EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? La Cámara de Representantes rechazó este martes la resolución no vinculante de la congresista Rashida Tlaib que pretendía ordenar al presidente Trump la retirada de tropas de hostilidades en Líbano. La votación fue 189-235.
• ¿Quién está detrás? Tlaib, demócrata de Michigan, con el respaldo de la mayoría de la bancada demócrata. Pero 22 demócratas se unieron a los republicanos para rechazarla, y un republicano, Thomas Massie, votó a favor.
• ¿Qué impacto tiene? Refuerza la postura de la Administración Trump de que no hay tropas de combate en Líbano y no es necesario un debate sobre poderes de guerra. Para España, que lidera la misión de la ONU en Líbano, la estabilidad regional sigue sin un mandato restrictivo desde Washington.

La Cámara de Representantes rechazó este martes la resolución de la congresista Rashida Tlaib que pretendía limitar las acciones militares de Estados Unidos en Líbano. La medida, de carácter no vinculante, buscaba ordenar al presidente Donald Trump la retirada de las tropas estadounidenses de cualquier hostilidad en la zona, pero cayó con 189 votos a favor y 235 en contra. Veintidós demócratas rompieron filas para unirse a los republicanos y tumbar la iniciativa, un reflejo de las profundas divisiones internas que vive el partido en materia de política exterior.

Una resolución no vinculante y sin tropas de combate

La resolución era una medida concurrente, es decir, no tenía fuerza de ley y ni siquiera habría llegado al escritorio del presidente para su firma. Pese a ello, el debate en el pleno fue intenso. El republicano Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, cuestionó directamente la oportunidad de la propuesta. “No hay fuerzas de combate estadounidenses realizando operaciones ni participando en hostilidades en Líbano”, afirmó. “Están entrenando a las Fuerzas Armadas Libanesas”.

Ese argumento pesó en la votación. La Administración Trump ha desplegado un pequeño contingente en Líbano como parte de un acuerdo marco con Israel y el Gobierno libanés para limitar la influencia de Irán y facilitar la retirada israelí del territorio. La Casa Blanca sostiene que no se trata de una guerra, sino de una misión de asistencia y estabilización. La resolución de Tlaib, por tanto, chocaba frontalmente con esa lectura.

El resultado recuerda a la votación de principios de junio, cuando la misma cámara rechazó otra resolución de poderes de guerra sobre Líbano presentada también por Tlaib; entonces 117 demócratas se opusieron. En aquella ocasión, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, votó en contra. En esta última, sin embargo, cambió de postura y apoyó la resolución, un giro que no pasó desapercibido.

La fractura entre los demócratas y el papel de los republicanos

La lista de demócratas díscolos incluye nombres conocidos como Henry Cuellar (Texas), Tom Suozzi (Nueva York), Josh Gottheimer (Nueva Jersey) o Brad Sherman (California). Todos ellos se alinean con el ala más centrista del partido, recelosa de poner trabas a la política exterior de un presidente republicano cuando no hay bajas americanas sobre el terreno. La votación del martes revela un Partido Demócrata profundamente dividido entre quienes quieren reafirmar el control del Congreso sobre el uso de la fuerza militar y quienes temen que una resolución de este tipo pueda para para debilitar la posición negociadora de Washington.

Ni siquiera con 22 demócratas cruzando la línea lograron los republicanos una mayoría tan abrumadora: la guerra interna en el Partido Demócrata es más profunda que la amenaza exterior que denuncia Tlaib.

En el lado republicano, la disciplina fue casi total. Solo un voto se escapó: el del libertario Thomas Massie (Kentucky), histórico defensor de los poderes constitucionales del legislativo en materia bélica. Massie ya había respaldado la resolución de junio. Su voto, junto al de la republicana Lauren Boebert —que también apoyó la medida—, es testimonial en un partido que ha cerrado filas con la estrategia de Trump en Oriente Próximo.

La resolución, en cualquier caso, no habría cambiado nada sobre el terreno. El verdadero campo de batalla es la opinión pública y el relato político de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Los demócratas más progresistas quieren marcar distancias con cualquier intervención militar que recuerde a Irak o Afganistán, mientras los moderados prefieren no regalar a los republicanos el argumento de que el partido es débil en defensa.

La Lógica de Washington

Entender el rechazo de la Cámara exige mirar más allá del Líbano. La Administración Trump ha apostado por una arquitectura de paz en Oriente Próximo basada en acuerdos bilaterales que limiten la influencia iraní. En ese diseño, el pequeño despliegue en Líbano —entrenar tropas locales, asesorar, estabilizar— es una pieza más, no una guerra. Si el Congreso aprobara una resolución que ordena la retirada de hostilidades, pondría en cuestión la doctrina de flexibilidad militar que Washington ha defendido desde la Guerra Fría.

Hay un precedente histórico claro: la War Powers Resolution de 1973, aprobada tras la guerra de Vietnam, fue diseñada precisamente para limitar al presidente, pero ha sido sorteada por todas las administraciones mediante el envío de tropas en misiones que no alcanzan el umbral de “hostilidades”. La Casa Blanca de Trump no ha hecho más que seguir ese manual.

Para España, la estabilidad del Líbano va mucho más allá de un debate parlamentario en Washington. El país mantiene un contingente de 670 militares en la misión de la ONU (FINUL), que lidera el general español Aroldo Lázaro. Cualquier escalada o vacío de poder en la zona afecta directamente a la seguridad de nuestras tropas y a los intereses estratégicos españoles en el Mediterráneo. El hecho de que el Congreso estadounidense no ponga trabas a la presencia militar en Líbano tranquiliza a los aliados europeos que temen un repliegue abrupto de Washington.

A cambio, la votación revela el desgaste del discurso progresista que equipara cualquier presencia militar con una nueva guerra eterna. Los 22 demócratas que se desmarcaron de Tlaib no lo hicieron por amor a Trump; lo hicieron porque saben que el electorado castiga a quien vota para retirar tropas de un país donde no hay disparos. La proyección inmediata es clara: la Cámara no activará el debate sobre poderes de guerra en Líbano mientras no haya bajas americanas. La próxima ventana de presión llegará con la negociación del presupuesto de defensa en otoño, cuando los halcones republicanos intenten ampliar la presencia militar en la zona y los demócratas progresistas vuelvan a pedir cuentas. Todo dependerá de cuánto ruido hagan los cañones en la frontera entre Israel y Líbano.

Ficha del Caso

• El caso: La Cámara de Representantes rechazó este martes la resolución no vinculante de la congresista Rashida Tlaib que pretendía limitar las acciones militares de EE. UU. en Líbano. La votación fue 189-235, con 22 demócratas uniéndose a los republicanos en el ‘no’.
• Datos clave: La resolución era concurrente (sin fuerza de ley). Dos resoluciones similares han sido tumbadas en lo que va de año. La administración Trump asegura que no hay tropas de combate en Líbano, solo entrenadores. El liderazgo demócrata se fracturó: Jeffries votó a favor esta vez, tras oponerse en junio.
• Para España: La decisión mantiene el statu quo de la presencia estadounidense en Líbano, un factor de estabilidad para la misión FINUL que lidera España con 670 militares. La no activación de los poderes de guerra preserva la capacidad de Washington de actuar como garante de seguridad en la región sin cortapisas inmediatas.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? La Casa Blanca ha anunciado que más de 60 agencias federales ya han reformado sus procedimientos bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la norma que rige los permisos de infraestructura y energía en Estados Unidos.
• ¿Quién está detrás? El presidente Trump, que en enero de 2025 firmó la orden ejecutiva ‘Unleashing American Energy’ para acabar con lo que define como un ‘reino de terror’ regulatorio.
• ¿Qué impacto tiene? La agilización de permisos reduce costes y plazos para proyectos de energía, minería, construcción y tecnología, con efectos directos para las empresas españolas que operan en sectores como las renovables, las infraestructuras o la inteligencia artificial.

La administración Trump ha hecho balance de su reforma de la NEPA, la Ley Nacional de Política Ambiental (el equivalente a una declaración de impacto ambiental obligatoria para proyectos federales). El resultado, según el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca: más de 60 agencias y departamentos han actualizado sus procedimientos, se han adoptado 195 exclusiones categóricas nuevas —que permiten acelerar trámites— y se estima un ahorro de cientos de millones de dólares para los contribuyentes. La iniciativa se remonta a la orden ejecutiva del primer día de mandato, en enero de 2025, pero ha sido ahora cuando el gobierno ha querido exhibir los números de un año de desregulación.

El anuncio de la Casa Blanca: más de 60 agencias reforman sus procedimientos

La presidenta del Consejo de Calidad Ambiental, Katherine Scarlett, lo resumió con una frase que no deja lugar a dudas: ‘En esta Administración, el reinado de terror regulatorio de la NEPA se ha acabado‘. No es un anuncio cualquiera. La NEPA, promulgada en 1970, obliga a que cualquier gran proyecto con participación federal —desde una carretera hasta una planta solar— pase por un estudio de impacto que, en la práctica, se ha convertido en un embudo de años y una fábrica de litigios. La reforma de Trump no deroga la ley, pero sí reduce su alcance y agiliza los procesos.

El comunicado de la Casa Blanca detalla que las mayores agencias con poder de bloqueo — Agricultura, Interior, Energía, Transporte y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército— ya aplican nuevos procedimientos. Solo los ajustes de Agricultura e Interior, ya finalizados, ahorrarán cientos de millones de dólares, según las proyecciones oficiales.

Desde el inicio de la Administración, las agencias han adoptado 195 categorical exclusions (exclusiones por categoría), una figura que permite esquivar la revisión ambiental completa para actividades de bajo impacto. El Departamento de Interior ha llegado a implementar procedimientos de emergencia que permiten autorizar recursos energéticos domésticos y proyectos de minerales críticos en menos de 28 días.

Los datos del ‘boom’ de permisos: energía, minería y construcción aceleradas

Las cifras que acompaña la Casa Blanca hablan de un auténtico desatasco. La Oficina de Gestión de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) ha aprobado más de 6.100 solicitudes de perforación (APDs) en lo que va de año fiscal, la cifra más alta en 15 años. Los permisos federales e indígenas de perforación otorgados superan en un 63,7% los del mismo período de la Administración anterior. En el sector del carbón, se han reactivado 76 permisos y se han abierto 13,1 millones de acres adicionales para arrendamientos, triplicando las marcas fijadas por la One Big Beautiful Bill Act.

No es solo energía fósil. En el ámbito nuclear, el Departamento de Energía ha creado una exclusión categórica para reactores avanzados que ya se ha aplicado cinco veces, ahorrando tiempo y recursos. También se han ofertado 748.000 acres de recursos geotérmicos, más de lo que la Administración anterior ofertó en todo su mandato.

La agilidad ha llegado incluso a la gestión forestal. El Servicio Forestal cosechó 475 acres de árboles quemados en solo 16 días usando una exclusión categórica, cuando antes el proceso podía demorarse meses. Y siete oficinas de Interior utilizaron casi 200 veces una exclusión para el control de especies invasoras en un solo año, con métodos que iban desde herbicidas hasta la captura manual.

Seis mil cien pozos aprobados en un año es un dato que ningún gobierno había logrado en una década y media.

La reforma de la NEPA no es un capricho ideológico: es la respuesta a un sistema que en la práctica paralizaba inversiones de miles de millones y encarecía la vivienda, la energía y la nueva industria digital.

La Lógica de Washington

¿Qué problema intenta resolver Trump? Uno muy concreto que explica buena parte de su apoyo en estados industriales y rurales. Durante décadas, la NEPA se convirtió en el arma legal favorita de ecologistas y comunidades locales para bloquear proyectos que, en teoría, contaban con el respaldo de Washington. Cada parque eólico, cada mina de litio o cada autopista podía quedar atrapada en un laberinto de revisiones y demandas que rara vez bajaba de los tres años. Para una Administración obsesionada con la independencia energética y la competencia con China en minerales críticos, ese cuello de botella era sencillamente insoportable.

La coalición que sustenta esta ofensiva desreguladora es la clásica alianza republicana entre el sector energético, las constructoras y los gobernadores de estados con grandes extensiones federales (de Alaska a Texas). Pero se ha añadido un nuevo aliado: las tecnológicas que necesitan permisos ultrarrápidos para centros de datos de inteligencia artificial. No es casualidad que la orden ejecutiva 14318 promueva la aceleración de permisos para infraestructura de centros de datos, ni que la 14335 simplifique las revisiones ambientales para lanzamientos espaciales comerciales.

El precedente histórico es claro. En 1984, Reagan ya recurrió a una lógica similar para agilizar las perforaciones en suelo federal, aunque entonces la herramienta no era la NEPA sino las órdenes ejecutivas directas sobre el Bureau of Land Management. Más cerca en el tiempo, la Administración Bush (2005) aprobó la Energy Policy Act, que introdujo las primeras exclusiones categóricas para ciertas actividades de petróleo y gas. Lo que Trump ha hecho es llevar esa filosofía al extremo, aplicándola a reactores nucleares avanzados, transmisión eléctrica e incluso vivienda.

¿Qué significa esto para España? A primera vista, una gestión interna de los permisos federales parece lejana. Pero las consecuencias son tangibles. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, es uno de los mayores promotores eólicos y solares en suelo estadounidense; cualquier aceleración en los plazos de NEPA le permite conectar antes sus parques y reducir los costes financieros. Ferrovial, con su cartera de autopistas y proyectos de construcción en Texas y el sureste, también se beneficia de procesos de autorización más predecibles. Inditex, con su inmensa red logística, podrá ampliar centros de distribución sin que el papeleo federal se eternice.

La proyección es clara: el Consejo de Calidad Ambiental seguirá revisando miles de páginas de regulaciones de otras agencias, ampliando las exclusiones categóricas allá donde sea posible. La Casa Blanca ha dejado claro que las reformas no han terminado. La próxima ventana clave será la publicación de la guía para eliminar barreras a la construcción de viviendas bajo NEPA, tal y como ordenó la EO 14394, prevista para el tercer trimestre de 2026.

Ficha del Caso

• El caso: La administración Trump ha reformado los procedimientos de la NEPA, la ley ambiental que durante décadas fue el principal bloqueo administrativo para proyectos de energía e infraestructura en EE.UU. Más de sesenta agencias han adoptado cambios que reducen plazos y litigios.
• Datos clave: 195 exclusiones categóricas nuevas, 6.100 permisos de perforación aprobados (BLM), 63,7% más de permisos de perforación federales que la Administración anterior, 13,1 millones de acres abiertos al carbón, 748.000 acres geotérmicos ofertados, ahorros estimados de cientos de millones de dólares.
• Para España: Las empresas españolas con presencia en Estados Unidos —desde Iberdrola a Ferrovial— se beneficiarán de una tramitación más rápida de sus proyectos. La reforma también presiona a Bruselas a simplificar sus propios procesos de permisos en un contexto de competencia por la inversión verde y digital.

Turquía ha emergido como el gran ganador de la guerra en Oriente Próximo sin haber disparado una sola bala. El conflicto que estalló con el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 ha debilitado a Irán y sus proxies, pero ha abierto un vacío de poder que Ankara está ocupando con rapidez y determinación.

El 7 de octubre de 2023 pasará a la historia como la masacre que desencadenó casi tres años de enfrentamientos abiertos entre Israel y la República Islámica. La invasión de los grupos islamistas respaldados por Teherán —Hamás, Hezbolá, milicias en Yemen o Irak— fue el punto de partida. Sin embargo, casi tres años después, todas esas fuerzas han sido severamente degradadas, y por primera vez, Irán no ha escapado indemne a los golpes israelíes y estadounidenses.

Las acciones militares conjuntas de Washington y Jerusalén destrozaron la capacidad industrial de defensa iraní y eliminaron, en una operación relámpago, a los altos mandos políticos y militares del régimen. La marina iraní quedó destruida. Nunca en la historia moderna un país había logrado tanto en tan poco tiempo y con un coste tan reducido. Pero, como ya advirtió Donald Trump en un tuit de enero de 2020: «Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación».

Pese a la contundencia táctica, las victorias militares no se han traducido en un cierre político estable. Israel restauró la disuasión que perdió aquel octubre, pero el frente interno ha sufrido lluvias rutinarias de misiles, desgaste de munición y bajas constantes. Estados Unidos gastó arsenales valiosos y volvió a demostrar que el triunfo en el campo de batalla no garantiza el éxito político, una constante en sus intervenciones en Oriente Próximo durante más de medio siglo.

El beneficiario silencioso de este desgaste ha sido Turquía. Su territorio está intacto, su población no carga cicatrices de combate y su tesorería apenas ha sufrido. Siria, que durante años fue un satrapía iraní, se ha convertido en el escenario donde la influencia de Ankara se dispara. Con la caída de Bashar al Assad, Irán perdió sus posesiones imperiales en el país, y el vacío lo ocupa hoy Ahmed al Sharaa, antiguo emir de Hay’at Tahrir al Sham (una escisión de Al Qaeda) que cuenta con el respaldo turco. El control de Al Sharaa sobre los restos del país es frágil —Siria acumula diez golpes de Estado y dieciséis transiciones políticas desde 1946—, pero la influencia de Turquía difícilmente va a disminuir.

Turquía dispone de las capacidades militares y de inteligencia más sólidas de la región, con la excepción de Israel. Su economía diversificada y su sector manufacturero le otorgan ventajas añadidas. Y, sobre todo, la geografía la convierte en un punto geoestratégico insoslayable, con el control de vías marítimas clave desde la Antigüedad. Recep Tayyip Erdogan, el presidente que se ve a sí mismo como un sultán moderno, ha impulsado un giro islamista que rompe con el legado secular de Atatürk: ha apoyado a movimientos como Hamás y se ha distanciado de Occidente e Israel, generando tensiones con sus vecinos árabes y con la propia OTAN.

El vacío dejado por un Irán debilitado no podía permanecer mucho tiempo. Turquía es el único candidato creíble para ocuparlo, y aunque su ascenso precede a la guerra, el conflicto lo ha acelerado. La Alianza Atlántica se enfrenta ahora a un socio cada vez más asertivo que, sin haber combatido, ha sido el gran vencedor del tablero.

El vacío de poder en Oriente Próximo lo está ocupando un socio de la OTAN que ya no actúa como aliado.

La Lógica de Washington

Desde la Administración estadounidense, la prioridad estratégica era clara: desmantelar la capacidad de proyección de fuerza de Irán y cortar la cabeza del régimen. Se logró. Sin embargo, la historia reciente enseña que el poder militar rara vez basta para estabilizar Oriente Próximo. La experiencia de Irak, Afganistán o la Libia post-Gadafi muestra que los vacíos de poder creados por la intervención occidental suelen llenarlos actores locales con ambiciones imperiales. En este caso, el actor emergente es un miembro de la OTAN que ha virado hacia el islamismo político y el neo-otomanismo.

Para España y sus socios europeos, esto significa que la seguridad del flanco sur de la Alianza se vuelve más incierta. Turquía es un socio indispensable para la defensa del Mediterráneo oriental, pero su acercamiento a grupos como Hamás y su distanciamiento de Occidente complican la cooperación. Las empresas españolas con intereses en la región —desde constructoras como Ferrovial o ACS hasta compañías energéticas y de infraestructuras— deberán leer con atención el nuevo mapa de influencias, porque Ankara ya no se limita a ser un aliado militar: es un jugador regional con agenda propia.

La incógnita es hasta qué punto Washington reaccionará. La Casa Blanca ha celebrado el éxito táctico contra Irán, pero los estrategas del Pentágono saben que el fortalecimiento turco añade tensión a la OTAN. Si Turquía profundiza su deriva iliberal y su alineamiento con el islamismo, la Alianza se encontrará con un socio cuyo comportamiento desafía los valores fundacionales de la organización, algo que obligará a redefinir las reglas de juego internas. Para España, que mantiene una relación bilateral correcta pero vigilante con Ankara, la clave estará en cómo se refuerce el pilar europeo de defensa sin romper los puentes con un país que, a día de hoy, es al mismo tiempo un aliado incómodo y un rival en ciernes.

Ficha del Caso

• El caso: La guerra entre Israel e Irán, desencadenada en 2023, ha debilitado gravemente a la República Islámica y a sus proxies. Sin embargo, el vacío de poder resultante ha sido aprovechado por Turquía, que ha incrementado su influencia en Siria y el conjunto de Oriente Próximo sin intervenir militarmente de forma directa.
• Datos clave: Las fuerzas iraníes han sido degradadas hasta el punto de perder su capacidad para mantener sus posiciones en Siria. Ankara cuenta con el apoyo de un gobierno afín en Damasco (Ahmed al Sharaa) y dispone de las Fuerzas Armadas y la economía más sólidas de la región, salvo Israel.
• Para España: La consolidación de Turquía como potencia regional con un giro islamista y distanciada de Occidente introduce una nueva fuente de inestabilidad en el flanco sur de la OTAN, con posibles repercusiones sobre los intereses económicos y de seguridad españoles en el Mediterráneo.