Coalición Canaria acusa a Ángel Víctor Torres de boicotear el ‘decreto Canarias’ por interés electoral

Marta Iglesias
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Coalición Canaria acusa a Ángel Víctor Torres de boicotear el ‘decreto Canarias’ por interés electoral

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Coalición Canaria acusa al ministro Ángel Víctor Torres de boicotear el ‘decreto Canarias’, una norma autonómica bloqueada desde hace diez meses.
  • ¿Quién está detrás? El presidente canario, Fernando Clavijo, y el secretario de Organización de CC, David Toledo, denuncian al Gobierno central.
  • ¿Qué impacto tiene? El decreto incluye medidas para combatir la pobreza, elevar los salarios, aliviar la presión fiscal y desbloquear más de 300 millones en transferencias pendientes.

Coalición Canaria ha denunciado este fin de semana el boicot del Gobierno de Pedro Sánchez al denominado ‘decreto Canarias’, y ha señalado directamente al ministro Ángel Víctor Torres como responsable de su paralización por motivos electorales.

El presidente canario, Fernando Clavijo, defendió este miércoles en el Parlamento de Canarias la iniciativa como un «escudo social» para combatir la pobreza y la la exclusión social, elevar los salarios, aliviar la presión fiscal de las familias y reforzar políticas de vivienda e infraestructuras.

El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, fue contundente: «Ángel Víctor Torres boicotea el ‘decreto Canarias’, literalmente». Según Toledo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática antepone sus aspiraciones a la Presidencia de Canarias —es candidato del PSOE para las elecciones de mayo de 2027— a la aprobación de una norma que, insistió, cuenta con el respaldo del Parlamento autonómico, las universidades, los sindicatos, la patronal y las federaciones de municipios e islas.

Toledo recordó que el decreto reúne medidas ya contempladas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, la ‘agenda canaria’ y los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados. «¿Por qué motivo no lo aprueban? Si hay un decreto que está compuesto por el Estatuto aprobado por ellos, por el presupuesto aprobado por ellos y por la ‘agenda canaria’ aprobada por ellos, ¿por qué motivo no lo ponen en marcha?», cuestionó. A su juicio, Torres no quiere que Clavijo se lleve el rédito electoral.

Además, denunció que la falta de unos nuevos presupuestos mantiene paralizados distintos compromisos con Canarias y cifró en más de 300 millones de euros las cantidades pendientes de transferir por parte del Estado en convenios de carreteras, vivienda e infraestructuras. También aseguró que el Gobierno autonómico está asumiendo con recursos propios parte de las inversiones destinadas a la reconstrucción de La Palma.

En paralelo, CC destacó el respaldo del PP en el Senado, donde la Cámara Alta aprobó el pasado miércoles el ‘decreto Canarias’ con mayoría popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha manifestado públicamente que los populares respaldarán la iniciativa en el Congreso, porque recoge el contenido de la ‘agenda canaria’ que el PP firmó previamente.

El bloqueo responde, según Coalición Canaria, a un cálculo electoral del candidato socialista a la presidencia de Canarias.

Toledo también cargó contra los anuncios del Ejecutivo sobre una futura negociación presupuestaria, que calificó de «show» para desviar la atención de los casos judiciales que afectan al entorno del Gobierno. «Todo es un show, todo es relato para tener tertulias llenas de comentarios sobre presupuesto y negociaciones para ocupar columnas de opinión y portadas de periódico, pero la realidad es que todo es mentira», afirmó.

Ante esta situación, Coalición Canaria reiteró la posición aprobada por su Consejo Político Nacional y reclamó a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza si no consigue sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. «O cuestión de confianza o elecciones», sentenció Toledo.

El Pulso Territorial

El pulso entre el Gobierno de Canarias y el central refleja un escenario de tensión política con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte. Fernando Clavijo preside un ejecutivo de coalición entre CC, PP, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Unión Canaria (UC), que en apenas once meses se verá sometido al veredicto de las urnas. El bloqueo del ‘decreto Canarias’ alimenta una narrativa de agravio territorial que CC explota como fuerza electoral.

La situación no es ajena a otras comunidades autónomas: la falta de nuevos Presupuestos Generales mantiene congeladas las cuentas de regiones como Castilla-La Mancha o Extremadura, donde también se acumulan partidas pendientes. Sin embargo, el caso canario suma un duelo electoral directo entre el actual presidente y el candidato socialista, algo que no se repite con la misma nitidez en otros territorios. Históricamente, Clavijo ya vivió tensiones similares durante su anterior etapa al frente del ejecutivo canario (2015-2019), cuando chocó con el Gobierno de Mariano Rajoy por asuntos de financiación.

La falta de respuesta del Ejecutivo central, mientras el Senado da luz verde con el apoyo del PP, deja abierta la incógnita de si el decreto se desbloqueará antes de que el ciclo electoral lo entierre definitivamente.

Ficha Autonómica

  • El caso: Coalición Canaria denuncia que el Gobierno central bloquea desde hace diez meses el ‘decreto Canarias’, una norma autonómica que incluye medidas contra la pobreza, subidas salariales, bonificaciones fiscales y transferencias pendientes de 300 millones. Señala al ministro Ángel Víctor Torres como responsable del bloqueo por su candidatura a la Presidencia canaria en 2027.
  • Datos importantes: El decreto se sustenta en el Estatuto de Autonomía, la ‘agenda canaria’ y los anteriores presupuestos generales. CC cifra en más de 300 millones las cantidades retenidas por el Estado en convenios de carreteras, vivienda e infraestructuras. El Senado aprobó la semana pasada el decreto con apoyo del PP.
  • Resumen: CC exige la aprobación inmediata del decreto y pide a Pedro Sánchez una cuestión de confianza si no hay nuevos Presupuestos. El choque entre Clavijo y Torres enmarca la pelea política de cara a las elecciones canarias de 2027.

Estados Unidos ya tiene un marco de control para armas autónomas que puede redefinir la guerra

Jack Williams
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Estados Unidos ya tiene un marco de control para armas autónomas que puede redefinir la guerra

El Pentágono dispone de un sistema de control de armas gradual que, aplicado a los sistemas autónomos, resuelve el dilema ético y operativo que tanto agita a los aliados europeos. La clave está en tres órdenes que todo artillero conoce: weapons hold, weapons tight y weapons free.

Tres palabras que gobiernan la letalidad desde hace décadas

El ejército estadounidense maneja desde hace décadas un vocabulario de control de armas que estructura el uso de la fuerza letal. El comandante sobre el terreno decide entre tres posturas, y cada una calibra la autoridad letal según la misión y el entorno.

Weapons hold (arma en seguro, en la traducción funcional) autoriza el fuego solo en defensa propia o bajo órdenes específicas. Weapons tight (arma ajustada) permite disparar contra blancos identificados positivamente como hostiles. Weapons free (arma libre) habilita la apertura de fuego contra cualquier cosa que no esté identificada como aliada. Es un sistema que no exige aprobación individual por cada disparo, sino que traslada el juicio al momento anterior, cuando el comandante fija la postura.

Esa misma lógica, sostiene un análisis reciente del American Mind, se puede aplicar directamente a las armas autónomas letales (sistemas que seleccionan y atacan objetivos sin intervención humana directa). No hace falta inventar una ética de la fuerza desde cero: el marco ya existe y los comandantes confian en él.

Del Estrecho de Taiwán a Teherán: el entorno dicta la postura

La objeción de que una máquina no puede ejercer el juicio contextual que distingue a un combatiente de un civil tiene peso solo en entornos donde esa discriminación es realmente difícil. Y esa es, precisamente, la condición que ya aborda el sistema de control de armas. Un dron autónomo en el Estrecho de Taiwán, rodeado de buques militares en una zona de conflicto declarada, se enfrenta a un problema de discriminación casi trivial. Allí, una postura weapons free o weapons tight es defendible con los mismos argumentos que justifican esas posturas para una batería antiaérea operada por humanos.

El mismo dron en el centro de Teherán, entre civiles, solo debería operar bajo weapons hold: un humano debe autorizar cada disparo. El entorno fija la postura, y el sistema de control de armas ya sabe cómo modular esa decisión.

El mismo sistema que permite a un comandante ordenar fuego libre sobre sus baterías antiaéreas puede aplicarse a un dron autónomo. La diferencia no es moral, es operativa.

De la Directiva 3000.09 a la necesidad de un vocabulario común

El Departamento de Defensa ya ha empezado a incorporar este enfoque. La Directiva 3000.09, actualizada en enero de 2023, exige que los sistemas autónomos permitan a comandantes y operadores ejercer un nivel apropiado de juicio humano sobre el uso de la fuerza. También obliga a que el diseño confine cada enfrentamiento a un marco temporal y geográfico consistente con las intenciones del mando. La directiva ya presupone que el nivel adecuado de control humano varía con el sistema y la misión, en lugar de mantenerse constante en todos los casos.

El siguiente paso, que el debate público aún no ha dado, es conectar esa variación con el vocabulario de control de armas que la fuerza ya utiliza. Si se adopta explícitamente, cada dron autónomo operaría bajo un estatus conocido, decidido por un comandante identificado y sujeto a las mismas reglas de responsabilidad que rigen el fuego de una batería de misiles Patriot.

guerra autónoma

Para España, esta evolución no es una cuestión teórica. La industria española de defensa —con Indra y el consorcio del futuro FCAS (Future Combat Air System) en primera línea— está integrando inteligencia artificial en plataformas de combate. Un marco doctrinal claro en Washington facilita la interoperabilidad con la OTAN y reduce la incertidumbre regulatoria que frena las exportaciones de sistemas con componente autónomo.

La lógica de Washington

Washington no persigue la automatización por capricho tecnológico. China ya desarrolla sistemas autónomos sin las mismas restricciones, y la velocidad de los misiles hipersónicos obliga a delegar decisiones de reacción en máquinas para no perder la vida de los soldados. La doctrina que se propone no busca eliminar al humano del bucle, sino situar la decisión crítica antes del combate, en manos de un comandante identificable y responsable.

Esa lógica protege al mismo tiempo la ventaja militar estadounidense y la cadena de mando. Un comandante que declara weapons free para un dron hereda las mismas consecuencias legales y políticas que si lo hiciera para una fragata. No hay algoritmo difuso al que culpar.

El precedente histórico más claro es la adopción de los misiles Patriot en los años 80, cuando el Pentágono confió a los oficiales la decisión de activar modos semiautomáticos de defensa antiaérea. Entonces, como ahora, el debate europeo intentaba imponer un control humano absoluto, mientras el mando estadounidense respondía con una palabra: confianza. Confianza en el comandante, no en el microchip.

Para España, la proyección a medio plazo es clara. La próxima cumbre de la OTAN de 2027 pondrá sobre la mesa los sistemas autónomos como un pilar de la disuasión aliada. Madrid tendrá que decidir si se alinea con la doctrina que surge del Pentágono o aboga por restricciones que, de facto, excluyan a su industria de los grandes contratos transatlánticos. Las apuestas ya están sobre la mesa.

Ficha del Caso

  • El caso: La doctrina militar estadounidense dispone de un sistema de control de armas (weapons hold/tight/free) que puede aplicarse directamente a los sistemas autónomos letales sin necesidad de reinventar la ética del combate.
  • Datos clave: La Directiva 3000.09 del Pentágono (actualizada en enero de 2023) ya exige niveles de juicio humano proporcionales al entorno. La propuesta es codificar ese sistema para hacerlo explícito en la cadena de mando.
  • Para España: La interoperabilidad con EE.UU. y la industria de defensa española (Indra, FCAS) depende de un marco doctrinal comprensible. La postura que adopte Madrid influirá en su acceso a los futuros contratos de la OTAN.

Fondos europeos Cuna del Alma: 28.700 euros de Next Generation en Tenerife y 20 millones de deuda

Marta Iglesias
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Fondos europeos Cuna del Alma: 28.700 euros de Next Generation en Tenerife y 20 millones de deuda

Una subvención de apenas 28.773 euros ha puesto el foco en el polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el sur de Tenerife. La promotora, Segunda Casa Adeje, recibió estos fondos europeos en marzo de 2023 para instalar placas solares, en un momento en que sus obras estaban paralizadas por orden del Gobierno de Canarias y la iniciativa acumulaba sanciones ambientales.

Una ayuda concedida con las obras suspendidas

Los detalles de la subvención aparecen en las cuentas de 2024 de Segunda Casa Adeje, donde se revela que la empresa obtuvo 28.773 euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. La ayuda, destinada a financiar parcialmente una instalación fotovoltaica cuyo coste total ascendió a 98.600 euros, se enmarcaba en una convocatoria lanzada en 2021 por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, entonces en manos del Pacto de las Flores —coalición liderada por el PSOE con Nueva Canarias, Podemos y ASG.

La convocatoria se resolvió mediante el sistema de concurrencia no competitiva: la administración concedió las ayudas por orden de llegada de las solicitudes, sin evaluar la calidad de los proyectos. Quienes registraron antes su petición tuvieron más posibilidades de acceder al dinero. La línea de autoconsumo en el sector servicios, dotada con cinco millones de euros, fue una de las que permitió a la promotora de Cuna del Alma captar los fondos.

La empresa, pese a tener las obras suspendidas desde octubre de 2022 por tres expedientes sancionadores del Gobierno canario, pudo beneficiarse de esta línea de subvenciones. La suspensión de las obras se prolongó hasta el verano de 2024, cuando el actual ejecutivo, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, archivó dos de los tres procedimientos. Solo prosperó la sanción de 230.000 euros por daños al patrimonio arqueológico, muy por debajo de los 600.000 euros inicialmente propuestos.

La subvención quedó registrada en el Portal de Subvenciones del Gobierno de Canarias el 28 de enero de 2025, casi dos años después de su concesión. La propia promotora ha confirmado que el proceso de justificación ha sido aceptado. Sin embargo, el proyecto no ha dejado de acumular problemas: la deuda con sus propios socios supera los 20 millones de euros y al menos seis procedimientos judiciales acechan a la iniciativa.

Una maraña judicial y una deuda que no frena las inversiones

Las denuncias en los tribunales van desde la traslocación de la viborina triste —la planta protegida que mantuvo en jaque las obras— hasta la presunta inacción de la Viceconsejería de Cambio Climático ante un posible daño ambiental. En la vía penal, la Asociación Puertito Libre ha logrado paralizar una pequeña porción del proyecto, apenas 2.394 metros cuadrados de los 430.000 previstos, por su impacto en la zona de costas.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el reparto de los fondos europeos. La convocatoria de Canarias no exigía un análisis de la viabilidad económica o ambiental de los promotores, algo que, según fuentes jurídicas, podría haberse implementado. El proyecto Cuna del Alma, con todas sus controversias, se alzó con una pequeña ayuda pública mientras el Gobierno regional debatía en paralelo si sancionar a sus responsables.

Un proyecto con 20 millones de deuda y múltiples procedimientos judiciales recibió 28.773 euros de fondos europeos para placas solares mientras sus obras estaban detenidas por orden del Gobierno de Canarias.

El Pulso Territorial

La concesión de esta ayuda se produjo bajo el mandato del Pacto de las Flores, una coalición de izquierdas que gobernó Canarias entre 2019 y 2023. La llegada al poder de Coalición Canaria y el PP en las elecciones autonómicas de 2023 trajo consigo un giro en la gestión de los expedientes sancionadores del proyecto: dos de los tres fueron archivados. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo no ha puesto en cuestión la subvención recibida, pese a que las obras seguían paralizadas en el momento de la concesión.

En el contexto autonómico, Canarias fue una de las comunidades que optó por sistemas de concurrencia no competitiva para agilizar la ejecución de los fondos Next Generation, al igual que otras regiones como Murcia o Castilla-La Mancha. La otra cara de esa agilidad es, como muestra el caso de Cuna del Alma, la ausencia de filtros que eviten que empresas en situación de irregularidad administrativa accedan a dinero público. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el archipiélago es una de las comunidades con menor nivel de auditorías previas en este tipo de convocatorias.

Lo que viene ahora es una larga travesía judicial. Los seis procedimientos abiertos seguirán su curso y la atención se centra en si el actual Gobierno de Canarias revisará sus protocolos de supervisión o si casos como este se repetirán en futuras convocatorias. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, pondrán a prueba el modelo de gestión de los fondos europeos en el archipiélago.

Ficha Autonómica

  • El caso: La promotora del macroproyecto turístico Cuna del Alma, en Tenerife, recibió una subvención de 28.773 euros de los fondos Next Generation en 2023, mientras sus obras estaban suspendidas por sanciones ambientales y la empresa acumula 20 millones de deuda.
  • Datos importantes: La ayuda se concedió mediante concurrencia no competitiva en una convocatoria de autoconsumo. La instalación de paneles solares costó 98.600 euros, de los que la UE financió el 29%. El proyecto enfrenta seis procesos judiciales y una sanción de 230.000 euros por daños arqueológicos.
  • Resumen: El caso ha saltado a la luz tras la publicación de las cuentas de la empresa y revela las debilidades de control en la gestión de fondos europeos en Canarias. La actual coalición de gobierno (CC-PP) archivó dos de los tres expedientes sancionadores, mientras los tribunales siguen su curso.

Alfonso Rueda activa la ayuda de la Xunta a los centros gallegos en Venezuela tras los terremotos

Anxo Seoane
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Alfonso Rueda activa la ayuda de la Xunta a los centros gallegos en Venezuela tras los terremotos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha activado todos los mecanismos de ayuda a los centros gallegos en Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país, en especial la zona de La Guaira, donde las comunicaciones “son complicadas o mismo imposibles”.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Reunión telemática de Rueda con la diáspora gallega en Venezuela y activación de ayudas de emergencia.
  • ¿Quién está detrás? La Xunta de Galicia, en coordinación con el Gobierno central y ONG.
  • ¿Qué impacto tiene? Se ampliarán las partidas para emigrantes, se envió un equipo de rescate y los centros gallegos coordinan la recogida de material humanitario.

Reunión urgente sin constancia de víctimas gallegas

El encuentro telemático celebrado este domingo reunió este domingo al presidente de la Xunta con los representantes de los centros gallegos en Venezuela y varios conselleiros. Durante la conversación, se trasladó un mensaje de cautela ante las dificultades que aún se viven en el país, especialmente en La Guaira.

La Xunta sigue sin tener constancia de gallegos fallecidos, pero las comunicaciones con esa zona son muy limitadas, según precisaron fuentes del Gobierno gallego. Rueda agradeció la labor de los centros gallegos en la atención a los afectados y confirmó que la red asistencial permanente está plenamente operativa.

Ayudas, equipos de rescate y cooperación a través de ONG

Uno de los mecanismos activados son las ayudas de emergencia para emigrantes gallegos y descendientes, que se convocan anualmente y cuyo presupuesto “podrá aumentarse si es necesario”. La Xunta ya ha trabajado en la coordinación del desplazamiento de un equipo especializado de búsqueda y rescate, formado por ocho personas, que partió el sábado desde Torrejón de Ardoz (Madrid) como único envío de medios procedente de España.

Paralelamente, se pusieron en marcha actuaciones de cooperación canalizadas a través de ONG para atender a las personas afectadas, mientras que los centros gallegos, junto a otras entidades españolas en Venezuela, han habilitado espacios de recogida de material y ayuda humanitaria. La Xunta mantiene abierta la posibilidad de ampliar cualquier partida en función de las necesidades sobre el terreno.

La red de centros gallegos en el exterior actúa como primera línea de asistencia humanitaria cuando fallan los canales diplomáticos tradicionales.

El Laboratorio Gallego

La actuación de la Xunta tras los terremotos en Venezuela exhibe una de las marcas propias del autogobierno gallego: la gestión directa de la asistencia a su diáspora a través de una red institucional que no tiene parangón en otras comunidades autónomas. Galicia cuenta con más de un centenar de centros reconocidos en el exterior, muchos de ellos en Venezuela, y desde hace décadas los sucesivos gobiernos –principalmente del PPdeG– han mantenido estas estructuras como un pilar de su acción exterior.

El BNG y el PSdeG también han respaldado históricamente estas políticas, lo que dota a la respuesta actual de un respaldo parlamentario amplio. Sin embargo, es el Ejecutivo de Rueda el que capitaliza operativamente la emergencia, mostrando una capacidad de reacción que complementa la acción del Estado central. Mientras el equipo de rescate enviado desde Torrejón corresponde a la coordinación nacional, la Xunta añade su propia red de centros y las ayudas específicas para emigrantes, creando un modelo de doble capa que algunos sectores reivindican como extrapolable a otras emergencias internacionales con presencia de comunidades autónomas.

De cara a las próximas semanas, la Xunta prevé mantener el contacto directo con los centros gallegos y evaluar la ampliación presupuestaria. El Consello de Goberno podría aprobar partidas extraordinarias si la situación lo requiere, y la colaboración con ONG se mantendrá abierta. El éxito o fracaso de esta operación no sólo medirá la solidaridad gallega, sino que puede sentar un precedente en la gestión autonómica de crisis humanitarias con fuerte componente migratorio.

Ficha del Caso

  • El caso: Tras los terremotos en Venezuela, el presidente de la Xunta activa los mecanismos de ayuda de emergencia para la diáspora gallega, con especial atención a la zona de La Guaira.
  • Datos importantes: No hay gallegos fallecidos confirmados, se envía un equipo de rescate de 8 personas, el presupuesto de ayudas anuales podrá ampliarse y la red asistencial permanente está operativa.
  • Resumen: Galicia demuestra su capacidad de respuesta humanitaria a través de su red única de centros en el exterior, complementando la acción del Estado y ofreciendo un modelo de intervención autonómica en crisis internacionales con alta presencia migratoria.

España respalda el tribunal especial para juzgar a Putin por la guerra en Ucrania

Amparo Soler
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España respalda el tribunal especial para juzgar a Putin por la guerra en Ucrania

Treinta y cuatro países europeos acordaron esta semana la creación de un tribunal especial para juzgar a Vladímir Putin por el crimen de agresión contra Ucrania. España figura entre ellos, en una decisión que refuerza su perfil como defensor del orden jurídico internacional.

El acuerdo —que también incluye a Australia y Costa Rica— responde a una demanda de Kiev que se arrastra desde el mismo inicio de la invasión, el 24 de febrero de 2022. Lo que ahora toma forma es un mecanismo judicial ad hoc, pensado para cubrir una laguna legal que la Corte Penal Internacional (CPI) no puede salvar por sí sola.

La CPI carece de jurisdicción plena sobre el crimen de agresión cuando el Estado agresor no es signatario del Estatuto de Roma, como es el caso de Rusia. De ahí la necesidad de un crimen de agresión. Para España, apoyar este tribunal es coherente con su tradición multilateralista y su apuesta por un mundo basado en reglas.

Un tribunal para juzgar el crimen de agresión

El argumento jurídico se apoya en el precedente de Núremberg. Los jueces aliados definieron entonces la guerra de agresión como “el crimen supremo”, porque sin él no se habrían producido los crímenes de guerra ni los crímenes contra la humanidad que le siguieron. Ochenta años después, la lógica se repite en Ucrania.

El nuevo tribunal no se ocupará de atrocidades concretas, sino de la decisión de invadir. Apuntará directamente a la cúpula política y militar rusa, incluido el presidente Putin. La iniciativa no nace de la improvisación: ya en 2022 el presidente ucraniano Volodímir Zelenski solicitó su creación, y desde entonces se ha ido tejiendo una coalición de voluntades.

El crimen de agresión es el crimen supremo: sin él no habría habido invasión, muertes ni destrucción en Ucrania. Por eso la respuesta debe ser jurídica, no solo económica.

Los números de la guerra explican por qué la comunidad internacional siente la obligación de actuar. Casi 1,8 millones de bajas militares, más de 15.000 civiles muertos y al menos 40.600 heridos, según estimaciones de organismos internacionales, dibujan un cuadro de devastación masiva. Más de seis millones de refugiados han salido del país.

Pero el tribunal no busca venganza. Se trata de fijar responsabilidades penales individuales y de enviar un mensaje inequívoco: iniciar una guerra de agresión no sale gratis. Los procesos penales internacionales, aunque lentos, debilitan la narrativa del agresor.

Qué papel juega España en esta iniciativa

Putin crímenes guerra

España no es un actor periférico en este movimiento. Desde el principio, el Gobierno ha respaldado las sanciones europeas y ha ofrecido apoyo humanitario, logístico y militar a Ucrania. Ahora, al sumarse al tribunal especial, el país consolida su imagen como socio fiable en la defensa del derecho internacional.

Para las empresas españolas, la credibilidad de un Estado que respeta las reglas es un activo intangible clave. Las decisiones judiciales internacionales afectan contratos y la reputación de las marcas españolas en el exterior. Apoyar este tribunal es, por tanto, una apuesta por un entorno predecible para los negocios.

España alberga además una larga tradición de cooperación con tribunales penales internacionales. Fue socio activo en la creación de la CPI y ha colaborado con los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda. El nuevo tribunal especial se alinea con ese legado, y permite a España proyectar su influencia en un momento en que el orden internacional se tambalea.

El precedente de Núremberg y la defensa del derecho internacional

Mirar al pasado ayuda a entender lo que está en juego. En 1945 los aliados no se limitaron a imponer condiciones de paz; crearon un tribunal para juzgar a la cúpula nazi por planear una guerra de agresión. Aquella decisión rompió el principio de impunidad de los jefes de Estado y estableció que el cargo político no blinda frente a la justicia penal.

La experiencia de los tribunales para Yugoslavia y Ruanda reforzó esa doctrina. Los procesos fueron largos y complejos, pero demostraron que la justicia internacional, aunque tardía, es capaz de deslegitimar al agresor y de reparar, en parte, a las víctimas. El tribunal para Ucrania aspira a seguir ese camino y a cerrar la puerta a futuras aventuras imperiales.

Para España, que ha sufrido el terrorismo y ha defendido la jurisdicción universal en su día, este tribunal es una extensión natural de sus principios en política exterior. Varios juristas españoles de prestigio podrían incluso participar en el proceso, como ya ocurrió en otros foros internacionales, lo que añadiría una capa de influencia indirecta para el país.

El camino no será fácil. Rusia boicoteará la legitimidad del tribunal, pero el paso dado por 34 naciones demuestra que el derecho se impone a la fuerza. España, con su respaldo, se sitúa del lado correcto de la historia.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: 34 países europeos, Australia y Costa Rica acuerdan crear un tribunal ad hoc para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania.
  • Datos importantes: La invasión rusa ha causado 1,8 millones de bajas militares y más de 15.000 civiles muertos. La CPI no puede procesar la agresión porque Rusia no firmó el Estatuto de Roma.
  • Resumen: España, al sumarse a la iniciativa, refuerza su compromiso con el derecho internacional y proyecta una imagen de país fiable para los negocios globales.

El PSPV enmienda los presupuestos de la Generalitat para bloquear a Vox y controlar 270 millones en derivaciones sanitarias

Amparo Soler
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El PSPV enmienda los presupuestos de la Generalitat para bloquear a Vox y controlar 270 millones en derivaciones sanitarias

El PSPV ha presentado una batería de enmiendas al articulado de los presupuestos de la Generalitat Valenciana (las cuentas autonómicas que fijan las políticas del Consell) para impedir que se apliquen criterios de ‘prioridad nacional’ —la exigencia de Vox para condicionar el acceso a servicios públicos según el origen— y para someter a un control exhaustivo los 270 millones de euros que la sanidad pública deriva cada año a centros privados. La jugada de los socialistas fuerza al PP a retratarse en las Corts Valencianes ante una de las líneas rojas de sus socios de gobierno.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PSPV ha registrado enmiendas a los presupuestos para bloquear la introducción de la ‘prioridad nacional’ que exige Vox y controlar los 270 millones en derivaciones sanitarias privadas.
  • ¿Quién está detrás? El grupo parlamentario socialista, liderado por José Muñoz, en respuesta al pacto PP–Vox que sostiene al Consell de Carlos Mazón.
  • ¿Qué impacto tiene? Obliga al PP a votar si acepta criterios discriminatorios; si los rechaza, tensa el pacto con Vox; si los acepta, asume un giro nacionalista excluyente en servicios públicos esenciales.

Una redacción antirracista para todos los departamentos

Las enmiendas socialistas no se limitan a una protesta genérica. El PSPV ha adaptado textos alternativos a cada consellería para impedir que el principio de ‘prioridad nacional’ cale en contrataciones, subvenciones o ayudas. En Servicios Sociales, Familia e Infancia, que dirige Elena Albalat, proponen un artículo que recoja la aplicación de políticas «evitando la introducción de criterios de prioridad nacional, por resultar contrarios a los principios constitucionales de igualdad y prohibición de discriminación». La redacción va más allá y exige «impedir la utilización de la prioridad nacional como criterio de acceso, selección, valoración o adjudicación en los contratos, subvenciones, ayudas, convenios y demás actuaciones de la Conselleria».

En Sanidad, la cartera de Marciano Gómez, el foco es doble. Por un lado, los socialistas quieren reforzar la atención universal «garantizando la atención sanitaria a todas las personas que viven en la Comunitat Valenciana» y piden implantar programas de mediación intercultural, traducción y alfabetización en salud para que las barreras idiomáticas no expulsen a nadie del sistema. Por otro, la enmienda estrella ataca directamente la opacidad de las derivaciones a la privada.

270 millones bajo la lupa: nombres, pruebas y precios

El PSPV exige que el Consell publique un informe mensual con el detalle exacto de lo que cobra cada centro por cada prueba o intervención quirúrgica externalizada. Quiere que consten «para cada una de las entidades el tipo de servicios o pruebas externalizadas». Son 270 millones de euros que, según los datos que ya manejan, se reparten entre ocho grandes grupos sanitarios privados. Además, la enmienda obliga a la Intervención General de la Generalitat a elaborar un informe anual sobre las externalizaciones del ejercicio 2025 «a fin de garantizar que la derivación a empresas y entidades de la sanidad privada responde a los principios de eficacia, eficiencia y optimización de los recursos públicos disponibles». La radiografía de la privatización encubierta que denunciaría ese informe debería remitirse a todos los grupos de las Corts Valencianes y publicarse en el portal de transparencia.

Se trata de un salto de calidad en la fiscalización: de las cifras globales al precio unitario. Y el PSPV lo presenta como un antídoto contra lo que consideran un plan de choque que acelera las externalizaciones sanitarias. «Si el Consell acepta las enmiendas, por primera vez sabremos cuánto paga realmente a cada clínica privada por una resonancia o una operación de cataratas», explican fuentes parlamentarias.

El Escenario Valenciano

La iniciativa socialista coloca al PP en una pinza política. El Consell de Carlos Mazón necesita los votos de Vox para aprobar las cuentas, y la exigencia de ‘prioridad nacional’ es una de las banderas de los de Abascal. Si el PP rechaza las enmiendas, asumirá que los servicios públicos valencianos pueden discriminar por origen; si las acepta —o negocia un texto intermedio—, enfadará a su socio y pondrá en riesgo la legislatura. En Madrid, la batalla tiene eco: el mismo debate sobre inmigración y sanidad tensa al Gobierno de Pedro Sánchez y ya ha provocado choques con comunidades del PP que aplican recortes encubiertos. En Valencia, el precedente histórico más cercano es el de las derivaciones sanitarias durante la crisis de la DANA, cuando la Generalitat tuvo que recurrir a la privada de urgencia y la falta de control previo generó facturas millonarias sin justificar.

La proyección es inmediata: las enmiendas se debatirán en la comisión de Presupuestos de las Corts Valencianes en las próximas semanas. Si prosperan, la transparencia sanitaria se convertirá en ley; si no, la oposición tendrá munición para denunciar una privatización opaca pilotada por Vox. Mientras, los afectados —las miles de personas que esperan una prueba o una intervención— miran la trinchera política desde la sala de espera.

El dinero de las derivaciones sanitarias es público; los precios, por ahora, son un secreto.

Ficha del Caso

  • El caso: El PSPV presenta enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para vetar criterios de ‘prioridad nacional’ de Vox y obligar al Consell a detallar los pagos a centros privados por derivaciones sanitarias (270 millones anuales).
  • Datos importantes: 270 millones de euros en externalizaciones sanitarias repartidas entre 8 grupos privados; enmiendas para todas las consellerías; exigencia de informe anual de la Intervención General y publicación mensual de precios por prueba.
  • Resumen: La iniciativa fuerza al PP de Juanfran Pérez Llorca a votar si acepta la ‘prioridad nacional’ de Vox o si se alinea con la transparencia que pide el PSPV, en un pulso que puede tensar el pacto de gobierno y tiene reflejo directo en el debate nacional sobre inmigración y sanidad.

El temor a un nuevo colapso burocrático marca el final de la regularización extraordinaria de migrantes en Aragón

Marta Iglesias
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El temor a un nuevo colapso burocrático marca el final de la regularización extraordinaria de migrantes en Aragón

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El plazo de la regularización extraordinaria de migrantes concluye mañana en Aragón con menos del 20% de solicitudes admitidas a trámite.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de España impulsó el proceso desde mediados de abril; la gestión recae en la Policía Nacional y las administraciones locales.
  • ¿Qué impacto tiene? El riesgo de colapso burocrático revive las largas colas de abril en Zaragoza y amenaza con dejar a miles de solicitantes sin resolver.

La cuenta atrás para la regularización extraordinaria de migrantes en Aragón expira este martes con una incertidumbre molesta: apenas uno de cada cinco solicitantes ha visto su expediente admitido a trámite hasta ahora. El dato, que ronda el 20%, dispara las alarmas sobre un nuevo cuello de botella administrativo, justo cuando las oficinas de la Policía Nacional se preparan para gestionar el aluvión de citas de última hora.

El proceso, que arrancó a mediados de abril, generó largas filas ante el Ayuntamiento de Zaragoza, donde los aspirantes acudían a conseguir la documentación inicial. Aquellas imágenes de desbordamiento se repetirán si el sistema de cita previa para el trámite final no resiste la presión. El temor no es infundado: menos de un 20% de los expedientes ha recibido la admisión a trámite, lo que deja al resto de solicitantes en un limbo burocrático a solo veinticuatro horas del cierre definitivo del plazo establecido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Un atasco administrativo que se mide en cifras

Las estadísticas parciales del proceso regularizador en Aragón revelan una lentitud preocupante. A un día del final, la tasa de admisiones a trámite sigue por debajo del 20%, según fuentes cercanas a la administración. Esto implica que miles de peticiones —el número exacto no ha sido difundido— permanecen sin resolver, concentradas en un sistema que ya en abril mostró signos de agotamiento con el registro inicial en dependencias municipales.

El diseño del mecanismo obliga ahora a pedir cita en las comisarías de la Policía Nacional para culminar el expediente. Un paso que puede convertirse en un embudo si la oferta de citas resulta insuficiente. Las asociaciones de migrantes y los servicios sociales de la comunidad alertan de que la combinación de plazos ajustados y escasa capacidad de atención puede dejar sin respuesta a personas que cumplen con todos los requisitos legales.

Las colas de abril, preludio de un nuevo colapso

A mediados de abril, la apertura del proceso extraordinario provocó escenas de caos frente al Ayuntamiento de Zaragoza. Centenares de personas se agolparon durante días para obtener el padrón o los certificados requeridos. Aquel desorden quedó grabado como un aviso de lo que ocurre cuando la burocracia no se ajusta a la demanda real. Ahora, a un día del cierre, el riesgo de que esas colas se repitan frente a las comisarías es muy alto.

La regularización se convierte en un espejismo administrativo: abre una puerta que muchos no llegan a cruzar. El atasco de oficinas puede dejar a miles de personas sin respuesta antes de mañana.

La situación es especialmente delicada para los inmigrantes en situación irregular que confiaban en esta ventana para regularizar su estancia. La incertidumbre se mezcla con la frustración de haber cumplido con los trámites iniciales y verse ahora atrapados en la fase final. La imagen de colapso no solo daña la confianza en las instituciones, sino que también evidencia las carencias de un sistema pensado a escala estatal pero ejecutado con recursos locales limitados.

El Pulso Territorial

Aragón afronta esta recta final con un gobierno de coalición entre el PP y Vox (en el poder desde las elecciones de 2023) que ha mantenido un perfil bajo en la gestión migratoria. La comunidad no tiene competencias directas sobre la Policía Nacional, pero sí sobre los servicios sociales de acompañamiento. La tensión política subyacente se sitúa entre la administración central, gobernada por el PSOE, y la autonómica; cualquier fallo en la atención a los migrantes se convertirá en un arma arrojadiza en el debate sobre la financiación y la distribución de recursos.

En el plano comparativo, la tasa de admisión en Aragón se alinea con los datos preliminares de otras autonomías, aunque la falta de cifras oficiales impide un diagnóstico certero. Lo que sí es seguro es que el cuello de botella no es exclusivo de esta comunidad: el proceso se ha vivido con tensiones similares en regiones con alta llegada de población migrante, como Murcia o Canarias. La proyección a corto plazo es inquietante: si mañana el sistema de citas colapsa y los expedientes se acumulan sin resolver, la vía extraordinaria —que debía ser una solución ágil— podría terminar en una oleada de recursos administrativos y un daño reputacional para el conjunto de la administración del Estado.

Ficha Autonómica

  • El caso: La regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Gobierno de España cierra plazo en Aragón con una ejecución muy por debajo de lo esperado.
  • Datos importantes: Menos del 20% de las solicitudes han sido admitidas a trámite. El proceso comenzó en abril con colapsos en Zaragoza y depende ahora de citas en la Policía Nacional.
  • Resumen: A un día del cierre, el temor a un nuevo desbordamiento burocrático amenaza con dejar a miles de personas sin resolver su expediente, tensando la relación entre la administración central y la autonómica.

Economía de Cataluña: Servicios baten récord histórico (76% VAB) e industria cae a mínimo histórico

Bea Tejero
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Economía de Cataluña: Servicios baten récord histórico (76% VAB) e industria cae a mínimo histórico

Los servicios generan ya el 76,13% del Valor Añadido Bruto catalán, mientras que la industria apenas aporta un 18,25% en el primer trimestre de 2026, la cuota más baja desde la Gran Recesión de 2008. La cifra, que confirman los datos del IDESCAT, muestran una economía catalana cada vez más inclinada hacia el monocultivo de servicios y alejada del tejido fabril que históricamente la ha sostenido.

El monocultivo de servicios marca un nuevo récord

El peso del sector terciario no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas, pero el salto de este arranque de 2026 es especialmente llamativo: en solo un año ha ganado casi dos puntos porcentuales, según los cálculos que maneja la patronal Cecot. La hostelería, el comercio, la logística y los servicios profesionales concentran la mayor parte de ese avance, mientras la industria manufacturera, la automoción y la química siguen perdiendo terreno.

El contexto no ayuda. La desaceleración de la demanda europea, los costes energéticos y la competencia asiática han castigado a las fábricas catalanas, que además sufren una falta crónica de suelo industrial asequible. El resultado es que Cataluña se acerca peligrosamente a un modelo económico que algunos analistas ya comparan con el de Baleares: muy intensivo en servicios y con una base industrial reducida al mínimo.

La reacción de la patronal: menos burocracia y más suelo

Oriol Alba, secretario general de Cecot, ha sido el primero en poner cifras al malestar empresarial. Reclama una batería de medidas que incluyen reducción de la burocracia, una fiscalidad más competitiva y contención del absentismo laboral, que en el sector industrial catalán se sitúa por encima de la media española, según publicó Crónica Global.

El Govern, que ya había anunciado una movilización de 5.000 millones de euros para mejorar la productividad y ampliar el suelo industrial, ve ahora cómo la urgencia se acelera. La conselleria de Empresa i Treball estudia acelerar la tramitación de la Ley de Industria que el Parlament tiene en cartera, aunque el calendario legislativo está lastrado por las tensiones entre ERC y los comunes en otros frentes.

El peso de la industria catalana no ha dejado de menguar desde la Gran Recesión, pero el dato del primer trimestre de 2026 marca un mínimo que ya asusta.

Mientras tanto, Barcelona y su área metropolitana concentran la creación de empleo en servicios tecnológicos y turísticos, lo que agrava el desequilibrio territorial. Las comarcas del interior, tradicionalmente industriales, llevan años viendo cómo las deslocalizaciones vacían los polígonos. La última gran pérdida, la planta de componentes de automoción en Martorell, dejó sin trabajo a más de 400 personas a principios de año.

La desindustrialización que la pandemia aceleró

El retroceso industrial catalán no es nuevo, pero la pandemia actuó como un acelerador. Entre 2020 y 2023, el sector perdió casi 60.000 empleos, según datos de la Seguridad Social, y la recuperación posterior se ha cimentado en los servicios, especialmente los vinculados al turismo y a la economía digital. La industria, en cambio, no ha recuperado el nivel de actividad previo a la crisis del covid.

Esa dependencia creciente de los servicios deja a la economía catalana más expuesta a las fluctuaciones del consumo y a la estacionalidad turística. Además, complica el cumplimiento de los objetivos de autonomía estratégica que promueve la Unión Europea, que precisamente busca reforzar la producción industrial en territorio comunitario.

Las patronales industriales, encabezadas por Cecot, insisten en que el plan de 5.000 millones es un primer paso, pero reclaman una mayor agilidad administrativa y una rebaja del impuesto de sociedades para las empresas manufactureras. Mientras el Govern define su hoja de ruta, el reloj sigue corriendo para un sector que ya aporta menos del 19% del VAB y que ve cómo la próxima generación de talento prefiere las oficinas del 22@ a las cadenas de montaje.

La falta de profesionales forestales en Catalunya dispara el riesgo de incendios

Bea Tejero
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La falta de profesionales forestales en Catalunya dispara el riesgo de incendios

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A todos los municipios catalanes con masa forestal cercana y, especialmente, a las zonas de interfaz urbano-forestal como Collserola o las comarcas del interior.
  • ¿Cuándo ocurre? El déficit de personal es estructural y crónico, pero el riesgo extremo se concentra en los meses estivales, cuando el bosque seco se convierte en un polvorín.
  • ¿Qué cambia hoy? Sin suficientes trabajadores forestales, la gestión preventiva se bloquea. Cada hectárea sin limpiar eleva las probabilidades de un incendio de sexta generación que los bomberos no pueden extinguir.

Catalunya tiene el 65% de su superficie cubierta por bosques, pero apenas gestiona el 30% de esa masa forestal. Y la principal razón es la escasez crónica de profesionales especializados, un déficit que las administraciones y el sector consideran ya un riesgo sistémico para la prevención de incendios.

Una mano de obra en horas bajas

Según datos del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el sector forestal catalán cuenta con apenas 3.581 trabajadores. Casi todos son autónomos o forman parte de empresas de menos de diez asalariados, con escasa capitalización, poca estabilidad a lo largo del año y enormes dificultades para comprar maquinaria especializada.

Mario Beltran, responsable del Hub Forestal del CTFC, lo resume con crudeza: “Es un problema estructural. Las labores en el bosque son muy duras y es complicado que los jóvenes aguanten los años suficientes para tener experiencia”. La covid, añade, frenó la incorporación de inmigrantes del este de Europa que antes cubrían esos puestos.

Anna Sanitjas responsable de l’Oficina de Prevenció Municipal de Incendios Forestales de la Diputació de Barcelona, pone cifras a la precariedad: un trabajador con motosierra cobra unos 150 euros al día, incluyendo el combustible, pero “se calcula que debería recibir al menos 250”. La Diputació de Barcelona destina anualmente 15 millones de euros a gestión forestal, pero el dinero no basta si no hay quien realice las tareas.

La paradoja es brutal: el bosque crece sin control y los bomberos saben que, ante un incendio de sexta generación, solo pueden rezar.

La Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners tiene más demanda que oferta en sus grados medio y superior, pero la salida laboral hacia la gestión forestal pura es poco atractiva: los graduados prefieren la educación ambiental o la conservación de fauna.

La velocidad de los incendios desborda la extinción

El subinspector del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) de la Generalitat, Asier Larrañaga, recuerda que la capacidad de extinción se ve superada por la voracidad del fuego: en los últimos 40 años, la velocidad de crecimiento de los grandes incendios ha pasado de 345 hectáreas/hora a más de 800, y el periodo de riesgo se ha alargado casi un mes. “Enviar a los bomberos a intentar apagar llamas en esos escenarios es condenarlos a la muerte”, subrayó durante una sesión en la Fundació Catalunya La Pedrera.

El caso de Collserola es el más paradigmático: las simulaciones indican que un fuego de alta intensidad podría arrasar hasta el 70% de la masa forestal del parque en solo ocho horas. Sin una gestión forestal que fragmente el paisaje y reduzca la carga de combustible, los grandes incendios se vuelven imparables.

incendios forestales Cataluña

Mecanización y revalorización de la madera: las llaves para salir de la trampa

Joan Rovira, secretario del Consorci Forestal de Catalunya (1.500 socios que suman más de 200.000 hectáreas), insiste en que “el primer elemento para tener bosques resilientes es que la silvicultura sea rentable”. En países como Francia o el norte de Europa la mecanización ha suplido la falta de mano de obra, pero en Catalunya la inversión en maquinaria pesada sigue siendo residual.

Anna Sanitjas añade que la tonelada de madera, leña y biomasa que produce Catalunya cada año podría multiplicarse por 2,5 únicamente aprovechando el crecimiento de los árboles. El obstáculo: la mayor parte del producto forestal se destina a usos de bajo valor, como palés. Si se impulsara la construcción con madera, el margen de beneficio permitiría pagar salarios dignos y atraer talento.

Miquel Rafa, responsable de Sostenibilidad de la Fundació Catalunya La Pedrera, constata que en el proyecto Bio for Piri, en la montaña de Alinyà (Alt Urgell), tuvieron que contratar empresas de fuera de la comarca porque no había capacidad local. La fundación logró generar seis empleos, pero la experiencia evidencia lo frágil que es el tejido empresarial del sector.

La prevención, una asignatura pendiente que exige una respuesta de país

El patrón se repite: Catalunya invierte decenas de millones en extinción de incendios —y lo seguirá haciendo— mientras la gestión forestal preventiva arrastra un agujero crónico de personal que ni los presupuestos públicos ni las ayudas han logrado tapar. La coartada de que “no hay suficientes personas” esconde un problema más profundo: el bosque no da suficiente rentabilidad para atraer trabajadores, y sin trabajadores el bosque se convierte en un polvorín.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del que depende la dirección general de Boscos, aún no se ha pronunciado sobre el déficit estructural de profesionales. Pero las voces del sector coinciden: sin una estrategia de país que combine formación, mecanización, mejora de las condiciones laborales y una apuesta decidida por la madera como recurso renovable, Catalunya seguirá enfrentándose cada verano a la misma ruleta rusa.

El precedente de 2023, cuando uno de los mayores incendios del Pirineo arrasó más de 600 hectáreas en la Alta Ribagorça, ya demostró que la secuencia es conocida: mucha biomasa acumulada, pocos efectivos para limpiarla y un fuego que escapa en minutos. La pregunta no es si volverá a ocurrir. La pregunta es si llegará el día en que la prevención se tome tan en serio como la extinción.

ERC nuevo satélite político: Esquerra Democràtica competirá con Junts por el centro-derecha

Bea Tejero
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ERC nuevo satélite político: Esquerra Democràtica competirá con Junts por el centro-derecha

ERC lanza este lunes en Barcelona Esquerra Democràtica, un nuevo sector de centro-derecha independentista diseñado para disputar el espacio político que hoy ocupa Junts. La jugada, pilotada por el president Oriol Junqueras, coloca a dos figuras de inequívoca impronta convergente —Carles Campuzano y Francesc-Marc Álvaro— al frente de una plataforma que operará como entidad federada dentro del partido republicano.

La presentación de la nueva asociación política confirma la ambición de ERC de convertirse en el partido hegemónico del nacionalismo catalán, buscando no solo los votos de la izquierda —tras el reciente pacto con Comunistes y Esquerra Unida— sino también los de un centro-derecha que, a juicio de la cúpula republicana, se ha quedado huérfano con el giro errático de Junts.

Una pinza para ahogar a Junts entre ERC y Aliança Catalana

La estrategia es tan sencilla como contundente: cerrar el espacio posconvergente por ambos flancos. Mientras Aliança Catalana roba votos a Junts por la derecha, con un discurso identitario duro que ya se refleja en los sondeos, ERC se estira ahora hacia el centro-derecha moderado con un proyecto que apela a los antiguos votantes de Convergència que nunca se sintieron cómodos bajo el liderazgo de Carles Puigdemont.

El propio Carles Campuzano, que presidirá Esquerra Democràtica, encarna ese perfil. Fue diputado de CiU en el Congreso durante más de dos décadas, colaboró con el Govern de Pere Aragonès como consejero de Derechos Sociales y siempre marcó distancia con la vía unilateral del 1-O. Junts nunca fue su casa, y esa trayectoria es precisamente el activo que ERC quiere capitalizar.

Francesc-Marc Álvaro, periodista de larga trayectoria en la órbita convergente y hoy diputado independiente en el Congreso, completa la pareja con un discurso de «consensos amplios» y centralidad. Ambos se integrarán con carnet del partido a partir de septiembre y tendrán asiento en los órganos de dirección de ERC, además de puestos reservados en las listas electorales, empezando por las próximas municipales, previstas para mayo de 2027.

Campuzano y Álvaro: fichajes convergentes para desgastar a Puigdemont

Los dos fichajes no son improvisaciones. Junqueras los incorporó años atrás precisamente para debilitar el espacio que Junts descuidaba. Hasta ahora, sin embargo, habían ejercido sus responsabilidades como independientes. La creación de Esquerra Democràtica formaliza una colaboración que ya existía en los hechos y la dota de estructura propia, con la idea de atraer a cuadros exsocialistas, antiguos diputados de Junts pel Sí y jóvenes moderados.

La maniobra busca, además, proyectar una imagen de «centralidad del nacionalismo» inspirada en la Esquerra Democràtica que Ramon Trias Fargas impulsó en 1975. En esencia, la tesis es que la nueva CiU es ERC. Y que, con este paso, los republicanos que ya gobiernan la Generalitat consolidan su hegemonía mientras Junts se debate entre su ala izquierdista —que aún pesa internamente— y un giro a la derecha que muchos electores perciben como confuso.

Esquerra Democràtica busca seducir al votante convergente desencantado con el giro de Junts hacia una derecha sin rumbo.

La división en Junts sobre si Aliança Catalana es un interlocutor legítimo es el síntoma más visible ese desconcierto. La semana pasada, dos caras del partido discreparon abiertamente sobre si cabe pactar con la formación de extrema derecha. ERC observa y aprovecha: la pinza se cierra con matemática electoral.

La jugada de Junqueras para ocupar la ‘centralidad del nacionalismo’

El lanzamiento de Esquerra Democràtica no es solo una operación contra Junts. Sirve también para tapar problemas domésticos de ERC. Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso, insiste en llevar la contraria al partido sobre cómo presentarse a las próximas generales y mantiene un pulso soterrado con Junqueras. El grupo parlamentario en Madrid apenas habla con el diputado Álvaro, y el proyecto centrista que ahora se presenta apunta en dirección contraria a la de Rufián: no se sitúa a la izquierda del PSOE, sino en el mismo espacio, lo que refuerza la de la idea de que el independentismo está en plena redefinición.

Para Moncloa, este movimiento tiene una lectura ambivalente. Por un lado, ERC se presenta como un socio más estable y con capacidad de llegar a acuerdos transversales, lo que despeja el horizonte de la legislatura. Por otro, la consolidación de una formación independentista de centro-derecha con peso orgánico podría dificultar futuras negociaciones si el partido se ve obligado a endurecer su discurso para no ser desbordado por Aliança.

En cualquier caso, el president Illa observa con interés la maniobra de su principal apoyo parlamentario. La expansión de ERC hacia el centro-derecha puede facilitar mayorías más amplias en el Parlament y reforzar la imagen de estabilidad que el Govern intenta proyectar. Los próximos meses, con las municipales de 2027 en el horizonte, dirán si Esquerra Democràtica es el embrión de la nueva CiU o un simple satélite que se diluye antes de despegar.

Alerta por calor en España: la AEMET pone en alerta a diez comunidades por hasta 40ºC

Alberto Ochoa
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Alerta por calor en España: la AEMET pone en alerta a diez comunidades por hasta 40ºC

Hoy te detallo la alerta meteorológica que afecta a diez comunidades autónomas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos para la jornada de este lunes, 29 de junio de 2026, por temperaturas que alcanzarán los 40 grados en puntos del valle del Guadalquivir y fuertes tormentas con granizo en el este peninsular.

Diez comunidades en aviso: las zonas más afectadas por el calor

El ascenso previsto de los termómetros ha llevado a la AEMET a emitir alertas en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y Canarias. Según la predicción oficial, los avisos por exceso de temperatura estarán vigentes en la franja más crítica, entre las 13:00 y las 21:00 horas. En el valle del Guadalquivir se esperan las máximas más elevadas, de entre 38 y 40 grados, tal y como confirma el comunicado de la agencia estatal. De hecho, los 39 grados se podrán tocar en puntos de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.

La meseta sur tampoco se libra de la subida: Ciudad Real, Badajoz y Cáceres aparecen con un pronóstico de hasta 38 grados. Fuera del valle, en las islas Canarias, el calor también aprieta. El interior de Gran Canaria, en particular, podrá superar los 34 grados, lo que ha obligado a mantener el aviso activo durante toda la tarde.

Las tormentas que complican la situación en el este

La otra cara de esta jornada de tiempo será la tormentosa. Mientras el anticiclón mantiene la estabilidad y los cielos despejados en buena parte del país, por la tarde se formarán nubes de evolución en la mitad este. La AEMET ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas localmente fuertes en Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana. Pero hay más regiones que seguirán de cerca el radar: la inestabilidad afectará también al este de Castilla-La Mancha, al este de Andalucía y al norte de Murcia.

Lo más relevante es la presencia probable de granizo en zonas como el sistema Ibérico de Teruel, el sur de la Comunidad Valenciana y el este manchego. Se recomienda seguir las actualizaciones porque la intensidad de los chubascos puede ser significativa. De hecho, Andalucía y Castilla-La Mancha ven solapados avisos de calor extremo y de tormenta, una combinación que los meteorólogos califican como especialmente compleja para la prevención de incendios.

La madrugada y la noche tampoco darán tregua. En puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo se esperan noches tropicales con mínimas que no bajarán de los 20 grados. Esta persistencia del calor nocturno, unida a la entrada de calima en Canarias y al viento flojo o moderado —con cierzo en el valle del Ebro y brisas en los litorales—, configura una jornada de avisos generalizados.

No es la primera vez este verano que se solapan avisos por calor extremo y por tormentas: la pasada semana ya ocurrió en media docena de comunidades, dejando a su paso granizadas y focos de incendio rural.

Las comunidades donde el calor cede y las noches tropicales que no perdonan

No todo será repunte térmico. Las temperaturas máximas bajarán en el sistema Ibérico, el noreste de la meseta norte y el sureste peninsular. También en Baleares y la zona del Estrecho se apreciará un ligero alivio. Las mínimas, por otra parte, caerán en puntos del País Vasco y del valle del Ebro, aunque como te decía las precipitaciones débiles del Cantábrico matinal y las brumas en Galicia mantendrán una sensación húmeda en lo que la AEMET describe como un inicio de semana muy diverso.

En el Cantábrico se prevén nubes bajas durante la primera mitad del día, y son probables los bancos de niebla matinales que retrasen un poco la llegada del sol. Así las cosas, la recomendación general del Ministerio de Sanidad y de Protección Civil es la de hidratarse, evitar la exposición solar en las horas centrales y consultar el parte oficial de avisos en la web de la propia AEMET si resides en alguna de las comunidades que este lunes mantienen sus alertas activas.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La AEMET ha activado avisos por calor extremo y tormentas en diez comunidades este 29 de junio de 2026.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Las regiones más afectadas son el valle del Guadalquivir y el este peninsular, con 40 grados y granizo previstos.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los avisos seguirán activos hasta las 21:00 horas y se recomienda consultar las actualizaciones en la web de la AEMET.

La Operación Kitchen encara su final con la petición de archivo para 3 cargos de Policía Nacional

Roberto Fuentes
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La Operación Kitchen encara su final con la petición de archivo para 3 cargos de Policía Nacional

La Audiencia Nacional encara esta semana la recta final del juicio de la Operación Kitchen con la declaración de los tres últimos acusados, inspectores de la Policía Nacional para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita el archivo al no apreciar indicios de delito en su actuación.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué está ocurriendo? El juicio por el presunto espionaje a Luis Bárcenas se acerca a su fase final con la comparecencia de los inspectores y conmisarios José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y José Luis Olivera.
  • ¿Cuándo y dónde? Las declaraciones se desarrollan entre el lunes y el martes, a partir de las 10.00 horas, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
  • ¿Qué piden las partes? Anticorrupción pide el archivo para los tres inspectores; la acusación particular reclama 41 años de cárcel para cada uno y las acusaciones populares entre 32 y 39 años.

La recta final de un juicio con más de cien testigos

Tras la comparecencia de estos tres agentes —los últimos en subir al estrado—, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios deberá resolver sobre la reproducción de las declaraciones prestadas durante la instrucción. A continuación, la vista oral entrará en la fase de informes: la Fiscalía, las defensas y las acusaciones expondrán sus conclusiones antes de que la causa quede vista para sentencia. Fuentes jurídicas sitúan ese momento entre julio y septiembre, lo que situaría el desenlace del procedimiento en el último trimestre del año.

La Operación Kitchen investiga el presunto dispositivo de espionaje desplegado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo, según la acusación, de sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y frenar las pesquisas sobre la presunta contabilidad opaca del partido. El juicio arrancó el 6 de abril y por la sala han desfilado más de un centenar de testigos, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y el propio Bárcenas.

La paradoja penal: archivo frente a peticiones de 41 años

La posición del Ministerio Público respecto a los tres últimos acusados genera una de las mayores tensiones del caso. Mientras la Fiscalía Anticorrupción no encuentra base para acusar a los inspectores Fuentes Gago, Díaz Sevillano y Olivera, la acusación particular —ejercida por la familia Bárcenas— solicita 41 años de prisión para cada uno de ellos. Las acusaciones populares del PSOE y Podemos elevan sus peticiones a entre 32 años y cuatro meses y 39 años, respectivamente.

Antes que ellos, ya declararon el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; su exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; el comisario Andrés Gómez Gordo; y Sergio Ríos, exchófer del extesorero. Para la mayoría de ellos, Anticorrupción mantiene peticiones elevadas: 15 años para Fernández Díaz, Martínez, Pino y Gómez Gordo; 19 años para Villarejo; 12 años y cinco meses para Ríos; y dos años y medio para el exjefe de Asuntos Internos.

La Fiscalía Anticorrupción reclama el archivo para los tres inspectores, pero la acusación particular pide 41 años de cárcel para cada uno de ellos.

En el banquillo no se sentará el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño, pieza clave en la investigación por haber dirigido la vigilancia a la mujer de Bárcenas. Fue exonerado por «incapacidad mental sobrevenida» tras sufrir un ictus en 2022.

El Contexto Operativo

El proceso judicial de la Operación Kitchen se desarrolla en un contexto de creciente exigencia de transparencia hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque los datos globales de eficacia policial no reflejan una crisis institucional. Según los últimos balances del Ministerio del Interior, la Policía Nacional mantiene una tasa de esclarecimiento superior al 70% en investigaciones complejas y llevó a cabo en 2025 más de 80.000 operaciones contra el crimen organizado y la corrupción con resultados firmes en sede judicial. En paralelo, los procedimientos internos de control y las unidades de asuntos internos han reforzado sus mecanismos de supervisión, un factor que el propio Ministerio ha vinculado a la detección temprana de conductas irregulares.

La causa Kitchen, más allá de su dimensión política, constituye un ejemplo de cómo el sistema judicial procesa presuntas desviaciones en el seno de la Administración. Con independencia del sentido de la sentencia, el hecho de que los hechos hayan llegado a juicio y que las acusaciones particulares y populares puedan ejercer su derecho demuestra —según fuentes del Ministerio del Interior— que los mecanismos de control funcionan. La previsión de que el fallo se conozca a finales de 2026 o principios de 2027 enmarca el desenlace en un momento de renovación orgánica en la cúpula policial, sin que ello afecte, según los mismos medios, a la operatividad diaria del Cuerpo.

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