolongada en Ormuz encarece la factura energética y afecta a las cuentas de Repsol y Cepsa. Las empresas españolas ya notan el repunte del barril de Brent, que ayer superó los 93 dólares.

Las negociaciones de paz, sin embargo, no están rotas del todo. El propio Trump afirmó ayer que ambos países siguen manteniendo contactos, lo que deja abierta una vía diplomática que podría estabilizar la situación en las próximas semanas. Habrá que ver si Teherán cede a la exigencia pública de Washington o si el pulso se recrudece.

Ficha del Caso

  • El caso: Estados Unidos da por roto el alto el fuego con Irán y exige la reapertura del estrecho de Ormuz tras una semana de ataques mutuos contra buques comerciales.
  • Datos clave: El 20% del petróleo mundial transita por el estrecho; el Brent superó los 93 dólares; el MOU de paz queda sin efecto; Irán reivindica control soberano sobre la vía.
  • Para España: Aumenta la presión alcista sobre el precio del crudo y los carburantes, con impacto directo en las importaciones energéticas y en los resultados de Repsol y Cepsa.

Paralizan hasta el 15 de julio el desahucio de una refugiada ucraniana y sus cuatro hijos en A Coruña por la presión vecinal

Anxo Seoane
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Paralizan hasta el 15 de julio el desahucio de una refugiada ucraniana y sus cuatro hijos en A Coruña por la presión vecinal

La movilización vecinal logró este jueves que se aplazase hasta el próximo miércoles 15 de julio el desahucio de Marta, una refugiada ucraniana y sus cuatro hijos menores, en A Coruña. La presión de más de un centenar de personas, concentradas en la calle Vicente Aleixandre, forzó a la parte arrendadora a aceptar una suspensión voluntaria del lanzamiento, a la espera de una solución habitacional.

La presión ciudadana detiene momentáneamente la orden judicial

Más de un centenar de personas se sentaron ante el portal del edificio desde primera hora de la mañana, convocadas por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Inquilinos de A Coruña. Con lemas como ‘alquiler social, derecho universal’ y una pancarta en la ventana que rezaba ‘12.000 euros para tutelar a cuatro menores, 0 euros para alternativa habitacional’, los manifestantes lograron que la comitiva judicial, acompañada de una decena de agentes de la Policía Nacional, se retirase al mediodía tras aceptar el aplazamiento.

El abogado de la afectada, Antonio Vázquez, explicó que la suspensión es “una solución provisional” y que ahora deben presentar en los Servicios Sociales municipales la solicitud para el sistema de emergencia habitacional. “La parte ejecutante accede a suspender este acto hasta el miércoles 15, a las 09.00. Tiene como último momento ese día y hora para la entrega de las llaves”, detalló, según recogieron varias agencias.

Una solución habitacional precaria y críticas cruzadas

La propuesta del Ayuntamiento de A Coruña consiste en un alternativa habitacional compartida durante seis meses, con el compromiso de buscar otra opción al finalizar el plazo. Sin embargo, ni la dirección exacta ni las características del inmueble fueron comunicadas hasta el momento del desahucio, lo que generó la desconfianza de la familia. “Hasta hace unos minutos se negaron reiteradamente a concretar la dirección exacta para que pudiésemos evaluar si tiene unos requisitos mínimos”, criticó el letrado.

La portavoz del grupo municipal del BNG y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, presente en la concentración, puso el foco en el parque público de vivienda. “Hay 40 viviendas municipales pendientes de reparación que, si estuvieran preparadas y el gobierno de Inés Rey estuviese comprometido con el derecho a la vivienda, Marta tendría un sitio donde ir”, afirmó. Veira también reprochó a la Xunta de Galicia —el gobierno autonómico gallego con competencias en vivienda— que “no está haciendo nada”.

Fuentes del gobierno autonómico consultadas por Europa Press negaron cualquier comunicación sobre la retirada de la custodia de los menores, algo que habían denunciado los colectivos. “No hay un expediente abierto en menores sobre este caso, porque en este momento los niños no están en situación de desprotección”, aseguraron. Además, recordaron que la mujer recibe la Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga), ha participado en programas de atención a desahucios y se le tramitó un bono de alquiler social.

La vivienda en Galicia no es solo un problema de precios; es la punta de un iceberg de desigualdad que golpea con especial dureza a los colectivos más frágiles, como las familias refugiadas.

La Plataforma polo Dereito á Vivenda denuncia un contexto de especulación inmobiliaria que imposibilita que una refugiada con cuatro hijos acceda a un alquiler en el mercado libre. “Nadie le alquila un piso a una refugiada de guerra con cuatro hijos”, subrayó Beatriz García, portavoz del colectivo. La versión municipal, recogida también por las agencias, insiste en que a la mujer se le han ofrecido “distintas ayudas sociales y alternativas de vivienda en diversas ocasiones”, añadiendo que la propuesta más reciente no fue aceptada.

El Laboratorio Gallego

El caso de Marta no es un hecho aislado. En los últimos años, las ciudades gallegas han visto dispararse los precios del alquiler, mientras el parque público de vivienda permanece prácticamente congelado. La Xunta, con las competencias transferidas, ha optado por un modelo basado en ayudas al pago —como el bono de alquiler social— en lugar de promover directamente un parque público asequible. El Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por el PSdeG —la federación gallega del PSOE—, se enfrenta a la réplica de que son las arcas municipales las que deben reparar las viviendas vacías.

Este cruce de acusaciones entre partidos y administraciones es un patrón que se repite desde Ourense hasta Vigo, y que conecta directamente con el debate nacional sobre la ley de vivienda. Mientras el PP de Alberto Núñez Feijóo defiende desde Madrid que las comunidades autónomas tienen las herramientas, la realidad que muestran casos como este es que ni los servicios sociales locales ni los programas autonómicos logran garantizar una alternativa habitacional digna cuando la urgencia llama a la puerta.

La movilización ciudadana ha logrado al menos ganar unos días. Pero el reloj corre hasta el miércoles 15 de julio. Si no se encuentra una solución definitiva, la familia podría verse obligada a abandonar el piso sin un techo estable, y el debate político seguirá enrocado en el “y tú más” territorial.

Ficha del Caso

  • El caso: Marta, refugiada ucraniana y sus cuatro hijos menores, se enfrentan a un desahucio en A Coruña que fue aplazado por la presión vecinal hasta el 15 de julio. La administración ofrece una vivienda compartida temporal, mientras la familia exige una alternativa digna.
  • Datos importantes: La Xunta de Galicia ha concedido a la mujer la Risga y otras ayudas, pero el parque de vivienda municipal en A Coruña arrastra 40 inmuebles pendientes de rehabilitación. El mercado privado excluye a perfiles vulnerables y sin avales.
  • Resumen: Más allá del desenlace individual, el caso expone la incapacidad de las políticas de vivienda —tanto locales como autonómicas— para responder a emergencias habitacionales, un problema que Galicia comparte con el resto de España y que escala en la agenda política nacional.

Ana Mestre será la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía en Sevilla tras el acuerdo PP-Vox

Enrique Ramos
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Ana Mestre será la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía en Sevilla tras el acuerdo PP-Vox

La parlamentaria gaditana Ana Mestre será la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía, en un movimiento que consolida el acuerdo entre PP y Vox para la legislatura. Mestre, natural de Jerez de la Frontera, toma el relevo de Jesús Aguirre, quien se dedicará en exclusiva al Senado tras haber presidido la Cámara desde 2022. La decisión, confirmada por fuentes del PP andaluz, sitúa al frente del legislativo autonómico a una política con una larga trayectoria en la provincia de Cádiz.

Un relevo pactado en la Mesa del Parlamento

El cambio en la presidencia de la institución con sede en Sevilla es fruto del acuerdo entre las dos formaciones que sostienen al gobierno de Juanma Moreno. En virtud de ese pacto, Vox asumirá una vicepresidencia de la Mesa, lo que obligaba a recolocar al actual vicepresidente primero, que era la propia Ana Mestre. La dirección del PP en Andalucía ha optado por elevarla a la presidencia en lugar de sacarla del órgano de gobierno de la Cámara, una jugada que mantiene el equilibrio institucional y otorga a la formación de Santiago Abascal el espacio que le corresponde.

El actual presidente, Jesús Aguirre —médico cordobés de 70 años—, deberá presentar su dimisión ante la Mesa y el pleno del Parlamento ante de que los diputados procedan a la elección de la nueva presidencia y de la vicepresidencia primera que deja vacante Mestre. Ese pleno se celebrará en los próximos días, según las previsiones de los grupos parlamentarios. La sustitución se produce sin sobresaltos y con el aval de la mayoría que apoya al ejecutivo autonómico.

La figura del presidente del Parlamento de Andalucía —la Cámara legislativa unicameral con 109 escaños— es clave para la ordenación de los debates y la representación institucional de la comunidad. No es un puesto decorativo: quien lo ocupa preside la Junta de Portavoces, fija el orden del día de los plenos y puede condicionar la actividad de control al Consejo de Gobierno. Con Ana Mestre al frente, el PP mantiene un perfil propio y, al mismo tiempo, cumple los compromisos con su socio parlamentario.

El relevo en la presidencia del Parlamento demuestra que la gobernabilidad de Andalucía se apoya en el entendimiento entre fuerzas políticas, clave para desplegar el programa de gobierno de Juanma Moreno.

Trayectoria de Ana Mestre, tercera mujer al frente de la Cámara

Nacida en Jerez de la Frontera en 1981, Ana Mestre ha ido escalando responsabilidades orgánicas e institucionales sin perder el anclaje en su provincia. Fue delegada del Gobierno andaluz en Cádiz durante la anterior legislatura, cargo desde el que gestionó las políticas autonómicas en un territorio marcado por el desempleo y la presión migratoria en el Campo de Gibraltar. Más tarde, el PP la incluyó en sus listas al Parlamento de Andalucía, donde accedió a la vicepresidencia de la Mesa tras la salida de Marta Bosquet.

En las municipales de 2023, Mestre dio el paso de presentarse como candidata a la alcaldía de Sanlucar —compitiendo en un feudo tradicionalmente socialista— y, aunque no logró arrebatar el bastón de mando a Víctor Mora, reforzó su imagen como una política solvente y con capacidad de diálogo. Su nombre siempre ha sonado para ocupar asientos en los sucesivos ejecutivos de Juanma Moreno, pero finalmente será la presidencia del Parlamento la que la aúpe al primer plano institucional.

Con su elección, Mestre se convierte en la tercera mujer que preside la Cámara andaluza, después de Fuensanta Coves (2008-2012) y María del Moreno (2012-2014). Las tres proceden del espectro conservador, lo que refleja el peso que el PP ha dado a los perfiles femeninos en los puestos de representación institucional. La presencia de las mujeres en los órganos de dirección del Parlamento se ha normalizado progresivamente, aunque la brecha de género en los cargos de máxima responsabilidad sigue siendo una asignatura pendiente en la política andaluza.

La Lectura Andaluza

El nombramiento de Ana Mestre como presidenta del Parlamento de Andalucía se enmarca en un momento de relativa calma institucional. La mayoría que sostiene a Juanma Moreno —PP y Vox, con los apoyos puntuales de otras formaciones— ha demostrado ser sólida en las votaciones clave de la legislatura, y el cambio en la presidencia de la Cámara refuerza esa dinámica sin generar crispación. Para los andaluces de a pie, la decisión puede parecer lejana, pero afecta al funcionamiento cotidiano de la institución que controla al gobierno: un Parlamento con liderazgo estable agiliza los proyectos de ley y los debates presupuestarios que repercuten en la sanidad, la educación o las infraestructuras de cada provincia.

La provincia de Cádiz, de donde es originaria Mestre, gana visibilidad con esta designación. No es frecuente que un representante gaditano ocupe la presidencia de la Cámara; la última vez que alguien de Cádiz estuvo tan cerca del centro del poder parlamentario fue con Manuel Gracia Navarro en la Mesa de la legislatura 2015-2018, pero nunca en la presidencia. Mestre llega al cargo con la experiencia de haber gestionado la delegación autonómica en una provincia con más de 1,2 millones de habitantes y una tasa de paro que históricamente supera la media andaluza, lo que le otorga sensibilidad hacia los problemas del sur de la comunidad.

De cara a los próximos meses, la nueva presidenta tendrá que pilotar la tramitación de los presupuestos para 2027 y mantener encarrilada la relación entre los grupos mientras el gobierno de la Junta —el auténtico motor ejecutivo— despliega su programa. El hecho de que el acuerdo PP-Vox haya permitido este relevo sin tensión añadida es una señal de que la legislatura goza de buena salud. Ahora toca ver si esa estabilidad se traduce en leyes que mejoren la vida de los andaluces, desde los invernaderos de Almería hasta los astilleros de Puerto Real.

La Junta inicia las obras del tramo Casapalma-Cerralba de la autovía Málaga-Ronda-Campillos por 50 millones

Enrique Ramos
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La Junta inicia las obras del tramo Casapalma-Cerralba de la autovía Málaga-Ronda-Campillos por 50 millones

La Junta de Andalucía ha iniciado esta semana las obras del tramo Casapalma–Cerralba de la autovía Málaga–Ronda–Campillos (A-357), con un presupuesto de 50 millones de euros. La actuación, adjudicada a la unión de Copisa, Constructora Pirenaica y Arpo Empresa Constructora, rescata un proyecto que llevaba 16 años paralizado y que ahora toma forma en el Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Junta de Andalucía ha comenzado las obras del tramo Casapalma-Cerralba de la autovía A-357, con una inversión de 50 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.
  • ¿Dónde y quién? El tramo discurre entre los términos municipales de Cártama y Pizarra, en la provincia de Málaga. Las obras las lleva a cabo la alianza de Copisa, Constructora Pirenaica y Arpo.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Aliviará el tráfico de más de 25.000 vehículos diarios y mejorará la seguridad vial, con un nuevo viaducto sobre el río Grande y una autovía de doble calzada. La previsión es que esté operativa en verano de 2029.

Un tramo de 4 kilómetros que salda una deuda de 16 años

El nuevo tramo, de apenas 4 kilómetros de longitud, discurrirá en gran parte en paralelo a la carretera actual, pero se desviará para cruzar el río Grande mediante un viaducto de 250 metros. La Junta ha confirmado que se construirá con doble calzada, dos carriles por sentido de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de un metro, una mediana de 10 metros y bermas de un metro.

La obra había sido adjudicada originalmente en enero de 2010, pero la crisis económica impidió su inicio y el contrato se resolvió años después con un sobrecoste para la administración autonómica de cerca de medio millón de euros. Ahora, el Gobierno andaluz retoma una infraestructura que la comarca del Guadalhorce llevaba más de una década y media esperando.

En paralelo, la Consejería de Fomento adjudicó por 1,1 millones de euros la asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras a la unión de Proasur Ingeniería Civil y Aima Ingeniería. Además, el siguiente tramo, Cerralba–Zalea, con otros 4 kilómetros, se encuentra actualmente en fase de redacción.

La presión del tráfico y la seguridad vial en el Valle del Guadalhorce

La autovía A-357, que desde Málaga hasta Casapalma ya es autovía, soporta picos de 80.000 vehículos diarios en su acceso a la capital. A partir de Casapalma, donde termina la doble calzada, la demanda se mantiene por encima de los 25.000 vehículos al día en dirección a Pizarra. Estas intensidades, combinadas con un trazado de un solo carril por sentido, convierten la carretera en un punto negro de la red autonómica.

El Valle del Guadalhorce ha esperado 16 años a que esta autovía saliera del papel. Ahora, con más de 25.000 vehículos diarios en un solo carril, la obra ya no es solo una promesa, sino una cuestion de seguridad.

El alcalde de Pizarra, Félix Lozano, expresó esta semana su satisfacción: «En Pizarra estamos preparados para todo lo que pueda venir. Sabemos que esta infraestructura favorecerá el crecimiento del municipio, pero será un crecimiento controlado, planificado y siempre manteniendo la identidad que caracteriza a nuestro pueblo».

El proyecto no se limita a este tramo: la Junta ejecuta también la duplicación de los accesos de Ronda en la A-367 y el desdoblamiento de la A-404 hacia Alhaurín de la Torre, donde cerca de 30.000 vehículos diarios colapsan una calzada única de siete kilómetros. La A-357 pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y vertebra el tráfico de las comarcas de Antequera, la Serranía de las Nieves y la Serranía de Ronda.

La Lectura Andaluza

El inicio de estas obras en Málaga no es un hecho aislado. Andalucía arrastra un déficit histórico de infraestructuras viarias que, en comarcas con un fuerte crecimiento demográfico como el Valle del Guadalhorce, se traduce en problemas de movilidad y seguridad. El traslado de población desde la capital hacia municipios como Pizarra o Cártama, impulsado por los precios de la vivienda en Málaga, ha disparado la presión sobre carreteras que no habían sido rediseñadas para estos volúmenes.

Para los ciudadanos, la nueva autovía significa mucho más que un ahorro de minutos en el coche. La configuración de doble calzada y la eliminación de cruces peligrosos reducirán la siniestralidad en un corredor que hasta ahora era de un solo carril por sentido. Además, la conexión con Cerralba y la futura prolongación hasta Zalea completarán un eje estratégico que facilitará la llegada a zonas industriales y turísticas, con un impacto directo en la economía de la comarca.

La proyección es ambiciosa pero realista. Con un plazo de ejecución de 36 meses, el tramo Casapalma–Cerralba debería estar listo en el verano de 2029. Para entonces, la redacción del siguiente tramo estará avanzada y la Junta podrá encadenar nuevos contratos. Si se cumple el calendario, el Valle del Guadalhorce tendrá, por fin, la autovía que lleva casi dos décadas mereciendo.

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