La Comunitat Valenciana capta 487 millones de inversión extranjera en el primer trimestre de 2026, un 149% más

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La inversión extranjera bruta en la Comunitat Valenciana ha alcanzado 487 millones de euros en el primer trimestre de 2026.
  • ¿Quién está detrás? El Registro de Inversiones Exteriores, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, y la Generalitat Valenciana a través de su consellera Marián Cano.
  • ¿Qué impacto tiene? La autonomía se sitúa como tercera región receptora, solo por detrás de Madrid y Cataluña, con un crecimiento que dispara las expectativas para el resto del año.

Con 487 millones de euros de inversión extranjera bruta en los tres primeros meses de 2026, la Comunitat Valenciana se ha convertido en la tercera autonomía que más capital foráneo recibe, solo por detrás de Madrid y Cataluña. El dato, publicado este domingo por el Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, supone un incremento interanual del 149% y supera en un 24% la media del mismo periodo de la última década (2016-2025).

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, describió los números como «una dinámica muy positiva» y subrayó que, pese a que las cifras trimestrales están sujetas a revisiones, los indicadores apuntan a una consolidación de la senda alcista. De hecho, los 487 millones ya rebasan en un 24% la media histórica del primer trimestre, según los datos facilitados por su departamento.

487 millones de euros: la radiografía de una inversión al alza

El volumen total captado por la Comunitat Valenciana representa un 7,4% de la inversión extranjera recibida en toda España entre enero y marzo. Valencia absorbe más de la mitad del pastel: 257 millones, un 52,8% del total. Alicante suma 115 millones (23,7%) y Castellón se queda a la zaga con 114 millones (23,5%).

Por países, Francia lidera la clasificación con 210 millones de euros, seguida de Japón (146 millones). En tercer lugar aparece España, con 81 millones que corresponden a inversiones circulares de filiales de empresas españolas en el exterior. Países Bajos completa el podio con 6,1 millones.

Los sectores que concentran casi nueve de cada diez euros invertidos son cinco: la fabricación de equipos de telecomunicaciones (155 millones), la industria química (100 millones), las actividades inmobiliarias (87 millones), la construcción aeronáutica y espacial civil (50 millones) y la educación (31 millones). Una diversidad que, según la Generalitat Valenciana (el gobierno autonómico), demuestra el interés que la región suscita entre el inversor foráneo.

El 149% de incremento interanual no es solo un número: es la señal de que la Comunitat Valenciana vuelve a ser un destino de referencia para el capital global tras años de competir a la sombra de Madrid y Cataluña.

Los países y los proyectos que aterrizan en Valencia

La Conselleria de Industria ha atendido 33 iniciativas de inversión en el primer trimestre a través de Ivace+i Internacional, la agencia pública de atracción de capital. China encabeza el número de proyectos nuevos (el 42% del total), seguida por Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. La mayoría de esas operaciones —cerca del 90%— son ampliaciones de negocios ya implantados, no desembarcos desde cero.

El sector TIC concentra el 30% de las iniciativas, mientras que la automoción aglutina el 24%. A estos se añaden agrotecnología, energía, química y logística, un abanico que explica por qué Valencia, Alicante y Castellón compiten en distintas ligas productivas. El servicio de Aftercare de Ivace+i sigue además a las empresas extranjeras ya instaladas para facilitar reinversiones, una labor menos visible pero que, según fuentes de la conselleria, sostiene el 90% del flujo inversor.

La consellera Marián Cano ha insistido en que los buenos datos del primer trimestre deberán afianzarse con las revisiones del año, pero el arranque de 2026 deja poco margen para la duda. «Los indicadores apuntan a una dinámica muy positiva», remachó.

El Escenario Valenciano

La inyección de 487 millones de euros en tres meses tiene una lectura política inevitable. El Consell que preside Carlos Mazón (PP) necesita buenas noticias económicas que consoliden su relato de gestión, sobre todo tras un 2025 en que la reconstrucción de la DANA copó la agenda y el desgaste institucional. La consellera Cano, pieza clave del área económica, ha encontrado en esta estadística un argumento para reforzar la imagen de una autonomía abierta a la inversión.

A nivel nacional, la Comunitat Valenciana se afianza en el podio de las regiones que más capital atraen, tras Madrid (que sigue concentrando más del 60% del total) y Cataluña. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha ocultado su interés en descentralizar la inversión extranjera, y el dato valenciano —con un 7,4% del pastel— es un paso en esa dirección. La competencia entre territorios por el capital foráneo se recrudecerá en los próximos trimestres, sobre todo con la mirada puesta en los fondos europeos vinculados a la transición verde y digital.

La proyección inmediata es optimista pero prudente. Si la «dinámica muy positiva» se mantiene, la autonomía podría cerrar 2026 con cifras de inversión históricas, acercándose a los niveles previos a la pandemia. La clave estará en si Francia, Japón y China siguen apostando por el Corredor Mediterráneo y el ecosistema productivo valenciano, y en si el Consell logra traducir este impulso en empleo estable y en la reducción de la brecha territorial que aún persiste entre las tres provincias.

Ficha del Caso

  • El caso: La Comunitat Valenciana ha registrado 487 millones de euros de inversión extranjera en el primer trimestre de 2026, un 149% más que en 2025, según el Registro de Inversiones Exteriores.
  • Datos importantes: 7,4% del total nacional, tercera autonomía por detrás de Madrid y Cataluña; Francia y Japón lideran las procedencias; los sectores TIC y automoción concentran el mayor número de proyectos.
  • Resumen: El fuerte crecimiento interanual consolida a la Comunitat Valenciana como destino preferente de capital extranjero y allana el camino para superar registros históricos al cierre del año.

La construcción industrializada gana terreno en Málaga: nuevos proyectos de vivienda modular transforman el sector

Málaga se ha consolidado como uno de los epicentros de la construcción industrializada en Andalucía, un sector que promete revolucionar la edificación con sistemas modulares que reducen plazos y costes. La constitución este año del Clúster de Construcción Avanzada e Industrializada (CAI) ha situado a la provincia en el mapa de una tendencia que en España apenas representa el 2 % de las obras, frente al 50 % que alcanza en Países Bajos.

El diagnóstico del sector tradicional es compartido: según Juan Manuel Rojas, director del estudio Hombre de Piedra e impulsor del clúster, más de la mitad de los trabajadores de la construcción supera ya los 50 años y no hay relevo generacional. Los salarios han crecido casi un 30 % sin mejoras de productividad, según los datos que manejan los promotores. «La única solución es cambiar el enfoque», sostiene Rojas.

Para liderar ese cambio, una veintena de empresas andaluzas —entre ellas las promotoras Grupo Insur y Galia, las constructoras Felipe Castellano y Bilba, y los grupos industriales Cosentino, Baublock o Calconsa— han aunado fuerzas en el CAI. El objetivo es avanzar hacia métodos más industrializados, sostenibles y tecnificados que ofrezcan previsibilidad en tiempos y presupuestos.

«Es un cambio que requiere la colaboración de todos los eslabones de la cadena», explica Rojas, quien añade que en las obras híbridas «cuanto mayor es el porcentaje de industrialización, más fiabilidad tiene el proceso constructivo». Felipe Castellano, presidente del clúster, enumera tres condiciones para que el sistema despegue: «concentración empresarial para ganar músculo, adaptación financiera para soportar la inversión y un cambio cultural en el diseño y la contratación».

En Málaga, la compañía Felipe Castellano ha creado EOSS, una planta especializada en baños industrializados que ya produce 4 000 unidades al año, con capacidad para duplicar esa cifra hasta las 8 000. «La actividad industrializada mejora la rentabilidad al concentrar el trabajo en centros estables y repetitivos», detalla el empresario. La iniciativa es uno de los ejemplos más palpables de cómo la industrialización gana terreno en la provincia.

«En Países Bajos la construcción industrializada acapara la mitad de las obras; en España apenas supera el 2 %, según el último informe de Alimarket».

Pero la apuesta no se limita a los baños. En Valderrubio (Granada), el proyecto IberoLam Timber&Technology —surgido de la Universidad de Granada— ha iniciado la construcción de una fábrica de soluciones industrializadas en madera, con un sistema mixto madera-hormigón. La instalación, respaldada por accionistas como Teconsgra, Rehabitec y Promociones Bembézar, contará con dos naves para mecanizado y montaje.

En El Puerto de Santa María (Cádiz), la firma Baublock ha invertido más de 30 millones de euros en una fábrica de estructuras de hormigón celular curado en autoclave (HCCA), un material más ligero que el tradicional. Por su parte, Galia ha lanzado Hi-SELF System, un sistema industrializado en seco basado en la metodogía Light Steel Framing que asegura aislamientos óptimos y acabados uniformes. La sevillana Insur, en su nuevo plan estratégico, ha colocado la competitividad con tecnología en el centro de sus operaciones.

El impulso público también ha llegado desde el ámbito local. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha diseñado un concurso pionero en España para levantar dos edificios con 200 viviendas sociales, otorgando la máxima puntuación al grado de industrialización y excluyendo de facto a los operadores tradicionales. La ejecución se ha adjudicado a la unión temporal de Aunark (impulsada por Hombre de Piedra), Bilba y EOSS, con el reto de demostrar que es posible construir con costes similares al modelo convencional pero con plazos mucho más certeros.

La Lectura Andaluza

El despegue de la construcción industrializada llega en un momento especialmente sensible para el mercado inmobiliario andaluz. En Málaga, donde los precios de la vivienda han escalado con fuerza en los últimos años, reducir los plazos de entrega sin disparar los costes se ha convertido en una prioridad para promotores y administraciones. La posibilidad de acortar la ejecución de una promoción hasta un 30 % —según estiman las empresas del clúster— supone un alivio directo para miles de familias que esperan su hogar y para los presupuestos públicos, que pueden estirar cada euro invertido en vivienda social.

Además, el nuevo modelo ataca de raíz uno de los problemas estructurales más graves del sector: la falta de relevo generacional. Atraer talento joven a una industria que se percibe como sucia y precaria es difícil, pero las fábricas de componentes modulares ofrecen entornos de trabajo más estables, tecnificados y atractivos. Con el 50 % de la plantilla actual por encima de los 50 años, según los datos que maneja Hombre de Piedra, la transformación no es un lujo, sino una necesidad para que la construcción no se apague lentamente.

Desde el punto de vista normativo, el concurso de Alcalá de Guadaíra marca un precedente que otros ayuntamientos —y en último término, la Junta de Andalucía— pueden seguir. Si la administración autonómica incorporara criterios de industrialización en sus pliegos de contratación y facilitara la adaptación financiera del sector, Andalucía podría no solo resolver su déficit de vivienda, sino exportar conocimiento y componentes a otros mercados. Las fábricas de Valderrubio, El Puerto de Santa María y Málaga son ya semillas de un ecosistema que, si recibe el impulso adecuado, transformará el paisaje de nuestras ciudades con edificios más rápidos, sostenibles y de mayor calidad.

Cientos de miles de iraníes claman venganza contra Trump en el funeral del ayatolá Jamenei y piden su asesinato

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El funeral del ayatolá Alí Jamenei en Teherán congregó a cientos de miles de personas. Un poeta oficial pidió por megafonía el asesinato de Donald Trump y la multitud coreó venganza.
  • ¿Quién está detrás? La cúpula del régimen iraní asistió al acto: el presidente Masoud Pezeshkian, el comandante de la Fuerza Quds y el jefe de la Guardia Revolucionaria, entre otros altos cargos.
  • ¿Qué impacto tiene? La amenaza directa eleva la alerta de seguridad sobre Trump y tensa el mercado del petróleo, con posibles repercusiones para España por la dependencia energética del Golfo.

El funeral del ayatolá Alí Jamenei se ha convertido en una demostración de fuerza y en una llamada explícita a asesinar al presidente estadounidense. Cientos de miles de iraníes abarrotaron el domingo la Gran Mezquita Mosalla de Teherán, donde un poeta oficial pidió por megafonía la muerte de Donald Trump sin que las autoridades le impidieran hablar.

Llamadas a la venganza retransmitidas por megafonía

Mohammad Rasouli, el maestro de ceremonias antes de los rezos, preguntó al micrófono: «¿Por qué sigue vivo el mayor cabrón del mundo?». La multitud estalló en vítores cuando añadió que el mundo «ya no es un buen lugar para Trump». A su lado, ningún responsable del régimen le detuvo. La escena, captada por equipos de la Associated Press, revela hasta qué punto las élites iraníes respaldaron el mensaje.

Otros dolientes fueron aún más directos. «Vine aquí para gritar y buscar venganza. Mataron a nuestro imán; nosotros debemos matar a su líder, Trump», declaró Gholamreza Sabooni, un empleado de supermercado de 29 años. La presencia de las máximas autoridades subrayaba la oficialidad del acto: el presidente Masoud Pezeshkian, el líder de la Fuerza Quds, Esmail Qaani, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi —considerado el gobernante de facto de Irán—, escucharon las proclamas entre la multitud.

El funeral convierte amenazas previas en un desafío de seguridad inmediato para el presidente estadounidense.

Por primera vez desde el inicio de la guerra comparecieron tres hijos de Jamenei —Masoud, Meysam y Mostafa—, mientras el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, siguió sin aparecer en público. Según la inteligencia estadounidense, resultó herido en el mismo bombardeo que mató a su padre el 28 de febrero.

El contexto de la guerra y las amenazas previas contra Trump

Los servicios secretos de EE. UU. llevan años advirtiendo de tramas iraníes para asesinar a Donald Trump. En 2020, tras la eliminación del general Qassem Soleimani, se detectaron los primeros planes. Aquella operación abrió una espiral de represalias que desembocó en la actual guerra y en el asesinato del propio Jamenei mediante ataques conjuntos de EE. UU. e Israel.

Trump, lejos de rebajar la tensión, ha seguido lanzando comentarios provocadores. En un discurso del 4 de julio dijo: «Los hemos machacado. Están deseando negociar. Les hemos dado una semana libre por el funeral porque somos buena gente». En otra intervención, recogida por Axios, ironizó con que «un solo disparo» bastaría para acabar con todos los líderes presentes, aunque reconoció que «entonces no tendríamos con quién negociar».

A pesar de todo, el mandatario admitió a ese mismo medio su «sorpresa» por la magnitud de la asistencia al funeral, que rondó las cientos de miles de personas, aunque matizó que las lágrimas podían ser «falsas». La imagen de un Irán unido en la venganza —y con con un mensaje oficial de asesinato— ha encendido todas las alarmas.

La Lógica de Washington

La administración Trump justifica el ataque que mató a Jamenei como parte de una estrategia para descabezar al régimen iraní y forzar una negociación. En Washington entienden que, sin la figura del ayatolá, la cadena de mando se debilita y el nuevo líder, aislado y sin respaldo público, podría verse obligado a aceptar condiciones. Es la misma doctrina que ya se aplicó con Soleimani en 2020: golpear al núcleo duro para provocar un cambio de cálculo.

Para España, la escalada de amenazas supone un riesgo concreto. Cualquier interrupción en el suministro de crudo del Golfo Pérsico encarece los precios y golpea a los consumidores españoles. Empresas como Repsol o Cepsa tienen exposición directa a las rutas del petróleo, y el encarecimiento del barril se traduce en gasolinas, electricidad y costes logísticos más altos. La diplomacia española, a través de la UE, insiste en la desescalada, pero las decisiones se toman en el eje Washington-Teherán.

El horizonte inmediato se mueve entre dos fuerzas: la necesidad de Trump de mostrarse duro ante un electorado que premia la firmeza exterior y la evidencia de que un conflicto abierto daña a la economía global. La Casa Blanca sabe que el petróleo disparado es impopular. Por eso, aunque los mensajeros del funeral pidan su cabeza, los canales indirectos de negociación —vía Omán o Catar— permanecen abiertos. La historia enseña que las guerras entre EE. UU. e Irán nunca se libran solo sobre el terreno.

Ficha del Caso

  • El caso: El funeral de Estado del ayatolá Jamenei, asesinado por ataques de EE. UU. e Israel, se convierte en un mitin de venganza con amenazas explícitas de muerte contra el presidente Trump.
  • Datos clave: Cientos de miles de asistentes; poeta oficial pide asesinar a Trump por megafonía; presencia de toda la cúpula del régimen; inteligencia de EE. UU. sigue en alerta máxima por posibles atentados.
  • Para España: La tensión en Oriente Próximo eleva la prima de riesgo del petróleo y afecta los precios energéticos. España, importador neto, verá un impacto en IPC y costes empresariales si la escalada persiste.

Abelardo de la Espriella frena la desobediencia civil que amenaza a empresas españolas en Colombia

La tarde del domingo 5 de julio, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, dejó claro que no piensa tolerar los llamamientos a la desobediencia civil. Lo hizo desde su canal de YouTube, en un mensaje que resonó con particular intensidad en los consejos de administración de las grandes empresas españolas presentes en el país andino. El motivo no es menor: Colombia es el segundo destino de las inversiones españolas en América Latina, solo por detrás de México, y cualquier conato de inestabilidad institucional enciende todas las alarmas.

El detonante fue la insistencia del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en promover lo que él define como una “acción pacífica” de resistencia frente al nuevo Ejecutivo. De la Espriella replicó sin ambages: “todo aquello que esté por fuera de la ley será enfrentado con toda la fuerza del Estado de derecho”. Una promesa de firmeza que, en un contexto regional marcado por la volatilidad política, supone un alivio para las compañías de bandera que han inyectado miles de millones en el mercado colombiano.

Castilla y León se opone al decreto del Gobierno que impone el reparto de menores migrantes para aliviar Canarias

La Junta de Castilla y León ha anunciado este domingo que recurrirá el Real Decreto 556/2026, que le asigna la acogida de 833 menores migrantes no acompañados, por considerarlo una imposición unilateral del Gobierno central sin criterios objetivos.

La consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que lidera el vicepresidente primero Carlos Pollán (Vox), ha criticado que el reparto se haya aprobado sin el acuerdo unánime de las comunidades y sin respetar sus competencias en protección de menores.

Un reparto que la Junta califica de desproporcionado

El nuevo real decreto eleva a 833 los menores a acoger en Castilla y León, frente a los 783 que fijaba el anterior decreto de agosto de 2025. La Junta argumenta que ese incremento del 6,38 % no guarda correspondencia con el crecimiento poblacional de la comunidad, que apenas ha sido del 0,72 % en en el mismo periodo.

Según el Ejecutivo autonómico, hay «criterios políticos» detrás de esta asignación, y no un análisis de la capacidad real de acogida de cada territorio. «Difícilmente se puede planificar una atención adecuada cuando se ignoran las realidades sociodemográficas de las comunidades», señalan fuentes de la consejería.

Castilla y León ya recurrió el anterior decreto de 2025, que sigue sin tener una justificación objetiva, según la Junta. Ahora, con este nuevo reparto, se enfrenta de nuevo a tener que habilitar plazas que, insiste, superan sus posibilidades.

El número de menores asignados crece más del doble de lo que crece la población: una evidencia de falta de proporcionalidad.

La consejería de Carlos Pollán subraya que el decreto impide una adecuada planificación de recursos, lo que compromete la sostenibilidad del sistema de protección de menores en la comunidad.

La respuesta legal y el choque competencial

El recurso se basa en la defensa de las competencias autonómicas. La Junta entiende que el Estado ha invadido su ámbito de actuación sin el consenso necesario. «: el Tribunal Supremo ha admitido a trámite otro recurso de la Junta contra el real decreto de regularización de inmigrantes, que la administración de PP y Vox considera desproporcionado y contrario a los criterios europeos.

El Pulso Territorial

La oposición de Castilla y León al reparto de menores migrantes no es aislada. La comunidad mantiene una posición de firmeza migratoria desde que PP y Vox cogobiernan. Carlos Pollán ha convertido este asunto en una seña de identidad. La Junta recurrirá el nuevo decreto y recurrirá el anterior: una doble ofensiva judicial que muestra un pulso constante con el Gobierno central.

En el mapa autonómico, otras regiones del PP también han mostrado reticencias. Sin embargo, aquí la presión de Vox añade un plus. Mientras, Canarias sigue sin ver alivio en la acumulación de menores, y el decreto de reparto es la única herramienta que el Gobierno tiene para evitar un colapso humanitario.

La proporcionalidad es el nudo del debate. Si el crecimiento vegetativo apenas sostiene los servicios, la Junta entiende que añadir más menores sin recursos añadidos es insostenible. Habrá que ver si los tribunales ven invasión competencial o si el decreto responde a una necesidad inaplazable. El recurso se presentará en los próximos días y marcará un precedente en la relación centro-periferia.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Junta de Castilla y León recurre el Real Decreto 556/2026, que le asigna 833 plazas de acogida para menores migrantes no acompañados.
  • Datos importantes: Incremento de plazas del 6,38 % frente al 0,72 % de crecimiento poblacional. El anterior decreto de 2025 fijaba 783 plazas. La Junta ya recurrió esa norma.
  • Resumen: La administración de PP y Vox considera que el decreto invade competencias y carece de proporcionalidad. El recurso se formalizará en los próximos días, en un escenario de tensión con el Gobierno central por la política migratoria.

La NASA confirma que colabora en investigación de la explosión del New Glenn de Blue Origin

Washington no pide permiso. La explosión del cohete New Glenn de Blue Origin el pasado 28 de mayo de 2026 no solo destruyó el lanzador y dañó la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral; también desató una tormenta silenciosa en el programa Artemis, el plan de Estados Unidos para regresar a la superficie lunar con tripulación por primera vez desde 1972. Ahora, la NASA ha confirmado que colabora activamente en la investigación del fallo, una decisión que revela hasta qué punto Washington necesita que el cohete de Jeff Bezos funcione a la perfección.

La explosión del New Glenn y la respuesta inmediata de la NASA

El fallo del New Glenn durante una prueba el 28 de mayo produjo una enorme bola de fuego que destruyó el cohete y dañó las instalaciones de lanzamiento. El incidente amenaza el calendario del programa Artemis, que busca llevar astronautas a la Luna por primera vez en más de medio siglo. Según el Washington Examiner, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, confirmó el domingo la participación directa de la agencia en la investigación. «Hemos proporcionado expertos temáticos, estamos ayudando con la investigación de la anomalía y con la reconstrucción de la plataforma», afirmó en Face the Nation.

Isaacman, que visitó el lugar del accidente junto a Jeff Bezos y el consejero delegado de Blue Origin, Dave Limp, a la mañana siguiente, subrayó la urgencia de mantener el ritmo del desarrollo del módulo de aterrizaje lunar Blue Moon. «. La cooperación es inusual por su intensidad, pero responde a una verdad incómoda: sin un New Glenn fiable, Blue Origin se queda sin el único cohete capaz de lanzar el Blue Moon.

La NASA no es ajena al riesgo de depender de un solo proveedor. Tras la retirada del transbordador espacial, Estados Unidos tuvo que comprar asientos en las naves rusas Soyuz para llegar a la Estación Espacial Internacional. Aquella dependencia fue un trauma para la política espacial estadounidense. Hoy, con el programa Artemis, Washington quiere evitar ese error: necesita dos sistemas de lanzamiento independientes, el Starship de SpaceX y el New Glenn de Blue Origin, para asegurar la autonomía y la redundancia. Si uno falla, el otro debe estar listo.

La carrera por Artemis IV: Bezos contra Musk

NASA investigación cohete

La misión Artemis III, prevista para 2027, probará por primera vez el acoplamiento de la cápsula Orion con un módulo de aterrizaje lunar en órbita terrestre baja. Dos módulos competirán: el Blue Moon de Blue Origin y el Starship de SpaceX. El verdadero premio, sin embargo, llegará con Artemis IV, programada para 2028: la primera pisada humana en la Luna desde 1972. Será entonces cuando la NASA elija qué módulo llevará a los astronautas a la superficie.

Y aquí es donde la explosión del 28 de mayo cobra todo su peso. El New Glenn es el único cohete en servicio con una cofia lo suficientemente ancha para alojar el Blue Moon. Sin él, el módulo de Bezos se queda en tierra. La fiabilidad del lanzador es la llave que abre la puerta del programa Artemis a Blue Origin. Cualquier retraso en el calendario de certificación del New Glenn —y más aún si se detecta un fallo de diseño— beneficiará directamente a Elon Musk y su Starship, que acumula ya múltiples vuelos de prueba y ensayos de aterrizaje en el océano Índico.

La fiabilidad del New Glenn es la llave que abre la puerta del programa Artemis a Blue Origin; cualquier fallo acelera a Musk y deja a Bezos en la cuneta lunar.

Jeff Bezos y Elon Musk, los dos hombres más ricos del mundo, libran una batalla por el futuro del acceso humano a la Luna que excede lo empresarial. Con el programa Artemis, Washington ha convertido el espacio profundo en un frente de competitividad nacional. Y la historia reciente demuestra que la NASA está dispuesta a jugar a dos bandas: cuando el Starship de SpaceX explotó en varias pruebas iniciales, la agencia mantuvo su apoyo porque era su única apuesta. Ahora, con Blue Origin en el tablero, puede repartir el riesgo.

La Lógica de Washington

Desde dentro del sistema político estadounidense, la implicación total de la NASA en la investigación del fallo del New Glenn no tiene nada de excepcional. Responde a una doctrina de política industrial que el Ejecutivo y el Congreso han aplicado con constancia desde la década de 1960: el espacio es un ámbito de seguridad nacional, y el Gobierno federal actúa como primer cliente, inversor y asegurador último de los contratistas estratégicos. La colaboración con Blue Origin no es un favor a Bezos; es un seguro para el programa Artemis.

La apuesta por la redundancia tiene un precedente claro en la crisis de los transbordadores. Tras el desastre del Columbia en 2003, la NASA se quedó sin capacidad de acceso tripulado durante años y tuvo que pagar millones de dólares a Roscosmos. Aquella humillación tecnológica y geopolítica forjó la doctrina de los «dos caminos»: ningún sistema único debe poner en riesgo la presencia estadounidense en el espacio. Hoy, el objetivo es la Luna, y los dos caminos son SpaceX y Blue Origin.

Para España, miembro destacado de la Agencia Espacial Europea (ESA) y socio del Lunar Gateway, la resolución de este fallo es mucho más que un asunto doméstico. Empresas españolas como GMV, SENER o PLD Space participan en la cadena de suministro del programa Artemis a través de contratos con la ESA. Un retraso en el New Glenn dilataría el calendario de las misiones y podría encarecer los componentes europeos que dependen de una ventana de lanzamiento concreta.

Además, la ESA cuenta con el Ariane 6, pero la capacidad de carga del New Glenn es difícilmente sustituible para módulos pesados. Así que, en los pasillos de Bruselas y de la sede de la ESA en París, la investigación de Cabo Cañaveral se sigue con el mismo interés que en el Despacho Oval.

La NASA espera que la anomalía en el motor se resuelva en los próximos meses. Si Blue Origin logra una vuelta al vuelo antes de que termine 2026, el calendario de Artemis III (2027) podría mantenerse. De lo contrario, el Starship de Musk partiría con ventaja, y la histórica imagen del primer Blue Moon posándose en la Luna tendría que esperar otra década. Washington apuesta por la competencia, pero el incendio de mayo ha recordado a todos que el espacio castiga cualquier error con dureza.

Ficha del Caso

  • El caso: La NASA ha confirmado su colaboración directa con Blue Origin en la investigación de la explosión del cohete New Glenn, ocurrida el 28 de mayo de 2026. La fiabilidad del lanzador es crucial para el programa Artemis y la competencia por el alunizaje con SpaceX.
  • Datos clave: El administrador Jared Isaacman anunció el apoyo de expertos, participación en la investigación de la anomalía y ayuda en la reconstrucción de la plataforma. La explosión no causó víctimas. Artemis III está prevista para 2027 y Artemis IV para 2028. El New Glenn es el único cohete capaz de lanzar el módulo Blue Moon.
  • Para España: La resolución del fallo afecta indirectamente a las empresas españolas que participan en el programa Artemis a través de la ESA. Un retraso en el New Glenn podría retrasar las misiones y encarecer los componentes europeos.

Las comisiones de plataformas turísticas como Booking le cuestan a La Palma hasta 4,8 millones al año

Las comisiones de plataformas turísticas como Booking drenan cada año entre 3,4 y 4,8 millones de euros de la economía de La Palma. Así lo revela un análisis elaborado por Ulrich Götz Roth, profesional con más de dos décadas de experiencia en la gestión de alojamientos turísticos en la isla.

El estudio, titulado ‘Tu casa. Tu precio. Tu isla’, combina datos oficiales del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y casos reales documentados para mostrar cómo el actual modelo de intermediación reduce significativamente los ingresos de los propietarios. La conclusión es contundente: las plataformas internacionales se llevan una parte sustancial del valor turístico generado en La Palma.

Un ejemplo concreto ilustra la magnitud del problema. Una propietaria había fijado un precio que le permitía ingresar 400 euros por una reserva semanal. Tras aplicar descuentos comerciales, la comisión de la plataforma y los costes de cobro, recibió solo 263 euros. Es decir, el 34% del valor quedó fuera de su bolsillo. Si calculamos sobre una ocupación media del 75%, la pérdida anual para esa vivienda supera los 5.000 euros. Multiplicado por los miles de alojamientos vacacionales de la isla, el impacto acumulado alcanza varios millones de euros cada año.

Más del 40% del precio se queda en la plataforma

Según Götz Roth, la diferencia entre el precio de comercialización y el importe recibido puede superar el 40% en muchos casos. Los programas de fidelización de las grandes plataformas reducen aún más la facturación del propietario: los descuentos al cliente no los asume la compañía tecnológica, sino el dueño del alojamiento. De esta forma, el viajero fideliza con la plataforma, no con el destino ni con el establecimiento.

Un dinero que abandona la isla y no retorna

Cuando los ingresos por alojamiento menguan, se reduce también la capacidad de contratar servicios locales. Empresas de limpieza, mantenimiento, fotógrafos, asesores turísticos y gestores de reservas ven cómo el valor que generan termina beneficiando a intermediarios con sede fuera de Canarias. El análisis recuerda que son esos profesionales isleños quienes visitan los inmuebles, resuelven incidencias y crean la experiencia del viajero. Sin embargo, buena parte de la facturación se les escapa cuando la reserva final se cierra a través de una multinacional.

El caso palmero no es aislado. En islas como Gran Canaria o Tenerife, con mayor volumen turístico, la fuga de ingresos por comisiones podría ser aún mayor. Pero en una isla de 85.000 habitantes, la pérdida de cada euro se siente con más intensidad en los comercios, los restaurantes y los servicios locales. El dinero que se marcha deja de circular en la economía insular.

La plataforma facilita la reserva; la empresa local hace posible la experiencia.

El Pulso Territorial

El archipiélago canario vive del turismo, pero los beneficios se reparten de manera desigual. El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo del PP, ha impulsado estrategias de sostenibilidad turística, pero no ha frenado la sangría de las comisiones. La consejera Jéssica de León apuesta por un modelo más diversificado, aunque las plataformas operan en un marco global que limita el alcance autonómico.

En comparación, Baleares, con gobierno del PP y apoyo de Vox, sufre una problemática similar. El impuesto de turismo sostenible captura algo de valor, pero las comisiones de intermediación siguen mermando ingresos. La diferencia es de escala: en Baleares las reservas se multiplican, pero en La Palma los 4,8 millones anuales suponen unos 60 euros por habitante cada año.

El próximo reto será medir el alcance real de estas fugas en todo el archipiélago. De momento, el análisis de Götz Roth abre una vía para que el sector tome conciencia y busque alternativas, como la venta directa o plataformas de reservas de titularidad local. La pelota está en el tejado de los propietarios, pero también de las administraciones, que podrían impulsar sellos de calidad y herramientas digitales propias. Sin una intervención decidida, el modelo actual continuará drenando millones de una economía insular que lucha por retener cada euro.

Ficha Autonómica

  • El caso: Un análisis elaborado por Ulrich Götz Roth con datos del ISTAC evidencia que las comisiones de plataformas como Booking restan hasta 4,8 millones de euros al año a la economía de La Palma, perjudicando a propietarios y empresas locales.
  • Datos importantes: El caso real documentado muestra una pérdida del 34% por reserva. Extrapolando a los miles de alojamientos turísticos, el impacto agregado supera los 3,4 millones de euros al año según los cálculos más conservadores. La población de La Palma ronda los 85.000 habitantes.
  • Resumen: El dinero que sale de la isla deja de retribuir a empresas locales y reduce la capacidad de generar empleo. La plataforma fideliza al cliente, mientras el propietario y la isla cargan con los costes. Expertos y el sector turístico piden mayor control sobre la comercialización directa.

El Consell de Pérez Llorca adjudica un contrato de 55.000 euros en taxis y VTC para Emergencias pese a recortes

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Conselleria de Emergencias ha adjudicado un contrato de taxis y VTC por un máximo de 55.000 euros para cubrir desplazamientos de su personal.
  • ¿Quién está detrás? El conseller Juan Carlos Valderrama, que alega que el departamento no dispone de vehículos ni conductores suficientes.
  • ¿Qué impacto tiene? La contratación se produce tras un recorte del 45% en el presupuesto de la conselleria por la caída de las ayudas de la DANA.

La Conselleria de Emergencias (la equivalente valenciana de un ministerio) ha adjudicado un servicio externo de taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC) por un importe máximo de 55.000 euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. La decisión se enmarca en un momento de ajuste: el Consell que preside Pérez Llorca ha reducido los fondos de este departamento un 45% a causa de la menor llegada de ayudas estatales para la reconstrucción tras la DANA.

Falta de medios propios y recorte presupuestario

La memoria justificativa del contrato, firmada por Juan Carlos Valderrama, expone que la flota de vehículos adscrita es «claramente insuficiente» y no se cuenta con «personal conductor suficiente» para atender desplazamientos esporádicos, urgentes o fuera del horario ordinario. La falta de medios propios obliga a externalizar un servicio que, además, no está incluido en la Central de Compras de la Generalitat. El recorte del 45 % en el presupuesto de la conselleria —motivado por el fin de las transferencias extraordinarias de la DANA— añade una capa de tensión a esta contratación, que se licita en un contexto de vacas flacas para la administración autonómica.

Dos lotes, dos cooperativas y un coste máximo

El contrato, tramitado por procedimiento abierto simplificado, se dividió en dos lotes. El primero, para el servicio de taxi, fue adjudicado a la Cooperativa Valenciana Limitada Tele Taxi; el segundo, para VTC, a Tuaxi Coop. Ambas fueron las únicas empresas que presentaron oferta, según recoge el acta de la mesa de contratación celebrada el pasado 16 de junio. El valor estimado del acuerdo asciende a 135.216 euros para tres anualidades —hasta 2028—, pero el desembolso máximo previsto se sitúa en 55.000 euros, sin que sea necesario agotar esa cantidad.

La mesa de contratación estuvo presidida por el jefe de servicio de Contratación e integrada por funcionarios y un abogado de la Generalitat. Aunque la adjudicación fue publicada en la plataforma estatal el 1 de julio, el contrato formalizado aún no está disponible, lo que impide conocer el coste final exacto. Este diario ha preguntado a la Conselleria por ese dato, pero no ha obtenido respuesta.

En paralelo, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, a cargo de José Luis Diez, ha adjudicado recientemente un contrato similar para la provincia de Valencia por un máximo de 45.000 euros. La justificación apunta a que el alto volumen de solicitudes de vehículos oficiales por parte de los altos cargos imposibilita atender todas las peticiones con la flota disponible. La adjudicación recayó en Radio Taxi Metropolitano de Valencia SLU.

El contrato de Emergencias se firma en el momento en que más se ha reducido el presupuesto del departamento, un 45% menos por la caída de las ayudas DANA.

El Escenario Valenciano

La contratación de estos servicios de movilidad para la Administración autonómica no es una anécdota aislada. Refleja el reajuste presupuestario que está experimentando la Generalitat tras el fin de los fondos extraordinarios que el Gobierno central transfirió para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA de 2024. La Conselleria de Emergencias, que durante meses gestionó una inyección masiva de recursos, ve ahora cómo su capacidad de gasto se contrae un 45%. En ese contexto, la externalización de desplazamientos por 55.000 euros adquiere una lectura política: el Consell mantiene determinados servicios aunque los recursos propios escaseen, mientras los recortes en otras áreas se hacen notar.

A nivel nacional, la dependencia de las ayudas estatales para catástrofes vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la financiación autonómica de las emergencias. El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido retirando progresivamente los fondos DANA, lo que obliga al Consell de Pérez Llorca a reestructurar sus consellerias más afectadas. La adjudicación de hoy es, en el fondo, un síntoma de esa transición: menos dinero para emergencias y más necesidad de eficiencia en cada contrato.

Con el contrato en vigor hasta 2028, habrá que seguir de cerca su ejecución real y si el gasto se mantiene por debajo del techo de 55.000 euros. La oposición ya ha empezado a cuestionar la oportunidad de estos desembolsos en plena contracción presupuestaria, aunque sin una respuesta clara del ejecutivo autonómico.

Ficha del Caso

  • El caso: La Conselleria de Emergencias ha adjudicado un contrato de taxis y VTC por un máximo de 55.000 euros, a pesar de que su presupuesto ha caído un 45% por la menor llegada de ayudas DANA.
  • Datos importantes: Contrato de tres años (hasta 2028) con un valor estimado de 135.216 euros, pero gasto máximo previsto de 55.000. Adjudicado a Tele Taxi y Tuaxi Coop el 16 de junio de 2026.
  • Resumen: El gobierno valenciano externaliza movilidad para Emergencias mientras ajusta cuentas, en un contexto de fin de los fondos extraordinarios por la DANA.

Mike Johnson adjunta la SAVE America Act a la reconciliación para esquivar el filibusterismo en el Senado

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El speaker de la Cámara, Mike Johnson, ha anunciado que adjuntará la SAVE America Act al proyecto de reconciliación presupuestaria, un mecanismo que solo necesita 51 votos en el Senado.
  • ¿Quién está detrás? Johnson cede a la presión de los republicanos más duros, encabezados por Anna Paulina Luna, que bloquearon la votación de la ley de gasto en defensa para forzar esta maniobra.
  • ¿Qué impacto tiene? La reforma electoral esquivará así el filibusterismo y llegará al escritorio de Trump, justo a seis meses de las elecciones legislativas de medio mandato (midterms).

Mike Johnson ha movido ficha. El speaker de la Cámara de Representantes anunció ayer que adjuntará la SAVE America Act al próximo proyecto de reconciliación presupuestaria (el procedimiento que permite aprobar leyes fiscales con solo 51 votos en el Senado, esquivando el filibusterismo). Una maniobra que, de confirmarse, enviaría la reforma de identificación de votantes directamente al escritorio de Donald Trump sin necesidad de negociar con la oposición demócrata.

El atajo de la reconciliación presupuestaria

La decisión de Johnson no es casual. En el Senado, la SAVE America Act necesitaría 60 votos para superar el filibusterismo (el mecanismo que obliga a reunir una supermayoría para cerrar el debate) y los demócratas, como recordó el propio speaker, nunca la apoyarían. “Hay cero posibilidades de que siete demócratas nos ayuden en integridad electoral”, afirmó en una entrevista con Fox News. Insertar la ley en un paquete presupuestario es la única vía que le queda a la mayoría republicana de 53 escaños.

La reconciliación funciona como un atajo legislativo que Washington ha utilizado en ambos partidos para esquivar bloqueos: los recortes de impuestos de Donald Trump en 2017, el plan de estímulo de Joe Biden en 2021 o los intentos fallidos de derogar el Obamacare. Ahora, el Partido Republicano quiere añadir una ley electoral a esa lista, una decisión que, técnicamente, podría chocar con las reglas del Senado —la llamada Byrd Rule, que exige que todas las provisiones de una reconciliación tengan impacto fiscal—, pero que la Casa Blanca está dispuesta a defender.

La presión de los ‘halcones’ republicanos y la revuelta de Luna

El movimiento de Johnson es también una respuesta a la rebelión interna que vivió la semana pasada. La representante Anna Paulina Luna y trece pesos pesados del ala dura republicana tumbaron la votación de procedimiento que pretendía adjuntar la SAVE America Act al proyecto de gasto en defensa de 1,15 billones de dólares. Su argumento era tan sencillo como devastador: el Senado no aprobaría jamás esa ley si iba atada al presupuesto del Pentágono.

Aquella revuelta paralizó la Cámara y forzó a Johnson a enviar a los congresistas a casa para el receso del 4 de julio sin haber avanzado en la agenda legislativa. A su regreso, el speaker ha optado por una salida que asume el pulso de los halcones: utilizar la reconciliación presupuestaria como vehículo exclusivo para la reforma de votantes, sin mezclarla con otras partidas que la diluyan. La Casa Blanca, mientras tanto, ha convertido la SAVE America Act en un emblema de campaña. El propio Trump la mencionó el sábado durante su discurso en la celebración del 250 aniversario de la independencia: “Todos los votantes deben mostrar una identificación y una prueba de ciudadanía, y nada de voto por correo salvo por enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje”.

No es solo una ley electoral: es el primer gran ensayo legislativo del Partido Republicano para las midterms de noviembre.

La Lógica de Washington

Detrás de esta maniobra hay una lectura política que los medios europeos rara vez desmenuzan. Para el electorado conservador, la integridad del voto es una prioridad de primer orden, incluso por encima de la economía o la inmigración. Las encuestas internas del Partido Republicano muestran que exigir una identificación con foto y limitar el voto por correo es una de las pocas medidas que unifica a todas sus corrientes internas, desde los moderados de los suburbios hasta los votantes rurales más fieles a Trump.

El uso de la reconciliación es, además, una repetición en clave electoral de una herramienta que el partido ya ha empleado para imponer sus prioridades fiscales sin consenso bipartidista. Lo que cambia ahora es el contexto: faltan solo cinco meses para las elecciones de medio mandato y los republicanos necesitan victorias legislativas tangibles que movilicen a su base. La SAVE America Act, con su promesa de blindar el voto, encaja perfectamente en ese relato.

Desde el punto de vista español, el impacto directo de esta reforma electoral es limitado. Sin embargo, la estabilidad política de Washington y el resultado de las midterms de noviembre influirán en la agenda comercial y en la relación transatlántica. Cualquier tensión en el Capitolio que retrase los acuerdos comerciales con la UE puede afectar a sectores exportadores españoles, desde el aceite de oliva hasta la maquinaria industrial. No es un vínculo obvio, pero la brújula de Moncloa.com lo tiene claro: cuando el Congreso se atasca en batallas ideológicas, los expedientes económicos internacionales se congelan. Y eso siempre se nota en Madrid.

A corto plazo, la pelota está en el tejado del presidente del Senado, John Thune, que ya ha advertido de las dificultades de usar la reconciliación para una ley no fiscal. Si el parlamentario del Senado —el Parliamentarian— dictamina que la SAVE America Act no cumple la Byrd Rule, la maniobra de Johnson se desinflaría. Pero incluso en ese escenario, los republicanos ya habrán enviado un mensaje a su electorado: hicieron todo lo posible para garantizar la integridad del voto, aunque el sistema se lo impidiera.

Ficha del Caso

  • El caso: El speaker Mike Johnson anuncia que adjuntará la SAVE America Act (ley de identificación de votantes) al proyecto de reconciliación presupuestaria para esquivar el filibusterismo del Senado, una maniobra clave para las midterms de noviembre de 2026.
  • Datos clave: El Senado tiene 53 republicanos y necesita 60 votos para cerrar el debate sobre leyes ordinarias; la reconciliación solo exige 51. La Cámara ya ha aprobado la SAVE America Act en tres ocasiones. El ala dura republicana, liderada por Anna Paulina Luna, forzó esta estrategia al bloquear una votación sobre gasto en defensa.
  • Para España: Aunque el impacto directo es limitado, la agitación legislativa en Washington y la polarización electoral pueden ralentizar las negociaciones comerciales entre la UE y EE.UU., lo que afectaría a exportadores españoles de aceite, vino o componentes de automoción.

El precio del plátano de Canarias cae a 0,90 euros: el peor verano desde la erupción del Tajogaite

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El precio en origen del plátano de Canarias ha caído 0,30 euros en dos semanas, situándose por debajo de 0,90 euros por kilo.
  • ¿Quién está detrás? La demanda en la Península se ha desplomado por la fruta de temporada y la oferta de las islas ha aumentado.
  • ¿Qué impacto tiene? Los productores apenas cubren costes sin la ayuda europea del Posei y 2026 se perfila como el peor año desde la erupción del Tajogaite.

El precio en origen del plátano canario se ha desplomado por debajo de los 0,90 euros por kilo, el peor registro estival desde que el volcán Tajogaite dejó de rugir en La Palma. La caída de 0,30 euros en solo dos semanas hunde la rentabilidad de las explotaciones y obliga a los agricultores a mirar de reojo los 141 millones anuales que llegan del Posei.

Los productores canario apenas cubren costes sin esa ayuda. Según los datos del Informe Semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, en la semana 25 (del 15 al 21 de junio) el kilo se pagaba a 1,06 euros. Siete días después, en la semana 26, ya había caído a 0,91. La previsión para la semana actual, que el ministerio debe confirmar este jueves, apunta a otra bajada de 0,15 euros, lo que situaría el precio medio por debajo de 0,90.

El mercado único de la fruta canaria —la España peninsular y Baleares— está copado por la oferta de temporada. Bonaoro, comercializadora integrada en la organización de productores Unión Platanera Canaria, lo explica con claridad: “la oferta sigue situándose por encima de la demanda y no se aprecia un cambio de tendencia”. Las altas temperaturas y la abundancia de frutas de hueso desvían al consumidor del plátano.

La semana 27, Canarias envió al exterior 5,53 millones de kilos, y para la 28 se prevén 5,59 millones. No son volúmenes disparados, pero bastan para tumbar las cotizaciones. Los cosecheros reciben ahora un ingreso que apenas supera los 0,70-0,80 euros que cuesta producir un kilo, antes de sumar la ayuda del Posei, que como máximo añade 0,34 euros por kilo hasta agotar la ficha anual de 141,1 millones.

El plátano canario no se enfrenta a un bache pasajero: la sobreoferta estival y la competencia de la banana amenazan con convertir 2026 en un año que las cuentas de los agricultores tardarán en olvidar.

Las curvas de precios de los últimos años muestran que el equilibrio oferta-demanda no suele llegar hasta bien entrado octubre. Mientras tanto, los productores se aferran a una ayuda europea que, año tras año, el Gobierno canario defiende como irrenunciable en Bruselas.

El Pulso Territorial

La crisis platanera golpea en un momento en que el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha hecho de la defensa del sector primario una de sus banderas. El ejecutivo autonómico ya ha trasladado a Madrid y a Bruselas la necesidad de blindar el Posei, el programa que compensa la lejanía y la fragmentación del territorio con ayudas directas a la producción local. Sin esa transferencia, el plátano canario apenas podría competir con la banana centroamericana.

La situación de este verano no es un caso aislado. En Murcia o Extremadura, las frutas de hueso también presionan los precios en origen durante julio y agosto, pero el plátano isleño sufre una desventaja estructural: su mercado es casi exclusivamente el peninsular y no puede diversificar con la misma facilidad. Canarias ocupa la primera posición nacional en producción de plátano, pero su dependencia del consumo interno la convierte en una de las economías frutícolas más vulnerables a los vaivenes de la demanda estival.

Lo que viene ahora no invita al optimismo. Las previsiones de las comercializadoras apuntan a que los picos de oferta se concentrarán en agosto, justo cuando la demanda está más deprimida. El sector espera una rectificación del mercado a partir de octubre, pero hasta entonces los productores tendrán que recurrir a la ayuda del Posei para no descapitalizarse. El Gobierno de Canarias ya ha anunciado que reforzará el seguimiento de los precios y que pedirá celeridad a la Comisión Europea en la revisión de las ayudas, un debate que se reabrirá este otoño.

Ficha Autonómica

  • El caso: Caída abrupta del precio en origen del plátano canario hasta niveles que no se veían desde la erupción del Tajogaite, poniendo en jaque la rentabilidad de las explotaciones.
  • Datos importantes: Precio por debajo de 0,90 €/kg; coste de producción de 0,70-0,80 €/kg; ayuda Posei de hasta 0,34 €/kg y un fondo total de 141,1 millones anuales.
  • Resumen: La sobreoferta y la caída de la demanda peninsular hunden las cotizaciones en pleno verano. La recuperación no se espera hasta octubre y el sector depende de la ayuda europea para evitar pérdidas masivas.

Más de 1.800 concesiones en la costa gallega en un año: el modelo turístico de la Xunta que enciende a los ecologistas

La Xunta de Galicia ha resuelto más de 1.800 concesiones y autorizaciones en la costa en los primeros doce meses desde que asumió la gestión directa del litoral, una cifra que el presidente Alfonso Rueda presentó este miércoles como prueba de la agilidad administrativa de su gobierno. El balance, sin embargo, ha desatado las críticas de los colectivos ecologistas, que acusan al Ejecutivo autonómico de haber volcado todas sus prioridades en el turismo y en los chiringuitos, sin adoptar una sola medida para proteger los entornos naturales o afrontar el cambio climático.

Según los datos ofrecidos por Rueda desde el parador de Muxía, la Xunta ha autorizado más de 900 servicios de temporada, en su mayoría chiringuitos, y ha ampliado el periodo de funcionamiento de estos negocios desde Semana Santa hasta el 31 de octubre de forma ininterrumpida. Además, el Gobierno gallego ha destinado un millón de euros a un programa para que “sean más bonitos”, en palabras del propio presidente. En paralelo, la Xunta ha impulsado el Camiño do Litoral, una red de sendas que recorre 1.300 kilómetros de costa, desde Ribadeo hasta A Guarda, y que en realidad se apoya en caminos que ya existían en el 90 % de los casos.

La celeridad administrativa ha permitido también la eliminación del pago de tasas para actividades temporales en dominio público marítimo-terrestre, como competiciones deportivas o festivales. Para Rueda, este modelo demuestra que “vivimos en la costa y podemos vivir de la costa”, una frase que pronunció en el acto del primer aniversario y que resume la filosofía del PPdeG en la materia.

Las críticas ecologistas: falta de protección y turismo masivo

Las organizaciones ecologistas, sin embargo, dibujan un balance muy distinto. Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia, afirma que la Xunta “ha estado muy concentrado en el aspecto socioeconómico y muy poco en el cuidado ambiental y en la resiliencia, en un contexto de cambio climático en el que la costa es la primera barrera de protección”. Santos recuerda que la costa gallega ya era un espacio muy desprotegido y que el Gobierno autonómico no ha movido un dedo para frenar el avance del mar, que ya amenaza viviendas construidas sobre acantilados erosionados.

Desde la asociación Adega, su secretario técnico, Fins Eirexas, considera que la Xunta actúa con el orden de prioridades equivocado. “Lo primero en la gestión del litoral es protegerlo, mantenerlo en buen estado y recuperar las zonas degradadas. Después de eso es cuando viene el análisis de si puede haber aprovechamientos turísticos o chiringuitos”, explica. Además, critica que se fomente el turismo masivo sin un estudio previo de capacidad de carga y advierte de que las rías gallegas están cerca del colapso ecosistémico.

Las más de 1.800 concesiones resueltas en un año evidencian la apuesta del PPdeG por la explotación turística del litoral, mientras que las voces ecologistas denuncian que ni una sola medida se ha tomado para frenar el avance del mar o proteger los ecosistemas de las rías.

La polémica no es nueva. La gestión del litoral fue una competencia muy peleada. Galicia asumió los poderes el 1 de julio de 2025, después de un largo conflicto con el Gobierno central y un recurso ante el Tribunal Constitucional que dio la razón a la comunidad. En el acto del traspaso, Rueda ya adelantó que su foco estaría en las empresas de la cadena mar-industria y en la vida económica. De hecho, la propia ley gallega del litoral, impulsada por el PPdeG en 2022, nació como reacción a la ley estatal de cambio climático que amenazaba la permanencia de la celulosa Ence en la ría de Pontevedra.

El Laboratorio Gallego

El primer año de gestión directa del litoral no es solo un éxito administrativo para el PPdeG; es también la plasmación de un modelo político que conecta con la estrategia nacional del Partido Popular. La reivindicación de las competencias, que durante años lideró Alberto Núñez Feijóo desde la Xunta, se convirtió en un símbolo de la resistencia autonómica frente a las políticas medioambientales del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, con Alfonso Rueda al frente, el ejecutivo gallego ha consolidado un enfoque que prima la actividad económica y la simplificación burocrática sobre las cautelas ambientales, un esquema que podría servir de plantilla para un futuro gobierno del PP en España.

En el contexto gallego, el PPdeG mantiene su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, lo que le ha permitido desplegar esta política sin apenas cortapisas legislativas. Mientras, el BNG y el PSdeG han denunciado el abandono de la protección ambiental, pero carecen de fuerza para frenar las iniciativas de la Xunta. El debate, sin embargo, trasciende el ámbito autonómico: la apuesta por los chiringuitos y la senda litoral como motores turísticos recuerda a las tensiones entre desarrollo y conservación que viven otras comunidades costeras, y anticipa los dilemas que cualquier gobierno central deberá abordar ante la crisis climática. La proyección más inmediata es el verano de 2026, en el que se pondrá a prueba la capacidad de carga de un litoral que los ecologistas ya consideran sobreexplotado.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta de Galicia ha completado el primer año de gestión directa del litoral, un hito administrativo que ha resuelto más de 1.800 concesiones y ha impulsado el turismo con la ampliación de chiringuitos y la creación del Camiño do Litoral.
  • Datos importantes: Más de 900 servicios de temporada autorizados, periodo de funcionamiento de Semana Santa al 31 de octubre, 1 millón de euros para embellecer chiringuitos, y la red de sendas de 1.300 kilómetros. La competencia se traspasó el 1 de julio de 2025.
  • Resumen: La apuesta de la Xunta por un modelo turístico de la costa ha recibido el respaldo del sector empresarial, pero los ecologistas alertan de que se ha desatendido la protección ambiental y la adaptación al cambio climático, en un contexto de creciente presión sobre las rías y los espacios naturales.

El maquinista del Metro de Valencia testifica que el gerente de FGV «no hizo nada» durante la DANA con cien pasajeros refugiados

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un maquinista de FGV ha declarado ante la jueza que el gerente de la empresa pública, Alfonso Novo, «no hizo nada» durante la noche de la DANA mientras más de un centenar de pasajeros quedaban atrapados en el complejo de València Sud.
  • ¿Quién está detrás? Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública que gestiona Metrovalencia, cuyo gerente, exconcejal del PP, permaneció en el edificio sin atender a las víctimas.
  • ¿Qué impacto tiene? El testimonio refuerza las acusaciones de pasividad institucional durante la catástrofe y añade presión al Consell de Carlos Mazón, mientras la vía judicial avanza.

Un maquinista de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con 26 años de experiencia ha declarado ante la jueza que el gerente de la empresa pública, Alfonso Novo, «no hizo nada» la noche de la DANA, cuando más de un centenar de pasajeros quedó atrapado en el complejo de València Sud. El testimonio, prestado el pasado 17 de junio de 2026, dibuja a un alto cargo que fumaba y charlaba mientras cientos de personas temblaban de miedo en la oscuridad.

La declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es, relata cómo el maquinista, tras detener su tren en València Sud por orden del Puesto de Mando, se encontró con una riada que anegaba el andén. «No entendí qué estaba pasando», dijo a los pasajeros mientras una ola de unos 30 centímetros avanzaba desde Paiporta. Corrió con ellos por las vías hasta refugiarse en uno de los edificios de la estación.

La noche en que València Sud se convirtió en un refugio improvisado

Eran alrededor de las ocho de la tarde del 29 de octubre de 2024. Dentro del edificio, el gerente de FGV, el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y varios jefes permanecían reunidos. Mientras tanto, el maquinista improvisaba acomodo para más de cien personas —mujeres embarazadas, niños, ancianos— que se habían quedado sin luz, sin agua y sin información. «Rompió una máquina de vending para sacar provisiones», algo que, relató, le reprochó uno de sus superiores. La gente no podía estar a las once de la noche sin beber», se justificó.

El Puesto de Mando se inundó completamente, paralizando la red de Metrovalencia. Fuera, siete trenes permanecían aislados. Dentro, los pasajeros sufrían ataques de ansiedad. «Mis jefes se fueron a dormir al edificio de instalaciones fijas y nos dejaron allí con toda la gente», afirmó el testigo. A la mañana siguiente, los refugiados salieron como pudieron: el maquinista caminó por la vía con bolsas de basura atadas a las piernas hasta cruzar el nuevo cauce del Turía, atónito ante una ciudad que aún no sabía de la catástrofe.

El gerente que fumaba y hablaba mientras la gente temblaba

La imagen que emerge del acta judicial es devastadora: mientras los pasajeros se hacinaban en la oscuridad, Alfonso Novo «no hizo nada, nada más que estar conmigo hablando toda la noche como una conversación de bar» y «salir a fumar». El antiguo concejal del PP en la época de Rita Barberà se mantuvo, según el maquinista, completamente pasivo, sin dirigirse a los afectados ni coordinar una evacuación. «Muy poca consideración», resumió el trabajador.

La declaración se alinea con el informe interno de FGV desvelado meses después, que confirmó las graves carencias en la comunicación y la respuesta de la empresa pública. El testimonio aporta, además, el relato del último tren que cruzó el puente sobre el barranco del Poyo. «Pasó por ahí cinco minutos antes de que el puente se lo llevara el agua», contó. El convoy llevaba entre 300 y 400 personas a bordo y ya circulaba con las vías inundadas. Cuando el maquinista intentó frenar, ya estaba sobre el puente. «Siguió hacia adelante. Y cinco minutos después ya no quedaba puente».

La noche de la DANA, mientras cien pasajeros temblaban en València Sud, el máximo responsable de Ferrocarrils de la Generalitat fumaba y charlaba como en un bar.

El maquinista, que perdió su coche en la riada, abandonó las instalaciones pasadas las once de la mañana del día siguiente, sin que la empresa le ofreciera ningún medio de transporte. «Decidí irme a mi casa como pude, porque sé que esta empresa nunca apuesta por el trabajador», sentenció.

El Escenario Valenciano

El testimonio añade un capítulo delicado al gobierno de Carlos Mazón. FGV depende de la Conselleria de Infraestructuras, cuyo titular en el momento de la DANA, Javier Sendra, también estaba presente en València Sud y, según el relato, tampoco intervino. La oposición de PSPV y Compromís ha exigido reiteradamente la dimisión de Alfonso Novo, a quien acusan de negligencia institucional. «Es la crónica de una inacción culpable», declaró un portavoz socialista tras conocerse la testifical.

A nivel nacional, el goteo de testimonios sobre la gestión de la DANA mantiene abierto el debate sobre el sistema de emergencias. La Generalitat Valenciana sigue sin aprobar una comisión de investigación con capacidad sancionadora, y en el Congreso los grupos han pedido explicaciones sobre las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros y la ejecución de los fondos del Plan RERD. La gestión de la DANA recuerda a otros desastres, como la riada de Biescas de 1996, donde la tardanza en la alerta también fue objeto de controversia judicial. De momento, la vía penal avanza con la declaración de cargos públicos: lo que diga la jueza sobre Alfonso Novo puede marcar el estándar de responsabilidad para el resto de responsables autonómicos.

Ficha del Caso

  • El caso: Declaración judicial de un maquinista de FGV con 26 años de experiencia que acusa al gerente de la empresa, Alfonso Novo, de pasividad absoluta durante la noche de la DANA, cuando más de cien pasajeros quedaron atrapados en València Sud.
  • Datos importantes: La testifical se produjo el 17 de junio de 2026. El gerente es un exconcejal del PP. Ese mismo día, un tren con 300-400 personas cruzó el barranco del Poyo segundos antes de que el puente colapsara. El Puesto de Mando de Metrovalencia se inundó por completo, paralizando todo el servicio.
  • Resumen: El testimonio refuerza la tesis de una cadena de mando que falló por completo, desde la empresa pública hasta los responsables políticos de la Generalitat, y añade presión a Carlos Mazón en plena reconstrucción.