La Operación Kitchen encara su final con la petición de archivo para 3 cargos de Policía Nacional

La Audiencia Nacional encara esta semana la recta final del juicio de la Operación Kitchen con la declaración de los tres últimos acusados, inspectores de la Policía Nacional para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita el archivo al no apreciar indicios de delito en su actuación.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué está ocurriendo? El juicio por el presunto espionaje a Luis Bárcenas se acerca a su fase final con la comparecencia de los inspectores y conmisarios José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y José Luis Olivera.
  • ¿Cuándo y dónde? Las declaraciones se desarrollan entre el lunes y el martes, a partir de las 10.00 horas, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
  • ¿Qué piden las partes? Anticorrupción pide el archivo para los tres inspectores; la acusación particular reclama 41 años de cárcel para cada uno y las acusaciones populares entre 32 y 39 años.

La recta final de un juicio con más de cien testigos

Tras la comparecencia de estos tres agentes —los últimos en subir al estrado—, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios deberá resolver sobre la reproducción de las declaraciones prestadas durante la instrucción. A continuación, la vista oral entrará en la fase de informes: la Fiscalía, las defensas y las acusaciones expondrán sus conclusiones antes de que la causa quede vista para sentencia. Fuentes jurídicas sitúan ese momento entre julio y septiembre, lo que situaría el desenlace del procedimiento en el último trimestre del año.

La Operación Kitchen investiga el presunto dispositivo de espionaje desplegado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo, según la acusación, de sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y frenar las pesquisas sobre la presunta contabilidad opaca del partido. El juicio arrancó el 6 de abril y por la sala han desfilado más de un centenar de testigos, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y el propio Bárcenas.

La paradoja penal: archivo frente a peticiones de 41 años

La posición del Ministerio Público respecto a los tres últimos acusados genera una de las mayores tensiones del caso. Mientras la Fiscalía Anticorrupción no encuentra base para acusar a los inspectores Fuentes Gago, Díaz Sevillano y Olivera, la acusación particular —ejercida por la familia Bárcenas— solicita 41 años de prisión para cada uno de ellos. Las acusaciones populares del PSOE y Podemos elevan sus peticiones a entre 32 años y cuatro meses y 39 años, respectivamente.

Antes que ellos, ya declararon el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; su exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; el comisario Andrés Gómez Gordo; y Sergio Ríos, exchófer del extesorero. Para la mayoría de ellos, Anticorrupción mantiene peticiones elevadas: 15 años para Fernández Díaz, Martínez, Pino y Gómez Gordo; 19 años para Villarejo; 12 años y cinco meses para Ríos; y dos años y medio para el exjefe de Asuntos Internos.

La Fiscalía Anticorrupción reclama el archivo para los tres inspectores, pero la acusación particular pide 41 años de cárcel para cada uno de ellos.

En el banquillo no se sentará el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño, pieza clave en la investigación por haber dirigido la vigilancia a la mujer de Bárcenas. Fue exonerado por «incapacidad mental sobrevenida» tras sufrir un ictus en 2022.

El Contexto Operativo

El proceso judicial de la Operación Kitchen se desarrolla en un contexto de creciente exigencia de transparencia hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque los datos globales de eficacia policial no reflejan una crisis institucional. Según los últimos balances del Ministerio del Interior, la Policía Nacional mantiene una tasa de esclarecimiento superior al 70% en investigaciones complejas y llevó a cabo en 2025 más de 80.000 operaciones contra el crimen organizado y la corrupción con resultados firmes en sede judicial. En paralelo, los procedimientos internos de control y las unidades de asuntos internos han reforzado sus mecanismos de supervisión, un factor que el propio Ministerio ha vinculado a la detección temprana de conductas irregulares.

La causa Kitchen, más allá de su dimensión política, constituye un ejemplo de cómo el sistema judicial procesa presuntas desviaciones en el seno de la Administración. Con independencia del sentido de la sentencia, el hecho de que los hechos hayan llegado a juicio y que las acusaciones particulares y populares puedan ejercer su derecho demuestra —según fuentes del Ministerio del Interior— que los mecanismos de control funcionan. La previsión de que el fallo se conozca a finales de 2026 o principios de 2027 enmarca el desenlace en un momento de renovación orgánica en la cúpula policial, sin que ello afecte, según los mismos medios, a la operatividad diaria del Cuerpo.

Las bombas de Pakistán contra Afganistán: la respuesta al atentado de Karachi que deja decenas de víctimas

Hoy te cuento los detalles de la operación militar que Pakistán ha lanzado esta madrugada contra Afganistán, en respuesta al atentado suicida que el sábado golpeó un cuartel de los Rangers en Karachi. Según el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, los ataques aéreos y terrestres han acabado con la vida de 25 milicianos en las provincias orientales de Paktia, Paktika y Kunar, mientras el gobierno talibán en Kabul denuncia decenas de víctimas civiles y califica la acción de ‘cobarde acto de agresión’.

La operación paquistaní: se buscó a un grupo disidente talibán

La ofensiva comenzó con una incursión terrestre en la que, según Islamabad, las fuerzas paquistaníes abatieron a 25 milicianos en el este de Afganistán. Horas después, el ejército ejecutó lo que el ministro Tarar definió como «ataques de precisión» contra tres objetivos en las provincias mencionadas. El blanco era Jamaat-ul-Ahrar, una facción escindida del TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan), el grupo armado que desde hace años opera en la frontera. Tarar subrayó que la operación se ciñó a escondites y refugios sin afectar a civiles.

El sábado, un ataque suicida y un tiroteo en el cuartel de los Rangers de Karachi, la ciudad más poblada del país, causó la muerte de tres paramilitares y destapó una grave brecha de seguridad. Las autoridades detuvieron a un ciudadano afgano sospechoso de participar en el asalto, lo que ha servido a Pakistán para vincular directamente la violencia con grupos refugiados en territorio vecino. La frontera común llevaba meses bajo una frágil tregua.

Pakistán insiste en que los ataques se limitaron a objetivos militares, pero Kabul eleva la cifra a 36 civiles fallecidos y 163 heridos.

La versión de Kabul: víctimas civiles y una frontera cerrada

El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, rechazó de plano la versión paquistaní y calificó los bombardeos de «cobarde acto de agresión» que alcanzó zonas civiles. Según el gobierno de Kabul, el balance es de 36 muertos y 163 heridos, todos ellos civiles. Las autoridades afganas han negado reiteradamente que su territorio sirva de base a milicianos y recuerdan que los ataques paquistaníes en junio ya habían causado 13 víctimas mortales.

La relación bilateral se deteriora desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. La última guerra abierta estalló a finales de febrero y, aunque en marzo se pactó un alto el fuego frágil, los combates no han cesado. Los bombardeos paquistaníes alcanzaron entonces incluso Kabul y Kandahar, y un ataque a un centro de desintoxicación en marzo dejó cientos de fallecidos, según la ONU. El cierre casi total de la frontera desde octubre agrava la situación humanitaria.

Por qué importa para España y Europa

Aunque el conflicto está a miles de kilómetros, su impacto llega a Europa por la vía migratoria y por la seguridad internacional. La inestabilidad en la región alimenta flujos de desplazados hacia Turquía y los Balcanes, una ruta que la Unión Europea, con España como socio activo, intenta estabilizar con fondos y acuerdos. Al mismo tiempo, Pakistán ejerce como mediador entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio; una escalada bélica en casa puede restarle capacidad diplomática justo cuando ese papel resulta clave. Los esfuerzos internacionales, incluidos los de China, no han logrado hasta ahora un alto el fuego duradero, y el cierre de la frontera afgano-paquistaní impide una respuesta humanitaria eficaz.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Pakistán ha bombardeado y efectuado una operación terrestre en el este de Afganistán, en represalia por el atentado de Karachi.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El gobierno paquistaní afirma haber atacado al grupo Jamaat-ul-Ahrar; Kabul denuncia víctimas civiles masivas.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La tensión bilateral se dispara, la frontera sigue cerrada y la mediación internacional se enfrenta a un escenario cada vez más inestable.

Corrupción en Irak: las detenciones en la Zona Verde de Bagdad y los altos cargos implicados

Las fuerzas de seguridad iraquíes detuvieron en la madrugada del domingo (ayer, 28 de junio) a siete personas, entre ellas cinco diputados, en una redada dentro de la Zona Verde de Bagdad, el complejo más fortificado de la capital donde se concentran las instituciones gubernamentales y las embajadas extranjeras, según informó la agencia estatal de noticias (INA) y recoge Reuters.

Dentro de la Zona Verde: los detalles de la redada

La operación, que se desarrolló en la madrugada del domingo, se selló todas las entradas del recinto y contó con una amplia movilización de efectivos. Según un informe de seguridad obtenido por Associated Press, las detenciones se basaron en las declaraciones del ex viceministro de Petróleo, Adnan al-Jumaili, quien fue arrestado el mes pasado y ha implicado a varios políticos en una trama de corrupción.

Las autoridades iraquíes habían levantado previamente la inmunidad parlamentaria de varios de los acusados, lo que permitió que la redada pudiera ejecutarse sin obstáculos legales, aunque no se han detallado aún los cargos concretos que pesan sobre ellos.

¿Quiénes han sido detenidos y por qué

De los siete arrestados, cinco son miembros del Parlamento y, según las mismas fuentes, al menos algunos pertenecen al bloque político del ex primer ministro Mohammed Shia al-Sudani, el más votado en las elecciones de noviembre de 2025. La confesión de al-Jumaili, un alto cargo con conocimiento directo de los contratos petroleros, habría señalado pagos irregulares y tráfico de influencias que implican a estos diputados.

Aunque la lista oficial de los detenidos no ha sido difundida por el momento, la filtración ha desatado un terremoto en la ya frágil escena política iraquí, donde las acusaciones de corrupción suelen utilizarse como arma en las batallas por el poder.

El trasfondo político: de Al-Sudani a Al-Zaidi

Al-Sudani ganó las elecciones hace siete meses, pero no pudo formar gobierno por las divisiones internas en el Marco de Coordinación, la coalición de partidos chiíes cercanos a Irán que lo había apoyado. Tras semanas de bloqueo, cedió el paso a Ali al-Zaidi, un empresario sin trayectoria política previa que surgió como candidato de consenso y contó con el respaldo explícito de Estados Unidos, que ve en él un perfil más abierto a las inversiones occidentales.

La irrupción de estas detenciones amenaza ahora con reavivar las luchas entre las facciones chiíes y con debilitar al gabinete de al-Zaidi, apenas seis meses después de su nombramiento.

Las detenciones amenazan con reavivar las luchas de poder entre las facciones chiíes y el nuevo gobierno de Al-Zaidi, que apenas lleva seis meses en el cargo.

Qué consecuencias tiene para Europa y España

Hoy te cuento por qué esta noticia importa en Bruselas y en Madrid. Irak es el segundo mayor productor de la OPEP y cualquier sacudida en su estabilidad política se traduce de inmediato en volatilidad en los precios del crudo, un bien del que España —como importador neto de energía— es especialmente sensible. Un encarecimiento del barril golpea directamente la factura energética de los hogares y de la industria.

Además, la Unión Europea mantiene una misión de asesoramiento en Bagdad (EUAM Iraq) en la que participan efectivos españoles, y la desestabilización del país podría complicar la cooperación en materia de seguridad y de control de flujos migratorios en una región ya convulsa.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Las fuerzas de seguridad de Irak han detenido a siete personas, entre ellas cinco diputados, en una redada anticorrupción en la Zona Verde de Bagdad.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Los detenidos pertenecen, en parte, al bloque del ex primer ministro Al-Sudani. Las detenciones parten de las confesiones del ex viceministro de Petróleo.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Las detenciones pueden desencadenar una nueva crisis política en Irak y afectar a los precios del crudo, con impacto directo en España y en la UE.

Policía Nacional y Secretaría de Estado de Migraciones abordan la política migratoria en el I Congreso de Extranjería del ICOGAM

La Policía Nacional y la Secretaría de Estado de Migraciones abordarán los principales retos de la política migratoria y la gestión documental de extranjeros en el I Congreso de Extranjería del ICOGAM, que se celebrará los próximos 9 y 10 de julio en el Movistar Arena de Madrid. El evento congregará a tres magistrados del Tribunal Constitucional, dos ministras y la cúpula de la Dirección General de la Policía, entre otras autoridades institucionales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ocurre? La Policia Nacional y la Secretaría de Estado de Migraciones participan en el I Congreso de Extranjería del ICOGAM para debatir la política migratoria y la documentación de extranjeros.
  • ¿Dónde y cuándo? Se celebrará los días 9 y 10 de julio de 2026 en el Movistar Arena de Madrid, con la presencia de altos cargos del Ministerio del Interior.
  • ¿Por qué es relevante? El encuentro se produce tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería y la ampliación de las vías de arraigo, en un momento clave para la gestión de la inmigración.

Una cumbre institucional sobre extranjería con la participación de la cúpula policial

El congreso, organizado por el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), despliega un programa que recorre desde los fundamentos constitucionales de la extranjería hasta la operativa diaria de la documentación. Entre los ponentes de máximo nivel, el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo Moreno abrirá el jueves 9 de julio con una ponencia sobre la posición del extranjero en la Constitución, mientras que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez, expondrá las líneas maestras de la política migratoria actual.

En el plano operativo, Juan Gabriel Zarza Martín, de la Dirección General de la Policía, detallará el procedimiento de toma de huellas y expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el documento que acredita la situación legal de los ciudadanos extranjeros en España y que constituye uno de los trámites más recurrentes en las comisarías. La presencia policial en este foro subraya la importancia de la gestión documental como pilar de la política migratoria.

Otra de las mesas clave será la dedicada a la digitalización de los expedientes de nacionalidad, un cuello de botella histórico que el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional vienen abordando con inversiones tecnológicas. Aitor Cubo Contreras, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, explicará los avances que afectan directamente a las unidades de extranjería, mientras la Secretaría de Estado y la Policía perfilan la coordinación interadministrativa. La jornada matinal del jueves se completa con la intervención de la adjunta del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, quien defenderá las garantías procesales en los procedimientos de extranjería.

La segunda jornada, el viernes 10 de julio, pondrá el foco en la integración laboral y la lucha contra la trata, áreas en las que la Policía Nacional desempeña una función esencial a través de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería. El fiscal Jaime Luaces Masaveu abordará el papel de la Fiscalía de Sala, y la ministra Elma Saiz Delgado clausurará el evento. La implicación directa de dos ministerios y de la cúpula policial convierte al Congreso en un espacio de coordinación operativa sin precedentes.

La coordinación entre la Policía Nacional, la Secretaría de Estado de Migraciones y el resto de instituciones permite afrontar con mayor eficacia el incremento de los trámites documentales y la complejidad de la normativa de extranjería.

La gestión documental de extranjeros, un desafío operativo para la Policía Nacional

La expedición de la TIE exige la verificación de la identidad mediante la reseña dactilar, un procedimiento que la Policía Nacional ha optimizado progresivamente con la implantación de sistemas automatizados en las principales comisarías. El congreso permitirá a los profesionales de la gestión administrativa escuchar de primera mano las novedades técnicas y los criterios que aplican las unidades de extranjería, en un contexto de digitalización que ya ha permitido reducir los tiempos de espera en la tramitación de nacionalidades. La participación del responsable de la Dirección General de la Policía en este foro refleja la apuesta del Ministerio del Interior por hacer más accesible y eficiente un servicio que afecta directamente a cientos de miles de ciudadanos extranjeros cada año.

El contexto institucional

El I Congreso de Extranjería del ICOGAM se celebra en un momento de renovación normativa: el nuevo Reglamento de Extranjería ha ampliado las vías de arraigo y ha introducido cambios procedimentales que impactan de lleno en el trabajo diario de la Policía Nacional y la Secretaría de Estado de Migraciones. La afluencia creciente de solicitudes —que las unidades de extranjería han venido gestionando con refuerzos puntuales de personal— hace imprescindible la coordinación entre administraciones y la apuesta por la transformación digital. La presencia en el Congreso de la Dirección General de la Policía y de la Secretaría de Estado de Migraciones, junto a los operadores jurídicos y sociales, confirma el compromiso del Gobierno con una política migratoria basada en la eficacia documental y en el respeto a las garantías procedimentales.

Von der Leyen recibe hoy a Santander, BNP y Société Générale para tratar la reforma bancaria europea

La presidenta del Santander, Ana Botín, aterrizó este lunes en Bruselas con un mensaje claro: la banca europea necesita una reforma profunda si la UE quiere movilizar los 1,4 billones de euros que exige su triple transformación verde, digital y de defensa. Junto a ella, los máximos directivos de BNP Paribas y Société Générale —Jean Lemierre y Slawomir Krupa, respectivamente— se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una cita considerada clave para influir en la próxima reforma bancaria comunitaria.

El encuentro, desvelado por Expansión, confirma la ofensiva de la gran banca para suavizar las reglas de capital postcrisis. La Comisión Europea prepara un paquete legislativo que verá la luz en el primer trimestre de 2027 y que será el más ambicioso desde la arquitectura financiera diseñada tras 2008. El objetivo de las entidades es que Bruselas recoja sus demandas antes de que arranque la consulta pública formal, prevista de septiembre a final de año.

Una reforma para desbloquear 1,4 billones

Un cálculo de la consultora Oliver Wyman, encargado por la patronal bancaria europea, estima que las entidades deberán aportar financiación adicional por 1,4 billones de euros en los próximos años si la UE quiere cumplir sus metas de transición ecológica, digitalización y rearme. La cifra equivale a casi todo el producto interior bruto de España en un año y supone un reto mayúsculo para unos balances todavía lastrados por la acumulación de normas de solvencia.

Para la banca, ese dinero solo podrá fluir si se eliminan trabas a la Unión Bancaria y si se alivian las exigencias de capital. El mensaje que Botín, Lemierre y Krupa llevaron al Berlaymont es que sin un cambio normativo, Europa no podrá competir en igualdad de condiciones con los gigantes estadounidenses, que operan con costes regulatorios más bajos en muchos segmentos.

Las demandas clave: capital, supervisión y competitividad

Entre las peticiones concretas que los tres bancos pusieron sobre la mesa destaca el retraso en la aplicación plena del output floor (suelo de capital revisado), una medida que limita la diferencia entre el capital exigido con modelos internos y el que resultaría con el cálculo estándar. Este punto es especialmente sensible para las entidades francesas, pero también afecta a los balances de la gran banca española. A eso se suma la exigencia de modificar el mandato de supervisores como el BCE y la EBA (Autoridad Bancaria Europea) para que incorporen la competitividad del sector entre sus criterios de decisión, algo que hasta ahora no figura en la letra de las directivas.

La propia Comisión Europea reconoce en el borrador del informe de competitividad, que se publicará el próximo 15 de julio, que la banca comunitaria no está en condiciones de medirse con los líderes de Wall Street en negocios como la banca de inversión global. Ese diagnóstico es la ventana que las entidades quieren aprovechar para mover la regulación hacia un terreno más favorable.

Von der Leyen

La gran banca europea no pide un cheque en blanco: exige que las reglas postcrisis se adapten a un mundo en el que financiar la transición verde y digital es también una cuestión de defensa económica.

El Eje del Poder Europeo

La reunión de hoy revela un pulso soterrado entre los intereses de la industria financiera y el instinto regulador de Bruselas, pero también entre países. Francia, con dos campeones entre los cinco mayores bancos por activos (BNP Paribas es el primero y Société Générale el quinto), presiona para que la reforma recoja sus sensibilidades. España, con Santander como líder por capitalización y segundo por activos, defiende una postura similar, aunque con matices: la menor exposición de la banca española a la volatilidad de la banca de inversión hace que el foco esté más en la capacidad de financiar a empresas y hogares en la transición verde.

Uno de los asuntos que menos se discute abiertamente es qué pasará con la Unión Bancaria si los requisitos de capital se suavizan. Alemania y los países nórdicos, tradicionalmente más conservadores, podrían oponerse a una desregulación que consideren prematura. El recuerdo de la crisis de deuda soberana y las inyecciones de capital público aún pesa en las cancillerías del norte. El equilibrio que busca la Comisión no es sencillo: satisfacer a la banca sin despertar el fantasma de un nuevo too big to fail que vuelva a enfrentar a contribuyentes y accionistas.

Tras su cita con los banqueros Von der Leyen se reunió con la española Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El doble encuentro no es casual: Bruselas necesita articular una estrategia de financiación que combine inversión pública, avales y capital privado, y la banca quiere que el BEI asuma más riesgo para liberar sus propios balances. El calendario es claro: publicación del informe de competitividad en julio, consulta pública desde septiembre y propuesta legislativa a principios de 2027. Si la gran banca consigue o no imponer su hoja de ruta, se empezará a ver en los próximos meses.

Ataque ruso en Ucrania: drones atacan centro de entrenamiento de comandos ucranianos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Drones rusos Geran-2 han alcanzado un centro de entrenamiento de comandos ucranianos en el sur del país, incluidos depósitos de drones navales, según el Ministerio de Defensa de Rusia.
  • ¿Quién está detrás? La portavocía militar rusa ha reivindicado el ataque con vídeo y ha detallado que los drones operaron en modo ‘autoguiado’.
  • ¿Qué impacto tiene? El golpe muestra la capacidad rusa de atacar infraestructura crítica en retaguardia mientras avanza en los frentes de Zaporozhie y Dnipropetrovsk, en plena escalada de la guerra de drones.

Rusia ha atacado este domingo un centro de entrenamiento del Mando de Operaciones Especiales ucraniano ‘Sur’ con drones de largo alcance Geran-2 (versión rusa del diseño iraní Shahed-136), según ha informado el Ministerio de Defensa ruso en su canal oficial de Telegram. El comunicado, acompañado de un breve vídeo, asegura que los proyectiles impactaron en «almacenes de drones navales» y barracones del centro.

Las imágenes difundidas por Moscú muestran varios edificios de una sola planta envueltos en espesas columnas de humo y pequeños incendios activos en el suelo adyacente. En un fragmento se aprecia una explosión secundaria de gran magnitud, lo que sugiere la detonación de municiones o combustible almacenado. El ministerio no ha ofrecido una evaluación de daños ni un balance de bajas, limitándose a calificar la acción de «ataques de alta precisión».

La versión rusa detalla que los drones, una variante autóctona desarrollada a partir del Shahed-136 iraní, emplearon un modo de «autoguiado» terminal para impactar los objetivos. No se ha podido contrastar de forma independiente ni el número de proyectiles utilizados ni el resultado material de la operación. Las autoridades ucranianas no se han pronunciado oficialmente sobre este ataque concreto al cierre de esta edición.

Drones Geran-2 contra los comandos del ‘Sur’

El centro alcanzado pertenece al Mando de Operaciones Especiales ucraniano en la región sur, una unidad que ha participado en incursiones anfibias, sabotajes contra la flota rusa del mar Negro y operaciones de inteligencia tras las líneas enemigas. La presencia de almacenes de drones navales —probablemente del tipo MAGURA V5 o Sea Baby— indica que la instalación funcionaba como nodo logístico para los ataques asimétricos que han dañado repetidamente buques rusos en Sebastopol y Novorossíisk.

El Ministerio de Defensa ruso, en su comunicado, no aclara si el centro se encontraba en Odesa, Mikoláiv o la región de Jersón. La elección de drones Geran-2 responde a una lógica operativa: estos aparatos, baratos (unos 25.000 euros por unidad) y con un alcance superior a 1.500 kilómetros, permiten saturar defensas sin arriesgar aeronaves tripuladas y golpear objetivos detectados por inteligencia de señales o fuentes humanas.

Rusia lleva meses empleando los Geran-2 para desgastar la infraestructura energética ucraniana, pero el ataque a un centro de fuerzas especiales confirma un cambio de prioridad: la destrucción sistemática de la capacidad de mando y proyección de las unidades de élite ucranianas. El modo «autoguiado» sugiere, además, una mejora en los sensores de estos drones, posiblemente mediante cámaras ópticas o cabezales de radiofrecuencia que les permiten ajustar su trayectoria final sin depender exclusivamente de coordenadas preprogramadas.

El dominio del espacio aéreo profundo ya no es exclusivo de los grandes ejércitos: un enjambre de drones baratos puede golpear en la retaguardia más protegida.

La iniciativa rusa con los Geran-2 se produce en un contexto en que las defensas antiaéreas ucranianas están tensionadas por la necesidad de cubrir tanto el frente como las ciudades. Los sistemas Patriot, NASAMS y SAMP/T, concentrados en Kiev y los principales nodos logísticos, dejan huecos en zonas del sur donde estos drones a baja altitud pueden infiltrarse con relativa facilidad.

Ofensiva en Zaporozhie y escalada de la guerra de drones

El ataque al centro de comandos no es un hecho aislado. El mismo domingo, el Ministerio de Defensa ruso informó de la toma de las localidades de Novoselovka (región de Zaporozhie) y Pisantsy (región de Dnipropetrovsk), tras desalojar a las tropas ucranianas de sus posiciones fortificadas. Las bajas ucranianas declaradas por Moscú —decenas de soldados, más de diez blindados y cuarenta drones pesados destruidos en dos operaciones— no han sido verificadas, pero coinciden con la intensificación ofensiva que las fuentes del ISW y del Estado Mayor ucraniano vienen documentando desde abril.

Al mismo tiempo, Kiev prosigue su campaña de ataques con drones de largo alcance contra territorio ruso. En la noche del viernes al sábado, los sistemas antiaéreos rusos interceptaron 660 drones kamikaze ucranianos, la mayor cifra registrada hasta la fecha. Uno de los artefactos impactó en un museo de la Segunda Guerra Mundial en la región de Rostov, causando doce heridos según el gobernador local.

Moscú califica estos ataques de «terroristas» y advierte con «represalias sistemáticas» contra la infraestructura militar ucraniana. La escalada de la guerra remota, con ambos bandos golpeando retaguardias, está vaciando las reservas de defensas aéreas y obligando a priorizar la protección de centros de mando, infraestructura energética y bases aéreas.

La pregunta estratégica es si Ucrania podrá mantener la cadencia de producción y reposición de sus drones de largo alcance (como el UJ-22 o el nuevo modelo de hélice con motor a reacción) mientras Rusia multiplica su flota de Geran-2 y los integra en enjambres con otros señuelos. El equilibrio actual favorece a quien aguante más, y la industria rusa está demostrando una capacidad de producción masiva gracias a los componentes que siguen llegando vía terceros países.

Equilibrio de Poder

El ataque ruso al centro de entrenamiento de comandos ucranianos reconfigura la balance de fuerzas en el teatro sur de tres maneras inmediatas. Primero, la capacidad rusa de alcanzar objetivos tácticos en profundidad sin exponer su aviación reduce la ventaja que hasta ahora había otorgado a Ucrania el uso de misiles de crucero occidentales. Segundo, la destrucción de capacidad de mando de fuerzas especiales merma la opción de Kiev de ejecutar operaciones de distracción naval o incursiones que alivien la presión en el frente de tierra. Tercero, el modo «autoguiado» de los Geran-2 —si se confirma— cambia el juego en guerra electrónica: los drones se vuelven más autónomos frente a las perturbaciones rusas y ucranianas.

Desde la perspectiva española, el impacto es indirecto pero significativo. España participa en la misión de adiestramiento de la Unión Europea (EUMAM UA) con instructores en territorio aliado. Cualquier golpe a centros de instrucción ucranianos —aunque sea en el sur y no afecte directamente a instructores españoles— alimenta la narrativa de que la OTAN debe aumentar la protección de los flujos de formación y asistencia. Además, la inestabilidad en el mar Negro y la creciente amenaza a rutas marítimas elevan la prima de riesgo para desplegar sistemas antiaéreos NASAMS españoles o para reforzar la presencia naval en el Mediterráneo, con Rota como eje.

El precedente más cercano es el ataque ruso con misiles Iskander a un centro de la Legión Internacional en Yavoriv en marzo de 2022, que mató a decenas de voluntarios extranjeros. Aquel golpe forzó a un rediseño de la dispersión de instrucción. Ahora, el empleo masivo de drones económicos contra nodos de mando muestra que la OTAN carece de una respuesta a la altura en términos de enjambres defensivos. El programa FCAS y el Tempest europeo siguen sin estar operativos; mientras, los sistemas antidrón portátiles como el EDM4S lituano o el español Cervus se enfrentan a saturación por bajo coste.

A medio plazo, si Rusia consolida esta capacidad de ataque profundo con munición barata, la ecuación disuasoria en el flanco sur de la OTAN —Ceuta, Melilla, Canarias— podría requerir cambios doctrinales. Marruecos ha invertido en drones de origen israelí y turco, y China observa. El salto de los drones de reconocimiento a los drones autoguiados capaces de golpear blancos precisos sin GPS es una lección que el Magreb está aprendiendo en directo y que el Ministerio de Defensa sigue con atención.

La próxima cumbre de la OTAN, prevista para otoño en Bruselas, tendrá que abordar la urgencia de dotar a la Alianza de una arquitectura anti-drones en todos los teatros. Para España, la incógnita es si los presupuestos de defensa —presionados por la meta del 2% y las exigencias de Washington— llegarán a tiempo para modernizar la protección de sus propias bases y de los centros de adiestramiento que aloja en suelo nacional.

Crisis de memorias: los precios subirán hasta un 50% en el tercer trimestre de 2026

La factura del próximo PC se dispara. Los módulos de memoria DDR5, que hoy cuestan 240 euros, rozarán los 500 euros en diciembre si se cumplen las previsiones de Jefferies Equity Research.

Claves de la operación

  • Los precios subirán un 40-50 % en el tercer trimestre y otro 30-40 % en el cuarto. La suma encadena un encarecimiento cercano al 80 % hasta final de año.
  • El 50 % de la producción mundial ya está reservado para contratos a largo plazo de hyperscalers. El dato podría escalar hasta el 70 % y secar el mercado de PCs, móviles y consolas.
  • La crisis se alargará hasta 2028, con 2027 todavía con subidas interanuales del 40-45 %. Sólo en 2028 se espera una ligera desaceleración de la demanda y un aumento de oferta del 15-20 %.

La factura del PC se infla: DDR5 a 500 euros en Navidad

El análisis de Jefferies cifra la subida de precios para el tercer trimestre entre el 40 % y el 50 % respecto al trimestre actual. En el cuarto trimestre se añadirá otro 30-40 % más. Es decir, un módulo de 16 GB DDR4 pasará de 139 euros a 209 euros en verano y hasta 292 euros en otoño. El DDR5, de 240 euros actuales, escalará a 360 euros en el tercer trimestre y rozará los 504 euros a final de año. Más que duplicación.

La subida afecta a toda la cadena de consumo electrónico. Ordenadores, móviles, tarjetas gráficas, consolas y coches verán cómo sus precios finales incorporan este incremento. Apple, que ya ajustó tarifas en 2025 por la escalada de componentes, podría volver a mover ficha.

La IA se come el suministro y deja sin memoria al resto del mercado

El detonante de esta crisis es la demanda de inteligencia artificial, que absorbe la mayor parte de la producción de módulos de memoria de alto rendimiento. Los hyperscalers —Microsoft, Google, AWS— necesitan chips HBM y DRAM para sus centros de datos y están cerrando contratos plurianuales que estrangulan la oferta disponible para el canal minorista.

Según el informe de Jefferies, el 50 % de la producción global de memorias ya está comprometida en contratos a largo plazo. Ese porcentaje podría subir al 70 %. Micron, por ejemplo, ha firmado 16 acuerdos estratégicos con grandes firmas. Samsung y SK Hynix han redirigido sus líneas más avanzadas a pedidos corporativos, dejando al mercado de consumo migajas de capacidad.

El efecto es inmediato. En Computex 2026 se constató que los fabricantes chinos, como CXMT, apenas alivian la presión porque sus precios se equiparan a los de los líderes y su producción se consume en el mercado doméstico. Apple intenta que Washington retire a CXMT de la ‘Entity List’, pero el movimiento es incierto.

La memoria se ha convertido en el cuello de botella de la era de la IA, y los consumidores serán los últimos en la cola.

Análisis: ¿puede China aliviar la crisis?

España carece de un tejido industrial de semiconductores que pueda amortiguar estos movimientos. A diferencia de Alemania, que atrae inversiones de Intel y TSMC, nuestra economía depende por completo de proveedores asiáticos. La crisis de 2020-2022 ya demostró cómo un estrangulamiento logístico paraliza líneas de producción. Esta vez no será un atasco de contenedores: será un atasco de materias primas digitales.

En el lado empresarial, las grandes tecnológicas europeas —SAP, Dassault, Siemens— verán inflados sus costes de infraestructura cloud, pero trasladarán el impacto a sus clientes con menos fricción que los fabricantes de dispositivos. Para el consumidor español, la ecuación es más simple: si quiere renovar equipo en 2027, preparará un presupuesto un 40 % mayor o esperará a 2028. La incógnita es si los fabricantes de PCs —Lenovo, HP, Dell— absorberán parte del golpe para no hundir ventas. La historia reciente sugiere que no: en 2025 ya subieron precios en un 10-15 % por componentes.

Mientras tanto, la UE avanza en su Chips Act, pero las primeras fábricas no estarán operativas hasta 2030. La dependencia de Taiwán y Corea del Sur se mantendrá intacta durante lo peor de la crisis.

Europa acelera su autonomía estratégica y se rearma sin esperar a EE.UU.

La autonomía estratégica europea ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en un movimiento concreto que se acelera cada trimestre. El último análisis de Foreign Affairs confirma que el Viejo Continente se está rearmando a un ritmo sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría, impulsado por la desconfianza hacia Washington y la percepción de que la amenaza rusa ya no es un riesgo lejano. Europa ha asumido que la vieja máxima —riqueza sin poder militar, influencia sin sacrificio y protección sin obligaciones— ya no es sostenible, y está tomando decisiones que hace apenas dos años eran políticamente impensables.

El despertar de una Europa que ya no se fía de Washington

Los datos de opinión pública son contundentes. Según un sondeo encargado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en mayo de 2026, solo el 11% de los europeos considera a Estados Unidos un aliado, frente al 16% de finales de 2025 y el 22% de noviembre de 2024. En todos los países encuestados —entre ellos Alemania, Francia, Polonia, España y Suecia— una mayoría duda de que Washington acudiera en su defensa ante un ataque. El 25% de los ciudadanos ve a EE.UU. directamente como un rival o un adversario.

La invasión rusa de Ucrania ha calado hondo. El 77% de los europeos cree que la guerra representa una amenaza directa para la supervivencia del continente, un porcentaje que se dispara en el este y el norte pero que también alcanza al 59% en Alemania y al 50% en Francia. La amenaza rusa, subraya Foreign Affairs, se ha desplazado del flanco oriental al corazón de Europa. Cosas de la era Trump.

Esa sensación de inseguridad ha mutado en apoyo mayoritario a los aumentos del gasto militar. Mayorías claras en Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Polonia, Portugal y el Reino Unido respaldan más inversión en defensa. Italia es el único país donde la oposición sigue siendo mayoritaria. El giro más sorprendente es el respaldo a la emisión de deuda conjunta de la UE para financiar la defensa: un 47% lo apoya en el conjunto de los 15 países encuestados, con picos del 59% en Portugal y el 56% en Dinamarca. Hace dos años, la idea era tabú.

Al mismo tiempo, la mayoría de los europeos prefiere cortar la dependencia del armamento estadounidense y comprar material de defensa europeo. Este respaldo a la industria continental es especialmente fuerte en Dinamarca, Países Bajos y Suecia. Por primera vez, la opinión pública pide munición y plataformas fabricadas en casa, un cambio de mentalidad que los gobiernos ya están traduciendo en contratos.

Europa ha pasado de la dependencia a la determinación: por primera vez desde 1945, la defensa del continente se construye desde dentro.

Alemania toma el mando: gasto militar disparado y conscripción voluntaria en auge

Alemania, el país que durante décadas se resistió a asumir un liderazgo militar, encabeza la transformación. El gasto en defensa de los 27 Estados miembros alcanzó aproximadamente 402.000 millones de dólares en 2024, muy por encima de los 160.000 millones de Rusia. Berlín aporta ya una cuarta parte del total y se encamina a gastar 172.000 millones de dólares en 2029, el equivalente al 3,6% del PIB, casi el triple que en 2022. Esa cifra convierte a Alemania en el cuarto mayor inversor militar del mundo, un salto que inquieta en París pero que, como ha señalado el ministro polaco de Exteriores, ahora preocupa más una Alemania desarmada que una con un ejército potente.

El renacimiento castrense no es solo presupuestario. El servicio militar obligatorio, suspendido en Alemania en 2011, ha sido reactivado con un modelo de alistamiento voluntario. Los temores iniciales de falta de reclutas se han disipado: a finales de marzo de 2026, 12.700 jóvenes completaban el servicio voluntario, un 13,5% más que el año anterior, y 22.700 habían solicitado una carrera militar, con un incremento del 20%. La Bundeswehr avanza hacia el objetivo de 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas para mediados de la década de 2030. En Suecia, el fenómeno es aún más llamativo: solo acepta a menos del diez por ciento de los jóvenes cualificados y motivados que solicitan plaza.

Al mismo tiempo, la industria europea de defensa se reorganiza. Startups como Helsing y Stark Defense compiten por contratos multimillonarios de drones, mientras Rheinmetall y la italiana Leonardo se han asociado para fabricar más de 1.000 vehículos de combate de infantería y hasta 350 carros de combate Panther KF51 para el ejército italiano. La apuesta por el material propio se concreta en pedidos que antes iban a Lockheed Martin o Boeing. La autonomía estratégica se ha convertido en en una prioridad tangible.

Equilibrio de Poder

El rearme europeo sin EE.UU. altera el tablero transatlántico en tres direcciones. En el eje Washington-Moscú-Bruselas, la lectura es nítida: la OTAN ya no es el paraguas único y los europeos asumen que deben disuadir por sí mismos. El canciller alemán Friedrich Merz lo ha resumido con el término “realismo de principios”: el orden basado en reglas ha desaparecido y toca volver al hard power. Para España, esta mutación tiene implicaciones directas aunque a menudo se vivan en diferido. Nuestro país, anclado en el 1,28% del PIB en defensa, afronta una presión creciente para acelerar el gasto hacia el 2% y más allá. Al mismo tiempo, el giro hacia proveedores europeos abre oportunidades para Indra, Navantia y la industria auxiliar, siempre que el Gobierno apueste por ellas con contratos estables. La mayor autonomía continental también refuerza la relevancia del flanco sur: si Europa mira menos a Washington, la frontera con el Magreb y el Sahel pasa de ser una preocupación periférica a un teatro de primera línea donde España tendrá que liderar.

El precedente de la crisis de los misiles de Cuba o el despliegue de los euromisiles en los años ochenta sirve como espejo: entonces, la defensa de Europa se decidía en Washington y Moscú. Ahora, Bruselas y Berlín llevan la iniciativa. El riesgo es que una Europa más autónoma pero aún fragmentada no sea capaz de sostener el esfuerzo sin fracturas internas. La amenaza de partidos euroescépticos como el Reagrupamiento Nacional en Francia o Alternativa para Alemania, que obtienen alrededor del 28% de intención de voto, puede frenar o revertir el proceso. A largo plazo, la consolidación de una arquitectura de defensa genuinamente europea exigirá saltos institucionales —incluida la mayoría cualificada en el Consejo— que hoy siguen bloqueados por las soberanías nacionales. La lectura de Moncloa es que España debe jugar a dos bandas: mantener la relación con EE.UU. a través de las bases de Rota y Morón, pero integrarse en el núcleo duro de la defensa europea para no quedar descolgada. La próxima cumbre de la OTAN en Vilna —y las cifras de gasto que allí se presenten— marcará el pulso real de este nuevo equilibrio.

Masayoshi Son carga contra los críticos de la ‘burbuja IA’: ‘es blasfemia’ tras invertir 64.000M$

Con 64.000 millones de dólares ya comprometidos con OpenAI, el presidente de SoftBank, Masayoshi Son, ha salido al paso de los crecientes temores sobre una burbuja en la inteligencia artificial con un mensaje tan contundente como provocador: «Decir que es una burbuja es una blasfemia». El ejecutivo, que ha concentrado toda la apuesta de la compañía en la firma de Sam Altman, descarta así cualquier paralelismo con el estallido de las puntocom.

Claves de la operación

  • SoftBank concentra su apuesta en OpenAI con 64.000 millones de dólares. Es el mayor inversor de la startup y no ha diversificado en otras compañías de IA.
  • La cúpula directiva teme repetir el fiasco de WeWork. Varios ejecutivos han expresado su preocupación por la fe ciega de Son en Sam Altman.
  • El 54,9 % de los estadounidenses cree que se está formando una burbuja. Una encuesta reciente refleja un escepticismo ciudadano que choca con el optimismo de los líderes tecnológicos.

La fe de un visionario frente a los números rojos

Masayoshi Son no es ajeno a las grandes apuestas. El japonés convirtió a SoftBank en un gigante global gracias a inversiones tempranas en Alibaba, pero también acumula sonoros fracasos, como WeWork. La concentración de la cartera en OpenAI es la mayor exposición a un único activo que ha asumido el grupo en su historia. En la reciente conferencia de resultados, Son fue tajante: «Creo que decir que es una burbuja es una blasfemia contra la IA. Esto no es más que el principio. El potencial de la IA está por descubrirse».

SoftBank registró un beneficio de 25.000 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, lo que catapultó sus acciones un 216 % en 2025. Sin embargo, el futuro del conglomerado está atado al éxito de OpenAI, que planea salir a bolsa antes de que termine 2026. Si la operación sale bien, Son puede multiplicar su inversión; si tropieza, las pérdidas serán multimillonarias. Mientras tanto, la firma de inteligencia artificial ya está valorada en 852.000 millones de dólares, pero sus pérdidas operativas, según filtraciones, marean.

El miedo ciudadano que irrita a los CEO de Silicon Valley

El desdén de Son coincide con el de otros pesos pesados como Jensen Huang (NVIDIA) o Satya Nadella (Microsoft), que niegan la burbuja. Sin embargo, los ciudadanos no comparten ese entusiasmo. Una encuesta de Haystack News revela que el 54,9 % de los estadounidenses están ‘muy preocupados’ por una burbuja tecnológica ligada a la IA, mientras que solo un 21,2 % no lo está en absoluto.

El contraste no es trivial. Mientras los líderes empresariales hablan de una revolución comparable a la electricidad, los ciudadanos perciben despilfarro y riesgos ambientales por la construcción masiva de centros de datos. Algo recuerda al escepticismo previo al estallido de las puntocom, aunque el tamaño de las inversiones sea ahora mucho mayor. De hecho, la inversión global en IA ya supera el billón de dólares, según cálculos del sector, una cifra que muchos analistas consideran insostenible.

64.000 millones de dólares sobre la mesa y un CEO que no admite dudas: cuando la racionalidad choca con la fe, el mercado siempre pide factura.

El dilema de SoftBank: sin plan B y con una OpenAI a las puertas de la salida a bolsa

La postura de SoftBank recuerda inevitablemente al caso de WeWork. Entonces, Son invirtió miles de millones en la empresa de alquiler de oficinas compartidas, seducido por el carisma de Adam Neumann, y se negó a escuchar las alertas internas. El resultado fue una de las mayores quiebras del capital riesgo moderno. Ahora, varios directivos del conglomerado vuelven a callarse ante la fascinación del presidente por Sam Altman. Las preguntas incómodas sobre qué pasaría si OpenAI fracasa han sido tajantemente descartadas por Son según Bloomberg.

En el mercado español, la sombra de WeWork también se sintió: la firma llegó a tener centros en Madrid y Barcelona, y su colapso dejó a fondos y pequeños inversores con pérdidas. La experiencia ha servido para que los inversores ibéricos sean más cautelosos a la hora de apostar todo a una sola ficha. Mientras SoftBank pone todos los huevos en la misma cesta de OpenAI, actores locales como los fondos de venture capital se posicionan en múltiples startups de IA, buscando diversificar el riesgo.

La salida a bolsa de OpenAI será el momento de la verdad. Si los mercados acogen con apetito la OPV, Son podrá exhibir un retorno descomunal y callar a sus críticos. Pero si los inversores exigen beneficios reales y no promesas, la mayor burbuja de la historia moderna podría desinflarse con un estruendo que resonaría en todas las economías, incluida la española, donde la digitalización depende cada vez más de los servicios de inteligencia artificial estadounidenses.

Starmer aspira a ser secretario general de la OTAN en 2028 tras dejar Downing Street

La dimisión forzada de Keir Starmer como primer ministro británico abre un nuevo frente en la carrera por el liderazgo de la OTAN. El dirigente laborista, según revela el dominical The Observer, baraja suceder al holandés Mark Rutte al frente de la organización cuando su mandato expire en 2028, un movimiento que reconfiguraría el tablero de la seguridad transatlántica.

El convulso mandato que precipitó la caída de Starmer

Starmer anunció su renuncia entre lágrimas la semana pasada, acorralado por una rebelión interna en el Partido Laborista. Más de ochenta diputados laboristas habían exigido su salida después de que el partido perdiera casi 1.500 concejales en las elecciones municipales del mes pasado. Varios ministros abandonaron su gabinete en cadena. El exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ganó la elección parcial de Makerfield el 18 de junio, aparece como el favorito para sucederle al frente del Gobierno y del partido.

La legislatura de Starmer, que arrancó con una mayoría aplastante en 2024, se vio empañada por subidas de impuestos, recortes en prestaciones sociales, escándalos políticos y una agenda exterior cada vez más polémica. Su apuesta por convertir el apoyo a Ucrania en un pilar central de su mandato chocó con la realidad de unas fuerzas armadas británicas con carencias de financiación, retrasos en los programas de adquisición y dudas crecientes sobre su preparación. Según The Telegraph, el primer ministro saliente pasó aproximadamente dos meses y medio en el extranjero durante sus primeros 17 meses de mandato, un récord histórico que le valió críticas por descuidar los asuntos domésticos. Esa desconexión con la calle alimentó el descontento que acabó por devorarle.

La apuesta por Bruselas: contactos, unanimidad y el factor Zelenski

Con la política británica cerrándole la puerta, Starmer ha puesto la vista en la sede de la OTAN en Bruselas. El puesto de secretario general, tradicionalmente reservado a un exjefe de Gobierno o un alto diplomático, se decide mediante consultas entre los Estados miembros y exige el respaldo unánime de los 32 aliados. El proceso de selección del secretario general, que requiere la aprobación unánime de los 32 miembros, no es un mero trámite. Starmer necesitaría, según The Observer, «un respaldo gubernamental sostenido» para que su candidatura prospere.

Sus partidarios esgrimen como principal activo su estrecha relación con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La fuente citada por el dominical asegura que ambos líderes a veces se realizan «llamadas de bolsillo» accidentales, una anécdota que ilustra la fluidez de sus contactos. También subrayan sus vínculos con otros dirigentes europeos, forjados durante su breve pero intensa agenda internacional.

Sin embargo el camino hacia el despacho del secretario general está sembrado de obstáculos. La relación de Starmer con el presidente estadounidense Donald Trump se agrió profundamente después de que el británico se negara a respaldar los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Trump descalificó a Starmer afirmando que «no es ningún Winston Churchill» y atacó su gestión en inmigración y energía. Por el contrario, Trump ha elogiado repetidamente a Rutte como amigo y líder eficaz, lo que podría pesar en un proceso de selección que, aunque formalmente ajeno a Washington, nunca es inmune a la influencia de la Casa Blanca.

Starmer busca en la OTAN un salvavidas político tras una legislatura desgastante, pero el camino hasta el despacho del secretario general pasa por el voto unánime de aliados que miran con lupa su gestión doméstica.

Equilibrio de Poder

La posible candidatura de Starmer tiene implicaciones directas para España. Un secretario general británico, el primero desde Lord Robertson (1999-2004), devolvería al Reino Unido a un puesto de primer orden en la arquitectura de seguridad europea tras el trauma del Brexit. Para Moncloa, ese regreso presenta dos caras. Por un lado, Londres comparte con Madrid la sensibilidad hacia el flanco sur: la OTAN apenas ha dedicado atención prioritaria al Sahel y al Magreb en la última década, y un británico al frente podría reequilibrar el foco hacia las amenazas que llegan desde el Mediterráneo y el África subsahariana. Por otro, la cuestión de Gibraltar y el encaje de la defensa europea en un marco pos-Brexit podrían generar fricciones si Starmer intenta utilizar la secretaría general para reforzar la posición británica en las negociaciones bilaterales.

En términos de capacidades, un secretario general británico podría impulsar los programas de interoperabilidad en los que España participa, como el futuro caza FCAS o la modernización de las fragatas F-110. La industria de defensa española observa con cautela porque Londres ha sido históricamente un socio preferente en los consorcios europeos, pero también un defensor de la competencia transatlántica que beneficia a los grandes contratistas estadounidenses. En el contexto del gasto militar, España se encuentra bajo presión para alcanzar el objetivo del 2% del PIB —y quién sabe si el 5% que reclama Trump—. Un secretario general del Reino Unido, país que tradicionalmente ha cumplido con el umbral, ejercería una presión moral añadida sobre los aliados rezagados, entre ellos España. El gobierno de Sánchez, que ha apostado por un perfil europeísta y multilateral, podría ver en Starmer a un interlocutor afín en lo político, pero sentir la presión en lo presupuestario.

A cinco años vista, la candidatura de Starmer revela la creciente politización del puesto de secretario general. Tradicionalmente, los ex primeros ministros que han ocupado el cargo —Jens Stoltenberg, Anders Fogh Rasmussen, Jaap de Hoop Scheffer— llegaron tras mandatos largos y con un legado internacional sólido. Starmer, en cambio, lo intentaría con apenas dos años en Downing Street, manchados por el desgaste interno y la fractura con Washington. Su éxito dependerá de la capacidad para reconstruir puentes con la Casa Blanca —sea quien sea el inquilino en 2028— y de convencer a los aliados de que no es un dirigente de transición, sino alguien capaz de pilotar la Alianza en un entorno de amenazas difusas, ciberseguridad y competencia con China.

La próxima cumbre de la OTAN, prevista para 2027, marcará el inicio oficioso de la sucesión. Hasta entonces, Starmer deberá cultivar apoyos en silencio mientras su sucesor en Londres consolida un gobierno que quizá no tenga interés alguno en patrocinar su aventura atlántica. La clave estará en si el laborismo británico, tras el trauma de la dimisión, decide cerrar filas en torno a su antiguo líder o prefiere pasar página y mirar hacia dentro.

Vox fuerza comparecencias en Asturias contra la prohibición de menores en toros

Vox, el PP y Foro han forzado este lunes la celebración de una maratoniana sesión de la Comisión de Movilidad de la Junta General del Principado para debatir la reforma legal que prohibiría la asistencia de menores a espectáculos taurinos. Un total de 28 personas, incluidos cinco de los diez consejeros del Ejecutivo regional, han sido citados a comparecer en una jornada que evidencia la fractura política en torno a la tauromaquia.

La proposición de ley, registrada el pasado 28 de mayo por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé con el respaldo del PSOE e IU, toma como base una iniciativa anterior de la coalición de izquierdas que, según IU, había sido bloqueada durante un año y medio por la negativa del PP a convocar la ponencia correspondiente. Ahora, la derecha asturiana ha respondido forzando una batería de comparecencias que obliga al Gobierno de Adrián Barbón a rendir cuentas de manera extenuante.

Qué defiende Vox: tradición, libertad y cultura

Vox ha mantenido en todo momento un discurso frontal contra la prohibición. La formación liderada en Asturias por Francisco de la Riva considera que la medida responde a un intento de la izquierda de ‘adoctrinar’ a la sociedad y de vaciar de contenido las tradiciones propias de la región. Fuentes del partido consultadas por Moncloa.com subrayan que la tauromaquia no solo es un bien cultural protegido por la legislación estatal, sino una expresión de la identidad y la economía del mundo rural asturiano.

Para Vox, restringir el acceso de los menores a las plazas de toros vulnera la libertad de las familias. ‘Cada padre debe decidir cómo educar a sus hijos, no un gobierno que pretende imponer un pensamiento único’, ha afirmado un portavoz de la formación en la Junta General. La reforma propuesta fija la prohibición para los menores de 16 años y califica su admisión como infracción ‘muy grave’, sancionable con multas individualizadas.

Una comisión desbordada y un Gobierno que tendrá que explicarse

La comparecencia masiva, que arrancó a las 10:30 horas, ha incluido a representantes de peñas taurinas, veterinarios, empresarios y ganaderos, además de cinco consejeros del Gobierno regional —la mitad del Ejecutivo— acompañados por varios altos cargos. Según ha publicado eldiario.es, el orden del día contemplaba 28 intervenciones, un despliegue inusitado que los partidos de la oposición justifican por la necesidad de escuchar a todos los sectores afectados.

La izquierda, por su parte, ha denunciado que la maniobra de PP, Vox y Foro es una forma de dilatar la tramitación y desgastar al Gobierno. Covadonga Tomé, promotora actual de la iniciativa, había retirado la primera versión al considerar que la derecha la estaba ‘boicoteando’. Sin embargo, desde Vox replican que si el texto es tan sólido, no debería temer el debate público. ‘Han intentado blindar su propuesta sin oposición, y ahora tendrán que defenderla ante la ciudadanía’, señalan fuentes de la formación.

En la práctica, la comisión de hoy se ha convertido en un escenario en el que el Gobierno regional afronta un examen minucioso sobre una medida que la izquierda pretendía aprobar sin apenas discusión.

El valor estratégico para Vox: marcar perfil en defensa del mundo rural

Más allá del trámite parlamentario, Vox aprovecha este episodio para reforzar su posición como único partido que defiende sin matices la tauromaquia y las tradiciones. En una Asturias donde el descontento con las políticas del Ejecutivo de Barbón crece en las cuencas mineras y las áreas ganaderas, el discurso de Vox encuentra un caladero electoral. La prohibición de los toros para menores es vista por muchos como un nuevo gesto de desprecio de la izquierda urbana hacia el campo.

La jugada también tensa al PP. Aunque los populares han forzado las comparecencias junto a Vox y Foro, su posición es menos beligerante, lo que permite a Vox diferenciarse y captar a los votantes más conservadores. El partido de Santiago Abascal sabe que la contienda cultural es uno de sus activos y que, tras la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos, todo gesto que exhiba firmeza ideológica refuerza su perfil propio de cara a futuros comicios.

La comisión de hoy no detendrá la aprobación de la ley —la mayoría de izquierdas la sacará adelante—, pero ha logrado que el Gobierno socialista se vea obligado a dar la cara durante horas. Y ese es, precisamente, el primer objetivo que Vox se había marcado.

Conde-Duque de Olivares: la caída del valido que quiso reformar el Imperio

La noche del 17 de enero de 1643 caía una nieve menuda sobre el Alcázar de Madrid. Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, llevaba tres horas encerrado en sus aposentos cuando un ayuda de cámara le entregó el pliego lacrado. El rey Felipe IV, su señor durante más de veinte años, le ordenaba abandonar la corte al amanecer. Sin cargo, sin honores y sin posibilidad de réplica.

Capítulo I: El ascenso del valido

Había llegado al poder en marzo de 1621, apenas muerto Felipe III. Entonces el nuevo monarca tenía diecisiete años y el conde-duque treinta y cinco. La ascensión fue fulgurante: de sumiller de corps a gran privado en cuestión de semanas. Olivares entendió que el Imperio necesitaba quien gobernara mientras el rey se dedicaba a los placeres de la corte. Y él iba a ser ese hombre.

Su proyecto político, expuesto en un famoso memorial secreto de 1624, era ambicioso: transformar la Monarquía Hispánica en un Estado unificado, con una sola ley, una sola moneda y un solo esfuerzo fiscal. La vieja fórmula de sumar cortes por separado —Castilla, Aragón, Portugal, Nápoles— no servía ya. «Todo se ha de reducir a una sola Corona», escribió al rey.

valido de Felipe IV

Capítulo II: La Unión de Armas

En enero de 1626, Olivares presentó a las Cortes castellanas la Unión de Armas: un reparto obligatorio de soldados y dinero entre todos los reinos de la monarquía. La idea era simple en el papel —cada territorio aportaría 140.000 hombres armados— pero explosiva en la práctica. Cataluña, Portugal y Aragón vieron en la propuesta un ataque frontal a sus fueros. El conde-duque, impertérrito, la convirtió en el eje de su política. La cortes catalanas se negaron. Las portuguesas, sencillamente, no se presentaron.

El historiador John H. Elliott, en su biografía definitiva The Count-Duke of Olivares (1986), califica la Unión de Armas como «la visión más coherente de reforma estatal que produjo el siglo XVII español, pero también la más peligrosa para un sistema basado en la lealtad pactada de las coronas». Olivares subestimó la resistencia de los territorios forales. Aquel febrero de 1626, mientras los procuradores debatían en Valladolid, él ya había decidido que la fuerza, si era preciso, lo resolvería.

Capítulo III: El año de las tres rebeliones

El verano de 1640 fue la tormenta perfecta. El 7 de junio, los segadores catalanes asaltaron el palacio del virrey en Barcelona y dieron muerte al conde de Santa Coloma. Fue el Corpus de Sangre. La revuelta prendió en todo el Principado, que se alió con Francia. Olivares envió un ejército de castigo al mando del marqués de Los Vélez, pero la campaña se empantanó en el sitio de Tarragona y la batalla de Montjuïc.

Seis meses después, el 1 de diciembre, Portugal proclamó rey al duque de Braganza. Fue la restauración de la independencia portuguesa, el mazazo definitivo. Olivares había confiado en que el duque era fiel; se equivocó. En el sur, el duque de Medina Sidonia tramó una conjura andaluza que apenas pudo ser sofocada. En un solo año, tres frentes abiertos que desbordaban los recursos de la monarquía.

El cronista oficial, Francisco de Quevedo —quien había sido encarcelado por orden del propio Olivares en 1639— glosó el desastre en un célebre soneto: «Miré los muros de la patria mía, / si un tiempo fuertes, ya desmoronados». Los versos corrían de mano en mano en Madrid. El valido, aislado en el Alcázar, supo que el tiempo se le acababa.

Capítulo IV: La noche de enero

A principios de 1643, la situación militar era insostenible. La guerra con Francia se extendía y la economía castellana estaba exhausta. Las noticias del frente catalán llegaban cada vez más negras. El rey, empujado por la reina Isabel de Borbón y por un grupo de cortesanos que veían en Olivares un lastre, decidió prescindir de su ministro. La orden de destierro, fechada el 17 de enero de aquel año, le llegó al conde-duque en una noche gélida. Según testimonios de la época, Olivares la leyó en silencio, dobló el pliego y comenzó a preparar sus baúles.

Partió al amanecer. El viaje hasta su villa de Loeches duró apenas cuatro horas, pero simbolizó el fin de una era. El rumor se extendió por Madrid antes del mediodía. Los corrillos en la Plaza Mayor comentaban la noticia con alivio y con sorna. Se acababan dos décadas de omnipotencia.

Capítulo V: El silencio de Toro

Olivares no volvió a pisar la corte. En Loeches pasó los primeros meses, pero una orden posterior lo desterró a Toro, a orillas del Duero. Allí, recluido en un palacete, redactó una larga carta al rey en la que culpaba a la mala fortuna y a la perfidia de los enemigos. La salud se le quebró rápidamente. La gota, la melancolía y el peso del fracaso lo consumieron. El 22 de julio de 1645, a los cincuenta y ocho años, murió. En Madrid, la Gaceta apenas le dedicó cuatro líneas.

Su caída no fue solo la de un hombre. Con él desapareció el último proyecto serio de reforma imperial antes de la decadencia irreversible. Apenas dos meses después, el 19 de mayo de 1643, los tercios españoles —símbolo de la hegemonía militar— serían derrotados en Rocroi. La coincidencia de fechas tiene algo de epitafio.

El archivo de Simancas conserva centenares de despachos del conde-duque, llenos de tachones, prisas y contradicciones. Son la prueba de que la historia no la escriben solo los vencedores, sino también los que se atrevieron a soñar imposibles. Gaspar de Guzmán fue uno de ellos. Y, como él mismo escribió en una nota de 1641 que todavía se puede leer, «las empresas grandes piden grandes ánimos, y a veces, grandes ruinas».