Desde que dejase de ser presidenta en Andalucía, Susana Díaz se ha mantenido en la sombra de la oposición. Sin manifestarse de forma destacada acerca del nuevo gobierno de los populares, la líder socialista comenzó un intensivo rearme defensivo frente a las presiones de Ferraz.
En este amargo trago que sufre Pedro Sánchez tras convocar elecciones generales anticipadas, Díaz destacó que el presidente hacía lo correcto. Pero sólo dos meses le han bastado a la dirigente socialista para ir conformando un equipo en el que apoyarse de cara a las elecciones generales y municipales que tiene por delante. La decisión de mantenerse discretamente al margen de la oposición al Partido Popular, tras el varapalo que obtuvo en las andaluzas del pasado 2 de diciembre, favoreció ese trabajo.
Díaz también permaneció ausente en la polémica propuesta de Sánchez hace unos días de establecer la figura del relator para hacer de moderador con el Govern catalán. Esta postura al margen hizo saltar las alarmas, pues la expresidenta siempre había mantenido distancias con el líder socialista.
Finalmente, el viernes Pedro Sánchez tomó la decisión de convocar elecciones generales el próximo 28 de abril. La decisión no fue recibida con asombro por Susana Díaz, quien comentó que el presidente “ha hecho lo que tenía que hacer”. Además, subrayó que todavía no había hablado con él puesto que se verían las caras en el “primer acto de precampaña” del fin de semana.
Este silencio fue llamativo, ya que Sánchez fue quién puso en tela de juicio el futuro de la dirigente socialista en Andalucía después de los resultados en esta comunidad. Asimismo, desde el PSOE se especuló con tres nombres posibles para sustituirla al frente del PSOE andaluz: las ministras María Jesús Montero o Carmen Calvo y la ‘número dos’ de la expresidenta, Verónica Pérez.
Estos últimos movimientos no habrían dejado a la líder socialista muy tranquila. De esta manera, y viendo que la cúpula socialista podría arrebatarle su cargo, tejió una red de contactos para preparar para una “vendetta” contra Pedro Sánchez.
EL EQUIPO DE DÍAZ
“El PSOE-A da todo su apoyo y colaboración al presidente Pedro Sánchez tras convocar elecciones ante el bloqueo de los PGE de PP, Cs y el independentismo. Necesitamos una gran movilización para frenar lo ocurrido en #Andalucía con la suma de derechas y ultraderecha”, publicó, no obstante, la expresidenta en Twitter.
Susana Díaz “no ha dejado de hablar con los suyos” para hacer un análisis sobre la actual crisis interna en la que se sume su partido. Desde su entorno, se destacó que Díaz seguía teniendo a “tres o cuatro personas” de confianza a su lado.
ASESORADA POR EL VIEJO PSOE
Felipe González, Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba y Manuel Chaves, son algunos de los antiguos miembros socialistas con los que conversó la dirigente andaluza. Además de haber establecido una red de contactos con los ocho secretarios provinciales andaluces y algunos alcaldes socialistas.
“Yo me siento orgullosa de ser socialista y feminista. Cuando hay que decir las cosas que hace mi partido que no me gustan, no me tiemblan las piernas”
Sin duda, la dirigente socialista, apartada del foco mediático estos meses posteriores a las elecciones autonómicas andaluzas, ha trabajado desde San Vicente (sede del PSOE andaluz) para corregir los errores cometidos durante su última etapa como presidenta.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP en esta región, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el vicepresidente de Ciudadanos, Juan Marín, también han reclamado a Díaz atención respecto a la crisis catalana o al “relator” de Sánchez.
“Me ha hecho referencia a los acuerdos de Pedro Sánchez, pero no mire a lo ajeno lo que tiene que ver en casa. Yo me siento orgullosa de ser socialista y feminista, pero por encima de todo me siento demócrata. Cuando hay que decir las cosas que hace mi partido que no me gustan, no me tiemblan las piernas”, reprochó Díaz al actual presidente de la Junta.
Ahora, la líder socialista andaluza pretende movilizar al electorado de izquierda que ha perdido su partido en el caso de que Sánchez se estrellase. Por ello, Díaz se mantiene en un segundo plano gracias al consejo de los barones del PSOE. De esta forma, el objetivo primordial de ésta sería centrarse primero en las municipales y después en la confrontación con Moreno Bonilla.
Después de su encuentro con Pedro Sánchez, la dirigente andaluza tendrá tiempo para preparar las elecciones generales junto con su formación. Díaz subrayó hace unos días que los votantes que no acudieron a votar el 2-D “ahora sí” tendrán la oportunidad de hacer posible un cambio.
Según hizo hincapié Díaz, son muchos los que le han transmitido que se arrepienten de no haber votado tras “el pacto de las dos derechas y la ultraderecha”. Por este motivo, la líder andaluza consideró que “la gente ha tomado nota» de este pacto y del recorrido que puedan tener promesas electorales como la creación de 600.000 puestos de trabajo.
La convocatoria de elecciones generales ha pillado a contrapié al centro-derecha navarro. UPN había acentuado en los últimos tiempos su distancia con el PP, formación con la que concurre a las elecciones generales desde 1982.
UPN, que acaba de cumplir cuarenta años de vida, nació en 1979 tras una ruptura con UCD por la decisión de Suárez de apoyar la Disposición transitoria cuarta de la Constitución que hace viable la integración de Navarra a Euskadi.
Los regionalistas acudieron de la mano de AP en las generales desde 1982 y desde entonces no han separado sus destinos a nivel estatal. Sin embargo, desde 2011 UPN y PP concurren separados a las autonómicas por el pacto entre Miguel Sanz y José Blanco después de que el PSOE imposibilitase un ‘Gobierno de progreso’ en 2007 pese al acuerdo entre PSN, Nafarroa Bai e Izquierda Unida.
Javier Esparza está moderando su discurso en los últimos meses para intentar recobrar la transversalidad tradicional de UPN. El presidente de los regionalistas es consciente de que su discurso duro contra la cultura vasca le aleja del centro y provoca que votantes que confiaban hace tres décadas en Juan Cruz Alli hoy estén apostando por Geroa Bai.
El fichaje como coordinador del argumentario de José Andrés Burguete, exlíder del extinto y centrista CDN (escisión del propio UPN), se enmarca dentro de la intención de Esparza de virar al centro y recuperar el ímpetu perdido pese a su falta de apoyos internos y mediáticos.
UPN en principio tenía previsto apostar por concurrir en solitario a las generales para hacer más audible su ‘voz en Madrid. Sin embargo, la cúpula del partido ayer dio síntomas de un acuerdo PP. El pacto se podría anunciar en los próximos días.
EL PP DE NAVARRA APUESTA POR SU ‘PLAN A’
Ana Beltrán, portavoz del PP en el Parlamento navarro, apostó en noviembre por una «unión constitucionalista» con UPN y Ciudadanos para las autonómicas que ambos rechazaron. La líder popular ahora ha vuelto a contribuir al previsible acuerdo con los regionalistas, en este caso para las generales.
Pablo Casado y Ana Beltrán. Foto: Flickr PP.
El ‘Plan A’ del PP podría cristalizar. Todavía es pronto para conocer los nombres de los candidatos, pero es previsible que se caiga de las listas por el Senado el histórico José Cruz Pérez Lapazarán, que podría despedirse de la política activa tras cuarenta y cinco años en la vida pública.
Javier García, exlíder de las juventudes del CDN y actual diputado autonómico del PP, entra en las quinielas para relevarle. Recuerden que este joven político fue el número tres de la lista del centro-derecha foralista para el Congreso en 2016. Desde las filas populares desmienten a MONCLOA.com que se haya barajado todavía ningún nombre.
El ‘Plan B’ de los populares, si UPN ‘le daba calabazas’, era articular su propia candidatura. Pero tras el previsible acuerdo esta plancha finalmente podría ser liderada en el Congreso por Sergio Sayas (UPN), tal y como adelantó el pasado jueves MONCLOA.COM. Para ello deberá someterse antes a un proceso de primarias.
Al día siguiente Íñigo Alli, portavoz de los regionalistas en el Congreso, anunció su renuncia a volver a encabezar la lista por motivos «personales y familiares». Su sonoro divorcio con Esparza, señalan fuentes cercanas al partido, sería el motivo oculto del precipitado adiós.
ANA BELTRÁN SE HACE FUERTE
Ana Beltrán tiene la confianza de Pablo Casado, al que apoyó en las primarias contra Soraya Sáenz de Santamaría, que previsiblemente hubiese impuesto una renovación en el PP navarro de haber triunfado.
Cierto es que el PP tendrá un duro examen el 26-M, aunque por ahora se ha impuesto la paz con UPN, que ha apoyado a última hora la reedición del pacto. Esparza sigue perfilando su lista para las autonómicas con la intención de que la decisión no resulte demasiado traumática.
Geroa Bai lanzó el pasado viernes una propuesta de acuerdo a sus socios en el Gobierno de Navarra, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Los dos últimos se apresuraron a rechazar el envite para el Congreso, sabedores de la fuerza de Unidos Podemos en la circunscripción navarra. Aunque Podemos ha dejado la puerta abierta en el Senado para intentar que las ‘fuerzas del cambio’ se hagan con tres de los cuatro senadores por Navarra.
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos.
La coalición liderada por Iglesias tiene dos de los cinco diputados navarros en el Congreso y uno de los cuatro senadores. EH Bildu ha puesto también en un aprieto a Geroa Bai al lanzarle una propuesta para intentar recuperar la voz vasquista navarra en la Cámara Baja que tuvieron ambas formaciones en diversos pactos o en solitario entre 2004 y 2015.
La otra gran duda de la izquierda en la Comunidad Foral es si Podemos e Izquierda-Ezkerra concurrirán juntos a las autonómicas. Los morados, sumidos en una brutal crisis interna, buscan el acuerdo. Y sus socios se lo piensan de nuevo, principalmente a nivel municipal, tras haberse mostrado fríos en los últimos meses por la percepción de que la suma será más caudalosa si se presentan por separado.
La amistad con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que comparte con su abogado Baltasar Garzón, no le priva al comisario Enrique García Castaño de acumular nuevos cargos por haber apoyado presuntamente de manera ilegal al comisario José Manuel Villarejo en sus investigaciones privadas o espionajes.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la investigación contra los cuatro directivos de un despacho de abogados en la pieza II (Iron) de la denominada ‘Operación Tándem’, por la que se encuentra en prisión el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En un auto, los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía Anticorrupción –al que se habían adherido varias acusaciones– que consideraba extemporáneo el archivo de la investigación respecto de cuatro miembros del despacho Herrero&Asociados sin esperar al resultado de las diligencias ya acordadas por el instructor Diego de Egea, así como la concurrencia de indicios sólidos de la comisión de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos .
La Sala, tras analizar pormenorizadamente los indicios expuestos por la Fiscalía y la documentación que los soporta, señala que “necesariamente hay que concluir que, en estos momentos, se mantienen indicios de la participación de los investigados” en hechos que inicialmente reviste caracteres delictivos.
En este sentido, hace mención a una reunión en el Casino de Madrid entre dos de los miembros del despacho con Villarejo y su socio Rafael Redondo, que revela pasajes “en los que se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión”.
Los magistrados entienden que todos los indicios analizados “obligan, pues, a mantener abierta la investigación con los referidos investigados, aunque prescindiéramos de la dudosa eficacia de algunos de los elementos citados por el Ministerio Fiscal en su informe”.
En este caso el cliente del presunto espionaje fue el bufete Herrero y Asociados. Las víctimas, cuatro ex miembros de esta firma que constituyeron una rival, Balder Ip Law. El material hallado en el pendrive Pfizer, con las grabaciones de la negociación de los contratos con Villarejo y su socio Rafael Redondo, reveló que los servicios contratados y efectivamente prestados podrían incluir el acceso ilegítimo a tráfico de llamadas telefónicas, y acceso ilegal a bases bancarias y fiscales. Todo ello a cambio de 625.000 euros.
En las charlas, Villarejo explica a los clientes que obtener datos de Hacienda no sale gratis. Y en este contexto se cita, en el sumario, un documento word titulado «GESTIONES BIB 8.11.2003 que contiene una serie de requerimientos de información dirigidas a BIG, identificado como el investigado Enrique García Castaño, relativo a los movimientos de cuentas de Balder Ip Law». Igualmente, con igual alias, se cita otro informe que apunta en igual dirección: «El documento word titulado BIG 2 en el que se citan números de teléfono de algunos de los integrantes de Balder y el modelo 347 de Balder Ip Law».
Esta causa fue archivada en julio de 2018 por el juez Diego de Egea, entonces adscrito al juzgado 6 de la Audiencia Nacional, en contra del criterio de la fiscalía y las víctimas que, recurso a recurso, han logrado reponer a García Castaño en el banquillo de los acusados por esta vía.
En la documentación del «Proyecto Trampa», que recoge el espionaje financiado por el BBVA y ejecutado por Villarejo, también aparecen alusiones parecidas al alias de García-Castaño, Big, números de teléfonos y, a veces, hasta el número de fax oficial del excomisario destinado en la Comisaría General de Información. El juez Manual García-Castellíon, titular del juzgado número 6 y actual instructor del caso Tándem, ya investiga dicho material, requerido a MONCLOA.COM tras su publicación.
La investigación apunta que el equipo de espionaje de Villarejo contó con ayuda en el BBVA, aunque estaban un «poco reticentes» a facilitarla, para obtener información de las cuentas bancarias de los espiados.
Los jueces consideran increíble el argumentario que dio por bueno el juez De Egea: que los directivos del bufete Herrero no sabían que Villarejo era comisario ni que su investigación se realizaba con técnicas ilegales, algo que choca con el hecho de que el comisario alude en sus charlas con dichos clientes a sus poderosas relaciones policiales para obtener lo que sea y, eso sí, advierte que tales servicios, como rastrear llamadas, son peligrosos y costosos.
Alfonso Guerra se volvió a subir por un día a las tablas teatrales para conversar con Jordi Évole. La Sexta emitió anoche la entrevista al exvicepresidente primero del Gobierno de Felipe González entre 1982 y 1991.
El político sevillano fue uno de los destacados miembros que renovaron al PSOE en 1974 tras el triunfo de Felipe González en el Congreso de Suresnes. Mucho han cambiado los discursos de la actual ‘vieja guardia’ que sufre Pedro Sánchez.
Los socialistas aprobaron en aquel Congreso que «la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español». No es el único cambio dialéctico de Guerra y de su generación.
ALFONSO GUERRA Y ESPAÑA
El exvicepresidente del Gobierno con Felipe González. Alfonso Guerra.
Guerra explicó ante Évole que «España está en riesgo de autodisolución. Hay grupos políticos que quiere, como llaman ellos, desconectar, fragmentar, quitarle una parte a España, por eso lo he puesto».
El autor de ‘La España en la que creo’ señala que «los políticos de izquierda en la Segunda República amaban a España, la llevaban en la voz. Hoy no hay ni uno que salga a decirlo a una tribuna. Los que no se atreven a hablar de ello son una izquierda boba».
Cuatro décadas atrás, en 1979, Guerra definía a España «como nación de naciones». En aquellos momentos se preparaba la aprobación del Estatut de Sau y por aquel entonces mostró su «apoyo a esa necesaria aspiración de identidad nacional de los catalanes».
A VUELTAS CON CATALUNYA
Guerra en ‘La Galería’ del Canal 24 horas. Foto: RTVE.
Guerra señaló ayer sobre el juicio a los líderes del procés que «está claro que hay un delito porque, según el artículo 92, puede haber referéndum consultivos que convoca el rey a petición del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Estos políticos han convocado dos referendos por su cuenta, sin atender a la Constitución. Además, han presumido de hacerlo».
El que fuera diputado durante 38 años señalaba en 1979 que el PSOE apoyaba a los que «durante tantos años no han podido gritar ‘visca Catalunya’. Estamos aquí para reparar una injusticia de tantos años de falta de libertad y, por tanto, de falta de realidad nacional, que pertenece de una manera irrenunciable al pueblo catalán».
NACIONALISMOS
Guerra en ‘Informe Semanal’. Foto: RTVE.
«El incremento de la desigualdad trae al extremismo, trae a los nacionalistas. Cuando los grupos constitucionalistas se dedican a mimar a los extremistas puede ocurrir una tragedia. Si sigue esto de que sólo queden extremistas, al final falta un dictador para la fiesta», señaló ayer Guerra.
Cabe recordar que en 1986 Alfonso Guerra contribuyó al apoyo de Txiki Benegas a un Gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Benegas, miembro destacado del sector ‘guerrista’, ganó en diputados en Euskadi tras la ruptura del PNV que acabó con el nacimiento de Eusko Alkartasuna.
Los renovadores, liderados por Felipe González, creían que el PSE podía sondear a otras fuerzas progresistas para tejer un Gobierno junto a EA y Euskadiko Ezkerra. Sin embargo, los ‘guerristas’ apoyaron a apuntalar al partido nacionalista con más historia a sus espaldas: el PNV. Guerra, años después, también apoyó la negociación con el brazo armado del nacionalismo vasco: ETA.
ESTABILIDAD
Alfonso Guerra en ‘Los Desayunos de TVE’. Foto: RTVE.
Guerra ayer apostaba por la estabilidad de España. Pero el 4 de febrero de 1981, diecinueve días antes del 23-F (en plena desintegración de UCD por la dimisión de Suárez y con el Ejército y ETA calentando el ambiente), al PSOE no parecía importarle demasiado la estabilidad de España.
En una entrevista publicada por El País, Guerra explicaba que no entendía «un Gobierno de coalición con UCD, porque el país difícilmente lo entendería, no se beneficiaría de ello y ni siquiera sería viable: se convertiría en un Gobierno de locos, en que los esquemas de progreso y de inmovilismo chocarían constantemente».
En aquella entrevista deslizó una propuesta que poco tenía que ver ni con la estabilidad ni con las urnas, tan deseadas por él ahora: «Con el encargo del Rey, Felipe González lograría cerca de 200 votos parlamentarios».
FIDELIDAD
Guerra en ‘La Clave’. Foto: RTVE.
Alfonso Guerra mostró en ‘Salvados’ su fidelidad al PSOE y explicó que les votará «hasta que me muera». En marzo del año pasado no parecía que los socialistas fuesen su opción preferida de voto. Hace menos de un año recordaba que las encuestas decían «con toda claridad que Ciudadanos» era «el partido que actuó con total coherencia en Catalunya y va a ser premiado en toda España».
«En los sondeos, todos los partidos tienen unas curvas que indican que van subiendo y van bajando… pero cuando encuentras un partido con una línea sólo ascendente, significa a todas luces que ese partido va muy bien», señaló.
JUSTICIA
Guerra en pleno estallido del ‘caso Juan Guerra’. Foto: RTVE.
Guerra rebatió unas palabras de Felipe González porque su compañero de partido pidió la libertad provisional para los líderes del procés: «La prisión provisional existe. En España hay más presos en provisional que con condenas y nadie levanta la voz por esos miles, sólo cuando se trata de políticos nacionalistas, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? ¿que el político tiene cobertura especial?».
El exvicepresidente afirma que cree en la justicia española, pero en marzo de 1982 explicaba que «existe el temor de que los juicios del 23-F van a ser una farsa, y yo lo comparto». El fiscal jurídico militar de la I Región inició acciones judiciales contra él por estas palabras.
OTROS CASOS
Guerra en ‘Salvados’. Foto: La Sexta.
Guerra, «bolchevique de salón» según Jorge Semprún, tiene una hemeroteca llena de contradicciones e incoherencias. En 1981 afirmó que si llegase al «enfrentamiento» con Felipe González tenía un destino claro: «Entonces yo me iba a casa». En 1991 dimitió por el ‘caso Juan Guerra’ y no se fue a casa: decidió quedarse en el Congreso durante 24 años más.
En 1987 también realizó unas declaraciones curiosas. Con la derecha noqueada, ciertas voces planteaban que Joaquín Leguina podía relevar a Felipe González en pleno divorcio entre PSOE y UGT que acabaría con la histórica huelga del 14-D de 1988.
Por aquel entonces señalaba que los disidentes internos eran es que «buitres que acuden cuando hay carroña». Nadie acusa de buitre carroñero a Alfonso Guerra. Ni siquiera lo ha hecho Pedro Sánchez, que ha encarado el examen del 28 de abril teniendo que lidiar con la ‘vieja guardia’ de su partido.
Los obispos guardan en los bancos más de setenta millones de euros, que provienen de la asignación tributaria del IRPF, y que no han gastado en los últimos años. La Conferencia Episcopal ha creado con estas cantidades un fondo de reserva en previsión de que en el futuro no cuenten con ingresos suficientes a través de la declaración de la renta.
Las cantidades acumuladas en los últimos años han sido consecuencia de la mejora de los ingresos del IRPF, mientras que los obispos han elaborado unos presupuestos estables en esos ejercicios. El resultado es la acumulación de remanentes que han hecho que el fondo de reserva crezca aproximadamente un 75% en cuatro años.
Los últimos datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal dan cuenta de que los ingresos por la asignación tributaria del IRPF para los fines de la Iglesia católica del ejercicio 2017 alcanzaron la cifra récord de 267,8 millones de euros.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto para ese año fue de 250,6 millones de euros, el superávit alcanzado ha sido de 17,2 millones de euros, el más alto conseguido por la recaudación del IRPF de la Iglesia, si es que no dedican parte de él a otros fines.
Aunque la liquidación de lo recaudado por el IRPF de 2017 no se realiza hasta 2019, indica una senda de sucesivos superávits en las sus cuentas. Aún así, valga como comparación señalar que el presupuesto que habían elaborado para el ejercicio 2019 asciende sólo a 256 millones de euros.
Los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española para el IRPF han mantenido una previsión de ingresos por este concepto constantes en 250 millones de euros anuales. Esto fue así en los presupuestos de 2016 a 2018. Sin embargo, en esos años, la recaudación fue mucho mejor.
FINANCIACIÓN DEL IRPF DE LA IGLESIA
En el ejercicio de 2013, los obispos contaban con un fondo de reserva que ascendía en esos momentos a unos 41 millones de euros. Esta cantidad había ido acumulándose desde que en 2007 se cambió el sistema de financiación de la Iglesia católica en España.
Este cambio consistió básicamente en que el Estado ya no garantiza una dotación mínima a la Iglesia a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino que a partir de entonces ingresa estrictamente lo que recauda a través de la asignación tributaria. A cambio, el Estado elevó el porcentaje del IRPF que Iglesia recaudaría anualmente, al pasar del 0,56% al 0,7% de la cuota de este impuesto.
Este salto supuso un incremento considerable de la recaudación de la Iglesia católica. Aprovechando esta circunstancia, decidieron la creación de este fondo de reserva, aunque parte del incremento de recaudación fue destinado a otros fines, como compensar a las diócesis por haber perdido la exención del IVA, o por donativos extraordinarios hechos a Cáritas.
Ahora, la Iglesia se enfrenta a otros posibles problemas financieros en el horizonte, como la polémica por el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios con uso lucrativo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, llevó al Vaticano el anuncio de una reforma del régimen fiscal de la Iglesia, que ahora queda en el aire por la convocatoria electoral.
El caso es que en los últimos años el fondo se reserva ha seguido creciendo. Según los datos de la Memoria Justificativa anual que los obispos presentan al Gobierno (concretamente al Ministerio de Justicia, en cuyo organigrama se encuentra la dirección general de asuntos religiosos), en 2014 la liquidación del presupuesto del IRPF de la Iglesia terminó con un remanente de 4,8 millones de euros.
En ese remanente se incluyen 1,8 millones de euros que básicamente provienen de los intereses que renta el fondo de reserva. El año siguiente, sin embargo, la liquidación final quedó prácticamente equilibrada. El salto se produjo en 2016, cuando el superávit experimentó el incremento más importante de los últimos años, ya que ascendió a 19,3 millones de euros.
Reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Foto: Conferencia Episcopal.
En esta ocasión, los obispos decidieron dedicar nueve millones de este superávit a financiar 13TV, su emisora de televisión. Aún con eso, el superávit ascendió a 10,3 millones de euros que fue a alimentar nuevamente el fondo de reserva.
Aunque la Conferencia Episcopal no presentará la siguiente liquidación del presupuesto del IRPF hasta el próximo mes de junio, hace unos días que se ha hecho pública la recaudación obtenida por este impuesto en el año 2017. Esta ha alcanzado los 267,8 millones de euros, la más alta obtenida hasta ahora.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto del IRPF diseñado por la Conferencia Episcopal mantenía la línea de prudencia de ejercicios pasados, con una previsión de ingresos por este concepto de 250,6 millones de euros, el superávit ha sido muy elevado. En 2017, por lo tanto, ha llegado a 17,2 millones de euros.
GASTOS EXTRAS
Los responsables económicos de la Conferencia Episcopal han recordado que, como novedad, a partir de este año tienen que hacer frente al incremento de la cotización de la Seguridad Social de los sacerdotes. Estos cotizan por el salario mínimo, así que el incremento de este salario este año ha supuesto un gasto extra de 1,2 millones de euros.
La suma de los últimos superávits de lo presupuestado por los obispos con el IRPF rondaría los 73 millones de euros. La Conferencia Episcopal no informa de la cantidad a la que asciende su fondo de reserva o si ha destinado alguna cantidad a otras finalidades durante estos años.
La única información que ofrece son los ingresos financieros. En ellos están incluidos lo que le renta el fondo de reserva. En 2016, el último año del que se tienen datos, estos fueron de 863.000 euros.
José Domingo Ampuero, ex vicepresidente del BBVA, sufrió en 2005 un doble acoso: por un lado, el espionaje financiado por Francisco González (FG) por considerarlo uno de los actores de la opa que buscaba su descabalgamiento de la presidencia y, por otro, Baltasar Garzón reactivó su imputación en el caso de las cuentas ocultas del banco.
Villarejo informó a FG de que alertó dos veces a Ampuero de que tal imputación «no fue coincidencia». Coincidencia o no, ese año y el siguiente el BBVA financió con 200.000 euros cursos de la Universidad de Nueva York donde daba conferencias Garzón, pero FG negó en sede judicial todo nexo entre ambos hechos.
Es difícil, en ocasiones, deslindar la fantasía de la realidad en los informes de Villarejo financiados por el BBVA. Pero igual que nunca fue capaz de aflorar ni grabar al supuesto amante del exministro Miguel Sebastián, Ivan ‘el cubano’, no queda duda de que peinó todos sus teléfonos y los de sus amigos.
Por eso la inclusión en un compendio de todas sus acciones contra el grupo hostilde la frase “2 encuentros con AMPUERO avisándole que no era coincidencia su imputación por parte del Magistrado BG (en el Sumario de las cuentas secretas del BBVA)” deja abiertas todas las dudas y posibilidades, incluida que el comisario usó como arma arrojadiza la acción judicial a espaldas del magistrado.
Lo que sí es cierto es que Garzón dictaba en enero de 2005 un auto en el que acusaba de un delito continuado de falseamiento de cuentas contra varios exdirectivos del BBVA como José Domingo Ampuero, Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte, Luis Javier Bastida y Rodolfo Esteban Molinuevo.
Ese año estaba ya en marcha el proyecto Trampa contra el grupo hostil que pretendía derribar a FG de la presidencia del BBVA. La acción judicial, por tanto, era un elemento de presión añadida contra los directivos históricos. La investigación de Garzón empezó en 2000 y fue paralela a la guerra entre Ybarra, primer presidente del banco, y FG.
Pero había otro frente abierto, el Banco de España, que en octubre de 2001 envió un escrito a los copresidentes del BBVA, Emilio Ybarra y Francisco González. Les instaba a remitir toda la información relacionada con la operativa oculta. González le propuso a Ybarra por primera vez que se marchase del banco para evitar daños mayores a la entidad. Sin embargo, Ybarra se negó.
El 5 de diciembre de 2001, Jaime Caruana, entonces gobernador del Banco de España y hoy consejero de BBVA gracias a FG, remitió una carta a Ybarra en la que le conminaba a dar la «información relativa a las personas que han intervenido» en la Operación Alico (los 22 suscriptores de otros tantos fondos de pensiones) que habían sido ocultados al fisco. Ybarra y Uriarte dimitieron ese mismo mes de sus cargos en el BBVA.
Ampuero lo hizo al año siguiente, en paralelo a su citación por Garzón como imputado en la causa de las cuentas secretas del BBVA. Finalmente, el caso de las cuentas secretas se archivó en 2007 por entender el juez José María Vázquez Honrubia que no hubo enriquecimiento de los implicados.
Curiosamente, entre medias, en 2003 Garzón había archivado previamente la causa respecto de Ampuero, Uriarte y otros directivos del BBVA porque devolvieron los fondos antes de que acabara el ejercicio fiscal y no tuvieron parte determinante en su constitución. Pero en 2005, volvió a la carga, y reactivó su acusación de falseamiento de cuentas contra Uriarte y Ampuero.
Desde septiembre de 2002 el jefe de seguridad del BBVA era el policía Julio Corrochano. Tenía dos amigos que se fajaron por distintas vías (judicial y espionaje) en la guerra contra los enemigos de FG: el juez Baltasar Garzón y el comisario José Manuel Villarejo. Este último cobró facturas millonarias por su trabajo. Pero nunca explicó su enigmática frase: «Le hemos avisado a Ampuero de que su imputación por Garzón no ha sido coincidencia».
Ampuero fue objetivo prioritario en los informes de espionajeredactados por el equipo de Villarejo para el BBVA de FG: «DOMINGO AMPUERO (a partir de ahora DON) Implicado en las cuentas…aunque se ha contactado…T (Julio Corrochano, jefe de seguridad del BBVA) sabe que es imprevisible conocer si ha tomado la decisión en estos días per se o por indicación de los contactos”. No detalla Villarejo qué decisión tomó Ampuero, y si se refiere a contactos suyos con amenazas de imputaciones judiciales.
La radiografía que hacía el equipo espía daba este cuadro: «Además de los ya mencionados, componen dicho “Grupo Hostil” (GH), VICENTE BENEDITO (BENI), J. DOMINGO AMPUERO (DON), así como JESUS CAINZO (CAIN) y GREGORIO MARAÑON (MAR)».
Miguel Sebastián, en una imagen de 2017, ‘MIKY’, era objetivo prioritario del espionaje pagado por el BBVA. | Gtres
El papel de Ampuero era actuar como aglutinador de rebeldes en el BBVA: «Confían en que una vez iniciada la operación, también se implicaría un importante paquete accionarial del banco, que se habrían encargado de aglutinar BENI, con la colaboración de ex directivos hostiles a la actual presidencia, como DON y otros». Ampuero era uno de los consejeros del BBV con participaciones accionariales a título personal significativas que representaban a las ‘familias de Neguri’.
Fue el gran sacrificado de la fusión por parte del BBV, pues pese a continuar como vicepresidente del BBVA, sus opciones de alcanzar mayores metas se acabaron al recaer la presidencia sobre Francisco González. De no haber sido por la fusión, José Domingo Ampuero estaba llamado a ser el delfín y el sustituto de Emilio Ybarra.
Villarejo creía que había razones para temerlo: «Ampuero constituye un aliado natural de Sacyr en la operación, pues la constructora precisa sumar a su participación otro 2 ó 3% del capital procedente de otros empresarios, antiguos accionistas, ex directivos y ex consejeros de BBVA, que se pretende centralizar en el ex vicepresidente José Domingo Ampuero».
Los informes de Villarejo daban nombres y apellidos de los potenciales traidores a FG que podría captar Ampuero: «Algunos de los antiguos consejeros del BBVA que podrían seguir a Ampuero como damnificados de González podrían ser Alberto Cortina, los Entrecanales, Juan Lladó, Vilariño y los Aresti, que aportarían más de un 0,75% de capital.Conviene recordar que Ampuero es presidente de la filial al 50% de Sacyr, Autopista Vasco Aragonesa».
Ampuero no sólo fue biografiado por Villarejo en sus numerosos informes para detallar los avances y conclusiones de su labor de espionaje sobre el grupo hostil. También fue espiado a través de sus llamadas registradas. Escanearon sus contactos con los miembros del grupo hostil. Ampuero, cuya versión ha requerido este diario, guarda silencio. Pero no calla ante la justicia: es uno de los tres primeros espiados que han denunciado a Villarejo, como informó MONCLOA.COM.
LOS CURSOS DE GARZÓN
La otra cara de esta historia de coincidencias de ataques y amistades tiene que ver con los cursos de Garzón en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York, entidad que recibió un millón de euros de diversas empresas españolas.BBVA colaboró con 200.000 dólares en el patrocinio de una serie de conferencias organizadas por Garzón.
El presidente del BBVA, Francisco González, manifestó en el Tribunal Supremo, donde Garzón fue juzgado y absuelto por estos pagos por prescripción del presunto delito de cohecho impropio (figura que penaliza recibir fondos o regalos por razón del cargo, singularmente los 302.000 euros financiados por el Santander, ya que tras los cursos inadmitió una querella contra su presidente, Emilio Botín) que su entidad se aseguró de que la donación de 200.000 dólares que prestó en 2005 a la Universidad de Nueva York, para financiar unos cursos organizados por Garzón sobre terrorismo, no irían destinados en ningún caso a pagar al juez“.
El querellado”, decía el juez instructor en su auto, “contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas tenían en común -BSCH, BBVA, Telefónica y Cepsa- el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional”.
El expresidente del BBVA, Francisco González.
González, a preguntas de las acusaciones, precisó que esta donación no se había producido por ningún «agradecimiento» hacia el juez por haber instruido las cuentas secretas del BBVA, que laminaron a toda su oposición interna en el banco. Garzón y el jefe de comunicación del BBVA se reunieron en un hotel para abordar los detalles de los cursos. El juez le anunció al directivo del BBVA que la universidad quería que González participara en los cursos y que se pondrían en contacto con Ayuso para solicitarle un patrocinio.
Una portavoz de Garzón respecto a la reactivación de la causa contra Ampuero en 2005 afirmó que el exjuez no se acordaba con precisión, pero quería recordar que fue a petición de la Fiscalía. Y afirmó que no entendían el sentido de la frase de Villarejo a tenor de que, insistían, de que creían que el juez actuó a remolque de la Fiscalía.
La decisión de mayor importancia que ha tomado el presidente Pedro Sánchez antes de anunciar el viernes pasado la disolución de las Cámaras y el adelanto de las elecciones generales ha sido rescatar de manos extranjeras a Hisdesat, la sociedad de servicios estratégicos que proporciona las comunicaciones secretas y seguras de la administración general del Estado, fundamentalmente del ministerio de Defensa, Asuntos Exteriores, Interior y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La operación diseñada por Moncloa para volver a retomar el control de Hisdesat se ha llevado a cabo mediante una carambola por la que le permite blindar a una sociedad que es el operador de servicios estratégicos gubernamentales y propietario del único satélite espía español: Paz.
Dotado de avanzada tecnología radar de apertura sintética (SAR), Paz fue puesto en órbita hace un año, entró en servicio hace seis meses y cada día proporciona 33 imágenes radar a las Fuerzas Armadas españolas sin que la noche, las tormentas, las nubes o las nieblas le impidan observar cuanto ocurre en la superficie terrestre.
La importancia de salvaguardar el control nacional sobre Hisdesat es lo que ha obligado al Gabinete de Sánchez a utilizar toda su influencia sobre Red Eléctrica de España (REE) ‒participada en un 20 por ciento por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI‒ para expulsar al capital extranjero de Hispasat, el principal accionista de Hisdesat.
Hispasat no solo es la compañía líder en la distribución de contenidos audiovisuales en español y portugués en todo el mundo, cuarto operador en América Latina y octavo operador mundial, con unos ingresos de 204 millones de euros en el ejercicio 2018. También posee el mayor paquete accionarial de Hisdesat, exactamente el 45 por ciento. Los otros accionistas de Hisdesat son la empresa pública ISDEFE (30%), y las empresas Airbus Defence and Space España (15%), Indra (7%) y SENER (5%).
La compra efectiva del 89,68 por ciento del capital de Hispasat a la italiana Atlantia Spa y la alemana Hochtief AKT “no se completará hasta el segundo trimestre de 2019”, asegura Red Eléctrica, ya que la transacción está sujeta a la autorización del Consejo de Ministros y de los organismos reguladores.
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE HISDESAT
Bajo la presidencia de Elena Pisonero ‒ex secretaria de Estado de Comercio 1990/2000‒, la importancia estratégica para España de Hispasat es hoy en día mucho menor que la de su hermana menor Hisdesat, a cuyo frente se encuentra el almirante retirado Santiago Bolíbar, ambos sin función ejecutiva pero con un gran prestigio y buenas relaciones en el sector.
Sin embargo, Hispasat compite en el ámbito de las telecomunicaciones civiles comerciales, un mercado que atraviesa una aguda crisis debido a la fuerte competencia de las redes de fibra óptica y cuyos operadores regionales ‒entre ellos Hispasat‒ están abocados a un proceso de integración con los grandes operadores mundiales ‒Intelsat, SES, Telesat‒ que, por el momento, no se muestran interesadas en propiciar compras o fusiones.
Si a ello añadimos que REE desconoce los pormenores del sector de las comunicaciones espaciales, ya sean civiles o militares, no es de extrañar que a los dos días de anunciarse la transacción, Juan Lasala, consejero delegado de Red Eléctrica, haya manifestado su inclinación a poder dar entrada en el capital y en el negocio de Hispasat a socios que aporten “una visión estratégica-tecnológica”.
Miguel Ángel Panduro, CEO de Hisdesat, es de total confianza de los accionistas y del ministerio de Defensa
Analistas del sector espacial consultados por MONCLOA.COM y que prefieren el anonimato consideran posible el cambio a medio plazo del actual consejero delegado de Hispasat, Carlos Espinós, un profesional procedente de Abertis Telecom que está al timón de la compañía desde mayo de 2011.
Espinós ha dado un gran impulso a la compañía, que en los últimos dos años ha puesto en órbita tres satélites de comunicaciones y que, por el momento, ha dado por concluida la renovación y ampliación de su flota, que cuenta con media docena de satélites de comunicaciones en órbita y proporcionan servicios de banda ancha y conectividad por satélite con acceso a Internet, voz y datos entre España, Europa, América y el Norte de África.
En cambio, Hisdesat está en el negocio de las comunicaciones gubernamentales seguras y confidenciales con las plataformas Spainsat y Xtar-Eur, gracias a las cuales el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa dirige las misiones alrededor de 2.500 militares españoles que desarrollan en diferentes países de Europa, África, Asía y América del Sur.
Hisdesat también está de lleno en el ámbito de las plataformas de observación de la Tierra para uso militar, ahora con el satélite radar Paz y el año que viene también con el óptico Ingenio. Estar en dos líneas de negocio muy diferentes inducen a algunos analistas a no descartar que REE se planteé “la reorganización de la empresa”, cuya dirección efectiva está desde marzo de 2012 en manos Miguel Ángel Panduro. Persona de total confianza de las compañías accionistas y del ministerio de Defensa, Panduro es ingeniero de telecomunicaciones, al igual que Carlos Espinós.
CONTRATOS INMEDIATOS Y DE FUTURO DE HISDESAT
En la reciente entrada de REE en el sector espacial hay más, mucho más en juego. El ministerio de Defensa y el de Ciencia, Innovación y Universidades, con el apoyo del ministerio de Industria, tienen en avanzada fase de estudio el segundo Plan Nacional de Observación de la Tierra por Satélite o PNOTS 2.
Se trata de una gran iniciativa industrial sobre la que Gobierno español que salga de las urnas del 28 de abril tendrá que pronunciarse y decidir si lo pone en marcha a finales del presente año, coincidiendo con la cumbre de ministros de la Agencia Espacial Europea que tendrá lugar en Sevilla a finales de noviembre.
El PNOTS 2 es una iniciativa que consiste en desarrollar y fabricar nuevos satélites o constelaciones espía, en los que la industria espacial española deberá ponerse a trabajar a partir de 2020, si es que se quiere llegar a tiempo para relevar y dar continuidad al que ahora está en órbita y es fruto del primer PNOTS, que es el satélite espía radar Paz ‒Lanzado al espacio el 22 de febrero pasado y cuya vida útil se estima entre 5 y 8 años‒ y también el satélite Ingenio, que será enviado al espacio en 2020.
Proyecto de un volumen económico del orden de los 300 millones de euros, el director de Operaciones de Hisdesat, Miguel Angel García Primo, hace tan solo una semana avanzó que podría tomar la forma de un “programa hispano-alemán” por el que también podrían interesarse “otros países”, con la esperanza de que se convierta en “la referencia europea en satélites radar”.
Del PNOTS 2 también ha hablado la semana pasada, aunque sin citarlo, Ángel Olivares, secretario de Estado de Defensa. En el seno de una Jornada celebrada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) dedicada al satélite Paz, Olivares subrayó que la activación de una nueva iniciativa industrial de observación de la Tierra “la tendremos que afrontar en los próximos años, sin duda ninguna”.
Carlos Espinós, CEO de Hispasat, procede de Abertis telecom y está al timón de la compañía desde mayo de 2011.
El número dos de Defensa manifestó estar convencido que España “tiene capacidad para lanzar e incluso liderar programas europeos de satélites de nueva generación (…) con Hisdesat a la cabeza”. Pero la disponibilidad económica y la sostenibilidad de las inversiones serán las claves que inclinarán al futuro Gobierno a dar el visto bueno al proyecto o retrasar su inicio.
Aunque el PNOTS 2 todavía está en el limbo, el programa que ya ha sido autorizado por el gabinete de Pedro Sánchez es el de las nuevas plataformas de comunicaciones Spainsat Nueva Generación (Spainsat NG), que deben sustituir a los dos satélites de Hisdesat que están a punto de concluir su periodo de vida.
La Intervención General del Estado rechazó a fínales de año dar forma de Convenio a la relación de prestación de servicios de Hisdesat con el ministerio de Defensa, como en anteriores ocasiones se había materializado. Ahora ha quedado claro que el retraso no ha sido solamente debido a aspectos normativos que exigen la forma de Contrato y no de Convenio, sino que la demora también ha estado provocada por la negociación que se estaba llevando a cabo entre REE y los accionistas mayoritarios de Hisdesat.
En consecuencia, es previsible que se producirá una desenfrenada carrera para que antes del 5 de marzo, el Consejo de Ministros conceda su visto bueno al contrato entre el ministerio de Defensa e Hisdesat, algo que tranquilizará a REE, cuyas acciones han caído de valor tras conocerse la entrada mayoritaria de la compañía en Hispasat.
UNA DECISIÓN SOBRE LOS SATÉLITES QUE ES ESTRATÉGICA
La adquisición por parte de Red Eléctrica del 89,68 por ciento de las acciones de Hispasat es el resultado de que, finalmente, Pedro Sanchez se ha dado cuenta de la enorme importancia y las posibles consecuenciasde la compra efectuada hace cuatro meses por la alianza italo-germana de la empresa catalana Abertis Infraestructuras, en cuyo paquete se encontraba Hispasat, en donde la SEPI y la también empresa estatal Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ostentan el 7,41 y el 2,91 por ciento, respectivamente.
La sugerencia de forma imperativa formulada por Moncloa a Jordi Sevilla, actual presidente de Red Eléctrica, ex ministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y persona de confianza de Pedro Sánchez, es el resultado de la alarma creada en los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia cuando se conoció que el Consejo de Ministros estaba dispuesto a autorizar la entrada de los nuevos accionistas en “actividades relacionadas con la Defensa Nacional”.
Fue entonces cuando pusieron el grito en el cielo tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el titular de Ciencia, Pedro Duque, y la responsable de la cartera de Industria, Reyes Maroto, al igual que el también secretario de Estado y director del CNI, el general de Ejército Félix Sanz Roldán, todos ellos conocedores de las implicaciones y riesgos de tal decisión.
Los citados altos cargos se apresuraron a elaborar razonados informes confidenciales que han despachado en persona con el propio Pedro Sánchez y con sus asesores más cercanos. En todos los dosieres se detalla que tanto Hispasat como Hisdesat son dos compañías de marcado cariz “estratégico” y que hacen las veces de empresas “tractoras” del sector espacial nacional y, por tanto, no es razonable que sean controladas por capital extranjero, en este caso, por una alianza italo-alemana.
Aunque los máximos responsable de ambas entidades extranjeras manifestaron en reiteradas ocasiones sus buenas intenciones, los informes elaborados por el CNI y los tres ministerios dejaban bien claro el riesgo de que, por causas sobrevenidas, pudiera darse el caso de la venta del paquete de acciones a algún fondo de inversiones chino, ruso o de cualquier otra país que no gozara de las debidas garantías, especialmente para Hisdesat.
Ángel Olivares, número dos de Defensa asegura que el PNOTS 2 “habrá que afrontarlo en los próximos años, sin duda”.
Sevilla ha tenido que desplegar todas sus dotes de persuasión para convencer a los consejeros de Red Eléctrica de la necesidad de tomar el control de Hispasat, una operación que el mismo descartó hace unos meses “por no ser prioritaria” y que dio paso a la alianza en la que participa la filial alemana de ACS de Florentino Pérez.
Con los estudios sobre las perspectivas de negocio que implica el PNOTS 2, el contrato de servicios con Defensa, la importante presencia de Hisdesat en la iniciativa europea GovSatCom de alquiler de capacidades sobrantes en satélites, a lo que se añaden los informes reservados de los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia ‒los departamentos más directamente implicados en la actividad espacial nacional‒, Jordi Sevilla ha podido recibir el placet del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, dar el paso adelante en la transacción y devolverle el favor a su mentor Pedro Sánchez, su valedor para el alto puesto que ocupa en REE.
¿Cuánto cuesta ser padre? Según un estudio publicado por La Vanguardia 42.600 euros por niño en los tres primeros años de vida. Pablo Iglesias sabía que el gesto simbólico de tomarse tres meses de paternidad podía salirle caro.
Y para ello ha compensado su adiós temporal a la tertulia ‘Fort Apache’ con otro programa para Hispan TV, ‘Spoilers’, que se grabó durante los meses de otoño. El programa atemporal versa sobre diversas cuestiones relacionadas con Hollywood, influyente arma cultural de los Estados Unidos.
Juan Carlos Monedero se ha puesto al frente de ‘Fort Apache’ y Pablo Iglesias sigue en la antena de la televisión con capital iraní gracias a este espacio cultural que combina con ‘Otra vuelta de Tuerka’, programa de entrevistas de Mediapro que emite el suplemento audiovisual del periódico Público.
ASÍ ES ‘SPOILERS’: UNA SUCESIÓN DE DARDOS SOBRE LOS EEUU
Hispan TV anuncia en su página web que ‘Spoilers’ analizará «diferentes aspectos de la política y la historia de Estados Unidos a través de películas y series de televisión. La política exterior imperialista de Washington, su apoyo al régimen de Israel y a Arabia Saudí, su papel en América Latina y en Europa.
El programa también versa sobre «el racismo y la xenofobia, las administraciones de diferentes presidentes de EEUU, las luchas sociales en el país norteamericano, el fenómeno religioso, el funcionamiento de las empresas estadounidenses, entre otros, serían temas a analizar en este programa».
El titulo de los cuatro primeros programas de este programa de factura impecable son reveladores: «Racismo en Estados Unidos», en el que participó Irene Montero; ‘Política exterior de Estados Unidos’, donde Juan Diego Botto analiza varias películas bélicas; ‘Sistema económica de los Estados Unidos’, en el cual se denuncia la apuesta neoliberal de Hollywood; y ‘La clase obrera en los Estados Unidos’, programa que sirve como denuncia a la estigmatización del trabajador.
LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DE PODEMOS
El equipo fundador de Podemos puso en pie tres años antes de nacer el partido ‘La Tuerka’, que fue financiado por Monedero gracias a sus trabajos de asesoría en Venezuela. En 2012 llegó ‘Fort Apache’, tertulia geopolítica conducida también por Iglesias.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en los estudios de Telecinco antes de una entrevista. Foto: Flickr Podemos
En este caso lo hizo en Hispan TV, canal de la productora 360 Global Media que cuenta con vínculos con el Régimen iraní. OK Diariodemostró que incluso el teléfono personal de Pablo Iglesias estaba sufragado por Mahmmoud Alizadeh Azimi, director del canal islámico en España.
El pasado año Pablo Iglesias se embolsó 41.211,41 euros como presentador de televisión y autor de varios libros. Esta cifra prácticamente alcanza lo que cobró como portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, 48.748,64 euros.
CABALGANDO CONTRADICCIONES EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA
Pablo Iglesias fue invitado a un acto de la Unión de Juventudes Comunistas de España y razonó la contradicción que supone que un político de izquierdas realice un programa para un canal con vínculos con Irán.
«A nosotros nos preguntan, ¿Pero vosotros, si sois de izquierdas, por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán que es una teocracia? Pues porque la geopolítica es así», señalaba el presentador de Hispan TV.
Y añadía: «A los iraníes les interesa que se difunda en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones».
Por último, explicaba que «el gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. No me gusta que las presentadoras tengan que salir con un pañuelo. Puede ser un un motivo para que yo pensase no trabajar en ese cadena pero tenemos absoluto control y no tenemos censura».
PABLO IGLESIAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES
El escritor Jacobo Rivero publicó en 2014 el libro ‘Conversación con Pablo Iglesias’, donde el secretario general de Podemos afirmaba que «los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público (…) Si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho».
¿Por qué no va a existir una regulación que garantice la libertad de prensa en el mejor sentido del término, sin condicionantes de empresas privadas o de la voluntad de partidos políticos?»
No puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté solo en manos de multimillonarios», señalaba el presentador de ‘Otra vuelta de Tuerka’.
Y se preguntaba: «La sociedad civil tiene que verse reflejada con independencia y veracidad en los medios de comunicación. ¿Por qué no va a existir una regulación que garantice la libertad de prensa en el mejor sentido del término, sin condicionantes de empresas privadas o de la voluntad de partidos políticos?».
Poco más de un mes después de la proclamación de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, el dirigente popular ha arrinconado algunos de los compromisos que prometió y ha tenido que hacer frente a nombramientos polémicos y dos sorprendentes dimisiones.
El presidente del PP andaluz garantizó en noviembre crear un plan para crear 600.000 empleos en Andalucía en los cuatro años. Sin embargo, en su discurso de investidura no hizo referencia a las medidas y compromisos para generar empleo.
Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, destacó inicialmente que era posible crear ese volumen de empleo si se mantuvieran. Sin embargo, hace unos días no dudó en señalar que era una medida imposible de cumplir.
«Como tiremos de hemeroteca y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante campaña electoral, le aseguro que no quedaría ni uno sano, ni uno solo… Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral», afirmó Velasco.
Por su parte, el dirigente popular se comprometió a una Sanidad con menos “rotación” y «más sueldo” y a una dignificación de la labor de los profesionales públicos. Además, destacó que la salud era un asunto de “atención preferente” para los populares una vez gobernasen.
Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de Andalucía, comenzó hace unas semanas a desarrollar las primeras medidas sanitarias. Por una parte, el Ejecutivo de Moreno ha destinado 10 millones de euros repartidos entre 2019 y 2020 para extender el programa de cribado de cáncer de colon a la población.
Pese a que Aguirre propuso eliminar la subasta de medicamentos, la medida no se ejecutará por el momento ya que existen contratos firmados por el Gobierno de Susana Díaz. Eso sí, el consejero dejó claro que “no se renovarán” dichos contratos.
“Estamos ante una ofensiva independentista como nunca habíamos visto en nuestro país y, además, con la connivencia y la complicidad del presidente”
Una de las noticias más sorprendentes se producía hace una semana cuando el equipo de Juan Marín colocó en la Junta al abogado Carlos Rordríguez Sierra. Este último ejerció la defensa de Rosalía García Martín, madre de El Cuco, uno de los implicados en la desaparición de Marta del Castillo.
Además, Rodríguez ejerció de abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía implicado en el caso de los ERE. A partir de ahora administrará la dotación de refuerzos a los juzgados y el control de Institutos de Medicina Legal, dentro de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, responsabilidad de Marín.
El sostén del Gobierno de Moreno, Vox, se hizo con la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento andaluz. La formación de Santiago Abascal, que tiene 12 diputados en la Cámara, ya firmó un acuerdo con el PP con el objetivo de derogar la Ley andaluza de Memoria y suceder ésta por una Ley de Concordia.
Las comisiones parlamentarias no albergan funciones ejecutivas, por lo que el papel de la presidencia sería limitado. Por lo tanto, el partido ‘verde’ es el que dirigirá los debates sobre los asuntos que afectan a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
DIMISIONES EN EL NUEVO GOBIERNO
El que se había presentado como el fichaje estrella de Moreno, Alberto García Valera, dimitió hace unos días tras 21 días en función. El titular de Hacienda, Industria y Energía alegó un problema de salud para poder continuar al cargo de la consejería. Según informó Valera en un comunicado oficial, su equipo médico le aconsejó reposo absoluto.
El consejero cesante mostró su agradecimiento al líder andaluz, Juanma Moreno, y subrayó el “perfil técnico e independiente” del presidente popular. Además, manifestó que todas las decisiones que ha adoptado Moreno desde su investidura fueron “muy respetuosas”.
Rápidamente el Gobierno de Moreno procedió a traspasar la consejería de Hacienda al popular Juan Bravo Baena. El sustituto de Valera destaca por ser funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y fue diputado de Ceuta en el Congreso.
Elisa Fernández-Vivancos renunció un día después de su nombramiento como delegada de la Junta en Granada. Precisamente, la efímera delegada fue la responsable del gabinete jurídico que se encargo del caso Nevada por el que el Gobierno andaluz acabó condenado a pagar 165 millones de euros.
Desde la Consejería de Marín han publicado el motivo de su dimisión: «Fernandez-Vivancos considera que la inexactitud de las informaciones sobre su trayectoria profesional podría intentar perjudicar el proyecto de regeneración de la vida pública liderado por Cs y ha preferido declinar el nombramiento para evitar cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces
MANIFESTACIÓN CONTRA SÁNCHEZ
Finalmente, el dirigente popular cambió su agenda para poder asistir junto a Casado a la manifestación de derechas convocada en Madrid. En la radio Onda Cero aseguró que su presencia se debía a una situación de “emergencias nacionales” por “el delirio” del presidente Sánchez y los propios independentistas.
“Estamos ante una ofensiva independentista como nunca habíamos visto en nuestro país y, además, con la connivencia y la complicidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el silencio cómplice del socialismo en Andalucía”, defendió el presidente popular.
Según el presidente andaluz, el objetivo de la protesta era defender la “unidad de España” y destacó que los catalanes debían tener “un gobierno plural, diverso, que respete la diversidad y la pluralidad” de Cataluña.
El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha publicado su Informe Anual 2018 de Dispositivos y Comunicaciones Móviles, que tiene por objeto presentar algunas de las principales amenazas de seguridad y vulnerabilidades de este sistema, descubiertas a lo largo del año 2018. El CCN-CERT es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del CCN, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se creó en el año 2006 como CERT Gubernamental Nacional español con contribuir a la mejora de la ciberseguridad española.
Algunos de los riesgos de seguridad analizados son: la adopción de las últimas versiones de los sistemas operativos, el mecanismo de autentificación biométrica, el desbloqueo y extracción forense datos, los mecanismos de seguridad avanzada y código dañino, y la privacidad en plataformas móviles.
Aunque en la actualidad la adopción de los dispositivos y comunicaciones móviles, tanto en el ámbito personal como profesional, ha alcanzado un nivel de “madurez y estabilidad” desde el punto de vista de la seguridad, aún queda trabajo por hacer. La adopción de las últimas versiones de los sistemas operativos móviles continúa siendo un punto crucial para hacer frente a vulnerabilidades públicamente conocidas.
En esta línea, y al igual que ya avanzó este órgano del CNI en informes anteriores, los mecanismos de autentificación biométrica se han consolidado como el elemento más habitual y solicitado para llevar a cabo el desbloqueo de estos dispositivos, tanto por su comodidad, facilidad de uso y rapidez, como por su supuesta seguridad (dependiente de la implementación).
En particular, se consolidan los mecanismos de reconocimiento facial del que disponen todos los nuevos modelos de iPhone de Apple comercializados en 2018, así como reconocimiento del iris, reconocimiento facial, y reconocimiento de la huella digital dactilar en los dispositivos Android 9, como por ejemplo, el terminal Samsung Galaxy S9.
Autentificación con huella dactilar en dispositivos móviles. (Informe Anual 2018).
Entre las principales tendencias esperadas para el año 2019 por el CNI, se mantienen varias de las reflejadas en años anteriores, entre las que destacan las nuevas capacidades de conexión a redes Wi-Fi con soporte para WPA3 y a redes móviles 5G o la posible existencia de malware móvil preinstalado en algunos dispositivos.
En el documento también se incluyen las estadísticas del año 2018 de la evolución de los mercados oficiales de aplicaciones móviles, que consolidan el ya conocido interés, y gran número total de apps disponibles en los mercados oficiales, dónde la Apple Store disponía de casi 2 millones de ellas en el tercer trimestre de 2018, y Google Play de 2,1 millones.
Por primera vez en la historia, se ha reducido el número de apps existentes respecto a periodos anterior, dónde Google Play llegó a alcanzar los 3,6 millones de apps entre finales de 2017 y principios de 2018, al igual que en la App Store. Este descenso se asocia a nuevos estándares más estrictos, para asegurar la calidad de las apps disponibles y su compatibilidad con las últimas versiones de los sistemas operativos.
EL CNI ADVIERTE DE NUEVAS CIBERAMENAZAS
El informe también recoge las ciberamenazas que se plantean en el año 2019. Se han detectado prácticas como la posibilidad de evitar la pantalla de autentificación o el bloqueo de los dispositivos móviles, así como la extracción de datos sin autorización y sin conocer el código de acceso.
A este respecto, el CCN realiza una comparación de las capacidades de protección frente a este tipo de amenazas de las dos plataformas móviles principales, iOS y Android. Apple incluyó en iOS 11 una nueva funcionalidad conocida como “modo restringido USB para accesorios” que deshabilita las capacidades de transmisión de datos del puerto USB, o conector Lightning, tras transcurrir una hora sin haberse desbloqueado el dispositivo móvil, es decir, es necesario introducir la contraseña, huella o reconocimiento facial para adquirir dichos datos.
Android 9 ha introducido un nuevo modo de bloqueo, conocido como ‘Lockdown Mode’ (deshabilitado por defecto), que permite que el usuario deshabilite de forma sencilla y rápida las capacidades de autentificación biométrica del dispositivo móvil, incluyendo la funcionalidad de Smart Lock, y así ocultando todas las notificaciones. Estos modos fuerzan a que sea necesario introducir el código de acceso para hacer uso del dispositivo.
En los últimos años, los dispositivos Apple han mostrado diferentes vulnerabilidades que han permitido evitar la pantalla de desbloqueo sin disponer del código de acceso, permitiendo así el acceso a información de contactos, fotos, conocer la última app utilizada, o compartir contenidos, entre otros. Esto se debe a Siri, el asistente digital personal de iOS, a partir del cual con la pantalla boqueada se podría incluso desactivar las capacidades remotas de búsqueda del dispositivo, lo que supondría un gran problema en caso de robo o extravío.
El CNI avisa que existen nuevas capacidades asociadas a los gestores de contraseñas móviles, que pueden ser empleados para ejecutar ataques de ‘phishing’, es decir, suplantación de identidad de una persona o empresa de aparente confianza a través de un SMS u otro tipo de mensaje, para así adquirir información personal del usuario, de una manera más sencilla y práctica.
Asimismo, en un momento en el que los usuarios son cada vez más conscientes de la necesidad de proteger su privacidad, tomarán especial relevancia las capacidades de las que disponen los dispositivos móviles actuales para monitorizar, registrar y disponer de un historial de todas las actividades de los usuarios, tanto en iOS como en Android.
La posibilidad -inédita en democracia- de hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo de 2019 rondó la cabeza de Pedro Sánchez y su Gobierno, pero al final no se materializó.
Los barones socialistas temían dicha coincidencia, aunque había un dato económico nada baladí que hizo a más de uno dudar: España se ahorraría en torno a 175 millones de euros al prescindir de una convocatoria electoral específica para las generales.
Los últimos comicios de junio de 2016 supusieron un coste de 130 millones de euros en gastos de organización y 45 millones en subvenciones electorales otorgadas a los partidos que concurrieron. Esos 175 millones supusieron, con todo, un pequeño ahorro con respecto a las elecciones de diciembre de 2015 ya que se destinaron 185 millones a aquella cita electoral.
Sin embargo, las elecciones del 26-J de hace dos años y medio apenas aclararon el panorama político con respecto a los comicios del 20 de diciembre de 2015 ya que Mariano Rajoy sólo pudo gobernar tras la abstención de una parte importante del PSOE, mientras que ahora Pedro Sánchez alcanzó el poder gracias a una moción de censura para la que requirió el apoyo del independentismo catalán.
¿En qué se destinó esa cantidad de 175 millones a las últimas elecciones que ahora habrá que utilizar para el 28-A? El grueso correspondió a los costes organizativos de la maquinaría electoral y dependía, por tanto del Ministerio del Interior. Al tratarse de gastos estructurales, el coste era prácticamente idéntico de unos comicios a otros, así que había poco margen de ahorro.
En este sentido, unos 55 millones de euros se fueron a pagar al personal de la Administración que intervino en cada uno de esos procesos electorales, incluidos los operativos especiales de seguridad. Otros 50 millones de eurosfue el coste de los envíos electorales a través de Correos, cifra que incluyó, entre otros conceptos, la parte que cubría directamente el Estado en el franqueo de la propaganda electoral de las distintas formaciones políticas.
Además, en cada convocatoria general se destinan unos 12,5 millones de euros en gastos de logística organizativa y alrededor de 13 millones de euros en dispositivos de telecomunicaciones aplicados al proceso electoral.
SUBVENCIONES A LOS PARTIDOS EN LAS GENERALES
Junto al presupuesto de la maquinaria electoral oficial, el otro gran bloque de gasto público lo constituyeron las subvenciones que reciben los partidos políticos por participar en los comicios. Son aportaciones públicas con las que las candidaturas sufragan el dinero que destinan a sus respectivas campañas.
Entre los comicios del 20-D y los del 26-J sumaron un total de 100 millones de euros por este concepto: 55,4 millones en subvenciones políticas por las elecciones de diciembre de 2015, y algo más de 44 millones de euros por las de junio de 2016.
El abultado gasto extra que llevó consigo la repetición electoral obligó a modificar los Presupuestos Generales del Estado de 2016 con una partida extraordinaria ya que cuando se elaboraron no se contempló partida para una repetición electoral. No se había consignado dinero para unas nuevas elecciones generales y eso obligó a inyectar fondos extra al Ministerio del Interior.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su mano el futuro político. Foto: Flickr PSOE
En los últimos años han surgido voces que piden que en las elecciones se haga una campaña más austera y con contención del gasto, pero apenas se ha avanzado. Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, incluyeron en su acuerdo presupuestario para 2019 su compromiso de impulsar una amplia reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en la que, en otras medidas, se impone un ‘mailing’ único en las campañas electorales.
“Se acuerda realizar un ‘mailing’ electoral único”, reza el documento suscrito por ambos políticos en octubre en el Palacio de la Moncloa. Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, los partidos ya analizaron la conveniencia de poner fin al envío postal de propaganda electoral por separado, pero finalmente no hubo acuerdo y en las legislativas de 2016 todos los electores volvieron a recibir en su buzón un sobre de cada formación.
Los defensores del ‘mailing’ único, principalmente Ciudadanos y Podemos, lo plantearon como una medida para ahorrar, pero chocaron principalmente con la oposición de PP y PNV, reacios a renunciar a una herramienta subvencionada que permite a los partidos enviar directamente las papeletas de votación a los electores en todos los rincones de España.
El PSOE sí era más proclive a aceptar el fin el ‘mailing’ y finalmente se compeometió a ello con el grupo morado, aunque haya quedado en papel mojado. En las recomendaciones para reformar el régimen y la financiación de los partidos políticos que PSOE, Podemos y Ciudadanos pactaron en el Congreso “abordar la regulación de un ‘mailing’ electoral que evite los gastos innecesarios y garantice un auténtico pluralismo e igualdad entre los partidos políticos concurrentes a las elecciones’, pero no se habló de su supresión total.
El acuerdo de socialistas y morados se selló un día después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobase una reforma de la LOREG, incluida en la nueva ley de Protección de Datos, que permitirá que los electores que lo deseen pedir al Censo que no pase su datos personales a los partidos para así poder evitar el buzoneo de propaganda electoral. Esta reforma se aprobó en pleno y está previsto que esté en vigor para las citas electorales de 2019.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, aseguró este viernes que «en principio» no adelantará las elecciones autonómicas para que coincidan con las generales el 28 de abril, pero que es «una posibilidad que está ahí» y que la adoptaría «siempre» en función de los intereses generales de los valencianos.
Puig tiene de plazo para decidirse hasta el 5 de marzo ya que ese día es cuando se disuelven las Cortes españolas para los comicios del 28-A. Entre tanto, declaró ayer en una entrevista en ‘Las Mañanas de RNE’ que juntar las valencianas con las generales «es una posibilidad, pero no es probable, viene recogida en el Estatuto y no quiero renunciar a la singularidad que tenemos para tener proceso propio, pero a día de hoy lo mas razonable es que sea el 26 mayo».
Horas antes de que Pedro Sánchez convocara las generales para el día 28 de abril, Puig señaló que «lo más razonable» es que los comicios autonómicos valencianos se celebrasen junto al del resto de comunidades el 26 de mayo. También recalcó que él no sabía cual era la decisión del presidente del Ejecutivo.
El presidente de la Comunidad Valenciana siguió jugando al despiste al recalcar que «no se puede preguntar el mismo día a los ciudadanos por cuestiones tan diferentes como el ámbito local, autonómico, europeo, nacional… genera maniqueísmo que es lo de que debería huir la política española» y alegó que de esta manera la discusión quedaría contaminada y beneficiaría al PP para «tapar su corrupción» en los territorios y centrarse en un debate en clave nacional.
De este modo, también quiso comentar la coincidencia de las elecciones generales con el puente de la festividad de San Vicente en Valencia (lunes 29 de abril), lo que podría influir en la participación, pero Puig mostró su confianza en que la ciudadanía vote por la gran importancia de esos comicios.
El presidente no quiso perder la oportunidad de comentar lo sucedido el pasado domingo 10 de febrero en la madrileña plaza de Colón, donde PP, Ciudadanos y Vox convocaron una manifestación para pedir al Gobierno que convocara elecciones lo más pronto posible: «España son muchos más de los que estuvieron en la plaza de Colón, porque si no, pobre España».
LA SITUACIÓN CATALANA
En una entrevista en el programa ‘Más de Uno’ de Carlos Alsina en Onda Cero, respecto a la información sobre que los candidatos del PSOE a las autonómicas no querían que sus elecciones que coincidieran con las generales, el presidente valenciano argumentó que esto se debía a la posibilidad de que los debates se pudieran contaminar por «la situación catalana y del resto de España, que es difícil».
El presidente del Govern mostró su incomodidad con que el juicio a los líderes del procés soberanista coincida con la campaña electoral. Para Puig no se trata del escenario «más alentador», aunque defendió que toca buscar vías de solución ya que el país lleva demasiado tiempo instalado en la «confrontación».
Respecto a la polémica generada por que el Ejecutivo aceptara la figura de un relator en el diálogo en Cataluña, Puig admitió que «probablemente no fuera la figura más adecuada». El dirigente valenciano quiso poner en valor que el diálogo que ha llevado a cabo el Gobierno siempre se ha producido en el cauce legal y que la reacción de la derecha ha sido «exacerbada, visceral y fanática».
«Lo que me preocupa, no por ponerme ‘estupendo’, es mi comunidad, y España», sentenció en Onda Cero. «Este proceso afecta mucho la situación en Cataluña, pero también nos afecta al resto de España, especialmente a comunidades como la mía que tenemos una gran relación comercial con Cataluña«.
Asimismo, quiso atribuir a la transparencia y seguridad en el gobierno valenciano estos últimos cuatro años que «todos los indicadores económicos y sociales en Valencia son mejores que la media nacional, la estabilidad institucional es muy importante».
PUIG TAMPOCO DESCARTÓ PACTAR CON CIUDADANOS
Respecto a un escenario postelectoral en el que el PSOE pudiera llegar a un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, Puig no lo descartó, asegurando que toca «desfronterizar» la política española.
Eso sí, recalcó que resulta «artificial» no comunicarse con otras fuerzas y recordó que, en el contexto valenciano, Ciudadanos ha respaldado muchas leyes del Govern de PSOE y Compromís. «No se puede caricaturizar como si fuera todo blanco o negro», pidió.
Aunque, al mismo tiempo, admitió que en el actual escenario Albert Rivera se ha posicionado en la «radicalidad» de la derecha. «No parece propicio», dijo sobre un potencial pacto de Gobierno, pero «se debería bajar el balón y analizar la situación con mayor racionalidad», señaló. «Hay huir de este lenguaje tan altisonante y respetarnos más», concluyó Puig.
